Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2016-02043-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2016-02043-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-41-000-2016-02043-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
1 de diciembre de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, primero (1º) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 25000-23-41-000-2016-02043-01 (69.787)
Demandante: JESÚS NICOLÁS VELÁSQUEZ BONILLA Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO
NACIONAL
Medio de control: REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN
GRUPO DE PERSONAS
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – CADUCIDAD – MUERTE
EN COMBATE SIMULADO
Síntesis del caso: el grupo que actúa como parte demandante está integrado por los
familiares de Jesús Nicolás Velásquez Beltrán, Nelson Arbey Velásquez Beltrán y
Fernando Antonio Leyva Mejía, quienes fueron reportados como insurgentes abatidos en
combate por miembros del Ejército Nacional el 6 de febrero de 2006 en la vereda La
Culebra del municipio de Angostura (Antioquia); en la demanda se afirma que las víctimas
eran civiles inermes, reclutados mediante engaños y posteriormente asesinados en
hechos que se enmarcan dentro del fenómeno conocido como “falsos positivos”; los
cuerpos fueron identificados como NN y sepultados sin conocimiento de sus familias,
quienes solo fueron informadas de su fallecimiento en diciembre de 2007, circunstancia
que sirvió de causa del presente proceso, cuyo análisis se centra en la discusión sobre la
caducidad del medio de control judicial reparación de los perjuicios causados a un grupo
de personas.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto la parte demandante1 contra la
sentencia proferida el 15 de diciembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A por medio de la cual se dispuso:
“PRIMERO. - DECLÁRASE a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional, responsable por la ejecución extrajudicial de Jesús
Nicolás Velásquez Beltrán, Nelson Arbey Velásquez Beltrán y Fernando
Antonio Leyva Mejía, personas inermes e inocentes, sin ninguna
pertenencia a grupos armados irregulares, en hechos ocurridos fuera de
combate.
SEGUNDO. - DECLÁRASE la excepción de caducidad del medio de
control en cuanto al pago de la indemnización de los perjuicios,
1
Samai, índice 56 del trámite de la primera instancia.
2
Expediente 25000-23-41-000-2016-02043-01 (69.787)
Actor: Jesús Nicolás Velásquez Bonilla y otros
Reparación de perjuicios causados a un grupo
Apelación de sentencia
propuesta por la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional.
TERCERO. - En firme esta providencia, por Secretaría, ENVÍESE copia
de la misma al Registro Público Centralizado de Acciones Populares y
de Grupo de conformidad con el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.
CUARTO. - CONDÉNASE en costas a la parte vencida en el proceso y,
por Secretaría, adelántese el trámite correspondiente, conforme a lo
previsto en los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso,
aplicable por remisión del artículo 68 de la Ley 472 de 1998”2. (negrillas
y mayúsculas sostenidas del original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito radicado el 7 de octubre de 2016 (fl. 23 cdno. 1), el abogado
José Orozco Giraldo, en nombre y representación de Jesús Nicolás Velásquez
Bonilla y veintidós (22) personas más, familiares de los señores Jesús Nicolás
Velásquez Beltrán, Nelson Arvey Velásquez Beltrán y Fernando Antonio Leyva
Mejía3 presentaron demanda de reparación de perjuicios causados a un grupo en
contra de la Nación - Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional (fls. 1 a 41 cdno. 1)
con las siguientes pretensiones:
“1- Solicito que se declare administrativa y solidariamente responsable a
LA NACIÓN el MINISTERIO DE DEFENSA y el EJÉRCITO NACIONAL
de todos los daños y perjuicios tanto de orden material como moral y la
vida de relación, que haya padecido cada uno de los miembros del
grupo familiar demandante.
2- Que como consecuencia de la declaración anterior se condene a la
entidad demandada, la pago del DAÑO MATERIAL, entendido el
causado como pasado y futuro, en la modalidad de LUCRO CESANTE,
desde la desaparición de cada una de las víctimas y desde la
presentación de esta demanda y hasta el límite de vida probable de
cada uno de los fallecidos (lucro cesante futuro), que según el DANE,
está calculada en la actualidad entre 72 y 78 años de vida, de un
hombre en condiciones normales de existencia.
3- Que se condene en favor de cada uno de los demandantes la
reconocimiento y pago del daño moral (…).
2
Páginas 26 y 27, archivo: 8_SENTENCIA(.pdf) NroActua 51, Samai índice 51 de la primera instancia.
3
Grupo integrado por las siguientes personas: Lady Yalile Vernal Cabrera, Nicolás Duván Velásquez Bernal,
Jesús Nicolás Velásquez Bonilla, Blanca Nubia Beltrán Morales, María Genoveva Bonilla, Fernando
Velásquez Bonilla, Eduardo Velásquez Bonilla, Inés Velásquez Bonilla, Fabián Beltrán Morales, Ligia Oliva
Beltrán Morales, María Inés Beltrán Morales, Olinda Beltrán Morales, Querubín Beltrán Morales, Miguel
Antonio Beltrán Morales, Kenedy Beltrán Morales, Liseth Alexandra Rodríguez Beltrán, José Ricardo
Rodríguez Beltrán, Sandra Lucía Velásquez Beltrán, Eliana Mileidys Velásquez Beltrán, Tatiana Kimberly
Céspedes Velásquez, Johan Sebastián Céspedes Velásquez, María Alejandra Céspedes Velásquez e Ingrid
Julieth Rodríguez Velásquez (fls. 1 y 2 cdno. 1).
3
Expediente 25000-23-41-000-2016-02043-01 (69.787)
Actor: Jesús Nicolás Velásquez Bonilla y otros
Reparación de perjuicios causados a un grupo
Apelación de sentencia
4- Que de las condenas que se impongan se ordene el pago de
intereses en la forma que lo manda u ordena el Código Contencioso
Administrativo y de Procedimiento Administrativo en su normatividad que
regula el pago de la condena respectiva. Art. 192 del CPACA (…).” (fls.
16 a 18 cdno. 1 - mayúsculas sostenidas y negrillas del original).
2. Hechos
Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora expuso en el escrito
contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:
1) El 5 de febrero de 2006, por ofrecimiento de una persona conocida como
“Román”, los señores Jesús Nicolás Velázquez Beltrán, Nelson Arbey Velásquez
Beltrán y Fernando Antonio Leiva Mejía salieron del municipio de Mosquera
(Cundinamarca) con destino a la ciudad de Medellín (Antioquia) con la intención
de transportar de regreso unos “repuestos” con la promesa de una remuneración
en contraprestación.
2) El 21 de febrero de 2006, la señora Blanca Nubia Beltrán Morales, madre de
Nicolás Velázquez Beltrán y Nelson Arbey Velásquez Beltrán, presentó una
denuncia ante la Fiscalía General de la Nación con sede en Bogotá DC por el
hecho de la desaparición de sus dos hijos debido a la imposibilidad de
comunicarse con ellos.
