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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2017-00016-01

Fecha
17 de abril de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2017-00016-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: 1º) Confírmase el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia del 19 de mayo de 2020 expedida por el Tribunal Administrativo de Caldas que declaró probada la excepción de caducidad. 2°) Revócanse los ordinales segundo y tercero de la sentencia del 19 de mayo de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas en cuanto condenaron en costas a la parte actora. 3°) Abstiénese de condenar en costas en esta instancia. 4º) Reconócese personería a la abogada Alexandra María Ronceria Serje, identificada con cédula de ciudadanía no. 52.389.938 de Bogotá y tarjeta profesional no. 121.369 del Consejo Superior de la Judicatura para que actúe como apoderada judicial del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en los términos y para los efectos del poder a ella conferido visible en el índice 33 del aplicativo de gestión judicial Samai. 5°) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 17001-23-33-000-2017-00016-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

17 de abril de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, diecisiete (17) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 17001-23-33-000-2017-00016-01 (66.753)
Demandantes: DIEGO CASTAÑO TOVAR Y OTROS
Demandados: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO
NACIONAL Y OTROS
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto:
APELACIÓN DE SENTENCIA – CADUCIDAD

Síntesis del caso: se demanda la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado por la muerte de un alcalde, quien fue abatido por un grupo al margen de la ley mientras se dirigía a un consejo de seguridad; en la sentencia de primera instancia se declaró la caducidad del medio de control judicial porque el hecho no constituye un delito de lesa humanidad y se confirma esa decisión porque, independientemente de si el hecho de deber ser catalogado como tal, operó el fenómeno jurídico de la caducidad; sin perjuicio de ello se revocará la condena en costas.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 19 de mayo de 2020 por el Tribunal Administrativo de Caldas por medio de la cual se dispuso:

“PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL planteada por la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL - NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL Y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA AL ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO EN COLOMBIA, dentro del presente proceso de REPARACIÓN DIRECTA promovido por ARACELY BOTERO ÁLVAREZ, RIGO ALEJANDRO CASTAÑO BOTERO, MÓNICA ROCÍO CASTAÑO BOTERO, MATILDE TOBAR DE CASTAÑO, CECILIA CASTAÑO TOBAR, DIEGO CASTAÑO TOBAR, MARIELA CASTANO TOBAR, LUIS HELÍ CASTAÑO TOBAR, MARIELA GABRIELA CASTAÑO DE MORENO, ALBA LUCAÍ CASTAÑO TOBAR, MARTHA LIBIA CASTAÑO TOBAR, LUZ MARINA CASTAÑO TOBAR, RAÚL CASTAÑO TOBAR.

SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS a cargo de la parte accionante, liquídense por secretaría una vez ejecutoriada la presente. Fíjense agencias en derecho (…).

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, LIQUÍDENSE los gastos del proceso, DEVUÉLVANSE los remanentes si los hubiere, y ARCHÍVESE el proceso, previas las anotaciones del caso en el Sistema Justicia Siglo XXI.”. (fls. 283 a 295, índice 2, Samai - negrillas y mayúsculas sostenidas del original).

ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 12 de enero de 2017 (índice 2, Samai tribunal), los señores Aracelly Botero Álvarez, Rigo Alejandro Castaño Botero, Mónica Rocío Castaño Botero, Matilde Tobar de Castaño, Cecilia Castaño Tobar, Diego Castaño Tobar, Mariela Castaño Tovar, Luis Helí Castaño Tovar, María Gabriela Castaño de Moreno, Alba Lucía Castaño Tovar, Marta Libia Castaño Tovar, Luz Marina Castaño Tovar y Raúl Castaño Tovar presentaron demanda de reparación directa en contra de la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Policía Nacional, la Unidad Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto -en adelante UARIV- y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -en lo sucesivo DPS-, con las siguientes súplicas:

“Se declare Responsable a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL - POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL y/o - La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO EN COLOMBIA, de la totalidad de los perjuicios morales y materiales, que ha sufrido la parte actora a raíz de la situación de orden Público del Departamento Caldas, por la acción criminal frente a la cual, las entidades demandadas omitieron el deber constitucional e institucional de defender la vida, la tranquilidad, los bienes y la seguridad pública de los accionantes siendo responsables por la omisión de protección de los mismos.

