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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-33-000-2013-00043-02

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 27001-23-33-000-2013-00043-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Revócase la sentencia de 22 de enero de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó y en su lugar, DECLARAR la falta de legitimación activa en la causa de los miembros del grupo demandante. 2°) Sin condena en costas en esta instancia 3°) En firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 27001-23-33-000-2013-00043-02

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

22 de mayo de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintidós (22) de mayo dos mil veintiséis (2026)

Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 27001-23-33-000-2013-00043-02 (66.465)
Actores: JOSÉ ALIRIO QUINTO HURTADO Y OTROS
Demandados: MUNICIPIO CANTÓN DE SAN PABLO Y OTROS
Medio de control: REPARACIÓN DE PERJUICIOS CAUSADOS A
UN GRUPO DE PERSONAS
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – FALTA DE
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA

Síntesis del caso: Acción de grupo promovida por habitantes del municipio de Cantón de
San Pablo (Chocó) por afectaciones ambientales derivadas de la explotación minera en
la cuenca del río San Pablo. El Tribunal Administrativo del Chocó declaró la
responsabilidad de las entidades demandadas, ordenó medidas de reparación y negó la
indemnización por falta de prueba del daño individual. En segunda instancia, la Sala
revoca la decisión al no acreditarse la legitimación en la causa por activa de los
demandantes.

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y la
Agencia Nacional de Minería en contra de la sentencia de primera instancia
proferida el 22 de enero de 2020 por medio de la cual el Tribunal Administrativo
del Chocó accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda (índice SAMAI
00028, archivo ED_CUADERNO1_01FALLO(.PDF) NroActua 28).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito presentado el 28 de enero de 2013, treinta (30) personas
actuando en representación del grupo actor1, en ejercicio del medio de control

1 Mediante auto de 1 de agosto de 2013 el Tribunal Administrativo del Chocó reconoció como

nuevos integrantes del grupo actor a 340 personas.

2

Expediente: 27001-23-33-000-2013-00043-02 (66.465)
Demandantes: José Alirio Quinto Hurtado y Otros
Medio de control para la reparación de perjuicios causados a un grupo de personas

para la reparación de los perjuicios causados a un grupo, presentaron demanda
en contra del municipio de Cantón de San Pablo, la Corporación Autónoma para
el Desarrollo Sostenible del Chocó – CODECHOCÓ y el Instituto Colombiano de
Minas y Energía – INGEOMINAS, con las siguientes pretensiones:

“Suplico al despacho que con base en los hechos, se sirva
respetuosamente acceder a las pretensiones que a continuación
solicitaré, en procura de obtener con ellas la protección y defensa de los
intereses colectivos amenazados y violados.

PRIMERA: que se ordene el cese de toda actividad minera ilegal en la
cuenca del río SAN PABLO.

SEGUNDA: declarar como responsable de los derechos colectivos
violados a los habitantes del río SAN PABLO, al MUNICIPIO DE
CANTON DE SAN PABLO, representado legal mente por su señor
alcalde o por quien haga sus veces; a la CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO -
CODECHOCO, representada legalmente por su señor director o quien
haga sus veces y al INSTITUTO COLOMBIANO DE MINAS Y ENERGIA
• INGEOMINA, representada legalmente por su señor director o por
quien haga sus veces al momento de la notificación de esta demanda

TERCERA: que se condene a las entidades públicas demandadas a
pagar los perjuicios ocasionados que estimo en DIEZ MIL MILLONES
DE PESOS (10.000.000.000 mcte).

CUARTA: que se condene a las entidades públicas demandadas a las
costas del proceso.” (índice SAMAI 00028, archivo
ED_CUADERNO2_01DEMANDA(.PDF) NroActua 28).

2. Hechos

El fundamento fáctico de las pretensiones se sintetiza así:

1) En el municipio de Cantón de San Pablo, departamento del Chocó,
específicamente en el corregimiento de Managrú, el río San Pablo constituye la
principal fuente hídrica de la población y soporte de actividades de subsistencia
como pesca, agricultura y transporte fluvial, desarrollándose en su cuenca cultivos
de arroz y yuca, así como aprovechamiento forestal cuyos productos eran
destinados a la comercialización en municipios cercanos.

2) En el corregimiento de Managrú se implementaron actividades de explotación
minera aurífera en el cauce del río San Pablo mediante el uso de dragas de gran
tamaño y maquinaria pesada equipada con sistemas de succión para la extracción

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Expediente: 27001-23-33-000-2013-00043-02 (66.465)
Demandantes: José Alirio Quinto Hurtado y Otros
Medio de control para la reparación de perjuicios causados a un grupo de personas

de material del lecho fluvial, lo que implicó la intervención directa del cauce, la
remoción de su lecho y su ocupación para el desarrollo de dichas actividades.

