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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00235-00

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00235-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Carlos Enrique Andrade Cárdenas, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-00235-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

12 de febrero de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00235-00
Demandante: CARLOS ENRIQUE ANDRADE CÁRDENAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA
RESPECTO DEL EXCESO RITUAL MANIFIESTO Y EL
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL.

Síntesis del caso: la acción de tutela cuestionó la providencia que confirmó la decisión de
declarar probada la excepción de ineptitud sustantiva. El actor invocó la configuración de
un exceso ritual manifiesto y de un desconocimiento del precedente judicial, respecto de
los cuales la Sala encontró que no se superó el requisito de relevancia constitucional por
plantearse discusiones que ya se tramitaron en el proceso ordinario.

La Sala procede a decidir la acción de tutela presentada1 por el señor Carlos Enrique
Andrade Cárdenas, por intermedio de apoderado judicial, en contra del Tribunal
Administrativo del Atlántico para la protección de sus derechos fundamentales del
debido proceso y acceso a la administración de justicia consagrados en los artículos
29 y 229 de la Constitución Política.

I. ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado el 19 de enero de 2026 (índice 00002 en SAMAI) el
señor Carlos Enrique Andrade Cárdenas presentó acción de tutela en contra de la
providencia proferida el 23 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, con el fin de que se protegieran los derechos constitucionales
fundamentales antes referidos, por cuanto, a su juicio, incurrió en un
desconocimiento del precedente judicial y un exceso ritual manifiesto.

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción ejercida la parte demandante señaló, en
síntesis, lo siguiente:

1
Mediante escrito radicado el 19 de enero de 2026 (índice 0001 en SAMAI).

2
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00235-00
Demandante: Carlos Enrique Andrade Cárdenas
Acción de tutela

1) El señor Carlos Enrique Andrade Cárdenas se vinculó, en provisionalidad, en el
cargo de Auxiliar Administrativo Código 5120-Grado 04, mediante Resolución 112
del 28 de mayo de 2007 ante la Registraduría Nacional del Estado Civil – Delegación
Atlántico.

2) En Resolución no. 422 del 18 de agosto de 2021, por mérito, fue ascendido en
provisionalidad al cargo de carrera administrativa de secretario 5140-06, hasta el 17
de noviembre de 2021.

3) Con Resoluciones sucesivas2, la Registraduría Nacional del Estado Civil-
Delegacion Atlántico, prorrogó su nombramiento en el cargo de carrera
administrativa de secretario 5140-06.

4) Mediante comunicación del 2 de noviembre de 2022, la Registraduría Nacional
del Estado Civil-Delegación Atlántico dio por terminado el nombramiento en
provisionalidad referido.

5) Interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que
se declare la nulidad del acto administrativo inmotivado de fecha 2 de noviembre de
2022, se ordene su reintegro inmediato y se reconozca y ordene a su favor el pago
de los sueldos y demás prestaciones sociales dejados de cancelar desde el
momento en que fue desvinculado hasta el día en que sea reintegrado al cargo.

6) Mediante sentencia de 4 de agosto de 20253, el Juzgado Doce Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Barranquilla declaró probada la excepción de inepta
demanda tras evidenciar que el oficio del 2 de noviembre de 2022 no contenía una
manifestación de voluntad destinada a producir efectos jurídicos, pues, únicamente
se limitaba a informar la finalización del vínculo laboral previamente establecida en
la Resolución no. 0814 del 3 de octubre de 2022, la cual sí constituía el verdadero
acto administrativo que definió su situación particular, por lo que su desvinculación
obedeció al vencimiento del término legalmente previsto en el acto de
nombramiento4.

7) Interpuso recurso de apelación en el que reafirmó la ilegalidad del acto
administrativo mediante el cual se dio por terminado su nombramiento en

2
Resoluciones nos. 0543 del 29 de octubre de 2021, 0074 del 01 de febrero de 2022, 0329 del 31
de marzo de 2022, 0597 del 07 de julio de 2022 y 0814 del 03 de octubre de 2022
3
Proceso con radicación no. 08-001-33-33-012-2023-00132-00/01
4
Adicionalmente descartó la existencia de desviación de poder, ya que las prórrogas y
nombramientos se realizaron en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, conforme a
directrices internas y con motivación suficiente en los respectivos actos administrativos.

