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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2013-01191-01

Fecha
17 de octubre de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
7 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2013-01191-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Confírmase la sentencia de 30 de junio de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 2°) Sin costas en esta instancia. 16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 17 de junio de 2024, expediente 17001-23-33-000-2019-00093-02 (68.712). MP. Alberto Montaña Plata. 21 Expediente: 25000-23-41-000-2013-01191-01 (70.460) Demandantes: Ángel Antonio Ortiz Melo y Otros Medio de control para la reparación de perjuicios causados a un grupo de personas 3°) En firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-41-000-2013-01191-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

17 de octubre de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 25000-23-41-000-2013-01191-01 (70.460)
Actores: ÁNGEL ANTONIO ORTIZ MELO Y OTROS
Demandados: NACIÓN – RAMA JUDICIAL Y OTROS
Medio de control: REPARACIÓN DE PERJUICIOS CAUSADOS A
UN GRUPO DE PERSONAS
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – FALTA DE
SUSTENTACIÓN DEL RECURO

Síntesis del caso: los demandantes afirman que en la diligencia de entrega parcial del
inmueble ordenada en el proceso civil divisorio número 2003-00022 y cumplida mediante
despacho comisorio los jueces comisionados identificaron equivocadamente el primer lote
segregado objeto del despacho comisorio emitido por el juez comitente y excedieron el
encargo por el hecho de entregar también un segundo un lote colindante también
segregado, lo que habría provocado desalojos y pérdida de ingresos de los arrendatarios
y comerciantes que desarrollaban sus actividades (repuestos usados, chatarra,
mecánica, alimentos) en ese lugar.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra
de la sentencia de primera instancia proferida el 30 de junio de 2023 por medio de
la cual la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca denegó las pretensiones y se abstuvo de condenar en costas a los
demandantes (índice SAMAI 00017, archivo 15ED_TestigoDocumental704(.pdf)
NroActua 17, fls 527 a 551 del documento EXPEDIENTE 70460 CUADERNO
PRINCIPAL.pdf).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito presentado el 23 de mayo de 2013 (índice SAMAI 00017, archivo
15ED_TestigoDocumental704(.pdf) NroActua 17, fls. 31 a 54 y 64 a 67 del

2

Expediente: 25000-23-41-000-2013-01191-01 (70.460)
Demandantes: Ángel Antonio Ortiz Melo y Otros
Medio de control para la reparación de perjuicios causados a un grupo de personas

documento CUADERNO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO.pdf), el grupo actor1 en
ejercicio del medio de control judicial para la reparación de los perjuicios causados
a un grupo presentó demanda –posteriormente subsanada– en contra de la
Nación – Dirección Administrativa de la Rama Judicial2, los Juzgados Once Civil
del Circuito de Bogotá y Octavo y Noveno Civiles Municipales de Descongestión
de Bogotá, con las siguientes pretensiones:

“3.1 Condenar a la accionada LA NACION-DIRECCION
ADMINISTRATIVA DE LA RAMA JUDICIAL, JUZGADO ONCE (11)
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, JUZGADO OCTAVO (8º) CIVIL
MUNICIPAL DE DESCONGESTIÓN DE BOGOTÁ y JUZGADO
NOVENO (9º) CIVIL MUNICIPAL DE DESCONGESTIÓN DE BOGOTA
D.C, a cancelar al grupo accionante a la indemnización colectiva
causada por los erróneos procedimientos que se adelantaron en
diligencias judiciales practicadas por el Juzgado OCTAVO (8º) CIVIL
MUNICIPAL DE DESCONGESTIÓN DE BOGOTA, dentro del despacho
comisario No.084, proveniente del juzgado ONCE CIVIL DEL CIRCUITO
DE BOGOTÁ, en cumplimiento de la sentencia proferida dentro del
divisorio de MARGARITA MONICO DE GONZALEZ Y OTRO VS.
FERNANDO SANTOS Y OTRO, radicado 2003-00022, Juzgado 11 Civil
del Circuito de Bogotá y Juez Novena Civil Municipal de Descongestión,
por vulnerar los derechos constitucionales al Derecho al trabajo, la
defensa al debido proceso, derecho a seguridad jurídica, derechos al
mínimo vital y demás derechos adquiridos derivados de contratos de
arrendamiento suscritos desde hace más de dos años para la época de
los hechos, con el Señor JORGE ENRIQUE TEHERAN GONZALEZ, en
calidad de poseedor y preexistencia verbal de dichos contratos que data
de varios años anteriores. Que con dicho accionar erróneo de estas
diligencias se ha empobrecido injustamente a todos los integrantes del
grupo actor, en razón de que se les desalojo de manera sorpresiva a
partir del día 24 de mayo de 2011, teniendo que incurrir en gastos no
previstos para hacer el trasteo de sus mercancías, representadas en
repuestos de segunda para vehículos, el sorpresivo cambio de domicilio
hizo que perdiera gran cantidad de clientela, entre otras consecuencias
negativas para el normal desarrollo de la actividad económica a que
estaban dedicadas las víctimas de este acto desmesurado, cometido por
los funcionarios judiciales ya referidos. De igual manera a las demás
personas que resultaron perjudicadas por el accionar erróneo de los
operadores de justicia que intervinieron en diversas diligencias de
entrega de inmuebles, así:

3.3.1. PERJUICIOS MATERIALES PARA CADA ACCIONANTE: (…)”3

1 De acuerdo con la demanda el grupo actor estuvo inicialmente conformado por 32 personas

Posteriormente, el 18 de marzo de 2014, previo al decreto de pruebas, el apoderado del grupo
actor solicitó que se vincularan a 19 personas más, petición a la que accedió el a quo en auto de
7 de abril de 2014.
2 Aunque en la demanda inicial esta se dirigió contra la Nación – Rama Judicial, los Juzgados

Once Civil del Circuito de Bogotá y Octavo y Noveno Civiles Municipales de Descongestión de
Bogotá, en el memorial de subsanación de la demanda se precisó que la demanda se dirigía
únicamente contra la primera.
3 En este apartado de la demanda se discriminan los perjuicios materiales de cada uno de los

demandantes que integran el grupo.

