Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-33-000-2014-00091-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Un grupo: el artículo 46 de la Ley 472 de 1998 prevé que las acciones de grupo son
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-33-000-2014-00091-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 47001-23-33-000-2014-00091-01
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
8 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veintiséis (2026).
Radicación: 4700-123-33-000-2014-00091-01 (69.376)
Actor: Robert Raúl Rada Escalante y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
Temas: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A
UN GRUPO – El artículo 46 de la Ley 472 de 1998 prevé que las acciones de grupo son
aquellas “interpuestas por un número plural o conjunto de personas [20 o más] que reúnen
condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales
para dichas personas” / INTEGRACIÓN DEL GRUPO DEMANDANTE - No basta la
invocación genérica de pertenencia al grupo para predicar la legitimación en la causa por
activa en este medio de control, sino que es indispensable demostrar la condición de
afectado directo, esto es, la titularidad de un derecho subjetivo lesionado o de una situación
jurídica individual menoscabada / PRUEBA DE LA CALIDAD O CONDICIÓN EN LA QUE
SE DEMANDA - La ausencia absoluta de prueba sobre este aspecto no es un asunto
meramente formal sino sustancial, pues impide verificar la condición de afectados directos
y, por ende, la debida integración del grupo.
La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que negó
las pretensiones de la demanda.
Se pretende la reparación de los perjuicios derivados de la falla en el servicio por
omisión en que supuestamente incurrieron las demandadas al no adoptar las
medidas necesarias para evitar la contaminación ambiental del lecho marino en el
km 10 de la vía Ciénaga - Santa Marta (muelle de embarque puerto Drummond)
ocasionada por el derramamiento de carbón, así como por el desplazamiento del
sitio de trabajo de los pescadores de la zona, al no permitírseles pescar en un radio
de 15 kilómetros a la redonda.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1.Corresponde a la proferida el 30 de marzo de 2022, mediante la cual el Tribunal
Administrativo del Magdalena negó las pretensiones de la demanda presentada el
29 de enero de 20141 por los señores Robert Raúl Rada Escalante, María Escobar
Nieto, Ponciano Alberto Rodríguez Díaz, Joerlis Montenegro Niebles, Marittsi
Granados López2, Senobia Negrette Escobar3, Emel de Jesús Delgadillo López,
1 SAMAI: Expediente digital: “01. C01 R47001233300020140009100”, página 25.
Tribunal - gestión de documentos, “Demanda12Agosto2019(.pdf) NroActua 85”.
2 O Maritsi Granados López, ya que en el contenido del poder figura como acaba de referirse y en la
presentación personal de éste firma como Marittsi.
3 O Senovia Negrete (por las mismas razones expuestas en el pie de página anterior).
Radicación: 4700-123-33-000-2014-00091-01 (69.376)
Actor: Robert Raúl Rada Escalante y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
Kisis Carbono Ariza, Elkin Hernández Ruiz, Gretis María Borja Montenegro4, César
Castillo Navarro, Carmen Alicia Niebles Ceballos5, Carlos Alberto Márquez Navarro,
Yanina Palma Carbono, Gustavo Gabriel Fernández Solano, Hebert Enrique
Escorcia Hernández, Teresa Elena López Cabana, Rubén García Cervantes,
Johandris Montenegro Orozco6 y Eloísa López Obispo7, en contra de la Nación –
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales -en adelante ANLA-, la Corporación Autónoma Regional del
Magdalena -en adelante CORPAMAG- y la empresa Drummond Ltd. -en adelante
DLTD-, con el fin de que se les declare responsables por los perjuicios ocasionados
a los pescadores del municipio de Pueblo Viejo y el corregimiento de Tasajera,
Magdalena, derivados de las fallas en el servicio por omisión al no adoptar las
medidas necesarias para evitar el vertimiento de carbón que generó la
contaminación ambiental mar adentro en el muelle de propiedad de la última de las
mencionadas, lo que conllevó a la imposición de restricciones de dicha actividad
económica en varios kilómetros a la redonda.
2.A título de indemnización solicitaron la suma equivalente a cien (100) SMLMV
por concepto de perjuicios morales para cada uno de los demandantes, y por
concepto de daño material, en la modalidad de lucro cesante, el valor total de
$5.346’078.9008, que corresponde a la liquidación de los ingresos dejados de
percibir por cada uno “desde el 1° de julio de 1995” -ocurrencia del hecho dañoso-
hasta la fecha de presentación de la presente demanda.
Fundamentos de hecho y de derecho
3. Los demandantes indicaron que desde el 15 de julio de 1995 inició la operación
de cargue y descargue de carbón en el puerto Drummond, ubicado en el municipio
de Ciénaga, Magdalena, momento a partir del cual comenzó la afectación
económica de quienes ejercían la pesca artesanal en ese municipio, en Pueblo
Viejo y en el corregimiento de Tasajera, de donde obtenían su sustento y el de su
familia.
4.El 13 de enero de 2013, la operación de DLTD presentó un siniestro ambiental.
Se derramaron 1.857 toneladas de carbón en el mar con el fin de evitar que la
barcaza en la que era transportado naufragara. El 6 de febrero del mismo año, la
ANLA ordenó la suspensión temporal de la operación en el referido puerto. Por
4 O Grety Borja (ibidem).
5 O Carmen Alicia Nieves (ibidem).
6 O Yohadry Negrete Escobar (ibidem).
7 Los nombres aquí citados corresponden a los que aparecen en la nota de presentación personal de cada
poder. En algunos poderes se presentan diferencias entre el nombre consignado en el encabezado o en la
suscripción del otorgante y el que figura en la rúbrica de autenticación. Esta situación fue advertida en primera
instancia únicamente respecto de dos poderes, los cuales fueron corregidos; no obstante, en otros persisten
las inconsistencias señaladas. Por tal razón, en el respectivo pie de página se indica la forma en que quedó
consignado el nombre en el cuerpo del poder, con el fin de garantizar la adecuada identificación de cada uno
de los demandantes en el presente proceso.
8 En el acápite de la demanda denominado estimación razonada de la cuantía, se realizó la liquidación del
lucro cesante para cada demandante (20) teniendo en cuenta los siguientes datos: “Ingresos dejados de
percibir desde el 1° de julio de 1995, a razón de $589.500, lo que daría un total de 18 años, o 216 meses”, y
aplicó la siguiente fórmula F= [ (1 + i) n – 1/i] S= 589.500 (1 + 0.0048676) 216 1/0.0048676 = 224’576.950. Sin
embargo, en el acápite de pretensiones se solicitó para cada uno la suma de $267’303945, suma que
multiplicada por 20 (demandantes) arroja como resultado lo pedido por concepto de daño material
($5.346’078.900).
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Radicación: 4700-123-33-000-2014-00091-01 (69.376)
Actor: Robert Raúl Rada Escalante y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
estos hechos, el 19 de diciembre de 2013, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible sancionó con multa a la multinacional.
5. Señalaron que un informe realizado por la Universidad Jorge Tadeo Lozano
probaba que dicho siniestro produjo la afectación de las riquezas marinas de ese
sector y, por ende, el detrimento patrimonial de los pescadores de la región9.
La defensa
6. El Ministerio de Ambiente se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo
cual propuso las siguientes excepciones: (i) caducidad, en tanto que en la
demanda se aduce que el daño ambiental causado y la afectación económica de
los pescadores comenzó desde 1995; (ii) falta de legitimación en la causa por
pasiva y ausencia de nexo causal, en la medida en que no le está asignada
ninguna función atinente al control ambiental del puerto carbonífero ubicado en la
Ensenada de Alcatraz del municipio de Ciénaga, Magdalena, cuyo titular es la
sociedad American Port Company Inc. –en adelante APCI–; (iii) ausencia del daño
y responsabilidad, ya que los demandantes no demostraron que para la época de
los hechos ejercieran la actividad pesquera, que derivaran de ella su sustento ni
que percibieran los ingresos alegados; (iv) responsabilidad por el hecho de un
tercero, ya que los eventuales daños ocasionados se originaron por la sociedad
APCI, en calidad de propietaria del puerto y Drummond Ltd. (DLTD), Drummond
Coal Mining LLC. –en adelante Drummond Coal– y Transport Services LLC. –en
TSLLC–, como encargadas de su operación10, sociedades que solicitó vincular al
proceso como litisconsortes necesarios.
