Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-02398-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2017-02398-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2017-02398-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001-23-33-000-2017-02398-01 (3157-2025)
Demandante: María Luceida Agudelo Velásquez
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Pensión gracia post mortem improcedente ante la falta de
acreditación de todos los requisitos para obtener el derecho
principal por parte del causante. Aplicación de los precedentes
de la Sala Plena de la Sección Segunda del 29 de mayo y del 9
de julio de 2024. REVOCA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el quince (15) de septiembre de dos mil veinticinco (2025) por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual se accedió a las
pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora María Luceida Agudelo Velásquez instauró demanda1 contra la
UGPP en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) RDP 023200 del 2 de junio
de 2017; (ii) RDP 027899 del 11 de julio de 2017; y (iii) RDP 030920 del 1.º de
agosto de 2017; por medio de las cuales se negó y confirmó dicha decisión respecto
del reconocimiento de la pensión gracia post mortem causada por el señor Jaime
Enrique Barrera ante su fallecimiento, así como la sustitución de la misma en un
50% en calidad de compañera permanente y el otro 50% a favor de su hijo Gilbert
Barrera Agudelo.
1 Folios 67 a 100.
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3. A título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reconocerle y
pagarle dicha prestación desde el 11 de junio de 2000, liquidada en un 75% del
promedio de factores salariales percibidos por el causante antes de su fallecimiento,
debidamente reajustada cada año, pero con efectos fiscales a partir del 3 de marzo
de 2014 y con la indexación monetaria de las sumas adeudadas conforme al IPC.
4. Se dé cumplimiento al fallo en los términos del artículo 192 del CPACA y se
ordene a la parte demandada asumir las costas a que haya lugar.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
5. Que el señor Jaime Enrique Barrera inició sus servicios en la Secretaría de
Educación y Cultura Departamental de Antioquia el 9 de agosto de 1980 en calidad
de docente de tiempo completo en educación básica primaria. Permaneció en el
servicio hasta su fallecimiento ocurrido el 11 de junio de 2000, por lo que acumuló
un tiempo de trabajo de 19 años, 10 meses y 1 día (7.141 días), lo que equivale al
99.18% del total requerido de 20 años (7.200 días) para acceder a la pensión gracia.
6. Al momento de su muerte, el referido docente tenía sociedad conyugal vigente
con la señora María Luceida Agudelo Velásquez. De esta unión procrearon tres
hijos: Yessica Andrea Barrera Agudelo, Jefferson Andrés Barrera Agudelo y Gilbert
Barrera Agudelo.
7. El 3 de marzo de 2017 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia
post mortem y su sustitución, la cual fue negada a través del acto demandado frente
al cual se interpusieron recursos de reposición y apelación que confirmaron dicha
decisión bajo el entendido de que el causante no había cumplido con la totalidad
del tiempo de servicio necesario para obtener la prestación.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
8. Consideró vulnerados: los artículos 2, 25, 48 y 58 de la Constitución Política;
27, 30 y 31 del Código Civil; 1 a 4 de la Ley 114 de 1913; 3 de la Ley 37 de 1933;
3, 4 y 13 de la Ley 39 de 1903; el Decreto 1221 de 1975; 21 del Código Sustantivo
del Trabajo; 12 de la Ley 50 de 1886; 4 de la Ley 4ª de 1966; 6 de la Ley 116 de
1928; el Decreto 435 de 1971; el Decreto 446 de 1973; 1 y 2 de la Ley 4 de 1974; 2
dela Ley 153 de 1887; los Decretos 2620 y 2621 de 1979, 259 de 1981, 180 de
1982, 2640 de 1986, 267 de 1988); 47 de la Ley 100 de 1993; 13 de la Ley 797 de
2003; y la Ley 91 de 1989.
