Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2018-00165-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2018-00165-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-33-000-2018-00165-02
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez
15 de julio de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, quince (15) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 0500-12-33-3000-2018-00165-02 (74.362)
Demandante: LUZ MARINA CASTRILLÓN OCHOA Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA Y OTROS
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA - CPACA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – MUERTE Y
DESPLAZAMIENTO FORZADO – CADUCIDAD
Síntesis del caso: el sindicalista Jorge Alberto Palacio Velásquez fue asesinado de manera
violenta el 23 de abril de 1993 en Medellín (Antioquia), luego de lo cual sus familiares se
desplazaron dentro y fuera de la ciudad; estos últimos solicitan la indemnización por parte
de las entidades demandadas por considerar que incumplieron sus deberes
constitucionales.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de
la sentencia proferida el 27 de febrero de 2026 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia – Sala Sexta de Decisión por medio de la cual se resolvió lo siguiente:
“Primero: Declarar probada la caducidad del medio de control reparación
directa intentado por Luz Marina Castrillón Ochoa y otros frente a la
Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, la Policía Nacional y
la Fiscalía General de la Nación.
Segundo: Como consecuencia de la declaración anterior, Denegar las
pretensiones de la demanda formulada por Luz Marina Castrillón Ochoa y
otros en contra de la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional,
la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
Tercero: Sin condena en costas en esta instancia” (fl. 11 índice 64 SAMAI
tribunal).
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Expediente 0500-12-33-3000-2018-00165-02 (74.362)
Actor: Luz Marina Castrillón Ochoa y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1 Pretensiones
Mediante escrito presentado el 19 de enero de 2018 (índice 1 SAMAI tribunal) los
señores Luz Marina Castrillón Ochoa (cónyuge), Diana Marcela Palacio Castrillón
(hija), quien actúa en nombre propio y en el de su hija menor de edad Paulina
Gómez Palacio (nieta); Rosa Irene Velásquez Uriba (madre) y Marta Cecilia del
Socorro, Mónica María, María Eugenia, Carlos Mario, Juan Manuel y José Luis
Palacio Velásquez (hermanos) promovieron demanda de reparación directa en
contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional,
y la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se hagan las siguientes
declaraciones y condenas:
“1.1 Que La Nación (Ministerio de Defensa: Ejército y Policía
Nacional) y la Fiscalía General de la Nación, son solidariamente
responsables, de responsabilidad administrativa, por todos los daños
antijurídicos inferidos a mis mandantes por violar el cumplimiento de los
fines del Estado, entre ellos el relativo al monopolio de la fuerza legítima,
a raíz de lo cual se produjo la muerte violenta del dirigente sindical señor
JORGE ALBERTO PALACIO VELASQUEZ (+) quien conformaba el
núcleo familiar más cercano de los actores, por acciones criminales de
grupos irregulares que operaban en el Municipio de Medellín (Ant.) y
lugares aledaños, y por el desplazamiento forzado de los demás
integrantes del núcleo familiar, quienes debieron desocupar el lugar de su
residencia, desarraigándose y desintegrándose como núcleo, para tomar
caminos
inciertos de sobrevivencia dentro de la ciudad y fuera de ésta, perdiendo
la fuente de sus ingresos, en hechos ocurridos el día 23 de abril de 1993.
1.2 Que consecuencialmente las Entidades demandadas deben
indemnizar a todos y cada uno de los actores de la siguiente manera:
• Reparación de los daños o perjuicios materiales.- Para su cónyuge,
en sus elementos de daño emergente y lucro cesante
consolidado y futuro.
Para lo anterior, se tuvo en cuenta la siguiente información:
Fecha nacimiento del difunto JORGE ALBERTO PALACIO VELASQUEZ
(+) 24 de febrero de 1955
Fecha de la muerte del señor JORGE ALBERTO PALACIO VELASQUEZ
(+) 23 abril de 1993
Edad al momento de la muerte: 38 años
Vida probable a la muerte: 37 años más de vida
Esperanza de vida en Colombia: 75 años
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Expediente 0500-12-33-3000-2018-00165-02 (74.362)
Actor: Luz Marina Castrillón Ochoa y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
Edad Estimada a hoy 62
Salario promedio que incluye auxilio de transporte, cesantías e intereses
y prima, debidamente indexados $2.924.823
Lucro cesante consolidado: Desde Fallecimiento hasta fecha de este
estudio Total $ 817.720.913
Lucro futuro: Desde fecha del estudio hasta Edad Vida probable Total $
309.234.787
Resumen
Lucro Cesante Consolidado $ 817.720.913
Lucro Futuro $ 309.234.787
Total $ 1.126.955.700
• Reparación de los daños o perjuicios morales.- Para todos y cada
uno de los actores, incluida la cónyuge, deberán ser indemnizados en
salarios mínimos legales mensuales vigentes, entre cien (100) y
doscientos (200) salarios y/o en una cantidad fijada por el fallador, según
su prudente arbitrio, de acuerdo con las circunstancias del proceso.
