Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2018-00148-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2018-00148-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-33-000-2018-00148-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
17 de abril de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, diecisiete (17) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 05001-23-33-000-2018-00148-01 (71.697)
Actor: ANA LUCÍA BETANCUR MONTOYA Y OTROS
Demandados: MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL
Y OTROS
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA – LEY 1437 DE 2011
Asunto: CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA
Síntesis del caso: los señores Jorge Luis Betancur Buitrago y Carlos Mario Gómez Atehortúa
fueron torturados y asesinados a manos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) el 5
de septiembre de 2002 en la vereda Berracal del municipio de Guarne (Antioquia), luego de lo
cual sus familiares fueron obligados a desplazarse de sus residencias; estos últimos solicitaron
la indemnización por parte de las entidades demandadas por considerar que su omisión de
protección y/o aquiescencia de los hechos repercutieron directamente en la causación del daño.
Procede la Sala a dar cumplimiento al fallo de tutela dictado por la Sección
Tercera – Subsección A del Consejo de Estado el 13 de febrero de 2026 que
amparó el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de
Libia Margarita Montoya y, en consecuencia, dejó sin efectos el ordinal segundo
de la parte resolutiva de la sentencia emitida el 7 de febrero de 2025 en el
presente proceso para que en su lugar se dicte decisión de reemplazo
únicamente en relación con la condena en costas.
De este modo, la Sala procede a pronunciarse respecto de la condena en
costas en segunda instancia con ocasión del recurso de apelación interpuesto
por la parte actora en contra de la sentencia proferida el 17 de abril de 2024 por
el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Sexta de Decisión, por medio de
la cual se declaró probada la excepción de caducidad del medio de control
judicial activado con la demanda.
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Expediente 05001-23-33-000-2018-00148-01 (71.697)
Actor: Ana Lucía Betancur Montoya y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
A través de escrito presentado el 17 de enero de 2018 (índice 1 SAMAI primera
instancia) los señores Libia Margarita Montoya Zapata y otros promovieron
demanda de reparación directa en contra de la Nación – Presidencia de la
República – Ministerio del Interior – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional
– Policía Nacional con el fin de que se las declare patrimonialmente
responsables de la totalidad de perjuicios irrogados a los demandantes con el
secuestro, la tortura y la muerte de Jorge Luis Betancur Buitrago y Carlos Mario
Gómez Atehortúa por parte de miembros de las AUC en la vereda La Berracal
en jurisdicción del municipio de Guarne (Antioquia), y por el desplazamiento
forzado subsiguiente de sus familiares demandantes. El fundamento de la
responsabilidad de las entidades demandadas se efectuó tanto por acción
(aquiescencia) como por omisión (falta de seguridad).
2. La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Sexta de Decisión, en sentencia
proferida el 17 de abril de 2024 (índice 108 SAMAI primera instancia) declaró
probada la excepción de caducidad y desestimó las pretensiones de la
demanda porque se probó que la muerte de Jorge Luis Betancur Buitrago y
Carlos Mario Gómez Atehortúa ocurrió el 5 de septiembre de 2002 de manera
violenta y, según lo afirmado en la demanda y las pruebas practicadas en el
proceso, los habitantes conocían y eran conscientes de las omisiones de la
Fuerza Pública en el momento de los hechos, en ese orden de ideas el término
de caducidad empezó a correr desde el día siguiente a la muerte de las
víctimas.
En relación con el desplazamiento forzado, se probó que desde el año 2006
lograron una relativa estabilidad porque los paramilitares llegaron a acuerdos
de paz con el Gobierno Nacional, razón por la cual, a partir de ese momento
los demandantes tuvieron la posibilidad de acudir a la administración de
justicia, sin embargo, presentaron la demanda en el año 2017; incluso si se
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Expediente 05001-23-33-000-2018-00148-01 (71.697)
Actor: Ana Lucía Betancur Montoya y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
tiene en cuenta el plazo establecido por la Corte Constitucional para estos
casos que, es el 23 de mayo de 2015, también se hizo de manera
extemporánea, sin que la parte acreditara la existencia de circunstancias
excepcionales para aplicar un término de caducidad distinto al legalmente
establecido.
3. El recurso de apelación
La parte actora (índice 113 SAMAI primera instancia) sostiene que cuando se
interpuso la demanda la jurisprudencia vigente permitía demandar por daños
causados con delitos de lesa humanidad en cualquier momento y, luego, con
la sentencia de unificación que modificó esa postura en el año 2020 se
determinó que para el cómputo de la caducidad se debe establecer el momento
a partir del cual las víctimas conocieron de la participación del Estado en los
hechos.
Fue desde el 12 de febrero de 2020 cuando se notificó la sentencia proferida
por el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín en la cual se determinó que había
un actuar sistemático y generalizado por parte del Bloque Metro de las AUC en
contra de la población civil que fue conocido y auspiciado por la Fuerza Pública;
en todo caso, solicita que se privilegie el derecho de acceso a la administración
de justicia por tratarse de un delito de lesa humanidad y se acceda a las
súplicas de la demanda.