9. Expresó que la muerte violenta del docente causante constituyó un caso de
fuerza mayor o caso fortuito que le impidió completar los 20 años de servicio, y que,
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en virtud del artículo 4º, numeral 6º de la Ley 114 de 1913, la incapacidad por
enfermedad u otra causa para el sostenimiento releva del cumplimiento total del
tiempo de labor educativa. Para ello invocó la jurisprudencia del Consejo de Estado
que ha reconocido la pensión gracia a docentes con las dos terceras partes del
tiempo de servicio, cuando la imposibilidad de completar el tiempo no fue imputable
al trabajador.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
10. El 26 de octubre de 2017 fue admitida la demanda,2 la cual se notificó a la
UGPP, quien manifestó3 que el causante no alcanzó a cumplir los 20 años de
servicio requeridos para ser beneficiario de la pensión gracia, por lo que no
consolidó el derecho reclamado en este proceso.
11. Propuso como excepciones las de: (i) inexistencia de la obligación, y (ii)
prescripción.
12. El 3 de diciembre de 20184 se llevó a cabo la audiencia inicial en la que se fijó
el litigio, se declaró fracasada la etapa de conciliación y se decretaron los medios
de convicción solicitados. El 25 de junio de 20195 se celebró la audiencia de pruebas
y se corrió traslado para alegar de conclusión y al Ministerio Público para conceptuar
si a bien lo consideraba.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6
13. El Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia del 15 de septiembre
de 2025 accedió a las pretensiones en el sentido de declarar la nulidad de los actos
demandados y ordenar a la UGPP reconocer pensión gracia de sobrevivientes a la
actora desde el 11 de junio de 2000, pero con efectos fiscales desde el 3 de marzo
de 2014 con ocasión de la prescripción trienal de mesadas que declaró probada.
Finalmente se abstuvo de condenar en costas.
14. Expuso que el señor Jaime Enrique Barrera fue nombrado docente
nacionalizado el 25 de julio de 1980, lo que cumple con el requisito de vinculación
antes del 31 de diciembre de 1980 y bajo una naturaleza del cargo compatible con
la prestación reclamada. Sin embargo, destacó que debido a su muerte violenta
ocurrida el 11 de junio de 2000, este alcanzó a laborar 19 años, 10 meses y 1 día,
lo que equivale a 7.141 días o al 99.18% de los 20 años requeridos (7.200 días),
faltándole solo 59 días para completar el período de labor educativa exigido
2 Folios 102 a 103.
3 Folios 111 a 113.
4 Folios 157 a 159.
5 Folio 167.
6 Ver índice 43 de SAMAI – Tribunales.
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legalmente.
15. Resaltó que el Consejo de Estado en sentencia del 29 de mayo de 2024,
Radicado 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018), estableció una postura
reciente y vigente que concluye que para el reconocimiento de la pensión gracia es
un requisito ineludible que el docente complete los 20 años de servicio como
educador del orden territorial, aun cuando hubiese alcanzado las tres cuartas partes
del tiempo requerido.
16. Aun así afirmó que en aplicación del principio de favorabilidad y con el fin de
garantizar el derecho a la seguridad social, tal como lo ha sostenido el Consejo de
Estado en casos similares de pensión de sobrevivientes para educadores, deberá
tenerse en cuenta que a pesar de no haber completado el total del referido tiempo
de labor oficial, sí puede valorarse el 99.18% de esa misma exigencia que sí logró
acumular, de manera que, como su fallecimiento fue por muerte violenta (lo cual
constituyó un evento de fuerza mayor), se deberá tener satisfecho este presupuesto.
17. Por otra parte indicó que la figura de la "pensión gracia post mortem" no es
procedente como un derecho independiente, sino que en su lugar existe la
sustitución pensional cuando el docente titular fallece sin haber disfrutado o
solicitado la prestación original, pero al menos con la consolidación efectiva de esta
última, tal como se concluyó anteriormente, caso en el cual el marco normativo
aplicable es el vigente al momento de la muerte, que no es otro que el de la Ley 100
de 1993 en cuyo artículo 47 se exige para los compañeros permanentes
beneficiarios que reclaman la sustitución, el acreditar una convivencia con el
causante durante los 5 años anteriores a su deceso.