3) Como consecuencia de la actividad minera indiscriminada a gran escala, el río
San Pablo presentó alteraciones en su configuración geomorfológica y en su
dinámica hidráulica, con dispersión del flujo, acumulación de sedimentos y pérdida
de navegabilidad, así como procesos de deforestación de los márgenes de la
ronda hídrica y alteración de las características físicas y químicas del agua por la
presencia de sedimentos y sustancias asociadas a la explotación, lo que incidió
en la extinción de la fauna y flora de la subcuenca.

4) Las alteraciones del cauce y de la contaminación del agua con sustancias como
cianuro y mercurio generaron inundaciones en zonas de cultivo, la acidificación
de los suelos y pérdida de los cultivos, la imposibilidad del uso del recurso hídrico
por parte de la población, así como la exposición de los habitantes a condiciones
ambientales que incidieron en la aparición de afecciones a su salud.

3. Fundamentos de derecho

1) Se citaron disposiciones constitucionales y legales relacionadas con la
protección del ambiente, el manejo de los recursos naturales y mineros y las
competencias de las autoridades públicas involucradas, particularmente el
Decreto 2811 de 1974 y las Leyes 99 de 1993 y 685 de 2001. A partir de dichas
disposiciones, se atribuye responsabilidad a las entidades demandadas por el
incumplimiento de las funciones que el ordenamiento jurídico les atribuye.

2) La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó –
CODECHOCÓ omitió ejercer de manera adecuada sus competencias como
autoridad ambiental en la jurisdicción, especialmente aquellas relacionadas con la
administración, control, vigilancia y protección de los recursos naturales, lo que
permitió la explotación minera ilegal y la consecuente degradación ambiental del
río San Pablo.

3) El Instituto Colombiano de Minas y Energía – INGEOMINAS debió implementar
mecanismos para evitar la explotación ilegal, ejercer control sobre las actividades

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Expediente: 27001-23-33-000-2013-00043-02 (66.465)
Demandantes: José Alirio Quinto Hurtado y Otros
Medio de control para la reparación de perjuicios causados a un grupo de personas

extractivas y adoptar acciones para impedir los daños ambientales derivados de
estas, obligaciones que no fueron cumplidas.

4) En cuanto al Municipio de Cantón de San Pablo se citan normas
constitucionales y legales que le atribuyen competencias en materia de
ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y control de los recursos
naturales.

4. Contestación de la demanda

La demanda y su reforma fueron admitidas2 mediante autos de 22 de febrero de
2013 y 1 de agosto de 2013, en el que se ordenó la notificación de las
demandadas, de quienes únicamente la Agencia Nacional de Minería3 – ANM
presentó contestación4 y se opuso a las súplicas de la demanda, con fundamento
en las siguientes razones:

1) En el área del municipio de Cantón de San Pablo únicamente se ha otorgado
un título minero legalmente constituido, identificado como contrato No. JJL-09071,
inscrito en el Registro Minero Nacional el 22 de noviembre de 2012, el cual se
encuentra en etapa de exploración y respecto del cual se ha ejercido el
seguimiento y control conforme a las competencias legales, encontrándose al día
en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

2) Las actividades descritas en la demanda corresponden a explotaciones mineras
realizadas al margen de la legalidad, esto es, sin título minero, respecto de las
cuales no existe competencia funcional de la Agencia Nacional de Minería para
ejercer control o adoptar medidas de suspensión. En estos casos es el municipio
quien ostenta la facultad de ordenar la suspensión de dichas actividades en

2 Índice SAMAI 00028, archivos ED_CUADERNO2_20AUTOS-AVOCACONOCIMIENTO(.PDF)
NroActua 28 y ED_CUADERNO5_12AUTOADMISORIOADMITEREFORMADEDEMANDA(.PDF)
NroActua 28.
3 De acuerdo con el artículo 19 del Decreto 4134 de 2011, “por el cual se crea la Agencia Nacional

de Minería, ANM, se determina su objetivo y estructura orgánica”, INGEOMINAS ejerció sus
funciones hasta que entró en operación la Agencia Nacional de Minería.
4 Índice SAMAI 00028, archivos ED_CUADERNO2_31CONTESTACIONDEMAND(.PDF)
NroActua 28, ED_CUADERNO3_01CONTESTACIONDEMANDA–
CONTINUACIÓNDECONTESTACIÓNDEMANDA(.PDF) NroActua 28 y
ED_CUADERNO2_22CONTESTACIONDEMAND(.PDF) NroActua 28.

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Expediente: 27001-23-33-000-2013-00043-02 (66.465)
Demandantes: José Alirio Quinto Hurtado y Otros
Medio de control para la reparación de perjuicios causados a un grupo de personas

ejercicio de sus funciones de policía, de conformidad con el artículo 306 del
Código de Minas.

3) Las afectaciones alegadas en la demanda no guardan relación con el ejercicio
de las funciones asignadas a la entidad, ni pueden derivarse de una acción u
omisión imputable a ella, en la medida en que provienen de actividades ilícitas
cuya prevención, control y represión corresponde a otras autoridades en el ámbito
de sus competencias.

5. Los alegatos de conclusión

Una vez practicadas las pruebas decretadas5, mediante auto de 10 de febrero de
2022 se corrió traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión y al
Ministerio Público para rendir concepto.