4. La sentencia objeto de la acción de tutela
En sentencia dictada el 7 de febrero de 2025 el Consejo de Estado - Sección
Tercera - Subsección B confirmó el fallo de primera instancia que declaró
probada la excepción de caducidad del medio de control judicial ejercido con la
demanda, por haberse acreditado que se acudió a esta jurisdicción por fuera
del término de dos (2) años previsto para el efecto en el artículo 164 del CPACA;
en consecuencia, condenó en costas de la segunda instancia a la parte actora
en favor de las entidades demandadas por haber desestimado el recurso de
apelación de la parte demandante, de conformidad con los artículos 188 del
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Expediente 05001-23-33-000-2018-00148-01 (71.697)
Actor: Ana Lucía Betancur Montoya y otros
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CPACA y 365 (numeral 3) del CGP1 (índice 16 SAMAI). La parte resolutiva de
la sentencia quedó así:
“1º) Confírmase la sentencia proferida el 17 de abril de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Sexta de Decisión.
2°) Condénase en costas de la segunda instancia a la parte actora en favor
de las entidades demandadas, tásense de manera concentrada por el
tribunal de primera instancia.
3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor”
(negrillas originales).
5. La acción de tutela
1) La señora Libia Margarita Montoya Zapata, una de las demandantes del
proceso de la referencia, promovió la acción de tutela contra la anterior decisión
por estimar que se violaron sus derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia con ocasión de la aplicación restrictiva
del artículo 188 del CPACA y 365 del CGP, por el hecho de haberse condenado
en costas a los demandantes, sin tener en cuenta la condición de víctimas de
violación de derechos humanos en el conflicto armado, por lo que gozaban de
especial protección constitucional y era procedente aplicar la excepción
consagrada en dicha norma (índice 2 SAMAI 2025-04714-00).
2) El 31 de octubre de 2025, el Consejo de Estado – Sección Cuarta amparó el
derecho de acceso a la administración de justicia de la tutelante y dejó sin
efectos el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia que condenó
en costas a la parte actora en favor de las entidades demandadas, por
encontrar que en el aspecto de la sentencia cuestionado por la actora incurrió
en un defecto de desconocimiento de precedente constitucional contenido en
la Sentencia SU-241 de 2024, en el cual la Corte Constitucional fijó la regla
jurisprudencial conforme a la cual, en casos de procesos judiciales en los que
se discuten graves violaciones a los derechos humanos, no resulta procedente
la condena en costas, pues, según el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 se
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En dicha decisión el magistrado Alberto Montaña Plata salvó el voto parcialmente por
considerar que no se debía declarar la caducidad respecto del desplazamiento forzado por
tratarse de un daño continuado (índice 25 SAMAI).
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Actor: Ana Lucía Betancur Montoya y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
trata de un asunto de interés público (índice 39 SAMAI 2025-04714-00).
3) Contra la anterior decisión el Ministerio de Defensa presentó impugnación,
la cual fue resuelta por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección
A en sentencia proferida el 13 de febrero de 2026 (índice 5 SAMAI 2025-04714-
01), mediante la cual confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia
en cuanto a la decisión de amparar el derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia de la actora y, en consecuencia, dejó sin efectos el
ordinal segundo de la parte dispositiva de la sentencia proferida por esta
Subsección el 7 de febrero de 2025; sin embargo, modificó parcialmente la
sentencia de primera instancia en el sentido de ordenar a esta Subsección que
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de esa providencia se
profiera una decisión de reemplazo, pero, únicamente en lo atinente a la
condena en costas, bien sea para aplicar la regla jurisprudencial fijada en la
sentencia SU-241 de 2024 o para que cumpla con la carga respectiva para
apartarse de la misma, de conformidad con las siguientes consideraciones:
a) En la referida sentencia SU-241 de 2024 la Corte Constitucional fijó una regla
jurisprudencial conforme a la cual no resulta procedente la condena en costas
a la parte demandante en eventos en los que se discuten eventuales
violaciones a los derechos humanos, tales como crímenes de guerra o de lesa
humanidad, independiente del resultado del proceso, motivo por el cual, la regla
aplica, incluso si se niegan las pretensiones o no se solicitó el amparo de
pobreza dentro del desarrollo del proceso judicial.
b) La Subsección B de la Sección Tercera no tuvo en cuenta esa sentencia de
unificación que fijó una regla jurisprudencial relacionada con la interpretación y
aplicación de los numerales 1 y 3 del artículo 365 del Código General del
Proceso, enunciados normativos que aunque admiten varias interpretaciones,
especialmente referidas a si la condena en costas está sometida a un criterio
objetivo o valorativo, lo cierto es que en casos en los que se discuten graves
violaciones a los derechos humanos no resulta conducente aplicar el criterio
objetivo, pues, no se atiende a la condición de los demandantes, sujetos de
especial protección constitucional por tratarse de víctimas del conflicto armado.
