RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 27001-23-31-000-2013-00050-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-31-000-2013-00050-02

Fecha
17 de octubre de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-31-000-2013-00050-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA DEL SERVICIO, propuestas por las entidades accionadas, AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ-CODECHOCÓ, y la AGENCIA DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, de acuerdo con lo dicho en las consideraciones de esta providencia. SEGUNDO: Declárese la responsabilidad patrimonial, administrativa y extracontractual, de la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ-CODECHOCÓ, y el MUNICIPIO DE RIO IRÓ, por el daño ambiental ocasionado en las zonas circunvecinas de los ríos Iró, Tadocitico, Chontaduro, Guineo y la Quebrada, comunidad de Rio Iró conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: CONDENAR a la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ-CODECHOCÓ, y el MUNICIPIO DE RIO IRÓ, a reparar los perjuicios causados a la comunidad de Rio Iró, como consecuencia del daño ambiental generado por la actividad minera presentada en dicha zona municipal, conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. CUARTO: ORDENAR en consecuencia a la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ-CODECHOCÓ, y el MUNICIPIO DE RIO IRÓ a realizar las siguientes medidas restaurativas: 4 Folios 180-183 c. 1. 5 Folios 1195 a 1231 c. 5. 6 Documento 31 expediente digital. 4 de 14 Radicación: 27001-23-31-000-2013-00050-02 (66.484 AG) Actor: María Eva Maturana y otros Demandado: Municipio de Río Iró-Codechocó y otros Referencia: Acción de grupo Decisión: Revoca la sentencia y declara la falta de legitimación activa en la causa A) Publicar en un diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, y en el sitio web oficial, al menos por un (1) año, la parte resolutiva de la presente sentencia; B) La AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ-CODECHOCÓ y el MUNICIPIO DE RIO IRÓ, de manera conjunta deberán emprender todas las acciones y gestiones necesarias y adelantar un plan de manejo ambiental para la recuperación y […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 27001-23-31-000-2013-00050-02

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

17 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 17 de octubre de 2025

Radicación: 27001-23-31-000-2013-00050-02 (66.484 AG)
Actor: María Eva Maturana y otros
Demandado: Municipio de Río Iró y otros
Referencia: Acción de grupo

Temas: Acción de grupo – responsabilidad por daños ambientales – daño ambiental puro
e impuro o indirecto – minería ilegal – falla del servicio por omisión de control.

Síntesis del caso: Se demanda por la afectación ambiental generada por actividades
mineras sin título, en la cuenca del río Iró y sus afluentes. La demanda considera que, la
explotación ilegal vulneró derechos colectivos relacionados con el ambiente sano, la
salubridad pública y el acceso al agua potable.

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por el grupo
demandante, por la Agencia Nacional de Minería y la ANDJE, en contra de
la Sentencia de 22 de enero de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo
del Chocó, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada –
1.3. Integración del grupo – 1.4. Sentencia de primera instancia – 1.5. Recursos de apelación

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 19 de junio de 2013, Eva María Maturana y otras cuarenta y una
personas presentaron demanda1, en ejercicio de la acción de grupo, en
contra del Municipio de Río Iró, la Corporación Autónoma para el Desarrollo
Sostenible del Chocó y la Agencia Nacional de Minas, con el fin de que se
hicieran las siguientes declaraciones (se transcribe):

“PRIMERA: que se ordene el cese de toda actividad minera ilegal en la cuenca
de los ríos Iró, Tadocitico, Chontaduro, Guineo y la Quebrada.
SEGUNDA: declarar como responsable de los derechos colectivos violados a los
habitantes de los ríos Iró, Tadocitico, Chontaduro, Guineo y la Quebrada, al
MUNICIPIO DE RIO IRÓ, (...); a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA
EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ - CODECHOCÓ, (...) y al INSTITUTO
COLOMBIANO DE MINAS Y ENERGÍA - INGEOMINAS, (...)
TERCERA: que se condene a las entidades públicas demandadas a pagar los
perjuicios ocasionados que estimo en DOCE MIL MILLONES DE PESOS
($12.000.000. 000.oo).

1 Folios 1-16, c. 1.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 27001-23-31-000-2013-00050-02 (66.484 AG)
Actor: María Eva Maturana y otros
Demandado: Municipio de Río Iró-Codechocó y otros
Referencia: Acción de grupo
Decisión: Revoca la sentencia y declara la falta de legitimación
activa en la causa

CUARTA: que se condene a las entidades públicas demandadas a las costas
del proceso”.
2. La parte demandante narró, en síntesis, los siguientes hechos:

3. (1) Río Iró es un municipio del Departamento del Chocó. El río Iró es la
principal vía de comunicación del municipio y es utilizada para llegar a la
cabecera municipal. Este río recibe los afluentes de los ríos Tadocitico,
Chontaduro, Guineo y la Quebrada.

4. (2) Las aguas de los ríos eran cristalinas y en su rivera las tierras eran
fértiles, lo que permitía a los habitantes cultivar para comercializar sus
productos.

5. (3) Con la entrada en operación de varias minas en el municipio, que
usan dragas, se afectó la vida normal de la población. Dicha actividad
contaminó el río con mercurio y devastó las tierras ribereñas.

6. (4) Como resultado, los afluentes perdieron sus características físicas
de color, olor y sabor; se produjo la desaparición/muerte de peces y de otros
organismos propios del río, junto con la de algunas especies de flora en la
subcuenca. Los cauces pasaron de ser constantes y homogéneos a
inestables y sedimentados, lo que redujo su navegabilidad. En las zonas
agrícolas del municipio, los cultivos resultaron inundados y contaminados,
con la consiguiente pérdida de cosechas y de tierras de labor, mientras que
la exposición a mercurio y cianuro utilizados en la extracción afectó el agua
y el suelo, ocasionando enfermedades en la población.