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Expediente: 25000-23-41-000-2013-01191-01 (70.460)
Demandantes: Ángel Antonio Ortiz Melo y Otros
Medio de control para la reparación de perjuicios causados a un grupo de personas

“3.3.2. PERJUICIOS MORALES O PERJUICIOS DE ORDEN
SUBJETIVO: Son aquellos daños percibidos en forma subjetiva por los
directos afectados con el martirio sufrido por los accionantes y su entorno
familiar, como víctimas de los desalojos que tuvieron que padecer,
además que han sufrido graves perjuicios económicos por parte de la
accionada, que les desconoció los derechos al trabajo, y daños también
que tuvieron que padecer las personas que dependían de cada uno de
los arrendatarios y demás perjudicados que se encontraban en este
predio y que dependían económicamente de las diferentes fuentes de
ingresos que generaban las actividades comerciales que allí se
desarrollaban, lo cual les ha generado, como consecuencia, un doloroso
estropicio moral. Para el caso que nos ocupa, dichos perjuicios morales
se adeudan a los actores por el dolor de la pérdida de sus trabajos y del
buen nombre; también el hecho de que algunos de los desalojados
tuvieron que reducirse para poder continuar con su actividad comercial,
etc., así como por los momentos de zozobra, angustia, depresión,
tristeza, desconcierto e impotencia frente a las consecuencias que se
derivaron del absurdo procedimiento realizado por la accionada, los
cuales me permito tasar así: (….)”4

“3.3.3. PERJUICIOS A LA VIDA DE RELACION: Es aquella
afectación a la esfera exterior de las personas, que llegan a verse
alterada a causa de una lesión infligida a los bienes de la personalidad o
a otro tipo de intereses jurídicos, en desmedro de una "actividad social
no patrimonial", lo que para el caso se traduce en las secuelas
emocionales que los desalojados tuvieron que padecer, además que han
sufrido graves perjuicios económicos por parte de la accionada, que les
desconoció los derechos al trabajo, y daños también que tuvieron que
padecer las personas que dependían de cada uno de los arrendatarios y
demás perjudicados que se encontraban en este predio y que dependían
económicamente de las diferentes fuentes de ingresos que generaban
las actividades comerciales que allí se desarrollaban (auto-aislamiento,
auto-rechazo, agresividad, depresión, culpa, incertidumbre,
desesperanza, etc.), y que repercutió negativamente en la relación de
sus parejas, así como en las relaciones familiares del núcleo; ello como
consecuencia de la imposibilidad de seguir desarrollando su capacidad
laboral y mercantil. Dicha situación da lugar a la producción de un daño
inmaterial diferente del moral, que desborda el ámbito interno del
individuo y se sitúa en su vida de relación, es decir, se ve afectada la
vida exterior de la persona, en cuanto se genera una alteración negativa
de las posibilidades que tiene de entrar en relación con otras personas o
cosas, de llevar a cabo actividades de disfrute o rutinarias, o la
modificación de sus roles en la sociedad o en sus expectativas a futuro.
Vale la pena señalar que el perjuicio a la vida de relación, reconocido por
la jurisprudencia contenciosa administrativa colombiana, guarda cierta
semejanza conceptual con el rubro denominado "daño al proyecto de
vida" que reconoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin
embargo, se hace la salvedad de que la Corte I.D.H. ubica este rubro en
la categoría de daño material, mientras que en Colombia, el perjuicio a
la vida de relación pertenece a la categoría de perjuicios inmateriales.

4 En este apartado de la demanda se enlistan en una tabla a los integrantes del grupo y se
organizan por sus nombres y el valor de los perjuicios morales reclamados, que en todos los casos
ascienden a 50 S.M.L.M.V., con excepción de la persona jurídica también integrante del grupo. Sin
perjuicio de lo anterior en el documento de subsanación de la demanda expresamente se indica
en la aclaración 4.5 que los perjuicios inmateriales, que se totalizan en la suma equivalente a 50
S.M.L.M.V., incluyen el perjuicio moral como el daño a la vida de relación para cada uno de los
accionantes, en una proporción de 35 S.M.L.M.V. por concepto del primero y 15 S.M.L.M.V. por
concepto del segundo.

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Expediente: 25000-23-41-000-2013-01191-01 (70.460)
Demandantes: Ángel Antonio Ortiz Melo y Otros
Medio de control para la reparación de perjuicios causados a un grupo de personas

Nota de Relatoría: Ver sentencia de julio 19 de 2000, Exp. 11842, C.P.
Alier Hernández, reiterada posteriormente entre otras por la sentencia
abril 20 de 2005, Exp. 15237, C.P. Ruth Stella Correa Corte IDH, Caso
Loayza Tamayo, Sentencia de Reparaciones (…)”5

“3.2 Comunicar el auto admisorio de la demanda a la comunidad del
Sector del Tropezón de localidad de Bosa, mediante edicto que se
publicará en la emisora local R.C.N. STEREO, CARACOL y/o CITY T.V.,
o el medio idóneo que su despacho considere atinado.

3.3 Notificar el auto admisorio al Ministerio Público, para los fines del
art. 53 de la ley 472/98.

3.4 Condenar a la demandada al pago de las costas, para ello se
tendrá en cuenta lo dispuesto en los numerales 5° y 6° del artículo 65 de
la Ley 472 del 998.” (índice SAMAI 00017, archivo
15ED_TestigoDocumental704(.pdf) NroActua 17, fls. 31 a 54 del
documento CUADERNO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO.pdf).

2. Hechos

El fundamento fáctico de las pretensiones se sintetiza así:

1) La acción de grupo fue promovida por un conjunto de personas encabezadas
por Pedro Nel Briceño por motivo de los perjuicios que alegan haber sufrido con
ocasión de la diligencia de entrega de un bien inmueble practicada entre el 24 y
el 27 de mayo de 2011 por el Juez Octavo Civil Municipal de Descongestión de
Bogotá, en cumplimiento del despacho comisorio no. 084 de 23 de julio de 2010
librado por el Juzgado Once Civil del Circuito de la misma ciudad dentro del
proceso divisorio de Margarita Mónico de González y otros contra Fernando
Santos y otro (con radicado 11001-31-03-011-2003-00022-01). La diligencia, que
tenía por objeto la entrega parcial del lote ubicado en la calle 62 Sur no. 87-33,
Bosa en Bogotá (lote no. 16), estuvo rodeada de confusiones sobre la
identificación del inmueble y derivó en la entrega irregular no solo de dicho lote

5 En este apartado de la demanda se enlistan en una tabla a los integrantes del grupo y se
organizan por sus nombres y el valor de los perjuicios por concepto del daño a la vida de relación
reclamado, que en todos los casos ascienden a 50 S.M.L.M.V., con excepción de la persona
jurídica también integrante del grupo. Sin perjuicio de lo anterior en el documento de subsanación
de la demanda expresamente se indica en la aclaración 4.5 que los perjuicios inmateriales, que se
totalizan en la suma equivalente a 50 S.M.L.M.V., incluyen el perjuicio moral como el daño a la
vida de relación para cada uno de los accionantes, en una proporción de 35 S.M.L.M.V. por
concepto del primero y 15 S.M.L.M.V. por concepto del segundo.
6 Las referencias a los denominados lotes nos. 1, 2 y 3 corresponden al trabajo de partición

aprobado por el Juzgado Once Civil del Circuito de Bogotá mediante auto de 3 de mayo de 2007,
trabajo cuya copia obra en varios apartes del expediente. No obstante, todas presentan omisiones
derivadas de pliegues en la fotocopia del original, excepto una que sí permite su lectura íntegra y
que obra (índice SAMAI 00017, archivo 15ED_TestigoDocumental704(.pdf) NroActua 17, fls. 128
a 135 del documento CUADERNO DE COPIAS TRIBUNAL 5.pdf).

