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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-33-31-003-2008-00410-01

Fecha
6 de diciembre de 2021
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
15 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-33-31-003-2008-00410-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA EN EL SERVICIO en la que incurrieron al solicitar la aprobación e implementar el cobro del tributo denominado DERECHOS ANUALES DE SEMAFORIZACIÓN contenidos en el Acuerdo Municipal No. 029 del 30 de julio de 2004, por medio de la cual el Consejo Municipal de la ciudad de Pereira fijó los derechos de cobro por los servicios que presta el Instituto Municipal de Tránsito de Pereira (…) 2. Que como consecuencia de la declaración anterior, se ordene al MUNICIPIO DE PEREIRA y al INSTITUTO DE TRÁNSITO DE PEREIRA reintegrar a los miembros del grupo el monto total del dinero que antijurídicamente tuvieron que cancelar (…) 3. Que el MUNICIPIO DE PEREIRA y el INSTITUTO DE TRÁNSITO DE PEREIRA deben cancelar intereses comerciales sobre el total del dinero recaudado. 4. Que se condene a las demandadas a pagar una suma adicional cuyo monto ascenderá al 0,5% de la indemnización total, la que tendrá por objeto garantizar la publicidad necesaria para que la totalidad o por lo menos, la mayoría de los miembros del grupo, reciban la indemnización que les corresponde. 5. Que el monto total de las indemnizaciones más los intereses y la suma adicional para publicidad deben ser entregados por los demandados al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, sin excepción, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del fallo (…) 6. Que el Fondo pagará las indemnizaciones individuales de acuerdo a los listados de personas afectadas que allegue el MUNICIPIO DE PEREIRA y el INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE PEREIRA en los que conste el pago por concepto de DERECHOS ANUALES DE SEMAFORIZACIÓN. Es decir, no será necesario presentar el recibo de pago, basta con que esté incluido dentro del listado (…) 7. (…) el fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos deberá implementar una estrategia publicitaria de carácter Municipal y Veredal 2 de 25 Radicación: 66001-33-31-003-2008-00410-01 Actor: William García Ramírez y otros Demandado: Instituto Municipal de Tránsito de Pereira y otro Referencia: Revisión en acción de grupo Decisión: Revoca la sentencia de segunda instancia, niega las pretensiones y unifica la jurisprudencia […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 66001-33-31-003-2008-00410-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

6 de diciembre de 2021

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Sala Especial de Decisión Número Catorce
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 6 de diciembre de 2021.

Radicación número: 66001-33-31-003-2008-00410-01
Actor: William García Ramírez y otros.
Demandado: Instituto Municipal de Tránsito de Pereira y otro.
Referencia: Revisión en acción de grupo

Temas: ACCIÓN DE GRUPO – PROCEDENCIA FRENTE A PERJUICIOS DERIVADOS DE ACTOS
ADMINISTRATIVOS INDIVIDUALES. Solicitud de devolución de pagos realizados a título de
tributo creado por acto administrativo general.

Síntesis del caso: El grupo solicitó que se devolviera lo pagado, durante varios años, a título
de derechos de semaforización; tributo que fue creado mediante acto administrativo de
carácter general, pero se liquidaba individualmente.

La Sala decide la revisión eventual1 respecto de la Sentencia del 27 de
febrero de 2014, proferida por la Sala de Decisión del Tribunal
Administrativo de Risaralda, que revocó la sentencia de primera instancia,
proferida por el Juzgado 3 Administrativo del Circuito de Pereira, el 13 de
febrero de 2013; declaró patrimonialmente responsable al Instituto
Municipal de Tránsito de Pereira y lo condenó a reparar perjuicios
causados al grupo demandante.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 36A de la Ley Estatutaria 270 de 1996,
introducido por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009, del artículo 107 de la
Ley 1437 de 2011 y de los artículos 28 y 29 del Acuerdo 80 de 2019,
reglamento del Consejo de Estado, la Sala es competente para proferir
esta providencia, por haber seleccionado la sentencia de segunda
instancia, para su revisión por parte de esta corporación judicial.

Contenido: 1. Antecedentes - 2. Consideraciones – 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

1 La apoderada del Instituto Municipal de Tránsito de Pereira solicitó la revisión eventual

(folios 557-593 c. 5) y esta fue aceptada por el Consejo de Estado mediante el Auto del 20
de agosto de 2014 (folios 658-669 c. 5).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 66001-33-31-003-2008-00410-01
Actor: William García Ramírez y otros
Demandado: Instituto Municipal de Tránsito de Pereira y otro
Referencia: Revisión en acción de grupo
Decisión: Revoca la sentencia de segunda instancia, niega
las pretensiones y unifica la jurisprudencia
________________________________________________________________________________________
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2 Posición de la parte demandada-
1.3 Sentencia de primera instancia. 1.4 Recurso de apelación. 1.5 Sentencia de segunda
instancia y 1.6 Selección para revisión por parte del Consejo de Estado.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 7 de julio de 2008, William García Ramírez, en ejercicio de la acción de
grupo, prevista en el artículo 88 de la Constitución, presentó demanda
contra el Instituto Municipal de Tránsito de Pereira y el Municipio de Pereira,
para que dichas entidades sean declaradas solidariamente responsables
por el daño consistente en el pago del tributo denominado derechos
anuales de semaforización y se condene a reembolsar los dineros pagados
por tal concepto. La parte actora formuló las siguientes pretensiones (se
trascribe):

“1. Que se declare administrativa y solidariamente responsables al MUNICIPIO
DE PEREIRA y al INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÁNSITO DE PEREIRA por el DAÑO
MATERIAL, que antijurídicamente ocasionaron a los miembros del GRUPO con
la FALLA EN EL SERVICIO en la que incurrieron al solicitar la aprobación e
implementar el cobro del tributo denominado DERECHOS ANUALES DE
SEMAFORIZACIÓN contenidos en el Acuerdo Municipal No. 029 del 30 de julio
de 2004, por medio de la cual el Consejo Municipal de la ciudad de Pereira
fijó los derechos de cobro por los servicios que presta el Instituto Municipal de
Tránsito de Pereira (…)

2. Que como consecuencia de la declaración anterior, se ordene al
MUNICIPIO DE PEREIRA y al INSTITUTO DE TRÁNSITO DE PEREIRA reintegrar a los
miembros del grupo el monto total del dinero que antijurídicamente tuvieron
que cancelar (…)

3. Que el MUNICIPIO DE PEREIRA y el INSTITUTO DE TRÁNSITO DE PEREIRA deben
cancelar intereses comerciales sobre el total del dinero recaudado.

4. Que se condene a las demandadas a pagar una suma adicional cuyo
monto ascenderá al 0,5% de la indemnización total, la que tendrá por objeto
garantizar la publicidad necesaria para que la totalidad o por lo menos, la
mayoría de los miembros del grupo, reciban la indemnización que les
corresponde.

5. Que el monto total de las indemnizaciones más los intereses y la suma
adicional para publicidad deben ser entregados por los demandados al
Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, sin excepción,
dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del fallo (…)

6. Que el Fondo pagará las indemnizaciones individuales de acuerdo a los
listados de personas afectadas que allegue el MUNICIPIO DE PEREIRA y el
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE PEREIRA en los que conste el pago
por concepto de DERECHOS ANUALES DE SEMAFORIZACIÓN. Es decir, no será
necesario presentar el recibo de pago, basta con que esté incluido dentro del
listado (…)

7. (…) el fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos deberá
implementar una estrategia publicitaria de carácter Municipal y Veredal

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Radicación: 66001-33-31-003-2008-00410-01
Actor: William García Ramírez y otros
Demandado: Instituto Municipal de Tránsito de Pereira y otro
Referencia: Revisión en acción de grupo
Decisión: Revoca la sentencia de segunda instancia, niega
las pretensiones y unifica la jurisprudencia
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dando a conocer el derecho al reintegro del dinero a las personas afectadas.
Para ello podrá hacer uso de la suma adicional solicitada (…)

8. Que se reconozca a favor del apoderado del grupo demandante la
liquidación de los honorarios cuyo monto ascenderá a diez por ciento (10%)
de la indemnización que obtengan, por medio de la sentencia, cada uno de
los miembros del grupo que no hayan sido representados judicialmente.

