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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2016-01671-02

Fecha
15 de julio de 2026
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2016-01671-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 29 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B. En consecuencia, DECLARAR improcedente la acción por la falta de conformación del grupo. SEGUNDO: sin condena en costas. TERCERO: Por Secretaría, una vez ejecutoriado este proveído, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-41-000-2016-01671-02

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

15 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 15 de julio de 2026

Radicado: 250002341000-2016-01671-00 (71947)
Demandante: Deicy Díaz Gutiérrez y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa - otros
Medio de control: Reparación de perjuicios causados a un grupo

Temas: identificación del grupo / condiciones uniformes respecto de una misma causa / la
ausencia de promoción y la ausencia de reconocimiento de una pensión de jubilación no
constituyen una causa uniforme.

Síntesis del caso: Un grupo de personal civil del Ministerio de Defensa demanda por la
omisión en aplicar el Decreto 1214 de 1990 y, en consecuencia, reconocer oportunamente
“estímulos y promociones” al grado superior.

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la Sentencia de 29 de agosto de 2024 proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección B, en la que se negaron las pretensiones1.

La Sala tiene competencia para estudiar este asunto por tratarse de un
recurso de apelación interpuesto contra una Sentencia proferida por un
Tribunal Administrativo, de conformidad con el artículo 150 y 152.6 del
CPACA.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3. trámite relevante en
única instancia.

1.1 Posición de la parte demandante

1. El 26 de julio de 2016, Deicy Gutiérrez y otros2, a través de apoderado
judicial, interpusieron acción de grupo3 contra la Nación – Ministerio de
Defensa- Ejército Nacional – Armada Nacional – Fuerza Aérea – Policía
Nacional, con el fin de que se los declarara patrimonialmente responsables
por el supuesto incumplimiento de la Ley 1214 de 1990, al no reconocer
oportunamente los “ascensos, el tiempo de servicio, las prestaciones y
demás beneficios laborales” de los empleados civiles vinculados a dichas
entidades. Como consecuencia de la declaración, solicitan el

1 La sentencia de primera instancia dispuso lo siguiente: “Primero. Deniéguense las pretensiones de la demanda

promovida por Deicy Díaz Gutiérrez, Oscar Hernando Castillo Poveda y otros, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia. Segundo. Abstenerse de condenar en costas a los demandantes.”
2 1) Deisy Díaz Gutiérrez, 2) Oscar Hernando Castillo Poveda, 3) Sandra Lamprea Rodríguez, 4) Héctor Manuel

Zambrano Luna, 5) María Mercedes Velandía Ospina, 6) Doris Mireya Rodríguez Porras, 7) Hernando Velasco, 8)
Henry Gildardo Murcia Avellaneda, 9) Orlando Manuel Mayorga Rodríguez, 10) Lucila González Alarcón, 11) María
Rosario Rojas Moreno, 12) Daniel Enrique Cruz Sánchez, 13) Guillermo Niampira Crespo, 14) Gustavo Aranda
Morales, 15) German Aguilar Garzón, 16) Fanny Mireya Ramírez Ríos, 17) Hernando Alexander Otálora Pérez, 18)
Ivis Zambrano Medina, 19) Andrés Ignacio Ávila Coy, 20) Cesar Augusto Rodríguez Arias, 21) Esteban Oyola
Poloche, 22) Alberto Carreño y quienes se presenten en adherencia con las mismas condiciones establecidas a
través de apoderado y/o sin poder en la presente demanda de acción de grupo.
3 Folio 14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 250002341000-2016-01671-00 (71947)
Demandante: Deicy Díaz Gutiérrez y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa - otros
Medio de control: Reparación perjuicios causados a grupo

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reconocimiento de sus derechos de carrera administrativa, el pago de
salarios, prestaciones e indemnizaciones dejadas de percibir, así como la
reparación de los perjuicios materiales y morales ocasionados por el retraso
en dichos reconocimientos.

2. Las pretensiones fueron (se trascribe):

“PRIMERO: Que se declare responsable administrativa y patrimonialmente a las
entidades relacionadas en la demanda LA NACIÓN - MINISTERIO DE LA
DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL – ARMADA NACIONAL – FUERZA
AÉREA - POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA y otros por la omisión y que sean
declarados responsables por la tardanza, demora y retención de aplicar en
armonía la ley 1214 de 1990 estímulos y retenciones en promociones ascensos
al grado superior que genero descomposición familiar y daño circunstancial en
su calidad de vida que se presentan durante las etapas de sobrepasar el
tiempo requerido 20 años de servicio y grados por sus esfuerzos y desarrollos
cinco años como mínimo y no presentar aspectos disciplinarios. Se estima que
esta situación genera disminución económica y falta de estímulos para la
prestación de un servicio adecuado dentro de las instituciones demandadas a
nivel nacional de Colombia.

