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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 27001-23-31-000-2017-00050-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-31-000-2017-00050-01

Fecha
24 de agosto de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-31-000-2017-00050-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Revócase la sentencia proferida el 20 de febrero de 2020 por el Tribunal Administrativo del Chocó, en su lugar, niéganse las súplicas de la demanda. 2°) Abstiénese de condenar en costas en esta instancia procesal. 48 Norma aplicable en atención a lo decidido por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en auto del 14 de noviembre de 2024, exp. 69.376, MP José Roberto Sáchica Méndez, en el cual se estableció que, respecto del trámite de apelación de las sentencias proferidas en el marco del medio de control jurisdiccional de reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas rigen las normas contenidas en el CGP y en la Ley 2213 de 2022 (salvo en lo que atañe a la oportunidad para sustentar el recurso de apelación y la notificación al Ministerio Público). 49 El artículo 65 de la Ley 472 de 1998, dispone: “La sentencia que ponga fin al proceso se sujetará a las disposiciones generales del Código de Procedimiento Civil y, además, cuando acoja las pretensiones incoadas, dispondrá: (…) 5. La liquidación de las costas a cargo de la parte vencida, teniendo en cuenta las expensas necesarias para la publicación del extracto de la sentencia” (negrillas adicionales). 50 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 17 de octubre de 2025, radicación no. 25000-23-41-000-2013-01191-01 (70.460), MP. Fredy Ibarra Martínez. 32 Expediente 27001-23-31-000-2017-00050 -02 (66.414) Demandante: Carlos Andrés Rentería y otros Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas Apelación sentencia 3°) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 27001-23-31-000-2017-00050-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

24 de agosto de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026).

Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 27001-23-31-000-2017-00050 -02 (66.414)
Demandantes: CARLOS ANDRÉS RENTERÍA Y OTROS
Demandados: AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA Y OTROS
Medio de control: REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN
GRUPO DE PERSONAS
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – DAÑO AMBIENTAL

Síntesis del caso: el grupo actor reclama la responsabilidad patrimonial extracontractual de
las entidades demandadas municipio de Bagadó (Chocó) y Corporación Autónoma para el
Desarrollo Sostenible del Departamento del Chocó (CODECHOCÓ), así como también de
las entidades vinculadas Nación – Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, Agencia Nacional de Minería (ANM) por incumplimiento de las
funciones legalmente asignadas lo cual condujo a la contaminación del río Andágueda
derivada de la explotación minera presentada en la zona; el tribunal de primera instancia
accedió parcialmente a las súplicas de la demanda y condenó a las autoridades públicas a
pagar al grupo actor una indemnización de perjuicios por concepto de daño moral;
inconformes con la decisión apelan las entidades vinculadas y la Corporación Autónoma
Regional de ese departamento. La Sala revoca la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, niega las pretensiones de la demanda.

Decide la Sala los recursos de apelación presentados por las entidades
demandadas Nación - Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, Agencia Nacional de Minería (ANM) y Corporación Autónoma
para el Desarrollo Sostenible del Departamento del Chocó (CODECHOCÓ) en
contra de la sentencia proferida el 20 de febrero de 2020 por el Tribunal
Administrativo del Chocó1 que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda y resolvió:

“PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones de: FALTA DE
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, INDEBIDA
NOTIFICACIÓN DEL CONTRADICTORIO, INEXISTENCIA DE LOS

1 SAMAI índice 41, gestión en otros despachos, págs. 1 a 176 archivo digital denominado
“23_270012331000201700050001INCORPORAEXPEDEXPEDIENTE20221125080701.pdf”.

2

Expediente 27001-23-31-000-2017-00050 -02 (66.414)
Demandante: Carlos Andrés Rentería y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación sentencia

FUNDAMENTOS DE FACTO, INEXISTENCIA DEL NEXO CAUSAL,
HECHO DE UN TERCERO, CONCURRENCIA DE CULPAS, AUSENCIA
DE DAÑO QUE AFECTE EL PATRIMONIO DE LOS DEMANDANTES,
AUSENCIA DE DAÑO Y RESPONSABILIDAD CAUSADOS A LOS
DEMANDANTES E INEXISTENCIA DE LA OMISIÓN, propuestas por las
entidades accionadas MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - AGENCIA
NACIONAL DE MINERÍA – ANLA (sic), AUTORIDAD NACIONAL DE
LICENCIAS AMBIENTALES- ANLA, MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE, CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ-
CODECHOCÓ, y el MUNICIPIO DE BAGADÓ.

SEGUNDO: Declarar probada parcialmente la excepción de FALTA DE
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA respecto de las siguientes
personas: (…).

TERCERO: Declárese la responsabilidad patrimonial, administrativa y
extracontractual, del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA-AGENCIA
NACIONAL DE MINERÍA-ANLA (sic), AUTORIDAD NACIONAL DE
LICENCIAS AMBIENTALES-ANLA, MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE, CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ-
CODECHOCÓ, y el MUNICIPIO DE BAGADÓ, por el daño ambiental
ocasionado al río Andagueda, y zonas circunvecinas de la comunidad de
Bagadó, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.

CUARTO: CONDENAR al MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA-
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA-ANLA, AUTORIDAD NACIONAL DE
LICENCIAS AMBIENTALES-ANLA, MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE, CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ-
CODECHOCÓ, y el MUNICIPIO DE BAGADÓ, a reparar los perjuicios
morales causados a los habitantes de la comunidad de Bagadó, como
consecuencia del daño ambiental generado por la actividad minera
presentada en dicha zona municipal.

QUINTO: ORDENAR en consecuencia al MINISTERIO DE MINAS Y
ENERGÍA- AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA-ANLA (sic), AUTORIDAD
NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES-ANLA, MINISTERIO DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
CHOCÓ- CODECHOCÓ, y el MUNICIPIO DE BAGADÓ, al pago de
NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA (9.880) SMLMV, equivalente en
pesos a la fecha a OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
CUARENTA PESOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES
VIGENTES (sic) ($8.672.693.640) MCTE, para las personas integrantes
del grupo, que se hayan constituido como parte en el proceso y los que lo
hagan con posterioridad a la presente sentencia, distribuidos de la
siguiente manera:

Lo equivalente a diez (10) SMLMV al primer grupo constituido como parte
en el proceso son2:

2 En la sentencia se consignó una tabla en la que se relacionan e identifican con nombre y número

de cédula 835 demandantes.

3

Expediente 27001-23-31-000-2017-00050 -02 (66.414)
Demandante: Carlos Andrés Rentería y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación sentencia

(…).

Luego de finalizado el pago de las indemnizaciones individuales, de las
anteriores personas, el FONDO PARA LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS COLECTIVOS, en cumplimiento de lo preceptuado en el
último inciso del literal b del numeral 3º del artículo 65 de la Ley 472 de
1998, deberá distribuir la suma de la condena restante entre las 153
personas, certificados por la Registraduría Nacional del Estado Civil y la
Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó -AMBUQ, para efectos de
determinar el domicilio, que se acojan a los efectos de la sentencia dentro
de los veinte (20) días siguientes a la publicación de la misma, conforme
lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

Cada miembro del grupo, que solicite la extensión de la aplicación de la
sentencia, deberá estar certificado por la Registraduría Nacional del
Estado Civil y la Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó-AMBUQ,
para efectos de determinar el domicilio de los accionantes, los cuales
tienen derecho al reconocimiento de 10 smmlv por concepto de perjuicios
morales.

Como reglas y criterios para la ejecución de la sentencia, se ordena que
las sumas de dinero señaladas en esta providencia deberán ser
entregadas por las entidades condenadas, al Fondo para la Defensa de
los Derechos e intereses Colectivos, dentro de los diez (10) días
siguientes a la ejecutoria de esta providencia, la que será administrada
por el DEFENSOR DEL PUEBLO.

El FONDO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS, en
cumplimiento de lo preceptuado en el último inciso del literal b del numeral
3º del artículo 65 de la Ley 472 de 1998, luego de finalizado el pago de
las indemnizaciones individuales de las 835 personas, deberá distribuir la
suma de la condena, restante entre las 153 personas, que no hayan
concurrido al proceso con los requisitos de ley y que se acojan a los
efectos de la sentencia dentro de los veinte (20) días siguientes a la
publicación de la misma. Para esto último el Administrador del citado
Fondo tendrá en cuenta, todas aquellas personas que se crean con
derecho de adherirse al grupo, y por ende a lo resuelto en esta sentencia,
de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 472 de 1998,
deberán acreditar su condición de habitantes domiciliados en el municipio
de Bagadó, en los términos precisados en esta providencia.

Las entidades demandadas harán las provisiones de rigor para garantizar
el pago de las indemnizaciones individuales y colectivas a que haya lugar
de conformidad con los lineamientos trazados en esta providencia.

Las sumas de dinero no reclamadas serán devueltas a las entidades
accionadas.

SEXTO: ORDENAR a la MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA-AGENCIA
NACIONAL DE MINERÍA-ANLA (sic), AUTORIDAD NACIONAL DE
LICENCIAS AMBIENTALES -ANLA, MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE, CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ-
CODECHOCÓ, y el MUNICIPIO DE BAGADÓ, realizar las siguientes
medidas restaurativas:

4

Expediente 27001-23-31-000-2017-00050 -02 (66.414)
Demandante: Carlos Andrés Rentería y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación sentencia

A) Publicar en un diario de amplia circulación nacional, por una sola vez,
y en el sitio web oficial, al menos por un (1) año, la parte resolutiva de la
presente sentencia.
B) El MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA- AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA-ANLA (sic), AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS
AMBIENTALES-ANLA, MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE, CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ-CODECHOCÓ, y el
MUNICIPIO DE BAGADÓ, de manera conjunta deberán emprender todas
las acciones y gestiones necesarias y adelantar un plan de manejo
ambiental para la recuperación y restablecimiento del equilibrio ambiental
en el municipio de Bagadó, incluyendo las fuentes hídricas, río
Andagueda, la fauna y la flora, para lo cual destinaran los recursos
económicos, humanos, científicos y técnicos, que sean necesarios.