2. Como consecuencia de la declaración anterior, condénese a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA- EJÉRCITO NACIONAL – POLICÍA NACIONAL, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL y/o - La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO INTERNO EN COLOMBIA a pagarle a los demandantes lo siguiente:

A cada uno de los demandantes y afectados con los hechos criminales expuestos, los PERJUICIOS DE CARÁCTER MORAL, toda vez que, a la fecha los mismos no han podido superar la muerte o pérdida de sus seres queridos, ni han recibido acompañamiento profesional (psicológico), para culminar sus duelos; por lo que en tal sentido se reclama la suma de Cien (100) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes y hasta la suma de trescientos (300) Salarios Mínimos para cada uno de los demandantes, por tratarse de un delito de lesa humanidad y atentatorio contra el derecho internacional humanitario, así como los PERJUICIOS DE CARÁCTER MATERIAL, que se encuentran discriminados en el acápite de estimación razonada de la cuantía (…)” (fl. 12 de la demanda, índice 1 Samai del tribunal – mayúsculas sostenidas y negrillas del original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora expuso, en síntesis, lo siguiente:

El 14 de octubre de 2006, mientras se dirigía a un consejo de seguridad programado por el Gobernador de Caldas, el señor Rigoberto Castaño Tobar, quien se desempeñaba para la época como alcalde municipal de Marulanda (Caldas), fue víctima de un atentado por parte de las denominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que derivó en su fallecimiento.

En virtud de esos hechos se tramitó un proceso por el delito de homicidio agravado ante el Juzgado Penal Especializado de Manizales (Caldas) en contra del señor Fermín Antonio Cardona, en el cual se profirió sentencia condenatoria el 26 de enero de 2009, la cual reconoció a la cónyuge y los hijos como víctimas.

El daño es atribuible a las entidades demandadas porque la víctima había sido amenazada por los grupos al margen de la ley que operaban en la zona, lo cual constituye un hecho notorio por el contexto de violencia de la región, sin perjuicio de lo cual estas no cumplieron con sus deberes de protección; además, porque los afectados no han recibido asistencia psicológica ni una verdadera reparación integral por tales hechos que constituyen un crimen de “lesa humanidad”.

3. Contestación de la demandada

1) La entonces Agencia Presidencial para la Acción Social -hoy DPS- presentó un memorial (fls. 97 a 117, índice 2 Samai) en el que se opuso a las súplicas de la demanda por considerar que el grupo familiar ya había sido reparado administrativamente por el hecho victimizante producto del “homicidio”, como consta en el Registro Único de Víctimas; en lo demás, propuso las excepciones que denominó “caducidad de la acción” porque los hechos ocurrieron en el año 2006 y la demanda tan solo se presentó en el año 2017, “fata de integración del contradictorio por pasiva”, “pago de la indemnización administrativo por el homicidio” y “el hecho de un tercero”.

2) La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional también contestó la demanda (fls. 123 a 125, índice 2 Samai) en similares términos y alegó que i) lo ocurrido no corresponde a un delito de lesa humanidad, puesto que no hay pruebas que corroboren tal afirmación, ii) no se tenía conocimiento de las supuestas amenazas en contra de la víctima y, iii) tampoco se trata de hechos notorios relacionados con el conflicto armado, como erróneamente aseguran los actores; propuso el medio exceptivo de “caducidad de la acción”, debido a que el hecho no se enmarca en la categoría de delitos de “lesa humanidad” como pretenden hacer ver los demandantes, y tampoco constituye un ataque sistemático ni mucho menos generalizado en contra de la población civil, por lo que la demanda debió presentarse en el término de dos (2) años, pero, como se formuló en el año 2017 y los hechos datan de 2006 fue extemporánea.

3) Por su parte, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional contestó el libelo (fls. 146 a 152, índice 2 Samai) y destacó que operó el fenómeno jurídico de la caducidad en tanto que los hechos ocurrieron el 14 de octubre de 2006, por lo cual los familiares tenían hasta el 15 de octubre de 2008 para acceder a la jurisdicción en ejercicio de la acción de reparación directa, sin embargo, lo hicieron en el año 2017 cuando ya había fenecido con creces esa oportunidad; en todo caso, alegó el “hecho de la víctima y de un tercero” como la causa del daño.