1) La ANM6 ratificó los argumentos expuestos en la contestación de la demanda,
en el sentido de que los daños alegados tienen origen en actividades de minería
ilegal que constituyen conductas delictivas atribuibles a particulares y cuyo control
corresponde a otras autoridades, particularmente la Fiscalía General de la Nación,
la Policía Nacional y el municipio. En relación con el dictamen pericial practicado
en el proceso, sostuvo que este no permite establecer con certeza la causa de los
daños ambientales, en la medida en que no descarta la incidencia de factores
distintos a la actividad minera ilegal presentes en el municipio de Cantón de San
Pablo, como la alta pluviosidad, tala indiscriminada de árboles, la ampliación de
la frontera agrícola, degradación del suelo y vertimientos de diversa naturaleza, ni
cuenta con mediciones concluyentes sobre niveles de contaminación.

5 Mediante auto de 13 de septiembre de 2013 (índice SAMAI 00028, archivo
ED_CUADERNO6_08AUDIENCIAPRUEBASP(.PDF) NroActua 28) fueron decretados como
medios de prueba los documentos aportados con la demanda y con la contestación; el recaudo
documental mediante oficios dirigidos a la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo
Sostenible del Chocó – CODECHOCÓ, al municipio de Cantón de San Pablo y al Comando de
Policía del Chocó, para que informaran sobre las actuaciones adelantadas frente a la explotación
minera ilegal en la cuenca del río San Pablo; y la práctica de un dictamen pericial a cargo de un
profesional en ingeniería ambiental designado por la Universidad Tecnológica del Chocó, con el
fin de establecer los daños ambientales causados al río, a los cultivos, a la flora y a la fauna, así
como determinar los niveles de contaminación del agua. Igualmente, se negó la inspección judicial
solicitada por la parte demandante.
6 Índice SAMAI 00028, archivo ED_CUADERNO6_13ALEGATOS-DECONCLUSIÓN(.PDF)

NroActua 28.

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Expediente: 27001-23-33-000-2013-00043-02 (66.465)
Demandantes: José Alirio Quinto Hurtado y Otros
Medio de control para la reparación de perjuicios causados a un grupo de personas

2) CODECHOCÓ7 sostuvo que la actividad minera ilegal es la causa de los
impactos ambientales, pero que la responsabilidad recae principalmente en el
municipio de Cantón de San Pablo, por no ejercer sus competencias de control y
suspensión de dicha actividad. En cuanto al dictamen pericial, consideró que este
no demuestra una afectación actual del ecosistema acuático, en la medida en que
algunos parámetros analizados no superan los límites establecidos.

3) El municipio de Cantón de San Pablo8 indicó que no se acreditó la existencia
de perjuicios individuales en cabeza de los integrantes del grupo, en tanto no se
probó que desarrollaran actividades económicas afectadas ni que hubieran sufrido
pérdidas materiales, contexto en el que el dictamen pericial describe condiciones
generales de contaminación, sin demostrar afectaciones concretas a los
demandantes ni el uso del recurso hídrico por parte de estos. Añadió que, para el
consumo de agua, la población se abastece del acueducto de Managrú, cuya
bocatoma se ubica en la quebrada Quita Arrechera, y que para actividades
recreativas acude a otras fuentes, como las quebradas Chagarapá y la misma
Quita Arrechera, entre otras.

4) La parte actora9 sostuvo que el dictamen pericial acreditó la existencia del daño
y que, al no haber sido objetado ni controvertido, debe otorgársele pleno valor
probatorio, lo que permite tener por demostrados los elementos de la
responsabilidad.

5) El Ministerio Público10 emitió concepto en el que advirtió , si bien las pruebas
del proceso evidencian afectaciones al medio ambiente y a la salubridad pública,
particularmente en relación con la contaminación del río y la alteración de las
condiciones naturales de la zona, no se encuentra acreditado el daño individual
en cabeza de los integrantes del grupo, en la medida en que no se demuestran
perjuicios particulares derivados de dichas afectaciones, presupuesto
indispensable para la prosperidad de la acción de grupo.

7 Índice SAMAI 00028, archivo ED_CUADERNO6_10ALEGATOS-DECONCLUSIÓN(.PDF)
NroActua 28.
8 Índice SAMAI 00028, folios 843 a 843 del archivo ED_CUADERNO6_11ALEGATOS(.PDF)

NroActua 28.
9 Índice SAMAI 00028, folios 841 a 842 del archivo ED_CUADERNO6_11ALEGATOS(.PDF)

NroActua 28.
10 Índice SAMAI 00028, archivo ED_CUADERNO6_12OTROS-MEMORIAL
EMITIENDOCONCEPTODELMINISTERIOPUBLICO (.PDF) NroActua 28.