3
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00235-00
Demandante: Carlos Enrique Andrade Cárdenas
Acción de tutela
provisionalidad, pues, aunque se justifique por el vencimiento del término de seis
meses la misma no constituye razón suficiente para su desvinculación.

8) En sentencia de segunda instancia de 23 de octubre de 2025, el Tribunal
Administrativo del Atlántico confirmó la sentencia de primera instancia tras
considerar que debió demandarse la Resolución no. 814 del 3 de octubre de 2022,
por ser este el acto a través del cual la demandada manifestó su voluntad unilateral
y no el acto administrativo de 2 de noviembre de 20225.

2. Los fundamentos de la vulneración

El actor señaló que, en la providencia proferida por el tribunal, se incurrió en un
exceso de ritual manifiesto y en desconocimiento del precedente jurisprudencial en
los siguientes términos:

Con respecto a la configuración del exceso ritual manifiesto, alegó que el tribunal
erró al calificar el acto del 2 de noviembre de 2022 como una mera comunicación,
siendo que este fue el que se materializó fácticamente y produjo efectos jurídicos
reales al desvincularlo sin justificación.

Respecto del desconocimiento del precedente jurisprudencial, alegó que se
desconocieron las sentencias T-147/2013, SU- 917 de 2010, T-221 de 2014 y SU-
054 de 2015 de la Corte Constitucional, la providencia del 26 de mayo de 2020
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá con radicación no. 15001-33-30-
15-2016-00329-02 y afirmó que no se tuvo en cuenta la línea jurisprudencial, según
la cual comunicaciones, oficios o cartas que notifican la desvinculación o el retiro de
un servidor público son actos demandables y deben estar debida y expresamente
motivados, contrario a lo que ocurrió en este caso, pues su desvinculación careció
por completo de la mínima motivación.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:

“1.- Tutelar al señor CARLOS ENRIQUE ANDRADE CARDENAS los
derechos constitucionales fundamentales AL DEBIDO PROCESO, Y AL
ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA. Como consecuencia
de lo anterior, dejar sin efecto la sentencia proferida por EL TRIBUNAL
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SALA DE
DECISIÓN ORAL A-Magistrada Ponente: Dra. JUDITH ROMERO
IBARRA, expediente radicado con el número 08-001-33-33-012-2023-
00132-01 JR

5
Adicionalmente aclaró que “incluso en el supuesto de que se configure una causal de nulidad
respecto del acto administrativo demandado, dicha declaratoria no puede extenderse a la actuación
que dio origen a la situación planteada en la demanda, la cual permanece vigente.”

4
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00235-00
Demandante: Carlos Enrique Andrade Cárdenas
Acción de tutela

2.- Ordenar consecuencialmente, se sirva ordenar a la accionada proferir
sentencia respetando en la misma los antecedentes jurisprudenciales
contenidos en las sentencias referidas en todas las actuaciones de este
proceso, proferidas a favor de la parte actora en esos procesos por
hechos y pretensiones exactamente iguales a las que se pretenden en
este proceso.”. (Archivo disponible en medio magnético en el índice 00002
del aplicativo SAMAI)

4. Actuación de procesal

Mediante auto del 20 de enero de 2026 (índice 0004 del aplicativo Samai) se admitió
la acción de tutela, se notificó al presidente y a los magistrados integrantes del
Tribunal Administrativo del Atlántico y se vinculó al titular del Juzgado Doce
Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla y al registrador nacional del Servicio
Civil, entregándoles copia de la demanda y los anexos.

5. Actuación de las autoridades judiciales demandadas y vinculadas

La Registraduría Nacional del Estado Civil (índice 00014 del aplicativo SAMAI)
manifestó no tener competencia para pronunciarse sobre las pretensiones
formuladas por el actor, toda vez que estas son de conocimiento del Tribunal
Administrativo del Atlántico en el marco del proceso y por ese motivo solicita ser
desvinculada.

El Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla (índice 00012 del
aplicativo SAMAI) exclusivamente remitió a esta corporación copia digital del
expediente.