4) A su turno, el DPS igualmente se opuso a las súplicas de la demanda (fls. 154 a 160, índice 2 Samai) por estimar que carecía de legitimación en la causa por pasiva, puesto que la llamada a responder debía ser la UARIV; no obstante, también propuso como excepciones la “caducidad de la acción” y la que denominó “genérica”.

4. Audiencia inicial

El 22 de noviembre de 2017, el Tribunal Administrativo de Caldas llevó a cabo la correspondiente audiencia inicial en la cual no advirtió ninguna irregularidad en el proceso y, específicamente frente a la excepción previa de “caducidad” postergó su resolución hasta el momento de dictar sentencia, donde procedería a verificar si el asunto reunía las características de un hecho de “lesa humanidad” (fls. 194 y 195, índice 2 Samai); además, decretó las pruebas solicitadas por las partes, entre ellas, ofició a la UARIV para que certificara la condición de víctimas de los demandantes.

5. La sentencia de primera instancia

El 19 de mayo de 2020, el Tribunal Administrativo de Caldas declaró probada la excepción de caducidad propuesta por las entidades demandadas (fls. 270 a 291, índice 2 Samai) con fundamento en las siguientes consideraciones:

De conformidad con la jurisprudencia sobre la materia y en los términos del artículo 7 del Estatuto de Roma para que un hecho pueda ser catalogado como de “lesa humanidad” se requiere de cinco elementos, a saber: i) que el acto se ejecute o lleve a cabo en contra de la población civil, ii) que implique la comisión de actos inhumanos o atroces, iii) que sus fines tengan en cuenta fundamentos políticos, raciales, étnicos, culturales o de género, iv) que ocurra en el marco de un ataque generalizado y sistemático y, v) que tenga origen en contextos de guerra o conflicto interno.

En el presente caso, el homicidio de la víctima no se configura como un crimen de lesa humanidad puesto que no se cumplen varios de esos requisitos, pues, el atentado perpetrado por las FARC no estuvo dirigido en contra de la población civil y mucho menos constituyó un ataque generalizado y sistemático.

Aunque se aceptó diferir el estudio de la caducidad para el fallo, ello no liberaba a la parte actora de la carga de demostrar cada uno de los elementos que la jurisprudencia ha exigido para rotular un crimen como de lesa humanidad; lo único que se probó es que el señor Castaño Tobar se desempeñaba como alcalde cuando fue asesinado, sin que se cuente con más elementos suasorios para determinar las circunstancias que rodearon el hecho.

En este orden de ideas, no es aplicable la regla de imprescriptibilidad del medio de control judicial, de manera que el cómputo de la caducidad de dos (2) años para la presentación de la demanda de reparación directa debe hacerse de conformidad con las reglas del literal i), numeral 2 del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -en adelante CPACA-, esto es, desde el momento del homicidio, por lo cual tanto la solicitud de conciliación presentada el 13 de septiembre de 2016 como la demanda promovida el 12 de enero de 2017 son extemporáneas.

Por último, se condena en costas a la parte demandante debido a que no prosperaron las pretensiones.

6. Recurso de apelación

Los demandantes presentaron recurso de apelación (fls. 289 a 292, índice 2 Samai) en el cual solicitaron que se revoque la sentencia de primera instancia y se acceda a las pretensiones de la demanda, por las siguientes razones de inconformidad:

Aunque no se desconoce que la carga probatoria recaía en dicho extremo, el tribunal no tuvo en cuenta la investidura de la víctima y las circunstancias que rodearon el hecho, las cuales se enmarcan en un contexto de violencia que constituye un hecho notorio exento de prueba.

Prueba de lo anterior son las tomas guerrilleras y masacres efectuadas por las FARC el 30 de julio de 2000 y el 4 de marzo de 2006 en Arboleda y Montebonito (Caldas), así como también la “extensa literatura sobre el análisis del conflicto armado en Caldas” (fl. 291, índice 2).

Por ello, no puede colegirse que el atentado en contra del señor Castaño Tobar fuese un hecho aislado por haberse perpetrado de manera individual, pues, los hechos violentos ocurridos a lo largo del tiempo contra la población civil de la zona marcan la creación de un “indicio contextual” de grave violencia generalizada que le confiere al atentado el estatus de “lesa humanidad”.

Por esos mismos hechos resultó condenado el señor Fermín Antonio Cano, alias “Tomás”, quien fungía como militante del Frente 47 de las FARC al mando de alias “Karina”, lo que demuestra que se trató de un crimen de esa índole porque fue dirigido en contra de un mandatario municipal que se dirigía a cumplir una comisión oficial.