C) La Corporación Autónoma Regional del Chocó, en cumplimiento de sus
deberes legales, especialmente de los señalados en el artículo 31 de la
Ley 99 de 1993, deberá realizar un continuo y permanente seguimiento y
control ambiental a las actividades mineras desarrolladas en dicho sector.

D) El MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA-ANLA (sic), AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS
AMBIENTALES-ANLA, MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE, CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ-CODECHOCÓ, y el
MUNICIPIO DE BAGADÓ, en conjunto con la comunidad del municipio de
Bagadó, dentro del año siguiente a la notificación de la sentencia,
diseñarán y pondrán en marcha un plan para descontaminar la cuenca del
Andagueda (sic) y sus afluentes, los territorios ribereños, recuperar sus
ecosistemas y evitar daños adicionales al ambiente en la región. Este plan
incluirá medidas como: (i) el restablecimiento del cauce del río Andagueda
y sus afluentes, (ii) la eliminación de los bancos de área formados por las
actividades mineras y (iii) la reforestación de zonas afectadas por minería
legal e ilegal.

Este plan incluirá una serie de indicadores claros que permitan medir su
eficacia y deberá diseñarse y ejecutarse de manera concertada con los
pobladores de la zona, así como garantizar la participación de las
comunidades étnicas que allí se asientan.

E) Se ordena a la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo
Sostenible del Chocó –CODECHOCÓ, a la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales –ANLA, que, dentro de los 6 meses siguientes a la
ejecutoria de esta sentencia, si no lo han hecho, continúen las actuaciones
administrativas iniciadas, dentro del marco de su función de vigilancia,
control y sanción, del mismo modo adelante la investigación a que haya
lugar, contra todos los infractores ambientales, procedimientos dentro de
los cuales deberá determinar las medidas de compensación, mitigación y
corrección a que hubiere lugar, así como el término perentorio en el que
las investigadas y sancionadas deberán realizarlas. Lo propio se ordena
al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, si a ello hubiere lugar,
dentro del marco de asunción de competencias de la evaluación, control
preventivo y el seguimiento ambiental respecto de los infractores
ambientales, causantes del daño ambiental, advertidos en la presente
providencia, con ocasión de la actividad minera, ejercida en el municipio
de Bagadó.

5

Expediente 27001-23-31-000-2017-00050 -02 (66.414)
Demandante: Carlos Andrés Rentería y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación sentencia

SÉPTIMO: Deniéguense las demás suplicas de la demanda de
conformidad con lo expuesto en las consideraciones de esta providencia.

OCTAVO: Por Secretaría, envíese copia de este fallo al Registro Público
de Acciones Populares y de Grupo (art. 80 L 472/98).

NOVENO: Condénese en costas a la parte vencida en el proceso. De
conformidad con el artículo 65 de la Ley 472 de 1998 y el Acuerdo 1887
de 2003. Tácense (sic) por Secretaría, teniendo en cuenta las expensas
necesarias para la publicación del extracto de la sentencia.

DÉCIMO: Ordenase la publicación de la parte resolutiva de la sentencia
en un diario de amplia circulación nacional, dentro del mes siguiente a su
ejecutoria o a la notificación del auto que hubiere ordenado obedecer lo
dispuesto por el superior con la prevención de que trata el numeral 4 del
artículo 65 de la Ley 472 de 1998.

DÉCIMO PRIMERO: Notifíquese en debida forma la presente providencia
a las partes, al Agente del Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo
y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

(…)” (SAMAI índice 41, gestión en otros despachos, págs. 150 a 176
archivo digital denominado “23_270012331000201700050001INCORPO
RAEXPEDEXPEDIENTE20221125080701.pdf” – negrillas y mayúsculas
sostenidas del original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 16 de agosto de 20163, los señores Carlos Andrés
Renteria, Ana Beatriz Medina, Erenia Mosquera Serna, José Ángel Córdoba, Camila
Córdoba, Merfi Mosquera Palomeque, Francisco Uriel Campaña, Édgar Renteria
Mosquera, Jesús Abel Córdoba, Ana de Jesús Campaña, Yiseth Paola Renteria,
Analida Renteria, Luis Alberto Renteria, Bairon Alberto Nabarro, Yesid Roso
Mosquera, Ludys Eliza Mosquera, Yarleidys Lloreda Renteria, Jesús Enrique
Bedoya, Yancy Karina Mosquera, Yirian Sereydi Renteria, Yadira Mena, Sidrad
Augusto Ramos y Ángel Antonio Mosquera4 por intermedio de apoderado judicial
promovieron demanda en ejercicio de la acción prevista por el artículo 88 de la
Constitución Política de Colombia para obtener la reparación de los perjuicios
causados al grupo actor en contra de la Corporación Autónoma para el

3 SAMAI índice 41, gestión en otros despachos, pág. 30 archivo digital denominado
“13_270012331000201700050001INCORPORAEXPEDEXPEDIENTE20221125080018.pdf”.
4 Posteriormente, antes de la admisión la demanda fue reformada, entre otros aspectos, para incluir

nuevos demandantes, por lo cual el grupo quedó conformado por 997 personas.

6

Expediente 27001-23-31-000-2017-00050 -02 (66.414)
Demandante: Carlos Andrés Rentería y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación sentencia

Desarrollo Sostenible del Departamento del Chocó (CODECHOCÓ) y el
municipio de Bagadó (Chocó), con las siguientes súplicas5:

“PRIMERA: Que se declare patrimonial y administrativamente
responsable al MUNICIPIO DE BAGADÓ y A LA CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLEDL
(sic) CHOCÓ – CODECHOCÓ, por los perjuicios ocasionados a los
miembros del grupo actor individualmente considerado.

SEGUNDA: Que a título de daños materiales en la modalidad de daño
emergente: Debe pagarse a cada uno de los miembros del grupo, la
cantidad de $ 50 SMLMV, (Cincuenta salarios mínimos legales mensuales
vigentes), o el valor que ha de precisar en forma concreta el señor Perito
para el efecto, teniendo presente los parámetros fácticos referidos en las
pretensiones, hechos y omisiones que sirven de fundamento a la acción,
observando en forma estricta lo dispuesto en el Código General del
Proceso., consolidando el daño emergente con la corrección monetaria.

TERCERA: que se condene a las entidades públicas demandadas a
pagar los perjuicios ocasionados que estimo en Cien salarios mínimos
legales mensuales vigentes (100 SMLV) para cada uno de los
demandantes, por daños morales.

CUARTA: Que se condene a las entidades públicas demandadas a las
costas del proceso” (SAMAI índice 41, gestión en otros despachos, pág.
26 archivo digital denominado
“13_270012331000201700050001INCORPORAEXPEDEXPEDIENTE20
221125080018.pdf” – negrillas y mayúsculas sostenidas del original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones el grupo actor expuso, en síntesis, lo
siguiente:

1) El municipio de Bagadó (Chocó) está ubicado en la margen izquierda del río
Andágueda y se encuentra en alto riesgo de inundaciones, deslizamientos y
deforestación por la indiscriminada explotación minera a gran escala que ha
causado altos niveles de contaminación con cianuro y mercurio, cambios en el
cauce del río, extinción de fauna y algunas especies florales alrededor de la
subcuenca.

5 El grupo actor reformó las súplicas de la demanda; no obstante, la autoridad judicial de primera

instancia no se pronunció sobre ese escrito y la parte interesada tampoco insistió en que se
resolviera; en consecuencia, el proceso continuó con fundamento en la demanda inicial,
circunstancia que se refleja en la sentencia de primera instancia, en la que se transcribieron las
pretensiones originalmente formuladas.

7

Expediente 27001-23-31-000-2017-00050 -02 (66.414)
Demandante: Carlos Andrés Rentería y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación sentencia

2) La contaminación del río se presenta desde el año 2014 por la práctica
indiscriminada de la actividad minera y pese a las diferentes peticiones y quejas
presentadas ante las autoridades no han adoptado las medidas ambientales
necesarias para el control de los entables mineros que causan la contaminación y
deterioro.

3. Trámite procesal en primera instancia

1) La demanda de la referencia fue admitida el 10 de octubre de 20166 mediante
providencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Quibdó
(Chocó) en la cual se ordenó la notificación personal a las entidades demandadas
Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Departamento del Chocó
(CODECHOCÓ) y el municipio de Bagadó (Chocó), al Agente del Ministerio Público
y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y, conforme a lo dispuesto
en el artículo 57 de la Ley 472 de 1998 se les corrió traslado de la demanda.

2) Por auto del 16 de febrero de 20177 el Juzgado Primero Administrativo Oral del
Circuito de Quibdó vinculó al trámite procesal como litisconsortes facultativos a la
Nación – Ministerio de Minas y Energía - Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, a la Agencia Nacional de Minería (ANM) y a la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales (ANLA).