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Expediente: 25000-23-41-000-2013-01191-01 (70.460)
Demandantes: Ángel Antonio Ortiz Melo y Otros
Medio de control para la reparación de perjuicios causados a un grupo de personas

sino también de otro colindante (lote no. 2), lo que excedió las facultades del
despacho comisorio. Como consecuencia de ello resultaron afectados los
arrendatarios con contratos preexistentes en el lote no. 1 con el poseedor del
predio, Jorge Enrique Teherán González, así como también comerciantes y
trabajadores que allí desarrollaban actividades estables como compraventa de
repuestos usados, reparaciones mecánicas y servicios de alimentación, quienes
integran el grupo demandante.

2) La confusión que marcó la diligencia de 2011 tuvo su origen en una
irregularidad previa ocurrida el 24 de agosto de 2010 cuando la Jueza Novena
Civil Municipal de Descongestión de Bogotá fue comisionada para la entrega
parcial del lote no. 1; no obstante, practicó la diligencia en horas de la noche
(después de las 6:30), afirmó haber identificado el inmueble y dio por cumplida la
comisión, aunque en realidad ingresó por la entrada del lote no. 2, predio
colindante que no correspondía al inmueble del despacho comisorio; además, la
funcionaria no advirtió la presencia de los arrendatarios ni verificó de manera
suficiente quiénes ocupaban el inmueble, lo que consolidó la confusión sobre los
linderos de los tres (3) lotes en los que se había segregado el terreno dentro del
proceso divisorio.

3) El hecho dañoso se concretó durante la continuación de la diligencia que tuvo
lugar entre el 24 y el 27 de mayo de 2011, cuando el Juez Octavo Civil Municipal
de Descongestión de Bogotá, comisionado para entregar únicamente el lote no. 1
conforme al despacho comisorio no. 084, ingresó por el lote no. 2 y dispuso la
entrega de ambos predios, excediendo de manera ostensible las facultades
conferidas en el encargo. Como consecuencia de esta confusión, los arrendatarios
y demás ocupantes del lote no. 1 no tuvieron oportunidad de ejercer la oposición
procesal en la etapa inicial de identificación del inmueble, lo que les impidió hacer
valer los derechos que les reconocen a los arrendatarios los artículos 518 y
siguientes del Código de Comercio.

Durante esta última diligencia los abogados apoderados de Heliodoro Buitrago
Salcedo (representante legal de SUPERCARROCERIAS ANDINO SA), Luis
Alejandro Piraquive Romero y Jorge Enrique Teherán González presentaron
advertencias de control de legalidad, las que fueron rechazadas por dicho juez.

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Expediente: 25000-23-41-000-2013-01191-01 (70.460)
Demandantes: Ángel Antonio Ortiz Melo y Otros
Medio de control para la reparación de perjuicios causados a un grupo de personas

4) El señor Jorge Enrique Teherán González solicitó al juez comitente la nulidad
de la diligencia realizada entre el 24 y el 27 de mayo de 2011 con fundamento en
el exceso de facultades del juez comisionado conforme al artículo 34, inciso 2º del
Código de Procedimiento Civil, sin que dicha petición prosperara.

5) Los demandantes solicitan la indemnización de los perjuicios que afirman
haber sufrido. En cuanto a los perjuicios materiales, reclaman la pérdida de
ingresos derivados de actividades económicas desarrolladas en el predio —
compraventa de repuestos de segunda y chatarra, reparaciones mecánicas,
servicios de alimentación y oficios similares—, que constituían el sustento
principal de sus núcleos familiares y cuya interrupción generó un detrimento
patrimonial reflejado en la disminución de ingresos diarios. En lo relativo a los
perjuicios inmateriales, piden el reconocimiento de perjuicios morales y daño a la
vida de relación, alegando afectaciones emocionales y sociales para cada uno de
los integrantes del grupo, incluidas las personas que dependían económicamente
de los arrendatarios.

3. Fundamentos de derecho

1) Las actuaciones irregulares en la diligencia de entrega practicada por los jueces
comisionados los días 24 de agosto de 2010 y 24 a 27 de mayo de 2011
desconocieron las limitaciones de sus funciones (art. 6 CP), el debido proceso y
el derecho de defensa (art. 29 CP) del grupo actor por el hecho de impedirles la
posibilidad de conocer y oponerse oportunamente a dicha diligencia, lo cual los
privó del ejercicio de sus derechos adquiridos de acuerdo con los artículos 518 a
522 del Código de Comercio frente a la estabilidad derivada de los contratos de
arrendamiento.

2) El desalojo ejecutado en la diligencia de entrega interrumpió abruptamente las
actividades económicas que los integrantes del grupo desarrollaban en el
inmueble —venta de repuestos automotrices, chatarrización, reparación mecánica
y oficios similares—, privándolos de su fuente de ingresos económicos y con
desconocimiento de la protección que la Constitución Política otorga al derecho al
trabajo (art. 25 CP).

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Demandantes: Ángel Antonio Ortiz Melo y Otros
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3) La interrupción repentina de las actividades económicas y el desalojo del
inmueble dejaron a los integrantes del grupo sin ingreso económico alguno para
sostener a sus familias, por afectar de manera directa su mínimo vital.
4) Los daños antijurídicos ocasionados son imputables a la parte demandada por
razón de la indebida actuación de los jueces comisionados en las diligencias de
entrega, dentro del régimen de responsabilidad que exige acreditar el yerro judicial
como presupuesto de la indemnización patrimonial a cargo del Estado.

4. Contestaciones de la demanda

La demanda fue admitida mediante auto de 28 de mayo de 2018 (índice SAMAI
00017, archivo 15ED_TestigoDocumental704(.pdf) NroActua 17, fls. 69 a 73 del
documento CUADERNO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO.pdf), en el que se ordenó
la notificación de los demandados, de los cuales los siguientes contestaron la
demanda:

4.1 Dirección Administrativa de la Rama Judicial

Si bien se opuso a las súplicas de la demanda (índice SAMAI 00017, archivo
15ED_TestigoDocumental704(.pdf) NroActua 17, fls. 87 a 88 del documento
CUADERNO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO.pdf), gran parte de los argumentos
de su contestación no respondieron a los planteamientos de la parte actora,
puesto que su apoderada la construyó sobre consideraciones propias de una
acción popular y no del medio de control judicial ejercido en este proceso. Con
todo, dentro de su escrito puede identificarse un solo planteamiento que sí
confronta las bases de la demanda, en concreto que los jueces comisionados que
practicaron la diligencia de entrega de inmuebles dentro del proceso divisorio
actuaron en ejercicio legítimo de sus competencias y con sujeción a la
Constitución y la ley; de manera que, la actuación cuestionada se enmarca en un
litigio entre particulares y cualquier afectación patrimonial deriva del cumplimiento
de órdenes judiciales y no de una irregularidad imputable a la Rama Judicial. Este
argumento se articuló con la excepción de improcedencia de la acción, respecto
de la que se adujo que no se acreditó acción u omisión atribuible, daño ni nexo
causal con los perjuicios alegados en la demanda.