El a quo no hizo un mayor esfuerzo para tener por oportuna la demanda desde el inicio del proceso y evitar diferir el estudio de la caducidad a la sentencia, so pretexto de que la parte actora demostrara que se trataba de un delito de lesa humanidad, lo cual constituye un desgaste innecesario que condujo a la imposición de una condena en costas injusta que revictimiza a los demandantes por el solo hecho de haber acudido a implorar justicia.

Si el tribunal tenía dudas, como en efecto lo reconoce en su decisión, debió decretar las pruebas de oficio necesarias para determinar que el crimen es un delito de lesa humanidad; por tal razón solicitó a título de “petición especial” que se decretara la prueba solicitada en la demanda correspondiente a la actuación administrativa seguida ante la UARIV y se solicitara también el expediente penal, medios de convicción que acreditan que fueron reconocidos como víctimas del conflicto armado.

7. Actuación surtida en segunda instancia

Por auto del 16 de abril de 2021 se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante (índice 5, Samai).

El 27 de noviembre de 2023, el despacho del entonces magistrado ponente, Nicolás Yepes Corrales negó la solicitud para que se decretaran como pruebas en segunda instancia: a) el expediente administrativo seguido ante la UARIV dirigido a demostrar que los actores fueron reconocidos como víctimas del conflicto, porque fue una prueba decretada en primera instancia y que ya reposaba en el proceso y, b) el proceso penal que se surtió por el homicidio del señor Tobar Castaño, esta última porque no se ajustaba a ninguna de las causales previstas en el artículo 212 del CPACA para ser consideradas como pruebas válidas en el curso de esta instancia (índice 16, Samai).

A través de proveído del 19 de enero de 2024 (índice 21, Samai) se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión por el término común de diez (10) días y, por el mismo lapso, al Ministerio Público para que emitiera concepto, quienes se pronunciaron de la siguiente forma:

El DPS se pronunció y para ello insistió en la caducidad del medio de control judicial, en su falta de legitimación y en que los hechos fueron responsabilidad de un tercero; igualmente, solicitó que se condene en costas a su contraparte (índice 25, Samai).

El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 6 para la Conciliación Administrativa consideró que debe confirmarse la sentencia de primer grado en el sentido de declarar la caducidad, por cuanto el hecho de que el asunto sub examine sea declarado judicialmente como un crimen de lesa humanidad no constituye un factor determinante para inaplicar el término de caducidad o para iniciar su computo en una fecha diferente a la de su acaecimiento; de modo que, como los actores tuvieron conocimiento del hecho desde el mismo momento de su ocurrencia, tenían hasta el 15 de octubre de 2008 para presentar la demanda, sin embargo, lo hicieron el 12 de enero de 2017 cuando ya había fenecido el término (índice 27, Samai).

Las partes restantes no se pronunciaron en esta oportunidad procesal como consta en el informe secretarial del 28 de febrero de 2024 (índice 28, Samai).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2) análisis de la caducidad del medio de control judicial de reparación directa, 3) condena en costas y, 4) conclusión.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

Corresponde a la Sala determinar si la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, la Policía Nacional, la UARIV y/o el DPS deben ser declarados patrimonial y extracontractualmente responsables del daño alegado por los demandantes consistente en la afectación al derecho a la vida del señor Rigoberto Castaño Tobar y el consecuente sufrimiento que tuvieron que padecer sus familiares, producto del homicidio del que fue víctima el primero y que se le atribuye a las demandadas por la omisión de sus deberes de protección en lo que denominaron un crimen de “lesa humanidad”.

La primera instancia consideró que la presentación de la demanda fue extemporánea porque el homicidio no reúne los requisitos para ser considerado como de lesa humanidad, razón por la que debía operar la caducidad; en la apelación, la parte demandante insiste en que el daño por el cual se reclama indemnización obedece a un delito de lesa humanidad, frente al cual no opera el fenómeno jurídico de la caducidad del derecho de acción porque se trata de un crimen “imprescriptible”.

La sentencia de primera instancia será confirmada en cuanto declaró la caducidad, debido a que se evidencia la presentación extemporánea de la demanda, motivo por el cual no hay lugar a analizar y decidir el fondo ni el mérito del asunto; sin embargo, se revocará la condena en costas porque los demandantes son víctimas del conflicto armado en atención a lo dispuesto en el precedente constitucional.