3) El 28 de diciembre de 2007, la señora Blanca Nubia Beltrán Morales recibió una
llamada del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en la que se
le solicitó acudir para reconocer dos cadáveres rotulados como NN;
posteriormente, el Grupo de Identificación del CTI confirmó que se trataba de sus
hijos, Jesús Nicolás Velásquez Beltrán y Nelson Arbey Velásquez Beltrán; a la
madre de las víctimas se le informó que ambos habían sido reportados como
guerrilleros abatidos el 6 de febrero de 2006 —un día después de haber salido de
su hogar— por miembros del Batallón Coronel Anastasio Girardot del Ejército
Nacional, en hechos ocurridos en la vereda La Culebra del municipio de Angostura
(Antioquia).
4) El mismo día del conocimiento del fallecimiento de sus hijos, la señora Blanca
Nubia Beltrán Morales se comunicó con el señor Román Antonio Leyva, padre de
Fernando Antonio Leyva Mejía, con el fin de expresarle que en los referidos
hechos se había reportado un tercer cadáver como NN.
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Expediente 25000-23-41-000-2016-02043-01 (69.787)
Actor: Jesús Nicolás Velásquez Bonilla y otros
Reparación de perjuicios causados a un grupo
Apelación de sentencia
5) La investigación por el homicidio de esas personas fue conocida por el Juzgado
32 de Instrucción Penal Militar; no obstante, el 22 de octubre de 2008 la
Procuraduría 188 Judicial Penal formuló ante ese despacho una solicitud para que
propiciara una colisión positiva de competencia y la remisión del asunto a la
justicia ordinaria luego de advertir varias irregularidades cometidas por los
militares que ponían en duda que los civiles hubieran sido abatidos en el marco de
un enfrentamiento armado.
6) No se configura en el presente asunto la excepción de caducidad, porque según
el derecho convencional los crímenes de guerra y lesa humanidad son
imprescriptibles.
3. Contestación de la demandada
La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, mediante escrito
presentado el 21 de julio de 2017 (fls. 225 a 243, cdno. 1) se opuso a las
pretensiones de la demanda con base en dos argumentos principales: (i) propuso
la excepción de “caducidad frente a la desaparición forzada”, por considerar que
los demandantes tuvieron conocimiento del fallecimiento de las víctimas en
diciembre de 2007, cuando fueron llamados por el Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses para el reconocimiento de los cuerpos, los cuales
fueron entregados al día siguiente; además, sostuvo que no se cumplen los
requisitos para calificar los hechos como delito de lesa humanidad y que,
conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado,
no es procedente aplicar de manera analógica la imprescriptibilidad de la acción
penal a los medios de control judicial de carácter indemnizatorio; (ii) alegó que no
existe prueba suficiente en el proceso que permita acreditar los hechos narrados
en la demanda ni la existencia de una falla en el servicio atribuible a la entidad
demandada4.
4. La sentencia de primera instancia
El 15 de diciembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A declaró la responsabilidad de la Nación – Ministerio de
4
La audiencia de conciliación de que trata el artículo 61 de la Ley 472 de 1998 se llevó a cabo el 20 de
octubre de 2017, la cual se declaró fallida; en la misma audiencia se incorporaron las pruebas allegadas con
la demanda y la contestación y se decretaron las pedidas por las partes (fls- 298 a 300 cdno. 1).
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Expediente 25000-23-41-000-2016-02043-01 (69.787)
Actor: Jesús Nicolás Velásquez Bonilla y otros
Reparación de perjuicios causados a un grupo
Apelación de sentencia
Defensa – Ejército Nacional por la muerte de los señores Jesús Nicolás Velásquez
Beltrán, Nelson Arbey Velásquez Beltrán y Fernando Antonio Leyva Mejía; no
obstante, también acogió la excepción de caducidad del medio de control judicial
respecto de la súplica indemnizatoria, con apoyo en la siguiente argumentación:
1) En relación con la caducidad, conforme a lo establecido por la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 29 de
enero de 2020 (exp. 61.033), así como también por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-312 de 2020, el término de caducidad resulta aplicable incluso en
casos relacionados con delitos de lesa humanidad; lo anterior, en tanto la regla de
imprescriptibilidad consagrada en instrumentos internacionales se circunscribe
exclusivamente al ámbito penal, sin que sea procedente su extensión a los medios
de control judicial de naturaleza indemnizatoria; en consecuencia, el término para
presentar la demanda debe computarse desde el momento en que el reclamante
tuvo conocimiento de la participación de agentes estatales en los hechos
generadores del daño.
2) En este caso concreto, se acreditó que los familiares de los señores Jesús
Nicolás Velásquez Beltrán y Nelson Arbey Velásquez Beltrán tuvieron
conocimiento de su fallecimiento el 28 de diciembre de 2007 cuando se le informó
a la señora Blanca Nubia Beltrán Morales que sus hijos habían muerto en combate
el 6 de febrero de 2006, empero, la demanda fue presentada el 7 de octubre de
2016, es decir, transcurrido ya ampliamente el término de dos (2) años previsto
para la interposición del medio de control judicial de reparación de perjuicios
causados a un grupo, razón por la cual operó el fenómeno jurídico de la
caducidad.
3) Por otra parte, si bien la acción de grupo tiene como finalidad el reconocimiento
y pago de la correspondiente indemnización de perjuicios la caducidad no se
extiende, necesariamente, a otros derechos de las víctimas, tales como el acceso
a la verdad y la justicia; en ese sentido, aun cuando se configure la caducidad
respecto de las pretensiones indemnizatorias, ello no impide que el juez
contencioso administrativo se pronuncie sobre la responsabilidad de la entidad
estatal accionada, en orden a garantizar dichos derechos fundamentales.
4) El referido planteamiento resulta congruente con el medio de control judicial
previsto en el artículo 145 de la Ley 1437 de 2011, en cuanto la obligación de
6
Expediente 25000-23-41-000-2016-02043-01 (69.787)
Actor: Jesús Nicolás Velásquez Bonilla y otros
Reparación de perjuicios causados a un grupo
Apelación de sentencia
reparación excede el ámbito meramente indemnizatorio y puede abarcar otras
dimensiones, como los derechos a la verdad y a la justicia, dada su relevancia en
los instrumentos internacionales de derechos humanos; esta consideración cobra
especial importancia en el presente asunto, en el que se examina una actuación
estatal calificada como “falso positivo”, reconocida por organismos nacionales e
internacionales como crimen de lesa humanidad por tratarse de un patrón
sistemático, planificado y de carácter masivo; aunado a ello, las investigaciones
penales relacionadas con estos hechos aún no han concluido, lo que refuerza el
valor de la sentencia como una forma de reparación simbólica, especialmente
después de más de 16 años desde la ocurrencia de los hechos.
5) Con fundamento en lo anterior, al margen de las pretensiones indemnizatorias,
el análisis de las piezas procesales contenidas en el expediente penal no. 9772
adelantado por la Fiscalía 74 Especializada de Medellín y trasladado a esta
actuación, permite concluir que existió un acuerdo entre el señor Luis Norberto
Sierra (reclutador) y miembros del Ejército Nacional con el propósito de presentar
a los señores Jesús Nicolás Velásquez Beltrán y Nelson Arbey Velásquez Beltrán
como presuntos integrantes de un grupo armado al margen de la ley, para
posteriormente darlos de baja en un supuesto combate; esta acción derivó en
beneficios para la tropa, entre ellos permisos otorgados por el comandante de la
unidad que participó en los hechos, el teniente Luis Gabriel Rueda Acevedo.