SEGUNDO: condenar a las entidades demandadas a señalar los requisitos que
deben cumplir los beneficiarios que no han estado presentes en esta acción a
fin de que puedan reclamar la indemnización correspondiente.

TERCERO: CONDENAR a los demandados al pago de las costas, para ello se
tendrá en cuenta lo dispuesto en los numerales 5 y 6 del artículo 65 de la ley 472
de 1998.

CUARTO: Condenar A las entidades demandadas a cancelar al grupo
demandante la indemnización colectiva causada en la omisión, en el trato
desigual recibido por parte de mi amparado y los demás miembros que se
sumen con los mismos derechos a esta demanda madres, padres, y familiares
hasta el cuarto grado de consanguineidad y que puedan demostrar daños
superiores o iguales con referente al retraso y la manera desmedida que crean
una desmotivación generalizada. que produce unos daños irreversibles,
tratados propiamente en la presente acción de grupo, la cual consiste en la
retención de otorgar el reconocimiento de la ley 1214 de 1990 y sus decretos
reglamentarios y por consiguiente el pago de los perjuicios y daños materiales,
daños morales, y fisiológicos, por la omisión de las autoridades administrativas
renombradas la cual se constituye en fallas en la prestación del servicio de
protección y seguridad en la vida, honra, bienes, creencias y demás derechos
y libertades para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del estado
y de los particulares lo cual se constituye en fallas operacionales de la
administración de justicia y del mismo congreso de la república al NO
determinar un flujo de dinero para la sostenibilidad del personal civil en el cargo
grado de empleados y servidores públicos a cargo de LA NACIÓN - MINISTERIO
DE LA DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO NACIONAL – ARMADA NACIONAL –
FUERZA AÉREA - POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA y otros. en la prestación del
servicio fuente de la responsabilidad hoy reclamada, y que ha conllevado a la
violación de una multicidad (sic) de derechos fundamentales constitucionales,
trato inconstitucional, y legal, injusto, encausado que ha empobrecido
injustamente a todos los integrantes del grupo actor la indemnización total e
integra debe ser equivalente a la sumatoria ponderada de las indemnizaciones
individuales.

Los aquí demandantes han sufrido perjuicios y daños materiales, morales y
fisiológicos o vida en relación, los cuales detallo de la siguiente manera: (…).”

3. Los hechos que fundamentan las pretensiones se resumen así:

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Radicado: 250002341000-2016-01671-00 (71947)
Demandante: Deicy Díaz Gutiérrez y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa - otros
Medio de control: Reparación perjuicios causados a grupo

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4. 1) La señora Deicy Díaz Gutiérrez, mediante Resolución 8662 de 25 de
agosto de 1994, ingresó al Ministerio de Defensa, bajo el régimen previsto en
el Decreto 1214 de 19904, como empleada pública civil PD6 y actualmente
presta sus servicios en la “dirección de planeación y políticas C5”.
Adicionalmente, para el 31 de mayo de 2016, contaba con 21 años y 9
meses de servicios.

5. 2) Se asegura que la demandante cuenta con más de 20 años de servicio
como especialista jefe en el Ministerio de Defensa Nacional, cumple los
requisitos de “ascenso”5, y posee una hoja de vida intachable; sin embargo,
no ha recibido el “ascenso” previsto en la ley, situación que considera que
vulnera sus derechos fundamentales. Además, tampoco ha recibido la
pensión de jubilación de acuerdo con el régimen especial previsto en el
Decreto 1214 de 19906. Los demás demandantes afirman encontrarse en las
mismas condiciones de la señora Díaz Gutiérrez.

6. 3) Según la demanda, esta situación obedece a decisiones y omisiones
de la administración, que ha negado o retrasado injustificadamente los
“ascensos” y “demás beneficios laborales”, pese a las solicitudes y
reclamaciones presentadas por los afectados. Como consecuencia, los
demandantes consideran que permanecieron en cargos inferiores a los que
les corresponderían, dejaron de percibir salarios y prestaciones más
favorables y no obtuvieron oportunamente el reconocimiento de sus
derechos pensionales y prestacionales.