2. Análisis de la caducidad del medio de control judicial de reparación directa

Revisados los elementos de prueba aportados al proceso y analizados en su conjunto, la Sala corrobora la existencia de los siguientes hechos relevantes para la adopción de la decisión:

El señor Rigoberto Castaño Tobar fue elegido como alcalde municipal de Marulanda (Caldas).

Consta en el proceso que el día 14 de octubre de 2006 el mandatario municipal se desplazaba en una comisión oficial al corregimiento de San Félix con el fin de asistir a un consejo de seguridad convocado por el gobernador departamental de Caldas (fl. 40, índice 2, Samai).

De conformidad con el Acta de inspección técnica al cadáver se demostró también que el 14 de octubre de 2006, aproximadamente a las 16:40 horas, en la vía que del municipio de Marulanda conduce a San Félix, en una zona despoblada, fue hallado sin vida el cuerpo de quien en vida respondía al nombre de Rigoberto Castaño Tobar, con heridas en varias zonas del cuerpo ocasionados con proyectiles de arma de fuego que le produjeron la muerte; la causa del deceso se consignó como “homicidio violento” (fl. 42 a 44, índice 2, Samai).

Aunque no se aportó de manera completa el expediente penal, también obra en el proceso una certificación expedida el 29 de enero de 2009 por el Juzgado Penal Especializado del Circuito de Manizales, en la cual se consignó que en ese despacho judicial se dictó sentencia condenatoria de la misma fecha en contra del señor Fermín Antonio Cano Cardona por el punible de homicidio agravado en contra del señor Rigoberto Castaño Tobar, al tiempo que se reconoció como víctimas a la cónyuge y los hijos del occiso (fl. 45, índice 2, Samai).

Posteriormente, a través de la Resolución no. 2013-55770 del 31 de enero de 2013, la señora Aracelly Botero Álvarez y su núcleo familiar fueron incluidos en el Registro único de Víctimas -RUV (fls. 1 a 7, cdno pruebas demandante) y reconocidos como víctimas por el hecho victimizante de “homicidio” (fls. 46 a 48, índice 2, Samai).

En ese contexto, con relación al término para presentar la demanda en forma oportuna cuando se pretende la reparación directa la Sala considera preciso destacar los hechos que motivaron el inicio del presente proceso, esto es, el homicidio del señor Tobar Castaño que, según lo anteriormente descrito, tuvo lugar el 14 de octubre de 2006, es decir, mucho antes de la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011.

En ese sentido, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, la normativa aplicable para realizar el cómputo de la caducidad en este caso es la vigente para el tiempo en que el respectivo término de caducidad empezó a correr, esto es, el numeral 8 del artículo 136 del CCA que preceptuaba lo siguiente:

“Artículo 136. CADUCIDAD DE LAS ACCIONES
(…).
8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”. (negrillas de la Sala).

En lo términos expuestos, para la solución de este caso concreto se reitera que el daño invocado es el derivado del homicidio del entonces alcalde municipal de Marulanda (Caldas), Rigoberto Castaño Tobar, quien fue abatido por miembros de grupos al margen de la ley el 14 de febrero de 2006, circunstancia fáctica que no es motivo de discusión por ninguna de las partes y que implica que los demandantes tuvieron conocimiento del daño desde el momento mismo en que este se produjo, razón por la cual la demanda debió ser formulada dentro de los dos (2) años siguientes a esa fecha.

Ahora bien, uno de los puntos centrales de la discusión y sobre el cual recae en gran medida el recurso de alzada está dirigido a establecer si se configuran o no los elementos necesarios para considerar que ese homicidio constituye un delito de lesa humanidad, lo cual tiene como propósito determinar si en el sub examine resulta apropiado aplicar las reglas propias del fenómeno extintivo de la caducidad, aspecto sobre el cual la Sala desde ya anticipa que tal distinción resulta irrelevante en la medida que, inclusive en el supuesto de que se considerara que tal crimen reúne los requisitos para ser catalogado como un delito lesa humanidad, el medio de control judicial de reparación directa se encontraría igualmente caducado.