7. La DLTD sostuvo que los integrantes del grupo demandante no acreditaron
tener condiciones uniformes respecto de una misma causa. Según la certificación
emitida por la Autoridad Nacional de Pesca, ninguna de las personas que integran
el grupo actor han formado parte de los censos realizados en la zona. Resaltó que
la base –$224’576.950– para calcular el lucro cesante fue exactamente igual para
cada uno de los actores y se tomó como fecha de partida de la liquidación el 1° de
julio de 1995, “lo que raya con lo absurdo”, pues ello implicaría que todos los
integrantes del grupo generaban exactamente los mismos ingresos por la actividad
pesquera desde esa fecha. Por último, dijo que no tuvo participación en los hechos
acaecidos el 13 de enero de 2013, puesto que su actividad se limitaba a la
extracción minera fuera del departamento del Magdalena y actuaba únicamente
como usuaria del puerto concesionado a American Port Company Inc.11
8.La ANLA igualmente se opuso a las súplicas de la demanda, para lo cual
sostuvo que no existió desplazamiento o restricciones para los pescadores de
Pueblo Viejo y Tasajera, dado que la pesca artesanal se desarrolla en áreas
cercanas a los centros poblados y no resulta afectada por actividades portuarias
9 Se realizó una imputación general frente a todas las demandadas, sin explicar o especificar si a las entidades
públicas se les imputaba una omisión en el cumplimiento de sus obligaciones como autoridades ambientales
y a la Drummond por acción al realizar el vertimiento al mar. Expediente digital: “01. C01
R47001233300020140009100 (DEMANDA)”, páginas 5 a 25.
10 SAMAI: Expediente digital: “01. C01 R47001233300020140009100 (DEMANDA)”, páginas 123 a 137.
11 SAMAI: Expediente digital: “01. C01 R47001233300020140009100 (DEMANDA)”, páginas 144 a 173.
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Radicación: 4700-123-33-000-2014-00091-01 (69.376)
Actor: Robert Raúl Rada Escalante y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
realizadas a más de 10 km, por lo que no estaban dados los presupuestos para la
declaratoria de responsabilidad, máxime cuando los eventuales daños
ambientales fueron causados por terceros, frente a quienes se adelantaron
oportunamente los correspondientes procesos administrativos sancionatorios. Con
fundamento en estos argumentos propuso las excepciones que denominó: (i) falta
de legitimación en la causa material por pasiva; (ii) ausencia de nexo causal; y (iii)
actuación conforme a la ley12.
9. La CORPAMAG, en su defensa, formuló las excepciones de: (i) falta de
legitimación en la causa por pasiva, por cuanto todo el trámite, concesión y
vigilancia de las licencias ambientales de los puertos carboníferos en la jurisdicción
de dicha Corporación Autónoma estaba a cargo exclusivamente de la ANLA y, (ii)
falta de legitimación en la causa por activa, comoquiera que no se acreditaron las
condiciones uniformes de los demandantes respecto del hecho dañoso ni los
perjuicios individuales supuestamente causados13.
10. Mediante auto del 2 de febrero de 201514, el Tribunal accedió parcialmente a la
solicitud realizada por el Minambiente y vinculó como litisconsortes necesarios a
las compañías APCI y TSLLC, cuyo apoderado15 al contestar la demanda se opuso
a las pretensiones y propuso las siguientes excepciones: (i) caducidad, bajo los
mismos argumentos del Minambiente; (ii) falta de legitimación por activa,
inexistencia del daño y de prueba de los perjuicios, por cuanto los demandantes
no probaron que fueran pescadores ni que derivaran su sustento de dicha
actividad; (iii) inexistencia de daño ambiental y de nexo de causalidad, dado que
las actividades portuarias desarrolladas estaban amparadas con las respectivas
licencias; además, no se probó una afectación a la pesca artesanal y si ello
sucedió, no había prueba alguna que demostrara que fue como consecuencia de
la actividad portuaria o el derramamiento de carbón16.
11. Por medio de auto del 27 de abril de 201517, el a quo vinculó como litisconsorte
necesario a Drummond Coal, sociedad que al contestar la demanda reiteró las
razones de defensa e invocó las mismas excepciones que las demás empresas
privadas vinculadas18.
12. A través de proveído del 6 de julio de 201519, el Tribunal vinculó como parte
pasiva al Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente –en adelante
DADMA–, entidad que al contestar la demanda se opuso a las pretensiones y
propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva e
inexistencia de responsabilidad, toda vez los hechos ocurridos no estaban
asignados a su jurisdicción20.
12 SAMAI: Expediente digital: “02. C02 R47001233300020140009100”, páginas 2 a 17.
13 SAMAI: Expediente digital: “01. C01 R47001233300020140009100 (DEMANDA)”, páginas 282 a 287.
14 SAMAI: Expediente digital: “02. C02 R47001233300020140009100”, páginas 374 y 377.
15 Quien representa a ambas vinculadas, a la Drummond Ltd. y a Drummond Coal Mining LLC.
16 SAMAI: Expediente digital: “02. C02 R47001233300020140009100”, páginas 441 a 462.
17 SAMAI: Expediente digital: “02. C02 R47001233300020140009100”, páginas 542 y 545.
18 SAMAI: Expediente digital: “02. C02 R47001233300020140009100”, páginas 570 a 592.
19 SAMAI: Expediente digital: “02. C02 R47001233300020140009100”, páginas 607 a 611.
20 SAMAI: Expediente digital: “02. C02 R47001233300020140009100”, páginas 628 a 632.
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Radicación: 4700-123-33-000-2014-00091-01 (69.376)
Actor: Robert Raúl Rada Escalante y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
Alegatos de conclusión
13. Concluida la etapa probatoria21, el apoderado de las sociedades DLTD,
Drummond Coal, TSLLC y APCI insistió en las excepciones formuladas en las
contestaciones de la demanda y pidió que fueran negadas las pretensiones, por
cuanto los actores ni siquiera probaron que fueran pescadores, que percibieran
ingresos por dicha actividad y mucho menos que estos disminuyeran por el
siniestro ocurrido el 13 de enero 2013. Añadió que los elementos de convicción
valorados en conjunto permitían concluir que el derramamiento de carbón no
contaminó el lecho marino ni generó mortandad de especies22.
14. LaANLA23, la CORPAMAG24 y el Departamento Administrativo Distrital de
Sostenibilidad Ambiental -DADSA-25 insistieron en las razones de defensa
esgrimidas en sus contestaciones a la demanda.
15. ElMinisterio Público solicitó negar las pretensiones de la demanda por
considerar que no se acreditaron los elementos de la responsabilidad estatal.
Precisó que no se realizó ningún esfuerzo probatorio por demostrar que los
demandantes ejercían la pesca artesanal, que derivaran de ella su sustento ni que
se hubiera producido una afectación o restricción real a dicha actividad; en esa
21 Mediante auto del 13 de julio de 2017, el Tribunal a quo decretó las siguientes pruebas: Documentales:
Aportadas por la parte actora: 1. Notas periodísticas de 1.1. Opinión Caribe “fecha de circulación del 1 al 15
de febrero 2013”, 1.2. Diario Hoy del Magdalena del 7, 8 y 9 de febrero; 20 de diciembre de 2013 y 15 de
enero de 2014. 1.3. El Tiempo con fecha del 7 de febrero de 2013. Aportadas por el Minambiente: 2. Piezas
procesales de la investigación adelantada por la ANLA contra American Port Company Inc. por los hechos
ocurridos el 13 de enero de 2013. Aportadas por la Drummond Ltd. 3. Certificado de existencia y
representación legal. 4. Certificación expedida por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – AUNAP. 5.
Estudio de evaluación ambiental del impacto causado por la barcaza TS115, elaborado por la Universidad
Jorge Tadeo Lozano, Bogotá. 6. Estudio de reporte preliminar sobre el aligeramiento de emergencia en la
barcaza TS115, realizado por la firma Ecology & Environment. 7. “Dictamen” del 16 de mayo de 2014,
elaborado por el departamento de Buceo y Salvamento de las Fuerzas Militares de Colombia – Armada
Nacional. 8. Informe elaborado el 20 de mayo de 2014 por el Tribunal de Capitanes de la Dirección General
Marítima de Colombia. Aportadas por el ANLA: 9. Resoluciones y piezas procesales del proceso
administrativo sancionatorio adelantado por los hechos objeto de la litis. Aportadas por CORPAMAG: 10.