7. 4) Además, afirman que esta situación ha deteriorado su calidad de vida
y la de sus familias, les ha causado perjuicios económicos y morales, ha
afectado sus expectativas profesionales y los ha obligado a acudir a elevar
peticiones, acciones de tutela y asesorías jurídicas para reclamar derechos
que consideran adquiridos.

4 Por el cual se reforma el estatuto y el régimen prestacional civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.
5 Al respecto se destaca que el Decreto 1214 de 1990 no aludió a ascenso sino a Promociones. Al respecto señaló:

ARTÍCULO 21. PROMOCIONES. Los empleados públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, podrán
ser promovidos dentro de sus respectivos niveles, cuando cumplan los siguientes requisitos mínimos: a) Capacidad
profesional y buena conducta durante el tiempo de servicio en la categoría a que pertenece, las cuales se
definirán por sus clasificaciones anuales; b) Tener tres (3) años de servicio en la respectiva categoría como mínimo;
c) Que exista la vacante en la planta de empleados públicos del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, según
el caso.
6 ARTÍCULO 98. PENSION DE JUBILACION POR TIEMPO CONTINUO. El empleado público del Ministerio de Defensa y

de la Policía Nacional que acredite veinte (20) años de servicio continuo a éstas, incluido el servicio militar
obligatorio, hasta por veinticuatro (24) meses, prestado en cualquier tiempo, tendrá derecho a partir de la fecha
de su retiro, a que por el Tesoro Público se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al
setenta y cinco por ciento (75%) del último salario devengado, cualquiera que sea su edad, tomando como base
las partidas señaladas en el artículo 103 de este Decreto.
ARTÍCULO 100. PENSION POR APORTES. A partir de la vigencia del presente Decreto, conforme al artículo 7o. de la
Ley 71 de 1988, los empleados públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional que acrediten veinte (20)
años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las Entidades de Previsión Social
o de las hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el
Instituto de Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años
de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer. El Gobierno Nacional reglamentará los
términos y condiciones para el reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que
correspondan a las entidades involucradas. PARAGRAFO. Para el reconocimiento de la pensión de que trata este
artículo, a las personas que, a la fecha de vigencia del presente Decreto, tengan diez (10) o más años de afiliación
en una o varias de las entidades y cincuenta (50) años o más de edad si es varón o cuarenta y cinco (45) años o
más si es mujer, continuarán aplicándose las normas de los regímenes actuales vigentes.

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Radicado: 250002341000-2016-01671-00 (71947)
Demandante: Deicy Díaz Gutiérrez y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa - otros
Medio de control: Reparación perjuicios causados a grupo

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8. 5) Por ello, solicitan el reconocimiento de los “ascensos”, “las pensiones” y
“beneficios” previstos en la Ley 1214 de 1990, el pago de las sumas dejadas
de percibir y la indemnización de los perjuicios ocasionados por la demora
y la falta de reconocimiento de sus derechos. Se agregó que, aunque no se
desconoce que el Decreto 7192 de 20007 modificó el régimen de los
empleados públicos civiles del Ministerio de Defensa, se estableció un
régimen de transición que permite que el Decreto 1214 de 1990 les siga
aplicando8.

9. Respecto de los criterios para identificar el grupo se indicó “Son todas
aquellas personas que se encuentran registradas en el sistema único de
estatuto de carrera que se lleva en la dirección de cada fuerza como
empleados nombrados bajo en criterio de la ley 1214 de 1990 y decreto 1792
de 2000 LA NACIÓN - MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL- EJÉRCITO
NACIONAL DE COLOMBIA- ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA – FUERZA
AÉREA - POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA y otros y prestan su servicio en las
diferentes unidades a nivel nacional, departamental, regional, municipal.
Sin embargo, en documentos solicitados anexos a la presente acción, como
pruebas la respectiva Certificación de cedula de ciudadanía que acredita
el ser colombianos mayores de edad y el poder donde se delega el objeto
de la afectación por el proceso de retraso injustificado a causa de omisión,
dejadez, flojera, desidia y falta de apersonamiento, falta de humanidad y
equidad generada por el mal manejo administrativo en el personal
perteneciente a LA NACIÓN (…) en el grado de empleados públicos con un
tiempo superior a los 20 años de su nombramiento y más de cinco años de
permanencia en esta institución. El apartamiento al que se ven forzados los
empleados públicos de las entidades demandadas LA NACIÓN – (…) por el
cambio habitual de vida en relación producto de sus ocupaciones y labor
tan acreedora y honorifica.”