5. Recurso de apelación
El 26 de enero de 20235, el apoderado del grupo demandante interpuso recurso
de apelación mediante el cual solicitó la revocatoria de los ordinales segundo y
cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, referidos a la
declaración de caducidad del medio de control judicial respecto de la súplica
indemnizatoria y a la condena en costas impuesta a la parte actora,
respectivamente, impugnación que fundamentó en los argumentos que a
continuación se exponen:
1) La declaración de caducidad contenida en el ordinal segundo de la parte
resolutiva del fallo de primer grado respecto de las pretensiones indemnizatorias
resulta contradictoria frente a lo decidido en el ordinal primero de la misma
5
Archivo: 11_RECIBEMEMORIALES_PARTEACTORARECAPE(.pdf) NroActua 56, índice 56, Samai de la
primera instancia.
7
Expediente 25000-23-41-000-2016-02043-01 (69.787)
Actor: Jesús Nicolás Velásquez Bonilla y otros
Reparación de perjuicios causados a un grupo
Apelación de sentencia
providencia, en el cual se declaró la responsabilidad de la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional por el fallecimiento de las víctimas mencionadas en la
demanda; esta inconsistencia pone en entredicho la coherencia interna de la
sentencia, por cuanto reconoce la existencia de un daño antijurídico atribuible a la
entidad estatal, pero, al mismo tiempo, niega la posibilidad de reparación por
razones procesales.
2) Es claro que la jurisprudencia nacional ha considerado que los delitos de lesa
humanidad no están sujetos a las reglas de caducidad y prescripción en aplicación
de las disposiciones convencionales internacionales adoptadas por Colombia
sobre graves violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional
humanitario; una decisión que estime lo contrario incumpliría dicho contexto
normativo, pues, tales disposiciones internacionales priman en su aplicación sobre
el derecho interno.
3) El Consejo de Estado ha proferido varias decisiones en las cuales ha accedido
a las pretensiones indemnizatorias de la demanda en eventos de lesa humanidad
a pesar de que la acción se ha intentado por fuera del término dispuesto en la
correspondiente norma procesal.
4) En todo caso, el fallo de primera instancia también desconoció la normativa
interna, en especial la segunda parte del artículo 136 numeral 8 del CCA,
adicionado por el artículo 7 de la Ley 589 de 2000, que prevé que en casos de
desaparición forzada el término de caducidad se debe computar desde la fecha en
que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo
adoptado en el proceso penal.
5) En el presente caso, el proceso penal adelantado contra los militares implicados
en el homicidio de las víctimas no ha culminado, aunado al hecho de que
solicitaron ser incluidos ante la Justicia Especial para la Paz (JEP).
6) De este modo, el a quo no se percató de que los hechos de la demanda refieren
un caso de desaparición forzada proseguido de acto de homicidio, “no es como lo
afirma la ponencia mayoritaria, que los obitados (sic) fueron reconocidos por sus
parientes (Madre) a los dos días de haberse desaparecido de FUNZA –
CUNDINAMARCA, donde laboraban, eso no es cierto, nótese que de acuerdo a
8
Expediente 25000-23-41-000-2016-02043-01 (69.787)
Actor: Jesús Nicolás Velásquez Bonilla y otros
Reparación de perjuicios causados a un grupo
Apelación de sentencia
las constancias procesales fueron hallados al año después de haber sido
reclutados, basta leer la declaración del reclutador” (fl. 490 cdno. apelación).
6. Actuación surtida en segunda instancia
El 7 de mayo de 2025 se profirió auto que admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante (Samai, índice 25), del cual se corrió traslado
a la contraparte y al Ministerio Público por el término de cinco (5) días hábiles que
se cumplió desde el 22 al 28 de mayo de 2025 (Samai, índice 30) y dentro del cual
no hubo pronunciamiento alguno6.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de
nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis de la caducidad del medio de control jurisdiccional de
reparación de perjuicios causados a un grupo, 3) conclusión y, 4) condena en
costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
Correspondería a la Sala determinar si de conformidad con el recurso de
apelación procede la revocatoria de los ordinales segundo y tercero de la parte
resolutiva de la sentencia de primera instancia en los cuales se declaró la
excepción de caducidad del medio de control judicial de reparación de perjuicios
causados a un grupo en relación con la correspondiente solicitud de
indemnización de perjuicios y condena en costas a la parte vencida.
6
Previamente, mediante auto del 7 de julio de 2023, el magistrado sustanciador de segunda instancia rechazó
por extemporáneo el recurso de apelación, por considerar que la impugnación debía interponerse dentro de
los tres (3) días siguientes a la notificación del fallo según la remisión realizada por el artículo 68 de la Ley 472
de 1998 al CGP sobre la materia (Samai, índice 3); contra esta decisión se interpuso recurso de reposición, al
cual, por ser improcedente, se le dio el trámite del recurso de súplica (Samai, índice 11). El 7 de febrero de
2025, los demás magistrados integrantes de la Sala revocaron la decisión que rechazó la apelación por
estimar que la providencia suplicada fue proferida con anterioridad a la expedición del auto de unificación del
14 de noviembre de 2024 emitido por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado (exp.
69.376) -que fijó como regla que en materia del medio de control judicial de perjuicios causados a un grupo las
sentencias debían apelarse dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación por estado según lo
ordenado en el artículo 322 del Código General del Proceso-, sumado al hecho de que en este caso la
notificación de la sentencia de primera instancia se había realizado conforme a los artículos 203 y 205 del
CPACA, con lo cual se habría sugerido a la parte demandante que el término para apelar era de diez (10)
días, de allí que se concluyera que el recurso de apelación fue presentado oportunamente (Samai, índice 21).
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Expediente 25000-23-41-000-2016-02043-01 (69.787)
Actor: Jesús Nicolás Velásquez Bonilla y otros
Reparación de perjuicios causados a un grupo
Apelación de sentencia
No obstante, dicha providencia será revocada, sobre la base de considerar que,
en efecto, se configura la excepción de caducidad del medio de control judicial de
reparación de perjuicios causados a un grupo, pero con la diferencia consistente
en que dicha circunstancia no solo impedía al juez de primera instancia acceder al
reconocimiento de las indemnizaciones solicitadas en la demanda sino igualmente
le vedaba la posibilidad de pronunciarse de fondo sobre la responsabilidad
patrimonial extracontractual de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército
Nacional.
Aunque, en principio, se trata de un escenario de apelante único, conforme a lo
dispuesto en el inciso cuarto del artículo 328 del Código General del Proceso7 -
toda vez que únicamente apeló el representante judicial del grupo actor y la
Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional no manifestó inconformidad frente
a la declaración de responsabilidad en primera instancia— la Sección Tercera del
Consejo de Estado ha considerado, de manera unificada, que dicha circunstancia
no limita la competencia del juez de segunda instancia para adoptar decisiones
sobre las cuales le asiste facultad oficiosa, especialmente sobre aquellas
cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la
caducidad, la falta de legitimación en causa y la indebida escogencia de la acción,
aunque no hubieren sido propuestas por el apelante como fundamento de su
inconformidad frente a la providencia recurrida8.
