Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00433-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2017-00433-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2017-00433-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
18 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad
Radicación: 11001032500020170043300 (2079-2017)
11001032500020170030000 (1453-2017)
11001032500020170050300 (2368-2017) Acumulados
Demandante: Superintendencia de Industria y Comercio y otros
Demandado: Comisión Nacional del Servicio Civil
Temas: Concurso de méritos
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
____________________________________________________________
1. Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de
nulidad promovido por la Superintendencia de Industria y Comercio y otros contra
la Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante, CNSC.
I. ANTECEDENTES
1.1. Las demandas
1.1.1. Las pretensiones
2. El presente proceso se compone de tres expedientes acumulados que se
tramitaron en virtud de las demandas presentadas por la Superintendencia de
Industria y Comercio y los ciudadanos Jorge Leonardo Briceño Palacios y Wilson
Eduardo Bustos Bolaños, en ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado
en el artículo 137 del CPACA,1 con el objetivo de que se declare la nulidad del
Acuerdo CNSC 20161000001336 del 10 de agosto de 2016, proferido por la CNSC,
«por el cual se convoca a concurso abierto de méritos para proveer definitivamente
los empleos vacantes de la planta de personal pertenecientes al Sistema Específico
de Carrera Administrativa de las Superintendencias de la Administración Pública
Nacional, Convocatoria No. 430 de 2016 - Superintendencias».
1.1.2. Normas violadas y concepto de violación
3. Los demandantes sostuvieron que el acto acusado quebrantó los artículos 2,
1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.
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Radicado: 11001032500020170043300 (2079-2017)
11001032500020170030000 (1453-2017)
11001032500020170050300 (2368-2017) Acumulados
Demandante: Superintendencia de Industria y Comercio y otros
13, 25, 29, 113, 121, 125, 130, 209 y 345 de la Constitución Política; 11, 12, 27 y 31
de la Ley 909 de 2004; 12 y 71 del Decreto 111 de 1996; y 17 del Decreto Ley 775
de 2005.
4. Al desarrollar el concepto de violación, los actores plantearon los siguientes
cargos:
i) El artículo 31 de la Ley 909 de 2004 prevé que el acuerdo de convocatoria
debe ser suscrito por la CNSC y por la entidad destinataria del concurso; sin
embargo, el acto demandado únicamente fue expedido por la CNSC, esto es,
excediendo sus competencias y con desconocimiento del debido proceso, así
como la participación, planeación, colaboración y coordinación que debía existir
entre dichas entidades.
ii) El acuerdo enjuiciado desconoció el marco legal y constitucional que regula
el presupuesto y el gasto público. En efecto, la CNSC creó un gasto a cargo de
la Superintendencia de Industria y Comercio pese a que no estaba previsto en su
presupuesto, por lo que se desatendió el principio de legalidad del gasto y la
situación financiera de la entidad que le impedía sufragar los costos del certamen,
pues, para el momento de la convocatoria, la entidad había agotado el 90% de
su presupuesto, no contaba con un rubro para la realización de concursos
públicos y tampoco podía comprometer vigencias futuras. Incluso, lo servidores
públicos se ven expuestos a responsabilidades disciplinarias, fiscales, penales y
civiles cuando adquieren compromisos económicos sin contar con la
disponibilidad presupuestal.
iii) A los participantes únicamente se les permitió aplicar a un solo cargo con lo
cual se restringió el ingreso a la carrera administrativa para desempeñar empleos
oficiales y la libre concurrencia e igualdad de oportunidades en el acceso al
servicio público. Esta situación también atenta contra la eficiencia de los
concursos y el incentivar que un mayor número de aspirantes se inscriban a las
convocatorias.
iv) Las convocatorias deben efectuarse de manera individual para cada entidad
destinataria del concurso en aras de garantizar el derecho al trabajo, el principio
del mérito, mayor participación y posibilidades de ingreso igualitarias y justas.
1.2. Contestación de la demanda
2. La CNSC se opuso a las pretensiones de la demanda, con base en los
siguientes argumentos de defensa:
i) La Superintendencia de Industria y Comercio no solo persigue la nulidad de
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un acto general, sino un interés particular traducido en dejar de sufragar los
costos del proceso de selección de
ii) mandado. De ahí que la demanda debió interponerse dentro de los 4 meses
siguientes a la publicación del acuerdo cuestionado y a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.
iii) La CNSC adelanta las convocatorias a los concursos previa planeación con
sus entidades destinatarias, las cuales entregan los manuales de funciones y la
OPEC, es decir, que aquellas participan de manera activa en la configuración de
los procesos de selección. Además, la CNSC les da a conocer a las entidades la
propuesta de convocatoria para que presenten observaciones, sugerencias o
requerimientos desde el punto de vista técnico y jurídico.
iv) Conforme al artículo 9 de la Ley 1033 de 2006, luego de culminada la etapa
de inscripciones, la CNSC establece los costos definitivos del proceso y cobra a
las entidades los dineros no cubiertos con los derechos de participación. Es en
este momento que las entidades emiten el certificado de disponibilidad
presupuestal.