3) Posteriormente, el 27 de junio de 2017 el Juzgado Primero Administrativo Oral
del Circuito de Quibdó declaró su falta de competencia para continuar el trámite del
proceso y dispuso su remisión al Tribunal Administrativo del Chocó, autoridad que
en proveído del 18 de julio de 2017 avocó el conocimiento del asunto.

4. Contestaciones de la demanda

4.1 Municipio de Bagadó (Chocó)

En escrito presentado el 26 de octubre de 2016 manifestó que no es cierto que en
el territorio municipal se realizaran labores mineras con dragas y que si bien existe

6 SAMAI índice 41, gestión en otros despachos, págs. 1 a 21 archivo digital denominado
“19_270012331000201700050001INCORPORAEXPEDEXPEDIENTE20221125080521.pdf”.
7 SAMAI índice 41, gestión en otros despachos, págs. 105 a 106 archivo digital denominado

“19_270012331000201700050001INCORPORAEXPEDEXPEDIENTE20221125080521.pdf”.

8

Expediente 27001-23-31-000-2017-00050 -02 (66.414)
Demandante: Carlos Andrés Rentería y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación sentencia

actividad minera a baja escala en la zona no se ha presentado mortandad de peces,
pérdida de cultivos ni inundaciones; a su vez, requirió la vinculación al proceso de
la Nación – Ministerio de Minas y Energía - Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, la Agencia Nacional de Minería (ANM) y la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales (ANLA) en condición de litisconsortes necesarios por pasiva
por el hecho de tener una relación legal con los supuestos fácticos que sustentan la
controversia, en tanto que la competencia para los asuntos mineros y ambientales
no está atribuida exclusivamente a los entes territoriales8.

4.2 Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Departamento
del Chocó (CODECHOCÓ)

En la misma fecha, la Corporación Autónoma Regional se opuso a la prosperidad
de las súplicas de la demanda9, arguyó que en ejercicio de sus funciones y
competencias, con el propósito de frenar la explotación minera sin el lleno de los
requisitos legales, expidió las Resoluciones nos. 0602 del 12 de mayo de 2012 y
0949 del 19 de junio de 2008 a través de las cuales implementó medidas preventivas
como la suspensión inmediata de las actividades de explotación en la jurisdicción
territorial que no contaran con licencia ambiental, por ende, no ha incurrido en
acción u omisión causante del daño alegado en el libelo inicial.

A la par, invocó como excepción previa la indebida integración del contradictorio por
cuanto el control de la actividad minera no solo corresponde a autoridades locales
sino también al Ministerio de Minas y Energía y a la Agencia Nacional de Minería.

4.3 Agencia Nacional de Minería (ANM)

El 17 de marzo de 201710, presentó un escrito a través del cual pidió denegar las
pretensiones de la demanda sobre la base de afirmar que no ha incumplido sus
obligaciones legales como autoridad minera al punto que ha ejercido sus funciones

8 SAMAI índice 41, gestión en otros despachos, págs. 31 a 47 archivo digital denominado
“19_270012331000201700050001INCORPORAEXPEDEXPEDIENTE20221125080521.pdf”.
9 SAMAI índice 41, gestión en otros despachos, págs. 55 a 60 archivo digital denominado

“19_270012331000201700050001INCORPORAEXPEDEXPEDIENTE20221125080521.pdf”.
10 SAMAI índice 41, gestión en otros despachos, págs. 113 a 147 archivo digital denominado

“19_270012331000201700050001INCORPORAEXPEDEXPEDIENTE20221125080521.pdf”.

9

Expediente 27001-23-31-000-2017-00050 -02 (66.414)
Demandante: Carlos Andrés Rentería y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación sentencia

de fiscalización, seguimiento y control de los títulos mineros existentes otorgados
en debida forma y, pese a que no tiene a su cargo actividades relacionadas con el
control y erradicación de la minería ilegal, también realizó una visita técnica a los
entables localizados en el municipio de Bagadó con el fin de determinar los efectos
de la actividad desplegada, producto de la cual emitió el informe técnico del 6 de
marzo de 2017 en el que determinó la existencia de quince (15) entables mineros
de los cuales once (11) estaban abandonados y de los cuatro (4) en estado activo
solo dos (2) adelantaban actividades de explotación; de dicho informe remitió copia
a cada una de las autoridades competentes para que implementaran acciones
inmediatas respecto de la minería ilegal.

Además, la legislación minera11 prevé que los alcaldes municipales pueden
suspender, incluso de oficio, las actividades mineras que en su jurisdicción se
adelanten sin contar con título minero; al paso que la competencia para investigar
la explotación ilegal de minerales corresponde a la Fiscalía General de la Nación a
través de la Unidad Nacional de Fiscalías de delitos contra los recursos naturales y
el medio ambiente; mientras que la prevención, control y reducción de la explotación
ilícita de yacimientos corresponde a la Unidad Nacional contra la minería ilegal y
antiterrorismo de la Policía Nacional (UNIMIL) conforme a lo previsto en la
Resolución no. 0492 del 7 de febrero de 2014, por lo cual estas últimas entidades
deben vincularse a la presente acción, así como también declararse probada en su
favor la ausencia de legitimación en la causa por pasiva.

4.4 Nación – Ministerio de Minas y Energía

En memorial presentado el 14 de agosto de 2017 rebatió las súplicas de la acción
incoada por cuanto el grupo actor no fue debidamente definido en tanto que no se
refirió el domicilio de los demandantes ni se especificaron y valoraron los perjuicios
causados a cada individuo12; al tiempo que esa cartera ministerial no intervino en la
producción del daño, pues, el control de la minería ilegal está radicada en los
alcaldes municipales.

11 Artículo 306 Ley 685 de 2001.
12 SAMAI índice 41, gestión en otros despachos, págs. 234 a 269 archivo digital denominado
“19_270012331000201700050001INCORPORAEXPEDEXPEDIENTE20221125080521.pdf”.

10

Expediente 27001-23-31-000-2017-00050 -02 (66.414)
Demandante: Carlos Andrés Rentería y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación sentencia

En esa dirección, formuló las excepciones de (i) inepta demanda por falta de
requisitos formales, (ii) caducidad de la acción de grupo, (iii) falta de legitimación en
la causa por pasiva debido a que el Ministerio de Minas y Energía no tiene a su
cargo el control de la actividad minera ejercida sin título legal, (iv) la explotación
ilícita de minerales se constituye en conductas reprochables punitivamente y
tipificadas como delitos no generadoras de derecho, (v) la Nación – Ministerio de
Minas y Energía como ente rector de la política minera ha apoyado en la generación
de un marco normativo para el control de la explotación ilícita de minerales, (vi)
inexistencia de responsabilidad en las causas determinantes de los daños
colectivos e individuales, (vii) ausencia de los requisitos que originan la
responsabilidad extracontractual del Estado por cuanto no existe nexo de
causalidad entre los supuestos daños y las competencias asignadas legalmente a
la cartera ministerial, (viii) hecho de un tercero como eximente de responsabilidad
del Estado.

Por último, puso de presente que ha realizado acciones para contribuir en la
erradicación de la problemática derivada de la minería ilegal tales como la
suscripción de convenios de cooperación con otras entidades como la Fuerza
Aérea, la Policía Nacional y las Naciones Unidas; asimismo, por Resolución no.
40391 del 20 de abril de 2016 adoptó la política minera nacional para lograr que la
actividad se desarrolle de forma competitiva, incluyente y responsable.

4.5 Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Esta cartera ministerial13 pidió su desvinculación del proceso debido a que no
existen elementos de convicción que demuestren su participación en los actos y
omisiones presuntamente causantes del daño alegado en la demanda; con apoyo
en ese mismo argumento se opuso a la prosperidad de las pretensiones en tanto
que la afectación del ambiente sano como derecho e interés colectivo no conlleva
necesariamente al reconocimiento de perjuicios individualizados, los cuales, en todo
caso, no se probaron.

13 SAMAI índice 41, gestión en otros despachos, págs. 37 a 110 archivo digital denominado
“21_270012331000201700050001INCORPORAEXPEDEXPEDIENTE20221125080623.pdf”.

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Expediente 27001-23-31-000-2017-00050 -02 (66.414)
Demandante: Carlos Andrés Rentería y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación sentencia

Al mismo tiempo, refirió que en el marco de sus competencias como rector de la
política ambiental ha realizado acciones encaminadas al aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales, tales como la legislación para la erradicación
del uso del mercurio en la minería de oro, mesas temáticas y regionales de
concertación e instrumentos ambientales para las actividades de formalización de
la minería tradicional.

Por otra parte, propuso las excepciones de (i) falta de legitimación en la causa por
pasiva, (ii) ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales, (iii)
concurrencia de culpas, (iv) hecho de un tercero, (v) ausencia de daño que afecte
el patrimonio de los demandantes y, (vi) inexistencia de la omisión predicada.

5. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Chocó en providencia del 20 de febrero de 202014
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda con sustento en los
siguientes argumentos:

1) El informe de visita técnica a los entables mineros ubicados en el municipio
realizado por la Agencia Nacional de Minería el 6 de marzo de 2017 y las
resoluciones emitidas por la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible
del Departamento del Chocó (CODECHOCÓ), a través de las cuales impuso
medidas preventivas de suspensión de la actividad minera y dispuso la apertura de
procesos sancionatorios en contra de las personas que estaban desarrollando la
actividad minera sin el cumplimiento de los requisitos legales, evidencian que en la
zona del municipio de Bagadó (Chocó) se desarrolla una actividad minera por parte
de empresas y personas naturales que generan una palmaria afectación al medio
ambiente y a los recursos naturales renovables y no renovables debido a que se
realizan extracciones de minerales sin observar las medidas ambientales
necesarias para retirar los sólidos que se generan, por lo cual el daño consistente
en la degradación del medio ambiente en el río Andágueda quedó demostrado.