Lo anterior debido a que, como lo indicó esta misma Subsección en un asunto similar, la Sala Plena de la Sección Tercera de la Corporación, mediante sentencia de 29 de enero de 2020 unificó su jurisprudencia y precisó que en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado, resultan aplicables las reglas de caducidad previstas para la reparación directa.

Además, en este punto es preciso destacar que dicho criterio fue avalado por la Corte Constitucional en sede de revisión de una acción de tutela en la sentencia de unificación SU-312 del 13 de agosto de 2020.
Puntualmente, el pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la referida providencia estableció que para contabilizar el término bienal de caducidad de las pretensiones indemnizatorias derivadas de los hechos constitutivos de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaración de responsabilidad patrimonial y extracontractual del Estado deben observarse las siguientes subreglas:

El término de caducidad establecido por el legislador se computa desde el momento en que los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado en la producción del daño y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial extracontractual.

La contabilización de ese término para las súplicas indemnizatorias derivadas del delito de desaparición forzada se sujeta a la regulación legal expresa prevista para el efecto.

Ese lapso no se aplica cuando se adviertan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción, de suerte que, una vez superadas aquellas empezará a correr el término de ley, dado que, para tales efectos no resulta determinante la situación causante del daño sino la condición particular de quien acude a la administración de justicia.

En ese orden, en este caso, a pesar de que en el recurso de apelación y en sus diferentes intervenciones la parte actora refirió algunos pronunciamientos del Consejo de Estado en los cuales se acogió la postura según la cual los hechos derivados de delitos de lesa humanidad no estaban sometidos al término de caducidad, lo cierto es que, en la actualidad, la posición unificada, pacífica y reiterada de la Sección Tercera es la explicada con antelación.

En ese horizonte de comprensión, en este asunto sometido a consideración de la Sala no existe ningún elemento de juicio que permita considerar, válidamente, que los demandantes se encontraban en una situación material de carácter particular, especial y grave que les impidiera presentar la respectiva demanda de reparación directa.

Si bien no se desconoce que el homicidio de su familiar pudo generarles consecuencias negativas y graves, como lo ha dicho esta misma Sala en oportunidades anteriores, esa situación no constituye, por sí misma, una justificación válida para encontrar configurada la imposibilidad material de acceder a la administración de justicia, a la cual se puede acceder inclusive en situaciones irregulares; por tanto, tampoco se encuentra razonable estimar que la situación de los demandantes justifique la imposibilidad de acceso a la administración de justicia.

Por esa razón, como lo indicó en su concepto el representante del Ministerio Público, en este caso resulta intrascendente determinar si los hechos se enmarcan o no en un crimen de lesa humanidad, en tanto los actores no demostraron o cuando menos alegaron haberse enterado del homicidio en una fecha posterior, pues, como lo reconocieron en sus diferentes intervenciones, tuvieron noticia del asesinato del señor Tobar Castaño en la misma fecha en que ocurrió, esto es, el 14 de febrero de 2006, motivo por el cual es a partir de esa fecha como dies a quo desde cuando debe contarse el término de caducidad.

Aunado a ello, también resulta inane abordar el análisis sobre los supuestos indicios derivados del contexto de violencia y las masacres o tomas guerrilleras mencionadas en la alzada que, por lo demás, resultan distantes en el tiempo con el homicidio de la víctima, sin que se haya explicado ni justificado de manera suficiente y con la carga que ello amerita su relación con tales sucesos.

En cualquier caso, aunque la Corte Constitucional, entre otras, en recientes sentencias de tutela (sentencias T-459 de 2025, T-202 de 2025, SU-241 de 2024 y T-001 de 2025), ha señalado que el juez de la reparación puede flexibilizar el término siempre que se demuestre, mediante pruebas fidedignas o a través de indicios determinantes que permitan arribar a esa conclusión, que las partes no pudieron conocer el daño o de la participación de agentes del Estado con antelación y que ello les impidió ejercer su derecho de acción, lo cierto es que en este caso no existen pruebas ni indicios relevantes que permitan a la Sala establecer un momento hito diferente para el cómputo de la caducidad, pues los demandantes simplemente se limitaron a insistir en que los hechos se enmarcan en delitos de lesa humanidad, lo que, en su criterio, los habilitaba para demandar en cualquier tiempo.