v) No es necesario que las entidades suscriban el acto de convocatoria, pues
prima la autonomía de la CNSC para la administración y vigilancia de la carrera
administrativa, labor que debe ejercerse libre de barreras e interferencias
externas.
vi) El acto demandado no debe atender los mandatos del artículo 31 de la Ley
909 de 2004, sino el artículo 17 del Decreto Ley 775 de 2005, que reguló el
sistema específico de carrera de las superintendencias.
vii) La «CNSC de manera paciente, concertada y oficiosa ha realizado
requerimientos desde el año 2008 para realizar el proceso de selección con las
Superintendencias y en varias oportunidades han manifestado no encontrarse de
acuerdo por las diferentes situaciones que se presentan». Es así como la CNSC
se esforzó por adelantar la etapa de planeación durante varios años, pero recibió
contantes evasivas por parte de dichas entidades.
1.3. Intervención del coadyuvante y los terceros con interés
3. El señor Fredy Wilson Chavarro Pacheco, en calidad de coadyuvante de la
parte demandada solicitó negar las súplicas de la demanda, con base en
argumentos similares a los expuestos por la CNSC y agregó que, aunque las
entidades destinatarias del concurso no firmaran el acuerdo de convocatoria, tal
omisión no conducía indefectiblemente a su nulidad.
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4. La Superintendencia de Transporte manifestó que emitió el certificado de
disponibilidad presupuestal para sufragar una parte de los costos de la convocatoria.
5. Las Superintendencias de Notariado y Registro y de Servicios Públicos
Domiciliarios coadyuvaron a los actores y agregaron que operó la figura de la
sustracción de materia, ya que la CNSC, mediante el Acuerdo 238 de 1 de julio de
2020, declaró la pérdida de fuerza ejecutoria del acto demandado.
6. La Superintendencia Nacional de Salud se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda en lo que atañe a esa entidad, con base en argumentos
similares a los expuestos por la CNSC y agregó que la «limitación para aspirar a
uno solo de los cargos ofertados, responde a la necesidad de realizar un proceso
eficaz y eficiente, en el cual los costos en términos de tiempo y recursos no sean
aumentados desproporcionada e injustificadamente».
II. TRAMITE EN ÚNICA INSTANCIA
2.1. Admisión, medida cautelar, sentencia anticipada
7. Por auto del 27 de octubre de 2017, se admitió la demanda del expediente
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8. Por auto del 27 de octubre de 2017, se decretó, como medida cautelar de
urgencia, la suspensión de los efectos jurídicos del acuerdo demandado.
9. Mediante auto del 21 de septiembre de 2018, se dispuso la acumulación de
los procesos 1543-2017 y 2368-2017 y se admitieron las demandas.
10. Por auto del 30 de enero de 2020, se ordenó tener como coadyuvante de la
parte demandada al señor Fredy Wilson Chavarro Pacheco.
11. Mediante auto del 17 de febrero de 2020 se dispuso: i) revocar la medida
cautelar decretada por auto del 27 de octubre de 2017; y ii) vincular como terceras
interesadas a las Superintendencias de Notariado y Registro, Economía Solidaria,
Nacional de Salud, Servicios Públicos Domiciliarios, Transporte y Financiera de
Colombia.
12. Por auto del 5 de diciembre de 2022, se resolvió: i) negar la solicitud de
medida cautelar de urgencia presentada por la Superintendencia de Industria y
Comercio; y ii) negar la vinculación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
13. Mediante auto del 3 de octubre de 2023, el despacho evidenció la posibilidad
de emitir sentencia anticipada dentro del sub lite, en los términos del artículo 182A
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del CPACA. En consecuencia, se dispuso: a) reafirmar que el proceso debía ser
estudiado por el medio de control de nulidad simple; b) prescindir de la audiencia
inicial prevista en el artículo 180 ibidem; c) resolver sobre las pruebas aportadas y
solicitadas; d) fijar el litigio; e) correr traslado a las partes y al Ministerio Público para
presentar alegatos de conclusión y concepto, respectivamente.
2.2. Alegatos de conclusión
14. Las partes y los intervinientes reiteraron los argumentos expuestos en las
respectivas etapas del proceso.
2.3. Ministerio Público
15. El agente del Ministerio Público no rindió concepto.
Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes:
III. CONSIDERACIONES
3.1. Manifestación de impedimento
El doctor Juan Camilo Morales Trujillo manifestó impedimento para conocer del
asunto, expresando que en este caso «actúa como tercera con interés la
Superintendencia de Notariado y Registro, entidad de la que fui apoderado judicial
en este proceso. En razón a lo anterior, considero que podría estar incurso en la
causal de recusación establecida en el numeral 12 del artículo 141 del Código
General del Proceso».
El régimen de impedimentos busca garantizar la imparcialidad e independencia en
las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales. En esa medida, a través de
esta figura pretende evitarse que existan situaciones de hecho que puedan
comprometer el criterio que asuman aquellas en las providencias que profieran
dentro de los asuntos asignados para su conocimiento. Siendo así, cuando un
funcionario judicial advierta que se encuentra impedido, deberá manifestarlo, con el
fin de salvaguardar los principios que rigen la debida administración de justicia.