7. Como fundamento jurídico de las pretensiones, la parte demandante
alegó la vulneración de derechos de carácter colectivo relacionados con
el ambiente sano, la seguridad y salubridad públicas, la prevención de
desastres y el acceso al servicio público de agua potable y a condiciones
de vida digna. Con base en ello, citó los artículos 79 y 80 de la Constitución
Política y los artículos 7 y 8 del Decreto 2811 de 1974, que consagraron el
derecho a un ambiente sano y establecieron un listado no taxativo de
factores de deterioro ambiental. En relación con los deberes del Estado,
puso de presente el artículo 134 del mismo decreto, que dispuso la
obligación de garantizar la calidad del agua para consumo y uso humano.

8. Sobre las Corporaciones Autónomas Regionales, citó las normas
jurídicas que rigen el ejercicio de sus funciones administrativas, en particular
el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, en cuanto a la naturaleza de estas
entidades; el artículo 31, respecto de sus funciones, con énfasis en el control
y seguimiento ambiental de las actividades relacionadas con recursos no
renovables; y el artículo 39 de la misma ley, sobre las funciones y estructura
de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del
Chocó. Asimismo, refirió los artículos 83 a 85, que les atribuyeron funciones
de policía ambiental, facultad sancionatoria y la obligación de denunciar
ante la autoridad competente las infracciones que constituyan delito.

2 de 14

Radicación: 27001-23-31-000-2013-00050-02 (66.484 AG)
Actor: María Eva Maturana y otros
Demandado: Municipio de Río Iró-Codechocó y otros
Referencia: Acción de grupo
Decisión: Revoca la sentencia y declara la falta de legitimación
activa en la causa

9. Sobre el Instituto Colombiano de Minas y Energía, la parte
demandante citó las disposiciones que regulaban su competencia en
materia de exploración y explotación de recursos mineros, en especial las
relativas a la autorización, seguimiento y control de las actividades de
extracción, en desarrollo de lo previsto en la Ley 685 de 2001 —Código de
Minas—.

10. En cuanto al Municipio de Río Iró, indicó que, de conformidad con la
Constitución y la ley, le correspondía velar por la preservación del ambiente
y la salubridad pública en su territorio. Para ello, refirió lo dispuesto en el
artículo 313 de la Constitución Política, que asignó a los concejos
municipales la función de dictar las normas necesarias para el control, la
preservación y la defensa del patrimonio ecológico. También aludió a las
competencias ambientales previstas en el artículo 76 de la Ley 715 de 2001
y en el artículo 30 de la Ley 136 de 1994, que otorgaron a las entidades
territoriales facultades de control sobre el uso del suelo y la protección de los
recursos naturales.

1.2. Posición de la parte demandada

11. El Municipio de Río Iró guardó silencio.

12. La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del
Chocó contestó la demanda2 y se opuso a las pretensiones. Argumentó que,
aunque su función principal, conforme a sus estatutos (Resolución 1448 de
2005), era la de actuar como máxima autoridad ambiental en el territorio de
su competencia, no ostentaba la calidad de autoridad minera, pues ni la
Constitución ni la Ley 685 de 2001 le atribuían competencias en esa materia,
razón por la cual no estaba facultada para adoptar determinaciones sobre
títulos o actividades mineras. Sobre el particular, precisó que, de acuerdo
con el artículo 317 de la Ley 685 de 2001, las autoridades mineras son la
Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Minas y Energía y, a
prevención, las alcaldías municipales, correspondiéndoles a estas últimas, la
facultad de suspender la minería ilegal en sus territorios, conforme al artículo
306 del Código de Minas. En consecuencia, sostuvo que la omisión alegada
recaía en el municipio de Río Iró.

13. No obstante, afirmó que, dentro de sus competencias ambientales,
adelantó actuaciones para controlar la actividad minera sin licencia. En
particular, expidió la Resolución 0949 del 19 de junio de 2008, mediante la
cual dispuso la suspensión inmediata de actividades de la minería ilegal y
ordenó la suspensión inmediata de las explotaciones sin licencia ambiental
en su territorio.

14. La Agencia Nacional de Minería contestó la demanda3 y propuso,
como excepción de fondo, el hecho de un tercero. Asimismo, planteó la

2 Folios 116-144 c. 1.
3 Folios 150-172 c. 1.

3 de 14

Radicación: 27001-23-31-000-2013-00050-02 (66.484 AG)
Actor: María Eva Maturana y otros
Demandado: Municipio de Río Iró-Codechocó y otros
Referencia: Acción de grupo
Decisión: Revoca la sentencia y declara la falta de legitimación
activa en la causa

excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, con fundamento
en que el régimen jurídico aplicable no le asignó obligaciones ambientales,
por lo cual no podía atribuírsele la causa del daño por la omisión que se le
endilgó.

1.3. Integración del grupo

15. El grupo inicial que promovió la acción se componía de cuarenta y
una personas. Con posterioridad, treinta y una personas más fueron
reconocidas como integrantes del grupo mediante el Auto del 26 de agosto
de 20134. Luego de varias solicitudes de integración de nuevos miembros al
grupo demandante, el tribunal de primera instancia solicitó al grupo
demandante que allegara, en un solo escrito, la reforma de la demanda
con la lista de los nuevos miembros. Así, mediante Auto 151 de 20 de mayo
de 2016, luego de verificar los poderes, encontró que se encontraban
personas repetidas y concluyó que, los nuevos integrantes del grupo eran
setecientas cincuenta y cinco personas, a las que reconoció como parte
demandante5. Así, en total, el grupo demandante se encuentra integrado
por ochocientas veintiséis (826) personas.