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Expediente 05001-23-33-000-2018-00148-01 (71.697)
Actor: Ana Lucía Betancur Montoya y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
c) El juez de la reparación debió tener en cuenta la calidad de la parte
demandante y examinar si se trataba de un sujeto de especial protección
constitucional. En el caso de la Sentencia SU-241 de 2024, para la Corte
Constitucional, resultó relevante que la actora era una mujer que se había visto
obligada huir de su domicilio, situación equiparable a la que vivió la actora del
asunto de la referencia, Libia Margarita Montoya, quien afirma ser víctima del
conflicto armado y haber sufrido desplazamiento forzado.
d) Es necesario que se profiera decisión de reemplazo, en los términos
anunciados en precedencia, “con el fin de maximizar la protección
constitucional definida en la sentencia y al mismo tiempo, proteger la autonomía
e independencia judicial de la corporación judicial accionada” (fl. 11 ibidem).
4) La mencionada providencia de acción de tutela fue conocida por el despacho
sustanciador el 9 de marzo de 2026 por notificación vía correo electrónico,
motivo por el cual el 10 de marzo siguiente se ordenó la reactivación del
proceso y el mismo día se produjo el ingreso al despacho para elaborar
proyecto de sentencia de reemplazo (índice 28 SAMAI).
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
En principio, cuando la providencia del superior confirma en todas sus partes la
de primera instancia, lo cual ocurrió en el presente asunto, se debe condenar
al recurrente en las costas de la segunda. En efecto, así lo dispuso el artículo
365 numeral 3 del Código General del Proceso:
“Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las
actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la
condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
(…).
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la
de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la
segunda”.
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Expediente 05001-23-33-000-2018-00148-01 (71.697)
Actor: Ana Lucía Betancur Montoya y otros
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Sin embargo, la Corte Constitucional en sentencia SU-241 de 2024 estableció
que el ordenamiento jurídico consagra excepciones para la aplicación de dicha
figura procesal, en aras de asegurar el respeto y la realización de los principios,
derechos y deberes constitucionales en favor de las víctimas de graves
violaciones a los derechos humanos, de modo que la condena en costas en
esos casos resulta irrazonable y desproporcionada.
Justamente, el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, contiene una excepción a la regla general de
disponer sobre la condena en costas, en aquellos casos donde se ventile un
interés público, así:
“ARTÍCULO 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en
que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas
cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta
carencia de fundamento legal” (se resalta).
En el caso específico analizado por la Corte Constitucional en la citada
sentencia de unificación referida, explicó que el juez que impuso la condena en
costas no tomó en consideración la calidad de sujetos de protección
constitucional reforzada de la actora y de su familia, circunstancia que daba
lugar a aplicar la excepción contemplada en el artículo 188 del CPACA, toda
vez que se ventilaba una cuestión de interés público en la medida en que, en
virtud de lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2017, es de interés público
el resarcimiento a las víctimas del conflicto armado.
En ese sentido la Corte Constitucional dispuso que “la fijación en costas debe
guardar un criterio de razonabilidad y proporcionalidad sobre todo atendiendo
la calidad de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos que
ostentan los accionantes, pues puede desincentivar el ejercicio de la acción de
reparación directa de otras víctimas ante el temor de ser condenados en costas
por los jueces administrativos”.
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Expediente 05001-23-33-000-2018-00148-01 (71.697)
Actor: Ana Lucía Betancur Montoya y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
Por lo tanto, como en el presente asunto se demandó por el fallecimiento de los
familiares de los demandantes como consecuencia de una masacre perpetrada
por las AUC, es decir, se discute un asunto de lesa humanidad, y también se
demandó por el desplazamiento forzado que habrían sufrido los demandantes
luego de ese hecho, los actores demandaron en condición de víctimas de
graves violaciones a los derechos humanos, motivo por el cual debe aplicarse
la excepción contenida en el artículo 188 del CPACA, tal como lo dispuso la
Corte Constitucional para estos casos.
En consecuencia y en atención a la orden de tutela esta Sala dictará decisión
de reemplazo del ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia
proferida el 7 de febrero de 2025 en el caso de la referencia que había
condenado en costas a la parte actora, para en su lugar disponer la no condena
en costas.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN
B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Reemplázase el ordinal segundo de la parte resolutiva de la
sentencia proferida el 7 de febrero de 2025 por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en el proceso de la referencia, el cual queda
así:
“2°) Sin condena en costas”.
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Expediente 05001-23-33-000-2018-00148-01 (71.697)
Actor: Ana Lucía Betancur Montoya y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
Segundo: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal
de origen, previas las respectivas constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Sala
Magistrado
ALBERTO MONTAÑA PLATA DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con los
artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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