En ese orden, la Sala declarará fundado el impedimento presentado, por cuanto las
razones expuestas se adecuan a la causal invocada, en atención a que el consejero
intervino en el proceso como apoderado.
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3.2. Cuestión previa - Derogatoria del acto demandado
16. Conforme lo expresaron algunos de los intervinientes, la CNSC, mediante el
Acuerdo 238 del 1 de julio de 2020, declaró la pérdida de fuerza ejecutoria y derogó
el acto demandado.
17. Ahora bien, conforme con el artículo 91, numeral 5, del CPACA, la fuerza
ejecutoria de los actos administrativos culmina cuando pierden su vigencia. Al
respecto, el Consejo de Estado ha explicado que «si la norma ha dejado de regir
por haber sido sustraída del ordenamiento jurídico, la consecuencia es que deja de
ser aplicable por la administración y, por consiguiente, pierde el carácter obligatorio
para los asociados».2
18. A pesar de la disposición acusada perdió fuerza ejecutoria, por razón de la
derogatoria, es importante resaltar que ello no impide estudiar su legalidad, por
cuanto el medio de control de nulidad no está condicionado a la vigencia del acto,
sino que su finalidad consiste en verificar la legalidad objetiva en aras de mantener
el imperio del orden jurídico.
19. En tal sentido, esta corporación ha expresado que la derogación o
subrogación de un acto administrativo ocasiona la cesación de sus efectos hacia el
futuro, situación que en nada afecta la posibilidad de resolver sobre su legalidad,
pues ello «comprende la evaluación de sus requisitos esenciales a afectos de definir
si nació o no válido a la vida jurídica».3
3.3. Presentación del caso y metodología de decisión
20. En el presente asunto, la Sala examinará si el Acuerdo CNSC
20161000001336 del 10 de agosto de 2016 está viciado de nulidad por violación al
ordenamiento constitucional y legal en que debía fundarse.
2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de diciembre de 2017, radicado 25000-
23-24-000-2009-00068-02 (2635-2013).
3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 23 de abril de 2021, radicado: 11001-03-
26-000-2016-00017-00 (56307). En igual sentido, la Sala Plena de esta Corporación, mediante sentencia del 14
de enero de 1991, Expediente S-157, sostuvo:
Estima la Sala que, ante la confusión generada por las dos tesis expuestas, lo procedente será inclinarse por la
segunda de ellas, pues no es posible confundir la vigencia de una disposición con la legalidad de la misma,
como ocurriría si se mantiene la posición que sostiene que sería inoperante y superfluo pronunciarse en los
eventos en que la misma administración ha revocado su acto, así éste sea de carácter general e impersonal.
Pues, contrario a lo que se había afirmado, opina la Sala que la derogatoria de una norma no restablece per se
el orden jurídico supuestamente vulnerado, sino apenas acaba con la vigencia de la norma en cuestión. Porque
resulta que un acto administrativo, aún si ha sido derogado, sigue amparado por el principio de legalidad que le
protege, y que sólo se pierde ante pronunciamiento anulatorio del juez competente; de donde se desprende que
lo que efectivamente restablece el orden vulnerado no es la derogatoria del acto, sino la decisión del juez que
lo anula, o lo declara ajustado a derecho, ello, además, se ve confirmado por los efectos que se suceden en
cada evento. La derogatoria surte efecto hacia el futuro, sin afectar lo ocurrido durante la vigencia de la norma
y sin restablecer el orden violado; la anulación lo hace ab initio, restableciéndose por tal razón el imperio de la
legalidad.
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21. Para acometer dicho propósito, se abordarán los siguientes aspectos
relevantes: i) texto del acto acusado; ii) generalidades del sistema de carrera
administrativa; iii) el caso concreto - problema jurídico - análisis de los cargos de
nulidad; y iv) costas y agencias en derecho.
3.4. Texto del acto demandado
22. Es preciso aclarar que no se transcribirá integralmente el acto enjuiciado en
razón a su extensión y a que no se demandaron aspectos específicos de su
contenido. En consecuencia, únicamente se citarán los apartes relevantes al sub
lite, cuyo tenor es el siguiente:
ACUERDO No. CNSC-20161000001336 DEL 10-08-2016
"Por el cual se convoca a Concurso abierto de méritos para proveer definitivamente
los empleos vacantes de la planta de personal pertenecientes al Sistema Específico
de Carrera Administrativa de las Superintendencias de la Administración Pública
Nacional, Convocatoria No. 430 de 2016-Superintendencias"
LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC,
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el
artículo 130 de la Constitución Política, el artículo 6º del Decreto Ley 775 de 2005 y
la Sentencia C-471 de 2013 de la Corte Constitucional y,
CONSIDERANDO QUE:
[…]
ACUERDA:
[…]
ARTÍCULO 1º. CONVOCATORIA. Convocar a concurso abierto de méritos para
proveer de manera definitiva dos mil novecientas nueve (2909) vacantes,
pertenecientes al Sistema Específico de Carrera Administrativa de las plantas de
personal de las Superintendencias de Notariado y Registro, Economía Solidaria,
Nacional de Salud, Industria y Comercio, Servicios Públicos Domiciliarios, Puertos y
Transporte y Financiera de Colombia, que se identificará como Convocatoria No. 430
de 2016 Superintendencias y para efectos del presente Acuerdo, en adelante se
denominarán SUPERINTENDENCIAS.