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Expediente: 27001-23-33-000-2013-00043-02 (66.465)
Demandantes: José Alirio Quinto Hurtado y Otros
Medio de control para la reparación de perjuicios causados a un grupo de personas

Posteriormente, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado11 intervino
en el proceso para solicitar la negación de las pretensiones, al considerar que no
se acreditó la existencia de un daño indemnizable, en la medida en que no se
demostró la ocurrencia de perjuicios ciertos y personales, ni su correspondencia
con los ingresos de los integrantes del grupo o la afectación efectiva de sus
actividades económicas. Indicó que la afectación ambiental no implica
automáticamente un daño resarcible y que no se demostró el nexo causal entre la
conducta de las entidades demandadas y los perjuicios alegados, ni la
configuración de una falla del servicio por omisión, en tanto las entidades del orden
nacional no tienen competencia para erradicar la minería ilegal.

6. La sentencia apelada

El 22 de enero de 2020, el Tribunal Administrativo del Chocó dictó sentencia12 en
la que declaró la responsabilidad de las demandadas, las condenó a reparar los
perjuicios causados a la comunidad del Cantón de San Pablo como consecuencia
del daño ambiental generado por la actividad minera presentada en dicha zona
municipal, les impuso órdenes consistentes en medidas restaurativas y las
condenó en costas, con base en los siguientes argumentos:

1) El material probatorio, en particular el dictamen pericial practicado dentro del
proceso, permitió constatar la existencia de un daño ambiental significativo en las
fuentes hídricas del río San Pablo y demás recursos naturales del municipio de
Cantón de San Pablo, derivado de actividades de minería ilegal desarrollada por
particulares en su cauce, las cuales generaron alteraciones en la dinámica del río,
sedimentación, afectación de la calidad del agua y disminución de la fauna íctica,
lo que incidió en las condiciones ambientales del entorno.

2) El daño ambiental es imputable a la Agencia Nacional de Minería, a la
Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó y al
municipio de Cantón de San Pablo, por la omisión conjunta en el cumplimiento de
sus deberes constitucionales y legales de control, vigilancia, fiscalización y
protección del medio ambiente y de los recursos naturales, lo que permitió la

11 Índice SAMAI 00028, archivo ED_CUADERNO6_14OTROS-MEMORIAL
EMITIENDOESCRITODEINTERVENCIÓN (.PDF) NroActua 28
12 Índice SAMAI 00028, archivo ED_CUADERNO1_01FALLO(.PDF) NroActua 28.

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Expediente: 27001-23-33-000-2013-00043-02 (66.465)
Demandantes: José Alirio Quinto Hurtado y Otros
Medio de control para la reparación de perjuicios causados a un grupo de personas

persistencia de la actividad minera y la producción del daño ambiental,
configurándose una falla del servicio por incumplimiento de sus deberes
funcionales.

En efecto, las demandadas conocían la situación de explotación minera y la
afectación ambiental existente en el territorio, y contaban con competencias para
intervenir, adoptar medidas preventivas, ejercer control y evitar la producción del
daño, sin que se evidencie el despliegue de actuaciones eficaces dirigidas a su
prevención, mitigación o control.

En particular, la Agencia Nacional de Minería omitió ejercer de manera efectiva
sus funciones de seguimiento, control y fiscalización de la actividad minera;
CODECHOCÓ no adoptó medidas idóneas y eficaces para prevenir y mitigar el
daño ambiental; y el municipio de Cantón de San Pablo no ejerció de manera
adecuada sus competencias de policía administrativa para suspender la
explotación ilegal y proteger los recursos naturales.

3) No se acreditó la existencia de perjuicios individuales, ciertos y cuantificables
en cabeza de los integrantes del grupo demandante, en tanto no se demostró que
estos residieran en la zona afectada ni su condición de afectados directos por la
actividad minera. En efecto, en cuanto a lo primero, los demandantes no probaron
que habitaran o hubieran habitado en el municipio de Cantón de San Pablo ni en
el área de influencia del río San Pablo, ni que mantuvieran una relación directa
con el recurso hídrico impactado; y en relación con lo segundo no acreditaron la
actividad económica desarrollada por cada uno de ellos ni que derivaran su
sustento de actividades como la pesca, la agricultura o el aprovechamiento del
río, por lo que no se demostró la existencia de perjuicios materiales.

4) El daño ambiental comprobado impone la adopción de medidas de reparación
in natura orientadas al restablecimiento del equilibrio ecológico y la protección de
los derechos de la comunidad afectada, por lo que se impone a las demandadas
de manera conjunta, la formulación y ejecución de un plan de manejo ambiental
dirigido a la recuperación de la cuenca del río San Pablo, la restauración de sus
ecosistemas, la reforestación de las zonas afectadas, la eliminación de los
impactos generados por la actividad minera, la implementación de medidas de
seguimiento, control y monitoreo permanente de la actividad minera, la definición

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Expediente: 27001-23-33-000-2013-00043-02 (66.465)
Demandantes: José Alirio Quinto Hurtado y Otros
Medio de control para la reparación de perjuicios causados a un grupo de personas

de indicadores de cumplimiento y la participación de las comunidades en el diseño
y ejecución de las acciones de recuperación.