• Reparación de los daños a los Derechos Humanos y
Constitucionales.- Para todos y cada uno de los actores por el
desarraigo, la destrucción del hogar, la separación del entorno donde
nacieron y crecieron, la desunión familiar que provocó el desplazamiento,
pérdida de la vivienda digna y de los medios que les permitía el trabajo
para llevar una existencia digna, todo lo cual representa una alteración
fundamental de sus condiciones de existencia, deberán ser indemnizados
en salarios mínimos legales mensuales vigentes, entre cien (100) y
doscientos (200) salarios y/o en una cantidad fijada por el fallador, según
su prudente arbitrio, de acuerdo con las circunstancias del proceso.
1.3 Que en todo caso el Estado colombiano está en la obligación, no solo
de reparar los perjuicios plenos inferidos a los actores en la forma
indicada, sino de dar una reparación completa e integral garantizando la
“restitución; indemnización; rehabilitación; satisfacción y garantías de no
repetición”, en los términos de los principios y directrices básicos sobre el
derecho de las víctimas de violaciones a las normas de Derechos
Humanos y de Derecho Internacional Humanitario, acogida por la
Comisión de Derechos Humanos de la ONU, plasmado en la Ley 1448 de
2011.
1.4 Que dentro de la satisfacción y garantías de no repetición, el Estado
colombiano debe proceder a restablecer la dignidad, reputación y derecho
de las víctimas demandantes, y de las personas más vinculadas con ellas,
incluyendo disculpas, homenaje a las víctimas, inclusión en los manuales
de enseñanza del Municipio de Medellín (Ant.) y la fijación de una placa
conmemorativa del hecho violatorio del Derecho Internacional
Humanitario, en el lugar donde fue asesinado su esposo, padre, hijo,
abuelo y hermano, como símbolo de que no volverán a ocurrir crímenes
como el sucedido a JORGE ALBERTO PALACIO VELASQUEZ (+) que
afectó a toda la familia y sembró el pánico en la comunidad del Municipio,
llenado de dolor a sus deudos y a su comunidad.
1.5 Costas y agencias en derecho a cargo de las Entidades demandadas”
(fls. 2 y 3 archivo 3 exp. digital índice 2 SAMAI – mayúsculas sostenidas
y negrillas del texto original).
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Actor: Luz Marina Castrillón Ochoa y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
1.2 Hechos
Como fundamento fáctico se narró, en síntesis, lo siguiente:
1) El señor Jorge Alberto Palacio Velásquez ingresó a laborar en el Departamento
de Antioquia el 22 de septiembre de 1975 y a partir del mes de septiembre de 1985
se afilió a la Asociación de Servicios Públicos Departamentales y Municipales de
Antioquia (en adelante ADEA), organización sindical en la cual desempeñó cargo
de secretario, tenía fuero sindical y contaba con permiso sindical permanente.
2) El 23 de abril de 1993, mientras asistía a un seminario sindical organizado por la
Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado (FENALTRASE) “fue
cruelmente asesinado, estando en ejercicio de sus funciones, por lo cual este
homicidio es un accidente de trabajo” (fl. 4 ibidem).
3) La Fiscalía Seccional 126 de Medellín (Antioquia) inició la investigación previa
no. 24648 por el delito de homicidio, pero, las diligencias fueron archivadas, de
modo que ese órgano incumplió con “el deber de investigar los delitos ofensivos de
la humanidad”. “La impunidad de todos estos delitos en personas dedicadas a la
actividad organizativa de sindicatos, constituye una ofensa no solo a su familia si no
a la humanidad entera” (fl. 5 ibidem).
4) La familia del fallecido fue víctima de desplazamiento forzado dentro y fuera de
la ciudad, de modo que sus miembros quedaron dispersos.
5) La demandante Luz Marina Castrillón Ochoa solicitó al Estado indemnización
como víctima, la que obtuvo mediante la Resolución no. 2013-70147 del 1 de marzo
de 2013.
6) Se violaron los artículos 2 y 90 de la Constitución Política sobre los fines del
Estado, así como también los convenios internacionales dirigidos a la reparación de
las víctimas, como el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, artículo 11 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, el artículo 39 de la Convención sobre los
Derechos del Niño, entre otros.
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Expediente 0500-12-33-3000-2018-00165-02 (74.362)
Actor: Luz Marina Castrillón Ochoa y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
7) Por tratarse de una muerte violenta (asesinato mediante el mecanismo del
sicariato) y desplazamiento forzado se está ante delitos de lesa humanidad, motivo
por el cual no opera la caducidad.