Oficios 440, 510, 548 y 614 de febrero de 2013; 352 del 28 de mayo de 2013, 2422 del 13 agosto de 2013;
1786 del 10 de junio 2011; 2264 del 18 de julio de 2011; 2404-2-75066 y Resolución 1309 del 18 de diciembre
de 2013 expedida por el ANLA. Aportadas por las empresas vinculadas como litisconsortes: 11. Copia del
informe anual de monitoreos sobre la calidad de los océanos y costas. Santa Marta, 2002. INVEMAR. 12.
Copia informe “Diagnóstico y evaluación de calidad ambiental marina en el Caribe y Pacífico Colombiano”.
Santa Marta, 2009. 13. Copia de informe técnico INVEMAR -REDCAM. Diagnóstico y evaluación de calidad
de las aguas marinas y costeras del Caribe y Pacífico Colombianos, 2013-2014. 14. Copa informe INVEMAR.
Efecto del derrame de carbón sobre el ecosistema marino producido por la maniobra de rescate de la barcaza
TS-115. 15. Otros informes. Oficios o requerimientos: visibles en la página 707 y 708 (algunos son pruebas
que ya fueron aportadas por las partes). Interrogatorio de parte: A Kisis Carbono Ariza, Yohandry Negrete
Escobar o Johandris Montenegro Orozco, Elkin Hernández Ruiz, Gretis Borja Montenegro o Grety Borja
Montenegro, Eloísa López Obispo y Hebert Enrique Escorcia Hernández (integrantes del grupo actor).
Testimonios: 1. Almicar Valencia Núñez. 2. Guiomar Aminta Jáuregui. 3. Andrés Franco Herrera. 4. Hilda
María González Yahin. 5. Juan Carlos López González (representante legal de la Drummond Ltd.).
Expediente digital: “02. C02 R47001233300020140009100”, páginas 707 a 710 y “03. C03
R47001233300020140009100”, páginas 36 a 41.
22 Expediente digital: “04. C04 R470012333000201400091001”, páginas 35 a 63.
23 Ibidem, páginas 75 y 76.
24 Ibidem, páginas 79 a 99.
25 Antes Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente. Decreto Distrital 312 de 2016: “Artículo
129. Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente - DADMA. El Departamento Administrativo
Distrital del Medio Ambiente – DADMA, creado mediante el Acuerdo 016 de 2002 y modificado a través del
Acuerdo 005 de 27 de noviembre de 2003, en adelante se denominará como DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL – DADSA, el cual es un establecimiento
público del orden Distrital, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
independiente, y estará vinculado al Sector de Desarrollo Administrativo de Planeación y Desarrollo
Sostenible”. SAMAI: Expediente digital: “04. C04 R470012333000201400091001”, páginas 141 a 144.
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Radicación: 4700-123-33-000-2014-00091-01 (69.376)
Actor: Robert Raúl Rada Escalante y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
medida, tampoco se probó una disminución de los ingresos que supuestamente
obtenían de ella. Agregó que los informes y estudios aportados al proceso
descartaron que el vertimiento ocurrido el 13 enero de 2013 hubiera generado un
agravio al lecho marino y, por tanto, la muerte de peces26. La parte demandante
guardó silencio.
La decisión de primera instancia
16. El Tribunal negó las pretensiones de la demanda. Consideró que no se
demostró la existencia de una causa común que permitiera afirmar que los
demandantes se encontraban en una situación fáctica homogénea frente al hecho
generador del daño; en ese sentido, aseguró que los integrantes del grupo no
acreditaron su calidad de pescadores artesanales, puesto que no se aportó carné
expedido por la autoridad pesquera o alguna constancia que los identificara como
tal o que demostrara su afiliación a alguna asociación o cooperativa que adelantara
esa actividad económica bajo la licencia del Estado.
17. Señaló que tampoco se acreditó el ejercicio de la pesca de subsistencia, lo cual
podía demostrarse a través de cualquier medio de prueba, circunstancia que
impedía identificar un supuesto común que justificara la prosperidad de la acción
de grupo.
18. Agregó que no se probó el daño antijurídico alegado, toda vez que no obraban
elementos de convicción que permitieran establecer una real afectación al ejercicio
de la actividad pesquera y mucho menos una disminución de ingresos por no
ejercerla. Destacó que mediante actos administrativos expedidos por la Dirección
General Marítima (DIMAR) se habían delimitado las áreas de fondeo, de
cuarentena y restringidas, dentro de las que se encontraba la zona de influencia
de puerto Drummond, en las que la pesca se encontraba prohibida, de manera que
no podía predicarse un daño derivado de la imposibilidad de pescar en zonas
donde dicha actividad no estaba permitida27.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
19. Los demandantes solicitaron revocar la sentencia de primera instancia. Para
sustentar su inconformidad retomaron los razonamientos expuestos por las
demandadas en sus contestaciones y aseguraron que el Tribunal los acogió
infundadamente para negar las pretensiones. En ese contexto, se refirieron a lo
dispuesto en los artículos 88 de la Constitución Política, 145 del CPACA y en la
Ley 472 de 1998, con el fin de argumentar que el medio de control ejercido no
estaba condicionado al cumplimiento de exigencias formales o requisitos
especiales por parte del grupo actor.
20. En particular, señalaron que no podía exigírseles la acreditación documental -
certificación- de su condición de pescadores ni la demostración de ingresos
mediante soportes contables, por cuanto tales exigencias no se derivan de la
26 SAMAI: Expediente digital: “04. C04 R470012333000201400091001”, páginas 16 a 32.
27 SAMAI: Expediente digital: “11. SENTENCIA 2014-091”.
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Radicación: 4700-123-33-000-2014-00091-01 (69.376)
Actor: Robert Raúl Rada Escalante y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
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Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
regulación de la acción de grupo. Asimismo, afirmaron que la prueba del siniestro
ambiental ocurrido entre los días 12 y 13 de enero de 2013 resultaba suficiente
para predicar la afectación de las comunidades pesqueras de la zona. Con apoyo
en doctrina y jurisprudencia constitucional, afirmaron que no se requiere la
conformación de un grupo “en términos organizacional, estructural o social”,
tratándose de comunidades “que de manera histórica y ancestral viven y dependen
directamente de la explotación pesquera que se da en todo el litoral caribe
colombiano”.
21. Enla oportunidad para intervenir en esta instancia28, el apoderado de las
sociedades DLTD, Drummond Coal, TSLLC y APCI, aseguró que no había lugar a
revocar la sentencia de primera instancia, por cuanto los demandantes
incumplieron con su carga probatoria al omitir acreditar la calidad en la que aducen
actuar, no resultando viable presumir la legitimación del grupo actor a partir del
solo “arraigo ancestral”. Agregó que el recurrente tampoco controvirtió el
argumento del tribunal relativo a la inexistencia de daño, fundado, entre otras
cosas, en la prohibición normativa de pescar en el área concesionada a APCI —
conocida como Puerto Drummond—29. Por su parte, la CORPAMAG insistió en los
argumentos esbozados en el curso del proceso30.
22.El Ministerio Público pidió confirmar la decisión de primera instancia al
considerar que no se acreditó el daño antijurídico. Indicó que los accionantes no
demostraron su calidad de pescadores artesanales, su arraigo territorial al
mentado municipio o la afectación real de la actividad pesquera; además, resaltó
que el área impactada por el derrame -estimada en aproximadamente 10.194,3
m²- no resultaba significativa para limitar el ejercicio de la pesca en todo un
municipio, de ahí que no estuvieran llamados a prosperar los argumentos
esgrimidos en el recurso de apelación31.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
23. Sin que se observe causal de nulidad que impida dictar sentencia, procede la
Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto.
Ejercicio oportuno del medio de control
24. Previoa resolver la alzada, la Sala estima necesario efectuar algunas
precisiones en torno al presupuesto procesal de la caducidad. En lo que respecta
a la oportunidad para ejercer la acción de grupo, la Sala Plena de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, en providencia del 6 de agosto de 202032, señaló
que determinados aspectos que se encuentran regulados de manera directa por
la Ley 1437 de 2011 resultan de aplicación preferente a este medio de control,
28 A través de auto del 19 de marzo de 2026, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que
presentaran sus alegatos de conclusión (SAMAI: índice 53).