ARTÍCULO 2º. ENTIDAD RESPONSABLE. El concurso abierto de méritos para
proveer las dos mil novecientas nueve (2909) vacantes de la planta de personal de
las SUPERINTENDENCIAS objeto de la presente convocatoria estará bajo la directa
responsabilidad de la CNSC, que, en virtud de sus competencias legales, podrá
suscribir contratos o convenios interadministrativos para adelantar las diferentes
fases del proceso de selección con el Icfes o en su defecto con universidades públicas
o privadas o instituciones de educación superior acreditadas para realizar este tipo de
procesos, conforme lo reglado en los artículos 30 de la Ley 909 de 2004 y 3º del
Decreto Ley 760 de 2005 modificado por el artículo 134 de la Ley 1753 de 2015.
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ARTÍCULO 3º. ENTIDADES PARTICIPANTES. El concurso abierto de méritos se
desarrollará para proveer dos mil novecientas nueve (2909) vacantes pertenecientes
al Sistema Específico de Carrera Administrativa de las plantas de personal de las
SUPERINTENDENCIAS, correspondientes a los niveles Asesor, Profesional, Técnico
y Asistencial, de conformidad con las vacantes definitivas que las
SUPERINTENDENCIAS de la Administración Pública Nacional reportaron a la CNSC
y que se encuentran de manera detallada en el artículo 11 del presente Acuerdo.
[…].
3.5. Generalidades del sistema de carrera administrativa
23. El artículo 125 de la Constitución Política estableció que, por regla general,
los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, con excepción
de los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores
oficiales y los demás que determine la ley. Igualmente, se dispuso que los
funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la
Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.
24. Por su parte, la Ley 909 de 2004 reguló la carrera administrativa como un
sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto la eficiencia de
la administración pública. A su vez, entronizó el principio del mérito como garante
de transparencia, objetividad e igualdad para el acceso, permanencia y ascenso en
el servicio público.
25. A su turno, en lo que atañe al sub lite, el Decreto Ley 775 de 2005 estableció
el Sistema Específico de Carrera Administrativa para las Superintendencias de la
Administración Pública Nacional y en su texto original determinó que cada
Superintendencia tendría competencia para: a) administrar el sistema específico de
carrera; b) adelantar los concursos o procesos de selección; y c) suscribir el acto de
convocatoria y sus modificaciones.
26. Sin embargo, mediante Sentencia C-471 de 2013, la Corte Constitucional
declaró la inexequibilidad de las anteriores previsiones, con fundamento en los
siguientes razonamientos:
[…] de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente (consolidada en la
sentencia C-1230 de 2005), la Comisión Nacional del Servicio Civil, de acuerdo con
los artículos 125 y 130 de la Constitución Política, tiene, entre otras, la función de
administrar y vigilar las carreras especiales de origen legal, denominadas por el
legislador, carreras específicas. En tal medida, la administración del sistema
específico de carrera de cada Superintendencia es competencia de la Comisión
Nacional del Servicio Civil.
[…]
El artículo 17 acusado se ocupa de establecer la competencia de suscribir la
convocatoria para el concurso y sus modificaciones al Superintendente respectivo,
advirtiendo que la misma ‘obliga a la administración, a las entidades contratadas para
la realización del concurso y a los participantes’.
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[…] La función de suscribir la convocatoria para el concurso y sus modificaciones, en
cabeza de cada Superintendente, sí priva a la Comisión Nacional de las
competencias constitucionales que ostenta.
[…]
Por tanto, se declarará la exequibilidad del artículo 17 del Decreto Ley 775 de 2005,
a excepción de las expresiones ‘serán suscritas por el Superintendente;’ contenidas
en el primer inciso de la norma, que se declararán inexequibles. De esta manera, la
lectura del artículo 17 sería concordante con el artículo 6° del mismo Decreto Ley 775
de 2005,4 tal como quedará de acuerdo con la decisión de constitucionalidad que se
adopta en la presente sentencia. Queda entonces claro que la convocatoria para el
concurso y sus modificaciones corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil,
como lo dispone la Constitución Política, no a cada una de las Superintendencias.
27. En el citado pronunciamiento, la Corte Constitucional reafirmó la función que
tiene la CNSC para administrar y vigilar los sistemas generales y específicos de
carrera administrativa.
