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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2018-01482-01

Fecha
1 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2018-01482-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Confírmase la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Sexta de Decisión. 10 En similar sentido se pronunció esta Sala en sentencia proferida el 7 de febrero de 2025, proceso no. 05001-23-33-000-2018-00148-01 (71.697), MP Fredy Ibarra Martínez. 13 Expediente 05001-23-33-000-2018-01482-01 (72.394) Actor: Hermelina De Jesús Atehortúa y otros Reparación directa - apelación de sentencia 2°) Sin condena en costas. 3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-33-000-2018-01482-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

1 de diciembre de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, primero (1°) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 05001-23-33-000-2018-01482-01 (72.394)
Demandante: HERMELINA DE JESÚS ATEHORTÚA Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA Y OTROS
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA - CPACA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – MUERTE EN
CONFLICTO ARMADO INTERNO – CADUCIDAD

Síntesis del caso: el joven Henry Arley Mazo Atehortúa fue asesinado a manos de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) el 18 de noviembre de 2002 en el municipio de Guarne
(Antioquia); sus familiares solicitan la indemnización por parte de las entidades demandadas por
considerar que su omisión de protección y/o aquiescencia de los hechos repercutieron
directamente en la causación del daño.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra
de la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Sexta de Decisión por medio de la cual se
declaró probada la excepción de caducidad y se desestimaron las pretensiones
de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1 Pretensiones

Mediante escrito presentado el 13 de julio de 2018 (fl. 1 archivo 3 índice 2
SAMAI) los señores Hermelina de Jesús Atehortúa Agudelo, Efraín Antonio
Mazo Henao, Édison Fernando , Giovany, Jorge Armando, Luz Estella y Édgar
Antonio Mazo Atehortúa y Liliana María, Héctor Emelia, Leidy Yaneth y Elisabeth

2
Expediente 05001-23-33-000-2018-01482-01 (72.394)
Actor: Hermelina De Jesús Atehortúa y otros
Reparación directa - apelación de sentencia

Atehortúa promovieron demanda de reparación directa en contra de la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional, Ministerio del
Interior y la Presidencia de la República con el fin de que se hagan las siguientes
declaraciones y condenas:

“DECLÁRESE que a la NACIÓN-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA-
MINISTERIO DEL INTERIOR- MINISTERIO DE DEFENSA-
EJÉRCITO y POLICÍA NACIONAL, son administrativa y
solidariamente responsables de la totalidad de los daños y perjuicios
irrogados a los demandantes por la muerte de HENRY ARLEY MAZO
ATEHORTUA, a manos de miembros de la ACCU-AUC-Bloque Metro,
el 18 de noviembre de 2002, al frente del restaurante El Encanto sobre
la autopista Medellín-Bogotá en jurisdicción del municipio de Guarne-
Antioquia-hecho reconocido por el postulado WILSON ADRIAN
HERRERA MONTOYA alias "PEDRO".

CONDÉNESE a la NACIÓN-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA-
MINISTERIO DEL INTERIOR- MINISTERIO DE DEFENSA-
EJÉRCITO y POLICÍA NACIONAL, a indemnizar a los demandantes
los siguientes perjuicios: (…)1” (fl. 2 ibidem – mayúsculas sostenidas
del texto original).

1.2 Hechos

Como fundamento fáctico se narró, en síntesis, lo siguiente:

1) El 18 de noviembre de 2002, a las 2:30 pm, aproximadamente, el joven Henry
Arley Mazo Atehortúa fue asesinado por el señor Wilson Adrián Herrera Montoya
con varios impactos de arma de fuego cuando se encontraba en frente del
restaurante El Encanto, ubicado sobre la autopista que de Medellín conduce a
Bogotá en la jurisdicción del municipio de Guarne (Antioquia), en momentos en
que la víctima intentaba reparar la motocicleta en la cual se transportaba porque
presentaba fallas mecánicas.