7. Recurso de apelación

1) La Agencia Nacional de Minería interpuso recurso de apelación13, con
fundamento en los siguientes cuestionamientos:

a. La sentencia atribuyó responsabilidad por omisión en el control y combate de
la minería ilegal, pese a que dicha función no hace parte de las competencias
legales de la Agencia Nacional de Minería, lo que desconoce el principio de
legalidad, en tanto la entidad ejerce funciones de fiscalización sobre títulos
mineros y no de persecución de actividades ilícitas ni de control ambiental.

b. No se acreditó la imputación fáctica del daño a la Agencia Nacional de Minería,
en tanto no se probó que la actividad desarrollada por el titular del contrato de
concesión minera No. JJl-09071 hubiera generado el daño ambiental, ni que
este fuera atribuible a la entidad, máxime cuando el dictamen pericial señala
que la afectación proviene de actividades de explotación mediante dragas en
el cauce del río, ajenas al título minero.

c. La sentencia incurre en incongruencia al reconocer la ausencia de prueba de
perjuicios individuales y, pese a ello, mantener la condena, así como al
impartir órdenes no solicitadas en la demanda y disponer medidas que no
guardan relación con la finalidad indemnizatoria de la acción de grupo, reparos
cuya sustentación se desarrolla de manera integral en la segunda instancia.

2) A su turno, la parte actora interpuso recurso de apelación14, en el que
controvierte la decisión de negar las pretensiones indemnizatorias, con
fundamento en los siguientes cuestionamientos:

a. La sentencia concluyó que no se acreditó la residencia de los demandantes
en el municipio de Cantón de San Pablo, pese a que en el expediente obran

13 Índice SAMAI 00028, archivo D_CUADERNO1_10RECURSOAPELACION-
CONANEXOSINCLUIDOSP(.PDF) NroActua 28.
14 Índice SAMAI 00028, archivo ED_CUADERNO1_08RECURSOAPELACIONP(.PDF) NroActua

28.

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Expediente: 27001-23-33-000-2013-00043-02 (66.465)
Demandantes: José Alirio Quinto Hurtado y Otros
Medio de control para la reparación de perjuicios causados a un grupo de personas

elementos probatorios que permiten inferirla, entre ellos documentos
aportados y los poderes autenticados en dicha localidad, los cuales
constituyen indicios que no fueron valorados.

b. Se incurrió en un exceso ritual manifiesto al negar las pretensiones por
razones formales, sin ejercer las facultades oficiosas para esclarecer los
hechos ni realizar una valoración integral del acervo probatorio, lo que implicó
desconocer el deber del juez de garantizar la prevalencia del derecho
sustancial y la búsqueda de la verdad material.

8. Actuación surtida en segunda instancia

1) El 5 de abril de 2021 se admitieron los recursos de apelación interpuestos por
la parte actora y la Agencia Nacional de Minería y el 4 de septiembre de 2023 se
dispuso correr traslado a las partes para que presentaran por escrito sus
alegaciones de conclusión, así como también al Ministerio Público para que
emitiera concepto.

2) La Agencia Nacional de Minería15 y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado16
reiteraron los argumentos expuestos en el recurso de apelación y en el escrito de
intervención de la primera instancia, respectivamente. Sin perjuicio de lo anterior,
en el caso de la segunda, la entidad agregó que no se acreditaron los
presupuestos de procedibilidad de la acción de grupo, en particular la existencia
de una causa común y la prueba de perjuicios individuales, dado que el material
probatorio no permite establecer afectaciones particulares respecto de cada uno
de los integrantes del grupo .

3) El Ministerio Público17 rindió concepto en el que consideró:

a. La Agencia Nacional de Minería no está llamada a responder por los daños
reclamados, en tanto dentro de su ámbito funcional no se encuentra el control,
vigilancia ni prevención de la minería ilegal, por lo que no puede configurarse
una falla del servicio atribuible a dicha entidad.

15 Índice SAMAI 00068, archivo 252_MemorialWeb_Alegatos(.pdf) NroActua 68.
16 Índice SAMAI 00067, archivo
RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_2013000430266465(.pdf) NroActua 67.
17 Índice SAMAI 00069, archivo Memorial_NGB_256CONCEPTO(.pdf) NroActua 69.

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Expediente: 27001-23-33-000-2013-00043-02 (66.465)
Demandantes: José Alirio Quinto Hurtado y Otros
Medio de control para la reparación de perjuicios causados a un grupo de personas

b. Aunque no se acreditó de manera concreta la actividad económica ni la cuantía
de los perjuicios individuales, ello no impide su reconocimiento, en la medida
en que se encuentra demostrada la existencia del daño y resulta procedente
acudir al criterio de equidad para su tasación y condenar en abstracto.
c. Los integrantes del grupo no pierden legitimación por la falta de prueba estricta
de su domicilio, en tanto se identifican como miembros de la comunidad
afectada y reclaman perjuicios derivados de una misma causa común.
d. Está acreditado el daño ambiental ocasionado por la actividad minera ilegal y
la afectación a la comunidad, así como el incumplimiento de las funciones de
control y vigilancia por parte de las autoridades ambientales y territoriales.
e. Debe modificarse la sentencia para excluir a la Agencia Nacional de Minería
de la condena, reconocer la indemnización de perjuicios individuales con base
en criterios de equidad y mantener las medidas de reparación ambiental
ordenadas.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso y verificado que no existe causal de
nulidad que invalide lo actuado, la Sala18 procede a resolver el asunto con el
siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2)
caducidad, 3) análisis de la impugnación, 4) costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