1.4. Sentencia de primera instancia

16. El 22 de enero de 2020, el Tribunal Administrativo del Chocó decidió6,
(se transcribe):

“PRIMERO: Declárese no probada la excepción de FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA
CAUSA POR PASIVA, FALTA DE PRUEBA DEL DAÑO, INEXISTENCIA DE EVIDENCIA DEL
DAÑO, FALTA DE NEXO DE CAUSALIDAD E INEXISTENCIA DE FALLA DEL SERVICIO,
propuestas por las entidades accionadas, AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
CHOCÓ-CODECHOCÓ, y la AGENCIA DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, de acuerdo
con lo dicho en las consideraciones de esta providencia.

SEGUNDO: Declárese la responsabilidad patrimonial, administrativa y
extracontractual, de la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ-CODECHOCÓ,
y el MUNICIPIO DE RIO IRÓ, por el daño ambiental ocasionado en las zonas
circunvecinas de los ríos Iró, Tadocitico, Chontaduro, Guineo y la Quebrada,
comunidad de Rio Iró conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.

TERCERO: CONDENAR a la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ-CODECHOCÓ,
y el MUNICIPIO DE RIO IRÓ, a reparar los perjuicios causados a la comunidad de Rio
Iró, como consecuencia del daño ambiental generado por la actividad minera
presentada en dicha zona municipal, conforme a las consideraciones expuestas en
la parte motiva de la presente providencia.

CUARTO: ORDENAR en consecuencia a la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
CHOCÓ-CODECHOCÓ, y el MUNICIPIO DE RIO IRÓ a realizar las siguientes medidas
restaurativas:

4 Folios 180-183 c. 1.
5 Folios 1195 a 1231 c. 5.
6 Documento 31 expediente digital.

4 de 14

Radicación: 27001-23-31-000-2013-00050-02 (66.484 AG)
Actor: María Eva Maturana y otros
Demandado: Municipio de Río Iró-Codechocó y otros
Referencia: Acción de grupo
Decisión: Revoca la sentencia y declara la falta de legitimación
activa en la causa

A) Publicar en un diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, y en el sitio
web oficial, al menos por un (1) año, la parte resolutiva de la presente sentencia;
B) La AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ-CODECHOCÓ y el MUNICIPIO DE
RIO IRÓ, de manera conjunta deberán emprender todas las acciones y gestiones
necesarias y adelantar un plan de manejo ambiental para la recuperación y
restablecimiento del equilibrio ambiental de las zonas circunvecinas de los Rio Iró,
Tadocitico, Chontaduro, Guineo y la Quebrada, incluyendo las fuentes hídricas,
la fauna y la flora, para lo cual destinaran los recursos económicos, humanos y
científicos que sean necesarios.
C) La Corporación Autónoma Regional del Choco, en cumplimiento de sus deberes
legales, especialmente de los señalados en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993,
deberá realizar un continuo y permanente seguimiento y control ambiental a las
actividades mineras desarrolladas en dicho sector.
D) La AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CODECHOCÓ y el MUNICIPIO DE RIO IRÓ
en conjunto con la comunidad del municipio de Rio Iró, dentro del año siguiente
a la notificación de la sentencia, diseñarán y pondrán en marcha un plan para
descontaminar la cuenca del río Iró y sus afluentes, los territorios ribereños,
recuperar sus ecosistemas y evitar daños adicionales al ambiente en la región.
Este plan incluirá medidas como: (i) el restablecimiento del cauce del río Iró y sus
afluentes, (ii) la eliminación de los bancos de área formados por las actividades
mineras y (iii) la reforestación de zonas afectadas por minería legal e ilegal.
E) Adicionalmente, este plan incluirá una serie de indicadores claros que permitan
medir su eficacia y deberá diseñarse y ejecutarse de manera concertada con los
pobladores de la zona, así como garantizar la participación de las comunidades
étnicas que allí se asientan.

QUINTO: Deniéguense las demás suplicas de la demanda de conformidad con lo
expuesto en las consideraciones de esta providencia.

SEXTO: Por Secretaría, envíese copia de este fallo al Registro Público de Acciones
Populares y de Grupo (art. 80 L 472/98).

SEPTIMO: Condénese en costas a la parte vencida en el proceso. De conformidad
con el artículo 65 de la Ley 472 de 1998 y el Acuerdo 1887 de 2003. Tácense por
Secretaría, teniendo en cuenta las expensas necesarias para la publicación del
extracto de la sentencia.

OCTAVO. Ordenase la publicación de la parte resolutiva de la sentencia en un diario
de amplia circulación nacional, dentro del mes siguiente a su ejecutoria o a la
notificación del auto que hubiere ordenado obedecer lo dispuesto por el superior con
la prevención de que trata el numeral 4 del artículo 65 de la Ley 472 de 1998.

NOVENO: Notifíquese en debida forma la presente providencia a las partes, al Agente
del Ministerio Público, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

DÉCIMO: Ejecutoriado este proveído, archívese el expediente previas anotaciones de
rigor.”