14 SAMAI índice 41, gestión en otros despachos, págs. 1 a 176 archivo digital denominado
“23_270012331000201700050001INCORPORAEXPEDEXPEDIENTE20221125080701.pdf”.

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Expediente 27001-23-31-000-2017-00050 -02 (66.414)
Demandante: Carlos Andrés Rentería y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación sentencia

2) El daño es atribuible a las entidades demandadas y vinculadas al proceso
porque, pese a conocer la situación crítica de afectación al medio ambiente y a los
recursos hídricos del municipio de Bagadó (Chocó), en el marco de los principios de
subsidiariedad, complementariedad y concurrencia, así como también de los de
prevención y precaución, omitieron el cumplimiento de sus deberes normativos de
control, supervisión, fiscalización y vigilancia de la exploración y explotación minera
y de protección al ambiente, por las siguientes razones:

a) A la Nación – Ministerio de Minas y Energía y al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible porque no probaron gestión de coordinación, apoyo
financiero, administrativo o de tutela respecto de los entes que conforman el
Sistema Minero y el Sistema Nacional Ambiental (SINA) orientados a la erradicación
de la explotación ilícita de minerales; además, la cartera ministerial de ambiente
estaba facultada para seleccionar y aprehender el conocimiento de los trámites
legalmente asignados a las Corporaciones Autónomas Regionales y suspender los
trabajos de advertirse deterioro ambiental, pero, no consta actuación en tal sentido.

b) A la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales debido a que el Decreto 3573
de 27 de septiembre de 2011 le asignó la tarea de verificar y asegurar que los
proyectos, obras y desarrollos pasibles de licenciamiento o permiso ambiental
cumplan con la normativa ambiental, así como también de suspender los trabajos
en los casos en que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible hiciera uso
del ejercicio discrecional y selectivo de los asuntos asignados a las Corporaciones
Autónomas Regionales.

c) A la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Departamento del
Chocó (CODECHOCÓ) en tanto que las medidas preventivas y sancionatorias que
adoptó no fueron oportunas ni suficientes para mitigar o evitar el daño causado.

d) A la Agencia Nacional de Minería (ANM) por cuanto le compete el seguimiento,
control y fiscalización de los títulos mineros y no demostró actividad tendiente a la
protección del ambiente en relación con los entables mineros situados en el
municipio de Bagadó (Chocó) y, si bien allegó como prueba el informe de visita que
realizó, ese elemento, precisamente, demuestra la pasividad que permitió la

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Expediente 27001-23-31-000-2017-00050 -02 (66.414)
Demandante: Carlos Andrés Rentería y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación sentencia

prolongación de la degradación del medio ambiente, lo cual es contrario a la función
fiscalizadora que implica un control permanente, integral y continuo

e) Al municipio de Bagadó (Chocó) por incumplir sus deberes de protección al
ambiente, pues, debió asumir una actuación más activa para evitar la contaminación
al río Andágueda ya que las comunicaciones enviadas a la Procuraduría Judicial
Ambiental y a CODECHOCÓ para que iniciaran las investigaciones
correspondientes no revelan acciones afirmativas direccionadas a la recuperación
de la zona, las cuales eran de su cargo por ser la primera autoridad administrativa
y sancionatoria de la jurisdicción; por lo tanto, advertida la presencia de entables
mineros ilegales debió proceder con la imposición de medidas de policía.

3) Con la certificación expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil y la
emitida por la EPS Barrios Unidos se encuentra acreditada la legitimación en la
causa por activa de las ochocientas treinta y cinco (835) personas que demostraron
habitar o haber residido en el municipio de Bagadó (Chocó), respecto de los
restantes ciento cincuenta y tres (153) demandantes se declara la falta de
legitimación en la causa por activa.

4) En cuanto a los perjuicios, las reclamaciones económicas por concepto de
daños materiales en las modalidades de lucro cesante y de daño emergente se
niegan toda vez que no se acreditó la actividad económica a la que se dedicaban
los demandantes ni que derivaran su sustento del trabajo pesquero o agropecuario
en la zona; en relación con el perjuicio moral, por haberse acreditado un daño
ambiental significativo en aplicación de los principios de equidad y reparación
integral, el equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes
para cada demandante; en consecuencia, la suma ponderada de indemnización se
fijó en ocho mil seiscientos setenta y dos millones seiscientos noventa y tres mil
seiscientos cuarenta pesos ($8.672.693.640).

5) Al propio tiempo, con el propósito de restablecer los derechos de la comunidad
afectada adoptó como medidas restaurativas la publicación de la sentencia en el
sitio web oficial de cada una de las entidades accionadas y vinculadas, el
adelantamiento de un plan de manejo para la recuperación y restablecimiento del
equilibrio ambiental en el municipio, el continuo y permanente control ambiental a

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Expediente 27001-23-31-000-2017-00050 -02 (66.414)
Demandante: Carlos Andrés Rentería y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación sentencia

las actividades mineras desarrolladas en la zona y la adopción de un plan para la
descontaminación de la cuenca del río Andágueda.

6. Recursos de apelación

6.1 Nación – Ministerio de Minas y Energía

1) Esta cartera ministerial interpuso recurso de apelación para que se revoque la
sentencia de primera instancia y en su lugar se nieguen las súplicas de la demanda
porque dentro de su componente obligacional previsto en el Decreto 381 de 2012,
modificado por el decreto 1617 de 2013, no están comprendidas actividades de
prevención, conservación y control del medio ambiente; aunado al hecho de que las
funciones de fiscalización de los títulos mineros le fueron delegadas a la Agencia
Nacional de Minería (ANM) a través de la Resolución no. 180876 del 7 de junio de
2012 y de la Resolución no. 181016 del 28 de junio de 2012, las cuales se ejercen
sobre los títulos mineros debidamente otorgados y para el caso del municipio de
Bagadó (Chocó) la mayoría de la actividad minera se desarrolla de manera ilegal 15.

2) Asimismo, que el tribunal de primer nivel no analizó que el ministerio cumplió con
su función normativa produciendo el marco necesario para mitigar la explotación
ilegal de yacimientos mineros y que algunos de los demandantes ejercen
actividades mineras en el río Andágueda y, por lo tanto, han contribuido a generar
las consecuencias negativas al medio ambiente.

3) El tribunal no tuvo en consideración que en el proceso no se acreditó el daño
particular sufrido por cada demandante y, pese a esto condenó a las entidades
públicas al pago de perjuicios morales sin que existiera prueba de su causación,
como tampoco de que los afectados pertenecieran a comunidades negras.

4) El tribunal no estudió la excepción de caducidad del medio de control formulado,
la cual se configuró porque para el momento en que se vinculó al Ministerio de Minas
y Energía habían transcurrido más de dos (2) años desde la ocurrencia del daño

15 SAMAI índice 41, gestión en otros despachos, págs. 195 a 206 archivo digital denominado
“23_270012331000201700050001INCORPORAEXPEDEXPEDIENTE20221125080701.pdf”.

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Expediente 27001-23-31-000-2017-00050 -02 (66.414)
Demandante: Carlos Andrés Rentería y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación sentencia

que era plenamente conocido por los pobladores de la zona; además, no existe
relación de causalidad entre los daños ambientales alegados y las competencias
legalmente asignadas al ministerio.

6.2 Agencia Nacional de Minería (ANM)

1) Esta otra entidad demandada pidió ser exonerada de responsabilidad por cuanto
el ordenamiento jurídico no le asignó la competencia de fiscalizar, controlar y
combatir la extracción ilícita de yacimientos mineros, por lo cual no resulta
jurídicamente atendible que se le imponga una condena por no ejercer funciones
que no eran de su competencia16.

2) En esa dirección, señaló que la legislación nacional en materia minera dividió el
procedimiento administrativo minero propiamente dicho del procedimiento
administrativo ambiental de cara a la obtención de los instrumentos mineros, siendo
este último de cargo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- y
de las Corporaciones Autónomas Regionales.

6.3 Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

1) El referido ministerio17 solicitó revocar la condena en su contra sobre la base de
afirmar que a partir de la expedición del Decreto ley 3570 de 2011 los asuntos de
licencia, permisos y trámites ambientales son de competencia de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), por lo cual no tiene responsabilidad en
los hechos que sustentan la demanda.

2) De otro lado, la afectación del derecho colectivo al medio ambiente no implica el
reconocimiento de daños individuales, por consiguiente, le correspondía a la parte
demandante la carga probatoria de demostrar su causación, lo cual no aconteció;
de modo que, no es de recibo que el tribunal profiriera una decisión de condena
pese a que no se demostró la afectación particular de los demandantes.

16 SAMAI índice 41, gestión en otros despachos, págs. 208 a 220 archivo digital denominado
“23_270012331000201700050001INCORPORAEXPEDEXPEDIENTE20221125080701.pdf”.
17 SAMAI índice 41, gestión en otros despachos, págs. 222 a 237 archivo digital denominado

“23_270012331000201700050001INCORPORAEXPEDEXPEDIENTE20221125080701.pdf”.