2) El móvil de ese hecho consistió en que la víctima informó a varias personas
que se lo preguntaron y resultaron ser miembros del “F2”, que el señor Wilson
Adrián Herrera Montoya vivía en la vereda La Pastorcita del citado municipio, lo
cual motivó a que dicho señor llamara por teléfono a la casa de la víctima en
donde contestó su madre, llamada en la cual le advirtió que iba a matar a su hijo;

1
La Sala se abstiene de transcribir las pretensiones indemnizatorias debido a la extensión del
texto.

3
Expediente 05001-23-33-000-2018-01482-01 (72.394)
Actor: Hermelina De Jesús Atehortúa y otros
Reparación directa - apelación de sentencia

la señora Hermelina de Jesús Atehortúa Agudelo sabía que él pertenecía a las
Autodefensas Unidas de Colombia y que era “inútil acudir a la Policía ya que los
paramilitares actuaban protegidos por ellos” (fl. 8 ibidem).

2) Varios días después ocurrió el asesinato, cuando el perpetrador viajaba en
una buseta por la mencionada autopista vio a la víctima indefensa, se bajó del
automóvil y disparó su arma de fuego, según lo reconoció en su versión libre en
Justicia y Paz, en la cual además confesó que su objetivo era eliminar a cualquier
subversivo para lo cual contaba con el apoyo de miembros de la Fuerza Pública
(Policía y Ejército), quienes permitían su accionar sin perturbarlo.

3) “El accionar del paramilitar para asesinar en completo estado de indefensión
al joven Mazo Atehortúa es muestra clara de la magnitud del abandono del
Estado a la población civil, pues estos andaban armados de manera libre sin
ningún control, lo que solo permite concluir, que los paramilitares conocían de
antemano que no iban a ser ‘importunados’ en su ‘labor’ por ninguna autoridad,
situación que demuestra a todas luces que la fuerza pública Policía y Ejército,
antes de que los paramilitares cometieran este tipo de acciones ya las habían
planeado entre ellos” (fl. 9 ibidem).

4) “La responsabilidad del Estado en el presente caso es clara ya por acción ora
por omisión en el deber de velar por la vida, honra y bienes de los asociados las
autoridades legalmente constituidas, que permitieron que se presentarán los
hechos por los cuales se demanda, pues además de no haber acudido al llamado
de la población, de diferentes estudios nacionales e internacionales del
fenómeno del Paramilitarismo en Colombia y de las mismas declaraciones de
los Paramilitares que se encuentran detenidos y están confesando sus delitos,
se ha establecido la connivencia de miembros de las fuerzas armadas del Estado
con los Paramilitares e incluso de llegar a afirmar que sin la ayuda -directa o
indirecta- de diferentes autoridades del Estado no hubieran logrado crecer y
consolidar su organización” (fl. 10 ibidem).

2. Posición de las entidades demandadas

1) La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional (fls. 163 a 188 archivo 3

4
Expediente 05001-23-33-000-2018-01482-01 (72.394)
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Reparación directa - apelación de sentencia

índice 2 SAMAI) se opuso a las súplicas de la demanda y propuso las siguientes
excepciones: (i) “caducidad”, por cuanto los demandantes reconocen que
tuvieron conocimiento del hecho el 18 de noviembre de 2002 y la presunta
complicidad de la Fuerza Pública se soporta en una versión libre cuyo certificado
expedido por la Fiscalía General de la Nación aportado al proceso tiene la fecha
del 24 de septiembre de 2009; (ii) “causal de exoneración de responsabilidad:
hecho de un tercero”, toda vez, que la muerte la causó una persona ajena a la
entidad y no se acreditó que el suceso fue perpetrado con la intervención o
complicidad de agentes del Estado; (iii) “falta de configuración y estructuración
de los elementos de responsabilidad extracontractual del Estado” e “inexistencia
de configuración del elemento de la responsabilidad: imputación”, por el hecho
de que no se probó omisión de su parte, pues, no hubo alerta temprana o
denuncia que diera cuenta que ese hecho en particular fuera a ocurrir, y (iv)
“existencia de estrategias de seguridad materializadas por la Policía Nacional”,
debido a que desde el año 1999 la entidad hacía presencia en el municipio de
Guarne (Antioquia) con los recursos humanos y logísticos que contaba.