2. Trámite relevante en primera instancia
Por auto proferido el 1 de febrero de 2018 el tribunal de primera instancia rechazó
la demanda por caducidad del medio de control de reparación directa, decisión que
fue objeto de apelación por parte de los demandantes y el Consejo de Estado en
auto de ponente dictado el 28 de junio de 2019 revocó la decisión con fundamento
en lo siguiente:
“De esta forma, bajo el panorama factico y probatorio preliminar no sería
posible limitar la posibilidad de acceso a la administración de justicia de
las presuntas víctimas del desplazamiento forzado, así como del presunto
crimen de asesinato del Jorge Alberto Palacio Velasquez, debido al
tratamiento diferenciado que debe tenerse en aquellos casos en los que
se alega la ocurrencia de delitos de lesa humanidad.
En tales condiciones, se revocara la decisión apelada y, en su lugar, se
ordenara dar trámite al presente asunto, para que el aspecto de la
caducidad del medio de control se analice al resolver de fondo la
controversia o cuando obre suficiente material probatorio que
permita establecer si existe o no la necesidad de brindar un trato
especial y diferenciado” (C002 archivo 4 exp. digital índice 2 SAMAI –
se resalta).
En virtud de la anterior decisión y luego de subsanarse debidamente, la demanda
fue admitida y se continuó con el trámite correspondiente.
3. Posición de las entidades demandadas
1) La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional (archivo 19 índice 2 SAMAI)
se opuso a las súplicas de la demanda y propuso las siguientes excepciones: (i)
“falta de legitimación en la causa por activa”, porque no se acreditó la condición de
desplazados de los demandantes; (ii) “falta de legitimación en la causa material por
pasiva”, por no demostrarse acción u omisión atribuible a la Policía Nacional, no
existe prueba de solicitudes previas de protección, amenazas o alertas tempranas
que permitieran prever el homicidio de Jorge Alberto Palacio Velásquez o el
presunto desplazamiento de su núcleo familiar; (iii) “hecho de un tercero”, debido a
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Actor: Luz Marina Castrillón Ochoa y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
que los hechos fueron atribuidos a grupos armados ilegales ajenos a la Fuerza
Pública; (iv) “falta de configuración y estructuración de los elementos de
responsabilidad extracontractual del Estado”, por ausencia de daño imputable, falla
del servicio y nexo causal; (v) “existencia de estrategias de seguridad materializadas
por la Policía Nacional”, con fundamento en las labores permanentes de seguridad
desplegadas en Medellín, y (vi) “caducidad”, porque los hechos ocurrieron en abril
de 1993 y la demanda se promovió más de 27 años después.
2) Por su parte, la Fiscalía General de la Nación (archivo 20 índice 2 SAMAI)
esgrimió las excepciones de (i) “caducidad del ejercicio del medio de control de la
reparación directa”, porque el término para demandar comenzó a correr desde el
conocimiento de la muerte de Jorge Alberto Palacio Velásquez ocurrida el 23 de
abril de 1993, y respecto del desplazamiento forzado desde el 1 de marzo de 2013,
fecha de inclusión en el Registro Único de Víctimas, por lo que al momento de
presentar la solicitud de conciliación prejudicial ya había operado el fenómeno de
caducidad; además, el caso no reúne los requisitos para ser considerado crimen de
lesa humanidad; (ii) “inepta demanda”, debido a la ausencia de desarrollo claro del
concepto de violación y de argumentación concreta respecto de las normas
presuntamente desconocidas por la Fiscalía General de la Nación; (iii) “inexistencia
de los presupuestos de la responsabilidad”, porque no se acreditó daño imputable
a la entidad ni solicitudes de protección, denuncias o incumplimiento de obligaciones
legales atribuibles a la Fiscalía; (iv) “ausencia de nexo de causalidad – inexistencia
falla del servicio”, por cuanto no se demostró incumplimiento de deberes funcionales
a cargo de la entidad ni relación causal entre su actuación y los daños alegados, y
(v) “objeción a los perjuicios”, por la falta de acreditación de la responsabilidad y del
vínculo jurídico del cual se derivarían.