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Expediente: 25000-23-41-000-2013-01191-01 (70.460)
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4.2 Juez Octavo Civil Municipal de Descongestión de Bogotá

Solicitó denegar las pretensiones de la demanda (índice SAMAI 00017, archivo
15ED_TestigoDocumental704(.pdf) NroActua 17, fls. 92 a 101 del documento
CUADERNO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO.pdf) con base en los siguientes
argumentos:

1) Mientras que en la diligencia de 24 de agosto de 2010 se identificó y alinderó
el inmueble ubicado en la calle 62 Sur no. 87-33, Bosa en Bogotá, sin que se
hubiera presentado oposición legal alguna, en la diligencia de entrega de aquel
realizada entre el 24 y el 27 de mayo de 2011 esta se efectuó voluntariamente por
sus residentes, sin necesidad del uso de la fuerza, una vez se negaron las
solicitudes elevadas por los tres (3) apoderados que intervinieron en la misma. En
virtud de lo anterior, el Juez Octavo Civil Municipal de Descongestión de Bogotá
nunca entregó dos lotes, solo uno.

2) La identificación del inmueble se hizo en debida forma, con observancia de los
artículos 337 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, según lo
corroboraron la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Distrito Judicial
de Bogotá y varios jueces civiles del circuito (17, 37 y 43) de la misma ciudad con
ocasión de resolver las acciones de tutela que fueron presentadas contra los
Juzgados Octavo y Noveno Civiles Municipales de Descongestión de Bogotá D.C.

Además, durante la diligencia realizada entre el 24 y 27 de mayo de 2011, el Juez
Octavo Civil Municipal de Descongestión de Bogotá se apoyó en topógrafos que
fueron designados por este, previa petición de la parte interesada la cual fue
coadyuvada por el Ministerio Público y la parte opositora en esa diligencia. Esa
designación fue consonante con el artículo 34 del Código de Procedimiento Civil
que disponía que el comisionado tenía las mismas facultades del comitente, lo
que además fue refrendado por la Juez Once Civil del Circuito de Bogotá mediante
auto de 4 de agosto de 2011 que denegó una solicitud de nulidad procesal.

3) A pesar de que los arrendatarios integrantes del grupo actor no podían
oponerse a la diligencia de entrega del inmueble por no ser poseedores o
propietarios inscritos –parágrafo 1º del numeral 2º del artículo 338 del Código de
Procedimiento Civil–, sino simplemente tenedores en virtud del contrato de

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Demandantes: Ángel Antonio Ortiz Melo y Otros
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arrendamiento y por ello terceros en dicho trámite, tuvieron la oportunidad de
presentar su desacuerdo en la entrega del inmueble y algunos, a través del
apoderado Parmenio Chávez Lara, manifestaron que no presentaban oposición
sino que solicitaban que se les reconocieran los derechos devenidos del
arrendamiento. En ese sentido, si como lo manifestaron aquellos tenían suscritos
contratos de arrendamiento debieron repetir contra el arrendador, pero no lo
hicieron, pese a que desde el mes de agosto de 2010 conocían de la existencia
del trámite de entrega del inmueble.

Incluso si los arrendatarios tuvieran derecho a oponerse a la referida diligencia, la
Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 10 de
febrero de 2012 estableció que la misma resultaba tardía, lo cual no podía
subsanarse con la interposición de ninguna acción de tutela.

4) En el caso del supuesto poseedor con quien varios de los integrantes del grupo
actor habían suscrito contratos de arrendamiento, el señor Jorge Enrique Teherán
González, no efectuó ninguna actividad para oponerse a la diligencia, como
también lo manifestó la referida sentencia de 10 de febrero de 2012.

5. Los alegatos de conclusión

Una vez practicadas las pruebas decretadas7, dentro del término de traslado
otorgado a las partes para que presentaran sus alegaciones de conclusión y al
Ministerio Público para que rindiera concepto, se pronunciaron los siguientes
sujetos procesales de acuerdo con la síntesis que se realiza a continuación.

7 Mediante autos de 9 de junio, 5 de septiembre y 6 de octubre de 2014 (índice SAMAI 00017,

archivo 15ED_TestigoDocumental704(.pdf) NroActua 17, fls. 252 a 255, 279 a 287 y 297 a 298 del
documento CUADERNO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO.pdf) fueron decretados como medios de
prueba: 1) Las pruebas documentales allegadas con la demanda y la contestación de la demanda
del Juzgado Octavo Civil Municipal de Descongestión de Bogotá.; 2) Oficio al Juzgado Once Civil
del Circuito de Bogotá para que allegara copias de las diligencias practicadas en los diferentes
despachos comisionados en los lotes nos. 1, 2 y 3 dentro del proceso divisorio con radicado 2003-
00022; 3) Un dictamen pericial sobre los daños y perjuicios causados por el desalojo de las
personas demandantes y que constara si la partición del proceso divisorio correspondía o no a la
realidad en relación con los puntos cardinales; y 4) Los testimonios de los señores Manuel Vega,
Pedro Vergara, Guillermo León Vergara y Jazmín Suárez Rodríguez.

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Expediente: 25000-23-41-000-2013-01191-01 (70.460)
Demandantes: Ángel Antonio Ortiz Melo y Otros
Medio de control para la reparación de perjuicios causados a un grupo de personas

5.1 La parte actora

Además de reafirmar los planteamientos de su demanda (índice SAMAI 00017,
archivo 15ED_TestigoDocumental704(.pdf) NroActua 17, fls. 504 a 507 del
documento CUADERNO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO.pdf), consideró que los
testimonios practicados en el proceso acreditaban la magnitud de la actividad
económica en el predio, caracterizada en particular por haber sido ejercida por
más setenta (70) personas en un terreno de más de 12.000 mts2. Igualmente, sin
perjuicio de que controvirtió formal y oportunamente la experticia practicada en el
proceso, cuestionó que esta hubiera tasado los daños reclamados con el mismo
rasero, pese a la variada caracterización de cada contrato de arrendamiento.