Esta interpretación se refuerza con lo preceptuado en el artículo 282 del Código
General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 68 de la Ley 472
de 19989, según el cual “en cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle
probados los hechos que configuran una excepción, deberá reconocerla
oficiosamente”, salvo en los casos de prescripción, compensación y nulidad
relativa, que corresponden a excepciones de naturaleza distinta a la de caducidad;
7
El artículo 328 del Código General del Proceso, aplicable al presente asunto, dispone: “El juez de segunda
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de
las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley (…).
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella (…)”. (negrillas
adicionales).
8
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 6 de abril de 2018, radicación no. 05001-23-
31-000-2001-03068-01(46.005), CP Danilo Rojas Betancourth.
9
Aunque en el artículo 187 del CPACA se contempla una regla similar, según la cual “en la sentencia se
decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquier otra que el fallador encuentre probada”, lo ciertos
es que el hoy denominado medio de control judicial de reparación de perjuicios causados a un grupo tiene
establecido de manera especial una trámite procesal contenido en la Ley 472 de 1998 y de manera explícita y
puntual previó en el artículo 68, de manera clara e inequívoca, que los aspectos no regulados debían cubrirse
o llenarse con las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso. Ver:
Salvamento parcial de voto al auto del 14 de noviembre de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, radicación no. 47001-23-33-000-2014-00091-01 (69.376), CP José Roberto Sáchica Méndez.
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Expediente 25000-23-41-000-2016-02043-01 (69.787)
Actor: Jesús Nicolás Velásquez Bonilla y otros
Reparación de perjuicios causados a un grupo
Apelación de sentencia
en consecuencia, esta instancia declarará la caducidad del medio de control
judicial de reparación de perjuicios causados a un grupo respecto de todas las
pretensiones formuladas en la demanda, incluidas aquellas orientadas a obtener la
declaración de responsabilidad patrimonial extracontractual de la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, lo mismo que frente a las de carácter
indemnizatorio de los perjuicios, toda vez que se acreditó la presentación
extemporánea de la demanda, circunstancia que impide el análisis y decisión de
fondo sobre el asunto sometido a consideración del juez de la causa.
2. Análisis de la caducidad del medio de control jurisdiccional de reparación
directa
1) Examinados los elementos de prueba aportados al proceso, se corrobora la
existencia de los siguientes hechos relevantes para la adopción de la decisión10:
a) Según informe de patrullaje emitido el 6 de febrero de 2006 por parte del
teniente Luis Gabriel Rueda Acevedo, Comandante del Pelotón Delhuyer 3 del
Batallón de Infantería no. 10 “Coronel Atanasio Girardot” del Ejército Nacional, a
las 1:15 horas de ese día se produjo un enfrentamiento en el sector rural del
municipio de Angostura (Antioquia) entre dicha tropa y supuestos integrantes de
un grupo armado ilegal que dejó como resultado tres (3) personas abatidas, cuyos
cuerpos fueron trasladados a la morgue de Yarumal (Antioquia) (fls. 111 a 114
cdno. 1).
b) En esa misma fecha, la Fiscalía 116 Delegada ante los Jueces Penales del
Circuito de Yarumal practicó las correspondientes actas de inspección de los tres
(3) cadáveres, los cuales fueron registrados como NN (fls. 363 a 371, cdno. 1); en
los respectivos protocolos de necropsia, realizados el 6 de febrero de 2006 por el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se estableció que la
10
Los medios de pruebas que se reseñan a continuación fueron tomados de las piezas procesales contenidas
en el expediente de la investigación preliminar no. 184 tramitada ante el Juzgado 32 de Instrucción Penal
Militar que luego fue remitida y conocida por la Fiscalía 47 Delegada ante el Tribunal Superior de Distrito
Judicial de Bogotá con radicación no. SIJUF9772, cuyo traslado fue ordenado en este proceso en audiencia
del 20 de octubre de 2017 (fl. 299 cdno. 1).
Esos medios de prueba serán tenidos en cuenta en los términos del artículo 174 del Código General del
Proceso, vigente para el momento en que fueron decretados, en concordancia con lo expresado por el
Consejo de Estado sobre la materia, pues, fueron incorporadas a solicitud de la parte demandante y con
audiencia de la parte demandada, en la medida que todas las que se mencionan fueron practicadas ante la
Justicia Penal Militar como dependencia orgánica de la Nación- Ministerio de Defensa. Ver: Consejo de
Estado, Sección Tercera, sentencia del 9 de diciembre de 2004, radicación no. 73001-23-31-000-1995-3172-
01 (14.174) DM, CP Germán Rodríguez Villamizar y; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 29 de marzo de 2012, radicación no. 20001-23-31-000-1999-00655-01 (21.380), CP Danilo
Rojas Betancourth.
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Expediente 25000-23-41-000-2016-02043-01 (69.787)
Actor: Jesús Nicolás Velásquez Bonilla y otros
Reparación de perjuicios causados a un grupo
Apelación de sentencia
causa de muerte fue un shock traumático producido por lesiones ocasionadas con
armas de fuego de carga única y alta velocidad, los cuerpos fueron posteriormente
inhumados en el cementerio “El Carmen” del municipio de Yarumal (fls. 373 a 396,
cdno. 1).
c) Por esos hechos se dio inicio a una investigación penal adelantada por el
Juzgado 32 de Instrucción Penal Militar, de cuya actuación se destacan los
testimonios de las siguientes personas:
(i) Román Antonio Leyva Castrillón rindió declaración el 12 de marzo de 2008, en
la que manifestó ser el padre de Fernando Antonio Leyva Mejía; indicó que el 28
de diciembre de 2007 fue informado por la señora Blanca Nubia Beltrán Morales
de que sus hijos habían sido hallados en el municipio de Yarumal (Antioquia) y
que junto a ellos se encontraba otro cadáver identificado como NN que podría
corresponder a su hijo, por tal motivo acudió a las instalaciones del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en la ciudad de Pereira
(Risaralda) donde, tres (3) días después, le fue mostrada una fotografía mediante
la cual logró reconocer a la víctima11.
(ii) Blanca Nubia Beltrán Morales dio testimonio el 3 de junio de 2008 ante la
autoridad judicial competente12; dijo ser madre de los señores Nelson Arbey
Velásquez Beltrán y Jesús Nicolás Velásquez Beltrán e indicó que los vio por
última vez el 5 de febrero de 2006 y, que el 28 de diciembre de 2007 recibió una
llamada telefónica del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en
la que se le informó sobre el fallecimiento de uno de ellos; al día siguiente se
11
Específicamente manifestó: “el 28 de diciembre de 2007, la señora Blanca Beltrán me dijo que los hijos de
ella habían aparecido muertos en Yarumal (Antioquia), y que con ellos había un NN, que posiblemente era mi
hijo, ella medio un teléfono de una oficina donde me daban razón, yo llamé a una doctora Adriana y ella me
dijo que preguntara en cualquier Medicina Legal del país, yo fui a Medicina Legal de Pereira y allá me pidieron
unos datos de señales y tatuajes yo dije que tenía un tatuaje en la espalda y un doctor me llamó a Medicina
Legal de Yarumal y a los tres días me dijo que fuera a ver una foto que habían mandado en computador, yo
fui y allá lo reconocí, de allá me dijeron que fuera a Yarumal y anoche salí para Yarumal y de allá me
mandaron para acá.” (fl. 174 anexo 1).