3.6. El caso concreto. Problema jurídico - análisis de los cargos de
nulidad
28. De acuerdo con los argumentos planteados en la demanda y su contestación,
le corresponde a la Sala determinar si el acto acusado quebrantó el ordenamiento
superior, conforme a los cargos de nulidad expuestos por los accionantes.
3.6.1. Suscripción de la convocatoria
29. Los demandantes reprocharon que el acto demandado desconoció el artículo
31 de la Ley 909 de 2004, el cual preceptúa que el acuerdo de convocatoria debe
ser suscrito por la CNSC y por la entidad destinataria del concurso; sin embargo,
aquel fue expedido únicamente por la CNSC, esto es, excediendo sus competencias
y con desconocimiento del debido proceso, así como la participación, planeación,
colaboración y coordinación que debía existir entre dichas entidades.
30. Ahora bien, la Ley 909 de 2004 preceptuó que la CNSC es un órgano de
carácter permanente de nivel nacional, con independencia de las demás ramas y
estamentos que conforman el poder público. En el desarrollo de sus funciones se
encuentra sometida al cumplimiento de las disposiciones del orden constitucional,
legal y reglamentario.
4 El artículo 17 del Decreto 775 de 2005 quedará así: “Artículo 17.- Elaboración y contenido de la convocatoria.
La convocatoria para el concurso y sus modificaciones obliga a la administración, a las entidades contratadas
para la realización del concurso y a los participantes. || El contenido de la convocatoria será determinado en
el reglamento que expida el Gobierno Nacional.”
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31. Por su parte, el artículo 17 del Decreto Ley 775 de 2005 preveía que, para el
caso de las Superintendencias de la Administración Pública, el acto de convocatoria
debía ser suscrito por el respectivo superintendente; sin embargo, como se expresó
en precedencia, la Corte Constitucional declaró inexequible ese mandato y reafirmó
que tal competencia radicaba en la CNSC.
32. En este orden de ideas, el hecho de que el acuerdo de convocatoria
demandado haya sigo suscrito por la CNSC no es causal de anulación, pues tal
actuación es congruente con el criterio jurisprudencial fijado en la Sentencia C-471
de 2013.
33. Además, si bien es cierto que el artículo 31 de la Ley 909 de 2004 dispuso
que la convocatoria debía ser suscrita por la CNSC y el jefe de la entidad u
organismo cuyas vacantes debían proveerse mediante el sistema del mérito,
también lo es que, conforme a la Sentencia C-183 de 2019,5 la suscripción del acto
de convocatoria por parte del jefe de la entidad beneficiaria del concurso es apenas
una posibilidad, pero no una exigencia cuyo incumplimiento pueda generar por sí
sola alguna irregularidad sustancial que conlleve a su nulidad, ya que lo realmente
relevante es que exista una etapa de planeación entre la CNSC y la entidad
beneficiaria, en atención a los principios de coordinación y colaboración armónica.6
34. En este caso, se encuentra demostrada la forma en que se surtió la etapa de
planeación con las diferentes Superintendencias destinatarias del concurso
enjuiciado y, en especial con la de Industria y Comercio que funge como
demandante.
35. En efecto, al expediente se allegaron documentos que dan cuenta del cruce
de información encaminado a configurar la convocatoria y de estos se evidencia que
la CNSC resolvió las solicitudes y observaciones presentadas por las entidades, es
decir, que estuvo presta a escucharlas y actuar de manera conjunta para llevar a
buen fin del proceso de selección.
36. A modo de ejemplo, resulta suficientemente ilustrativo el Oficio
20162110213991 del 26 de julio de 2016,7 mediante el cual la CNSC resolvió las
observaciones presentadas por la Superintendencia de Industria y Comercio en
relación con los siguientes aspectos: a) razones de orden presupuestal y legal; b)
modelo de agrupación de empleos e idoneidad de las pruebas; c) convocatorias
individuales; d) ejecución coactiva; e) concepto del DAFP; f) rediseños
5 Proferida por la Corte Constitucional.
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de octubre de 2022, radicado 11001-
03-25-000-2020-00325-00 (0621-2020).
7 Folios 305 a 313, cuaderno principal, expediente 2079-2017.
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10
Radicado: 11001032500020170043300 (2079-2017)
11001032500020170030000 (1453-2017)
11001032500020170050300 (2368-2017) Acumulados
Demandante: Superintendencia de Industria y Comercio y otros
institucionales – modificación de la estructura de la entidad; g) observaciones al
acuerdo; y h) suscripción de la convocatoria.