17. Para el Tribunal, no había operado la caducidad, porque se trató de
un daño que se ha “presentado a lo largo de la historia municipal de esa zona territorial
hasta la actualidad”. Encontró no probadas las excepciones de mérito
formuladas por las entidades demandadas, incluyendo la falta de prueba
del daño, la falta de nexo de causalidad, la inexistencia de falla del servicio
y la falta de legitimación en la causa por pasiva, porque todas las entidades
demandadas tenían funciones claras de supervisión, control, prevención,
preservación y mitigación ambiental frente a la exploración y explotación
minera en la zona de Río Iró, y se demostró que incumplieron el régimen
obligacional al que se encuentran sometidas. Así: la Agencia Nacional de
Minería no ejerció las funciones sancionatorias derivadas del incumplimiento

5 de 14

Radicación: 27001-23-31-000-2013-00050-02 (66.484 AG)
Actor: María Eva Maturana y otros
Demandado: Municipio de Río Iró-Codechocó y otros
Referencia: Acción de grupo
Decisión: Revoca la sentencia y declara la falta de legitimación
activa en la causa

de obligaciones técnicas ambientales mineras, con fundamento en que las
funciones mineras no pueden desligarse de las ambientales; el Municipio de
Río Iró no adoptó medidas para evitar la contaminación de sus ríos, aun
cuando el artículo 3° de la Ley 136 de 1994 dispone sobre las funciones del
municipio: “velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio
ambiente, de conformidad con la ley”, entre otros citados en la providencia; y la
Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó,
pese a sus acciones preventivas, como la expedición de la Resolución 1448
de 2005, mediante la cual prohibió la minería ilegal, no logró mitigar los
daños constatados. Por estas omisiones, se configuró la falla del servicio y se
declaró su responsabilidad patrimonial, administrativa y extracontractual
frente al daño ambiental y los derechos colectivos afectados.

18. Finalmente, el tribunal negó aquellas pretensiones tendientes a la
indemnización de los perjuicios materiales reclamados por un valor
$12.000.000.000, pues los demandantes no acreditaron su residencia
efectiva en Río Iró, ni la vinculación económica que permitiera demostrar
daño emergente o lucro cesante. Por lo tanto, denegó sus pretensiones
indemnizatorias. No obstante, constatado el daño ambiental causado por
la actividad minera, ordenó medidas restaurativas y preventivas para
proteger los recursos hídricos y el entorno del municipio.

1.5. Recursos de apelación

18. El grupo demandante interpuso recurso de apelación7. Reprochó el
“exceso ritual manifiesto” en el que habría incurrido el juez, al indicar que en el
expediente obra material probatorio destinado a acreditar la residencia o
domicilio de cada uno de los integrantes del grupo, como lo demuestran los
poderes allegados y autenticados en el juzgado y en la notaría de Río Iró y
municipios vecinos. Asimismo, sostuvo que, de no ser suficientes dichas
pruebas, el juez de primera instancia debió, en favor de la búsqueda de la
verdad, ejercer sus poderes oficiosos para probar la residencia. Según el
grupo, de haberse probado el hecho dañino, la negativa a condenar a la
reparación de los perjuicios obedeció únicamente a una barrera formal.

19. La apoderada de la Agencia Nacional de Minería apeló la sentencia8.
Argumentó que: i) que la entidad no tiene competencias en “materia de
combate directo contra la minería ilegal”, por lo que atribuir responsabilidad en
este caso constituye una violación al principio de legalidad y ii) que la parte
actora no satisfizo la carga de la prueba, al no acreditar la imputación
fáctica entre la actuación de las entidades demandadas y el daño
antijurídico alegado. La ANDJE solicitó intervenir en el proceso y presentó
apelación adhesiva respecto del recurso presentado por la Agencia
Nacional de Minería9. Argumentó que la sentencia de primera instancia fue
incongruente, respecto de las pretensiones ya que, concluyó que no se

7 Folios 1706-1710 c. principal del Consejo de Estado.
8 Folios 16951700 c. principal del Consejo de Estado.
9 Expediente digital doc. 9.

6 de 14

Radicación: 27001-23-31-000-2013-00050-02 (66.484 AG)
Actor: María Eva Maturana y otros
Demandado: Municipio de Río Iró-Codechocó y otros
Referencia: Acción de grupo
Decisión: Revoca la sentencia y declara la falta de legitimación
activa en la causa

probaron los perjuicios individuales de los miembros del grupo, pese a lo
cual, afirmó que sí existieron daños para la comunidad y ordenó medidas
que no perseguían la reparación de los perjuicios al grupo demandante.
También cuestionó las medidas ordenadas, al ser propias de una acción
popular.

20. La apoderada del grupo demandante presentó alegatos de
conclusión10. Reiteró los argumentos de la apelación, en los siguientes
términos (se trascribe):

“considero que la decisión tomada por la primera instancia sin duda, constituye según
voces de la Corte Constitucional, un verdadero exceso de ritual manifiesto, en tanto que
en el expediente existe abundante material probatorio que demuestra la residencia o
domicilio de los demandante, que si bien dichos elementos pudieran considerarse como
allegados de manera extemporáneas, nada de ello impedía que el a quo, investido
también de juez constitucional, por la naturaleza y teleología que gravita la acción de
grupo, hubiese hecho uso de su poder oficioso y por esa senda solicitar la incorporación
regular de las pruebas o introducirlas oficiando a las entidades públicas que poseen base
de datos en Colombia, en donde se encuentran registrados los demandantes (sisben,
adres, registraduría nacional etc), más aún cuando ello se puede verificar, incluso en la
web, lo cual no genera mayor esfuerzo físico o mental, dado que los medios tecnológicos
están a la orden del día, es decir, el Tribunal con la información que tenía a su alcance,
antes de negar la acción, por las razones que se adujeron en el fallo, ha debido asumir
una actividad proactiva, en defensa del ciudadano que acude a la administración de
justicia para defender los derechos que le han sido conculcados, por ello era necesario
que la primera instancia hubiese hecho mayor esfuerzo por establecer la verdad real, más
allá de la procesal, y no limitarse como en este caso, al rigor de las formas, por encima del
derecho sustancial, máxime en este caso, que se repite, se llegó al expediente prueba
documental que acredita que cada uno de los demandantes reside o tiene su domicilio,
en el municipio de RIO IRO.” (resaltado por fuera del texto original)