9. Los honorarios del abogado serán pagados directamente por el
condenado dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia.

10. Que se condene en costas a la demandada.”

Como pretensión subsidiaria de la cuarta, solicitó que dicho monto de 0,5% no
fuera adicional, sino que hiciera parte de la totalidad de las indemnizaciones,
con destino a dar publicidad al derecho a reclamar la indemnización”.

2. En la demanda, el actor narró, en síntesis, los siguientes hechos
relevantes, como fundamento de sus peticiones:

(1) Mediante los numerales 26 y 27 del artículo 1 del Acuerdo municipal 29
de 2004, el Concejo Municipal de Pereira dispuso el cobro por los servicios
que presta el Instituto Municipal de Tránsito, a título de derechos de
semaforización, en una tarifa de 1,5 SMDLV, para las motocicletas y de 2,5
SMDLV, para los vehículos.

(2) El Acuerdo municipal 29 de 2004 fue declarado nulo, en primera
instancia, mediante sentencia del 25 de enero de 20072 y, para la fecha de
presentación de la acción de grupo, se encontraba pendiente, en el
Consejo de Estado, el trámite de la segunda instancia.

(2) Los derechos anuales de semaforización fueron cobrados entre los años
2004 a 2008 y, hasta el 29 de mayo de 2008, los cobros ascendían a
$4.170.676.591.

(3) El Instituto Municipal de Tránsito ha experimentado un enriquecimiento
sin justa causa, al captar recursos para los cuales carecía de autorización
constitucional y legal, debido a la evidente inconstitucionalidad de los
derechos anuales de semaforización, al no tratarse de tasas, sino de un
impuesto creado municipalmente.

Para el accionante, la acción de grupo resulta procedente porque,
aunque se encontraba pendiente el trámite de la segunda instancia de la

2 Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Risaralda, Sala de Decisión, Sentencia del

25 de enero de 2007, rad. 66001-23-31-001-2005-00796.

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Radicación: 66001-33-31-003-2008-00410-01
Actor: William García Ramírez y otros
Demandado: Instituto Municipal de Tránsito de Pereira y otro
Referencia: Revisión en acción de grupo
Decisión: Revoca la sentencia de segunda instancia, niega
las pretensiones y unifica la jurisprudencia
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nulidad del Acuerdo 29 de 2004, la demanda no persigue la condena de
la responsabilidad del Estado por la nulidad, sino se funda en la excepción
de inconstitucionalidad. Asevera que la responsabilidad del Municipio
radica en haber presentado el proyecto de acuerdo municipal e,
igualmente, debe responder por la actuación del Instituto Municipal de
Tránsito, al tratarse de una entidad descentralizada municipal.

1.2 Posición de la parte demandada

3. El Instituto Municipal de Tránsito de Pereira contestó la demanda3, se
opuso a las pretensiones y formuló excepciones: (1) improcedibilidad de la
acción de grupo para reparar perjuicios causados al accionante; (2)
inepta demanda, pues la nulidad del acto administrativo no está en firme;
(3) inepta demanda por indebida integración del contradictorio, ya que
quien habría causado el daño es el Concejo Municipal y no se encuentra
demandado; (4) inexistencia del perjuicio; (5) falta de requisitos en la
demanda, por no haber identificado a los miembros del grupo, ni indica
criterios coherentes para hacerlo; (6) pleito pendiente, relativo a la
segunda instancia de la nulidad del acto administrativo. Explicó que el
Instituto tiene la obligación de realizar los cobros por los trámites que se
realizan ante él y dentro de ellos se encuentra el ordenado por el Acuerdo
29 de 2004, por lo que no realizar tales cobros implicaría responsabilidades.
Argumentó que el cobro debía seguirse haciendo, ya que la nulidad no se
encuentra aún en firme, al no haberse decidido la apelación.

4. El Municipio de Pereira contestó igualmente la demanda4 y formuló
excepciones: (1) indebida escogencia de la acción, porque el accionante
debe persistir en la nulidad del acto general o al mecanismo para el
reembolso del pago de lo no debido y (2) pleito pendiente, relacionado
con la segunda instancia del proceso de nulidad simple. Argumentó que el
Concejo Municipal expidió el acuerdo con fundamentos legales y
constitucionales y dicho acto administrativo goza aún de presunción de
legalidad.

1.3 Sentencia de primera instancia

3 Folios 97 y siguientes c. 1.
4 Folios 116 y siguientes c. 1.

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Radicación: 66001-33-31-003-2008-00410-01
Actor: William García Ramírez y otros
Demandado: Instituto Municipal de Tránsito de Pereira y otro
Referencia: Revisión en acción de grupo
Decisión: Revoca la sentencia de segunda instancia, niega
las pretensiones y unifica la jurisprudencia
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5. Luego de suspender el proceso hasta que se fallara la segunda
instancia del proceso de nulidad del Acuerdo 29 de 20045, el Juzgado 3
Administrativo del Circuito de Pereira, mediante Sentencia del 13 de
febrero de 20136, negó las pretensiones de la demanda, por considerar
que las facturas de cobro de los derechos de semaforización eran actos
administrativos de carácter particular que gozan de presunción de
legalidad. Por lo anterior, consideró que la devolución de lo pagado
procedía únicamente cuando dichos actos administrativos fueran
anulados mediante un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Explicó que la acción de grupo no permite la indemnización de perjuicios,
cuando entre el acto administrativo de carácter general y el daño, medien
actos administrativos de carácter particular, como ocurre en este caso.

1.4 Recurso de apelación

6. El abogado que representa al grupo consideró que si bien las acciones
de nulidad y restablecimiento del derecho son procedentes, pueden
coexistir con acciones indemnizatorias como la de reparación directa o la
de grupo. Indicó que la responsabilidad extracontractual puede proceder
igualmente por actos administrativos revocados o anulados, pues tales
declaraciones reconocen la anomalía administrativa. Sostuvo que sí era
posible conceder las pretensiones de la demanda, dado que el acto
administrativo que causó el perjuicio ya fue anulado y la declaratoria de
nulidad se retrotrae al momento en que nació a la vida jurídica, razón por
la que los pagos realizados con fundamento en el acto administrativo
carecían de sustento y originaron un daño antijurídico que debía ser
indemnizado.

1.5 Sentencia de segunda instancia

7. La Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante
Sentencia del 27 de febrero de 20147, revocó la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, declaró patrimonialmente responsable al Instituto
Municipal de Tránsito de Pereira, por los daños sufridos por los integrantes
del grupo, al ser sujetos pasivos de los derechos anuales de semaforización.
Por lo tanto, dispuso un monto de $6.455.478.480 para los integrantes del

5 Auto del 6 de mayo de 2009, fundado en el art. 170.2 del CPC. Folios 149-152 c. 1. La

segunda instancia fue decidida por la Secc. 1 el 25 de agosto de 2011, exp. 2005-00796-
01.
6 Folios 394-400 c.1 y 401-417
7 Folios 615-652 c. 5.

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Radicación: 66001-33-31-003-2008-00410-01
Actor: William García Ramírez y otros
Demandado: Instituto Municipal de Tránsito de Pereira y otro
Referencia: Revisión en acción de grupo
Decisión: Revoca la sentencia de segunda instancia, niega
las pretensiones y unifica la jurisprudencia
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grupo que se acogieran al fallo, suma puesta a disposición del Fondo para
la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos y bajo administración del
Defensor del Pueblo.