1.2 Trámite relevante en primera instancia

10. Admisión. Mediante Auto de 30 de enero de 2017, el magistrado
sustanciador9 de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, tras considerar que la acción se interpuso oportunamente10,
admitió11 la demanda. Respecto de la identificación del grupo precisó que
se trataba de “personas civiles que prestan sus servicios en el Ministerio de
Defensa, a quienes no se les ha reconocido [1] los ascensos y

7 Por el cual se modifica el Estatuto que regula el Régimen de Administración del Personal Civil del Ministerio de

Defensa Nacional, se establece la Carrera Administrativa Especial.
8 ARTÍCULO 114. Vigencia y derogatorias. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga

las disposiciones que le sean contrarias, en especial las del Decreto-ley 1214 de 1990 y el Decreto 2909 de 1991,
con excepción de las relativas a los regímenes pensional, salarial y prestacional.
9 Moises Rodorigo Mazabel Pinzón.
10 En el auto admisorio, respecto de la oportunidad se indicó que: “la causa presuntamente generadora del daño

no ha cesado (habida consideración que persiste la omisión en el reconocimiento de ascensos, tiempos de trabajo
y pensión de jubilación del personal civil que presta sus servicios en el Ministerio de Defensa), ha de considerarse
la inexistencia de un punto de partida para efectuar el contenido del término de caducidad, por lo que la
demanda se entenderá presentada oportunamente.”
11 Se destaca que, mediante Auto de 30 de enero de 2017, se admitió la acción de grupo respecto de 19 de los

22 demandantes que conformaron el grupo inicial. No se admitió respecto de Hernando Alexander Otálora Pérez,
Esteban Oyola Poloche y Alberto Carreño. Lo anterior porque no encontró en el expediente pruebas para
determinar que eran parte del grupo.

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Demandante: Deicy Díaz Gutiérrez y otros
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escalonamiento después de desempeñar sus funciones con más de 5 años
en el grado, [2] ni la pensión de jubilación pese a haber cumplido más de 20
años desde su nombramiento”. Contra esa decisión no se interpuso recursos.

11. Contestaciones. El Ministerio de Defensa (Ejército, Armada y Fuerza
Aérea) contestó la demanda y se opuso a las pretensiones. Propuso las
excepciones de falta de activa legitimación de los demandantes para
interponer una acción de grupo porque se trata de derechos individuales.
Agregó que cada funcionario que, según sus propias circunstancias, se
encuentre afectado, debería efectuar el requerimiento pertinente. En esa
línea, alegó una indebida escogencia de la acción, falta de agotamiento
del recurso ante la administración y caducidad del medio de control12.
Respecto del fondo, aseguró que la señora Deicy Díaz Gutiérrez ingresó al
Ministerio de Defensa en el año 1994, razón por la cual no le era aplicable el
Decreto 1214 de 1990 sino la Ley 100 de 1993. En todo caso, explicó que no
se podían hacer ascensos automáticos y que la Corte Constitucional, en la
Sentencia C 356 de 2014, declaró inexequible el artículo 8 del Decreto 1214
de 1990 para indicar que, para efectuar ascensos, se debía necesariamente
someterse a concurso. Agregó que los demandantes estaban en igual
condición que la señora Díaz Gutiérrez.

12. La Policía Nacional se opuso a la totalidad de pretensiones. Agregó
que incluso no existía relación jurídica, laboral o material entre los
demandantes y la Policía. Agregó que el personal civil de la Policía goza del
régimen salarial y prestacional que le correspondía por ley. Propuso las
excepciones de indebida representación porque los demandantes no
hacían parte de la Policía Nacional, cobro de lo no debido, ausencia de
responsabilidad, inexistencia de perjuicios y enriquecimiento sin causa.

13. Resolución de excepciones previas. Mediante Auto de 29 de octubre
de 2020, la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca13 declaró la excepción previa de inepta demanda “por
indebida escogencia de la acción”. En síntesis, se señaló que, con la
demanda, no solo se pretende la responsabilidad de las entidades
demandadas por el desconocimiento de la Ley 1214 de 1990 en lo que tiene
que ver con el reconocimiento del tiempo de servicios y, la mora en el
reconocimiento y pago de los ascensos al grado superior del personal civil
vinculado al Ministerio de Defensa, sino también al reconocimiento de
emolumentos salariales y derechos laborales. En consecuencia, el Tribunal
afirmó que la acción de grupo era improcedente en el presente caso, toda
vez que, la administración debía emitir un pronunciamiento particular para
cada uno de los demandantes y, una vez culminada la reclamación
administrativa, pretender la nulidad y restablecimiento del derecho, previo
agotamiento del requisito de la conciliación.