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Expediente 27001-23-31-000-2017-00050 -02 (66.414)
Demandante: Carlos Andrés Rentería y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación sentencia

3) Por último, las medidas restaurativas ordenadas en el ordinal sexto de la decisión
de primer grado vulneran el principio de cosa juzgada por cuanto reproducen las
órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la sentencia T-622 de 2016 para
la protección y recuperación ambiental de la cuenca del río Atrato y sus afluentes,
dentro de los que está comprendido el río Andágueda; es decir, versan sobre el
mismo objeto y se fundan en la misma causa de la minería ilegal y son inocuas
debido a que ya están siendo ejecutadas por las autoridades competentes.

6.4 Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Departamento
del Chocó (CODECHOCÓ)

Por su parte, la Corporación Autónoma Regional interpuso recurso de apelación con
el propósito de que se revoque la decisión de primera instancia y se declaren
imprósperas las súplicas de la demanda habida cuenta que no se probó la
homogeneidad del grupo actor ni el nexo causal entre la omisión atribuida y el daño
presuntamente causado, pues, ha cumplido con las funciones a su cargo;
adicionalmente, la decisión se adoptó sin soporte probatorio alguno, pues, en el
proceso no se probaron los perjuicios que se reconocieron en la sentencia18.

7. Actuación surtida en segunda instancia

1) Por auto del 9 de julio de 2021 (SAMAI índice 9) se admitieron los recursos de
apelación interpuestos por las entidades demandadas Nación - Ministerio de Minas
y Energía, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agencia Nacional
de Minería (ANM) y Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del
Departamento del Chocó (CODECHOCÓ) contra la sentencia proferida el 20 de
febrero de 2020 por el Tribunal Administrativo del Chocó.

2) Posteriormente, en proveído de 2 de agosto de 2022 (SAMAI índice 44) el
despacho instructor dejó sin efectos el auto del 9 de julio de 2021 y ordenó la
devolución del expediente al tribunal de primer nivel para que se pronunciara sobre

18 SAMAI índice 41, gestión en otros despachos, págs. 252 a 261 archivo digital denominado
“23_270012331000201700050001INCORPORAEXPEDEXPEDIENTE20221125080701.pdf”.

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Expediente 27001-23-31-000-2017-00050 -02 (66.414)
Demandante: Carlos Andrés Rentería y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación sentencia

la solicitud de nulidad incoada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
(ANLA).

3) El 26 de enero de 2023, el apoderado del grupo actor presentó solicitud de
desistimiento de las pretensiones de la demanda en relación con la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)19, la cual fue resuelta de manera
positiva en auto del 15 de enero de 2024 que aceptó el desistimiento y terminó el
proceso en relación con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)20;
en consecuencia, con providencia del 12 de noviembre de 2024 concedió los
recursos de apelación interpuestos por la Nación - Ministerio de Minas y Energía,
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agencia Nacional de Minería
(ANM) y Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del
Departamento del Chocó (CODECHOCÓ)21.

4) En auto del 12 de febrero de 2025 se admitieron los recursos de apelación
interpuestos contra la sentencia de primera instancia y el 10 de junio de 2025 se
corrió traslado a la parte demandante, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado22.

Por su parte, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado23 intervino para
solicitar que se revoque la sentencia de primera instancia y se nieguen las
pretensiones de la demanda porque no se constató la existencia de un nexo de
causalidad entre la presunta falla del servicio y el daño causado, así como tampoco
se acreditó el daño ambiental consecutivo y, por ende, los perjuicios causados a los
demandantes.

A su turno, el Ministerio Público24 en su concepto consideró que la sentencia de
primera instancia debe revocarse para en su lugar declarar la caducidad del medio
de control judicial ejercido, toda vez que el tribunal erró al computar la oportunidad
del medio de control desde la cesación del daño ambiental puro, sin distinguirlo del

19 SAMAI índice 15, gestión en otros despachos.
20 SAMAI índice 15, gestión en otros despachos.
21 SAMAI índice 36, gestión en otros despachos.
22 SAMAI índice 54 y 72.
23 SAMAI índice 59.
24 SAMAI índice 64.

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Expediente 27001-23-31-000-2017-00050 -02 (66.414)
Demandante: Carlos Andrés Rentería y otros
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Apelación sentencia

daño ambiental consecutivo reclamado en la demanda, el cual, según el acervo
probatorio, fue conocido desde los meses de abril y julio de 2014; de suerte que la
demanda presentada el 16 de agosto de 2016 fue extemporánea.
Los demás sujetos no se pronunciaron.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis del mérito del asunto y, 3) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

1) El objeto de la discusión se contrae a verificar si la Nación - Ministerio de Minas
y Energía - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia Nacional de
Minería (ANM), el municipio de Bagadó (Chocó) y la Corporación Autónoma para el
Desarrollo Sostenible del Departamento del Chocó (CODECHOCÓ) son patrimonial
y extracontractualmente responsables por los daños causados al grupo actor como
consecuencia de la contaminación del río Andágueda a causa de las actividades de
minería desarrolladas en la zona.

2) El tribunal de primera instancia accedió parcialmente a las súplicas de la
demanda por considerar que las entidades demandadas y vinculadas al proceso
incumplieron sus deberes legales de control, supervisión, fiscalización y vigilancia
de la actividad minera en el municipio de Bagadó (Chocó) lo que permitió la
afectación negativa de las condiciones ambientales de la zona.

3) La Sala revocará la decisión de primera instancia para en su lugar negar las
súplicas de la demanda porque aun cuando se probó la vulneración del derecho e
interés colectivo al ambiente sano no se acreditaron los perjuicios propios y
particulares de los miembros del grupo.

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Expediente 27001-23-31-000-2017-00050 -02 (66.414)
Demandante: Carlos Andrés Rentería y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación sentencia

2. Análisis del mérito del asunto

2.1 Oportunidad del medio de control jurisdiccional ejercido

1) La acción de grupo debe ejercerse dentro de los dos (2) años siguientes a la
fecha en que se causó el daño conforme lo previsto en el literal h del numeral 2 del
artículo 164 de la Ley 1437 de 201125.

2) Según lo ha precisado esta Subsección26, para efectos de determinar el momento
a partir del cual inicia el cómputo de dicho término resulta necesario distinguir entre
los conceptos de daño ecológico o daño ambiental puro y daño ambiental impuro o
derivado de aquel, cuya reparación se pretende a través del medio de control
ejercido en el presente caso. En efecto, mientras el primero puede tener carácter
continuado cuando la actividad que lo genera se prolonga en el tiempo, el segundo,
al depender de afectaciones individuales, exige que el análisis de caducidad se
centre en el momento en que dichas afectaciones se producen en cabeza de los
integrantes del grupo.

3) En ese contexto, los perjuicios derivados de la afectación ambiental no
constituyen, en principio, un daño continuado, sino una lesión que se concreta
cuando se altera de manera efectiva la actividad económica, las condiciones de vida
o el aprovechamiento de los recursos por parte de los demandantes, aun cuando
sus efectos se proyecten en el tiempo.

4) Si bien se encuentra acreditado que la actividad minera y la afectación ambiental
en la cuenca del río Andágueda en la zona del municipio de Bagadó (Chocó) se han
prolongado en el tiempo, no ocurre lo mismo respecto de los perjuicios individuales
alegados, pues la demanda no precisa el momento en que se produjo la afectación
patrimonial de los integrantes del grupo, sino que, de manera general señala que “la
contaminación en el rio andagueda (sic), se viene presentando desde el año 2014 (…)
causando de esta forma un daño permanente he (sic) individual27”, por tal razón, en

25 Normativa procesal aplicable en atención a la fecha de presentación de la demanda.
26 Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 17 de octubre de 2025, expediente 27001-23-31-

000-2013-00050-02 (66.484 AG). MP. Alberto Montaña Plata.
27 Hecho octavo de la demanda.

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Expediente 27001-23-31-000-2017-00050 -02 (66.414)
Demandante: Carlos Andrés Rentería y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación sentencia

aplicación del principio pro actione, la Sala contabilizará el término para demandar a
partir del 31 de diciembre de 2014; de modo que la demanda presentada el 16 de
agosto de 2016 lo fue en forma oportuna.

2.2 La acción de grupo y su carácter exclusivamente indemnizatorio

1) En relación con el medio de control judicial de reparación de los perjuicios
causados a un grupo de personas el artículo 145 del CPACA preceptúa que
«[c]ualquier persona perteneciente a un número plural o a un conjunto de
personas que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa
que les originó perjuicios individuales, puede solicitar en nombre del conjunto
la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado y el reconocimiento y
pago de indemnización de los perjuicios causados al grupo, en los términos
preceptuados por la norma especial que regula la materia» (se destaca).

2) Por consiguiente, se trata de una acción de carácter principal de naturaleza
reparatoria o indemnizatoria que, por economía procesal y en aras de la agilidad de
la administración de justicia, procede en aquellos eventos en que los afectados
reúnen condiciones especiales que los identifican como un grupo28, pues, busca
que un conjunto de personas que ha padecido perjuicios individuales demanden
conjuntamente la indemnización correspondiente, siempre que aquellos reúnan
condiciones uniformes respecto de la causa común que originó dichos perjuicios, y
que el número de personas miembros del grupo no sea inferior a veinte (20).