37. También es pertinente destacar que en el acuerdo demandado se afirmó que
las superintendencias proporcionaron la OPEC base del certamen. Al respecto, esta
corporación ha expresado que el suministro de la OPEC a la CNSC es un elemento
indispensable para impulsar los concursos y es un reflejo de la colaboración y
coordinación en la etapa de planeación, pues «la información que se consolida en
la oferta es la que permite conocer cuáles son los perfiles requeridos para los
empleos por proveer mediante el concurso de méritos. De esta manera, si no se
contara con ella, el certamen no podría llevarse a cabo».8
38. En tal sentido, esta Subsección ha enfatizado en la importancia de la OPEC
en los siguientes términos:9
El Consejo de Estado ha indicado que la CNSC es la autoridad competente para elaborar
la convocatoria a los procesos de selección y esta se consolida con base en la OPEC
definida por la entidad interesada en proveer sus vacantes a través del sistema del
mérito. De ahí que la OPEC ha sido considerada como un acto preparatorio expedido
dentro del marco del proceso de planeación y colaboración armónica que debe surtirse
para la suscripción de la convocatoria.10
Bajo este hilo argumentativo, se concluye que una de las principales funciones que
cumplen las entidades públicas para lograr el correcto desarrollo de los certámenes
consiste en conformar la OPEC, en tanto constituye el insumo sobre el cual se diseña la
convocatoria y permite conocer la denominación, nivel, grado, asignación salarial y
número de cargos ofertados, así como los requisitos mínimos para su desempeño,
competencias y funciones asignadas.11
39. Así las cosas, no está llamado a prosperar el cargo de anulación basado en
que el acuerdo enjuiciado fue suscrito únicamente por la CNSC.
3.6.2. Presupuesto para cubrir los costos del concurso
40. Los actores y algunas de las superintendencias intervinientes sostuvieron
que el acto demandado desconoció el marco legal y constitucional que regula el
presupuesto y el gasto público, pues la CNSC creó unos gastos a cargo de dichas
entidades pese a que no estaban previstos en sus presupuestos ni contaban con
los recursos para atenderlos.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de junio de dos 2022, radicado: 11001-
03-25-000-2018-01717-00 (6225-2018) y 11001-03-25-000-2018-00475-00 (1846-2018).
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de octubre de 2022, radicado 11001-
03-25-000-2020-00325-00 (0621-2020).
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de junio de 2022, radicado 11001-03-
25-000-2019-00204-00 (1330-2019).
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de junio de dos 2022, radicado: 11001-
03-25-000-2018-01717-00 (6225-2018) y 11001-03-25-000-2018-00475-00 (1846-2018).
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11001032500020170030000 (1453-2017)
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Demandante: Superintendencia de Industria y Comercio y otros
41. En relación con el anterior motivo de inconformidad, esta corporación ha
expresado lo siguiente:12
[…] en la realización de un concurso convergen diferentes competencias, resaltando
el despacho que en cuanto al costo que genera la realización del concurso, dado que
este debe ser cubierto por el presupuesto de la entidad u organismo que requiera de
la provisión de cargos (art. 30 de la Ley 909 de 2004), sin perjuicio de la financiación
prevista en los artículos 74 de la Ley 998 de 2005 y 9 de la Ley 1033 de 2006, debe
destacarse que el jefe de dicha entidad u organismo tiene un importante rol en la
realización del concurso, como es el de asegurar su financiación, como un
presupuesto necesario para dicha realización, pues, no tendría ningún sentido el
convocar a un concurso que, en la práctica no pueda realizarse, por no haber
presupuesto para ello, ya que aunque esta circunstancia no es, en rigor, de aquellas
que hace parte del contenido de la convocatoria, si es una condición necesaria para
la viabilidad del concurso.13
En ese sentido, corresponde entonces a las unidades de personal de las entidades
estimar anualmente los costos del eventual concurso (art. 17.1, c de la Ley 909 de
2004). Esta estimación debe ser considerada e incluida en los presupuestos de cada
entidad u organismo. Con base en esta estimación y en lo que resulte asignado
efectivamente dentro del presupuesto de cada entidad u organismo, su jefe, para
efectos de realizar el concurso, deberá entregar a la CNSC, en tanto es un
presupuesto para la realización del concurso, el correspondiente certificado de
disponibilidad presupuestal, ya que, sin este certificado, dicha entidad u organismo
no puede comprometer recursos para financiar la realización del concurso.
[...] el certificado de disponibilidad presupuestal no es requisito de validez del acto de
convocatoria para proveer cargos de carrera por medio de concursos de méritos y,
por tal motivo, su ausencia no conlleva inevitablemente a la suspensión o anulación
del proceso de selección, principalmente porque, la financiación de los costos del
concurso como se señaló anteriormente es competencia de cada entidad u organismo
ofertante, con cargo a su presupuesto y, por tanto, la responsabilidad de tramitar lo
pertinente y obtener el certificado de disponibilidad presupuestal, es de su resorte,
más no de la CNSC.
En consonancia, los certificados de disponibilidad presupuestal para financiar los
costos de los procesos tienen el carácter de acto preparatorio de la convocatoria, pero
no es un elemento integrante de esta, y su expedición son de competencia de cada
entidad u organismo y su ausencia no tiene la entidad de suspender el proceso de
selección, ni la resolución demandada, que tiene como finalidad asegurar los recursos
para financiar los costos del proceso de selección.