8. Consideró que la acción de grupo tiene un carácter principal, por lo
que no se subordina a la improcedencia de otras acciones y, por ello,
puede ser ejercida sin perjuicio de otras acciones, ya que busca
únicamente la reparación de los perjuicios causados de manera uniforme
a un grupo. Aseguró que la fuente de la indemnización es la nulidad del
Acuerdo donde se fijaron los derechos anuales de semaforización y el juez
de la acción de grupo goza de competencia para declarar la nulidad de
un acto administrativo, con el fin de determinar la responsabilidad del
Estado. Argumentó que las liquidaciones de los derechos de
semaforización eran actos administrativos individuales que sufrieron de
“decaimiento”, debido a la nulidad del Acuerdo 29 de 2004 “razón por la
cual no son exigibles por parte de las entidades accionadas” y que se
cumplió el requisito de la uniformidad en las condiciones del grupo, porque
todos los propietarios de vehículos y motocicletas que pagaron derechos
de semaforización lo hicieron en virtud de lo dispuesto por el Acuerdo 29
de 2004 “siendo ésta la causa originaria del daño”. Indicó que la nulidad
de dicho acuerdo tiene efectos retroactivos (ex tunc), razón por la cual los
pagos que se hubieren efectuado en virtud de tal disposición “carecen de
sustento normativo y originan un daño antijurídico que debe ser
indemnizado”. Agregó que, debido a la nulidad del acuerdo, los recaudos
fueron injustificados, pero no fueron realizados por el municipio de Pereira,
sino por el Instituto Municipal de Tránsito, razón por la que es este ente el
responsable. En relación con las víctimas, consideró el Tribunal que su
identificación es posible, gracias a la información reportada por el Instituto
Municipal de Tránsito, en donde constan los números de placas de los
vehículos y de las motos, número de recibo, fecha y los valores que se
pagaron por los derechos anuales de semaforización durante los años 2005
a 20088, lo que permite condenar a devolver dichas sumas a quienes
“comprueben haber realizado pago por concepto del tributo
contemplado en la citada disposición”. Por ello, condenó al Instituto a
devolver dichas sumas, debidamente indexadas en un monto de
$6.455.478.680. Se estimó, igualmente, una suma adicional para quienes
demostraran haber pagado el tributo, pero cuyos automotores no
estuvieran relacionados en la lista enviada por el Instituto y se ordenó que

8 CD-Rom enviado el 17 de agosto de 2012. Folio 122 c. 4.

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Radicación: 66001-33-31-003-2008-00410-01
Actor: William García Ramírez y otros
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Referencia: Revisión en acción de grupo
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las pretensiones y unifica la jurisprudencia
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el monto total fuera puesto a disposición del Fondo para la Defensa de los
Derechos e Intereses Colectivos, con la aclaración de que si la suma
proyectada resulta insuficiente, el juez de primera instancia podría
revisarla, por una única vez y si hay excedentes, serían devueltos al
Instituto.

1.6 Selección para revisión por parte del Consejo de Estado

9. El Instituto Municipal de Tránsito de Pereira solicitó la selección del
asunto y requirió que se modulara la condena en el sentido de que los
efectos de la nulidad del Acuerdo 29 de 2004 se predican hacia el futuro.
La Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante Auto del 20 de
agosto de 2014, decidió seleccionar el presente asunto para su revisión9. La
decisión se motivó en que la posibilidad de solicitar la reparación de
perjuicios causados por un acto administrativo, mediante la acción de
grupo, no ha sido pacífica en la jurisprudencia y existen posiciones
jurisprudenciales encontradas, sin que exista una providencia judicial que
unifique la materia. Advirtió que el hecho de que el asunto haya sido
resuelto por el artículo 145 del CPACA no excluye la necesidad de unificar
la jurisprudencia, considerando que tal norma no se aplica a asuntos
tramitados con anterioridad a su entrada en vigencia. También resaltó que
la segunda instancia del presente asunto consideró innecesario declarar la
nulidad de los actos particulares, porque respecto de ellos había ocurrido
el “decaimiento del acto administrativo”, a pesar de que la jurisprudencia
ha establecido que ello únicamente genera efectos hacia el futuro, ella no
comporta un juicio sobre la validez del acto, ni impide la declaratoria de
nulidad, por lo que contradijo la jurisprudencia relativa a los efectos del
“decaimiento” del acto administrativo. Finalmente, advirtió que, aunque la
jurisprudencia ha sido uniforme en relación con los efectos de la nulidad
del acto administrativo de carácter general son retroactivos, no existe
uniformidad en lo que debe entenderse por las situaciones jurídicas
particulares consolidadas que, por lo tanto, no se afectan por la nulidad.
Puso de presente que la Sección Cuarta del Consejo de Estado ha
sostenido que el vencimiento del término para impugnar los actos
administrativos particulares hace que se trate de situaciones jurídicas
consolidadas, posición contraria a la expuesta por la Sala de Consulta,
según la cual, la nulidad del acto general determina que, a partir de allí, se
cuenten los términos de caducidad para controvertir administrativa o

9 Folios 658-669 c. 5.

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jurisdiccionalmente dichos actos administrativos de contenido particular10.
Advirtió el auto de selección que, a pesar de que los conceptos emitidos
por la Sala de Consulta y Servicio Civil no constituyen jurisprudencia, sí se
evidencia que no existe un pronunciamiento jurisprudencial respecto de los
efectos de la nulidad del acto administrativo de carácter general,
respecto de los actos administrativos de contenido particular, en el
contexto de una acción de grupo.

2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Exposición del caso y decisiones que se adoptarán. 2.2. La procedencia
de la acción de grupo para reparar perjuicios causados por actos administrativos. 2.3. El
daño antijurídico, la pérdida de fuerza ejecutoria y la excepción de inconstitucionalidad o
de ilegalidad. 2.4. Las situaciones jurídicas consolidadas que no se afectan con la nulidad
del acto administrativo de contenido general. 2.5. La condena en costas.

2.1. Exposición del caso y decisiones que se adoptarán

10. Alegando pertenecer al grupo de las víctimas de un acuerdo municipal
que creó el tributo denominado “derechos de semaforización”, que se
cobró durante varios años en el municipio de Pereira, se solicitó, la
devolución actualizada de las sumas pagadas por este concepto. Al
momento de la presentación de la demanda, el acuerdo municipal había
sido declarado nulo, pero se encontraba pendiente la resolución de la
apelación. La sentencia de primera instancia constató que la nulidad fue
confirmada en segunda instancia, pero negó las pretensiones, al concluir
que cada tributo se liquidaba mediante actos administrativos particulares,
que debían, por lo tanto, ser demandados en nulidad y restablecimiento
del derecho y no mediante una acción de grupo. Por el contrario, la
segunda instancia accedió a las pretensiones, luego de sostener que no
era necesario anular los actos administrativos particulares, como requisito
para proceder a reparar los perjuicios que se causaron al grupo, porque,
luego de la nulidad del acto general, los actos particulares habían
“decaído”.

11. El asunto fue seleccionado para revisión del Consejo de Estado,
considerando que, a pesar de la entrada en vigencia del CPACA, era
necesario, en primer lugar, unificar la jurisprudencia relacionada con la
procedencia de la acción de grupo para reparar perjuicios causados por
actos administrativos; en segundo término, examinar la corrección del

10 Se cita: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 23 de agosto

de 2005, exp. 2005-01672.

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Radicación: 66001-33-31-003-2008-00410-01
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Demandado: Instituto Municipal de Tránsito de Pereira y otro
Referencia: Revisión en acción de grupo
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análisis de la segunda instancia, según la cual, el “decaimiento” de los
actos particulares hacía innecesaria su anulación y abría la puerta a la
prosperidad de la acción de grupo. Finalmente, el auto de selección
consideró que se requería precisar lo que debe entenderse por las
situaciones jurídicas consolidadas, que no se afectan con la nulidad del
acto administrativo de carácter general.

12. La Sala revocará la sentencia de segunda instancia y, en su lugar,
negará las pretensiones de la demanda. Para sustentar la decisión, en
primer lugar, (2.2) la Sala unificará la jurisprudencia respecto de la
procedencia de la acción de grupo para reparar perjuicios causados por
actos administrativos. A continuación, precisará la relación entre (2.3) el
daño antijurídico, la pérdida de fuerza ejecutoria y la excepción de
inconstitucionalidad o de ilegalidad. Finalmente, se identificarán cuáles son
(2.4) las situaciones jurídicas consolidadas que no se afectan con la
nulidad del acto administrativo de carácter general y (2.5) se decidirá
sobre la condena en costas.