3) Por último, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional (archivo 21
índice 2 SAMAI) interpuso las excepciones que se explican a continuación: (i)
“caducidad del medio de control de conformidad con sentencia de unificación del
Consejo de Estado en temas de lesa humanidad”, porque los demandantes
conocieron los hechos desde el 23 de abril de 1993 y no existían circunstancias que
les hubieran impedido acudir oportunamente a la jurisdicción; además, frente al
desplazamiento forzado la demanda fue promovida por fuera del término fijado por
la jurisprudencia constitucional; (ii) “falta de legitimación de la demandada Nación -
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Actor: Luz Marina Castrillón Ochoa y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
Ministerio de Defensa – Ejército”, debido a que no se aportó prueba sumaria que
acreditara participación de miembros del Ejército Nacional en los hechos y porque
la institución no tiene a su cargo el mantenimiento del orden público urbano; (iii)
“inexistencia de imputabilidad al Ejército Nacional”, por cuanto las funciones
constitucionales de las Fuerzas Militares se relacionan con la defensa de la
soberanía y el orden constitucional, no con actuaciones permanentes de control
dentro de poblaciones civiles; (iv) “inexistencia de medios probatorios que endilguen
responsabilidad a título de falla en el servicio de la entidad”, ante la ausencia de
elementos de convicción que demostraran acción u omisión atribuible al Ejército
Nacional; (v) “inexistencia de posición de garante”, porque la entidad no tenía
conocimiento previo de amenazas o riesgos concretos contra la víctima que le
impusieran un deber específico de protección; (vi) “tasación excesiva de perjuicios
inmateriales”, por considerar que las indemnizaciones reclamadas superaban los
criterios jurisprudenciales aplicables, y (vii) “sobre los perjuicios a bienes
constitucionalmente protegidos”, debido a que no se acreditó una afectación
autónoma que justificara ese reconocimiento y porque podría configurarse una
doble reparación.
4. Fijación del litigio y pruebas
A través de auto proferido el 21 de noviembre de 2024 el magistrado ponente de la
primera instancia tuvo por saneado el proceso y declaró no probada la excepción
previa de inepta demanda propuesta por la Fiscalía General de la Nación; frente a
las demás excepciones consideró que correspondían al fondo del asunto por lo cual
debían ser resueltas en la sentencia; por otra parte, fijó el litigio1, decretó las pruebas
y fijó fecha de audiencia para su práctica, la cual se desarrolló en condiciones
normales (índice 35 SAMAI tribunal).
En la mencionada audiencia de pruebas celebrada el 11 de marzo de 2025 se corrió
1
Lo hizo en los siguientes términos: “¿Existió responsabilidad por parte de la NACIÓN –
MINISTERIOR DE DEFENSA EJÉRCITO NACIONAL, POLICÍA NACIONAL y FISCALÍA GENERAL
DE LA NACIÓN, de los daños y perjuicios causados a los demandantes, por la muerte del señor
Jorge Alberto Palacios Velásquez en hechos ocurridos el 23 de abril de 1993? // ¿Existió
responsabilidad por parte de la NACIÓN –MINISTERIOR DE DEFENSA EJÉRCITO NACIONAL,
POLICÍA NACIONAL y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los daños y perjuicios causados a
los demandantes, debido al desplazamiento forzado que afirman tuvieron que realizar producto de
la muerte del señor Palacios Velásquez?” (fl. 5 índice 35 SAMAI tribunal).
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Actor: Luz Marina Castrillón Ochoa y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
traslado para alegar de conclusión (índice 58 SAMAI tribunal); todas las partes
presentaron sus alegaciones (índices 59 a 62 SAMAI tribunal).
5. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Sexta de Decisión en sentencia
dictada el 27 de febrero de de 2026 (índice 64 SAMAI tribunal) declaró probada la
excepción de caducidad y desestimó las pretensiones de la demanda porque se
probó que la muerte de Jorge Alberto Palacio Velásquez aconteció el 23 de abril de
1993 y no se acreditó la naturaleza del crimen de lesa humanidad alegado. Si bien
se probó que la víctima era miembro del sindicato ADEA, no se demostró la
existencia de un ataque sistemático contra sindicalistas de ese grupo en la época y
lugar específicos donde ocurrieron los hechos ni que los móviles del homicidio
estuvieran ligados a ese contexto, motivo por el cual se debía aplicar la regla general
de la caducidad. Incluso, en un ejercicio hipotético en el que se pudiera aplicar la
regla de la sentencia de unificación, la parte actora tampoco probó ni señaló una
fecha posterior a la muerte en la cual se hubiese conocido una supuesta
participación estatal.