29 SAMAI: índices 47, 48, 59 y 60.
30 SAMAI: índices 49, 50 y 57
31 SAMAI: índices 34 y 56.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, auto del 6
de agosto de 2020, expediente 27001-23-33-000-2018-000-2202 (64.778).
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Radicación: 4700-123-33-000-2014-00091-01 (69.376)
Actor: Robert Raúl Rada Escalante y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
incluso frente a la Ley 472 de 1998 —norma especial—, entre ellos, el término de
caducidad.
25. En esa medida, para la contabilización de dicho término resulta aplicable lo
dispuesto en el artículo 164, numeral 2, literal h) del CPACA, conforme al cual el
medio de control de reparación de los perjuicios ocasionados a un grupo debe
promoverse dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se causó el
daño.
26. En el caso concreto, si bien en los hechos de la demanda se afirma que desde
julio de 1995, con el inicio de las operaciones de cargue y descargue de carbón en
puerto Drummond, se habría generado una afectación económica a los
pescadores artesanales del municipio de Ciénaga, de Pueblo Viejo y del
corregimiento de Tasajera, y también se hace referencia a otros eventos asociados
al funcionamiento de dicho puerto, lo cierto es que de una interpretación integral
del libelo demandatorio y el fundamento jurídico invocado, permite considerar que
los accionantes concretan el origen del daño en el siniestro ambiental ocurrido el
13 de enero de 2013.
27. Según lo expuesto, en esa fecha la sociedad Drummond Ltd. vertió al mar 1.857
toneladas de carbón con el propósito de evitar el naufragio de la barcaza que lo
transportaba, hecho que habría ocasionado la contaminación del lecho marino y el
desplazamiento del área de trabajo de los pescadores de la zona. En esas
condiciones, el término de caducidad debe computarse a partir del 14 de enero de
2013, razonamiento que se infiere fue acogido por el a quo33, aunque sin un
desarrollo argumentativo.
28. En ese orden de ideas, la parte actora tenía hasta el 14 de enero de 2015 para
ejercer el derecho de acción; como la demanda se instauró el 29 de enero de 2014,
se concluye que lo fue dentro del término legal.
El objeto de la impugnación
29. Corresponde a la Sala determinar si la decisión de negar las pretensiones se
fundó en la imposición de requisitos o cargas probatorias no previstas en el
ordenamiento jurídico para el medio de control ejercido y, en consecuencia, si se
encuentra o no demostrada la adecuada integración del grupo demandante.
30. La Sala precisa que el análisis propuesto se desarrollará bajo la metodología
empleada por el a quo y conforme a los términos en que fue planteado el recurso
de apelación, esto es, a partir del examen de la adecuada conformación del grupo
demandante y la legitimación material en la causa por activa, por cuanto la
sentencia impugnada estructuró su ratio decidendi alrededor de la ausencia de
33 Pues en el acápite 4.5. “Caso concreto” estableció: “En el sub lite las personas que conforman el grupo
actor manifestaron a través de su apoderado en resumen que el 13 de enero de 2013 se produjo un incidente
donde se vertieron al mar 1857 toneladas de carbón en cercanía al Puerto de Ciénaga, el pasado 13 de enero
de 2013 (sic); lo cual, aunado a siniestros anteriores, provocaron un desastre ambiental; marino y la afectación
económica de manera directa de todos los demandantes; existiendo nexo causal; entre quien produjo el daño
y quienes lo recibieron, debido a que los estudios realizados por la Universidad Jorge Tadeo Lozano
confirman que hubo afectación a las riquezas marinas, lo que demuestra el detrimento patrimonial causado
a los pescadores con este hecho.” (se resalta).
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Radicación: 4700-123-33-000-2014-00091-01 (69.376)
Actor: Robert Raúl Rada Escalante y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
prueba sobre la condición en la que comparecieron los actores y la imposibilidad
de verificar una situación homogénea frente al hecho dañoso alegado, aspectos
que constituyen precisamente el núcleo de inconformidad desarrollado en la
alzada.
31. Así, en observancia de los principios de congruencia y limitación funcional del
juez de segunda instancia, la Sala resolverá el asunto bajo los parámetros fijados,
sin que ello implique alterar la naturaleza ni los presupuestos normativos que
estructuran la acción de grupo conforme a la Constitución y a la Ley 472 de 1998.
De la integración del grupo y la legitimación material en la causa por activa
32. Alproferir el fallo objeto de impugnación, el a quo concluyó que no se
acreditaron las condiciones uniformes frente a una misma causa que hubiera
causado perjuicios al grupo actor34. De la ratio decidendi y de los limitados
cuestionamientos formulados en el recurso de apelación se advierte que el debate
se contrae, en lo sustancial, a determinar si se encuentra acreditada la calidad en
la que comparecen los demandantes35 y, por ende, a la verificación de la adecuada
integración del grupo circunscrito en forma puntual a quienes presentaron la
demanda.
33. El artículo 46 de la Ley 472 de 1998 prevé que las acciones de grupo son
aquellas “interpuestas por un número plural o conjunto de personas [20 o más] que
reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios
individuales para dichas personas” (se resalta). Su objetivo principal es lograr la
reparación de los daños causados a través de una sola demanda, evitando así
múltiples procesos individuales.
34 En línea con el desarrollo jurisprudencial del Consejo de Estado y en concordancia con los postulados de
la sentencia de unificación del 10 de junio de 2021, la expresión “condiciones uniformes respecto de una
misma causa que originó perjuicios individuales” constituye el presupuesto procesal para la procedencia de
la acción de grupo, en clave de la legitimación en la causa por activa, esto en tanto que sólo podrá intentarla
un grupo significativo de personas -no menos de 20- que comparten la misma situación respecto de la causa
desencadenante de los perjuicios individuales.
La determinación de la causa común debe ser analizada desde la valoración de la relación de causalidad
adecuada, para lo cual se deberá identificar el hecho o los hechos generadores del daño alegados, los cuales
deben aparecer comunes a todos los miembros del grupo, para luego, desde el análisis de la causalidad
adecuada, esto es, desde un estudio más que fáctico, jurídico, identificar la causa eficiente del daño, la cual
debe tener una relación homogénea o común denominador que pertenezca o se extienda a todos los
miembros del grupo derivada de la conducta dañina del demandado, comunidad o unicidad que permitirá una
decisión unitaria de la controversia. Sobre el particular, ver sentencia de esta Subsección del 7 de noviembre
de 2025, expediente: 69.318. En el presente asunto se advierte que el hecho generador de los perjuicios
alegados es común a todos los actores, en cuanto atribuyen la restricción o desplazamiento de la actividad
pesquera y la consecuente disminución de ingresos al siniestro ocurrido el 13 de enero de 2013, consistente
en el vertimiento de carbón en inmediaciones del puerto Drummond.
35 El Tribunal indicó que Las pruebas aportadas por los demandantes —limitadas a recortes de noticias
periodísticas—no daban cuenta de “una causa común frente al hecho dañino objeto de estudio”, en la medida
en que se orientaban a acreditar lo ocurrido durante y después del siniestro de la barcaza TS-115, sin que
demostraran “el daño común que se alega fue sufrido por los actores y su condición de pescadores”.
Asimismo, señaló: “(…) estima este Tribunal que aun cuando hubiere admitido el presente medio de control
en aras de garantizar el acceso a la administración de justicia, sin acreditarse la condición de pescadores
artesanales de los actores; se le dio curso al proceso para que su apoderado en el trámite del mismo
demostrara la causa común del hecho dañino, sin embargo, al no haberse probado tal condición no queda
otra vía que denegar las pretensiones de la demanda, tal como se hará constar en la parte resolutiva. En ese
sentido, aunque el a quo aludió a la inexistencia de “condiciones uniformes” o de “causa común”, lo cierto es
que su razonamiento se orientó a concluir que no se demostró que los actores hubieran sufrido el daño
alegado, por cuanto ni siquiera acreditaron la calidad en la que comparecieron al proceso, de la cual se
desprende la supuesta afectación por la que demandan, lo cual corresponde a un juicio propio del análisis de
fondo y no a la verificación de un presupuesto procesal de procedencia de la acción ejercida.