12
Al respecto indicó: “lo que sé es que a mis muchachos Nelson Arbey Velásquez Beltrán, Jesús Nicolás
Velásquez Beltrán los mataron a la una y media de la mañana el día 6 de febrero de 2006, porque ellos se
vinieron el 5 de febrero de 2006, a las 7 de la mañana, salieron de Bogotá, que yo sepa ellos dos salieron de
la casa, no sé con quienes se irían a encontrar, dijeron que venían a pasear por acá y llevar unos repuestos
(…) hasta el día 28 de diciembre de 2007, que me llamaron de Medicina Legal, y me dijeron que si yo era la
mamá de Nelson Arbey Velásquez, yo le dije que sí, que yo era la mamá de él, y me dijeron que lamentaban
decirme que lo habían encontrado, que ya estaba sepultado, que para mayor información fuera a Medicina
Legal a Bogotá, que allá me daban mayor información que esos papeles ya habían sido enviados para allá,
me fui a Bogotá el día 29 de diciembre de 2007, y allá me dieron la información completa que estaban los
hijos míos, que ellos estaban sepultados en Yarumal, Antioquia, y pues ahí ya viajamos para allá y allá nos
enteramos que les habían hecho la necropsia y que los habían sepultado el 6 de febrero de 2006 (…). Lo
único que me dijeron en Yarumal fue que ese día el ejército los habían traído de un punto que se llama
Culebras de la Vereda Angostura, y que los habían matado porque eran guerrilleros de la zona (…)”. (fls. 155
y 156 anexo 1).
12
Expediente 25000-23-41-000-2016-02043-01 (69.787)
Actor: Jesús Nicolás Velásquez Bonilla y otros
Reparación de perjuicios causados a un grupo
Apelación de sentencia
enteró de que ambos se encontraban sepultados en el municipio de Yarumal
(Antioquia), lugar al que se desplazó posteriormente para confirmar dicha
información.
d) Lo anteriormente expresado se complementa con lo indicado por el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Unidad Básica Yarumal, en las
comunicaciones dirigidas al Juzgado 32 de Instrucción Penal Militar que se
relacionan a continuación:
(i) Oficio no. ADF-011-2008-UBY del 8 de enero de 2008, en el cual se informó
que la señora Blanca Nubia Beltrán “ha identificado de manera reglamentaria los
cadáveres de Nelson Arbey Velásquez Beltrán (…) y de Jesús Nicolás Velásquez
Beltrán (…) fueron objeto de inhumación estatal en Yarumal, y corresponden a los
Informes Técnicos de Necropsia 2006P-0311400006 y 2006P-03011400007 (…).”
(fl. 170 anexo 1).
(ii) Oficio no. AD-111-2008-UBY, fechado el 12 de marzo de 2008, mediante el
cual se señaló que los señores María Helena Mejía y Román Antonio Leyva
manifestaron ser los padres del occiso identificado con el código UYA NN 2006.05,
cuyo examen médico legal fue practicado el 6 de febrero de 2006, quienes
procedieron a su reconocimiento e identificación. (fl. 173 anexo 1).
e) Según los correspondientes registros civiles de defunción aportados al proceso,
los señores Jesús Nicolás Velásquez y Nelson Arbey Beltrán Velásquez fallecieron
el 6 de febrero de 2006 (fls. 56 y 57 cdno. 1); defunción que fue inscrita el 21 de
mayo de 2008 ante la Registraduría Municipal del Estado Civil de Angostura
(Antioquia).
La misma información fue consignada en el registro civil de defunción de Fernando
Antonio Leyva Mejía, cuyo deceso fue inscrito el 6 de noviembre de 2008 ante la
Registraduría Municipal del Estado Civil de Angostura (Antioquia) (fl. 298 anexo 1).
2) En este contexto, respecto del término para presentar la demanda de manera
oportuna, resulta necesario precisar los hechos que dieron origen al presente
proceso; se trata de la desaparición de los señores Jesús Nicolás Velásquez
Beltrán, Nelson Arvey Velásquez Beltrán y Fernando Antonio Leyva Mejía ocurrida
13
Expediente 25000-23-41-000-2016-02043-01 (69.787)
Actor: Jesús Nicolás Velásquez Bonilla y otros
Reparación de perjuicios causados a un grupo
Apelación de sentencia
el 5 de febrero de 2006, según los testimonios previamente referenciados;
posteriormente, su fallecimiento tuvo lugar el 6 del mismo mes y año, circunstancia
que fue conocida por sus familiares en diciembre de 2007, es decir, con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011.
3) Al respecto, debe destacarse que el artículo 47 de la Ley 472 de 1998 establece
que la acción de grupo caduca en el término de dos (2) años, contados a partir de
la manifestación del hecho generador del daño o desde la cesación de la acción
vulnerante causante del mismo, norma legal que debe leerse armónicamente con
lo dispuesto en el literal h) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, dada la
remisión expresa que hace el artículo 44 de la misma Ley 472 de 1998.
4) No obstante, en aplicación de lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de
1887, la norma de integración normativa aplicable para realizar el cómputo de la
caducidad en este caso es la vigente para el tiempo en que el respectivo término
de la caducidad empezó a correr, esto es, el numeral 8 del artículo 136 del CCA
que preceptuaba lo siguiente13:
“Artículo 136. CADUCIDAD DE LAS ACCIONES (…).
8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de
dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del
hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación
temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de
trabajo público o por cualquiera otra causa.
Sin embargo, el término de caducidad de la acción de reparación
directa derivada del delito de desaparición forzada, se contará a
partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde
la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin
perjuicio de que tal acción pueda intentarse desde el momento en que
ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición.” (negrillas
adicionales).
5) En el presente asunto sometido a consideración de la Sala, se acreditó que las
víctimas por cuyo fallecimiento se promovió la acción permanecieron
desaparecidas desde el 5 de febrero de 2006, por un período aproximado de un
(1) año, diez (10) meses y veinticuatro (24) días, hasta el momento en que sus
13
El artículo 40 de la Ley 153 de 1887 dispone: “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los
juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las
diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las
notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los
términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones (…)”. (negrillas
adicionales).