2) Por su parte, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional (fls. 205 a
225 ibidem) esgrimió las excepciones de i) “caducidad del medio de control”,
porque los hechos sucedieron en el año 2002 y la familia supo del hecho en el
mismo instante; (ii) “inexistencia de la obligación” e “inexistencia de medios
probatorios que endilguen responsabilidad a la entidad”, por no haberse
acreditado la imputación alegada; (iii) “hecho de un tercero”, por razón de que el
daño fue ocasionado por un grupo terrorista ajeno a la entidad; (iv) “diligencia y
cuidado por parte de las Fuerzas militares”, “inexistencia de posición de garante”
y “falta de legitimación por pasiva”, porque la entidad tenía disponibles a todas
las tropas a nivel nacional; sin embargo, se desconoce si existió una solicitud de
medida de protección por parte de la comunidad que la entidad hubiere omitido;
(v) “no se encuentra acreditado el perjuicio”, y (vi) “descuento de lo pagado a los
actores por la indemnización administrativa del artículo 132 de la Ley 1448 de
2011”.

3) De otro lado, la Nación – Ministerio del Interior (fls. 272 a 290 ibidem) interpuso
las excepciones que se explican a continuación: i) “caducidad”, porque los
hechos ocurrieron en el año 2002 y haberse interpuesto la demanda en el año

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Expediente 05001-23-33-000-2018-01482-01 (72.394)
Actor: Hermelina De Jesús Atehortúa y otros
Reparación directa - apelación de sentencia

2018; (ii) “falta de legitimación en la causa por pasiva”, dado que la función de
salvaguardar el orden público no está a cargo de esa entidad; (iii) “inexistencia
de falla o falta de servicio a cargo del Ministerio del Interior”; de manera
subsidiaria (iv) “prohibición de doble reparación económica” y (v) “valoración
exagerada de los perjuicios morales y daños a la vida de relación”.

4) Por último, la Presidencia de la República (fls. 296 a 312 ibidem) propuso las
siguientes excepciones: “el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República no tiene vocación jurídica para comparecer a este proceso por falta
de legitimidad procesal y material en la causa por pasiva” e “inepta demanda por
indebida representación de la Nación”, por el hecho de que la entidad no tiene
funciones relacionadas con la defensa, es decir, con los hechos debatidos;
“hecho de un tercero”, pues, fue un tercero quien provocó la muerte de la víctima
directa y, “caducidad”, comoquiera que los hechos sucedieron en el año 2002.

3. Audiencia inicial

La magistrada ponente de la primera instancia tuvo por saneado el proceso y
declaró no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por
pasiva y caducidad por considerar que debían resolverse en la sentencia;
tampoco declaró probada la ineptitud de la demanda por indebida representación
de la Nación aducida por la Presidencia de la República; por otra parte, fijó el
litigio2, decretó las pruebas y fijó fecha de audiencia para su práctica, la cual se
desarrolló en condiciones normales (fls. 426 a 446 y 522 a 528 índice 2 SAMAI).

En auto proferido el 15 de agosto de 2023 se corrió traslado para alegar de
conclusión (índice 115 SAMAI tribunal); la parte actora, la Policía Nacional y el
Ejército Nacional presentaron sus alegaciones (índices 119 a 121 SAMAI
tribunal).