En relación con el desplazamiento forzado alegado, se acreditó con las propias
declaraciones de las demandantes (esposa e hija de la víctima directa) que ellas se
establecieron en Estado Unidos desde 1995 y admitieron que realizaban visitas
continuas a sus familiares en Colombia; ese reasentamiento estable en el exterior y
la capacidad de ingresar y salir del país son pruebas de que la imposibilidad material
para acceder a la justicia había cesado, las demandantes ya no se encontraban en
situación de vulnerabilidad extrema y desarraigo total que caracteriza la fase aguda
del desplazamiento. Desde 1995 (fecha del reasentamiento) o, a más tardar, desde
que iniciaron sus visitas regulares a Colombia, ellas estaban en plena capacidad
material de otorgar un poder a un abogado en Colombia para que iniciara las
acciones legales pertinentes sin necesidad de exponer su seguridad personal;
asimismo, obra prueba de que en los años 2012 y 2013 adelantaron trámites
administrativos ante la Fiscalía y la Unidad de Víctimas en Colombia, lo cual
demuestra la posibilidad de acceder a las instituciones estatales, pese a lo cual la
solicitud de conciliación se presentó el 20 de septiembre de 2017, cuando ya habían
transcurrido más de dos décadas desde su reasentamiento y al menos cinco años
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Expediente 0500-12-33-3000-2018-00165-02 (74.362)
Actor: Luz Marina Castrillón Ochoa y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
desde sus últimos trámites administrativos conocidos. Aunado a ello, cuando se
profirió la sentencia de unificación de 2020 la parte actora tuvo la oportunidad
procesal (especialmente en sus alegatos de conclusión) de argumentar y probar por
qué, pese a su reasentamiento y visitas, persistía una imposibilidad material para
demandar, pero, tampoco se hizo.
6. El recurso de apelación
La parte actora (índice 67 SAMAI tribunal) expuso que el tribunal aplicó en forma
incompleta la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, porque contó el
término desde el homicidio ocurrido en 1993 o desde el reasentamiento familiar en
Estados Unidos en 1995, sin establecer cuándo las víctimas pudieron conocer una
posible participación estatal y acudir a la justicia materialmente; el fallo redujo
indebidamente la imposibilidad material a la capacidad física de otorgar poder o
adelantar trámites administrativos, pese al homicidio violento de un dirigente sindical
y el desplazamiento forzado, lo cual produjo un temor prolongado, el desarraigo y la
dispersión familiar; además, el archivo de la investigación penal sin individualización
de responsables conllevó a la ausencia de esclarecimiento judicial.
También cuestionó que el desplazamiento forzado se hubiera entendido superado
por el reasentamiento en el exterior, sin valorar su carácter continuado y prolongado,
y reprochó la fragmentación artificial entre homicidio y desplazamiento, pues, ambos
integraban una misma secuencia victimizante.
Finalmente, arguyó que el asunto exigía un enfoque reforzado de protección a
víctimas y una interpretación pro actione compatible con los artículos 2, 90 y 93 de
la Constitución, los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana y el ius cogens;
que es relevante tener en cuenta el reconocimiento administrativo de la señora Luz
Marina Castrillón Ochoa como víctima, así como también la sentencia T-450 de
2024 sobre el análisis reforzado de la caducidad en casos de desplazamiento
forzado y graves violaciones de derechos humanos, el caso debe examinarse dentro
del contexto de violencia antisindical y de orden público existente en Antioquia para
la época de los hechos. Con fundamento en ello solicitó revocar la sentencia,
declarar no probada la caducidad y disponer el estudio de fondo de las pretensiones.
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Actor: Luz Marina Castrillón Ochoa y otros
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis de la caducidad del medio de control judicial, 3) conclusión y,
4) condena en costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso las entidades demandadas
son patrimonialmente responsables de la muerte de Jorge Alberto Palacio
Velásquez el 23 de abril de 1993 por su condición de miembro sindical y el posterior
desplazamiento forzado de sus familiares, previo análisis de la instauración
oportuna de la demanda.
La sentencia de primera instancia será confirmada, debido a que se evidencia la
presentación extemporánea de la demanda, motivo por el cual no hay lugar a
examinar y decidir el fondo y mérito del asunto.
Si bien esta Subsección inicialmente consideró que la demanda no estaba
caducada, según consta en los antecedentes, ello se hizo de forma provisional y se
difirió la decisión sobre ese especifico punto procesal para el momento del fallo,
razón por la cual puede y debe definirse dicho aspecto en este momento del
proceso, además por lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA; también es preciso
tener en cuenta que dicha decisión provisional se tomó en un momento en el que
no existía un criterio unificado en la Sección Tercera al respecto.
2. Análisis de la caducidad del medio de control judicial
2.1 Muerte del señor Jorge Alberto Palacio Velásquez
1) El presente medio de control judicial se promovió por motivo del fallecimiento del
señor Jorge Alberto Palacio Velásquez el 23 de abril de 1993 en la ciudad de
Medellín (Antioquia), hecho que se encuentra probado con el respectivo registro civil
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Expediente 0500-12-33-3000-2018-00165-02 (74.362)
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de defunción que indica dicha fecha y el lugar de ese hecho, cuya causa fue
“múltiples proyectiles arma de fuego” (fl. 29 archivo 1 cdno. ppal. índice 2 SAMAI).