5.2 Dirección Administrativa de la Rama Judicial

En general reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda
(índice SAMAI 00017, archivo 15ED_TestigoDocumental704(.pdf) NroActua 17,
fls. 508 a 511 del documento CUADERNO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO.pdf), y
en cuanto a la valoración de las pruebas practicadas atañe, manifestó lo siguiente:

1) Las actas de la diligencia de entrega evidenciaron que no hubo ningún proceder
irregular, que acudieron a ella no solo los ahora demandantes a través de
apoderado, sino que también estuvieron presentes la Personería Distrital y la
Policía Nacional.

2) Las decisiones de tutela acreditaron que la oposición de los ahora demandantes
fue extemporánea frente a la identificación del inmueble realizada desde el 24 de
agosto de 2010.

3) La actuación disciplinaria fue archivada, sin hallarse irregularidades de los
jueces comisionados.

4) El dictamen pericial practicado en el proceso no demostró los perjuicios por
falta de soportes documentales (contratos de trabajo y contratos de
arrendamiento) y por las amenazas que la perito dijo haber recibido cuando fue a
recaudar las pruebas para rendir dicho dictamen.

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Expediente: 25000-23-41-000-2013-01191-01 (70.460)
Demandantes: Ángel Antonio Ortiz Melo y Otros
Medio de control para la reparación de perjuicios causados a un grupo de personas

5) Los testimonios no acreditaron la ocurrencia ni la cuantía del perjuicio alegado
puesto que varios deponentes formularon referencias de oídas o provenían de
personas con vínculos esporádicos con los establecimientos, e incluso algunos
declarantes señalaron que los actores continuaron sus actividades en otros
locales, lo que debilita la tesis de una pérdida definitiva del ingreso y de una
“rentabilidad” estable atribuible al predio.

6. La sentencia apelada

El 30 de junio de 2023, la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca dictó sentencia en la que negó las pretensiones
de la demanda (índice SAMAI 00017, archivo 15ED_TestigoDocumental704(.pdf)
NroActua 17, fls 527 a 551 del documento EXPEDIENTE 70460 CUADERNO
PRINCIPAL.pdf), con base en los siguientes argumentos:

1) La responsabilidad patrimonial alegada con base en el error jurisdiccional es de
carácter subjetivo y, por ende, exigía acreditar un error en las diligencias de
entrega adelantadas dentro del despacho comisorio número 084 correspondiente
al proceso divisorio con radicación número 2003-00022, a través de las que se dio
cumplimiento a las providencias de 3 de mayo y 31 de octubre de 2007 y 15 de
septiembre de 2009 que en dicho proceso ordenaron la entrega en favor de los
demandantes8 del inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria no.
50S-40526173, segregado del predio de mayor extensión identificado con el folio
de matrícula inmobiliaria no. 50S-244502. En ese contexto, la parte actora no
cumplió con la carga procesal sobre la demostración de los yerros que predicó de
las diligencias de entrega del bien inmueble ubicado en la calle 62 Sur no 87-33,
Bosa en Bogotá, por lo referido que no se probó que las decisiones adoptadas en
desarrollo de aquellas hubieran estado fundamentadas en hechos falsos ni que
los hechos probados hubieran sido indebidamente valorados.

8 Fungieron como demandantes en el proceso divisorio: Margarita Mónico de González, Mary

Mónico de González, Nicolas Neuta Garibello (cuyos derechos se radicaron en cabeza de Julio
César Neuta Mónico, Blanca Sofía Neuta de Uribe, María Mariela Neuta Mónica, Juvencio de la
Cruz Neuta Mónico, María Dora Neuta de Velázquez, María Gilma Neuta Mónico, María Fanny
Neuta Mónico, Gloria Esperanza Neuta Mónico, en virtud de sucesión procesal del artículo 60 del
Código de Procedimiento Civil), Liliana Santos Mónico, Aura Santos de Peñalosa, Paulina Santos
Mónico, Martha Patricia Santos Mónico, Germán Santos Mónico, Bertha Santos de Rivera, Néstor
Alfonso Santos Mónico y José Henry González Rincón. A su turno fungieron como demandados
en el mismo proceso divisorio: Fernando Santos Mónico e María Inés González Mónico. Todas las
partes eran comuneros proindiviso en el inmueble objeto del proceso divisorio.

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Expediente: 25000-23-41-000-2013-01191-01 (70.460)
Demandantes: Ángel Antonio Ortiz Melo y Otros
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2) El Juez Octavo Civil Municipal de Descongestión de Bogotá, en la diligencia
de entrega que presidió del inmueble ubicado en la Calle 62 Sur no 87-33, Bosa
en Bogotá, frente a los cuestionamientos de los apoderados de los arrendatarios,
puso de presente que aquel había sido identificado en la diligencia del 24 de
agosto de 2010 por la Juez Novena Civil Municipal de Descongestión de Bogotá,
aspecto que fue ratificado por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá,
corporación que además estableció que las nulidades formuladas debían ser
resueltas por el juzgado competente.

3) Mediante auto de 4 de agosto de 2011 del Juzgado Once Civil del Circuito de
Bogotá, confirmado con ocasión de resolverse el recurso de reposición por auto
del 11 de noviembre de 2011, decidió de plano y denegó la solicitud de nulidad
propuesta por el señor Jorge Enrique Teherán González frente a la diligencia
adelantada por los Jueces Octavo y Noveno Civil Municipales de Descongestión
de Bogotá, luego de concluir que el comisionado no excedió el despacho
comisorio no. 084 librado por la Juez Once Civil del Circuito de Bogotá y que aquel
en el marco de sus competencias podía realizar todos los actos procesales que le
permitieran cumplir con el encargo, entre ellos designar peritos. Contra la
diligencia de entrega se interpusieron varias acciones de tutela que fueron
denegadas.

4) De conformidad con el numeral 4 del artículo 338 del Código de Procedimiento
Civil y según lo corroboró la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia en la sentencia de 10 de febrero de 2012 que decidió la acción de tutela
interpuesta por los señores Heliodoro Buitrago Salcedo y Supercarrocerías Andino
SA contra los Juzgados Octavo y Noveno Civiles Municipales de Descongestión
de Bogotá, cuando la diligencia de entrega se efectúa durante varios días, solo
son atendibles las oposiciones formuladas el día en que el juez identificara el
sector del inmueble o los bienes muebles a los que se refirieran las oposiciones.
En ese sentido, en este caso solo podían atenderse las oposiciones que se
hubieran esgrimido el 24 de agosto de 2010 cuando la Juez Novena Civil Municipal
de Descongestión de Bogotá identificó el predio objeto de la diligencia, sin que
para esa fecha se hubiera presentado oposición alguna.