3) Debe advertirse igualmente que la acción está relacionada con la posibilidad de
acudir ante la jurisdicción ordinaria o contencioso administrativa con el propósito de
que mediante sentencia judicial sea reconocido un perjuicio sufrido por un conjunto
de personas que presentan condiciones uniformes en relación con la causa del daño

28 En sentencia C-215 de 1999 (Expedientes D-2176, D- 2184 y D-2196 acumulados) la Corte
Constitucional puntualizó que “En cuanto se refiere a las acciones de clase o de grupo, hay que
señalar que éstas no hacen relación exclusivamente a derechos constitucionales fundamentales, ni
únicamente a derechos colectivos, toda vez que comprenden también derechos subjetivos de origen
constitucional o legal, los cuales suponen siempre -a diferencia de las acciones populares- la
existencia y demostración de una lesión o perjuicio cuya reparación se reclama ante la juez. En este
caso, lo que se pretende reivindicar es un interés personal cuyo objeto es obtener una compensación
pecuniaria que será percibida por cada uno de los miembros del grupo que se unen para promover
la acción. Sin embargo, también es de la esencia de estos instrumentos judiciales, que el daño a
reparar sea de aquellos que afectan a un número plural de personas que por su entidad deben ser
atendidas de manera pronta y efectiva”.

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Expediente 27001-23-31-000-2017-00050 -02 (66.414)
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Apelación sentencia

y que, por lo tanto, es necesario su resarcimiento una vez se encuentren
fehacientemente acreditados los elementos que componen la responsabilidad
patrimonial del Estado.

Así las cosas, es requisito indispensable que se encuentren acreditados no solo los
requisitos mínimos procesales de la acción respectiva, sino que, es igualmente
necesario como presupuesto para obtener una sentencia favorable el hecho de que
se hallen debidamente probados dentro del proceso los elementos que configuran
la responsabilidad patrimonial en los términos del artículo 90 de la Constitución
Política.

4) En relación con los requisitos mínimos necesarios para la admisión de la acción
de grupo el Consejo de Estado29 ha precisado lo siguiente:

“De conformidad con los artículos 3 y 46 a 49 de la Ley 472 de 1998 y,
con la jurisprudencia desarrollada por el Consejo de Estado30 y por
la Corte Constitucional31, los requisitos de procedibilidad de la acción
de grupo son los siguientes:
Que el grupo de afectados esté conformado, al menos, por veinte
personas (art. 46), asunto que ha de estar acreditado en la demanda, o
que, por lo menos, existan criterios claros para su determinación.

Que el demandante demuestre pertenecer al grupo en nombre del cual
ejerce la acción.

Que el grupo reúna condiciones uniformes respecto de la causa del daño;
el perjuicio individual que se reclama (art. 48), puede tener origen en la
lesión de derechos colectivos o individuales (Corte Constitucional,
Sentencia C - 215 de 1999).

Que el ejercicio de la acción tenga la exclusiva pretensión de obtener el
reconocimiento y pago de los perjuicios.

Que la acción sea ejercida por conducto de abogado.

Que al momento de la presentación de la demanda, no hayan transcurrido
más de dos años contados a partir de la fecha en que se causó el daño,
o desde cuando cesó la acción vulnerante.

Se trata, como se dijo, de una acción resarcitoria, en la cual el daño
reclamado puede provenir de la lesión de cualquier clase o categoría de
derechos de las personas: derechos colectivos, derechos subjetivos de

29 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 22 de marzo de 2007, exp. 25000-23-25-000-2005-

02505-01(AG), MP Alier Hernández Enríquez.
30 Consejo de Estado, Sección Tercera, exp. AG-001de 2000, AG-0401de 2004 y AG-0116 de 2004.
31 Corte Constitucional, sentencia C-215 del 14 de abril de 1999, MP Dra. Martha Victoria Sáchica.

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Expediente 27001-23-31-000-2017-00050 -02 (66.414)
Demandante: Carlos Andrés Rentería y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación sentencia

naturaleza constitucional o legal, sin que haya lugar a hacer ninguna
distinción, por este aspecto32.

El cumplimiento de los requisitos esbozados con anterioridad, determina
la procedibilidad de la acción de grupo en un caso concreto, lo que
evidencia que su verificación debe efectuarse en el auto admisorio de la
demanda, toda vez que es obligación33 del juez valorar en la
procedibilidad de la acción de grupo, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 3 y 47 de la Ley 472 de 1998”.

5) Adicionalmente, esta corporación ha admitido la procedencia de la acción de
grupo para reclamar la responsabilidad estatal por los daños derivados de la
afectación de derechos e intereses colectivos; empero, ha aclarado que la
naturaleza resarcitoria de la acción impone al extremo activo, por ser el interesado,
la acreditación de los perjuicios propios y particulares padecidos por los miembros
del grupo actor; al respecto en reciente pronunciamiento esta Subsección hizo las
siguientes consideraciones:

“27. (1) la acción de grupo es el medio de control idóneo para reparar
los perjuicios ocasionados a un grupo de personas por la omisión
administrativa en la que habrían incurrido entidades públicas. Los
perjuicios causados a los miembros del grupo pueden provenir de la
afectación a derechos o intereses colectivos, como lo es, en este caso,
el medio ambiente sano. Es por ello que, de manera expresa, la Ley 472
de 1998 lo previó, al disponer en el artículo 55 que “Cuando la demanda
se haya originado en daños ocasionados a un número plural de
personas por una misma acción u omisión, o por varias acciones u
omisiones, derivadas de la vulneración de derechos o intereses
colectivos, quienes hubieren sufrido un perjuicio podrán hacerse parte
dentro del proceso, antes de la apertura a pruebas, mediante la
presentación de un escrito en el cual se indique su nombre, el daño
sufrido, el origen del mismo y el deseo de acogerse al fallo y de
pertenecer al conjunto de individuos que interpuso la demanda como un
mismo grupo (…)”. La posibilidad de ejercer una acción de clase o de
grupo con el objeto de obtener la reparación de perjuicios derivados de
la vulneración de derechos o intereses colectivos fue declarada
exequible por la Corte Constitucional, a condición de que se entendiera
que esta no puede ser la única causa de la acción de grupo y, por lo
tanto, la afectación de cualquier otro tipo de derechos también puede
dar lugar a su ejercicio.

Ahora bien, el hecho de que la acción de grupo proceda por la afectación
de derechos o intereses colectivos no significa, de manera alguna, que,
con ello, se desvirtúe su naturaleza eminentemente resarcitoria y que,
por lo tanto, se desdibuje la diferencia entre la acción de grupo y la

32 Véase: Consejo de Estado, Sección Tercera, exp. AG-1541 de 2004.
33 El parágrafo del artículo 53 de la ley 472 de 1998, prevé: “El auto admisorio deberá valorar la

procedibilidad de la acción de grupo en los términos de los artículos 3 y 47 de la presente ley”.

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Expediente 27001-23-31-000-2017-00050 -02 (66.414)
Demandante: Carlos Andrés Rentería y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación sentencia

acción popular. En efecto, la acción popular es un mecanismo destinado
al amparo de los derechos o intereses colectivos, mientras que la acción
de grupo tiene, por única finalidad, la reparación de perjuicios
individuales a los miembros del grupo, incluso si la causa del daño es la
afectación a los derechos o intereses colectivos. Es por ello que el
artículo 3 de la Ley 472 de 1998 previó, de manera clara, que “La acción
de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y
pago de indemnización de los perjuicios”34 (negrillas propias del
original).

2.3 La legitimación en la causa del grupo actor

1) Inicia la Sala por precisar que el presente asunto se inscribe en una línea de
decisiones recientes de las Subsecciones A y B, en las que se han analizado casos
planteados en ejercicio del medio de control de reparación de perjuicios causados
a un grupo, promovidos con ocasión de afectaciones ambientales derivadas de
actividades de minería ilegal en distintos municipios del departamento del Chocó.

En efecto, en un caso previamente decidido por esta misma Subsección 35, se
examinó una acción de grupo promovida por habitantes del municipio de Río Iró
contra el municipio, la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo
Sostenible del Chocó –CODECHOCÓ– y la Agencia Nacional de Minería, en la que
se alegaron afectaciones al recurso hídrico, a la salubridad pública y a las
actividades económicas de las comunidades ribereñas, derivadas del uso de dragas
y sustancias contaminantes.

De igual manera, en otro asunto decidido por la Subsección A36 con supuestos
fácticos sustancialmente coincidentes, relativo a la cuenca del río Las Ánimas en el

34 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 17 de octubre de 2025, exp.

27001-23-31-000-2013-00050-02 (66.484 AG), MP Alberto Montaña Plata con aclaración de voto del
magistrado Diego Enrique Franco Victoria.
35 Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 17 de octubre de 2025, expediente 27001-23-31-

000-2013-00050-02 (66.484 AG). MP. Alberto Montaña Plata. En ese asunto, el Tribunal
Administrativo del Chocó accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, declaró la
responsabilidad de las entidades demandadas y ordenó la adopción de medidas restaurativas
orientadas a la recuperación del recurso hídrico afectado. La decisión fue apelada por el grupo
demandante, la Agencia Nacional de Minería y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, y en
segunda instancia la Sala revocó la sentencia y declaró la falta de legitimación en la causa por activa.
36 Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 18 de febrero de 2022, expediente 27001-23-33-

000-2013-00151-031 (67.253). MP. Marta Nubia Velásquez Rico. En ese caso, el Tribunal
Administrativo del Chocó accedió parcialmente a las pretensiones, declaró la responsabilidad de las
cinco (5) entidades demandadas, y ordenó la adopción de medidas restaurativas dirigidas a la
recuperación de la cuenca del río afectado. La decisión fue apelada por la parte demandante
únicamente, quien insistió en el reconocimiento de perjuicios, y en segunda instancia la Sala, si bien

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Expediente 27001-23-31-000-2017-00050 -02 (66.414)
Demandante: Carlos Andrés Rentería y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación sentencia

municipio de Unión Panamericana, se examinó una acción de grupo promovida
contra la Agencia Nacional de Minería, la Corporación Autónoma Regional para el
Desarrollo Sostenible del Chocó –CODECHOCÓ–, el municipio de Unión
Panamericana, el departamento del Chocó, el Ministerio de Minas y Energía y el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por la afectación ambiental
ocasionada por la actividad minera, en un contexto caracterizado por la alteración
del cauce de los ríos, la contaminación del agua y la afectación de las actividades
productivas de las comunidades.