Por esa sencilla pero potísima razón también es irrelevante auscultar si el tribunal tenía o no el deber de activar sus facultades oficiosas para decretar pruebas, específicamente si lo que pretendían demostrar los recurrentes, según su propio dicho es i) que el núcleo familiar más cercano del occiso fue reconocido como víctima del conflicto armado por la UARIV y ii) que por estos mismos hechos fue condenado penalmente un miembro de las FARC.

En esta oportunidad, esta colegiatura no pasa por alto que tales hechos fueron cometidos por un grupo al margen de la ley y que su núcleo familiar más cercano fue reconocido como víctima, situación diferente es que en el caso concreto ello no incida en la contabilización de la caducidad, puesto que no se demostró ninguna circunstancia objetiva y de carácter excepcional que permita inferir que los afectados no pudieron conocer el daño tan pronto se perpetró el homicidio o que la decisión de acudir tardíamente a la jurisdicción estaba plenamente justificada.

Así las cosas, si los demandantes tuvieron conocimiento del hecho el mismo día en que tuvo lugar, como acertadamente lo concluyó el Tribunal Administrativo de Caldas, tenían hasta el 15 de octubre de 2008 para presentar la demanda, pero acudieron a la justicia muchos años después con la única justificación de que el caso envolvía un delito de lesa humanidad que, como se vio, en todo no se encuentra exento de la aplicación del término bienal de caducidad.

En gracia de discusión, aunque se flexibilizara dicho término y se contabilizara el término estimando como momento hito para el cómputo el 29 de enero de 2009, fecha en la que el Juzgado Penal Especializado de Manizales profirió la condena en contra del señor Fermín Antonio Cano Cardona por el delito de homicidio agravado y reconoció como víctimas a la cónyuge y los hijos del occiso, en todo caso la acción estaría igualmente caducada.

Por consiguiente, como en el presente asunto no se demostró una situación o circunstancia de imposibilidad material alguna para acceder a la administración de justicia, la Sala concluye que los actores acudieron a esta jurisdicción por fuera de los dos (2) años previstos para el efecto en el artículo 136-8 del CCA, norma vigente al momento del homicidio, porque cuando presentaron la solicitud de conciliación extrajudicial el 13 de septiembre de 2016 (fl. 79, índice 2 Samai) el término previsto en la norma procesal ya había expirado; en consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia que declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa.

De otra parte, debe igualmente observarse que este análisis compagina con los criterios adoptados en la ya citada sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020 y por parte esta misma Sala para el examen de la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los hechos constitutivos de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaración de responsabilidad patrimonial al Estado, valga decir, que: “i) en tales eventos resulta aplicable el término para demandar establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley”.

Tales postulados fueron acogidos por la Corte Constitucional en sentencia SU-312 de 2020 con la aclaración de que el juez contencioso administrativo debe valorar las particularidades de cada asunto en concreto, y que la desestimación del medio de control de reparación directa por caducidad no le impide al perjudicado obtener la compensación económica del daño causado por otras vías, como efectivamente ocurrió en este caso.

Sobre este punto es especialmente relevante advertir que la Corte reiteró esa postura recientemente en sentencia SU-167 de 2023 y agregó que “la aplicación del fallo de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado debe realizarse teniendo en cuenta la necesidad de readecuar el trámite para brindar oportunidad a las partes de ajustarse a las nuevas cargas y posibilidades procesales que este contiene”; sin embargo, como se ha dicho por parte de esta Sala en controversias similares, en este caso no es procedente ni necesario readecuar el trámite debido a que las particularidades del mismo no permiten avizorar que ello pueda dar lugar a un cambio en el sentido de esta decisión, pues, de lo acreditado en el proceso y asegurado en la demanda hay absoluta certeza de que desde el conocimiento del hecho dañoso operó la caducidad y no hay ningún elemento probatorio que permita inferir que los demandantes estuvieron impedidos para ejercer en tiempo oportuno el derecho de acción, máxime si, se reitera, sus argumentos estuvieron enfocados únicamente en demostrar que el hecho era imprescriptible y, por ende, no discutieron haber conocido del daño en una oportunidad posterior.

3. Condena en costas

Por último, en la medida que ello constituye uno de los argumentos de inconformidad del recurso de apelación y en atención a lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437, se recuerda que, salvo en los procesos en se ventile un interés público se condenará en costas, cuya liquidación y ejecución se regirá por las normas del Código de Procedimiento Civil. En esta línea el artículo 365 del Código General del Proceso consagra que se condenará en costas “a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto (…).”.