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Expediente: 25000-23-41-000-2013-01191-01 (70.460)
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La Corte Suprema de Justicia precisó también que, con independencia de si fue o
no defectuosa la alinderación de los predios, eran los poseedores del bien objeto
de la diligencia censurada quienes podían hacer uso oportuno de la posibilidad
que tenían de oponerse a la entrega en los términos del artículo 338 del Código
de Procedimiento Civil si acreditaban la relación de posesión con el inmueble.
Finalmente, en dicha sentencia se puso de presente que quedaba por debatirse
lo concerniente a la posesión dentro de los incidentes de restitución que
promovieron cada uno de los demandantes en el proceso divisorio.

5) La Juez Once Civil del Circuito por auto del 25 de julio de 2014 resolvió, frente
a la entrega ordenada en favor de la señora María Inés González Mónico, que no
prosperaban las oposiciones parciales presentadas por el señor Jorge Enrique
Teherán y la sociedad Supercarrocerías Andino SA, luego de considerar que
dichos opositores no habían probado ningún acto material de señor y dueño.

6) Los integrantes del grupo actor tenían la condición de arrendatarios del predio
ubicado en la calle 62 Sur no 87-33, Bosa en Bogotá, el cual estaba destinado a
la compra y venta de repuestos de vehículos de segunda y chatarra, por lo tanto
no fueron parte dentro del referido proceso divisorio y si tenían un contrato de
arrendamiento debían repetir contra quien fungía como arrendador.

7) La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, a
través de providencia de 24 de agosto de 2012, con motivo de resolver una queja
interpuesta contra los Jueces Once Civil del Circuito de Bogotá y Octavo Civil
Municipal de Descongestión de Bogotá por la presunta omisión de sus deberes
en el trámite del proceso divisorio antedicho, terminó y archivó el proceso
disciplinario por estimar que el quejoso había ejercido a plenitud sus derechos y
que el proceso jurisdiccional se había agotado con arreglo a las formas propias
de cada juicio, tanto ante el juez natural como ante las jurisdicciones
constitucional, penal y administrativa, sin que ninguna de estas autoridades
hubiera encontrado vicio o quebrantamiento jurídico o ético que sirviera de
fundamento a la vía disciplinaria.

8) Aunque la parte actora resultó vencida no hay lugar a condena en costas por
no evidenciarse manifiesta carencia de fundamento legal en la medida en que
aquella ejerció su derecho de acción al reclamar el resarcimiento de perjuicios que

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Expediente: 25000-23-41-000-2013-01191-01 (70.460)
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consideró ocasionados en virtud de un supuesto error jurisdiccional y la demanda
presentada contenía fundamentos de hecho y derecho, así como también
pretensiones razonables y concordantes con dichos fundamentos.

7. Recurso de apelación

La parte actora interpuso recurso de apelación (índice SAMAI 00017, archivo
15ED_TestigoDocumental704(.pdf) NroActua 17, fls 562 a 564 del documento
EXPEDIENTE 70460 CUADERNO PRINCIPAL.pdf) en el que disintió de la
sentencia en los siguientes aspectos:

1) El tribunal confundió el hecho dañoso porque en la sentencia centró el supuesto
yerro en la circunstancia de haberse practicado la diligencia del 24 de agosto de
2010 después de las 6:30 de la tarde, cuando lo relevante fue la identificación
equivocada del inmueble y el exceso del despacho comisorio no. 084. En efecto,
los Jueces Noveno y Octavo Civiles Municipales de Descongestión de Bogotá
incurrieron en irregularidades al identificar el predio objeto del despacho comisorio
con puntos cardinales equivocados: la primera ingresó y tuvo por identificado el
lote no. 2, para el cual no estaba comisionada, y el segundo, en la diligencia del
24 al 27 de mayo de 2011, persistió en ese error y ordenó la entrega de un área
que comprendía parte del lote no. 1 y la totalidad del lote no. 2. El error se
evidenció al inició de la diligencia de entrega de los lotes nos. 2 y 3 por la nueva
Juez Novena Civil Municipal de Descongestión de Bogotá, cuando no fue posible
formular oposición respecto del lote no. 2 porque este ya había sido entregado en
mayo de 2011.

2) El tribunal fundamentó la decisión en un dictamen pericial erróneamente
interpretado, puesto que este demuestra que los puntos cardinales eran
equivocados y que resultaba físicamente imposible el ingreso por el costado
oriente descrito en el acta de la diligencia por razón de encontrarse edificado.
Adicionalmente, como prueba sobreviniente, las experticias practicadas en el
proceso reivindicatorio9 del lote no. 3 demuestran la confusión en los puntos
cardinales y la no coincidencia del predio reclamado con la partición que sirvió de

9 Acción reivindicatoria con radicado 11001-31-03-050-2020-00367-00 en el que fungen como

demandante Sociedad Exóticas GR S.A. y como demandados Jorge Enrique Teherán González
González y la sociedad Supercarrocerías Andino S.A.

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Expediente: 25000-23-41-000-2013-01191-01 (70.460)
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fundamento a la diligencia de entrega, circunstancia de la que derivó el daño. Con
el recurso fueron anexadas dichas pruebas, que cursan en el Juzgado 50 Civil del
Circuito, y se pidió su traslado y valoración en segunda instancia, habida cuenta
de la afectación del grupo y de la flexibilidad que ampara la acción constitucional.

8. Actuación surtida en segunda instancia

El 12 de febrero de 2024 se admitió el recurso de apelación interpuesto por la
parte actora y el 11 de julio de 2024 fue negada la petición de pruebas elevada
por la parte actora en segunda instancia (índice SAMAI 00012, archivo 7Auto que
niega _7046020130119101NIEG(.pdf) NroActua 12).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso y verificado que no existe causal de
nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala10 a resolver el asunto con el
siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2) los
cargos de apelación y su sustento probatorio, y, 3) costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

Corresponde a la Sala determinar si la Nación – Rama Judicial debe responder
patrimonialmente por los daños alegados por el grupo demandante derivados de
las supuestas irregularidades en la identificación del inmueble que se alegan en
el recurso de apelación frente a los jueces comisionados en virtud del despacho
comisorio 084 para la entrega de dicho bien durante las diligencias realizadas los
días 24 de agosto de 2010 y 24 a 27 de mayo de 2011.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones por considerar
que con apoyo en el título de error jurisdiccional el grupo actor no acreditó los
yerros que cuestionó frente a la diligencia de entrega del inmueble; que conforme

10 Esta Corporación es competente para conocer de las acciones de grupo originadas en la
actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones
administrativas, según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 472 de 1998, como sucede en el
presente caso en el que la acción está formulada contra la Nación – Rama Judicial. Además, tiene
competencia funcional para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
recurrida de conformidad con el artículo 150 del CPACA y, en particular, esta Sección debe decidir
el asunto en virtud de lo dispuesto por el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 (numeral 12 del título
“Sección Tercera”).