21. La ANDJE presentó alegatos de conclusión11. Solicitó revocar la
sentencia de primera instancia, negar las pretensiones formuladas en la
demanda por falta de prueba sobre perjuicios individuales ciertos,
personales y antijurídicos, declarar improcedentes las medidas restaurativas
ordenadas por el tribunal al no corresponder al objeto de la acción de
grupo, y reconocer la falta de legitimación por pasiva de las entidades del
orden nacional demandadas, ya que cumplieron con sus funciones de
fiscalización sin que ello implicara responsabilidad por actividades de
minería ilegal.

22. La Agencia Nacional de Minería presentó alegatos de conclusión12 y
reiteró y reforzó los argumentos de su recurso.

10 Índice 21 SAMAI.
11 Índice 25 SAMAI.
12 Índice 21 SAMAI.

7 de 14

Radicación: 27001-23-31-000-2013-00050-02 (66.484 AG)
Actor: María Eva Maturana y otros
Demandado: Municipio de Río Iró-Codechocó y otros
Referencia: Acción de grupo
Decisión: Revoca la sentencia y declara la falta de legitimación
activa en la causa

2. CONSIDERACIONES

2.1. Síntesis de la controversia, presupuestos procesales y anuncio de la decisión – 2.2. Sobre
la condena en costas.

2.1. Síntesis de la controversia, presupuestos procesales y anuncio de la
decisión

23. Un grupo de ochocientas veintiséis personas demandó la
responsabilidad de varias entidades públicas por la omisión en la que
habrían incurrido, al permitir la explotación minera ilegal en la cuenca de
varios ríos que circundan el municipio Río Iró, departamento de Chocó y no
tomar las medidas necesarias para hacer cesar dicha actividad. La parte
demandante afirmó que la actividad minera generó graves afectaciones
ambientales, fruto de las cuales, los habitantes del municipio habían sufrido
perjuicios de orden material, relativos a la afectación de diversas
actividades económicas.

24. La primera instancia negó las pretensiones relativas a la indemnización
de los perjuicios a los miembros del grupo demandante, porque no probaron
ser habitantes del municipio en cuestión. Sin embargo, declaró la
responsabilidad de las entidades demandadas por el daño ambiental y las
condenó a reparar “los perjuicios causados a la comunidad de Río Iró, como
consecuencia del daño ambiental”. Para ello, les ordenó publicar la sentencia,
implementar un plan de manejo ambiental para el restablecimiento del
equilibrio ambiental, descontaminar los ríos afectados por la actividad
minera, todo con la participación de los pobladores de la zona y, en
especial, de las comunidades étnicas que allí se encuentren.

25. Ambas partes apelaron la sentencia. El grupo demandante cuestionó la
negativa de pretensiones indemnizatorias porque, a su juicio, bastaba con
el otorgamiento de los poderes para demostrar que los miembros del grupo
residían en el municipio y, de no ser suficiente, debieron decretarse pruebas
de oficio. La Agencia Nacional de Minería argumentó que era ilegal
declarársele responsable en este caso, ya que carecía de competencias
para combatir la minería ilegal. Adicionalmente, porque no se demostró el
nexo causal respecto de la acción u omisión de las entidades públicas
demandadas. La ANDJE presentó apelación adhesiva en la que expuso que
la sentencia era incongruente porque tomó medidas no solicitadas en la
demanda, no destinadas a reparar perjuicios individuales de los miembros
del grupo y que, en realidad, correspondían a una acción popular.

26. No se encuentran reunidos los presupuestos procesales para fallar, por lo
que, así se declarará en la parte resolutiva. Esta decisión concierne a todos
los demandados, sin consideración de si apelaron o no, teniendo en cuenta
que se trata de presupuestos procesales los que, en virtud de su carácter de

8 de 14

Radicación: 27001-23-31-000-2013-00050-02 (66.484 AG)
Actor: María Eva Maturana y otros
Demandado: Municipio de Río Iró-Codechocó y otros
Referencia: Acción de grupo
Decisión: Revoca la sentencia y declara la falta de legitimación
activa en la causa

orden público, deben ser examinados por el juzgador, incluso si no fue
objeto de cuestionamiento en el recurso:

27. (1) la acción de grupo es el medio de control idóneo para reparar los
perjuicios ocasionados a un grupo de personas por la omisión administrativa
en la que habrían incurrido entidades públicas. Los perjuicios causados a los
miembros del grupo pueden provenir de la afectación a derechos o
intereses colectivos, como lo es, en este caso, el medio ambiente sano. Es
por ello que, de manera expresa, la Ley 472 de 1998 lo previó, al disponer en
el artículo 55 que “Cuando la demanda se haya originado en daños ocasionados a un
número plural de personas por una misma acción u omisión, o por varias acciones u
omisiones, derivadas de la vulneración de derechos o intereses colectivos, quienes hubieren
sufrido un perjuicio podrán hacerse parte dentro del proceso, antes de la apertura a
pruebas, mediante la presentación de un escrito en el cual se indique su nombre, el daño
sufrido, el origen del mismo y el deseo de acogerse al fallo y de pertenecer al conjunto de
individuos que interpuso la demanda como un mismo grupo (…)”. La posibilidad de
ejercer una acción de clase o de grupo con el objeto de obtener la
reparación de perjuicios derivados de la vulneración de derechos o
intereses colectivos fue declarada exequible por la Corte Constitucional, a
condición de que se entendiera que esta no puede ser la única causa de la
acción de grupo y, por lo tanto, la afectación de cualquier otro tipo de
derechos también puede dar lugar a su ejercicio 13.