2
Lo hizo en los siguientes términos: “establecer si existe mérito para declarar la responsabilidad
patrimonial y solidaria de todas o algunas de las entidades demandadas, con ocasión de la
muerte del señor HENRY ARLEY MAZO ATEHORTÚA, ocurrida el 18 de noviembre de 2002
frente al restaurante El Encanto ubicado frente a la Autopista Medellín - Bogotá, en el Municipio
de Guarne - Antioquia. Así mismo, deberá determinar esta Corporación sobre la posibilidad de
otorgar la indemnización de perjuicios invocada por los actores en el escrito genitor de la Litis”
(fls. 436 y 437 archivo 3 índice 2 SAMAI).

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Expediente 05001-23-33-000-2018-01482-01 (72.394)
Actor: Hermelina De Jesús Atehortúa y otros
Reparación directa - apelación de sentencia

4. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Sexta de Decisión, en sentencia
dictada el 28 de noviembre de 2024 (archivo 72 índice 2 SAMAI) declaró probada
la excepción de caducidad y desestimó las pretensiones de la demanda porque
se probó que la muerte de Henry Arley Mazo Atehortúa aconteció el 18 de
noviembre de 2002 y, según lo afirmado en la demanda y los testimonios
practicados en el proceso, desde entonces era conocido el contexto de violencia
en el que se encontraba la población por cuenta de los grupos armados al
margen de la ley que hacían presencia en el territorio, así como también echaban
de menos la presencia y el despliegue de actividades por parte de la Fuerza
Pública; en ese orden de ideas, el término de caducidad empezó a correr desde
el día siguiente a la muerte de la víctima.

Tampoco se advierte que los demandantes hayan sido desplazados de su lugar
de domicilio luego de ocurridos los hechos, por lo que se entiende que no
subsistía ninguna de las circunstancias con posibilidad de sustentar factores
adicionales que obstaculizaran acceder a la administración de justicia. Por lo
tanto, el término de caducidad comenzó a transcurrir el día 19 de noviembre de
2002, un día después del homicidio de la víctima directa, por ende, como la
demanda fue presentada el 13 de julio de 2018 ya se había configurado el
fenómeno de la caducidad.

5. El recurso de apelación

La parte actora (archivo 74 índice 2 SAMAI) sostiene que cuando se interpuso la
demanda la jurisprudencia vigente permitía demandar por daños causados con
la comisión de delitos de lesa humanidad en cualquier momento y, luego, con la
sentencia de unificación que modificó esa postura en el año 2020 se determinó
que para el cómputo de la caducidad se debe establecer el momento a partir del
cual las víctimas conocieron de la participación del Estado en los hechos; en este
caso el hecho de que en la demanda el apoderado judicial de la parte actora
enunciara los hechos y argumentos que sustentan la omisión de las entidades
no es indicativo de que así lo conocían los demandantes, porque la única
información que ellos tenían al momento de los hechos es que el causante del

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Expediente 05001-23-33-000-2018-01482-01 (72.394)
Actor: Hermelina De Jesús Atehortúa y otros
Reparación directa - apelación de sentencia

homicidio fue Wilson Adrián Herrera, quien pertenecía a los paramilitares pero,
nunca que miembros de la Fuerza Pública tuvieran relación por acción respecto
del homicidio.

Fue desde el 12 de febrero de 2020, cuando se notificó la sentencia expedida
por el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín en la cual se determinó que había
un actuar sistemático y generalizado por parte del Bloque Metro de las
denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en contra de la
población civil, que fue conocido y auspiciado por la Fuerza Pública; en todo
caso, se solicita que se privilegie el derecho de acceso a la administración de
justicia por tratarse de un delito de lesa humanidad y se concedan las súplicas
de la demanda.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de
nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio
de la decisión, 2) análisis de la caducidad del medio de control judicial, 3)
conclusión y, 4) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso las entidades
demandadas son patrimonialmente responsables del alegado daño antijurídico
ocasionado a los demandantes por la muerte del joven Henry Arley Mazo
Atehortúa el 18 de noviembre de 2002 en manos de las AUC, previo análisis de
la instauración oportuna de la demanda.