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Radicación: 4700-123-33-000-2014-00091-01 (69.376)
Actor: Robert Raúl Rada Escalante y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
34. Frente a la legitimación en la causa por activa -titulares de las acciones de
grupo-, el artículo 48 de la Ley 472 de 1998 precisa que este medio de control
puede ser promovido, a través de apoderado judicial, por las personas naturales o
jurídicas que hayan sufrido un perjuicio individual, lo que implica la acreditación de
un interés jurídico sustancial por quien la instaure. El grupo debe estar integrado,
al menos, por veinte personas, sin perjuicio de que solo uno de los interesados
pueda reclamar el resarcimiento de perjuicios por la totalidad de los miembros del
grupo afectado36.
35. De todas maneras, la jurisprudencia constitucional37 y del Consejo de Estado38
ha precisado que no basta la invocación genérica de pertenencia al grupo para
predicar la legitimación en la causa por activa en este medio de control, sino que
es indispensable demostrar la condición de afectado directo, esto es, la titularidad
de un derecho subjetivo lesionado o de una situación jurídica individual que
hubiere resultado afectada. Aunque esta acción tiene origen en daños
ocasionados a un número plural de personas que acuden conjuntamente a la
jurisdicción en procura de su reparación, los intereses que en ella se debaten,
aunque provengan de una causa común, deben ser susceptibles de
individualización en relación con el daño cuya indemnización se persigue.
36. Lo anterior implica que se trata de un medio de control que si bien está fundado
en un interés común, ampara derechos individuales homogéneos, de contenido
divisible e individualizable, lo que impone la acreditación de una relación directa
con los intereses involucrados en el litigio y una conexión con los hechos que lo
originan, esto es, la titularidad del derecho subjetivo o el interés legítimo que se
invoca y se pretende proteger frente a la parte demandada39.
37. En ese contexto, el interés común es un elemento de mérito de la litis y no solo
un presupuesto procesal40, por cuanto su ausencia constituye motivo para decidir
36 En atención a lo dispuesto en los artículos 46 y 48 de la Ley 472 de 1998 y el razonamiento realizado por
la Corte Constitucional en la sentencia C-116 de 2008, no es indispensable la concurrencia de las veinte
personas al momento de la presentación de la demanda, pues quien actúe como demandante representa a
las demás personas que hayan sido afectadas individualmente por los hechos vulnerantes, sin necesidad de
que cada uno de los interesados ejerza por separado su propia acción u otorgue poder, siempre que existan
criterios que permitan la identificación del grupo afectado.
37 Corte Constitucional, sentencia C-116 de 2008 y SU-018 de 2024.
38 Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Quince Especial
de Decisión, sentencia del 10 de marzo de 2021, expediente: 2008-00445-01 AG.
39 “En los procesos civiles, laborales y contencioso-administrativos, esa condición o cualidad que constituye
la legitimación en la causa, se refiere a la relación sustancial que se pretende que existe entre las partes del
proceso y el interés sustancial en litigio o que es el objeto de la decisión reclamada. Se puede tener la
legitimación en la causa, pero no el derecho sustancial pretendido.
“Creemos que se precisa mejor la naturaleza de esa condición o calidad o idoneidad; así en los procesos
contenciosos, la legitimación en la causa consiste, respecto del demandante, en ser la persona que de
conformidad con la ley sustancial está legitimada para que por sentencia de fondo o mérito se resuelva si
existe o no el derecho o la relación jurídica sustancial pretendida en la demanda…” DEVIS ECHANDÍA,
Hernando. COMPENDIO DE DERECHO PROCESAL – TEORÍA GENERAL DEL PROCESO, Tomo I.
Decimotercera edición. Biblioteca jurídica Diké. Bogotá. 1994. Pág. 269 y 270.
40 “La legitimación en la causa es cuestión propia del derecho sustancial y no del procesal, en cuanto
concierne con una de las condiciones de prosperidad de la pretensión debatida en el litigio y no a los
requisitos indispensables para la integración y desarrollo válido de éste, motivo por el cual su ausencia
desemboca irremediablemente en sentencia desestimatoria debido a que quien reclama el derecho
no es su titular o porque lo exige ante quien no es el llamado a contradecirlo” (se destaca). CSJ SC, 14 de
marzo de 2002, radicado: 6139).
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Radicación: 4700-123-33-000-2014-00091-01 (69.376)
Actor: Robert Raúl Rada Escalante y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
la demanda adversamente frente la parte actora, por carecer de la titularidad del
derecho que reclama41.
38. Los señores Robert Raúl Rada Escalante, María Escobar Nieto, Ponciano
Alberto Rodríguez Díaz, Joerlis Montenegro Niebles, Marittsi Granados López42,
Senobia Negrette Escobar43, Emel de Jesús Delgadillo López, Kisis Carbono Ariza,
Elkin Hernández Ruiz, Gretis María Borja Montenegro44, César Castillo Navarro,
Carmen Alicia Niebles Ceballos45, Carlos Alberto Márquez Navarro, Yanina Palma
Carbono, Gustavo Gabriel Fernández Solano, Hebert Enrique Escorcia
Hernández, Teresa Elena López Cabana, Rubén García Cervantes, Johandris
Montenegro Orozco46 y Eloísa López Obispo, acuden a este proceso como
pescadores del municipio de Pueblo Viejo y del corregimiento de Tasajera, ya que
en el sitio donde ocurrió el derramamiento de carbón “ejercían su labor pesquera
artesanal de la cual obtenían su sustento y el de su familia”.
39. De acuerdo con lo plasmado en las pretensiones de la demanda, debido a las
“fallas en el servicio” en que incurrieron las accionadas al no adoptar las medidas
idóneas para evitar la contaminación ambiental del lecho marino ubicado en el
kilómetro 10 vía Ciénaga – Santa Marta, muelle de “propiedad”47 de la empresa
Drummond Ltd. se ocasionaron unos perjuicios a los pescadores de las referidas
zonas, ya que murieron “toda clase de seres vivos que se encontraban en ese
lugar” y solo se les permitió “pescar en un perímetro de 15 Kms a la redonda”,
cercenándoles los ingresos para su sustentación y el de su núcleo familiar.
40. Si bien el Tribunal examinó de manera amplia la calidad en que comparecieron
los demandantes —al aludir a la normativa aplicable tanto a la pesca artesanal
como a la de subsistencia y concluir que no se acreditó ninguna de ellas—, la Sala
precisa que el interés legítimo invocado en el sub lite, de cara a la causa petendi,
se circunscribe a la condición de pescadores artesanales, tal como fue
expresamente señalado en el libelo introductorio. Así lo evidencia, además, la
pretensión indemnizatoria por concepto de lucro cesante, mediante la cual se
reclaman los ingresos dejados de percibir por cada uno de los accionantes con
ocasión de la afectación de la actividad económica que desarrollaban 48.
41 “El acceso a la administración de justicia como garantía de orden superior (artículo 229 de la Constitución
Política), para su plena realización, requiere que quien reclama la protección de un derecho sea su
titular, ya sea que se pida a título personal o por sus representantes, pues, no se trata de una facultad
ilimitada. Ese condicionamiento, precisamente, es el que legitima para accionar y, de faltar, el resultado
solo puede ser adverso, sin siquiera analizar a profundidad los puntos en discusión” (se resalta). CSJ
SC14658, 23 de octubre de 2015, radicado: 2010-00490-01; en ese mismo sentido: CSJ SC, 1º de julio de
2008, radicado: 2001-06291-01.
42 O Maritsi Granados López (ya que en el contenido del poder figura como acaba de referirse y en la
autenticación de éste firma como Marittsi).
43
O Senovia Negrete (por las mismas razones expuestas en el pie de página anterior).
44 O Grety Borja (ibidem).
45 O Carmen Alicia Nieves (ibidem).
46 O Yohadry Negrete Escobar (ibidem).
47 De acuerdo con las pruebas aportadas al proceso, la titular de la licencia ambiental para la construcción y
operación del puerto carbonífero ubicado en la ensenada de Alcatraz, municipio de Ciénaga (conocido como
puerto Drummond) y concesionaria de dicho puerto es American Port Company Inc.