Las demás autoridades, a pesar de haber sido notificadas, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala procede a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y

5
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00235-00
Demandante: Carlos Enrique Andrade Cárdenas
Acción de tutela
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo del Atlántico con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de
justicia del actor, presuntamente vulnerados con ocasión del fallo proferido el 23 de
octubre de 2025, mediante el cual se confirmó la decisión de declarar probada la
excepción de inepta demanda respecto del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

2.1 La solicitud de desvinculación

La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó en su informe ser desvinculada
del asunto, no obstante la Sala no accederá a dicha solicitud porque esa autoridad
fue vinculada en condición de tercera con interés dado que fungió como parte
demandada en el proceso ordinario en el que se expidió la providencia objeto de
censura, por lo cual su llamado al proceso era necesario en aras de proteger su
derecho de defensa y debido proceso, pues la decisión que eventualmente se dicte
podría afectar sus derechos.

En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala declarará la
improcedencia de la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, por las razones que procederán a exponerse:

3.1 La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias
judiciales

6
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00235-00
Demandante: Carlos Enrique Andrade Cárdenas
Acción de tutela
Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.

En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no
todos los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la
competencia de los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre
constitucional como la seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.

Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de
la Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un
modelo de requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas,
orientados a preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro
de los cuales se la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone
reviste una genuina, verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar
central.

En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres
finalidades concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los
jueces ordinarios, impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos
de mera legalidad; ii) restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia
efectiva de derechos fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en
asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este
mecanismo se convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones
judiciales ejecutoriadas.

En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente 6, la Corte ha
reiterado que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede
desnaturalizarse en un medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento,
sustituir el criterio del juez natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e
insistió en que el juez constitucional sólo puede intervenir cuando la controversia
planteada trasciende el ámbito de la legalidad y se proyecta como un problema
genuinamente constitucional que afecte derechos fundamentales de las partes
involucradas.

De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de
índole constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce

6
Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.

7
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00235-00
Demandante: Carlos Enrique Andrade Cárdenas
Acción de tutela
de un derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad
frente a la interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración
probatoria, de manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación
de aspectos legales de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o
aplicación de una norma procesal7”, carecen, en principio, de relevancia
constitucional, salvo que se acredite de manera específica una afectación grave y
desproporcionada de derechos fundamentales.

En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se
había planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen
este presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un
asunto constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte
actora “busca una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya
concluidos con la intención de revivir los términos procesales”.

En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña
una exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con
invocar, en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le
asiste la carga de explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión
cuestionada comporta una restricción constitucionalmente inaceptable, postulado
que fue reiterado por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 5 de
agosto de 2014 en la que se dispuso que “no basta con (…) aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales8”, enfatizando en que corresponde al demandante
justificar por qué su pretensión tiene tal entidad, so pena de rechazo o
improcedencia.

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento
más exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte
Constitucional fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se
presume por la sola invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención
de un derecho fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un
problema jurídico de naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos
que se pretenden atribuir a la providencia objeto de censura, con una explicación
clara sobre el por qué estos desbordan el margen de interpretación y conducen a la
vulneración concreta de un derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la

7
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez
Ramírez, sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ).

8
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00235-00
Demandante: Carlos Enrique Andrade Cárdenas
Acción de tutela
acreditación del requisito “más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje
que exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada” de tales
derechos:

“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que
el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
(ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la
acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte,
se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales.”.9

En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción
de tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos
o simples desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto
la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la
acción de tutela no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la
corrección jurídica de la decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador
ordinario ni reabrir litigios legalmente concluidos.

Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019,
determinó que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección
de las decisiones de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que
resulta diáfano que la intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo
con el único fin de cuestionar la interpretación, el criterio o la posición del juez
natural, simplemente por encontrarse en desacuerdo con la decisión desfavorable
a sus intereses, dicho mecanismo carece de una verdadera trascendencia desde la
óptica constitucional.

El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo
del actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario
con miras a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura,
específicamente, con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la
consecuencia lógica es que es que el amparo así deprecado se torna a todas luces
improcedente pues en esa hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que
no compromete directamente mandatos superiores y cuya resolución compete
únicamente a los jueces ordinarios, quienes fueron investidos por el legislador de
precisas facultades para ello.