2) Un certificado obrante en el expediente da cuenta de que la víctima fue miembro
directivo sindical de la Asociación de Servidores Públicos Departamentales y
Municipales de Antioquia (ADEA), en la cual ocupó el cargo de secretario a partir
del año 1985 hasta el día de su muerte, “fecha en la cual participaba de una
actividad sindical” (fl. 56 ibidem).
3) De otra parte, al proceso se allegó igualmente un certificado expedido por la
Unidad de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal de la Fiscalía General de
la Nación en el que se informa que la Fiscalía Seccional no. 126 inició la
investigación no. 24648 con ocasión de la muerte violenta del señor Jorge Alberto
Palacio Velásquez, en la cual se profirió resolución de suspensión de la
investigación, “toda vez que no fue posible lograr la individualización e identificación
de los responsables y móviles del hecho” y se archivó el caso (fl. 59 archivo 1 cdno.
ppal. índice 2 SAMAI).
4) También obran unos recortes de periódicos en los cuales se aprecia la
divulgación de la noticia de la muerte de la víctima, pero, nada dicen en relación con
las particularidades o móviles de ese hecho (fls. 1 a 7 archivo 3 cdno. ppal. índice 2
SAMAI).
5) Con el anterior material probatorio no es posible determinar, en principio, que los
móviles del deceso de la víctima estuvieron relacionados con su actividad sindical,
como se alega en la demanda; sin embargo, la Sala no puede desconocer que la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas mediante la Resolución
no. 2013-70147 del 1 de marzo de 2013 incluyó a su esposa Luz Marina Castrillón
Ochoa junto con su grupo familiar en el Registro Único de Víctimas, por considerar
que él presuntamente murió en el marco del conflicto armado interno (fls. 8 a 10
archivo 3 cdno. ppal. índice 2 SAMAI).
6) En ese orden de ideas, la Sala estima que si bien presuntamente se trató de un
delito de lesa humanidad, lo cierto es que no hay prueba de que el conocimiento de
los hechos por parte de sus familiares demandantes hubiera sido posterior, como
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Actor: Luz Marina Castrillón Ochoa y otros
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tampoco hay prueba del conocimiento de la supuesta intervención del Estado en la
producción del daño con posterioridad a la muerte de la víctima.
7) La imputación de responsabilidad en la demanda se hizo en los siguientes
términos: “por violar el cumplimiento de los fines del Estado, entre ellos el relativo al
monopolio de la fuerza legítima, a raíz de lo cual se produjo la muerte violenta del
dirigente sindical (…), por acciones criminales de grupos irregulares que operaban
en el municipio de Medellín” (fl. 2 archivo 3 exp. digital índice 2 SAMAI), lo cual
significa una atribución de falla del servicio por omisión, que se habría consumado
en el momento mismo en que el grupo armado ilegal actuó, esto es, el 23 de abril
de 1993.
8) De conformidad con lo anterior y en atención a que no se trató de una
desaparición forzada o de un delito que hubiera impedido a los actores tener
conocimiento del hecho en el mismo momento de su ocurrencia, el término de
caducidad se debe computar a partir de la fecha del fallecimiento de la víctima, pues,
no hay justificación alguna acreditada en este caso que impida aplicar el
presupuesto procesal de la acción referente a la oportunidad de la demanda.
9) En ese contexto, dado que la demanda se presentó el 19 de enero de 20182 se
impone concluir que fue de manera extemporánea, esto es, con posterioridad al
vencimiento del período de 2 años previsto en el artículo 164 del CPACA; en
consecuencia, la Sala encuentra probada la caducidad del medio de control judicial
activado con aquella.
10) Ahora bien, tampoco hay prueba de que los actores estuvieron en imposibilidad
de acceder a la justicia, pues está acreditado en el expediente que ellos tuvieron la
posibilidad de acudir a las autoridades administrativas al menos desde el año 2013
cuando fueron incluidos como víctimas fecha a partir de la cual también operó la
caducidad.
2
La solicitud de conciliación prejudicial se presentó el 20 de septiembre de 2017, la cual se declaró
fallida según constancia expedida el 6 de diciembre de 2017 (fls. 20 a 22 archivo 3 cdno. ppal. índice
2 SAMAI).
13
Expediente 0500-12-33-3000-2018-00165-02 (74.362)
Actor: Luz Marina Castrillón Ochoa y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
11) El anterior examen compagina con los criterios establecidos en la sentencia de
unificación de la Sección Tercera del 29 de enero de 20203 para el análisis de la
caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los
delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que
se pueda solicitar la declaración de responsabilidad patrimonial al Estado4,
postulados que fueron acogidos por la Corte Constitucional en sentencia SU-312 de
20205 con la aclaración de que el juez contencioso administrativo debe analizar las
particularidades de cada asunto en concreto, y que la desestimación del medio de
control judicial de reparación directa por caducidad no le impide al perjudicado
obtener la compensación económica del daño causado por otras vías6.