12 En este punto, argumentó que la fecha para presentar la demanda no podía extenderse más allá del término

en que cumplieron su derecho a la pensión.
13 Conformada en ese momento por Moises Rodrigo Mazabel Pinzón, Fredy Ibarra Martínez y Oscar Armando

Dimaté Cárdenas.

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14. Mediante Auto de 26 de enero de 202214, que resolvió el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante, se declaró fundado el
impedimento propuesto por el magistrado Fredy Ibarra Martínez. Después
de conformarse nuevamente la Sala15, se revocó la decisión que declaró la
inepta demanda por indebida escogencia de la acción por considerar que,
de conformidad con el artículo 100 del CGP, esta excepción se configuraba
por la ausencia de requisitos formales o por indebida acumulación de
pretensiones, sin que, en este caso, se hubieran presentado las aludidas
situaciones.

1.3 Sentencia de primera instancia

15. Mediante Sentencia de 26 de septiembre de 2025, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B negó las
pretensiones. Respecto de los ascensos, analizó el régimen previsto en el
Decreto Ley 1214 de 1990, según el cual los empleados públicos del
Ministerio de Defensa podían acceder a la figura de la promoción siempre
que acreditaran capacidad profesional y buena conducta, contaran con,
al menos, tres años de servicio en la categoría respectiva y existiera vacante
disponible. Al revisar la información aportada, la Sala elaboró una tabla
individual de los integrantes del grupo y encontró que, en varios casos, los
demandantes sí fueron objeto de promociones mientras dicha figura estuvo
vigente. En este punto, explicó que los demandantes sí recibieron las
promociones a las que tenían derecho mientras estuvo vigente el régimen
del Decreto 1214 de 1990 y que, una vez entró en vigencia el régimen de
carrera administrativa establecido por el Decreto 1797 de 2000, cualquier
ascenso dependía de la superación de concursos de méritos, requisito cuyo
cumplimiento no fue acreditado dentro del proceso.

16. Respecto de las pensiones el Tribunal concluyó que los demandantes
no podían reclamar el reconocimiento de una pensión de jubilación con
fundamento en el régimen especial previsto en el Decreto Ley 1214 de 1990,
porque todos se vincularon al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Militares
con posterioridad al 1 de abril de 1994. Por esta razón, consideró que les
resultaba aplicable el Sistema General de Pensiones creado por la Ley 100
de 1993 y no el régimen especial que invocaban en la demanda. La Sala
verificó además que los demandantes se encontraban afiliados a diferentes
administradoras de pensiones y que sus aportes eran administrados dentro
del régimen general. Adicionalmente, el Tribunal señaló que la demanda
partía de la premisa de que todos los integrantes del grupo tenían derecho
al reconocimiento de una pensión de jubilación, pero dentro del proceso no
se acreditó la situación particular de cada uno de ellos. En ese sentido, la
Sala advirtió que no existía prueba suficiente sobre el estado individual de
las solicitudes pensionales, ni sobre la presentación de peticiones concretas
ante las entidades competentes, las respuestas obtenidas o las decisiones

14 Radicado interno 66684

15 Con el Magistrado Martín Bermúedez y el conjuez Diego Franco Victoria.

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administrativas adoptadas en cada caso. En consecuencia, no era posible
determinar de manera uniforme si existía una negativa injustificada frente a
cada demandante ni establecer la existencia de un daño común derivado
de la falta de reconocimiento pensional. Incluso señaló que algunos
servidores, que se alegó pertenecían al grupo, ya tenían pensión
reconocida.