La sentencia de primera instancia será confirmada, debido a que se evidencia la
presentación extemporánea de la demanda, motivo por el cual no hay lugar a
examinar y decidir el fondo y mérito del asunto.

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Expediente 05001-23-33-000-2018-01482-01 (72.394)
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Reparación directa - apelación de sentencia

2. Análisis de la caducidad del medio de control judicial

1) El presente medio de control judicial se interpuso por motivo del fallecimiento
del joven Henry Arley Mazo Atehortúa el 18 de noviembre de 2002 en el
municipio de Guarne (Antioquia), hecho que se encuentra probado con el
respectivo registro civil de defunción que indica dicha fecha y el lugar de ese
hecho (fl. 108 archivo 3 índice 2 SAMAI).

2) Aunque las pruebas obrantes en el expediente dan cuenta que su deceso
ocurrió como consecuencia de un asesinato perpetrado por un grupo paramilitar
y con ocasión del conflicto armado interno, tales como un oficio de la Fiscalía
General de la Nación en el que relacionan las víctimas mencionadas por Wilson
Adrián Herrera Montoya en las cuales aparece su nombre (fls. 133 y 134 archivo
3 índice 2 SAMAI), un oficio de la Dirección de Justicia Transicional – Sede
Medellín (fl. 234 ibidem), el proceso ordinario penal con sentencia condenatoria
confirmada proferida en contra dicho individuo por el homicidio de la víctima en
este caso (fls. 554 a 860 ibidem) y la versión libre rendida por el victimario ante
Justicia y Paz (fls. 867 a 876 ibidem), lo cual acredita que se trató de un daño
causado por delito de lesa humanidad, lo cierto es que, no hay prueba de que el
conocimiento de los hechos por parte de sus familiares demandantes hubiera
sido posterior; como tampoco hay prueba de que el conocimiento de la supuesta
intervención del Estado en la producción del daño se hubiera dado con
posterioridad a la muerte de la víctima.

3) En la demanda se imputa la responsabilidad de las entidades demandadas
tanto por acción (aquiescencia) como por omisión (falta de seguridad) y hay
extensas consideraciones respecto del conocimiento de la población del actuar
ilegal de los paramilitares en el lugar de los hechos y la indiferencia del Estado
frente a la indefensión de la población civil, especialmente de la Fuerza Pública,
respecto de quien, además, se asegura que actuaba en complicidad con dichos
grupos armados; de manera que, respecto de ambas imputaciones se habrían
consumado en el momento mismo en que el grupo armado ilegal actuó, esto es,
el 18 de noviembre de 2002.

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En efecto, en la demanda se asegura que la mamá de la víctima recibió una
llamada del miembro del grupo paramilitar en la que amenazó de muerte a su
hijo, que ella sabía que él pertenecía a las AUC y que era “inútil acudir a la
Policía ya que los paramilitares actuaban protegidos por ellos”, de modo
que esas afirmaciones dan cuenta del conocimiento previo de la participación de
autoridades estatales en los hechos.

4) Sostener en esta instancia que lo plasmado en la demanda provenía
únicamente del conocimiento del apoderado judicial de la parte actora y no de
los demandantes, es faltar a la lealtad procesal, por cuanto este actúa en nombre
y representación de estos en ejercicio del mandato a él conferido. Incluso, los
testimonios rendidos en este proceso dan cuenta que la población del municipio
de Guarne (Antioquia) tenía conocimiento de la presencia de los paramilitares
en la zona, de su autoría del homicidio del joven Henry Arley Mazo Atehortúa y
de la indiferencia y/o aquiescencia de la Fuerza Pública en la época en que
ocurrieron los hechos y, aunque refirieron el temor respecto de presentar
denuncias ante las autoridades, estas fueron generales y no referidas al caso
concreto3.

5) En ese contexto, dado que la demanda se presentó el 13 de julio de 20184, se
impone concluir que fue de manera extemporánea, esto es, con posterioridad al
vencimiento del período de 2 años previsto en el artículo 164 del CPACA; en
consecuencia, la Sala encuentra probada la caducidad del medio de control
judicial activado con aquella.