18. Al respecto aseguró que, de acuerdo con las pruebas practicadas como las
declaraciones extrajudiciales y el hecho de la procreación de hijos dentro de la
relación (elementos que no fueron tachados u objetados por la entidad demandada),
resulta viable deducir que la señora María Luceida Agudelo Velásquez era
compañera permanente de Jaime Enrique Barrera al momento de su fallecimiento,
esto luego de haber convivido por más de 18 años, lo que supera ampliamente la
exigencia analizada que le permite acceder a la pensión sustitutiva a partir del 11
de junio de 2000.
19. Frente a la excepción de prescripción explicó que entre la fecha de exigibilidad
del derecho (11 de junio de 2000), la de la solicitud administrativa (3 de marzo de
2017), y la de la radicación de la demanda (15 de septiembre de 2017),
transcurrieron más de los tres años previstos en el artículo 102 del Decreto 1848 de
1969, por lo que se debe declarar este fenómeno sobre las mesadas causadas con
anterioridad a los tres años previos a la petición, esto es, antes del 3 de marzo de
2014.
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RECURSO DE APELACIÓN7
20. La parte demandada interpuso recurso de apelación. Afirmó que no es
coherente el pronunciamiento de primera instancia al haberle otorgado a la
accionante el derecho a la sustitución de una pensión gracia a la que el mismo
despacho reconoce en sus consideraciones que no se cumplen los requisitos para
su otorgamiento al no haber acreditado los 20 años de servicio, lo que hace
contradictorio el argumento de la aplicación del principio de favorabilidad, puesto
que con ello se le da aplicación a un régimen especial bajo condiciones de una
prestación económica de vejez, cuando el litigio se centra en el cumplimiento de los
presupuestos para una gracia y posterior sustitución.
21. En todo caso precisó que el objeto del derecho reclamado no es otro que el de
colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de
1980 e involucrados en el proceso de nacionalización de la educación primaria y
secundaria oficiales, por lo que se desprende que este beneficio no puede ser
concedido a maestros nacionales como lo fue el causante según las certificaciones
laborales aportadas.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
22. El 18 de noviembre de 20258 se admitió el recurso de apelación y se dispuso
que, una vez ejecutoriada esta decisión, el expediente pasaría a Despacho para
dictar sentencia sin necesidad de traslados, y se advirtió que el Ministerio Público
podría emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo.
23. El Ministerio Público9 solicitó que se revoque la sentencia recurrida. Manifestó
que el señor Jaime Enrique Barrera no alcanzó a materializar el derecho a la pensión
gracia, en la medida en que no reunió los requisitos legales previstos en la Ley 114
de 1913 y en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989. En efecto, el causante, nacido el
22 de marzo de 1957 y fallecido de manera violenta el 11 de junio de 2000, a los 43
años de edad, acumuló solo 19 años, 10 meses y 1 día de servicios como docente
oficial, sin completar los mínimos de edad y de 20 años de servicio exigidos para la
generar de manera cierta este beneficio.
24. Sobre el punto destacó que, si bien en un periodo anterior la jurisprudencia
sugirió la aplicación analógica del artículo 7.º del Decreto 224 de 19729 o del artículo
46 de la Ley 100 de 1993 para efectos de un eventual reconocimiento post mortem,
lo cierto es que la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante sentencia del
9 de julio de 2024 rectificó dicha postura y dejó establecido que esas disposiciones
no son susceptibles de extensión interpretativa para amparar beneficios de carácter
7 Ver índice 47 de SAMAI – Tribunales.
8 Ver índice 4 de SAMAI.
9 Ver índice 8 de SAMAI.
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especial y excepcional como la pensión gracia, por lo que no precedía acceder a las
pretensiones en este caso.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
25. El problema que debe resolver la Subsección es determinar si el causante de la
pensión reclamada por la actora demostró adecuadamente que cumplió en vida con
la totalidad de los requisitos para haber consolidado el derecho al reconocimiento
de la pensión gracia desde la fecha estatus hasta el día de su deceso. En caso
afirmativo, tendrá que establecerse si la demandante acreditó las exigencias legales
para ser considerada beneficiaria del docente fallecido, a fin de que le sea
concedida la sustitución de ese derecho.