12) Adicionalmente, debe advertirse que la Corte reiteró esa postura en sentencia
SU-167 de 20237 y agregó que “la aplicación del fallo de unificación de la Sección
Tercera del Consejo de Estado debe realizarse teniendo en cuenta la necesidad de
readecuar el trámite para brindar oportunidad a las partes de ajustarse a las nuevas
cargas y posibilidades procesales que este contiene”; esta Sala no encuentra
necesario readecuar el trámite en el caso concreto debido a que la parte actora ya
tuvo oportunidad en este proceso de esgrimir argumentos para justificar la
interposición de la demanda tantos años después de sucedidos los hechos, pues,
la sentencia de primera instancia se profirió con posterioridad a la sentencia de
3
Consejo de Estado – Sala Plena de la Sección Tercera, proceso no. 85001-33-33-002-2014-00144-
01(61033)A, MP Marta Nubia Velásquez Rico. La Sala aclara que esta sentencia de unificación es
aplicable al caso concreto, toda vez que, con independencia de que fue expedida con posterioridad
a la interposición de la demanda, lo cierto es que su aplicación es inmediata. La Corte Constitucional,
en sentencia SU-312 de 2020, además de ratificar la regla de unificación del Consejo de Estado, al
resolver el caso concreto, la aplicó de manera inmediata o retroactiva y advirtió que no se incurría
en violación del precedente porque antes de la unificación existían posiciones divergentes respecto
de la caducidad de la acción de reparación directa por un daño que tenía su origen en un crimen de
lesa humanidad.
4
Estos son: “i) en tales eventos resulta aplicable el término para demandar establecido por el
legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa,
se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción
u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el
término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido
materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo
de ley”.
5
Sentencia del 13 de agosto de 2020, expediente no. T-7243742, MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.
6
Como el incidente de reparación integral en el marco del proceso penal que se adelante en contra
del responsable material del delito de lesa humanidad o el trámite de indemnización administrativa.
7
Sentencia del 18 de mayo de 2023, expediente no. expediente T-8.473.096, MP Diana Fajardo
Rivera.
14
Expediente 0500-12-33-3000-2018-00165-02 (74.362)
Actor: Luz Marina Castrillón Ochoa y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
unificación del Consejo de Estado de 2020 e incluso con posterioridad a la aludida
sentencia de la Corte Constitucional de 2023; sin embargo, los argumentos
expuestos en el recurso de apelación no son de recibo por esta Sala.
13) En ese orden de ideas, las particularidades de este caso no permiten avizorar
que una eventual readecuación del trámite pueda dar lugar a un cambio en el
sentido de esta decisión, pues, de lo acreditado en el proceso y asegurado en la
demanda hay absoluta certeza de que desde el conocimiento del hecho dañoso
operó la caducidad, no hay prueba de que por elementos posteriores hubieran
conocido de una supuesta participación del Estado y tampoco hay elemento
probatorio que permita inferir que los demandantes estuvieron impedidos para
ejercer el derecho de acción en tiempo al menos después del año 2013; de las
pruebas allegadas al proceso no se desprende nada que cambie la aplicación las
reglas jurisprudenciales de unificación tratadas sobre esa materia8.
2.2 Desplazamiento forzado de los familiares
1) En este caso también se demanda por el desplazamiento forzado que habrían
sufrido los demandantes, hecho que se asegura en la demanda tuvo
ocurrencia inmediatamente después de ocurrido el fallecimiento de su familiar.
2) Según las propias declaraciones de la esposa e hija de la víctima directa,
rendidas en el proceso, ellas se fueron a vivir a Estados Unidos en el año 1995
porque recibieron amenazas después de la muerte de su familiar, mediante
llamadas telefónicas en las cuales les decían que no averiguaran nada sobre ese
hecho ni reclamaran nada. Aseguraron que viajan a Colombia una o dos veces al
año para visitar a sus familiares9. En el proceso también rindieron testimonio tres
personas, quienes coinciden con lo dicho por ellas; además, también aseguraron
8
En similar sentido se pronunció esta Sala en sentencia proferida el 7 de febrero de 2025, proceso
no. 05001-23-33-000-2018-00148-01 (71.697), MP Fredy Ibarra Martínez.
9
Incluso en el expediente obra prueba de que la nieta de la víctima directa, eso es, la hija de Diana
Palacio (Paulina Gómez Palacio), nació en Atlanta (Estados Unidos) el 4 de diciembre de 2005,
según certificado de nacimiento expedido por ese país (fl. 35 archivo 1 cdno. ppal. índice 2 SAMAI).