1.4 Recurso de apelación y trámite relevante de segunda instancia

17. El demandante apeló el fallo y pidió que se revocara la sentencia de
primera instancia16 y se accediera a las pretensiones. Debe indicarse que el
recurso de apelación no señala de manera clara y estructurada los motivos
de inconformidad. Más bien, se limita a hacer unas trascripciones largas y
deshilvanadas de algunas decisiones judiciales y de normas17. Pese a lo
anterior, la Sala logra destacar 3 argumentos de inconformidad. El primero,
respecto de la procedencia de la acción de grupo. Sostuvo que sí era
procedente porque todos los demandantes se encontraban en una
situación fáctica sustancialmente uniforme. Afirmó que los integrantes del
grupo fueron empleados civiles de las entidades demandadas, estuvieron
sometidos al mismo régimen jurídico, reclamaron los mismos derechos
laborales y prestacionales y sufrieron perjuicios derivados de una misma
conducta administrativa consistente en el desconocimiento de ascensos,
prestaciones, pensiones y demás beneficios laborales. Según el recurrente,
precisamente esa causa común es la que satisface los requisitos de los
artículos 3 y 46 de la Ley 472 de 1998. Alegó que la acción de grupo procede
porque existe un núcleo común de hechos dañosos que afecta a todos los
integrantes del grupo, aunque la cuantía o intensidad de los perjuicios
pueda variar entre ellos18.

18. El segundo, frente al fondo del asunto, se indicó que no se tuvo en
cuenta que, frente al tema de los ascensos y los reconocimientos
pensionales con base en el Decreto 1214 de 1990, debía aplicarse el
régimen de transición con lo cual, no resulta cierto que debía aplicarse, de
un lado, el Decreto 1792 de 2000 o la Ley 100 de 1993.

19. El tercero, el recurrente sostuvo que el Tribunal incurrió en errores de
valoración probatoria, desconoció elementos de convicción relevantes e
invirtió indebidamente la carga de la prueba. A su juicio, la entidad
demandada era quien debía demostrar la inexistencia de los derechos
reclamados o la existencia de una causa que justificara su negativa,
mientras que el fallo terminó exigiendo a los demandantes acreditar
circunstancias que ya estaban demostradas dentro del expediente.

16 Folios 412 a 421
17 Revisar folios 414, 415, 416 y 417. Incluso se destaca que se cita el Decreto 546 de 1971 que corresponde a un

régimen especial asociado a la Rama Judicial y al Ministerio Público. También se citó la Ley 33 de 1985 “Por la
cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector
Público” que corresponde al régimen de transición de empleados públicos que cumplieran los requisitos de la Ley
100 de 1993 pero que, en todo caso, no resulta aplicable al personal civil de la fuerza pública y que incluso no fue
invocado en la demanda.
18 En otras palabras, sostiene que no era necesario demostrar situaciones idénticas para cada demandante, sino

acreditar que todos sufrieron daños originados en la misma actuación u omisión estatal.

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20. El 25 de octubre de 2024 se admitió el recurso de apelación. Las partes
guardaron silencio. El 7 de febrero de 2025 se corrió traslado para que las
partes alegaran de conclusión19.

21. La parte demandante presentó sus alegatos de conclusión el 18 de
febrero de 202520. Ahí, reiteró que a) los demandantes tienen derecho a los
beneficios pensionales del régimen especial previsto en el Decreto 1214 de
1990; b) la administración vulneró sus derechos al no permitir su promoción y
desarrollo dentro de la carrera administrativa, manteniéndolos durante
largos periodos en provisionalidad y sin convocar concursos; y c), en
cualquier caso, el juez debe aplicar la regla iura novit curia para otorgar la
protección jurídica que estime procedente, incluso si difiere de la
fundamentación legal planteada por la demanda. Las demandadas
guardaron silencio.

22. Por su parte, el Ministerio Público, allegó concepto el 24 de febrero de
2025 en el que, después de citar una sentencia de unificación de esta
corporación, según la cual, “la acción de grupo no procede para reparar
perjuicios causados por varios actos administrativos individuales, al no
cumplirse el requisito de comunidad de causa o de existencia jurídica del
grupo y, por lo tanto, la reparación de los perjuicios causados por cada uno
de tales actos administrativos debe intentarse separadamente, mediante los
correspondientes procesos de nulidad y restablecimiento del derecho21”,
concluyó que la reclamación de ascenso, pensión y, “demás prestaciones”
debía tramitarse a través de nulidad y restablecimiento dado que ese juez
podría pronunciarse “no solo solo sobre la nulidad del acto, el
restablecimiento, los pagos dejados de percibir, así como los demás
perjuicios”.

23. El 25 de febrero de 2025 ingresó el asunto para fallo y el 17 de julio de
2025, la parte actora allegó un nuevo escrito en el que reiteró su postura, el
cual no será tenido en cuenta por resultar extemporáneo.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1 Análisis sustantivo, 2.2 Condena en costas.