Marco normativo y jurisprudencial
Acerca de la pensión gracia y los requisitos para adquirirla
26. Inicialmente, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
ya que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino,
entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de
servicio educativo al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913, que en
su artículo 1.° señaló que:
«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»
27. Por su parte, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:
«[…]
Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado
compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
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4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
28. En suma, conforme a la anterior normativa, y adicionalmente a las Leyes 116
de 1928, 37 de 1933, 43 de 1975 y 91 de 1989, así como al amplio desarrollo
jurisprudencial del Consejo de Estado en las sentencias S-699 del 26 de agosto de
1997, CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 y SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de
agosto de 2022, se concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el
docente oficial que la solicite debe cumplir con los siguientes requisitos:
i) Que acredite 50 años de edad.
ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en plazas o en virtud de
nombramientos de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales,
departamentales o municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como
normalista, inspector de instrucción pública, o incluso en calidad de educador
nacionalizado, con posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de
ninguna manera acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los
cuales, en todo caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de
las acreencias laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en
los que se advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el
Ministerio de Educación Nacional, o por un alcalde o gobernador pero en
representación del Gobierno Nacional.
iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.
Sobre la pensión gracia post mortem y la actual línea jurisprudencial
29. Esta figura ha sido entendida como la posibilidad que tendrían los beneficiarios
supérstites de un docente oficial fallecido para reclamar el reconocimiento de tal
derecho directamente a favor de aquellos, cuando se observe que el causante había
acumulado tiempos de servicio del orden territorial o nacionalizado, pero cuyo
deceso ocurrió antes de que el educador hubiese cumplido los requisitos legales
para haber consolidado materialmente el estatus jurídico que le habilitaba la
adquisición de dicho beneficio.
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30. De hecho, es de destacar que tal concepto solo había sido adoptado
jurisprudencialmente10 al aplicar de manera analógica el artículo 7.º del Decreto 224
de 1972, o incluso el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003, pues
lo cierto es que, en la normativa especial y propia de la pensión gracia no se previó
en ningún momento la posibilidad de que esta pudiera concederse después del
deceso del docente a favor de sus beneficiarios, ello ni cuando el maestro hubiese
colmado todas las exigencias para adquirirla, como tampoco en el supuesto
contrario.
31. Lo que se deriva de este planteamiento y de las referencias jurisprudenciales
mencionadas anteriormente es que, el Consejo de Estado venía sosteniendo que el
reconocimiento de la pensión gracia post mortem sí era viable, pero no por un
fundamento normativo en concreto, sino en razón de la aplicación de principios
como la interpretación analógica por complementación de un supuesto vacío legal,
la favorabilidad, la proporcionalidad y la equidad.
32. Ahora, sin perjuicio del trazado de decisiones judiciales referenciadas
previamente, resulta indispensable poner de presente que, la Sección Segunda en
pleno,11 luego de un análisis profundo sobre aspectos hasta ahora no debatidos en
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A y B. Sentencia
del 3 de abril de 2003. Expediento número 1999-027301. Consejero ponente Jesús María Lemos Bustamante.
Sentencia del 17 de mayo de 2007. Consejera Ponente Dra. Bertha Lucia Ramírez de Páez. Actora: Gloria
Stella Scott de Serrano. Radicado: 1999 – 02169 – 01 (1922 – 06). Sentencia del 28 de enero de 2010.
Radicado: 05001–23–31–000–2004–05315–01 (1026–07). Consejero ponente Luis Rafael Vergara Quintero.