14
Expediente 25000-23-41-000-2016-02043-01 (69.787)
Actor: Jesús Nicolás Velásquez Bonilla y otros
Reparación de perjuicios causados a un grupo
Apelación de sentencia
familiares fueron informados de su deceso el 28 de diciembre de 2007, días
después procedieron a su reconocimiento; aunque no existe plena claridad sobre
la fecha exacta en que dicho reconocimiento se efectuó, consta en el expediente
que este se produjo, a más tardar, el 8 de enero de 2008 en el caso de Jesús
Nicolás Velásquez Beltrán y Nelson Arbey Velásquez Beltrán, y el 12 de marzo de
2008 respecto de Fernando Antonio Leyva Mejía, según lo consignado
específicamente en los oficios remitidos por el Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses, Unidad Básica Yarumal al Juzgado 32 de Instrucción Penal
Militar, previamente referenciados.
En ese sentido, la demanda debió ser presentada dentro de los dos (2) años
siguientes a partir del momento en que los actores tuvieron conocimiento del
fallecimiento de sus familiares y procedieron a su reconocimiento; para el caso de
Jesús Nicolás Velásquez Beltrán y Nelson Arbey Velásquez Beltrán dicho término
vencía el 9 de enero de 2010, y para Fernando Antonio Leyva Mejía el 13 de
marzo de 2010; no obstante, la demanda fue radicada el 7 de octubre de 2016 (fl.
1, cdno. 1), lo que evidencia con claridad su presentación extemporánea, esto es,
por fuera del término dispuesto por el ordenamiento procesal vigente.
6) En esa perspectiva, uno de los puntos de discusión en el recurso de apelación
consiste en que el inciso segundo del numeral 8 del artículo 136 del CCA previó
dos supuestos para el inicio del cómputo de la caducidad en los eventos de la
configuración del delito de desaparición forzada, (i) uno de ellos es el momento de
la aparición de la víctima, y (ii) otro desde la decisión definitiva adoptada en el
correspondiente fallo penal, y como en el presente caso el proceso adelantado por
el homicidio de las víctimas no ha culminado la demanda fue presentada de
manera oportuna.
7) Al respecto debe precisarse que, si bien el delito de desaparición forzada ha
sido considerado como un hecho continuado que inicia con la desaparición misma
de la víctima y se prolonga en el tiempo mientras persista la falta de información
sobre el paradero de ella, dicha condición cesa una vez se conoce su ubicación y
se verifica con certeza su identidad14; por esta razón, la jurisprudencia del Consejo
de Estado ha establecido que los hechos relacionados con la desaparición forzada
14
Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del 26 de agosto de 2011, caso Torres
Millacura Y Otros Vs. Argentina.
15
Expediente 25000-23-41-000-2016-02043-01 (69.787)
Actor: Jesús Nicolás Velásquez Bonilla y otros
Reparación de perjuicios causados a un grupo
Apelación de sentencia
no excluyen la aplicación de la caducidad para reclamar los perjuicios derivados
de dicha conducta, toda vez que, el cómputo del término está supeditado a la
ocurrencia de una de dos condiciones: el aparecimiento de la víctima o la
ejecutoria del fallo definitivo en el proceso penal correspondiente, del siguiente
modo:
“De acuerdo con la prescripción transcrita, el legislador nacional previó
unas reglas de excepción frente a las acciones de reparación directa en
cuanto el término para ser intentadas, atendiendo las particulares
circunstancias que rodean este ominoso crimen. Así la norma establece
tres eventos: i) se contarán los dos años a partir de la fecha en que
aparezca la víctima, ii) esa contabilización se hará desde la ejecutoria
del fallo definitivo adoptado en el proceso penal y iii) lo anterior sin
perjuicio de que pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron
los hechos que dieron lugar a la desaparición.
Esta regulación se explica en tanto que en este tipo de eventos el
daño antijurídico que se demanda tiene la calidad de “continuado”,
esto es, que se sigue produciendo de manera sucesiva en el
tiempo. O lo que es igual, todo acto de desaparición forzada es
considerado delito permanente mientras sus autores continúen
ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y
mientras no se hayan esclarecido los hechos.
De ahí que sea razonable la previsión contenida en el precepto en cita
conforme a la cual el término para intentar la acción inicia a partir del
momento en que se verifica la cesación de la conducta o hecho que dio
lugar al mismo. En otras palabras, una vez “reaparece” la persona,
esta se encuentra en condiciones de ocurrir ante la jurisdicción
para buscar el amparo de la ley, siendo pues una carga hacerlo
dentro del plazo indicado por el ordenamiento.
La Sala reitera que la ocurrencia de los eventos consignados en la
norma en cita no implica que no opere la caducidad para la
reclamación de los perjuicios causados con el evento de
“desaparición forzada”, toda vez que lo que el legislador hizo fue
introducir una variación en relación con el momento en que se
inicia el conteo del término para intentar la acción, el cual queda
pues sometido al acaecimiento de una de dos condiciones: i) el
aparecimiento de la víctima; o ii) la ejecutoria del fallo definitivo
adoptado en el proceso penal. Por manera que el término de dos
años previstos en la norma, no varía.
Ahora, si bien la Ley 707 de 2007, por la cual se aprobó la
convención interamericana sobre desaparición forzada de
personas, en su artículo VII dispuso que la acción penal derivada
de la desaparición forzada de personas y la pena que se imponga
judicialmente al responsable de la misma no estarán sujetas a
prescripción, es claro que esta previsión no puede hacerse
extensiva por vía de interpretación a otro tipo de acciones”.
15
(negrillas fuera de texto).
15
Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 3 de marzo de 2010, radicación no. 50001-23-31-000-2008-
00350-01 (36.282), CP Myriam Guerrero Escobar.
16
Expediente 25000-23-41-000-2016-02043-01 (69.787)
Actor: Jesús Nicolás Velásquez Bonilla y otros
Reparación de perjuicios causados a un grupo
Apelación de sentencia
8) En el presente caso, es palmario que se configura la primera de las dos
condiciones previstas en el inciso segundo del artículo 136 del Código
Contencioso Administrativo (CCA) para el inicio del cómputo del término de
caducidad en eventos de desaparición forzada, esto es, la aparición de las
víctimas; este hecho excluye la aplicación de la segunda regla —la ejecutoria del
fallo penal—, la cual opera únicamente de manera subsidiaria, es decir, “en
defecto” del primer supuesto cuando no se ha producido la aparición de la víctima.
Por lo tanto, no resulta atendible el argumento expuesto en la apelación, según el
cual el término de caducidad no ha comenzado a correr debido a que la
investigación penal relacionada con la desaparición y posterior fallecimiento de las
víctimas aún no ha concluido; tal razonamiento desconoce que la aparición
comprobada de las víctimas activa el inicio del término de caducidad,
independientemente del estado procesal de la investigación penal; en
consecuencia, la ejecutoria del fallo penal no puede ser considerada como el hito
indefectible y determinante para el cómputo del término en este caso específico.