Previo a cualquier análisis de fondo, corresponde a la Sala establecer si en el
presente asunto se encuentran acreditados los presupuestos de la acción de
grupo promovida con ocasión de las afectaciones ambientales derivadas de la
actividad minera desarrollada en la cuenca del río San Pablo, en particular la
legitimación en la causa por activa de los integrantes del grupo demandante y la
existencia de perjuicios individuales, ciertos y cuantificables en su favor.

18 Esta Corporación es competente para conocer de las acciones de grupo originadas en la
actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones
administrativas, según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 472 de 1998, como sucede en el
presente caso en el que la acción está formulada contra el municipio de Cantón de San Pablo,
CODECHOCÓ e INGEOMINAS. Además, tiene competencia funcional para resolver el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia recurrida de conformidad con el artículo 150 del CPACA
y, en particular, esta Sección debe decidir el asunto en virtud de lo dispuesto por el artículo 13 del
Acuerdo 80 de 2019 (numeral 12 del título “Sección Tercera”).

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Expediente: 27001-23-33-000-2013-00043-02 (66.465)
Demandantes: José Alirio Quinto Hurtado y Otros
Medio de control para la reparación de perjuicios causados a un grupo de personas

De no encontrarse acreditados tales presupuestos, no habría lugar a abordar el
estudio de la responsabilidad de las entidades demandadas ni a acceder a las
pretensiones indemnizatorias formuladas.

La Sala revocará la sentencia apelada, en cuanto no se acreditó la legitimación
en la causa por activa de los integrantes del grupo demandante.

2. Caducidad

1) La acción de grupo debe ejercerse dentro de los dos (2) años siguientes a la
fecha en que se causó el daño o cesó la acción vulnerante que le dio origen,
conforme a lo previsto en el artículo 47 de la Ley 472 de 1998.

2) Según lo ha precisado esta Subsección 19, para efectos de determinar el
momento a partir del cual inicia el cómputo de dicho término, resulta necesario
distinguir entre el daño ecológico o daño ambiental puro y el daño ambiental
impuro o derivado de aquel, cuya reparación se pretende a través del medio de
control ejercido en el presente caso. En efecto, mientras el primero puede tener
carácter continuado cuando la actividad que lo genera se prolonga en el tiempo,
el segundo, al depender de afectaciones individuales, exige que el análisis de
caducidad se centre en el momento en que dichas afectaciones se producen en
cabeza de los integrantes del grupo.

3) En ese contexto, los perjuicios derivados de la afectación ambiental no
constituyen, en principio, un daño continuado, sino una lesión que se concreta
cuando se altera de manera efectiva la actividad económica, las condiciones de
vida o el aprovechamiento de los recursos por parte de los demandantes, aun
cuando sus efectos se proyecten en el tiempo.

4) Si bien se encuentra acreditado que la actividad minera y la afectación
ambiental en la cuenca del río San Pablo se han prolongado en el tiempo, no
ocurre lo mismo respecto de los perjuicios individuales alegados, pues la demanda
no precisa el momento en que se produjo la afectación patrimonial de los

19 Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 17 de octubre de 2025, expediente 27001-23-31-

000-2013-00050-02 (66.484 AG). MP. Alberto Montaña Plata.

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Expediente: 27001-23-33-000-2013-00043-02 (66.465)
Demandantes: José Alirio Quinto Hurtado y Otros
Medio de control para la reparación de perjuicios causados a un grupo de personas

integrantes del grupo. Esa indeterminación impide establecer con certeza el punto
de partida para el cómputo del término de caducidad, razón por la cual, en
aplicación del principio pro actione, la Sala se abstendrá de declarar la caducidad
de la acción.

3. Análisis de la impugnación

1) El recurso de apelación interpuesto por la parte actora cuestiona la negativa
del Tribunal a reconocer perjuicios en favor de los integrantes del grupo
demandante, al considerar que sí se encuentra acreditada su condición de
afectados por la actividad minera desarrollada en la cuenca del río San Pablo, así
como la existencia del daño ambiental. Igualmente, sostiene que el juez de
primera instancia debió hacer uso de sus facultades probatorias oficiosas con el
fin de verificar la residencia de los demandantes y su relación con el daño alegado.

2) La Sala advierte que el presente asunto se inscribe en una línea de decisiones
recientes de las Subsecciones A y B, en las que se han analizado casos
planteados en ejercicio del medio de control de reparación de perjuicios causados
a un grupo, promovidos con ocasión de afectaciones ambientales derivadas de
actividades de minería ilegal en distintos municipios del departamento del Chocó.