9
Idem.

9
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00235-00
Demandante: Carlos Enrique Andrade Cárdenas
Acción de tutela

El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces
ordinarios, de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que
comporten una genuina y marcada importancia desde el punto de vista de los
derechos fundamentales, en orden a evitar inmiscuirse en discusiones que no son
de su resorte, so pena de vaciar de contenido las competencias asignadas a cada
jurisdicción. El rol del juez de tutela no puede ni debe confundirse con el de una
instancia revisora de las providencias proferidas por los jueces naturales en su
ejercicio de tal y cualquier intento dirigido a reemplazar o arrogarse competencias
de juez ordinario, desde luego, debe ser contenido.

En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019,
SU-128 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la
acción de tutela reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción
de tutela debe trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la
interpretación, aplicación o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental;
ii) la controversia no puede limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado
carente de proyección constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar
una afectación grave, concreta y desproporcionada de derechos fundamentales
atribuible a una decisión judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es
constitucionalmente relevante una pretensión dirigida a replantear discusiones que
ya fueron propuestas, analizadas y resueltas en el proceso ordinario, mediante los
recursos propios de la jurisdicción competente.

Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la
acción para cuestionar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con lo
establecido por la propia Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, esta
hipótesis comporta un escrutinio aún más estricto, en el que se “exige valorar, prima
facie, si la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la
autoridad judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la
órbita de acción tanto de los jueces constitucionales, como de las demás
jurisdicciones’ en estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios10”
(negrillas adicionales).

En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio
que condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación
clara y específica, que la providencia cuestionada desborda el margen de

10
Criterio que, a su vez fue ratificado en la sentencia SU-215 de 16 de junio de 2022, MP Natalia
Ángel Cabo.

10
Expediente: 11001-03-15-000-2026-00235-00
Demandante: Carlos Enrique Andrade Cárdenas
Acción de tutela
interpretación razonable y comporta una afectación grave e injustificada de
derechos fundamentales.

En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga
al juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se
pretende emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear
discusiones probatorias o jurídicas ya zanjadas, o perseguir fines meramente
económicos o privados; únicamente cuando se supera este umbral es legítimo
avanzar al examen de los defectos alegados en el caso concreto.

3.2. El análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto

1) Para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia
constitucional la Sala Plena del Consejo de Estado consideró necesario examinar
varios elementos, entre ellos que la acción de tutela no se use para debatir asuntos
que hayan sido discutidos en el trámite del proceso ordinario, puesto que este
mecanismo especial constitucional fue diseñado para proteger derechos
fundamentales y no para discutir la mera discrepancia que el actor tenga frente al
criterio de los jueces naturales.

2) En el presente caso, el actor reclamó la configuración de un defecto
procedimental por un supuesto exceso ritual manifiesto y un supuesto
desconocimiento del precedente ante la interpretación que hizo el Tribunal
Administrativo del Atlántico sobre la calificación del acto del 2 de noviembre de 2022
como acto de mera comunicación o de trámite, pues, en su criterio, se desconoció
la naturaleza del oficio referido, ya que este tuvo como objeto extinguir la relación
laboral.

3) Para esta Sala, los reparos del actor relacionados con la naturaleza de la
comunicación o la identificación del acto que debía ser enjuiciado carecen de una
clara y marcada relevancia desde la óptica constitucional, toda vez que se trata de
la misma discusión que el accionante ha pretendido ventilar a lo largo de todo el
proceso ordinario; en efecto, tanto en la demanda como en los alegatos de
conclusión y la apelación, el actor ha pretendido proponer el mismo debate dirigido
a demostrar que la comunicación referida constituía un acto susceptible de ser
demandado y que con su desvinculación se buscaba perseguir un fin contrario.