Sentencia del 22 de septiembre de 2011, radicación: 050012331000200404969 01(-2010), demandante: Rosa
Eugenia Pérez y otros. Sentencia del 2 de mayo de 2019, radicación: 130012333000201400459 01(0405-2017),
demandante: Astrid Milena Moratto Flórez y otros.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. En sentencia del 29 de mayo
de 2024, radicado 41001-23-33-000-2015-00256-01 (0473-2018) se señaló: «[…] Bajo los parámetros
expuestos, se torna improcedente la concesión de la pensión gracia a quien, por distintas razones, incluso
ajenas a su voluntad como la ocurrencia de una invalidez o la muerte, se retiró del servicio antes de completar
los 20 años que exige el artículo 1 de la Ley 114 de 1913, por cuanto (i) el texto de la norma y sus modificaciones
posteriores son claras en exigir su cumplimiento y no dieron lugar a excepciones y (ii) considerar que sí es
factible acceder al derecho sin completarlo va en contravía de la motivación y finalidad que tuvo el legislador al
expedir la norma, que en todo caso no se enmarca dentro de los criterios propios de un sistema de seguridad
social, según se expuso. […] 2.3.5.5. Conclusión. De acuerdo con lo expuesto, se concluye que para el
reconocimiento de la pensión gracia es requisito ineludible que el docente nacionalizado cumpla la exigencia
prevista en el artículo 1 de la Ley 114 de 1913, esto es, que complete los 20 años de servicios como docente
del orden territorial. El reconocimiento pensional no procede sin que ello se acredite, incluso si el docente no
cumplió por haber sido declarado en estado de invalidez o por haber fallecido, aun cuando hubiese alcanzado
las tres cuartas partes del tiempo requerido. […]».
En sentencia del 9 de julio de 2024, radicado: 68001-23-33-000-2012-00350-01 (2113-2014) se precisó: «[…]
Con base en lo anterior se observa que, si bien entre una pensión ordinaria de jubilación y la de gracia existe
una causa que puede ser común como lo es el cumplimiento de determinada edad y la acreditación de una
cantidad de tiempo de servicio, lo cierto es que sí se presenta una divergencia sustancial en cuanto a la finalidad
de ambas prestaciones y su forma de financiación. La primera pretende contener el riesgo de la vejez del
funcionario mediante un ahorro programado debido a aportes efectuados en conjunto por este y su empleador,
mientras que la segunda busca premiar o generar un incentivo especial y gratuito a favor de un educador y a
cargo del tesoro nacional, solo por la labor desempeñada por aquel conforme a determinadas condiciones en
el tipo de vinculación.
Como se deriva de lo expuesto hasta este punto, es dable concluir que las pensiones gratuitas, meritorias y
personales (como la de gracia), no han sido “sustituibles” a título de una prerrogativa post mortem, ni desde
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dichas providencias, estimó pertinente reconsiderar la anterior tesis por criterios de
importancia jurídica, al punto de que, mediante las sentencias del 29 de mayo y del
9 de julio de 2024 se concluyó que tal derecho no debe concederse con fundamento
en la invalidez ni en la muerte, y que, en esencia, no es procedente la figura la
pensión gracia post mortem esto por no tener el fundamento jurídico que se le había
atribuido.
33. Conforme a esta reciente y vigente línea de interpretación judicial de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, resulta claro que al margen de la dificultad de las
situaciones de invalidez y muerte, o cualquier otra circunstancia ajena que pueda
atravesar un docente que haya tenido la expectativa legítima de acceder a la
pensión gracia, este derecho no puede ser adquirido directamente por los
beneficiarios del causante, pues, en esencia, este último no había colmado y
acreditado cada uno de los requisitos normativos para consolidar la prestación
original y propia del educador.
34. En todo caso, lo cierto es que permitir que un beneficio gratuito no consolidado
a favor del legítimo titular sea otorgado a sus familiares debido al deceso del
primero, vulnera abiertamente el ordenamiento jurídico y la naturaleza propia de
dicha pensión, pues no existe un vacío normativo ni una afectación a principios
constitucionales como anteriormente se había estimado.