15
Expediente 0500-12-33-3000-2018-00165-02 (74.362)
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Reparación directa - apelación de sentencia
que algunos de los hermanos de la víctima se cambiaron de residencias10; por su
parte, la madre de la víctima nunca salió de su residencia por problemas de salud
(índice 58 SAMAI tribunal).
3) Sobre este punto objeto de análisis, debe advertirse que en la sentencia SU-254
de 201314 la Corte Constitucional estableció una regla excepcional en materia de
caducidad por hechos relacionados con el desplazamiento forzado, según la cual
los dos (2) años establecidos por la ley para presentar las respectivas demandas de
reparación directa podían ser contabilizados a partir de la ejecutoria de la referida
decisión judicial -22 de mayo de 2013- como garantía de acceso a la administración
de justicia a un sector especial y vulnerable de la población.
4) De modo que en estos casos el término de caducidad para elevar las
pretensiones de reparación directa debe contabilizarse, a más tardar, a partir del 23
de mayo de 2013; es decir, que las demandas se podían presentar hasta el 23 de
mayo de 2015, por ser esta fecha más favorable a los demandantes;
por consiguiente, debido a que en el presente asunto la parte actora presentó
la demanda el 19 de enero de 2018 se impone concluir que se acudió a esta
jurisdicción por fuera del término de 2 años previsto para el efecto en el artículo 164
del CPACA.
5) No hay justificación alguna acreditada en este caso que impida aplicar el
presupuesto procesal referente a la oportunidad de la demanda, tampoco hay
prueba de que los actores estuvieron en imposibilidad de acceder a la justicia. Se
demostró que viajan a Colombia sin ningún problema y además acudieron a las
autoridades administrativas en el año 2013, como ya se dijo previamente.
6) En efecto, la Sala encuentra que la parte demandante no acreditó ninguna
situación material que le hubiese impedido acudir con antelación a esta jurisdicción
para presentar la correspondiente demanda por el daño alegado, esto es, no hay
10
La señora Marta Cecilia del Socorro se trasladó de Bello a Medellín pero no se especifican fechas,
Mónica María se fue un tiempo a México y también a Bello, pero, ya lleva entre 5 y 10 años en
Medellín, José Luis Palacio se desplazó a El Bagre (Antioquia) desde la ocurrencia de los hechos y
sigue viviendo allá, Carlos Mario y Juan Manuel no se desplazaron o al menos quienes declaran no
saben que eso hubiere ocurrido y respecto de María Eugenia hay declaraciones opuestas porque
mientras un testigo dice que no se desplazó otra afirma que se desplazó entre distintos barrios de
Bello sin especificar fechas.
16
Expediente 0500-12-33-3000-2018-00165-02 (74.362)
Actor: Luz Marina Castrillón Ochoa y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
elemento de juicio que permita considerar, fundadamente, que los demandantes se
encontraban en una situación material de carácter particular, especial y grave que
le impidiera presentar la respectiva demanda de reparación directa, pues, aunque
no se desconoce que el desplazamiento forzado genera consecuencias negativas
para quienes lo padecen, esta Sala ha establecido que esta situación no constituye,
por sí misma, un justificación válida para encontrar configurada la imposibilidad
material de acceder a la administración de justicia.
7) Por lo expuesto, no hay lugar a un pronunciamiento sobre el fondo del asunto; en
consecuencia, se modificará la sentencia apelada que declaró probada la excepción
de caducidad del medio de control judicial ejercido con la demanda, pero, denegó
las pretensiones de la demanda, lo cual no es correcto, por lo tanto, solamente se
dejará en la parte resolutiva dicha declaración de caducidad y se eliminará el ordinal
relativo a la denegación de súplicas de la demanda.
3. Conclusión
Como la demanda se presentó cuando el medio de control jurisdiccional de
reparación directa ya había caducado se impone confirmar ese punto de la
sentencia apelada.
4. Condena en costas
No se condenará en costas procesales de la segunda instancia porque en el caso
concreto se discute un tema de lesa humanidad.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA:
1º) Modifícase la sentencia proferida el 27 de febrero de 2026 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Sexta de Decisión, la cual queda así:
17
Expediente 0500-12-33-3000-2018-00165-02 (74.362)
Actor: Luz Marina Castrillón Ochoa y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
“Primero: Declarar probada la caducidad del medio de control reparación
directa intentado por Luz Marina Castrillón Ochoa y otros frente a la
Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, la Policía Nacional y
la Fiscalía General de la Nación.
Segundo: Sin condena en costas en esta instancia”.
2°) Sin condena en costas.
3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen,
previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Sala
ALBERTO MONTAÑA PLATA DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
Aclara voto
La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con los artículos 1 y 2 de
la Ley 2213 de 2022.
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