9) Ahora bien, en relación con el argumento según el cual el homicidio de los
demandantes constituye lo que se ha denominado como “falsos positivos” —
conductas que han sido calificadas como delitos de lesa humanidad— y que, por
tanto, la acción reparatoria correspondiente estaría exenta de las reglas de
caducidad, es pertinente precisar que, si bien es cierto que los hechos
relacionados con homicidios y desapariciones forzadas de personas que
posteriormente son ilegítimamente presentadas como bajas en combate han sido
reconocidos como delitos de lesa humanidad, especialmente por la Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP)16, por el hecho de considerar que configuran un ataque
sistemático y generalizado de los organismos militares estatales contra la
16
A través del auto no. 125 de 2021, en el caso no. 3 correspondiente a asesinatos y desapariciones forzadas
presentados como bajas en combate por agentes del Estado – Subcaso Norte de Santander, la Sala de
Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conducta de la
Jurisdicción Especial para la Paz consideró lo siguiente: “los hechos y conductas que han sido identificados en
esta decisión y que se calificaron en este acápite como homicidios en persona protegida y desapariciones
forzadas no fueron actos aislados, espontáneos o esporádicos. Por el contrario, todos estos actos están
interrelacionados y fueron cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población
civil, es decir, cumplen con el elemento contextual de los crímenes de lesa humanidad. Por esta razón, los
hechos y conductas aquí descritos constituyen también crímenes de esta clase, conforme a la definición que
hace el artículo 7 del Estatuto de Roma. La referencia al Estatuto, tal y como se explicó arriba, es necesaria
por cuanto la legislación penal colombiana no contempla una definición de los crímenes de lesa humanidad y
es esta categoría la que mejor refleja no solamente la manera en que fueron cometidos estos crímenes, así
como su magnitud y alcance, sino también su gravedad y trascendencia jurídica (nacional e internacional). De
todas maneras, es necesario advertir que el homicidio (asesinato en los términos expresos del artículo 7 ER) y
la desaparición forzada se encuentran expresamente previstos en el artículo 7 ER, como actos individuales
que, de ser realizados como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil,
constituyen crímenes de lesa humanidad”.
17
Expediente 25000-23-41-000-2016-02043-01 (69.787)
Actor: Jesús Nicolás Velásquez Bonilla y otros
Reparación de perjuicios causados a un grupo
Apelación de sentencia
población civil, ello no implica que las reglas de caducidad previstas en el
ordenamiento jurídico interno queden automáticamente inaplicables en el marco
del medio de control judicial de reparación de perjuicios causados a un grupo, el
cual se ha asimilado al de reparación directa.
10) Lo anterior debido a que la Sala Plena de esta Sección mediante sentencia de
29 de enero de 202017 unificó su jurisprudencia y precisó que en relación con la
caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los
delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el
que se pueda solicitar la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado
resultan aplicables las reglas de caducidad previstas para la reparación directa,
criterio este avalado por la Corte Constitucional en sede de revisión de tutela en la
sentencia SU-312 del 13 de agosto de 202018.
Puntualmente, la Sección Tercera del Consejo de Estado en dicha providencia
estableció que para contabilizar el término de caducidad de las pretensiones
indemnizatorias derivadas de los hechos constitutivos de delitos de lesa
humanidad, crímenes de guerra y cualquiera otro asunto en el que se pueda
solicitar la declaración de responsabilidad patrimonial y extracontractual del
Estado, se deben observar las siguientes subreglas:
a) El término de caducidad fijado por el legislador se computa desde el momento
en que los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u
omisión del Estado en la producción del daño y advirtieron la posibilidad de
imputarle responsabilidad patrimonial extracontractual.
b) La contabilización de ese término para las súplicas indemnizatorias derivadas
del delito de desaparición forzada se sujeta a la regulación legal expresa prevista
para el efecto.
c) Ese lapso no se aplica cuando se adviertan situaciones que hubiesen impedido
materialmente el ejercicio del derecho de acción; de suerte que, una vez
superadas aquellas empezará a correr el término de ley, dado que para tales
17
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 29 de enero de 2020, expediente no.
61.033, MP Marta Nubia Velásquez Rico.
18
MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.
18
Expediente 25000-23-41-000-2016-02043-01 (69.787)
Actor: Jesús Nicolás Velásquez Bonilla y otros
Reparación de perjuicios causados a un grupo
Apelación de sentencia
efectos no resulta determinante la situación causante del daño sino la condición
particular de quien acude a la administración de justicia.
11) En este caso concreto, a pesar de que en la apelación se aludió a varios
pronunciamientos del Consejo de Estado19 en los cuales se acogió la postura
según la cual los hechos derivados de delitos de lesa humanidad no están
sometidos al término de caducidad, lo cierto es que en la actualidad la posición
unificada de la Sección Tercera es la previamente referida.
12) Adicionalmente, aunque no se discute en el recurso de apelación, la Sala
tampoco advierte elemento de juicio que permita considerar, sustentada y
válidamente, que los demandantes se encontraban en una situación material de
carácter particular, especial y grave que les impidiera presentar la respectiva
demanda de reparación directa dentro de los términos procesales antes referidos.
13) Por consiguiente, es claro que la declaración de la excepción de caducidad no
quebranta el derecho de acceso a la administración de justicia, toda vez que, el
cómputo del término para presentar la demanda desde el día siguiente al
reconocimiento de los cuerpos de las víctimas —esto es, desde el 9 de enero de
2008 para Jesús Nicolás Velásquez Beltrán y Nelson Arbey Velásquez Beltrán, y
desde el 13 de marzo de 2008 para Fernando Antonio Leyva Mejía— arroja que
los demandantes acudieron a esta jurisdicción por fuera de los dos (2) años
previsto en el artículo 136-8 del Código Contencioso Administrativo, norma vigente
para la época de los hechos, habida cuenta que la demanda se radicó el 7 de
octubre de 2016 (fl. 1, cdno. 1).
14) En consecuencia, conforme a lo expuesto al inicio de la parte considerativa de
esta providencia, se revocará la sentencia de primera instancia porque, contrario
a lo sostenido por el tribunal, esta Sala considera que el ejercicio extemporáneo
del medio de control judicial de reparación de perjuicios causados a un grupo de
personas no solo impide acceder a la indemnización solicitada en la demanda —
como se declaró en el ordinal segundo de la parte resolutiva de la providencia
impugnada—, sino que, también restringe la competencia del juez para efectuar
un pronunciamiento de fondo sobre los elementos constitutivos de la
19
Sobre el punto, se hizo referencia como precedentes los siguientes pronunciamientos: Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 17 de septiembre de 2013, radicación no. 25000-23-26-000-
2012-00537-01 (45.092) CP Jaime Orlando Santofimio Gamboa y; Corte Constitucional, sentencia C-352 del 6
de julio de 2016, MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
19
Expediente 25000-23-41-000-2016-02043-01 (69.787)
Actor: Jesús Nicolás Velásquez Bonilla y otros
Reparación de perjuicios causados a un grupo
Apelación de sentencia
responsabilidad patrimonial extracontractual de la entidad demandada, en este
caso, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.
Emitir una decisión en sentido distinto resultaría jurídicamente incongruente, pues,
implicaría desconocer los límites procesales establecidos por el ordenamiento
jurídico para el ejercicio oportuno de las acciones judiciales, afectando principios
fundamentales como la seguridad jurídica y la legalidad que rigen la actuación
administrativa y judicial, y al derecho constitucional fundamental del debido
proceso que le asiste a la parte en contra de quien se ejerce el derecho de acción.