En efecto, en un caso previamente decidido por esta misma Subsección 20, se
examinó una acción de grupo promovida por habitantes del municipio de Río Iró
contra el municipio, la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo
Sostenible del Chocó –CODECHOCÓ– y la Agencia Nacional de Minería, en la
que se alegaron afectaciones al recurso hídrico, a la salubridad pública y a las
actividades económicas de las comunidades ribereñas, derivadas del uso de
dragas y sustancias contaminantes.

20 Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 17 de octubre de 2025, expediente 27001-23-31-

000-2013-00050-02 (66.484 AG). MP. Alberto Montaña Plata. En ese asunto, el Tribunal
Administrativo del Chocó accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, declaró la
responsabilidad de las entidades demandadas y ordenó la adopción de medidas restaurativas
orientadas a la recuperación del recurso hídrico afectado. La decisión fue apelada por la el grupo
demandante, la Agencia Nacional de Minería y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, y en
segunda instancia la Sala revocó la sentencia al encontrar que no se acreditaron los presupuestos
estructurales de la acción de grupo, en particular la existencia de condiciones uniformes derivadas
de una causa común que permitiera identificar a los integrantes del grupo demandante como
sujetos de un daño individualizable, lo que condujo a que declarara la falta de legitimación en la
causa por activa.

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Expediente: 27001-23-33-000-2013-00043-02 (66.465)
Demandantes: José Alirio Quinto Hurtado y Otros
Medio de control para la reparación de perjuicios causados a un grupo de personas

De igual manera, en otro asunto decidido por la Subsección A21 con supuestos
fácticos sustancialmente coincidentes, relativo a la cuenca del río Las Ánimas en
el municipio de Unión Panamericana, se examinó una acción de grupo promovida
contra la Agencia Nacional de Minería, la Corporación Autónoma Regional para el
Desarrollo Sostenible del Chocó –CODECHOCÓ–, el municipio de Unión
Panamericana, el departamento del Chocó, el Ministerio de Minas y Energía y el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por la afectación ambiental
ocasionada por la actividad minera, en un contexto caracterizado por la alteración
del cauce de los ríos, la contaminación del agua y la afectación de las actividades
productivas de las comunidades.

3) En los términos de dicha línea jurisprudencial, la prosperidad de la acción de
grupo exige la acreditación de la condición en la que actúan los integrantes del
grupo, así como la demostración de la afectación individual derivada del daño
alegado.

4) En el presente caso, los demandantes aportaron, entre otros documentos, los
poderes conferidos para actuar dentro del proceso y constancias de inscripción y
calificación en el Sisbén22, con el propósito de acreditar su condición de habitantes
del municipio de Cantón de San Pablo. No obstante, dichos documentos carecen
de idoneidad probatoria para demostrar la residencia efectiva en la zona afectada,
en tanto el otorgamiento de poder y la realización de actuaciones notariales en un
determinado lugar no permiten inferir el domicilio o residencia de quien los
suscribe, ni las constancias del Sisbén permiten establecer el lugar específico de
habitación, la permanencia en el mismo o su coincidencia temporal con los hechos
generadores del daño, sin que obren en el expediente otros elementos de
convicción que, apreciados en conjunto, permitan inferir razonablemente el arraigo
territorial de los demandantes en la zona afectada.

21 Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 18 de febrero de 2022, expediente 27001-23-33-

000-2013-00151-031 (67.253). MP. Marta Nubia Velásquez Rico. En ese caso, el Tribunal
Administrativo del Chocó accedió parcialmente a las pretensiones, declaró la responsabilidad de
las cinco (5) entidades demandadas, y ordenó la adopción de medidas restaurativas dirigidas a la
recuperación de la cuenca del río afectado. La decisión fue apelada por la parte demandante
únicamente, quien insistió en el reconocimiento de perjuicios, y en segunda instancia la Sala, si
bien encontró acreditada la existencia de un daño ambiental, negó la indemnización al no
demostrarse la afectación individual en cabeza de los integrantes del grupo demandante.
22 Índice SAMAI 00028, archivo ED_CUADERNO6_19OTROS-MEMORIAL
REMITIENDODOCUMENTACIÓN (.PDF) NroActua 28.

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Expediente: 27001-23-33-000-2013-00043-02 (66.465)
Demandantes: José Alirio Quinto Hurtado y Otros
Medio de control para la reparación de perjuicios causados a un grupo de personas

5) A ello se suma que el dictamen pericial23 practicado dentro del proceso se limita
a constatar la existencia de una afectación ambiental en la cuenca del río San
Pablo, sin individualizar a las personas afectadas ni establecer su relación directa
con el daño, de manera que no resulta posible tener por acreditada la condición
de afectados directos de los integrantes del grupo ni la existencia de perjuicios
individuales en los términos exigidos por este medio de control.