2) En los términos de dicha línea jurisprudencial, la prosperidad de la acción de
grupo exige la acreditación de la condición en la que actúan los integrantes del
colectivo demandante, así como también la demostración de la afectación individual
derivada del daño alegado.

3) En lo que concierne a la calidad en que actúan los demandantes, esto es,
habitantes del municipio de Bagadó (Chocó) obran los siguientes medios de prueba:
(i) los poderes conferidos para actuar dentro del proceso, (ii) los resultados de la
consulta de información en la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de
Seguridad Social en Salud expedidos por la Administradora de los Recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRES- en los que constan el lugar
de nacimiento, el régimen al que pertenecen (subsidiado o contributivo) y la entidad
prestadora de servicios de salud a la que están afiliados, (iii) constancia emitida por
la EPS-S AMBUQ ESS en la que informa que del listado de demandantes un
número de cuatrocientos veinte (420) se encuentran afiliados a esa institución,
además, especifica el municipio de atención37 y (iv) certificación emitida por el
Delegado Departamental del Registrador Nacional del Estado Civil en la que indica
el último lugar de votación registrado para el mes de noviembre de 201838.

encontró acreditada la existencia de un daño ambiental, negó la indemnización al no demostrarse la
afectación individual en cabeza de los integrantes del grupo demandante.
37 SAMAI índice 41, gestión en otros despachos, págs. 490 a 507 archivo digital denominado

“22_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_27001233100020170005.pdf”.
38 SAMAI índice 41, gestión en otros despachos, págs. 256 a 292 archivo digital denominado

“22_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_27001233100020170005.pdf”.

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Demandante: Carlos Andrés Rentería y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación sentencia

4) Para la Sala la valoración conjunta y armónica de los referidos medios de
prueba permite establecer, fundada y razonadamente, la condición en la que los
demandantes comparecieron al proceso, esto es, como residentes del municipio de
Bagadó (Chocó), en tanto que los poderes otorgados en ese municipio, las
constancias de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud que dan
cuenta del lugar de nacimiento de los afiliados, la certificación de la EPS-S AMBUQ
ESS que identifica el municipio de atención y la constancia expedida por la
Registraduría Nacional del Estado Civil sobre el último lugar de votación registrado
constituyen elementos que, apreciados de manera integral, permiten establecer su
vinculación con dicho municipio.

5) En consecuencia, para esta Subsección se encuentra demostrada la
legitimación en la causa por activa respecto de quienes demostraron, a través de
esos medios de prueba, su vinculación con el municipio de Bagadó (Chocó), razón
por la cual procederá a efectuar el análisis del mérito del asunto.

2.4 El caso concreto

Pues bien, con el propósito de desatar los cargos de las apelaciones resulta
relevante el examen de los elementos de convicción que obran en el expediente, a
partir de los cuales se encuentran acreditadas, en lo pertinente para la decisión del
presente asunto, las siguientes circunstancias fácticas y jurídicas:

1) La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó
(CODECHOCÓ) en ejercicio de sus funciones legales emitió los siguientes actos
administrativos:

a) Resolución no. 0949 de 19 de junio de 2008, a través de la cual impuso la
medida preventiva consistente en la suspensión inmediata de las actividades de
explotación minera realizadas en la jurisdicción de esta Corporación Autónoma
Regional que no cuenten con licencia ambiental y el decomiso preventivo de los
elementos empleados para cometer la infracción ambiental, así como también el
inicio de procesos sancionatorios en contra de las personas que desarrollen
actividades de explotación minera sin el cumplimiento de los requisitos legales; las

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Apelación sentencia

anteriores medidas obedecieron a la información recopilada a través de informes de
visitas técnicas efectuadas por funcionarios de esa corporación que advirtieron “el
grave deterioro ambiental causado por el desarrollo de actividades de explotación
minera, sin el cumplimiento de los requisitos legales y sin la sujeción a parámetros
mínimos de manejo ambiental”39.

b) Resolución no. 1591 de 10 de septiembre de 2008, por medio de la cual adoptó
la medida preventiva de suspensión inmediata de las actividades de explotación
minera en los municipios de Lloró y Bagadó sobre el río Andágueda que no cuenten
con licencia ambiental o estén ocasionando impacto ambiental negativo y la
apertura de los procesos sancionatorios correspondientes, debido a que con
informe de 19 de junio de 2008 se evidenció la presencia de entables mineros que
causan deterioro ambiental de propiedad de los señores Bruno Yepes, Otón Pérez,
Fredy Álvarez, Cantalicio Hoyos y Gastón Gómez40.

c) Resolución no. 0483 de 29 de abril de 2014 que suspendió preventivamente y
de manera inmediata las actividades de explotación minera realizadas en la cuenca
del río Andágueda en jurisdicción del municipio de Bagadó, el decomiso de los
elementos de obra y la apertura de indagación preliminar, por cuanto “…el señor
HIGINIO MOSQUERA LOZANO, actuando en su calidad de Director Ejecutivo –
Zar Anticorrupción Ciudadano de Colombia – Miembro de la Comisión Nacional
Anticorrupción, mediante oficio radicado en esta Corporación el día 08 de abril de
2014, puso en conocimiento “la explotación minera indiscriminada que se viene
realizando en la cuenca del río Andagueda - Municipio de Bagadó, más
concretamente entre el corregimiento de Chavara y la cabecera Municipal,
explotación minera llevada a cabo con “dragas y dragones de succión”, anexando
registro fotográfico de la maquinaria en operación”41.

d) Autos de apertura de procesos sancionatorios mineros con radicaciones

39 SAMAI índice 41, gestión en otros despachos, págs. 432 a 433 archivo digital denominado
“22_270012331000201700050001INCORPORAEXPEDEXPEDIENTE20221125080643.pdf”.
40 SAMAI índice 41, gestión en otros despachos, págs. 434 a 436 archivo digital denominado

“22_270012331000201700050001INCORPORAEXPEDEXPEDIENTE20221125080643.pdf”.
41 SAMAI índice 41, gestión en otros despachos, págs. 443 a 447 archivo digital denominado

“22_270012331000201700050001INCORPORAEXPEDEXPEDIENTE20221125080643.pdf”.

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Apelación sentencia

números 057-2009 y 055-2009 adelantados en contra de los señores Cantalicio
Hoyos y Bruno Yepes, respectivamente, por motivo de ejecutar labores de
explotación minera sin el lleno de los requisitos legales exigidos sobre las orillas de
los ríos Andágueda y Atrato de los municipios de Lloró y Bagadó, explotación
denunciada por el señor Adrián Moreno en escrito del 23 de mayo de 2008 y
corroborada con un informe técnico del 19 de junio de 200842.

e) Autos números 051 de 10 de marzo de 2011 y 104 de 10 de julio de 2014 por la
cuales se abrió un proceso sancionatorio en contra de los señores Alejandro
Chaverra, Francisco Abad Jaramillo Díaz y Rubén Darío Giraldo Castaño, con el fin
de verificar la realización de actividades de explotación minera sin el cumplimiento
de los requisitos legalmente exigidos43.

2) El 18 de diciembre de 2013, el alcalde municipal de Bagadó (Chocó) solicitó a
la Corporación Autónoma para el Desarrollo Sostenible del Departamento del Chocó
(CODECHOCÓ) y a la Procuraduría Regional Ambiental y Agraria del Chocó iniciar
las investigaciones pertinentes por la minería ilegal ejercida en el municipio, pues,
“existen más de 30 entables mineros en toda la jurisdicción del municipio de
Bagadó, lo cual [h]a producido en la sedimentación del rio Andágueda y algunos
afluentes desvíos de quebradas, destrucción de puentes peatonales”44.

3) El Ministerio de Minas y Energía suscribió con la Fuerza Aérea Colombiana el
convenio interadministrativo GGC no. 207 de 2016 para aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros para el desarrollo de acciones de monitoreo,
suministro, análisis e intercambio de información requeridas para el control y
prevención de la explotación ilícita de minerales mediante el reconocimiento aéreo
y el convenio GGC no. 196 de 2014 para la prevención y control de la explotación
ilícita de minerales45.

42 SAMAI índice 41, gestión en otros despachos, págs. 453 a 457 archivo digital denominado
“22_270012331000201700050001INCORPORAEXPEDEXPEDIENTE20221125080643.pdf”.
43 SAMAI índice 41, gestión en otros despachos, págs. 458 a 465 archivo digital denominado

“19_270012331000201700050001INCORPORAEXPEDEXPEDIENTE20221125080521.pdf”.
44 SAMAI índice 41, gestión en otros despachos, págs. 230 a 232 archivo digital denominado

“19_270012331000201700050001INCORPORAEXPEDEXPEDIENTE20221125080521.pdf”.
45 SAMAI índice 41, gestión en otros despachos, págs. 280 a 335 archivo digital denominado

“19_270012331000201700050001INCORPORAEXPEDEXPEDIENTE20221125080521.pdf”.