4) El juez de la primera instancia hizo el análisis correspondiente de la demanda y
sus pretensiones y precisó que lo que se debía demandar era la Resolución no.
0814 del 3 de octubre de 2022, que fue la que estableció el periodo del
nombramiento en provisionalidad, y no la comunicación del 2 de noviembre de 2022.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00235-00
Demandante: Carlos Enrique Andrade Cárdenas
Acción de tutela

5) En el escrito de apelación, el señor Andrade Cárdenas nuevamente esgrimió los
mismos argumentos expuestos en el escrito de la demanda en los siguientes
términos:

“(…) Considera de manera desatinada, el ad quo, que el acto
administrativo que se demandó constituye un acto de ejecución de lo
dispuesto en el acto de nombramiento, razón por la que, debió
demandarse fue la Resolución No. 814 del 03 de octubre de 2022. Postura
a todas luces antijuridica, que vulnera derechos adquiridos por el actor, al
ser nombrado en provisionalidad en el cargo del que finalmente es
destituido, destitución del cargo que necesariamente tenía que ser
motivada, lo que no sucedió. La demandada, solo a través de un
comunicado fechado 02 de noviembre de 2022, sin mayor explicación, da
por terminado al señor CARLOS ENRIQUE ANDRADE CARDENAS
RUIZ, su nombramiento provisional en el cargo de Carrera Administrativa
de SECRETARIO 5140- 06, sin tener en consideración que se encuentra
vinculado sin solución de continuidad, de manera Ininterrumpida en la
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, desde el año 2007.

(…).

La señora jueza, en la sentencia que se recurre, desconoce que por ser
el cargo de SECRETARIO Código 5040 Grado 06. Cargo de CARRERA
ADMINISTRATIVA Y NO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION su
nombramiento no puede ser DISCRECIONAL. Contrario Sensu, se debe
PROVEER, por ENCARGO POR PROVISIONALIDAD_ O_POR
CONCURSO.

La señora jueza, en la sentencia que se recurre, desconoce que, El literal
C) del artículo 20 de la ley 1350 de 2009, establece que, el
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL DISCRECIONAL: Es excepcional y
solo procederá por especiales razones del servicio. El término de la
provisionalidad se podrá hacer hasta por seis (6) meses improrrogables,
deberá constar expresamente en la providencia de nombramiento, En el
transcurso del término citado se deberá abrir el concurso respectivo para
proveer el empleo definitivamente.”

6) En el trámite de la segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Atlántico
también se refirió sobre el particular y ratificó lo dispuesto por el juez de la primera
instancia en el entendido que el acto enjuiciable era la Resolución no. 0814 del 3 de
octubre de 2022 y no la comunicación del 2 de noviembre de 2022, en los siguientes
términos:

“la Sala resalta que, de conformidad con el literal c) del artículo 20 de la
Ley 1350 de 2009,14 relacionado con la carrera administrativa en la
Registraduría Nacional del Estado Civil, se refiere a los nombramientos
provisionales discrecionales, los cuales deben tener como duración
máximo 6 meses improrrogables. Durante este período, se debe abrir
concurso para proveer el cargo en forma definitiva. Valga resaltar, en
cuanto a la procedencia que este tipo de nombramiento, es excepcional,
solo se puede realizar por razones de especiales de servicio, y en cuanto
a su duración, recordar no es prorrogable y debe constar expresamente
en el acto.

En este sentido, existe limitación temporal en la vinculación de un
nombramiento provisional discrecional; sin embargo, la entidad
demandada prorrogó el nombramiento del hoy actor en el cargo Secretario
5140-06, por más de seis (06) meses, a través de las Resoluciones
No.112 del 28 de mayo de 2007, 422 del 18 de agosto de 2021, 0543 del

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00235-00
Demandante: Carlos Enrique Andrade Cárdenas
Acción de tutela
29 de octubre de 2021, 0074 del 01 de febrero de 2022, 0329 del 31 de
marzo de 2022, 0597 del 07 de julio de 2022, 0814 del 03 de octubre de
2022, por razones de carácter excepcional determinadas por la
emergencia sanitaria por COVID-19, cuya motivación reposa en los
considerandos de las resoluciones señaladas, adoptando así medidas de
urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por
parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones
públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los
contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Ahora bien, en el asunto sub judice observa la Sala que la parte actora
solicita la nulidad del acto administrativo inmotivado de fecha 2 de
noviembre de 2022, con el que la Registraduría Nacional del Estado Civil
Delegación Atlántico desvinculó al señor CARLOS ENRIQUE ANDRADE
CARDENAS, del cargo de secretario 5140-06, ante lo cual, se habría
configurado un defecto sustancial que lleva a la Sala a pronunciarse en el
sentido inhibitorio, por cuanto no es el acto administrativo que habría
consolidado su situación jurídica, en su lugar, la Resolución No. 814
del 3 de octubre de 2022, por ser este el acto a través del cual la
demandada manifestó su voluntad unilateral, es decir, definió una
situación particular y concreta.