48 En este punto, se precisa que si lo que alegaran los demandantes fuera una afectación como pescadores
de subsistencia, lo pedido no se traduciría en la pérdida de ingresos derivados de una actividad económica,
sino en la necesidad de asumir erogaciones adicionales para garantizar su propia alimentación y la de su
núcleo familiar. En tal evento, la reclamación indemnizatoria habría debido orientarse al reconocimiento de
perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente —por ejemplo, mayores gastos en la adquisición
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Radicación: 4700-123-33-000-2014-00091-01 (69.376)
Actor: Robert Raúl Rada Escalante y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
41. Deconformidad con lo previsto en el artículo 271 del Código Nacional de
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente —Decreto
2811 de 1974—, se entiende por pesca el aprovechamiento de cualquiera de los
recursos hidrobiológicos o de sus productos, mediante captura, extracción o
recolección. La pesca se clasifica, según su finalidad, en las siguientes
modalidades:
ARTÍCULO 273.- Por su finalidad la pesca se clasifica así:
1.- Comercial, o sea la que se realiza para obtener beneficio económico y puede
ser:
a. Artesanal, o sea la realizada por personas naturales que incorporan a esta
actividad su trabajo o por cooperativas u otras asociaciones integradas por
pescadores, cuando utilicen sistemas y aparejos propios de una actividad
productiva de pequeña escala;
b. Industrial, o sea la realizada por personas naturales o jurídicas con medios y
sistemas propios de una industria de mediana o grande escala;
2. De subsistencia, o sea la efectuada sin ánimo de lucro, para proporcionar
alimento a quien la ejecute y a su familia;
3. Científica, o sea la que se realiza únicamente para investigación y estudio;
4. Deportiva, o sea la que se efectúa como recreación o ejercicio, sin otra finalidad
que su realización misma;
5. De control, o sea la que se realiza para regular determinadas especies, cuando
lo requieran circunstancias de orden social, económico o ecológico;
6. De fomento, o sea la que se realiza con el exclusivo propósito de adquirir
ejemplares para establecer o mantener criaderos particulares de especies
hidrobiológicas” (destaca la Sala).
42. A su vez, el artículo 275 ibidem dispone que para ejercer actividades de pesca
se requiere permiso de la autoridad ambiental competente, con excepción de la
pesca de subsistencia. Por su parte, la Ley 13 de 1990, “Por la cual se dicta el
Estatuto General de Pesca”, establece que la actividad pesquera es de utilidad
pública e interés social, y la define como el proceso que comprende la
investigación, extracción, cultivo, procesamiento y comercialización de los
recursos pesqueros. El parágrafo 1° del artículo 8° de dicho estatuto prevé que el
ámbito y alcance de cada una de las modalidades de pesca debía ser determinado
mediante reglamento expedido por el Gobierno Nacional.
43. En desarrollo de lo anterior, la Ley 13 de 1990 fue reglamentada por el Decreto
2256 de 1991, cuyo artículo 12 no solo reiteró la clasificación mencionada, sino
que precisó el alcance y contenido de cada modalidad. En lo que interesa al
presente asunto, dispuso:
“Artículo 12. La pesca se clasifica:
“(…)
2. Por su finalidad, en:
(…)
2.4. Pesca comercial: la que se lleva a cabo para obtener beneficio económico y
puede ser:
2.4.1. Artesanal: la que realizan pescadores en forma individual u organizados
en empresas, cooperativas u otras asociaciones, con su trabajo personal
de alimentos o en la sustitución de la fuente directa de proteína— e incluso a la eventual afectación del mínimo
vital, y no al lucro cesante derivado de la disminución de ingresos.
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Radicación: 4700-123-33-000-2014-00091-01 (69.376)
Actor: Robert Raúl Rada Escalante y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
independiente, con aparejos propios de una actividad productiva de pequeña
escala y mediante sistemas, artes y métodos menores de pesca…”.
44. El Título V, Capítulo II del referido Decreto, al regular los permisos para ejercer
la actividad pesquera, dispuso en su artículo 61 que el Instituto Nacional de Pesca
—INPA— otorgaría, entre otros, el permiso de pesca comercial artesanal, y en el
artículo 62 señaló que dicho permiso “podrán obtenerlo” las personas naturales,
empresas pesqueras artesanales y asociaciones de pescadores artesanales,
previa solicitud y cumplimiento de los requisitos fijados por la autoridad
competente.
45. Una lectura aislada de dicha expresión podría sugerir que la obtención del
permiso era facultativa para quienes ejercieran esta modalidad de pesca; no
obstante, dicha interpretación no resulta compatible con el conjunto de
disposiciones que regulan la actividad pesquera, las cuales, como ya se indicó,
establecen que su ejercicio se encuentra sujeto a autorización administrativa, con
excepción expresa de la pesca de subsistencia. De modo que el registro o permiso
constituye una condición necesaria para el ejercicio legal de la pesca comercial
artesanal en Colombia.
46. Confirma lo expuesto, lo regulado en la Resolución 0601 del 23 de agosto de
2012, expedida por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca —AUNAP—, “por
la cual se establecen los requisitos y procedimientos para el otorgamiento de los
permisos y patentes relacionados con el ejercicio de la actividad pesquera y
acuícola”, que en su artículo 3° dispuso expresamente que para ejercer la pesca
comercial artesanal los pescadores debían estar carnetizados ante dicha entidad
y cumplir los siguientes requisitos:
“Artículo 3°. Requisitos Específicos de Acuerdo con la Clase de Permiso.
Además de los requisitos generales contemplados en el artículo 2° del presente
acuerdo el interesado en obtener un permiso de pesca comercial artesanal,
comercial industrial, comercial exploratoria, comercial ornamental, de
investigación, de pesca deportiva, de procesamiento, de comercialización,
integrado de pesca y de cultivo, deberá cumplir con los requerimientos que
se relacionan a continuación:
“(…)
“7. Permiso de Pesca Comercial Artesanal. Para ejercer esta actividad
pesquera, los pescadores deben estar carnetizados ante la AUNAP; para
obtener el respectivo carné, se requiere presentar solicitud en la cual se
exprese el área en la cual desarrollará su actividad, artes y métodos de pesca
a utilizar, anexar fotocopia de su identificación personal y dos fotos tamaño
documento, una de las fotos se le pegará al carné y la otra será archivada junto
con la demás información en la dependencia correspondiente que previamente
haya señalado para el efecto la AUNAP” (negrilla añadida).
47. Bajo este contexto normativo, no le asiste razón a los apelantes cuando
aseguran que el Tribunal impuso la exigencia de una certificación o de un medio
de prueba específico no previsto en la ley para acreditar la condición de
pescadores artesanales. La decisión impugnada no condicionó la procedencia del
medio de control ni la adecuada conformación del grupo al cumplimiento de
exigencias formales o requisitos especiales no previstos en el ordenamiento
jurídico y mucho menos estableció una tarifa legal probatoria, sino que, a partir de
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Radicación: 4700-123-33-000-2014-00091-01 (69.376)
Actor: Robert Raúl Rada Escalante y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
la normativa aplicable y el material probatorio aportado por los accionantes,
concluyó que existía una ausencia absoluta de prueba que permitiera considerar
acreditada la calidad en la que afirman actuar y, por ende, el ejercicio lícito de la
pesca artesanal.
48. La Drummond Ltd. allegó con la contestación de la demanda la copia de unos
correos electrónicos con fecha de mayo de 2014 en los que el señor Álvaro Daza,
coordinador de comunidades de esa empresa, solicitó a la señora Hilda María
González, funcionaria de la AUNAP, revisar si en la base de datos de dicha entidad
se encontraban “registrados como pescadores las siguientes personas oriundas
del municipio de Pueblo Viejo [enlistó a las 20 personas que aquí fungen como
demandantes]”. El 26 y 29 de mayo de 2014, la referida funcionaria respondió la
solicitud en los siguientes términos:
“Cordial saludo Dr. Daza, te remito la respuesta de nuestro técnico… Y es
raro este montón de gente sin carnetizar porque ya hemos hecho dos
jornadas.
“(…)
“Solo uno está registrado en la base de datos y tiene el carnet (sic) vencido;
JOERI MONTENEGRO NIEBLES, se venció el 14 de junio de 2012”49.