Ahora bien, el hecho de que la acción de grupo proceda por la afectación
de derechos o intereses colectivos no significa, de manera alguna, que, con
ello, se desvirtúe su naturaleza eminentemente resarcitoria y que, por lo
tanto, se desdibuje la diferencia entre la acción de grupo y la acción
popular. En efecto, la acción popular es un mecanismo destinado al
amparo de los derechos o intereses colectivos, mientras que la acción de
grupo tiene, por única finalidad, la reparación de perjuicios individuales a
los miembros del grupo, incluso si la causa del daño es la afectación a los
derechos o intereses colectivos. Es por ello que el artículo 3 de la Ley 472 de
1998 previó, de manera clara, que “La acción de grupo se ejercerá exclusivamente
para obtener el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios”.

28. En vista del carácter exclusivamente resarcitorio de la acción de grupo,
este era el mecanismo idóneo en este caso respecto de la pretensión
tercera de la demanda, destinada a “que se condene a las entidades públicas
demandadas a pagar los perjuicios ocasionados que estimo en DOCE MIL MILLONES DE
PESOS ($12.000.000. 000.oo)”. Respecto de las pretensiones dirigidas a ordenar el
cese de la actividad minera ilegal y a declarar a las entidades públicas
demandadas como responsables de la vulneración de los derechos o
intereses colectivos podría pensarse, a primera vista, que son propias de la
acción popular. Sin embargo, de probarse la existencia de afectaciones
patrimoniales a los miembros del grupo, resulta posible que se den este tipo

13 “Declarar EXEQUIBLES las expresiones "derivados de la vulneración de derechos e intereses colectivos"
contenidas en el artículo 55 de la Ley 472 de 1998 "por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política
de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones", en
el entendido de que con su interpretación y aplicación no se excluyan los demás derechos subjetivos de origen
constitucional o legal, cualquiera que sea su naturaleza, como derechos igualmente amparables por las acciones
de clase o de grupo”: Corte Constitucional, Sentencia C-1062/00.

9 de 14

Radicación: 27001-23-31-000-2013-00050-02 (66.484 AG)
Actor: María Eva Maturana y otros
Demandado: Municipio de Río Iró-Codechocó y otros
Referencia: Acción de grupo
Decisión: Revoca la sentencia y declara la falta de legitimación
activa en la causa

de órdenes, dirigidas a hacer cesar el hecho generador del daño. Se trata
de medidas destinadas a una reparación integral de las víctimas la que,
llegado el caso, no quedaría satisfecha con la entrega de dinero, a título de
indemnización de perjuicios.

29. La demanda no habría sido presentada dentro del término de
caducidad de la acción. Erró el tribunal de primera instancia al concluir que
se trataba de un daño continuado y, por lo tanto, no operaba la caducidad,
hasta tanto no cesara la afectación del medio ambiente. Este tipo de
razonamiento se predica únicamente del daño ecológico o daño ambiental
puro, entendido como la afectación al equilibrio medioambiental que, en
efecto, puede constituir un daño continuado si el hecho generador de la
contaminación o de la afectación medioambiental es reiterado y persiste
en el tiempo, como ocurría en este caso, ya que la minería ilegal continuaba
desarrollándose al momento de presentar la demanda. Sin embargo, la
acción de grupo presentada pretendía la reparación de los perjuicios
patrimoniales sufridos por los miembros del grupo y derivados del daño
ecológico (daño ambiental puro). Se trata, entonces, de un daño ambiental
impuro o daño derivado de la afectación medioambiental el que, en este
caso, de acuerdo con los hechos de la demanda, no es un daño
continuado: la afectación de las actividades económicas de los habitantes
del municipio ocurrió en un determinado momento, a partir del cual, debía
contarse la caducidad de la acción de grupo. El hecho de que, desde
cierta época no resulte posible continuar desarrollando las actividades
agrícolas y pesqueras, no significa que se trata de un daño continuado, sino
de una lesión permanente, que ocurrió en un momento cierto.

30. No obstante, la demanda no relacionó desde cuándo ocurrió la
afectación patrimonial de los habitantes del municipio Río Iró y se limitó a
contrastar una época anterior en la que se desarrollaban distintas
actividades agrícolas y pesqueras, con la actual, en la que dichas
actividades no son posibles. Al respecto, sería razonable concluir que, al
momento de presentar la demanda de acción de grupo habían
transcurrido más de los dos años previstos para la presentación oportuna de
esta demanda, cuando se alega que su causa es una omisión
administrativa. Por lo tanto, en el presente asunto se impondría la
declaratoria de la caducidad de la acción. Ahora bien, ante la ausencia
de datos precisos respecto de la fecha o fechas en las que habrían ocurrido
las afectaciones patrimoniales cuya reparación se pretende, no se
declarará la caducidad de la acción, en aplicación del principio pro
actione.