2.2. La procedencia de la acción de grupo para reparar
perjuicios causados por actos administrativos

13. Antes de la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011 existían
posiciones diversas en la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la
procedencia de la acción de grupo para reparar perjuicios causados por
actos administrativos: en un primer momento se recurrió al examen
gramatical de la Ley 472 de 1998, (Ley de Acciones Populares y de Grupo,
LAPAG, en adelante) y, a partir de las referencias normativas a las
“acciones” y “actuaciones” de la administración, se sostuvo que sí
resultaba procedente pretender la reparación de los perjuicios derivados
de los actos administrativos11. Sin embargo, tal posición fue radicalmente
modificada12. Se argumentó que la acción de grupo era un instrumento
netamente resarcitorio y, por lo tanto, no permitía cuestionar la validez de
los actos administrativos. De esta manera, no procedería la acción de
grupo “cuando la antijuridicidad del daño que de él provenga dependa
directamente de la anulación al acto”13. Sin embargo, al poco tiempo, la

11 Consejo de Estado, Secc. 3, Sentencia del 17 de mayo 2001, exp. 2000-0013-01(AG-010).
12 Consejo de Estado, Secc. 3, Sentencia de13 de marzo de 2003, exp. 2002-4222-01(AG-

078).
13 Consejo de Estado, Secc. 3, Sentencia del 15 de marzo de 2006, exp. 2005-03496-01.

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Radicación: 66001-33-31-003-2008-00410-01
Actor: William García Ramírez y otros
Demandado: Instituto Municipal de Tránsito de Pereira y otro
Referencia: Revisión en acción de grupo
Decisión: Revoca la sentencia de segunda instancia, niega
las pretensiones y unifica la jurisprudencia
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Sección Tercera del Consejo de Estado revivió la tesis de la procedencia14,
aunque, de nuevo, volvió a confirmar la tesis negativa, que, finalmente,
era mayoritaria15 antes de la entrada en vigencia del CPACA.

14. Ahora bien, más allá del punto de la procedencia o no, en abstracto,
de la acción de grupo frente a actos administrativos, la jurisprudencia
administrativa también debatió la cuestión a partir de la diferencia entre
los actos administrativos de carácter general y los de contenido particular,
especialmente, cuando un tributo creado por una norma general, requiere
ser liquidado mediante actos administrativos de contenido particular. Al
respecto, al fallar una acción de grupo, en el año 2007 se condenó a un
municipio a devolver lo pagado durante tres años por los usuarios del
servicio, por concepto del impuesto de telefonía básica previsto en un
acto administrativo general que fue declarado nulo. Para la sentencia, “La
declaración de nulidad del acto administrativo que sustentaba el impuesto
de telefonía urbana configura una falla del servicio de la cual se deriva el
daño antijurídico, cuya indemnización se solicita en la demanda”16. En tal
oportunidad, no se examinó si las facturas mensuales del servicio de
telefonía constituían o no actos administrativos y si ello era relevante para
la prosperidad de las pretensiones. Este aspecto sí fue considerado en una
decisión de marzo de 2008, en la que se negaron las pretensiones en un
proceso de acción de grupo que pretendía la devolución de lo pagado
por concepto del impuesto de alumbrado público. Allí se advirtió que las
facturas individuales, que liquidaron mensualmente el tributo respecto de
cada usuario, constituían actos administrativos de contenido particular
que, al no haber sido anulados, impedían la prosperidad de las
pretensiones17. La sentencia precisó que, únicamente, procedía la acción
de grupo por perjuicios causados por actos administrativos, en los mismos
eventos en los que procedería la acción de reparación directa, por
ejemplo, cuando siendo legal el acto, rompe la igualdad frente a las
cargas públicas o “cuando el daño proviene de un acto administrativo de

14 Consejo de Estado, Secc. 3, Sentencia del 22 de febrero de 2007, exp. 2002-01535 (AG) y

Secc. 3, Sentencia de 16 de agosto de 2007, Rad. N.° 66001-23-31-000-2004-00832-01 (AG).
15 Consejo de Estado, Secc. 3, Sentencia del 5 de marzo de 2008, exp. 2004-00066-01(AG) y

Secc. 3, sentencia de 4 de junio 2008, exp. 52001-23-31-000-2004-00145-01(AG).
16 Consejo de Estado, Secc. 3, Sentencia de 16 de agosto de 2007, Rad. N.° 66001-23-31-

000-2004-00832-01 (AG).
17 “Así las cosas, la reparación del daño que se afirma causado con el pago de ese

tributo, requiere la anulación de los actos administrativos mediante los cuales fue
liquidado en relación con cada usuario, porque mientras los actos permanezcan en el
mundo jurídico, son legales, firmes y ejecutivos y, por ende, sus efectos son jurídicos y no
comprometen la responsabilidad patrimonial del Estado”: Consejo de Estado, Secc. 3,
Sentencia del 6 de marzo de 2008, exp. 2003-01550-01.

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Radicación: 66001-33-31-003-2008-00410-01
Actor: William García Ramírez y otros
Demandado: Instituto Municipal de Tránsito de Pereira y otro
Referencia: Revisión en acción de grupo
Decisión: Revoca la sentencia de segunda instancia, niega
las pretensiones y unifica la jurisprudencia
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carácter general, (…) éste ha sido previamente anulado a través de la
acción idónea – nulidad- y entre el daño antijurídico causado y el acto
administrativo general no media acto administrativo particular necesario
para la concreción del daño”18 (subrayas agregadas). Esta posición fue
reiterada en un fallo de mayo de 200819.

15. Por el contrario, en 2011 se condenó a reparar los perjuicios a quienes,
de manera indebida, se les había liquidado el impuesto de alumbrado
público en un municipio. La sentencia consideró que sí existía una causa
común de los integrantes del grupo, porque, aunque las facturas de cada
usuario constituían actos administrativos de contenido particular, “existe
identidad de situación entre los integrantes del grupo”20, ya que, tras
aplicar un acuerdo municipal de contenido general y un convenio del
municipio con la empresa de servicios públicos, a todos ellos se les habían
hecho varios cobros ilegales21. Sostuvo que, a diferencia de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, en la acción de grupo no era
necesario individualizar cada uno de los actos administrativos que
liquidaron el tributo22 y, aunque sí era necesario presentar argumentos para
demostrar su invalidez (concepto de la violación), no se requería anular
cada uno de dichos actos administrativos para poder ordenar los
reembolsos al grupo, ya que bastaba con declarar su ilegalidad general y
en abstracto. Consideró, igualmente, que la acción de grupo no había
caducado, ya que, al momento de presentar la demanda, se seguía
cobrando dicho tributo mes a mes23. Así, calculó el monto de la condena a
partir de la información suministrada por la empresa de servicios públicos,

18 Consejo de Estado, Secc. 3, Sentencia del 6 de marzo de 2008, exp. 2003-01550-01.
19 Consejo de Estado, Secc. 3, sentencia del 21 de mayo de 2008, exp. 2003-02373-01(AG).
20 Consejo de Estado, Sub. C, Sentencia del 7 de marzo de 2011, exp. 2003-00650-02(AG).
21 “(…) el requisito al que se hace referencia fue acreditado en el proceso, puesto que la

causa que los actores identifican como generadora del daño es precisamente las
liquidaciones del impuesto público realizadas por ELECTROCOSTA en cumplimiento de lo
establecido en el Acuerdo 050 de 1990 y del convenio suscrito con el municipio de
Montería. Por lo tanto, existe identidad de situación entre los integrantes del grupo”:
Consejo de Estado, Sub. C, Sentencia del 7 de marzo de 2011, exp. 2003-00650-02(AG).
22 “Por ende, no sería ajustado a la finalidad perseguida por el constituyente en el artículo

88, la exigencia de requisitos como la vía gubernativa o la delimitación exacta de los
actos demandados en un caso como en el que nos ocupa en el que, dado el carácter
continuo y periódico (cada mes) de la expedición de las facturas en las que se fija el
monto exacto del impuesto de alumbrado público, imposibilitaría la reunión del mínimo de
personas afectadas (20) que exige el ordenamiento jurídico. A diferencia de lo expuesto,
tratándose del requisito del concepto de la violación, éste debe desprenderse del
contenido de la demanda, en atención al carácter rogado de la acción de grupo”:
Consejo de Estado, Sub. C, Sentencia del 7 de marzo de 2011, exp. 2003-00650-02(AG).
23 Sin embargo, como en una forma atípica de prescripción concluyó que únicamente “se

tendrá en cuenta para calcular la indemnización lo facturado desde los dos años
anteriores a la presentación de la demandada hasta la fecha en que el fallo sea
proferido”.