6) En cuanto al argumento del recurso de apelación relativo a la necesidad de
decretar pruebas de oficio, la Sala precisa que la carga de acreditar los
presupuestos de la acción de grupo recae en la parte demandante, sin que la
facultad del juez para decretar pruebas de oficio pueda entenderse como un
mecanismo para suplir la inactividad probatoria de las partes. En estas
condiciones, no resulta procedente trasladar al juez la obligación de acreditar
hechos que correspondía demostrar a los demandantes, ni puede el recurso de
apelación convertirse en una oportunidad para subsanar la falta de diligencia
probatoria en la primera instancia.

7) En estas condiciones, la Sala concluye que los integrantes del grupo
demandante no acreditaron su condición de residentes en el municipio de Cantón
de San Pablo ni, en general, la calidad en la que actúan como sujetos afectados
por los hechos que dieron lugar a la demanda, lo que impide reconocerles la
legitimación en la causa por activa en el presente asunto.

Dado que la falta de legitimación en la causa por activa conduce a revocar la
sentencia impugnada y negar vocación al estudio de fondo de las pretensiones, la
Sala se abstendrá de examinar los reparos formulados por la Agencia Nacional
de Minería en su recurso de apelación.

8) En todo caso, aun si se admitiera que los integrantes del grupo hubiesen
acreditado su condición de residentes en el municipio de Cantón de San Pablo,
las pretensiones no estarían llamadas a prosperar, en la medida en que no obra
en el expediente prueba alguna que permita establecer las afectaciones
individuales, ciertas y cuantificables sufridas por cada uno de ellos con ocasión
del daño ambiental alegado.

23 Índice SAMAI 00028, archivo ED_CUADERNO5_69OTROS-MEMORIAL
EMITIENDOINFORMEPERICIAL (.PDF) NroActua 28.

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Expediente: 27001-23-33-000-2013-00043-02 (66.465)
Demandantes: José Alirio Quinto Hurtado y Otros
Medio de control para la reparación de perjuicios causados a un grupo de personas

En efecto, el material probatorio se limita a dar cuenta de la existencia de una
afectación ambiental en la cuenca del río San Pablo, sin que de ello pueda
inferirse, de manera automática, la existencia de perjuicios indemnizables en
cabeza de los demandantes, pues la acción de grupo exige la acreditación de un
daño individualizable, derivado de una causa común.

En ese sentido, la ausencia de prueba sobre la incidencia concreta del daño en
las condiciones de vida, actividades económicas o situación particular de los
integrantes del grupo impide tener por acreditado el primer elemento de la
responsabilidad patrimonial del Estado, lo que, por sí solo, conduciría a la negativa
de las pretensiones, de conformidad con lo previsto en la Ley 472 de 1998.

4. Costas

De conformidad con el artículo 365, numeral 1, del CGP24, “se condenará en
costas (…) a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación”; no
obstante, es preciso señalar que, en materia de costas, el medio de control de
reparación de los perjuicios causados a un grupo se rige por la norma especial del
artículo 65 de la Ley 472 de 199825; con fundamento en esta disposición, esta
Subsección ha entendido26 que solo procede la condena en costas cuando la
sentencia acoge las pretensiones, hipótesis que no se verifica en el presente caso,
por lo cual no hay lugar a dicha condena en segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

24 Norma aplicable en atención a lo decidido por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo

de Estado en auto del 14 de noviembre de 2024, exp. 69.376, MP José Roberto Sáchica Méndez,
en el cual se estableció que, respecto del trámite de apelación de las sentencias proferidas en el
marco del medio de control jurisdiccional de reparación de los perjuicios causados a un grupo de
personas rigen las normas contenidas en el CGP y en la Ley 2213 de 2022 (salvo en lo que atañe
a la oportunidad para sustentar el recurso de apelación y la notificación al Ministerio Público).
25 El artículo 65 de la Ley 472 de 1998, dispone: “La sentencia que ponga fin al proceso se sujetará

a las disposiciones generales del Código de Procedimiento Civil y, además, cuando acoja las
pretensiones incoadas, dispondrá: (…) 5. La liquidación de las costas a cargo de la parte
vencida, teniendo en cuenta las expensas necesarias para la publicación del extracto de la
sentencia” (negrillas adicionales).
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 17 de octubre de 2025,

radicación no. 25000-23-41-000-2013-01191-01 (70.460), MP. Fredy Ibarra Martínez.

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Expediente: 27001-23-33-000-2013-00043-02 (66.465)
Demandantes: José Alirio Quinto Hurtado y Otros
Medio de control para la reparación de perjuicios causados a un grupo de personas

FALLA:

1°) Revócase la sentencia de 22 de enero de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo del Chocó y en su lugar, DECLARAR la falta de legitimación activa
en la causa de los miembros del grupo demandante.

2°) Sin condena en costas en esta instancia

3°) En firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen,
previas las constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección
(firmado electrónicamente)

Con aclaración de voto
ALBERTO MONTAÑA PLATA DIEGO ENRIQUE FRANCO
Magistrado Magistrado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados
de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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