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Apelación sentencia

A su vez, celebró con la Policía Nacional el convenio de cooperación GGC no. 284
de 2017 para conjugar esfuerzos técnicos, humanos, financieros y logísticos para el
desarrollo de acciones de coordinación, prevención y control de la explotación ilícita
de minerales con el fin de proteger los recursos; así como también el convenio de
cooperación internacional no. 243 de 2017 con Naciones Unidas.

4) De otro lado, el 6 de marzo de 2017 la Agencia Nacional de Minería emitió el
informe técnico de comisión PARQ-012 de visita técnica a los entables mineros
localizados en jurisdicción del municipio de Bagadó (Chocó) en el cual destacan,
entre otras conclusiones, las siguientes:

➢ “De parte de la Alcaldía y de la comunidad se informó que, en el
mes de noviembre de 2016, se efectuaron operativos por parte de la
fuerza pública consistentes en la destrucción de entables en
operación que no contaban con los documentos pertinentes para su
operación.

➢ De los entables visitados, once (11) se encuentran inactivos o
en estado de abandono; cuatro (4) están en estado activo, de los
cuales solo dos (2) cuentan con explotación minera y dos están en
procesos de reingreso a las áreas a explotar, cuentan con
campamentos de avanzada para la realización del montaje de la
operación minera.

➢ Las actividades de explotación aluvial, se encuentran en una
fase de transición, esto debido a la presencia activa de la fuerza
pública, la cual realiza operaciones para destrucción de
infraestructura minera que no cuenta con amparo legal para su
ejecución; de otra parte, los mineros manifiestan que el potencial
minero sobre las márgenes del río Andágueda ha decrecido ya que
ha sido objeto de extracción durante mucho tiempo y adicionalmente
al no contar con procesos de exploración geológica que permitan
garantizar las inversiones a realizar.

➢ Los efectos generados al medio ambiente, producto de la
actividad minera no formal, se presentan básicamente sobre el
componente suelo, agua y la biodiversidad propia del departamento
del Choco; Sobre el componente suelo se aceleran los procesos
erosivos a cada una de las márgenes de la rivera (sic), al presentarse
el retiro indiscriminado de la flora y suelo para dar ingreso a las
retroexcavadoras que conforman el entable minero; Sobre el
componente agua se presenta incremento del aporte de sedimentos
ya que la actividad minera extractiva constituye en el lavado de las
tierras adyacentes al rio para extraer el mineral valioso, actividad que
continua en el tiempo ya que el material removido y apilado es
fácilmente erosionable, a pesar de que el entorno vegetal presenta
una recuperación natural acelerada, es importante resaltar que una
franja de bosque natural talada solo estará en un estado igual tras el
paso de décadas, por lo tanto las afectaciones mineras sobre el

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Demandante: Carlos Andrés Rentería y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación sentencia

componente flora solo se mitigaran totalmente al transcurso de
muchos años.

(…).

➢ Las actividades mineras a menor escala están compuestas por
el barequeo realizado por personas, en su mayoría mujeres
pertenecientes a las comunidades afrodescendientes asentadas den
jurisdicción del municipio; la otra actividad observada corresponde a
la operación de dragas flotantes de baja capacidad, actividad
realizada por las comunidades afrodescendientes”.

5) Finalmente, la Asociación Colombiana de Minería (ACM) en comunicación del
29 de septiembre de 2017 puso de presente que “la denominada “minería criminal”
ha dejado al departamento y a varios municipios del Chocó, con una grave
destrucción del medio ambiente, pobreza, vulneración de derechos fundamentales,
conflictos de intereses y ha generado una serie de fenómenos delincuencias; por lo
cual es trascendental avanzar en la actualización del censo minero regional, con el
fin de que las autoridades nacionales y territoriales, realicen seguimiento y así
continuar con el fortalecimiento de operativos para erradicar las actividades ilegales,
logrando mitigar daños a los cultivos, agua, fauna y flora, ecosistemas y reducir los
niveles de contaminación”46.

6) En relación con el fondo de la controversia, advierte la Sala que el acervo
probatorio revela la existencia de una afectación ambiental en la cuenca del río
Andágueda en los componentes suelo, agua y biodiversidad, los cuales sufrieron un
impacto negativo por el uso de maquinaria para la exploración y explotación de
minerales que afectó la capa vegetal de la ribera del río y aumentó la sedimentación.

Sin embargo, aunque quedó demostrado el impacto negativo en las características
ambientales de la cuenca del río Andágueda en jurisdicción del municipio de Bagadó
(Chocó) por las actividades de explotación minera ejecutadas en la zona, lo cierto
es que, de ello no puede inferirse, de manera automática ni necesaria, la existencia
de perjuicios indemnizables en cabeza de los demandantes, presupuesto

46 SAMAI índice 41, gestión en otros despachos, págs. 463 a 467 archivo digital denominado
“19_270012331000201700050001INCORPORAEXPEDEXPEDIENTE20221125080521.pdf”.

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Demandante: Carlos Andrés Rentería y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación sentencia

indispensable en tanto que la acción de grupo exige la acreditación de un daño
individualizable, derivado de una causa común.

A propósito de lo anterior, era menester que el grupo actor no solo acreditara la
vulneración del derecho e interés colectivo al ambiente sano, sino que, requería
demostrar la afectación particular, cierta, concreta y propia derivada de la
transgresión del aludido derecho colectivo, carga procesal probatoria que la parte
interesada omitió y que obstruye o impide la prosperidad de las pretensiones.

7) En esa dirección, la ausencia de prueba sobre la incidencia concreta del daño
en las condiciones de vida, actividades económicas o situación particular de los
integrantes del grupo impide tener por acreditado el primer elemento de la
responsabilidad patrimonial del Estado, lo cual conlleva a una decisión negativa de
las pretensiones de conformidad con lo previsto en la Ley 472 de 1998, al tiempo
que releva a la Sala del estudio de los demás presupuestos que estructuran la
responsabilidad patrimonial estatal.

8) Finalmente, aunque en este caso el municipio de Bagadó (Chocó) no apeló la
sentencia de primera instancia no hay lugar a mantener la condena impuesta en su
contra, pues, como se explicó en el presente asunto no se acreditó el daño particular
cuya reparación reclaman los demandantes, por lo tanto, no se configura uno de los
elementos comunes del juicio de responsabilidad, requisito indispensable para
comprometer patrimonial y extracontractualmente al Estado; en esa medida, una
decisión diferente como lo sería mantener la condena únicamente en contra de
dicho ente territorial, traería consigo efectos contradictorios entre la realidad de los
hechos procesalmente demostrados y la decisión que en derecho corresponde47.

47 En ocasiones anteriores la Sala se ha pronunciado sobre la posibilidad de revocar la condena

cuando no se acreditan los presupuestos de la responsabilidad, incluso respecto de entidades que
no interpusieron recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, por cuanto mantener
la condena en tales circunstancias supondría una decisión contradictoria con la realidad de los
hechos procesalmente demostrados. Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias:
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 19 de agosto de 2025, radicación
no. 25000-23-36-000-2015-00795-01 (69.348), MP. Fredy Ibarra Martínez (E) y Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 3 de junio de 2025, radicación no. 19001-23-33-002-
2013-00467-01(62.163), MP. Fredy Ibarra Martínez.

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Apelación sentencia

3. Condena en costas

De conformidad con el artículo 365, numeral 1, del CGP48, “se condenará en costas
(…) a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación”; no obstante,
es preciso señalar que, en materia de costas, el medio de control de reparación de
los perjuicios causados a un grupo se rige por la norma especial del artículo 65 de
la Ley 472 de 199849; con fundamento en esta disposición, esta Subsección ha
entendido50 que solo procede la condena en costas cuando la sentencia acoge las
pretensiones, hipótesis que no se verifica en el presente caso, por lo cual no hay
lugar a dicha condena en segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA:

1º) Revócase la sentencia proferida el 20 de febrero de 2020 por el Tribunal
Administrativo del Chocó, en su lugar, niéganse las súplicas de la demanda.

2°) Abstiénese de condenar en costas en esta instancia procesal.

48 Norma aplicable en atención a lo decidido por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de

Estado en auto del 14 de noviembre de 2024, exp. 69.376, MP José Roberto Sáchica Méndez, en el
cual se estableció que, respecto del trámite de apelación de las sentencias proferidas en el marco
del medio de control jurisdiccional de reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
rigen las normas contenidas en el CGP y en la Ley 2213 de 2022 (salvo en lo que atañe a la
oportunidad para sustentar el recurso de apelación y la notificación al Ministerio Público).
49 El artículo 65 de la Ley 472 de 1998, dispone: “La sentencia que ponga fin al proceso se sujetará

a las disposiciones generales del Código de Procedimiento Civil y, además, cuando acoja las
pretensiones incoadas, dispondrá: (…) 5. La liquidación de las costas a cargo de la parte
vencida, teniendo en cuenta las expensas necesarias para la publicación del extracto de la
sentencia” (negrillas adicionales).
50 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 17 de octubre de 2025,

radicación no. 25000-23-41-000-2013-01191-01 (70.460), MP. Fredy Ibarra Martínez.

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Demandante: Carlos Andrés Rentería y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
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3°) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al
tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado
Presidente de Subsección

(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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