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Radicación: 66001-33-31-003-2008-00410-01
Actor: William García Ramírez y otros
Demandado: Instituto Municipal de Tránsito de Pereira y otro
Referencia: Revisión en acción de grupo
Decisión: Revoca la sentencia de segunda instancia, niega
las pretensiones y unifica la jurisprudencia
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respecto de las sumas globales recaudadas durante el tiempo que estuvo
vigente tal impuesto y ordenó que, para acceder al reembolso concreto,
bastaba con la presentación ulterior de las facturas, con la constancia de
pago.

16. Los casos descritos tienen en común, con el que se encuentra bajo
revisión, que mediante la acción de grupo se solicitó la devolución de unos
tributos creados por un acto general, pero liquidados mediante actos
administrativos de contenido particular. Así, en el presente asunto resulta
imprescindible tomar en consideración que el tributo denominado
derechos anuales de semaforización era liquidado individualmente y tales
liquidaciones constituyen actos administrativos de contenido particular, tal
como, acertadamente, lo concluyó la sentencia de primera instancia.
Ahora bien, a partir de las sentencias descritas, que constituyen
precedentes para el presente caso, no es posible extraer una posición
jurisprudencial uniforme: lo decidido en segunda instancia por el Tribunal
Administrativo de Risaralda se ajusta a las decisiones de 2007 y 2011, al
permitir la devolución de los pagos ordenados por distintos actos
administrativos de contenido particular, sin requerir su anulación, pero
contradice las dos posiciones jurisprudenciales de 2008, según las cuales, la
acción de grupo no permite reparar tales perjuicios, porque se requiere la
demanda individual y anulación de cada uno de dichos actos
particulares, para obtener el restablecimiento del derecho. Tal ausencia de
uniformidad jurisprudencial es lo que justifica que se unifique la
jurisprudencia respecto de la procedencia de la acción de grupo para
reparar perjuicios causados por varios actos administrativos de carácter
particular.

17. La Sala considera que la posición que resulta más correcta, a la luz de
la teoría general del acto administrativo y de la dogmática de la
responsabilidad del Estado es aquella según la cual la acción de grupo no
procede para reparar perjuicios causados por varios actos administrativos
de contenido particular, (tesis enunciada en los fallos precedentes de 2008)
y, por ello, será la posición jurisprudencial unificada en la materia, por las
razones que se exponen a continuación:

18. La existencia de actos administrativos de contenido particular respecto
de cada uno de los que pretenden integrar un grupo evidencia que no se
reúne el requisito de la uniformidad de condiciones: Los artículos 3 y 46 de

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Radicación: 66001-33-31-003-2008-00410-01
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Demandado: Instituto Municipal de Tránsito de Pereira y otro
Referencia: Revisión en acción de grupo
Decisión: Revoca la sentencia de segunda instancia, niega
las pretensiones y unifica la jurisprudencia
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la LAPAG, con redacciones idénticas, definen la acción de grupo como un
mecanismo para reparar perjuicios a un número plural o conjunto de
personas “que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma
causa que originó perjuicios individuales para dichas personas”. Se trata
del presupuesto de comunidad o identidad de causa, necesario para que,
desde un punto de vista jurídico, sea posible constatar la existencia de un
grupo que, por razones de economía procesal y efectividad en el acceso
a la administración de justicia, tramitan sus pretensiones de manera
conjunta24. Tal requisito implica que los perjuicios causados a cada uno de
los miembros del grupo provengan de una causa común que los coligue25.
A pesar de las dificultades del estudio de la teoría de la causalidad, la
jurisprudencia administrativa coincide en que su examen debe realizarse a
partir de la teoría de la causa eficiente o causalidad adecuada, que
diferencia entre los antecedentes del daño y su causa y, en tal medida, da
un trato diverso a ambos conceptos. Ello resulta imprescindible,
igualmente, para el análisis de daños causados por actos administrativos,
de la siguiente manera: (1) un mismo acto administrativo de carácter
general puede ser la causa adecuada o directa de daños a un número
plural de personas, a condición de que, sus efectos sean directos, es decir,
no existan actos intermedios. En materia tributaria, se trata de los eventos
en los cuales el tributo no requiere liquidación, sino una actuación directa
del contribuyente a través de una declaración o del simple pago. (2) un
mismo acto administrativo de carácter particular puede ser la causa
adecuada o directa de daños a un número plural de personas 26, por
ejemplo, aquel que ordena el desalojo de un lugar ocupado por varios. (3)
Cuando el acto general requiere ser concretado, a través de actos
administrativos de contenido particular, como es el caso de las
liquidaciones individuales de los tributos, son éstas las que constituyen la
causa adecuada de los daños y, el acto general, pasa a ser un
antecedente. Únicamente en los dos primeros casos existe, entonces, la

24 “En concreto, las acciones de grupo tienen las siguientes características: (…) El
elemento común es la causa del daño y el interés cuya lesión debe ser reparada, que es
lo que justifica una actuación judicial conjunta de los afectados (…)”: Corte
Constitucional, Sentencia C-215/99.
25 “La acción de grupo pretende reparar el daño ocasionado a unas personas que hacen

parte de un grupo, en la medida en que todas esas personas fueron afectadas por un
daño originado en circunstancias comunes, que ameritan un tratamiento procesal
unitario” (negrillas no originales): Corte Constitucional, Sentencia C-569/04.
26 Consejo de Estado, Secc. 3, Sub. B, Sentencia del 29 de septiembre de 2015, exp. 2000-

09014-05(AG). En este caso, existía el grupo de víctimas de dos actos administrativos con
contenido particular: la orden de capitalización del Banco Granahorrar, emitida por la
Superintendencia Bancaria y la orden de reducción del valor nominal de las acciones del
banco, proferida por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFÍN.

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Radicación: 66001-33-31-003-2008-00410-01
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Referencia: Revisión en acción de grupo
Decisión: Revoca la sentencia de segunda instancia, niega
las pretensiones y unifica la jurisprudencia
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comunidad o identidad de causa que permite tramitar una acción de
grupo ya que, en el último, en el que cada sujeto es destinatario de un
acto administrativo de contenido particular, la individualidad jurídica de
cada uno de dichos actos jurídicos27 y su presunción de legalidad impiden
que, su aglomeración conforme un grupo con comunidad de causa. Es
por ello que la oportunidad para cuestionar administrativa o judicialmente
cada uno de tales actos corre separadamente, a partir de la fecha
concreta de su notificación o comunicación. Para la jurisprudencia, el
incumplimiento del presupuesto de comunidad de causa entre quienes
pretenden integrar el grupo significa la ausencia de legitimación en la
causa para incoar una acción de grupo28.