Recapitulando, las pretensiones de la demanda debieron ser dirigidas
al acto administrativo que habría materializado la desvinculación del
actor, o, en su defecto, la parte accionante debió dirigir sus esfuerzos a
que las operaciones administrativas desplegadas por la demandada para
desvincular “de facto” al señor Andrade Cárdenas, se materializaron en
un acto administrativo sujeto de control judicial.

La Sala de decisión reconoce la postura adoptada por las altas cortes,
orientada a restringir el uso de decisiones inhibitorias, bajo el entendido
de que tales pronunciamientos pueden afectar los principios
fundamentales del Estado Social de Derecho, particularmente el acceso
efectivo a la administración de justicia. En ese sentido, se ha reiterado que
los jueces tienen el deber de privilegiar, en principio, decisiones de fondo
sobre los asuntos sometidos a su conocimiento.

No obstante, incluso en el supuesto de que se configure una causal
de nulidad respecto del acto administrativo demandado, dicha
declaratoria no puede extenderse a la actuación que dio origen a la
situación planteada en la demanda, la cual permanece vigente. Por
tanto, no resulta procedente emitir un pronunciamiento de fondo sobre el
caso concreto.” (archivo disponible en medio magnético a través del
aplicativo SAMAI, negrillas de la Sala).

7) Por otro lado, en lo concerniente al desconocimiento del precedente judicial, la
parte actora alegó que con la providencia judicial atacada la demandada desconoció
el precedente contenido en diversas sentencias proferidas por la Corte
constitucional, según las cuales las comunicaciones, oficios o cartas son actos
definitivos que pueden ser demandados, de modo que el incumplimiento del deber
de motivación de tales actos conlleva a su ilegalidad.

8) Sin embargo, como se dijo recientemente en un caso similar, en el que también
se discutía el mismo reparo en relación con la desvinculación de otro empleado de
la Registraduría Nacional del Estado Civil11, la discusión sobre la naturaleza del
oficio de desvinculación y su carácter de actor definitivo o de trámite, como también

11
Proceso con radicación no. 11001-03-15-000-2025-06027-00.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-00235-00
Demandante: Carlos Enrique Andrade Cárdenas
Acción de tutela
fue explicado anteriormente, constituye un aspecto que fue debidamente abordado
en el trámite del proceso ordinario, punto sobre el que el demandante formuló
reparos tanto en el escrito de la demanda como en los alegatos de conclusión y el
recurso de apelación, oportunidades en las cuales alegó que ese acto carecía de
motivación.

9) Lo expuesto permite concluir sin mayores dilaciones que, en lo concerniente al
exceso ritual manifiesto y al desconocimiento del precedente judicial, la parte actora
pretendió emplear la acción de tutela como un mecanismo para obtener una
decisión favorable a sus intereses en el proceso en que se profirió la providencia
atacada, a pesar de que tal desacuerdo atañe a una discusión de mera legalidad y
por demás reiterativa que ya fue decidida en sede ordinaria y que resulta insuficiente
para sustentar la relevancia constitucional.

10) Es así que resulta evidente que el accionante pretende traer a la acción de tutela
asuntos que ya fueron discutidos y valorados por los jueces de la primera y segunda
instancia en el curso del proceso ordinario, proceso en el cual se declaró probada
la caducidad con respecto a los actos demandados.

11) La controversia planteada por esta vía constitucional está relacionada con una
discusión que ya fue sometida a la decisión de las autoridades judiciales
competentes, sin que sea viable que el juez constitucional, en virtud de su
competencia, pueda inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte, so pena
de afrentar los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada.

12) Por motivo de las razones expuestas se declarará la improcedencia del exceso
ritual manifiesto y el desconocimiento del precedente judicial alegados.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
FALLA:

1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Carlos
Enrique Andrade Cárdenas, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

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Demandante: Carlos Enrique Andrade Cárdenas
Acción de tutela
3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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