6) De igual manera, si se tiene en cuenta que el asesinato fue confesado por
Wilson Adrián Herrera Montoya el 30 de noviembre de 2009 en versión libre
rendida ante Justicia y Paz, día en que mencionó que las autodefensas de
Guarne recibían apoyo de la Fuerza Pública (fls. 867 a 876 archivo 3 índice 2
SAMAI), el medio de control judicial también se encuentra caducado.

3
CD obrante a fl. 429 cdno. 1 expediente físico.
4
La solicitud de conciliación prejudicial se presentó el 13 de octubre de 2017, la cual se declaró
fallida según constancia expedida el 20 de noviembre de 2017 (fls. 99 a 104 archivo 3 índice 2
SAMAI).

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Expediente 05001-23-33-000-2018-01482-01 (72.394)
Actor: Hermelina De Jesús Atehortúa y otros
Reparación directa - apelación de sentencia

7) De conformidad con lo anterior y en atención a que no se trató de una
desaparición forzada o de un delito que hubiera impedido a los actores tener
conocimiento del hecho en el mismo momento de su ocurrencia, el término de
caducidad se debe computar a partir de la fecha del fallecimiento de la víctima,
pues, no hay justificación alguna acreditada en este caso que impida aplicar el
presupuesto procesal de la acción referente a la oportunidad de la demanda,
como tampoco hay prueba de que los actores estuvieron en imposibilidad de
acceder a la justicia.

8) De otra parte, debe también observarse que este examen compagina con los
criterios establecidos en la sentencia de unificación de la Sección Tercera del 29
de enero de 20205 para el análisis de la caducidad de las pretensiones
indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los
crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la
declaración de responsabilidad patrimonial al Estado6, postulados que fueron
acogidos por la Corte Constitucional en sentencia SU-312 de 20207 con la
aclaración de que el juez contencioso administrativo debe analizar las
particularidades de cada asunto en concreto, y que la desestimación del medio
de control judicial de reparación directa por caducidad no le impide al perjudicado
obtener la compensación económica del daño causado por otras vías8.

5
Consejo de Estado – Sala Plena de la Sección Tercera, proceso no. 85001-33-33-002-2014-
00144-01(61033)A, MP Marta Nubia Velásquez Rico. La Sala aclara que esta sentencia de
unificación es aplicable al caso concreto, toda vez que, con independencia de que fue expedida
con posterioridad a la interposición de la demanda, lo cierto es que su aplicación es inmediata.
La Corte Constitucional, en sentencia SU-312 de 2020, además de ratificar la regla de unificación
del Consejo de Estado, al resolver el caso concreto, la aplicó de manera inmediata o retroactiva
y advirtió que no se incurría en violación del precedente porque antes de la unificación existían
posiciones divergentes respecto de la caducidad de la acción de reparación directa por un daño
que tenía su origen en un crimen de lesa humanidad.
6
Estos son: “i) en tales eventos resulta aplicable el término para demandar establecido por el
legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal
expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación
por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad
patrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen
impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a
correr el plazo de ley”.
7
Sentencia del 13 de agosto de 2020, expediente no. T-7243742, MP Luis Guillermo Guerrero
Pérez.
8
Como el incidente de reparación integral en el marco del proceso penal que se adelante en
contra del responsable material del delito de lesa humanidad o el trámite de indemnización
administrativa.