Resolución del caso concreto
35. Inicialmente, debe resaltarse que el presente litigio se originó en razón a que la
reclamante en calidad de compañera permanente supérstite del señor Jaime
Enrique Barrera solicitó el reconocimiento de una “pensión gracia post mortem”,
para lo cual fundamentó la procedencia de este derecho en que el causante, pese
1886, ni en 1913 para el caso concreto del derecho bajo estudio, y mucho menos desde 1991 en adelante a
pesar de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y demás normativa regulatoria del Sistema General de
Pensiones, toda vez que el legislador expresamente ha indicado desde el inicio que ello no es procedente, y en
todo caso, al día de hoy no ha expedido alguna ley que habilite lo propio para esa dádiva en específico.
[…] Pues bien, aun si se asegurara que tal postulado superior en estos casos debe atenderse no por la
contradicción de dos normas, sino por la variedad de interpretaciones de una sola regulación, que en este caso
serían el Decreto 224 de 1972 y la Ley 100 de 1993, tendría que concluirse que tampoco se configura lo propio
si se tiene en cuenta que dicha normativa no permite generar más de un sentido acerca de la posibilidad de
reconocer pensiones post mortem, pues esta es aplicable exclusivamente para aquellas que cubren el riesgo
de vejez con el modelo de financiación a través de cotizaciones, es decir, para pensiones en estricto sentido y
no para dádivas fundadas en la condición intuitu personae del titular del beneficio, por lo que no existiría una
intelección más beneficiosa que deba ser elegida sobre otra.
Adicionalmente, no es viable sostener que la normativa regulatoria de la pensión gracia, tenga que preferirse el
régimen pensional general como una especie de complemento, puesto que al hacerlo se vulneraría también el
principio de la inescindibilidad que la misma Corte Constitucional asegura que no puede desconocerse, al punto
de crear una nueva regulación en uso de atribuciones y competencias propias de la facultad legislativa del
Congreso de la República, quien desde 1886 (cuando se denominaba Consejo Nacional Legislativo), y hasta la
fecha, no ha considerado permitir la sustitución de aquel beneficio gratuito, pues al contrario, ha mantenido su
intención inicial de impedir que ello ocurra para el caso de las recompensas. En conclusión, no existe el supuesto
vacío, simplemente el legislador no consagró el derecho. […]»
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a no haber podido cumplir los 20 años de servicio, sí había acumulado un tiempo
de servicio más que suficiente para acceder al derecho principal, pues antes de su
deceso había alcanzado a trabajar como docente nacionalizado un total de 19 años,
10 meses y 1 día.
36. Pues bien, el tribunal de primera instancia accedió a lo reclamado por aplicación
del principio de favorabilidad al estimar que el hecho de haber alcanzado un total
del 99.18% del tiempo de servicio requerido era un criterio suficiente para flexibilizar
este presupuesto en procura de garantizar el derecho a la seguridad social de la
actora. Esta tesis la expuso a fin de obviar el hecho de que el mencionado educador
no logró cumplir con el requerimiento temporal previsto en la Ley 114 de 1913, el
cual siempre ha constituido una exigencia indispensable en conjunto con los demás
requisitos para poder tener consolidada la pensión gracia.
37. Bajo este contexto es claro que, como la entidad apelante sustentó su
reclamación en la falta de adquisición del derecho primigenio en cabeza del
causante, resultan perfectamente aplicables como precedentes las referidas
sentencias del 29 de mayo y del 9 de julio de 2024 proferidas por la Sección
Segunda de esta corporación, pues en estas se abordan supuestos de hecho y de
derecho similares a los del presente litigio.
38. En tal sentido, frente a la situación concreta de la accionante se destaca que,
su compañero permanente, es decir, el señor Jaime Enrique Barrera nació el 22 de
marzo de 195712 y falleció el 11 de junio de 2000,13 por lo que, para el momento de
su muerte, tenía solo 43 años.
39. Por otra parte, de acuerdo con el certificado de tiempo de servicio emitido el 14
de marzo de 2016 por la Secretaría de Educación Departamental de Antioquia,14 el
referido causante laboró como docente nacionalizado desde el 9 de agosto de 1980
hasta el día de su deceso (11 de junio de 2000), por lo que acumuló un tiempo de
servicios de 19 años, 10 mes y 1 día.