19. Los daños causados por sendos actos administrativos de contenido
particular no anulados son jurídicos: A la luz del artículo 90 de la
Constitución el Estado sólo se encuentra en el deber de reparar los daños
antijurídicos, es decir, aquellos que no encuentren respaldo o justificación
en el ordenamiento jurídico o que, de alguna manera, lo contraríen. En lo
que concierne a los actos administrativos, su presunción de legalidad
significa que, en principio, los daños que produce su ejecución o sus
efectos son jurídicos y, por lo tanto, no generan el deber de repararlos,
salvo en tres eventos: (1) cuando, sin necesidad de anularlos, se concluye
que legítimamente se rompió la igualdad frente a las cargas públicas; (2)
cuando la administración, mediante un segundo acto administrativo,
reconoce la antijuridicidad del primero, al revocarlo de manera directa por
violación de la Constitución o de la ley y (3) cuando son anulados. En este
último caso, la anulación judicial del acto administrativo desvirtúa la
presunción de legalidad y, por lo tanto, transforma el daño jurídico en
antijurídico, por lo que abre la puerta a la reparación de los perjuicios. Así
que, cuando la acción de grupo se funda causalmente en actos
administrativos que gozan de presunción de legalidad, porque no han sido
anulados, que no configuran un daño especial ni han sido revocados por
antijurídicos, los daños que pudieron haber generado son jurídicos y, por lo

27 La existencia y vicisitudes de cada uno de los actos administrativos de contenido
particular son autónomas: la revocatoria directa, la nulidad y la pérdida de fuerza
ejecutoria de uno de ellos no genera, por sí sola, inexistencia, invalidez o ineficacia en los
otros.
28 “La ley 472 de 1998 exige como requisito de procedibilidad que el grupo que hace uso

de la acción reúna condiciones uniformes respecto de la causa del daño y de los
elementos que configuran la responsabilidad (…) Requisito de acreditación de legitimidad
procesal por activa, coherente del todo con la naturaleza plural del mecanismo
procesal”: Consejo de Estado, Sub. C, Sentencia del 7 de marzo de 2011, exp. 2003-00650-
02(AG).

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Actor: William García Ramírez y otros
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Referencia: Revisión en acción de grupo
Decisión: Revoca la sentencia de segunda instancia, niega
las pretensiones y unifica la jurisprudencia
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tanto, no exigen reparación. Para transformar los daños causados por
actos administrativos de jurídicos en antijurídicos, no basta con la
declaración judicial de su ilegalidad, como equivocadamente lo concluyó
la sentencia citada de 2011, ya que únicamente la nulidad es la que
suprime la presunción de legalidad.

20. En consideración de las anteriores razones, la Sala unifica la
jurisprudencia a partir de la siguiente regla: la acción de grupo no procede
para reparar perjuicios causados por varios actos administrativos
individuales, al no cumplirse el requisito de comunidad de causa o de
existencia jurídica del grupo y, por lo tanto, la reparación de los perjuicios
causados por cada uno de tales actos administrativos debe intentarse
separadamente, mediante los correspondientes procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho.

21. La aplicación de esta regla al caso revisado implica necesariamente
revocar la sentencia de segunda instancia, que ordenó la devolución de
los pagos realizados a título de derechos anuales de semaforización, sin
tener en cuenta que se trataba de un tributo que, anualmente, se
liquidaba de manera individual, mediante actos administrativos de
contenido particular29 que, dependiendo de su ejecutoria, eran
susceptibles de haber sido demandados mediante acciones de nulidad y
restablecimiento del derecho. La sentencia desconoció, entonces, que (1)
no existía el grupo alegado, ante la ausencia de comunidad de causa de
los perjuicios. Igualmente, al considerar que la causa común era el acto
administrativo de carácter general que creó el tributo, (2) aplicó la teoría
de la equivalencia de las condiciones y, por lo tanto, equiparó
indebidamente dicho antecedente a las verdaderas causas adecuadas30,
ya que se trataba de un tributo que se liquidaba mediante actos
individuales. También, sin anular cada uno de los actos administrativos
concretos que causaron perjuicios a los integrantes del grupo, la sentencia
de segunda instancia (3) ordenó reparar daños jurídicos, por lo que violó el
artículo 90 de la Constitución31. Además, al conceder las pretensiones de la
acción de grupo (4) desconoció los términos de caducidad de las

29 “(…) la factura tiene una naturaleza compleja porque ostenta conjuntamente las
calidades de cuenta de cobro, título ejecutivo y acto administrativo”: Consejo de Estado,
Secc. 3, Sub. C, Sentencia del 7 de marzo de 2011 exp. 2003-00650-02(AG).
30 Llama la atención que la sentencia utilizara la expresión “causa originaria”, para referirse

al acuerdo municipal, porque ella es cercana a la de “conditio sine qua non”.
31 Respecto del deber de examinar la antijuridicidad del daño: Consejo de Estado, Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión, Sentencia del 4
de diciembre de 2018, exp. 2007-00107-01(AG)REV.

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acciones de nulidad y restablecimiento del derecho que podían haberse
interpuesto, año tras año, respecto de los actos administrativos en
cuestión32.

22. Igualmente, debe advertirse que, independientemente de la
inexistencia del grupo en el caso de pluralidad de actos administrativos de
contenido particular, el asunto bajo revisión es anterior a vigencia del
CPACA y, como lo determinó un fallo de 2015, la jurisprudencia en
vigencia del CCA no permitía la anulación de actos administrativos
mediante la acción de grupo33, entre otras razones, por la falta de una
autorización legislativa expresa. La atribución legal de competencia
ocurrió con la vigencia del CPACA que, en su artículo 145, dispuso que
“Cuando un acto administrativo de carácter particular afecte a veinte (20)
o más personas individualmente determinadas, podrá solicitarse su nulidad
si es necesaria para determinar la responsabilidad, siempre que algún
integrante del grupo hubiere agotado el recurso administrativo
obligatorio”34. También previó en el artículo 164 que “si el daño causado al
grupo proviene de un acto administrativo y se pretende la nulidad del
mismo, la demanda con tal solicitud deberá presentarse dentro del término
de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la
comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto
administrativo”35. Aunque estas normas no resultan aplicables al presente
caso, resalta la Sala que son coincidentes con la regla que se unifica, ya
que únicamente permiten la procedencia de la acción de grupo respecto
de un acto administrativo de contenido particular, mas no respecto de
varios actos administrativos, porque no existiría comunidad de causa.

2.3. El daño antijurídico, la excepción de inconstitucionalidad o
de ilegalidad y la pérdida de fuerza ejecutoria del acto
administrativo

32 Considerando exclusivamente la situación del demandante que representó al grupo, se

observa que aportó facturas de dicho tributo respecto de dos vehículos. Así, respecto del
vehículo de placas PET 403, anexó una factura pagada el 4 de abril de 2005, sin fecha de
expedición (folio 5 c. 1) y, respecto del año 2006, fue pagada el 26 de enero de 2006 (folio
6 c 1). Por su parte, la demanda fue presentada el 17 de julio de 2008 cuando, a todas
luces, le había caducado la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para
cuestionar tales los actos administrativos por los que reclamó la devolución.
33 Consejo de Estado, Secc. 3, Sub. B, Sentencia del 29 de septiembre de 2015, exp. 2000-

09014-05(AG).
34 Inciso 2 del artículo 145 del CPACA.
35 Literal h, numeral 2 del artículo 164 del CPACA.