15) De otra parte, debe igualmente observarse que este análisis compagina con
los criterios adoptados en la ya citada sentencia de unificación de la Sección
Tercera del Consejo de Estado del 29 de enero de 202020 para el examen de la
caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los
hechos constitutivos de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y
cualquiera otro asunto en el que se pueda solicitar la declaración de
responsabilidad patrimonial al Estado21, postulados que fueron acogidos por la
Corte Constitucional en sentencia SU-312 de 202022 con la aclaración de que el
juez contencioso administrativo debe valorar las particularidades de cada asunto
en concreto, y que la desestimación del medio de control judicial por caducidad no
le impide al perjudicado obtener la compensación económica del daño causado
por otras vías23, lo cual también puede comprender lo relacionado con los
derechos de verdad y justicia.
16) Sobre este punto es especialmente relevante advertir que la Corte reiteró esa
postura en la sentencia SU-167 de 202324 y agregó que “la aplicación del fallo de
unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado debe realizarse teniendo
en cuenta la necesidad de readecuar el trámite para brindar oportunidad a las
partes de ajustarse a las nuevas cargas y posibilidades procesales que este
20
Consejo de Estado – Sala Plena de la Sección Tercera, proceso no. 85001-33-33-002-2014-00144-
01(61.033) A, MP Marta Nubia Velásquez Rico.
21
Estos son: “i) en tales eventos resulta aplicable el término para demandar establecido por el legislador; ii)
este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde
cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y
advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica
cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y,
una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley”.
22
Sentencia del 13 de agosto de 2020, expediente no. T-7243742, MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.
23
Como el incidente de reparación integral en el marco del proceso penal que se adelante en contra del
responsable material del delito de lesa humanidad o el trámite de indemnización administrativa.
24
Sentencia del 18 de mayo de 2023, expediente no. expediente T-8.473.096, MP Diana Fajardo
Rivera.
20
Expediente 25000-23-41-000-2016-02043-01 (69.787)
Actor: Jesús Nicolás Velásquez Bonilla y otros
Reparación de perjuicios causados a un grupo
Apelación de sentencia
contiene”. En este caso, la Sala no encuentra procedente ni necesario readecuar
el trámite debido a que las particularidades del mismo no permiten avizorar que
ello pueda dar lugar a un cambio en el sentido de esta decisión, pues, de lo
acreditado en el proceso y asegurado en la demanda hay absoluta certeza de que
desde el conocimiento del hecho dañoso y de la supuesta participación del Estado
operó la caducidad y no hay ningún elemento probatorio que permita inferir que los
demandantes estuvieron impedidos para ejercer en tiempo oportuno el derecho de
acción.
3. Conclusión
La Sala, luego de examinar los elementos fácticos, probatorios y jurídicos del
expediente, concluye que la demanda fue presentada de manera
extemporánea, circunstancia que configura la excepción de caducidad del
medio de control judicial de reparación de perjuicios causados a un grupo; esta
situación impide no solo el reconocimiento de las pretensiones indemnizatorias
sino también un pronunciamiento de fondo sobre la responsabilidad patrimonial
extracontractual del Estado; si bien los hechos objeto del proceso podrían
enmarcarse dentro de una práctica sistemática y grave de violaciones a los
derechos humanos, como lo son los denominados “falsos positivos”, que han
sido calificados como crímenes de lesa humanidad, ello no excluye la
aplicación de las reglas procesales internas sobre caducidad; en
consecuencia, se impone la revocatoria de la sentencia de primera instancia y
la desestimación de todas las súplicas formuladas en la demanda, sin perjuicio
de que los derechos a la verdad y a la justicia puedan ser garantizados por
otras vías judiciales o institucionales.
4. Condena en costas
En el recurso de apelación se solicitó la revocatoria del ordinal cuarto de la
sentencia de primera instancia, concerniente a la condena en costas, sobre la
base de considerar que se trata de una acción de orden constitucional ejercida sin
mala fe ni temeridad.
21
Expediente 25000-23-41-000-2016-02043-01 (69.787)
Actor: Jesús Nicolás Velásquez Bonilla y otros
Reparación de perjuicios causados a un grupo
Apelación de sentencia
Sobre ese punto, debe advertirse que el tribunal no precisó expresamente a qué
parte se dirigía dicha condena, lo cual genera ambigüedad, especialmente si se
tiene en cuenta que se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en
el sentido de declarar la responsabilidad extracontractual de la Nación – Ministerio
de Defensa – Ejército Nacional.
Ante esta falta de claridad, la Sala interpreta que la condena en costas impuesta
en primera instancia estuvo dirigida al ente estatal demandado y no a la parte
actora, conclusión que se sustenta en el hecho de que la entidad pública fue
declarada responsable, a pesar de que se negaron las pretensiones patrimoniales.
No obstante, debe precisarse que, en materia de costas, el medio de control
judicial de reparación de perjuicios causados a un grupo se rige por la norma
especial contenida en el artículo 65 de la Ley 472 de 199825, con sustento en la
cual esta subsección ha entendido que solamente procede condena en costas
cuando la sentencia acoge las pretensiones y que, en los fallos absolutorios no
hay lugar a ellas26; adicionalmente, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-
241 de 2014 ha señalado que en procesos donde los demandantes son víctimas
de graves violaciones a los derechos humanos no es procedente imponer condena
en costas, por tratarse de sujetos de especial protección constitucional27.
En ese contexto, la Sala concluye que no existe mérito para imponer condena en
costas en segunda instancia a los demandantes a pesar de que la apelación no
prosperó y; dado que tampoco procedía la condena en costas en primera instancia
en contra del ente accionado por configurarse la excepción de caducidad, esa
decisión también será revocada.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
25
El artículo 65 de la Ley 472 de 1998, dispone: “La sentencia que ponga fin al proceso se sujetará a las
disposiciones generales del Código de Procedimiento Civil y, además, cuando acoja las pretensiones
incoadas, dispondrá: (…) 5. La liquidación de las costas a cargo de la parte vencida, teniendo en cuenta
las expensas necesarias para la publicación del extracto de la sentencia” (negrillas adicionales).
26
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 17 de octubre de 2025, radicación no.
25000-23-41-000-2013-01191-01 (70.460), CP Fredy Ibarra Martínez.
27
En similar sentido, sentencia del 19 de septiembre de 2025, radicación no. 18001-23-33-000-2017-00024-
01 (72.697), CP Alberto Montaña Plata.
22
Expediente 25000-23-41-000-2016-02043-01 (69.787)
Actor: Jesús Nicolás Velásquez Bonilla y otros
Reparación de perjuicios causados a un grupo
Apelación de sentencia
F A L L A:
1º) Revócase la sentencia del 15 de diciembre de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
2º) Como consecuencia de lo anterior, declárase la excepción de caducidad del
medio de control de judicial de reparación de perjuicios causados a un grupo de
personas.
3º) Abstiénese de condenar en costas en ambas instancias.
4º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al
Tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección
Aclaración de voto
(Firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado ponente Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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