49. Y con fecha del 30 del mismo mes y año la AUNAP emitió la siguiente respuesta
formal50:
49 SAMAI: Expediente digital: “01. C01 R47001233300020140009100 (DEMANDA)”, páginas 183 a 186.
50 Ibidem, página 182.
14
Radicación: 4700-123-33-000-2014-00091-01 (69.376)
Actor: Robert Raúl Rada Escalante y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
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Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
50. En este punto, debe precisarse que la verificación de la referida carnetización o
autorización no desconoce lo dispuesto en el artículo 84 de la Constitución Política,
conforme al cual las autoridades no pueden establecer ni exigir permisos o
requisitos adicionales a los previstos en la ley para el ejercicio de una actividad
económica. Es la misma Carta Política (arts. 8, 79, 80 y 334) la que autoriza al
Estado a someter el ejercicio de las actividades que impliquen aprovechamiento
de recursos naturales a una autorización previa51, con el fin de garantizar la
conservación, manejo y aprovechamiento sostenible de dichos recursos, así como
la protección del interés general comprometido en su explotación.
51. En la sentencia C-277 de 2024, la Corte Constitucional reiteró lo previsto en el
artículo 47 de la Ley 13 de 1990, que dispone que las formas en que se obtiene el
derecho a ejercer la actividad pesquera se clasifican así: (i) por ministerio de la
ley, si se trata de pesca de subsistencia; (ii) mediante permiso, si se trata de la
investigación, extracción, cultivo, procesamiento y comercialización de recursos
pesqueros; (iii) mediante patente, si se trata del uso de embarcaciones para el
ejercicio de la pesca; (iv) por asociación con la AUNAP; (v) por concesión52,
cuando se trate de aquellos casos de pesca artesanal y de acuicultura; y, (vi)
mediante autorización, si se trata de la importación o exportación de recursos y
productos pesqueros, de conformidad con la política nacional de comercio exterior.
52. Y fue en desarrollo de lo anterior que la AUNAP expidió la Resolución 0601 de
23 de agosto de 2012, cuyo artículo 3°, numeral 7, estableció que para ejercer la
pesca comercial artesanal los interesados debían estar carnetizados ante esa
entidad y fijó los requisitos para su expedición, es decir, reglamentó la modalidad
de permiso a la que alude el artículo 47 de la Ley 13 de 1990, precisando el
instrumento administrativo a través del cual se formaliza y acredita la autorización
para el ejercicio de dicha actividad53.
53. En ese contexto, determinar si los demandantes cuentan o no con dicho permiso
no implica la imposición judicial de una carga formal inexistente, sino la verificación
51 Contextualización normativa y jurisprudencial de la pesca en Colombia: “La Ley 13 de 1990 regula el manejo
integral y la explotación racional de los recursos pesqueros, con el fin de asegurar su aprovechamiento
sostenido. Esta normativa declara la actividad pesquera de utilidad pública e interés social. También, crea el
Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INPA) –hoy en día la AUNAP–, cuya función es velar por el
mantenimiento de las condiciones óptimas del medio acuático en el cual se desenvuelve la actividad
pesquera. Particularmente, ejecuta la política pesquera, contribuye en la formulación de la política pesquera
nacional y en la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo Pesquero; adelanta investigaciones que permitan
identificar y cuantificar los recursos pesqueros, así como aquellas dirigidas a perfeccionar los procesos
tecnológicos en las fases de extracción, cultivo, procesamiento y comercialización; administra, fomenta y
controla la actividad pesquera y acuícola; organiza sistemas adecuados de control y vigilancia para asegurar
el cumplimiento de las normas que regulan las actividades de pesca e impone las sanciones
correspondientes; fija periódicamente el número, tamaño y tipo de embarcaciones pesqueras con el fin de no
exceder la captura permisible; determina la magnitud de los recursos pesqueros susceptibles de extracción;
estimula, regula, supervisa y controla las actividades de acuicultura, entre otras” (Corte Constitucional,
sentencia C-277 de 2024).
52 Es el acto administrativo que otorga el derecho de uso y goce de bienes nacionales (como cuerpos de agua
y lechos) para realizar actividades de cultivo de recursos hidrobiológicos.
53 Dicha reglamentación también se inscribe dentro de la potestad de ordenación y control de la actividad
pesquera y constituye, además, un instrumento mediante el cual la administración identifica y formaliza a
quienes ejercen esta modalidad de pesca, en desarrollo del régimen legal de permisos previsto en la Ley 13
de 1990.
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Radicación: 4700-123-33-000-2014-00091-01 (69.376)
Actor: Robert Raúl Rada Escalante y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
de uno de los medios probatorios idóneos previstos en el ordenamiento para
acreditar el ejercicio lícito y habitual de la actividad pesquera comercial artesanal.
Su ausencia, en todo caso, no sería por sí sola concluyente, pero sí adquiere
relevancia cuando no se allega otro medio de convicción que permita demostrar
dicha condición.
54. Frente al argumento expuesto por la parte recurrente, según el cual los
demandantes hacen parte de una comunidad que históricamente ha vivido de la
pesca en la zona, la Sala advierte que dicha afirmación, aun cuando podría resultar
relevante como indicio, carece de respaldo probatorio en el expediente y, por sí
sola, no tiene la entidad suficiente para acreditar la condición en la que aquellos
comparecen al proceso. Adicionalmente, la pertenencia a una comunidad o el
arraigo territorial no comporta automáticamente la demostración del ejercicio
efectivo, habitual y lícito de una actividad económica determinada, ni permite
inferir, sin más, la existencia de un perjuicio individual indemnizable.
55. Bajo esas condiciones, no media elemento de convicción que permita acreditar
la condición bajo la cual se reclama una lesión a la actividad pesquera artesanal,
además de lo cual, el expediente no muestra otro tipo de permiso de pesca
comercial o para la comercialización de productos pesqueros, certificación de
registro o afiliación de embarcaciones, títulos de propiedad -individual o colectiva-
sobre los medios de producción utilizados, facturas de venta de pescado,
comprobantes de adquisición de implementos propios de la actividad pesquera,
contratos de arrendamiento de embarcaciones o de transporte fluvial, ni ningún
otro medio de convicción que permita siquiera inferir el ejercicio efectivo y habitual
de la actividad pesquera artesanal comercial.
56. Tampoco, con ese mismo objetivo, se acreditaron los supuestos ingresos que
percibían los demandantes como pescadores antes del 13 de enero de 2013 ni
que estos hubieran disminuido o desaparecido con ocasión del siniestro ocurrido
en puerto Drummond en la fecha indicada. Por el contrario, el a quo al proferir el
fallo de primera instancia señaló que la DIMAR, mediante actos administrativos,
delimitó áreas de fondeo y zonas restringidas dentro de las cuales se encontraba
la zona de influencia del citado puerto, en las que la actividad pesquera estaba
prohibida, de manera que no podía predicarse la existencia de un daño derivado
de la imposibilidad de pescar en sectores donde dicha actividad ni siquiera estaba
permitida. Este argumento no fue objeto de cuestionamiento ni desvirtuado en el
recurso de apelación.
57.Resalta la Sala que la regulación constitucional y legal de la acción de grupo
parte de la existencia de un número plural de personas que reúnan condiciones
uniformes frente a una misma causa generadora de perjuicios individuales. Así,
contrario a lo sostenido por los apelantes, el hecho de que este medio de control
no exija la conformación de un grupo en términos organizacionales o estructurales
no significa que carezca de presupuestos materiales de procedencia ni que el
operador judicial esté relevado de verificar los aspectos indispensables para
proferir una decisión de fondo; entre ellos, que quienes conforman el grupo actor
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Radicación: 4700-123-33-000-2014-00091-01 (69.376)
Actor: Robert Raúl Rada Escalante y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
ostenten un interés jurídico legítimo, serio y actual en la declaración que se
pretende54, esto es, que cuenten con legitimación material en la causa por activa.
58. En esas condiciones, correspondía a quienes fungen como demandantes
aportar al proceso algún elemento probatorio que permitiera por lo menos inferir
razonablemente el ejercicio de la pesca comercial artesanal en la zona alegada.
La ausencia absoluta de prueba sobre este aspecto no es un asunto meramente
formal sino sustancial, pues impide verificar la condición de afectados directos y,
por ende, la debida integración del grupo.