40. Conforme a lo anterior, para la Sala resulta claro que el mencionado docente
no satisfizo el requisito de edad de 50 años, y tampoco el de haber acreditado el
mínimo de 20 años de labor oficial como maestro del orden nacionalizado.
41. Ahora bien, en la referida sentencia del 9 de julio de 2024 dictada por esta
Sección se concluyó de manera expresa lo siguiente al analizar la posibilidad de
aplicar de manera analógica las normas de la pensión ordinaria de jubilación a las
de la pensión gracia:
12 Ver copia del registro civil de nacimiento a folio 40.
13 Ver registro civil de defunción a folio 42.
14 Ver folio 44.
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«[…] debido a que la normativa propia de la pensión gracia no contempló ningún
postulado que habilite su reconocimiento post mortem cuando el titular principal no
hubiera colmado todas las exigencias para ello, sería inadecuado extender el
régimen pensional general de manera absoluta y definitiva para todos los casos en
los que se formule este tipo de pretensiones, porque se desnaturalizaría la dádiva
como fue ideada, e incluso iría en contra de su esencia gratuita, meritoria y personal
(intuitu personae), la cual no ha cambiado a pesar del paso del tiempo.
Además, resulta pertinente precisar que, el artículo 7.º del Decreto 224 de 1972, así
como la Ley 33 de 1973, cuando mencionaron la posibilidad de reconocer una
prestación independiente a los sobrevivientes de un causante fallecido, siempre se
refirieron (por el mismo contexto y ámbito de aplicación de dichas normas), a la
pensión ordinaria de jubilación, vejez o invalidez, sin hacer mención a las
prerrogativas gratuitas o especiales como la pensión gracia.
Lo anterior implica que el ordenamiento jurídico sí previó la posibilidad de conjurar
la contingencia de la muerte de determinado servidor público como un docente, esto
a fin de garantizar derechos fundamentales como el mínimo vital de su núcleo
familiar, permitiendo la transmisión de un derecho prestacional ordinario, o de su
expectativa legítima de obtenerlo, a favor de unos beneficiarios determinados.
Por consiguiente, no puede considerase que exista un vacío frente a la situación del
deceso de un educador con un derecho pensional consolidado o pendiente de
estructurar, porque, en realidad, el nivel de protección que se buscaba materializar
al conceder la pensión gracia post mortem, ya se encuentra cubierto por las normas
citadas anteriormente que permiten otorgar pensiones ordinarias de sobrevivientes.
Al respecto, debe tenerse en cuenta que la dádiva bajo estudio solo hubiese
constituido un ingreso adicional, mas no la fuente exclusiva y directa de
sostenimiento del docente y su familia, y mucho menos cuando aquel beneficio
especial y personal no se había adquirido ni se estaba devengado como sucede en
el presente caso, pues el causante no había acreditado el total de los 20 años de
servicio para su reconocimiento.
[…] Adicionalmente, no es viable sostener que la normativa regulatoria de la pensión
gracia, tenga que preferirse el régimen pensional general como una especie de
complemento, puesto que al hacerlo se vulneraría también el principio de la
inescindibilidad que la misma Corte Constitucional asegura que no puede
desconocerse, al punto de crear una nueva regulación en uso de atribuciones y
competencias propias de la facultad legislativa del Congreso de la República, quien
desde 1886 (cuando se denominaba Consejo Nacional Legislativo), y hasta la fecha,
no ha considerado permitir la sustitución de aquel beneficio gratuito, pues al
contrario, ha mantenido su intención inicial de impedir que ello ocurra para el caso
de las recompensas. En conclusión, no existe el supuesto vacío, simplemente el
legislador no consagró el derecho. […]». (Subrayado intencional).
42. En consecuencia, siguiendo esta misma línea jurisprudencial, es evidente que
como el señor Jaime Enrique Barrera no cumplió dos de las exigencias
indispensables para consolidar a su favor el derecho principal y original a la pensión
gracia, mucho menos habría un sustento jurídico válido y vigente que le permitiera
a la actora en calidad de compañera permanente supérstite solicitar para sí el
reconocimiento de un beneficio que es independiente y autónomo como sería la
denominada “pensión gracia post mortem”.