42. Bajo esta línea de intelección, la ausencia del certificado de disponibilidad
presupuestal no constituye una irregularidad sustancial que derive necesariamente
en la nulidad o suspensión de la convocatoria a concurso de méritos para la
provisión de cargos de carrera, 14 por lo cual no están llamados a prosperar los
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, auto del 25 de julio de 2023, radicado 11001-03-25-
000-2018-00531-00 (1902-2018). En similar sentido puede consultarse la sentencia del 4 de mayo de 2023,
radicado 11001-03-25-000-2019-00835-00 (6080-2019).
13 Sobre el particular, se puede consultar la sentencia C-183 de 2019.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de noviembre de 2020, radicado: 11001
03 25 000 2014 00025 00 (0064-14).
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11001032500020170050300 (2368-2017) Acumulados
Demandante: Superintendencia de Industria y Comercio y otros
argumentos encaminados a invalidar el acuerdo enjuiciado por la falta de recursos
para financiar el certamen.
3.6.3. Agrupación de entidades y posibilidad de aplicar a un solo empleo
43. Los demandantes sostuvieron que el acuerdo cuestionado vulneró los
principios del mérito y eficiencia, quebrantó el derecho al trabajo y limitó la
participación y las posibilidades de ingreso igualitarias y justas al empleo público,
por cuanto: a) la convocatoria agrupó a varias superintendencias en lugar de
efectuarse de manera individual; y b) a los aspirantes solo se les permitió a aplicar
a un solo empleo.
44. En casos con contornos similares al presente, esta Subsección ha razonado
de la siguiente forma:15
[…] esta corporación ha sostenido que no existe norma jurídica que prohíba la
realización de procesos de selección a través del modelo de agrupación de entidades,
a fin de ahorrar costos. Textualmente se ha indicado: 16
[…] Ahora bien, el hecho de que la Convocatoria 437 de 2017 para el Valle del
Cauca se hubiera realizado a través del modelo de agrupación de entidades para
ahorrar costos, y que el mismo número de convocatoria comprende todos los
organismos incluidos en ella, no afecta la legalidad del acto administrativo
demandado toda vez que: (i) no hay norma expresa que prohíba realizar los
procesos de selección bajo este modelo; (ii) por el contrario, este se ajusta a los
principios de economía en la función administrativa (CP, art. 209) y de eficiencia
en la ejecución de los procesos de selección para el ingreso y ascenso a los
empleos públicos de carrera administrativa (L. 909/2004, art. 28, lit. i); y (iii) el
concurso de la Alcaldía de Cali se realizó de conformidad con las reglas específicas
para ese ente territorial.
De acuerdo con el anterior lineamiento interpretativo, el modelo de agrupación de
convocatorias no se encuentra prohibido por el ordenamiento superior e inclusive
satisface los principios de eficiencia y economía.
A su vez, esta Sala ha explicado que el hecho de que los aspirantes solamente
puedan optar por uno de los empleos ofertados en un concurso de méritos no afecta
los principios de libre concurrencia e igualdad en el ingreso a la función pública, por
las siguientes razones:17
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 31 de agosto de 2023, radicado 11001-
03-25-000-2019-00098-00 (0517-2019).
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 28 de julio de 2022, radicado 11001-03-
25-000-2018-00373-00 (1397-2018), 11001-03-25-000-2018-00323-00 (1347-2018), 11001-03-25-000-2018-
00483-00 (1854-2018), 11001-03-25-000-2018-00491-00 (1862-2018) [Acumulados]. En igual sentido,
sentencia del 23 de junio de 2022, radicado 11001 03 25 000 2018 01717 00 (6225-2018) y 11001 03 25 000
2018 00475 00 (1846-2018) [Acumulados].
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
20 de febrero de 2020, expediente 11001 03 25 000 2015 00294 00 (0595-15). En similar sentido ver las
siguientes sentencias: i) del 6 de julio de 2015, radicado 1100103255000201301524 00 (3914-2013); ii) del 24
de enero de 2019, radicado 68001-23-33-000-2014-00355-01(3230-15); y iii) del 22 de marzo de 2018, radicado
11001-03-25-000-2015-00871-00 (3241-15).
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Demandante: Superintendencia de Industria y Comercio y otros
En estas condiciones, la Subsección A se aparta de la lectura que proponen los
demandantes pues entiende que el derecho de acceso a cargos públicos se
respeta con la garantía de inscripción de los aspirantes en igualdad de condiciones
a un concurso público de méritos, exigencia que se satisface aun cuando, como
en el caso de marras, se restringe la inscripción a un solo cargo.
[…]
Esta posición se acompasa con pronunciamientos anteriores de la Sección
Segunda del Consejo de Estado sobre la materia. Así, en sentencia del 27 de
marzo de 2014, se estudió la validez del Acuerdo PSAA08-4528 de 4 de febrero
de 2008, proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,
en cuanto limitó la inscripción de los aspirantes al concurso de méritos a un máximo
de 5 cargos.