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al artículo 338 del Código de Procedimiento Civil, la oportunidad y legitimación
para oponerse a la entrega correspondían a poseedores y no a arrendatarios o
tenedores, y que las providencias proferidas para denegar la solicitud de nulidad
de la diligencia realizada entre el 24 y 27 de mayo de 2011 y para negar las
acciones de tutela contra las actuaciones de los jueces comisionados respaldan
la regularidad de lo actuado por estos.

La Sala confirmará la decisión del a quo, por cuanto los cargos formulados en el
recurso de apelación carecen de sustento probatorio dentro del expediente.

2. Los cargos de apelación y su sustento probatorio

1) De la lectura del escrito de apelación se desprende que los dos cargos
formulados por la parte actora confluyen en un mismo cuestionamiento central: la
supuesta errónea identificación del lote no. 1 objeto del despacho comisorio no.
084 debido a la utilización de puntos cardinales equivocados por parte de los
jueces comisionados. Aunque el recurrente distingue entre la “equivocación en la
identificación” y el “exceso en la entrega”, ambos aspectos derivan de un mismo
hecho —la confusión de linderos— y, por tanto, constituyen un único motivo de
inconformidad.

No obstante, la Sala observa que solo el segundo cargo reproche se apoya en
medios de prueba concretos (índice SAMAI 00017, archivo
15ED_TestigoDocumental704(.pdf) NroActua 17, fls 562 a 564 del documento
EXPEDIENTE 70460 CUADERNO PRINCIPAL.pdf), cuando afirma lo siguiente:

“Dada la complejidad del asunto, de manera insistente y persistente, por parte
del suscrito en calidad de apoderado del grupo, solicité se practicase
inspección en el terreno, a efectos de corroborar el yerro cometido por parte
de los operadores jurídicos aludidos, si bien es cierto la Sala trajo a colación
pronunciamientos en sede de tutela y en sede de responsabilidad, difiere el
análisis a realizar a efectos de establecer vulneración de derechos
fundamentales o responsabilidades disciplinarias; no obstante el dictamen al
cual se alude, NOS DA LA RAZÓN, en cuanto a que los puntos cardinales
estaban equívocos, que el Juez no pudo entrar por el costado que se alude,
en tanto el oriente esta edificado, comparar dicho dictamen con el contenido
del acta de la diligencia, en lo que refiere al costado por donde entró.

Adicionalmente y como prueba sobreviniente encontramos las experticias
aportadas en el proceso reivindicatorio en el Lote No 3, en el cual da cuenta
que se presentó confusión en los puntos cardinales, no coincidiendo el predio
reclamado a partir de la partición, fundamento de la diligencia cuestionada y
que derivó en el hecho dañoso”.

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Expediente: 25000-23-41-000-2013-01191-01 (70.460)
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2) En lo que concierne a la inspección judicial a la que alude el recurrente, la
afirmación de que solicitó de manera insistente “para corroborar el yerro” no es
exacta. En efecto, inicialmente, la inspección fue pedida en la demanda de forma
subsidiaria a la prueba de oficios y con el objeto de identificar a los arrendatarios
afectados11; es decir, un objeto distinto al que expresa el recurrente . Por tal razón,
por el hecho de haberse decretado el recaudo de las pruebas documentales, no
había lugar a pronunciarse sobre la prueba subsidiaria12.

En los recursos de reposición y subsidiario de apelación contra dicho auto de
pruebas la parte actora insistió en la inspección judicial pedida subsidiariamente13
pero, modificó su objeto porque indicó que esta se justificaba en la verificación del
supuesto error jurisdiccional mediante levantamiento topográfico, planos y puntos
cardinales.

11 En la demanda se indica “5.2. PRUEBA TRASLADADA: Solicito se oficie al juzgado 11 civil del

circuito de Bogotá. Para que allegue a su despacho copias de las diligencias practicadas por los
diferentes despachos comisionados a los Lotes Nos 1, 2 y 3, dentro del divisorio de MARGARITA
MONICO DE GONZALEZ Y OTRO VS. FERNANDO SANTOS Y OTRO, radicado 2003 - 00022,
Juzgado 11 Civil del Circuito de Bogotá. En subsidio solicito se señale fecha para inspección
judicial con intervención de peritos a fin de determinar a qué arrendatarios y demás personas que
intervienen en la presente acción, se les causo daño con el desalojo hecho por el juzgado Octavo
(8), Civil Municipal de Descongestión. O EN SU DEFECTO PRESTAMO DEL PROCESO”.
Además, la demanda también incorporaba la solicitud del siguiente medio de prueba:
“5.4. PERICIAL: Solicito se designe perito a fin de que determine cuáles son los inmuebles que se
encontraban arrendados a los accionados y a los cuales se les desalojo, impidiéndoles
injustificadamente continuar desarrollando su actividad comercial de compra y venta de repuestos
para vehículos de segunda y demás actividades que se desarrollaban antes de la diligencia”.
12 El auto de pruebas determinó “2º) Por Secretaría requiérase al Juzgado 11 Civil del Circuito de

Bogotá, para que en el término de cinco (5) días contados a partir de la fecha en que reciba la
correspondiente comunicación, allegue a este Despacho copias de las diligencias practicadas por
los diferentes despachos comisionados a los Lotes nos. 1, 2 y 3 dentro del proceso divisorio de
Margarita Mónico de González y otro vs. Fernando Santos y otro, radicado no. 2003-00022.
3º) Deniéganse la inspección judicial con intervención de peritos solicitada de manera subsidiaria
y la prueba pericial visible en el numeral 5.4., toda vez que, resultan inconducentes e
inconducentes para los fines del proceso”.
13 En el recurso de reposición y subsidiario de apelación contra el auto de pruebas se indicó

“…reitero mi inconformidad respecto a la denegación del numeral 3º del proveído recurrido, toda
vez que la prueba de la inspección judicial con intervención de peritos, es precisamente la
conducente y pertinente para establecer el defectuoso funcionamiento y/o error en que incurrieron
los jueces comitentes en la práctica de las diligencias, a los predios que fueron objeto de entrega.
Pertinente por cuanto se pretende la verificación de los hechos dañosos anunciados en los
referidos escritos de la demanda, la aclaración y saneamiento obrantes en el expediente,
tratándose de una magnitud y complejidad del terreno, que en cumplimiento del principio de la
inmediación hacen necesario que el Sr. Magistrado lo perciba de manera directa por sus sentidos,
contando con el apoyo de los expertos que le aclaren lo que requiera especial conocimiento,
específicamente en el área de la topografía e interpretación de planos, así como de constatación
de puntos cardinales. Sin temor a equívocos con la práctica de dicha inspección, con la
participación de peritos y hasta con la recepción de testimonios en el sitio, sin duda el Despacho
contará con los suficientes elementos para brindar una acertada decisión”.