2.1. Análisis sustantivo

24. La sentencia de primera instancia será revocada y, en su lugar, se
declarará la improcedencia de la acción por la inexistencia de una causa
común generadora del daño22. La primera instancia cuando admitió la

19 El término corrió entre el 17 y el 21 de febrero de 2025.
20 Índice 13 y 14 de Samai
21 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión No. 14. diciembre 6

de 2021. Rad. 66001-33-31-003-2008-00410-01
22Respecto de la oportunidad en el ejercicio de la acción, la primera instancia sostuvo que se trataba de una

omisión que, según los demandantes, a la fecha de la presentación de la demanda, no cesaba, razón suficiente
para admitir la demanda. La Sala revisará en primer lugar la procedencia de la acción y solo en el caso de que
resulte procedente se pronunciará sobre la caducidad.

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Radicado: 250002341000-2016-01671-00 (71947)
Demandante: Deicy Díaz Gutiérrez y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa - otros
Medio de control: Reparación perjuicios causados a grupo

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demanda consideró que la causa común era que, de un lado, no se
promovió al personal civil del Ministerio de Defensa pese a desempeñar
funciones por más de 5 años en el mismo grado. De otro, a ese mismo
personal, pese a tener más de 20 años de servicio, no se les había
reconocido su pensión de jubilación. Sin embargo, la Sala considera que esa
no puede ser la causa común como pasa a explicar.

25. En primer lugar, se considera que esas circunstancias no permiten
identificar una causa común en los términos exigidos por los artículos 3 y 46
de la Ley 472 de 1998, sino apenas algunos rasgos generales compartidos
por los demandantes. En efecto, el grupo no puede definirse simplemente
como el conjunto de empleados públicos de naturaleza civil del Ministerio
de Defensa que prestaron sus servicios durante más de 20 años y
permanecieron por más de 5 años en un mismo grado, pues esas
condiciones no explican, por sí solas, cuál fue la actuación u omisión
uniforme de la administración que produjo los perjuicios reclamados.

26. En segundo lugar, en este caso, no se puede desconocer que la
dificultad en el reconocimiento del grupo se advierte desde la formulación
de la demanda, que resulta ambigua y utiliza indistintamente expresiones
como estímulos, retenciones, promociones, ascensos, escalonamientos y
reconocimientos prestacionales, sin precisar, con suficiente claridad, cuál
de esas figuras constituye el fundamento concreto de la reclamación.

27. En ese punto, al limitarse a las pretensiones, se encuentra que la primera
pretensión pide que se declare responsables a las demandadas por la
tardanza en aplicar “estímulos” y por la “retención de promociones o
ascensos” al grado superior después de superar determinados tiempos de
servicio. Incluso, esa pretensión, nada indica sobre la falta de
reconocimiento de pensiones de jubilación23.

28. No obstante, aun si se entendiera que la controversia se limita a la
“omisión en la promoción” prevista en el artículo 21 del Decreto Ley 1214 de
199024 (artículo que por demás, la demanda no lo señala expresamente
pero constituye el fundamento del derecho alegado), su falta no puede
asumirse automáticamente como una causa uniforme, porque su
procedencia no se puede predicar de todo el grupo y dependía de
circunstancias individuales: la calidad de empleado público, la capacidad
profesional, la buena conducta, el tiempo de permanencia en la categoría
y la existencia de una vacante. Además, el material probatorio, como lo

23 En este punto se destaca que registró que se generó un daño “durante las etapas de sobrepasar el tiempo

requerido 20 años de servicio y grados por sus esfuerzos y desarrollo cinco años como mínimo y no presentar actos
disciplinarios”. Sin que de allí se desprenda lo relativo a la declaración de responsabilidad por la ausencia del pago
de prestaciones y específicamente de pensiones.
24 ARTÍCULO 21. PROMOCIONES. Los empleados públicos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, podrán

ser promovidos dentro de sus respectivos niveles, cuando cumplan los siguientes requisitos mínimos: a) Capacidad
profesional y buena conducta durante el tiempo de servicio en la categoría a que pertenece, las cuales se
definirán por sus clasificaciones anuales; b) Tener tres (3) años de servicio en la respectiva categoría como mínimo;
c) Que exista la vacante en la planta de empleados públicos del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, según
el caso.