En dicha oportunidad se sostuvo que la Constitución y la ley admiten la posibilidad
de que los concursos se adelanten por grupos de participantes cuando ello fuere
conveniente, por el número de aspirantes o los cargos a proveer, entre otras
razones, y que no por ello se desconoce el derecho de ejercer una determinada
profesión u oficio, pues con permitir a las personas su inscripción en igualdad de
condiciones se les concede tal garantía. Igualmente, se consideró que una
disposición en este sentido está fundada en razones de tipo técnico, administrativo
y financiero, como el tiempo de realización de las pruebas, los costos, la
simultaneidad en la aplicación de las pruebas y la capacidad administrativa y
presupuestal de la entidad que adelanta el concurso, además de otros aspectos
importantes, que explican que ello deba ser una capacidad con la que cuenta el
ente responsable del concurso.
45. Por su parte, en una de las respuestas que la CNSC dirigió a la
Superintendencia de Industria y Comercio, justificó la necesidad de agrupar las
entidades para la celebración del concurso de méritos en que tal medida: a) permite
optimizar tiempos de ejecución y reducir los costos totales del proceso de selección;
b) la agrupación se realiza en lo que atañe a aspectos logísticos, operativos
administrativos y de seguridad, «pero no respecto a las pruebas que según su
especialidad le corresponda a cada Superintendencia conforme a los perfiles de sus
empleos».18
46. Bajo este escenario, se concluye que el hecho de que la CNSC haya optado
por acudir al método de agrupación y habilitar la inscripción a uno solo de los cargos
ofertados no afecta el derecho al trabajo o a la conformación del poder público, sino
que se trata de medidas legítimas tendientes a optimizar los recursos técnicos,
económicos y administrativos para adelantar eficientemente los concursos de
méritos.
3.7. Condena en costas
47. En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que
18 Oficio 20162110213991 del 26 de julio de 2016 [folios 305 a 313, cuaderno principal, expediente 2079-2017)].
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se ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA.
48. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
Primero. DECLARAR FUNDADO el impedimento que manifestó el consejero de
Estado Juan Camilo Morales Trujillo.
Segundo. NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad formulada contra el
Acuerdo CNSC 20161000001336 del 10 de agosto de 2016, proferido por la
Comisión Nacional del Servicio Civil, en atención a lo expuesto en la parte motiva
de esta sentencia.
Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.
Cuarto. RECONOCER como apoderados a los abogados que se enlistan, a
continuación:
Apoderado Entidad que representa Cédula Tarjeta
Profesional
Luis Alfonso Leal Comisión Nacional del Servicio Civil 1941039019 38355
Núñez
Carolina Valderruten Superintendencia de Industria y 105376525720 169971
Ospina Comercio
Miguel Enrique López Superintendencia de Transporte 102073214921 226564
Bruce
Sergio Andrés 101417973622 225059
González Rodríguez
Katherin Johanna 102389782423 224024
Beltrán Pico
Martha Lucia López Superintendencia de la Economía 2527847824 120862
Zambrano Solidaria
Carlos Arturo 104739233925 207659
Babilonia Jácome
María Victoria Castillo 3271615826 78153
Campi
19 Certificado de Vigencia 1180584.
20 Certificado de Vigencia 1180600.
21 Certificado de Vigencia 1180614.
22 Certificado de Vigencia 1180623.
23 Certificado de Vigencia 1180654.
24 Certificado de Vigencia 1180658.
25 Certificado de Vigencia 1180662.
26 Certificado de Vigencia 1180671.
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Radicado: 11001032500020170043300 (2079-2017)
11001032500020170030000 (1453-2017)
11001032500020170050300 (2368-2017) Acumulados
Demandante: Superintendencia de Industria y Comercio y otros
Juan Sebastián Superintendencia de Notariado y 461346327 133238
Garcés Castrillón Registro
Gregory de Jesús 8024034628 140546
Torregrosa Rebolledo
David García Téllez 7968781029 107113
Darío Fernando 7418374830 125057
Pedraza López
Viviana Andrea Superintendencia de Servicios Públicos 3772157831 115740
Cortés Uribe Domiciliarios
Maryeli Constanza 5285995232 172192
Sanabria Bautista
Edwin Antonio Rojas 722994333 95730
González
Cristhian Andrés Superintendencia Nacional de Salud 8085311934 195680
Rodríguez Díaz
Ángela María Rojas 102628508035 282953
Rodríguez
Quinto. ACEPTAR la renuncia al mandato presentada por los siguientes
profesionales: Sandra Nicolasa Organista Builes, Juan Sebastián Garcés Castrillón,
Maryeli Constanza Sanabria Bautista y Ángela María Rojas Rodríguez.
Sexto. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las
anotaciones correspondientes y archívese el expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
CON IMPEDIMENTO
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley y el art. 186 del CPACA.
27 Certificado de Vigencia 1180677.
28 Certificado de Vigencia 1180685.
29 Certificado de Vigencia 1180701.
30 Certificado de Vigencia 1180704.
31 Certificado de Vigencia 1180712.
32 Certificado de Vigencia 1180720.
33 Certificado de Vigencia 1180730.
34 Certificado de Vigencia 1180736.
35 Certificado de Vigencia 1180743.
Calle 12 No. 7 - 65 - Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. - Colombia
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