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23. La demanda del presunto grupo de quienes pagaron, durante varios
años, los derechos de semaforización en la ciudad de Pereira, solicitó que
la reparación fuera ordenada, mediante la declaratoria previa de la
excepción de inconstitucionalidad y de ilegalidad del acuerdo municipal
que creó el tributo. Reconoció el escrito que, aunque el acuerdo municipal
ya había sido anulado en primera instancia, estaba pendiente de
resolverse la apelación. El juzgado de primera instancia no resolvió
respecto de tal solicitud, ya que suspendió el proceso en la espera de que
se fallara la segunda instancia que, finalmente, confirmó la nulidad. Por su
parte, el tribunal que falló la segunda instancia accedió a las pretensiones
de reparación, tras argumentar que, para ello, no se requería anular los
actos administrativos que liquidaron el tributo, ya que éstos habían
“decaído” como consecuencia de la nulidad del acto general en que se
fundaban. Debido a lo anterior, la Sala precisará que (1) la declaratoria de
la excepción de inconstitucionalidad o de ilegalidad no permite la
reparación de los perjuicios causados por un acto administrativo y (2) la
pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos no transforma en
antijurídicos los daños que hubieren causado y, por ello, tampoco permite
la reparación de los perjuicios, por lo que se explica a continuación:

24. La excepción de un acto administrativo no lo priva de la presunción de
legalidad y, por lo tanto, no convierte en antijurídico el daño causado: La
potestad judicial de inaplicar, con efectos relativos (inter partes) un acto
administrativo, debido a su inconstitucionalidad o a su ilegalidad no
equivale a su anulación. La declaratoria de la excepción impide que éste
produzca efectos respecto las partes del proceso, por lo que, a partir de la
teoría del negocio jurídico, se trata de un evento de ineficacia, mas no de
invalidez. Ello explica que al inaplicar el acto administrativo no se desvirtúa
la presunción de legalidad la que, únicamente desaparece con la
declaratoria de nulidad y es por ello que permite la reparación de los
perjuicios causados. Ahora bien, si en gracia de discusión se hubiera
accedido a la solicitud de inaplicar el acto administrativo que creó el
tributo, en todo caso, como se explicó, los daños no serían antijurídicos,
considerando que fueron imputables a los actos administrativos que
liquidaron los derechos anuales de semaforización.

25. La pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos no
convierte en antijurídicos los daños causados por estos: En el derecho
administrativo colombiano se previó la figura de la pérdida de la fuerza

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ejecutoria – pérdida de obligatoriedad – como un fenómeno que impide
que, hacia el futuro, los actos administrativos que la han sufrido puedan ser
ejecutados o continuar surtiendo efectos. Es decir que se trata, igualmente,
de una eventualidad o vicisitud en la vida del acto administrativo que lo
lesiona en su eficacia, pero no lo afecta en su existencia36, ni lo priva de la
presunción de legalidad, lo que explica que, de acuerdo con la
jurisprudencia, la pérdida de fuerza ejecutoria no impida el desarrollo del
proceso de nulidad contra el acto ineficaz, declarar su nulidad y ordenar el
restablecimiento del derecho37. En otras palabras, en el derecho
colombiano la nulidad del acto general no provoca la nulidad
automática, por consecuencia, de los actos particulares proferidos en
desarrollo del anulado38. Igualmente, la pérdida de fuerza ejecutoria surte
efectos hacia el futuro, por lo que, de haberse ejecutado el acto
administrativo el acaecimiento de alguna de las hipótesis de ineficacia no
conlleva, por sí solo, a retrotraer los efectos ya producidos y amparados
por la presunción de legalidad.

26. Se reitera, entonces, que únicamente la anulación del acto
administrativo desvirtúa la presunción de legalidad39 y permite la
reparación de los perjuicios cuya antijuridicidad dependa de la invalidez
del acto. Es decir que erró la segunda instancia al concluir que era posible
ordenar el reembolso de las sumas pagadas por el tributo, porque los actos
particulares habían perdido fuerza ejecutoria. En realidad, lo único que
generaba, en tal caso, la pérdida de fuerza ejecutoria, era la imposibilidad
de ejecutarlos, por ejemplo, mediante procedimientos administrativos de
cobro coactivo, pero lo ya pagado gozaba de presunción de legalidad.

36 Es por lo anterior que resulta imprecisa la expresión “decaimiento”, carente de
fundamento legal y que es definida como un fenómeno de extinción del acto
administrativo, es decir, que generaría inexistencia: “El decaimiento del acto
administrativo es, pues, una suerte de “extinción” de la decisión administrativa”: Consejo
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinticuatro Especial de
Decisión, Sentencia del 2 de julio de 2021, exp. 2020-04467-00 y 2020-04468-00.
37 Consejo de Estado, Secc. 1, Auto del 15 de julio de 2021, exp. 2012-00323-00.
38 “la anulación del acto de naturaleza general no conlleva per se la nulidad de los actos

administrativos particulares o concretos expedidos con base en ese acto general
anulado, pues es indispensable que sean demandados en sus propias acciones
jurisdiccionales si la pretensión del interesado es que también desaparezcan del orden
jurídico”: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta
Especial de Decisión, Sentencia del 4 de diciembre de 2018, exp. 2007-00107-01(AG)REV.
39 “solo el fallo de nulidad, al producir efectos ex tunc, desvirtuaría la presunción de

legalidad que los acompañó mientras produjeron efectos”: Consejo de Estado, Secc. 1,
Auto del 28 de mayo de 2021, exp. 2017-00353-00.

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2.4. Las situaciones jurídicas consolidadas que no se afectan
con la nulidad del acto administrativo

27. La sentencia del Tribunal Administrativo de Risaralda que se revocará
consideró que los efectos de la nulidad del acuerdo municipal que creó el
tributo denominado derechos anuales de semaforización fueron
retroactivos, por lo que, debía ordenarse la devolución de los pagos
realizados con fundamento en tal acto administrativo. Sin embargo, tal
razonamiento olvida que, de acuerdo con la jurisprudencia administrativa,
los accionantes hubieran debido acudir, previamente, al procedimiento
administrativo previsto para la devolución de los pagos de lo no debido
(mismo procedimiento de devolución de saldos a favor).

28. Aunque la nulidad del acto administrativo impersonal y abstracto
produce efectos generales e inmediatos y, en principio, implica retrotraer
los efectos que produjo, como si este no hubiera existido jamás (efecto ex
tunc o desde ese entonces), tal retroactividad únicamente se predica de
las situaciones jurídicas aún no consolidadas. Las situaciones jurídicas no
consolidadas son las que, al momento de proferir la sentencia de nulidad,
son todavía susceptibles de ser controvertidas por las vías administrativa o
judicial, porque la oportunidad para activar los mecanismos no ha
vencido, o porque dichos procedimientos o procesos se encuentran en
espera de resolución. Así, ha reconocido la jurisprudencia administrativa
que la nulidad del acto general creador del tributo otorga fundamento a
las solicitudes de devolución del pago de lo no debido40, incluso si se trata
de tributos liquidados mediante actos particulares, al existir una vía para
impugnar dichos pagos con el argumento de la nulidad del acto general41.

40 “Se señala, que el pago de lo no debido se configura cuando se hayan efectuado
pagos con cargo a alguna autoridad administrativa, o cuando el pago se ha efectuado
sin que exista causa legal para hacer exigible su cumplimiento. Por tanto, para que un
pago en materia de impuestos se pueda catalogar como de lo no debido, se requiere: 1)
Haber realizado el pago. 2) Ausencia de causa legal para pagar. 3) Error de hecho o de
Derecho de quien hizo el pago. 4) Ausencia de obligación que permita a la
administración Retener lo pagado”: Consejo de Estado, Secc. 4, Sentencia del 13 de
diciembre de 2017, exp. 2015-00047-01.
41 “(…) cuando se declara la nulidad de un acuerdo municipal que reglamenta un tributo

local, el monto pagado durante su vigencia pierde su fundamento legal y, por lo tanto,
deviene en un pago de lo no debido. En estos eventos, el contribuyente tiene derecho a
obtener la devolución de lo pagado, siempre que lo haga dentro del plazo (…) Así,
mientras dicho plazo -el de prescripción de la acción ejecutiva- no haya finalizado, el
contribuyente puede pedir la restitución de las sumas pagadas por concepto de
obligaciones tributarias improcedentes. Lo anterior significa que durante ese término, no
puede hablarse de la existencia de una situación jurídica consolidada en relación con el
pago, en tanto esta solo se configura cuando el contribuyente ha perdido la oportunidad
de exigir el reintegro del dinero”: Consejo de Estado, Secc. 4, Sentencia del 25 de febrero

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Radicación: 66001-33-31-003-2008-00410-01
Actor: William García Ramírez y otros
Demandado: Instituto Municipal de Tránsito de Pereira y otro
Referencia: Revisión en acción de grupo
Decisión: Revoca la sentencia de segunda instancia, niega
las pretensiones y unifica la jurisprudencia
________________________________________________________________________________________
Ahora bien, únicamente es posible reclamar la devolución administrativa
respecto de pagos realizados dentro de los cinco años anteriores a la
anulación del acto general42 o que, siendo anteriores, los procedimientos
administrativos o los procesos judiciales en los que se reclama la
devolución no han sido aún resueltos. Así las cosas, los pagos realizados
más allá de tal período o cuya reclamación fue definitivamente resuelta
antes de la sentencia de nulidad se consideran situaciones jurídicas
consolidadas que no resultan afectadas por la nulidad del acto
administrativo general creador del tributo. En otras palabras, la nulidad del
acto creador del tributo conduce a que pierdan título jurídico los pagos
realizados respecto de los cuales no ha expirado el término legal para
reclamar administrativamente el pago de lo no debido43 y la ausencia de
tal reclamación administrativa hace perder certeza al daño, ante la
posibilidad de retrotraerlo administrativamente44.