31. Sin embargo, ninguno de los ochocientos veintiséis miembros del grupo
demostró la calidad en la que actuaba, esto es, habitante del municipio Río
Iró, lo que impone, en este caso, declarar la falta legitimación activa en la
causa. En efecto, ninguno de los documentos que obran en el expediente
tienen idoneidad probatoria para demostrar la residencia en el municipio.
En primer término, y contrario a lo argumentado en el recurso de apelación,
el otorgar poder y realizar un acto notarial en determinado lugar no
10 de 14

Radicación: 27001-23-31-000-2013-00050-02 (66.484 AG)
Actor: María Eva Maturana y otros
Demandado: Municipio de Río Iró-Codechocó y otros
Referencia: Acción de grupo
Decisión: Revoca la sentencia y declara la falta de legitimación
activa en la causa

demuestra que se habita en dicho lugar, teniendo en cuenta que la
residencia no es un requisito para poder otorgar poderes en determinado
sitio. En segundo lugar, aunque los miembros iniciales del grupo aportaron,
con la demanda, unas impresiones de certificados que dan cuenta de la
inscripción y calificación en el SISBEN, dichos documentos son
inconducentes e insuficientes para demostrar la residencia ya que, aunque
en una casilla referencian “municipio: Río Iró”, dicho documento no precisa
el lugar o dirección de residencia de dicha persona ni si, al momento de los
hechos, habitaban en dicho municipio. De la fecha de realización de la
calificación en el SISBEN no es posible deducir que, para el momento de
ocurrencia del daño, dicha persona habitaba en el municipio ya que, como
se explicó, la demanda no precisó cuándo habrían ocurrido las
afectaciones patrimoniales que debían ser reparadas. Las personas que,
con posterioridad, fueron integradas al grupo, aportaron la impresión de la
constancia del SISBEN14. Al respecto, estos documentos no pueden ser
valorados porque no se trató de pruebas decretadas, debidamente
ingresadas al expediente, en las oportunidades probatorias legalmente
previstas. En tercer lugar, ante la ausencia de pruebas de la residencia en el
municipio, la primera instancia dispuso mediante Auto 125 de 16 de febrero
de 201715 “Niéguese por impertinente, la comparecencia de los accionados para probar
la residencia de los mismos en el municipio de Río Iró, de conformidad con el artículo 168
del C.G.P. En su lugar, ofíciese al Alcalde del Municipio de Río Iró, para que envíe con
destino a este proceso, certificación donde conste que las personas que figuran como
demandantes en esta acción de grupo, efectivamente pertenecen y residen en el territorio,
para la cual se enviará copia del auto que admitió la demanda y de los autos que
reformaron la misma donde se adicionó el grupo”. Sin embargo, el alcalde municipal
no aportó dicha certificación, el tribunal de primera instancia no lo requirió
para que cumpliera la orden y la parte demandante tampoco insistió en la
práctica de esa prueba. Finalmente, aunque se allegó un dictamen
pericial16, allí se constataron únicamente las afectaciones al medio
ambiente, pero no se relacionan las personas afectadas, ni su residencia en
el municipio.

32. Aunque en el recurso de apelación se argumentó que el tribunal de
primera instancia debió decretar pruebas de oficio, destinadas a demostrar
la calidad de residentes en el municipio, lo cierto es que, al haber decretado
la prueba mencionada, con este mismo objeto (Auto 125 de 16 de febrero
de 2017 mencionado), el tribunal se sustraía de la necesidad de examinar la
posibilidad de decretar pruebas de oficio. Al respecto, la Sala precisa que
el recurso de apelación no es el mecanismo para cuestionar la falta de
práctica de determinada prueba, cuando en la oportunidad debida,
durante la primera instancia, la parte no fue diligente y no requirió al tribunal,
para que insistiera sobre la prueba oportunamente decretada.

33. Así las cosas, como lo concluyó la primera instancia, los miembros del
grupo no demostraron residir en el municipio Río Iró, calidad en la que

14 Folios 1711-1911 c. 7; 1911-2112 c. 8; 2113-2288 c. 9; 161-1675 c. principal del Consejo de Estado.
15 Folio 1254 c. 5.
16 Folios 1287-1458 c. 6.

11 de 14

Radicación: 27001-23-31-000-2013-00050-02 (66.484 AG)
Actor: María Eva Maturana y otros
Demandado: Municipio de Río Iró-Codechocó y otros
Referencia: Acción de grupo
Decisión: Revoca la sentencia y declara la falta de legitimación
activa en la causa

actuaban como miembros del grupo, por lo que se declarará la falta de
legitimación en la causa.

34. En todo caso, de haber demostrado la calidad de residentes en el
municipio, las pretensiones no podían prosperar, teniendo en cuenta que,
en el expediente no obran pruebas que demuestren las afectaciones,
individualmente consideradas, a los miembros del grupo demandante. Así,
ante la ausencia del primer elemento de la responsabilidad patrimonial del
Estado, las pretensiones debían ser denegadas. Este elemento se encuentra
reiterado en la Ley 472 de 1998, al exigir la prueba de perjuicios individuales
de los miembros del grupo.