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Expediente 05001-23-33-000-2018-01482-01 (72.394)
Actor: Hermelina De Jesús Atehortúa y otros
Reparación directa - apelación de sentencia

9) Adicionalmente, debe advertirse que la Corte reiteró esa postura en sentencia
SU-167 de 20239 y agregó que “la aplicación del fallo de unificación de la Sección
Tercera del Consejo de Estado debe realizarse teniendo en cuenta la necesidad
de readecuar el trámite para brindar oportunidad a las partes de ajustarse a las
nuevas cargas y posibilidades procesales que este contiene”; esta Sala no
encuentra necesario readecuar el trámite en el caso concreto debido a que la
parte actora ya tuvo oportunidad en este proceso de esgrimir argumentos para
justificar la interposición de la demanda tantos años después de sucedidos los
hechos, pues, la sentencia de primera instancia se profirió con posterioridad a la
sentencia de unificación del Consejo de Estado de 2020 e incluso con
posterioridad a la aludida sentencia de la Corte Constitucional de 2023; sin
embargo, los argumentos expuestos en el recurso de apelación no son de recibo
por esta Sala. Igualmente tuvo oportunidad de presentar argumentos al respecto
en los alegatos de conclusión de primera instancia, pues, fueron allegados el 1
de septiembre de 2023, también con posterioridad a ambas sentencias de
unificación; empero, no lo hizo (índice 121 SAMAI primera instancia).

10) De otra parte, si bien la parte recurrente afirma que solo hasta el año 2020
con la sentencia del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín hubo certeza de la
participación de la Fuerza Pública en el actuar del Bloque Metro de las AUC,
dicho argumento no afecta la decisión porque la demanda se interpuso con
anterioridad a esa fecha y en ella se manifestó que hubo aquiescencia del Estado
en el daño alegado.

11) En ese orden de ideas, las particularidades de este caso no permiten avizorar
que una eventual readecuación del trámite pueda dar lugar a un cambio en el
sentido de esta decisión, pues, de lo acreditado en el proceso y asegurado en la
demanda hay absoluta certeza de que desde el conocimiento del hecho dañoso
y de la supuesta participación del Estado operó la caducidad y no hay ningún
elemento probatorio que permita inferir que los demandantes estuvieron
impedidos para ejercer el derecho de acción en tiempo; de las pruebas allegadas
al proceso no se desprende nada que cambie la aplicación las reglas
jurisprudenciales de unificación tratadas sobre esa materia y, adicionalmente, en

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Sentencia del 18 de mayo de 2023, expediente no. expediente T-8.473.096, MP Diana Fajardo
Rivera.

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Expediente 05001-23-33-000-2018-01482-01 (72.394)
Actor: Hermelina De Jesús Atehortúa y otros
Reparación directa - apelación de sentencia

este caso ya se presentaron argumentos respecto de las supuestas dificultades
de acceso a la administración de justicia, que tampoco cambian el sentido de la
decisión puesto que, aun si estos se tienen en cuenta, no hay duda de que operó
el fenómeno de la caducidad del medio de control10.

12) Por lo expuesto, no hay lugar a un pronunciamiento sobre el fondo del
asunto; en consecuencia, se confirmará la sentencia apelada que declaró
probada la excepción de caducidad del medio de control judicial ejercido con la
demanda.

3. Conclusión

Como la demanda se presentó cuando el medio de control jurisdiccional de
reparación directa ya había caducado se impone confirmar la sentencia apelada.

4. Condena en costas

Como en este caso se concedió amparo de pobreza a los demandantes, en auto
proferido el 6 de octubre de 2025 (índice 22 SAMAI), no se condenará en costas
procesales de la segunda instancia. En todo caso, la Sala advierte que en este
asunto tampoco procede la condena en costas, porque los demandantes fueron
víctimas de un delito de lesa humanidad.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

FALLA:

1º) Confírmase la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia – Sala Sexta de Decisión.

10
En similar sentido se pronunció esta Sala en sentencia proferida el 7 de febrero de 2025,
proceso no. 05001-23-33-000-2018-00148-01 (71.697), MP Fredy Ibarra Martínez.

13
Expediente 05001-23-33-000-2018-01482-01 (72.394)
Actor: Hermelina De Jesús Atehortúa y otros
Reparación directa - apelación de sentencia

2°) Sin condena en costas.

3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Aclara voto

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado

La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con los
artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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