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Radicado: 250002341000-2016-01671-00 (71947)
Demandante: Deicy Díaz Gutiérrez y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa - otros
Medio de control: Reparación perjuicios causados a grupo

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precisó la primera instancia25, muestra que las situaciones no eran
equivalentes: algunos integrantes eran trabajadores oficiales, otros sí
recibieron promociones mientras la figura estuvo vigente y, en otros casos,
la posibilidad de promoción desapareció con el cambio normativo y el
tránsito hacia un sistema de ascenso sujeto al mérito y al concurso26. Por
tanto, la expresión genérica “ausencia de promoción”, en este caso, no
puede constituir una causa jurídica común.

29. En tercer lugar, la ausencia de uniformidad también se evidencia al
examinar las pretensiones indemnizatorias. La demanda solicitó el
reconocimiento de lucro cesante, daño moral y daño fisiológico o a la vida
de relación, pero no explicó con precisión cómo esos perjuicios se derivan
de una única conducta administrativa. Aunque, en la pretensión quinta, la
parte actora afirmó que no persigue directamente el pago de derechos
laborales, sino “la reparación de los daños ocasionados por su falta de pago
o por su reconocimiento tardío”, esa formulación exige analizar
individualmente qué derecho reclamaba cada persona, si efectivamente
era titular de ese derecho, cuándo se causó el derecho a la promoción o a
la pensión o a lo reclamado, si presentó una solicitud, qué respuesta recibió,
si existió un acto administrativo particular y cuál fue la razón concreta de la
eventual demora.

30. En consecuencia, para la Sala la controversia no se origina en una única
actuación u omisión administrativa con efectos uniformes sobre todos los
integrantes del grupo, sino en una pluralidad de situaciones laborales y
pensionales individualizables que requieren examinar separadamente la
existencia del derecho reclamado, su causación y las decisiones
administrativas adoptadas frente a cada interesado. Así, las características
generales invocadas por la parte actora no permiten estructurar
jurídicamente un grupo, pues no existe una misma causa que haya
originado los perjuicios individuales alegados.

2.2 Condena en costas

31. De conformidad con el artículo 365, numeral 1, del CGP27, “se
condenará en costas (…) a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación”; no obstante, es preciso señalar que, en materia de
costas, el medio de control de reparación de los perjuicios causados a un
grupo se rige por la norma especial del artículo 65 de la Ley 472 de 199828;

25 Folios 399 a 401
26 En este punto, aunque no se desconoce que el artículo 114 del decreto 1792 de 2002 señaló que ese decreto

rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial las del
Decreto-ley 1214 de 1990 y el Decreto 2909 de 1991, con excepción de las relativas a los regímenes pensional,
salarial y prestacional, la promoción no constituye un aspecto del régimen pensional, salarial ni prestacional sino
de la carrera especial de la fuerza pública.
27 Norma aplicable en atención a lo decidido por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en

auto del 14 de noviembre de 2024, exp. 69.376, MP José Roberto Sáchica Méndez, en el cual se estableció que,
respecto del trámite de apelación de las sentencias proferidas en el marco del medio de control jurisdiccional de
reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas rigen las normas contenidas en el CGP y en la Ley
2213 de 2022 (salvo en lo que atañe a la oportunidad para sustentar el recurso de apelación y la notificación al
Ministerio Público).
28 El artículo 65 de la Ley 472 de 1998, dispone: “La sentencia que ponga fin al proceso se sujetará a las disposiciones

generales del Código de Procedimiento Civil y, además, cuando acoja las pretensiones incoadas, dispondrá: (…)

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Radicado: 250002341000-2016-01671-00 (71947)
Demandante: Deicy Díaz Gutiérrez y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa - otros
Medio de control: Reparación perjuicios causados a grupo

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con fundamento en esta disposición, esta Subsección ha entendido29
que solo procede la condena en costas cuando la sentencia acoge las
pretensiones, hipótesis que no se verifica en el presente caso, por lo cual no
hay lugar a dicha condena en segunda instancia.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 29 de agosto de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B. En
consecuencia, DECLARAR improcedente la acción por la falta de
conformación del grupo.

SEGUNDO: sin condena en costas.

TERCERO: Por Secretaría, una vez ejecutoriado este proveído, DEVOLVER el
expediente al tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección
IMPEDIDO

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado

5. La liquidación de las costas a cargo de la parte vencida, teniendo en cuenta las expensas necesarias para la
publicación del extracto de la sentencia” (negrillas adicionales).
29 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 17 de octubre de 2025, radicación no. 25000-

23-41-000-2013-01191-01 (70.460), MP. Fredy Ibarra Martínez.

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