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43. Lo expuesto se justifica en la medida en que este derecho reclamado, por su
esencia gratuita, meritoria y dadivosa, es por naturaleza totalmente diferente al de
una pensión ordinaria de jubilación financiada con las cotizaciones del empleador
y del trabajador como fuente de respaldo económico y de carácter prestacional para
mitigar una contingencia como la vejez, o precisamente la muerte.
44. El explicado hecho diferencial entre la pensión gracia y la ordinaria,
necesariamente conlleva la imposibilidad jurídica de aplicar por favorabilidad como
lo hizo el tribunal de origen, de manera análoga, automática, indistinta, subsidiaria,
residual e ilimitada todas las normas del régimen general de seguridad social (Ley
100 de 1993), así como tampoco las propias del magisterio como el Decreto 224
de 1972, y mucho menos lineamientos jurisprudenciales anteriores al presente que
al encontrarse reevaluados no pueden ser observados con preferencia sobre las
nuevas posturas vigentes que tienen efectos retrospectivos sobre situaciones
jurídicas no ejecutoriadas como la presente.
45. Es decir, no resultaría acertado atender una serie de regulaciones extrañas y
ajenas a un derecho especial, sin reparo ni verificación del caso concreto, solo bajo
el argumento de que en lo no previsto de manera excepcional o ante un supuesto
vacío legal, siempre tendrá que acudirse a un marco normativo común consagrado
para otro tipo de prestaciones en procura de una supuesta complementación, toda
vez que puede suceder que el legislador dentro de su legítima libertad de
configuración no haya previsto como aplicables tales disposiciones adicionales.
46. En tal sentido, debido a que la normativa propia de la pensión gracia no
contempló ningún postulado que habilite su reconocimiento post mortem cuando el
titular principal no hubiera colmado todas las exigencias para ello, sería inadecuado
extender el régimen pensional general de manera absoluta y definitiva para todos
los casos en los que se formule este tipo de pretensiones, porque se
desnaturalizaría tal beneficio como fue ideado, e incluso iría en contra de su origen
y finalidad estrictamente personal (intuitu personae), los cuales no han cambiado a
pesar del paso del tiempo.
47. Incluso, si se intentara buscar una posibilidad jurídica para materializar un
derecho como el reclamado en este litigio, en virtud de una supuesta similitud de
condiciones frente a las analizadas previamente por esta corporación respecto de
la pensión gracia por invalidez, es decir, basándose en principios de orden
constitucional como la igualdad, la equidad, la proporcionalidad o la favorabilidad,
se deberá reiterar que, tal como se explicó ampliamente en las sentencias del 29
de mayo y del 9 de julio de 2024, tales postulados tampoco se encontrarían
vulnerados.
48. Con todo, en el caso particular es posible asegurar que, en atención a la nueva
postura jurídica de la Sección Segunda del Consejo de Estado, como el causante
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no cumplió los requisitos normativos para que le fuera reconocida una pensión
gracia antes de su muerte, resulta dable concluir que es inviable acceder a las
pretensiones de la demanda, por lo que tendrá que revocarse el fallo apelado, tal
como lo solicitó el Ministerio Público en su concepto.
De la condena en costas en ambas instancias
49. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
50. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
51. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
52. En consecuencia, se impondrán costas en ambas instancias en contra de la
parte demandante, por cuanto ante la prosperidad de la apelación de la entidad
demandada se revocará el fallo impugnado y, por tanto, la decisión proferida de
negar las pretensiones es contraria a los intereses de la primera, lo que implica que
ha resultado vencida en juicio. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 de
la misma norma, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente
de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del tribunal
de origen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
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Primero. REVOCAR la sentencia proferida el quince (15) de septiembre de dos mil
veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de la cual
se accedió a las pretensiones. En su lugar,
Segundo. Negar las súplicas de la demanda.
Tercero. Condenar en costas de ambas instancias a la parte demandante.
Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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