59. Y,acerca de que el siniestro ambiental ocurrido el 13 de enero de 2013
constituye prueba suficiente para predicar la afectación de las comunidades
pesqueras de la zona y, por ende, para demostrar el referido interés, parte de una
premisa equivocada. La demostración de la ocurrencia del evento dañoso o de la
causa generadora del daño no comporta, per se, la acreditación de la calidad de
pescadores de quienes acuden como demandantes ni mucho menos la prueba de
una afectación concreta derivada de dicha calidad.
60. Una cosa es la constatación objetiva del siniestro ambiental y otra,
sustancialmente distinta, la demostración de que quienes demandan integran el
grupo afectado y sufrieron un daño antijurídico en razón de la actividad que dicen
ejercer. En el presente caso, los demandantes no acreditaron que desarrollaban
la actividad pesquera o que derivaran de ella su sustento o, que dicha actividad se
ejerciera en las zonas presuntamente afectadas, de manera que no se demostró
la adecuada integración del grupo por parte de quienes se presentaron como
accionantes.
61.Igualmente es del caso recordar que en la demanda se delimitó el grupo a los
actores aquí presentes, frente a quienes se formularon y tasaron las pretensiones,
sin que se reclamara en nombre de supuestos afectados ausentes del proceso,
cuestión que se reiteró en el recurso de apelación, por lo que no hay lugar a
estudiar la conformación del grupo por fuera de los parámetros expuestos en la
demanda, so pena de violar el principio de congruencia
62. Por consiguiente, la Sala confirmará la sentencia objeto de apelación por las
razones expuestas.
Condena en costas
63. De conformidad con lo consagrado en los artículos 65.5 de la Ley 472 de 1998
y 188 del CPACA, que remite a las normas del CGP, se debe liquidar la condena
en costas a cargo de la parte vencida en el proceso “o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación”.
54 Dicho interés se traduce en el motivo o causa privada que determina la necesidad de demandar, que
además de la relevancia jurídico sustancial, debe ser concreto, o sea existir para el caso particular y con
referencia a una determinada relación sustancial; serio, en tanto la sentencia favorable confiera un beneficio
económico o moral para el demandante; y actual, porque el interés debe existir para el momento de la
demanda y principalmente cuando se define el litigio.
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Radicación: 4700-123-33-000-2014-00091-01 (69.376)
Actor: Robert Raúl Rada Escalante y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
64. Según dispone el numeral 6 del artículo 365 del CGP55, la condena se impondrá
a prorrata a cargo de los demandantes que hicieron parte del proceso 56, tal es el
caso de Robert Raúl Rada Escalante, María Escobar Nieto, Ponciano Alberto
Rodríguez Díaz, Joerlis Montenegro Niebles, Marittsi Granados López 57, Senobia
Negrette Escobar58, Emel de Jesús Delgadillo López, Kisis Carbono Ariza, Elkin
Hernández Ruiz, Gretis María Borja Montenegro 59 , César Castillo Navarro,
Carmen Alicia Niebles Ceballos60, Carlos Alberto Márquez Navarro, Yanina Palma
Carbono, Gustavo Gabriel Fernández Solano, Hebert Enrique Escorcia
Hernández, Teresa Elena López Cabana, Rubén García Cervantes, Johandris
Montenegro Orozco 61 , quienes otorgaron poder y participaron a través de
apoderado, cuestión que viabiliza su cobro por parte de las demandadas a favor
de las cuales se ordenará el respectivo pago de la condena en costas como
retribución por la gestión procesal emprendida en defensa de sus intereses..
65. El artículo 361 de la Ley 1564 de 2012 prescribe que las costas están integradas
por la totalidad de las expensas y gastos sufragados causados durante el trámite
de la controversia. Las costas se integran por dos elementos: las agencias en
derecho como compensación por los gastos de apoderamiento en que incurrió la
parte vencedora, y las expensas que corresponden a los gastos surgidos con
ocasión del proceso y necesarios para su desarrollo.
66. En relación con la fijación de las agencias en derecho, se tiene que las mismas
se calculan en consonancia con las tarifas establecidas por el Consejo Superior
de la Judicatura en el Acuerdo 1887 de 200362, expedido por la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura, en atención a la naturaleza, la calidad y la
gestión realizada por los apoderados y las demás circunstancias relevantes.
67. En esas condiciones, teniendo en cuenta los deberes de vigilancia que su
trámite implicó y lo previsto en el artículo 3.2. del citado acuerdo 63 se fija la
condena por dicho concepto en la suma de un (1) SMLMV fraccionada en partes
55 “Artículo 365 (…) 6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los
condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas
por partes iguales entre ellos”.
56 Así lo ha dispuesto esta Subsección, entre otras, en la sentencia de 30 de agosto de 2024, exp. 69.510 y
del 1º de septiembre de 2025, exp. 70.558.
57 O Maritsi Granados López (ya que en el contenido del poder figura como acaba de referirse y en la
autenticación de éste firma como Marittsi).
58 O Senovia Negrete (por las mismas razones expuestas en el pie de página anterior).
59 O Grety Borja (ibidem).
60 O Carmen Alicia Nieves (ibidem).
61 O Yohadry Negrete Escobar (ibidem).
62 Esta disposición fue derogada por el Acuerdo 10554 de 5 de agosto de 2016 del Consejo Superior de la
Judicatura; no obstante, resulta aplicable al caso concreto, en atención a la regla de transición que estableció
esa última regulación, según se transcribe a continuación: “Artículo 7. Vigencia. El presente acuerdo rige a
partir de su publicación y se aplicará respecto de los procesos iniciados a partir de dicha fecha. Los
comenzados antes se siguen regulando por los reglamentos anteriores sobre la materia, de manera especial
los contenidos en los Acuerdos 1887 de 2003, 2222 de 2003 y 9943 de 2013 de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura”.
63 “III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
“(…)
“3.2. ACCIONES POPULARES Y DE GRUPO.
“(…)
“Segunda instancia. Hasta un (1) salario mínimo mensual legal vigente”.
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Radicación: 4700-123-33-000-2014-00091-01 (69.376)
Actor: Robert Raúl Rada Escalante y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
iguales a favor de la Nación – Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Corporación
Autónoma Regional del Magdalena, el Departamento Administrativo Distrital de
Sostenibilidad Ambiental y las empresas Drummond Ltd., Drummond Coal Mining
LLC., Transport Services LLC. y American Port Company Inc.
68. En cuanto a las expensas, al revisar el expediente se observa que no existe
prueba de que la parte demandada hubiese tenido que incurrir en gastos
procesales con ocasión del trámite de la segunda instancia, por lo que no se
reconocerá ningún rubro por dicho concepto.
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de marzo de 2022, por el
Tribunal Administrativo del Magdalena.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia, a prorrata, a los
demandantes presentes en este proceso, Robert Raúl Rada Escalante, María
Escobar Nieto, Ponciano Alberto Rodríguez Díaz, Joerlis Montenegro Niebles,
Marittsi Granados López, Senobia Negrette Escobar, Emel de Jesús Delgadillo
López, Kisis Carbono Ariza, Elkin Hernández Ruiz, Gretis María Borja Montenegro,
César Castillo Navarro, Carmen Alicia Niebles Ceballos, Carlos Alberto Márquez
Navarro, Yanina Palma Carbono, Gustavo Gabriel Fernández Solano, Hebert
Enrique Escorcia Hernández, Teresa Elena López Cabana, Rubén García
Cervantes, Johandris Montenegro Orozco64.
TERCERO: CONDENAR en costas a favor de la parte demandada. Se fija por
concepto de agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario mínimo
mensual legal, vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, valor que será
exigible en partes iguales a favor de la Nación – Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la
Corporación Autónoma Regional del Magdalena, el Departamento Administrativo
Distrital de Sostenibilidad Ambiental y las empresas Drummond Ltd., Drummond
Coal Mining LLC., Transport Services LLC. y American Port Company Inc. Sin
expensas, por no existir prueba en el expediente de su causación.
64 Para efectos de identificación de estas personas, remitirse a los pies de página 2 a 7.
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Radicación: 4700-123-33-000-2014-00091-01 (69.376)
Actor: Robert Raúl Rada Escalante y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo
CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, INCORPORARLA al expediente
digital y remitir copia al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Con aclaración de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Con aclaración de voto
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.
VF
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