En atención a la precitada regla del artículo 365 del Código General del Proceso y en vista de que se considera parte vencida a los demandantes por no haber prosperado el recurso de apelación por ellos propuesto sería preciso condenarlos a pagar las costas en segunda instancia; sin embargo, como lo ha señalado esta Sala de Decisión, de conformidad con la sentencia SU-241 de 2024 proferida por la Corte Constitucional, cuando los demandantes son víctimas del conflicto armado no es procedente imponer condena en costas por tratarse de sujetos de especial protección, motivo por el cual la Sala revocará la condena en costas de primera instancia y se abstendrá de condenar en costas de segunda instancia.

4. Conclusión

En síntesis, a partir del estudio de los elementos fácticos y jurídicos previamente analizados la Sala modificará la sentencia del 19 de mayo de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas para revocar únicamente la condena en costas y ratificar la excepción de caducidad propuesta al unísono por las entidades demandadas porque efectivamente se demostró que la demanda fue presentada de manera extemporánea.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A:

1º) Confírmase el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia del 19 de mayo de 2020 expedida por el Tribunal Administrativo de Caldas que declaró probada la excepción de caducidad.

2°) Revócanse los ordinales segundo y tercero de la sentencia del 19 de mayo de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas en cuanto condenaron en costas a la parte actora.

3°) Abstiénese de condenar en costas en esta instancia.

4º) Reconócese personería a la abogada Alexandra María Ronceria Serje, identificada con cédula de ciudadanía no. 52.389.938 de Bogotá y tarjeta profesional no. 121.369 del Consejo Superior de la Judicatura para que actúe como apoderada judicial del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social en los términos y para los efectos del poder a ella conferido visible en el índice 33 del aplicativo de gestión judicial Samai.

5°) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección
(firmado electrónicamente)

ALBERTO MONTAÑA PLATA DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
Salva voto

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
Se deja constancia que, en la medida que en la demanda, los poderes y sus notas de presentación personal, los registros civiles de nacimiento e inclusive en las cédulas de ciudadanía, documentos que fueron aportados con el libelo inicialista, los apellidos de algunos demandantes aparecen indistintamente como “Tobar” o “Tovar”, la Sala se referirá a ellos como aparecen en las cédulas de ciudadanía o los registros civiles de nacimiento correspondientes, según sea el caso.
Dicha prueba fue aportada y reposa en el expediente visible a fls. 1 a 6 del cdno. pruebas de la parte demandante.
Fl. 41, índice 2, Samai.

El artículo 40 de la Ley 153 de 1887 dispone: “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir // Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones (…)”. (negrillas adicionales).
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 11 de septiembre de 2024, expediente no. 25000-23-26-000-2018-00545-01 (64.055), MP Fredy Ibarra Martínez.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 29 de enero de 2020, expediente no. 61.033, MP Marta Nubia Velásquez Rico.
Corte Constitucional, MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.
Auto de 18 de noviembre de 2021, proceso no. 2019-03150-01 (67078), MP Fredy Ibarra Martínez.
Sección Tercera, Sala Plena, Op. Cit.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 1 de diciembre de 2025, expediente no. 25000-23-41-000-2016-02043-01 (69.787), MP Fredy Ibarra Martínez; Auto de 19 de octubre de 2023, expediente no. 15001-23-33-000-2022-00190-01 (70128), MP Martín Bermúdez Muñoz, con salvamento de voto del Magistrado Alberto Montaña Plata.
Sentencia del 13 de agosto de 2020, expediente no. T-7243742, MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.

Como el incidente de reparación integral en el marco del proceso penal que se adelante en contra del responsable material del delito de lesa humanidad o el trámite de indemnización administrativa.

Sentencia del 18 de mayo de 2023, expediente no. expediente T-8.473.096, MP Diana Fajardo Rivera.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 7 de febrero de 2025, expediente no. 05001-23-33-000-2018-00148-01 (71.697), MP Fredy Ibarra Martínez; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 1 de diciembre de 2025, expediente no. 05001-23-33-000-2018-01482-01 (72.394), MP Fredy Ibarra Martínez

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Expediente 17001-23-33-000-2017-00016-01 (66.753)
Actor: Diego Castaño Tovar y otros
Reparación directa
Apelación de sentencia

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