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Aun cuando el tribunal de primera instancia repuso el auto de pruebas no hizo
mención alguna a la inspección solicitada, aunque sí decretó el dictamen pericial
que inicialmente había negado, al cual atribuyó como objeto “los daños y perjuicios
causados por el desalojo a las personas demandantes”, haciéndolo extensivo al
interrogante visible en el numeral 3.2.114 del folio 207 del cuaderno principal, que
se refería precisamente a la identificación del inmueble objeto de la diligencia.

3) El dictamen decretado en el proceso, rendido por la auxiliar de la justicia Mery
Alicia Roa Mosquera (índice SAMAI 00017, archivo
15ED_TestigoDocumental704(.pdf) NroActua 17, fls. 387 a 399 del documento
CUADERNO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO.pdf) y expuesto por ella en la
audiencia de contradicción celebrada el 16 de mayo de 2018 (fls. 458 a 464
ibídem), únicamente versó sobre la estimación de los daños y perjuicios causados
a los demandantes15 y no podía ser de otra forma, por cuanto la auxiliar manifestó
en dicha audiencia tener formación y experiencia en el ámbito jurídico para la
cuantificación de perjuicios, sin mencionar conocimientos o experiencia en
geodesia, topografía, cartografía o materias equivalentes que le permitieran
determinar la localización o los linderos de un predio.

En tales condiciones, no es cierto lo que parecería sugerir la parte actora en el
recurso de apelación, esto es, que el dictamen “le da la razón” respecto de una
supuesta equivocación en los puntos cardinales o de que el juez comisionado no
podía ingresar por un costado edificado.

La lectura integral del dictamen y la exposición rendida por la auxiliar de la justicia
demuestran que ninguna de sus consideraciones y conclusiones versó sobre la
delimitación física o topográfica del inmueble ni tampoco sobre la correspondencia
entre los linderos descritos en el acta de entrega y la realidad material del terreno.

14 “3.2.1. Sírvase Honorable magistrado, decretar la ampliación del dictamen pericial, con el objeto

de evidenciar el error judicial o defectuoso funcionamiento de la justicia, en el que se constate
1.- Si la partición obrante a los folios correspondientes al proceso Divisorio que curso en el Juzgado
11 Civil del Circuito de Bogotá, con el radicado No 2003-0022, corresponde o no a la realidad de
manera puntual en relación con los puntos cardinales”.
15 El dictamen circunscribió su objeto en los siguientes términos: “II.- OBJETO DEL DICTAMEN:

Tiene por objeto valorar los daños y perjuicios, el y/o lucro cesante. Constituye el objeto del
presente informe la estimación económica en un dictamen pericial que valore el lucro cesante que
ha sufrido la actividad mercantil de los accionantes por el desalojo sufrido en el normal desarrollo
de su actividad. Entendemos que el Lucro Cesante es el beneficio que han dejado de percibir como
consecuencia del cierre y traslado de sus negocios.”.

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Expediente: 25000-23-41-000-2013-01191-01 (70.460)
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De esta manera, no existe correspondencia entre el contenido del dictamen
pericial y el alcance que le atribuye la parte apelante, puesto que la prueba no
acredita ni sugiere error alguno en la identificación del lote no. 1, ni menos aún
que el juez comisionado hubiera ingresado por un costado físicamente imposible
o ajeno al despacho comisorio.

4) En ese contexto, la Sala se releva de analizar el dictamen que la parte actora
anexó con el recurso, presuntamente elaborado dentro de una acción
reivindicatoria tramitada ante el Juzgado 50 Civil del Circuito de Bogotá, por
cuanto dicho documento no integra el acervo probatorio del presente proceso. En
efecto, por auto de 11 de julio de 2024, fue expresamente negada la petición
formulada por la parte actora de decretar en segunda instancia como prueba
sobreviniente la experticia aportada ante dicho juzgado; de manera que, no es
posible valorar el referido dictamen como medio de convicción válido dentro del
medio de control judicial que se analiza.

5) El recurso carece de apoyo probatorio interno y se reduce a una apreciación
subjetiva del recurrente, sin respaldo en los elementos de convicción legalmente
incorporados al proceso.

Cabe precisar que, en esta instancia, corresponde a la Sala examinar si las
afirmaciones del apelante se encuentran respaldadas en el acervo probatorio y
permiten demostrar la existencia del supuesto error jurisdiccional que invoca en el
recurso de apelación; por consiguiente, por el hecho de no cumplirse la primera
condición los cargos o reproches aducidos en la apelación carecen de sustento
probatorio y no desvirtúan las conclusiones a las que arribó el a quo, razón por la
cual la sentencia recurrida será confirmada.

3. Costas

El artículo 65 de la Ley 472 de 1998 dispone que la sentencia en una acción de
grupo se regirá por las normas generales del procedimiento civil –hoy contenidas
en el Código General del Proceso– y, cuando se acojan las pretensiones deberá
disponerse, entre otros aspectos sobre la liquidación de costas a cargo de la parte
vencida. En otras palabras, de la norma se desprende que la condena en costas
solo procede cuando la sentencia es condenatoria, lo cual resulta coherente con

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Expediente: 25000-23-41-000-2013-01191-01 (70.460)
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la finalidad de este mecanismo, orientado a facilitar la defensa de derechos
patrimoniales de quienes integran un grupo y a evitar que el temor a una condena
desincentive la participación de los afectados.

Imponer costas en caso de rechazo de las súplicas de la demanda sería
irrazonable, pues el grupo puede estar conformado por personas indeterminadas
o no comparecientes, y sería materialmente imposible distribuir su pago entre
todos los potenciales interesados.

Sin perjuicio de lo anterior, el ordenamiento sí sanciona los abusos procesales.
Los artículos 78 y 79 del Código General del Proceso exigen a los apoderados
actuar con lealtad y buena fe, y prevén la condena en costas cuando se acredite
temeridad o mala fe. En ese mismo sentido, esta misma Sala16 ha precisado que
en las acciones de grupo solo procede condena en costas si se demuestra tal
comportamiento, pero, en este caso concreto no se advierte temeridad ni mala fe
de la parte demandante ni de su apoderado, por lo cual la Sala se abstendrá de
imponer condena por este concepto.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1°) Confírmase la sentencia de 30 de junio de 2023 proferida por la Subsección
B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2°) Sin costas en esta instancia.

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,

sentencia de 17 de junio de 2024, expediente 17001-23-33-000-2019-00093-02 (68.712). MP.
Alberto Montaña Plata.

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3°) En firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen,
previas las constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección

(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados
de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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