2.2. Sobre la condena en costas

19. En relación con las costas, el artículo 65 de la Ley 472 de 1998 dispuso (se
trascribe):

“Contenido de la Sentencia. La sentencia que ponga fin al proceso se
sujetará a las disposiciones generales del Código de Procedimiento Civil y
además, cuando acoja las pretensiones incoadas; dispondrá:
(…)
5. La liquidación de las costas a cargo de la parte vencida, teniendo en
cuenta las expensas necesarias para la publicación del extracto de la
sentencia”. (negrillas agregadas)

20. De la lectura de la norma es claro que si bien la Ley 472 de 1998 remitió
a las normas procesales generales, de manera expresa solo previó la
imposición de costas cuando se profiera una sentencia condenatoria. Esta
interpretación responde a la filosofía que inspira la acción de grupo y que
consiste en permitir e incentivar que personas que, aun pudiendo presentar
demandas individuales o separadas, aúnen esfuerzos procesales en pro de
tramitar un proceso grupal, que cobije a quienes comparten causa común
del perjuicio.

21. Esta acción permite solicitar una indemnización “por un número plural o
un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de
una misma causa”17. Sin embargo, no se exige que el grupo se encuentre
determinado de antemano, con la presentación de la demanda18 y puede
incluso ampliarse una vez finalizado el proceso19. Salvo en lo que respecta a
los miembros iniciales del grupo, los efectos para todo el grupo, incluso
respecto de quienes no participaron en el proceso, constituye un claro
ejemplo de representación judicial sin poder, algo que necesariamente
tiene consecuencias respecto de las costas procesales.

17 Artículo 3 de la Ley 472 de 1998.
18 Artículo 48 de la Ley 472 de 1998: “Titulares de las Acciones. Podrán presentar acciones de grupo las personas

naturales o jurídicas que hubieren sufrido un perjuicio individual conforme lo estable el artículo 47 (…) Parágrafo.- En
la acción de grupo el actor o quien actúe como demandante, representa a las demás personas que hayan sido
afectada individualmente por los hechos vulnerantes, sin necesidad de que cada uno de los interesados ejerza
por separado su propia acción, ni haya otorgado poder”.
19 De acuerdo con el numeral 4 del artículo 65 de la Ley 472 de 1998, publicado el extracto de la sentencia en un

diario de amplia circulación nacional, podrán presentarse al juzgado para reclamar la indemnización los
“lesionados por los mismos hechos y que no concurrieron al proceso”.

12 de 14

Radicación: 27001-23-31-000-2013-00050-02 (66.484 AG)
Actor: María Eva Maturana y otros
Demandado: Municipio de Río Iró-Codechocó y otros
Referencia: Acción de grupo
Decisión: Revoca la sentencia y declara la falta de legitimación
activa en la causa

22. De este modo, resultaría ilógico considerar que es posible imponer costas
a una parte procesal de número indeterminado. Asimismo, sería contrario a
un criterio de igualdad imponer las costas a quienes concurrieron al proceso,
pues claramente actúan en nombre de todos los afectados que, como se
indicó, podrían verse, eventualmente, beneficiados por una decisión
favorable. Adicionalmente, la imposición de costas se expondría a la
dificultad real del recaudo de su monto entre todos los miembros del grupo,
presentes o no en el proceso y, con ello, se desincentivaría un instrumento
de raigambre constitucional, que se inspira en los principios de solidaridad y
de economía procesal.

23. Conviene precisar, en todo caso, que en el ordenamiento jurídico existen
otras normas para evitar que, dadas las anteriores particularidades, se
cometan abusos del derecho en el ejercicio de las acciones de grupo. Así,
el artículo 78 del CGP determina que los apoderados deben, entre otros,
“obrar sin temeridad en sus pretensiones” y “proceder con lealtad y buena
fe en todos sus actos”. El artículo 79 señala que existe temeridad o mala fe
cuando es “manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda” y
“cuando se utilice el proceso (…) para fines claramente ilegales o con
propósitos dolosos o fraudulentos”.

24. En consecuencia, dado que el ordenamiento faculta al apoderado de
ciertas personas, para representar judicialmente sin poder al resto de los
miembros del grupo, este deberá actuar con los máximos estándares de
diligencia y buena fe en el cumplimiento de sus deberes profesionales pues,
de lo contrario, verá comprometida su responsabilidad patrimonial en los
términos del artículo 81 del CGP20.

25. Así las cosas, en aplicación del precedente jurisprudencial de esta
misma Subsección21, considera la Sala que, en lo que respecta a la acción
de grupo, la condena en costas, cuando las pretensiones han sido
denegadas, solamente procede cuando se encuentre demostrada la
temeridad o la mala fe. En el presente asunto no se observa temeridad ni
mala fe del apoderado de la parte demandante, por lo que la Sala se
abstendrá de condenar por este concepto.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

20 Artículo 81 del Código General del Proceso: “Al apoderado que actúe con temeridad o mala fe se le impondrá

la condena de que trata el artículo anterior, la de pagar las costas del proceso, incidente o recurso y multa de
diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales. Dicha condena será solidaria si el poderdante también obró
con temeridad o mala fe.
Copia de lo pertinente se remitirá a la autoridad que corresponda con el fin de que adelante la investigación
disciplinaria al abogado por faltas a la ética profesional”.
21 Consejo de Estado, Secc. 3, Sub. B, Sentencia de 17 de junio de 2024, exp. 68712.

13 de 14

Radicación: 27001-23-31-000-2013-00050-02 (66.484 AG)
Actor: María Eva Maturana y otros
Demandado: Municipio de Río Iró-Codechocó y otros
Referencia: Acción de grupo
Decisión: Revoca la sentencia y declara la falta de legitimación
activa en la causa

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 22 de enero de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo del Chocó, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. En su lugar, DECLARAR la falta de legitimación
activa en la causa de los miembros del grupo demandante.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas por esta instancia.

TERCERO: Por Secretaría, una vez ejecutoriada esta sentencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
-Aclaración de voto-

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado

14 de 14

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.