29. Finalmente, en el auto de selección para revisión se sostuvo que se
requería un pronunciamiento acerca de los efectos de la nulidad del acto
general, respecto del conteo de los términos para solicitar
administrativamente el reembolso del pago de lo no debido y de las
acciones de nulidad y restablecimiento del derecho de los actos
administrativos de contenido particular, expedidos con fundamento en el
acto general anulado. Se indicó que existía un concepto de la Sala de
Consulta del Consejo de Estado según el cual el término para reclamar la
devolución debería contarse desde la sentencia de nulidad del acto
general, pues sólo desde allí se tiene certeza del carácter indebido del
pago. Al respecto, precisa la Sala que la nulidad del acto administrativo de
carácter general no tiene la virtud de reabrir o revivir los términos
administrativos o judiciales45. Así, en lo que respecta a los términos para

de 2021, exp. 2012-00349-01, respecto de la devolución de pagos por impuesto de
alumbrado público. Esta sentencia reitera la de la Secc. 4, Sentencia del 20 de mayo de
2021, exp. 2017-00574-01.
42 La devolución o compensación por pagos de lo no debido debe solicitarse dentro del

término de prescripción de la acción ejecutiva contenida en el artículo 2536 del Código
Civil, esto es, dentro de un plazo de 5 años (artículos 11 y 21 del Decreto 1000 de 8 de abril
de 1997 y 11 y 16 del Decreto 2277 de 6 de noviembre de 2012).
43 En un caso en el que se anuló una ordenanza departamental y un decreto de

gobernador que crearon, sin competencia, un tributo que se declaraba sin liquidación
individual, concluyó la Sección Cuarta del Consejo de Estado que había pago de lo no
debido, respecto de las sumas frente a las cuales no había expirado el término para
solicitar administrativamente la devolución: Consejo de Estado, Secc. 4, Sentencia del 8
de febrero de 2018, exp. 2013-00744-01.
44 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial

de Decisión, Sentencia del 4 de diciembre de 2018, exp. 2007-00107-01(AG)REV.
45 “La declaratoria de nulidad de un acto administrativo general si bien como ya se vio

tiene efectos retroactivos, no implica que se afecten los actos particulares que se hayan

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Radicación: 66001-33-31-003-2008-00410-01
Actor: William García Ramírez y otros
Demandado: Instituto Municipal de Tránsito de Pereira y otro
Referencia: Revisión en acción de grupo
Decisión: Revoca la sentencia de segunda instancia, niega
las pretensiones y unifica la jurisprudencia
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demandar la nulidad y restablecimiento del derecho de cada uno de los
actos administrativos de contenido particular que liquidaron el tributo, la
nulidad del acto administrativo general no constituye un “hecho nuevo”
que permita revivir los términos de caducidad de las acciones para
controvertir los actos administrativos particulares. En efecto, los términos de
caducidad son determinaciones de orden público que constituyen cargas
legales para que las personas accedan a la administración de justicia. Es la
ley la que dispone tanto su término, como el momento del inicio del
conteo, como efectivamente ocurre en lo que concierne a la nulidad y
restablecimiento del derecho, ya que el artículo 136.2 del CCA
(equivalente al artículo 164.2 lit. d) del CPACA) previó que la demanda
deberá promoverse dentro de los cuatro meses siguientes “contados a
partir del día siguiente al de la publicación, notificación, comunicación o
ejecución del acto, según el caso”. Así, a diferencia de lo que ocurre en la
acción de tutela, mecanismo informal en el que no existe un término legal
de caducidad, sino una exigencia de valoración caso a caso denominada
inmediatez, a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no le es
predicable la teoría del hecho nuevo porque el juez no cuenta con tal
margen de apreciación caso a caso, sino con un término legal de
caducidad claramente determinado. Lo anterior, sin perjuicio de los casos
excepcionales en los que la Corte Constitucional ha dispuesto la
reapertura de los términos de caducidad de las acciones de nulidad y
restablecimiento del derecho, tras declarar un estado de cosas
inconstitucional46 algo que, en todo caso, no confiere al juez de lo
contencioso administrativo la potestad de hacerlo por sí mismo.

30. Por otra parte, en lo que respecta a la reclamación administrativa para
obtener el reembolso del pago de lo no debido, si bien es cierto que esta
únicamente adquiere fundamento con la anulación del acto general, ello
no significa que la fecha del pago, como momento a partir del cual se
cuenta la oportunidad para reclamar, sea posterior. En otras palabras,
aunque es la nulidad la que convierte en indebido el pago, es la fecha en
la que se realizó la que determina el término para reclamar su

expedido con base en la norma anulada, si de otro lado se han utilizado los medios
jurídicos para controvertir la decisión y se ha resuelto sobre ella o simplemente porque se
han vencido los plazos para su impugnación con anterioridad a la fecha del fallo, pues
éste no tiene como consecuencia revivir términos que otras disposiciones consagran para
su discusión administrativa o jurisdiccional o para que el acto quede en firme”: Consejo de
Estado, Secc. 4, Sentencia del 5 de mayo de 2003, exp. 12248.
46 Por ejemplo, en el caso del estado de cosas inconstitucionalidad respecto de la

población desplazada: Corte Constitucional, Sentencia SU-254/13.

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Radicación: 66001-33-31-003-2008-00410-01
Actor: William García Ramírez y otros
Demandado: Instituto Municipal de Tránsito de Pereira y otro
Referencia: Revisión en acción de grupo
Decisión: Revoca la sentencia de segunda instancia, niega
las pretensiones y unifica la jurisprudencia
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devolución47. Además, si se aceptara que la sentencia de nulidad
determina el inicio del plazo para reclamar, en el caso de tributos
liquidados mediante actos administrativos particulares, se desconocería
que la posibilidad jurídica de demandar la nulidad y el restablecimiento
del derecho se encontraba abierta a partir de la publicidad de cada uno
de dichos actos y la prosperidad de las pretensiones no dependía, de
manera alguna, de la nulidad del acto general, ya que, bastaba con
demostrar la invalidez del acto general y no aplicarlo al caso concreto
(excepción de inconstitucionalidad o de ilegalidad) para que pudiera
procederse a anular el acto particular y, por consiguiente, a restablecer el
derecho. Una interpretación contraria permitiría, entonces, que la nulidad
del acto general afectara el principio de seguridad jurídica, al predicar sus
efectos de situaciones jurídicas ya incontrovertibles, por la expiración de la
oportunidad para la reclamación administrativa y por la caducidad de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

31. Los obligados al pago de tributos liquidados mediante actos
administrativos de contenido particular tienen a su disposición dos vías
para obtener la devolución de lo pagado: la vía judicial que implica
demandar, dentro de los cuatro meses siguientes, el acto administrativo de
contenido particular que liquidó el tributo o la vía mixta en la que, luego de
obtener la nulidad del acto de contenido general, creador del tributo, se
procede a realizar la solicitud administrativa de devolución del pago de lo
no debido pero, en este caso, únicamente se podría obtener el reembolso
de lo pagado dentro de los cinco años anteriores a la ejecutoria de la
sentencia de nulidad ya que, lo pagado con anterioridad ya es
incuestionable administrativa y judicialmente. Igualmente, en caso de que
la administración niegue la devolución, el mecanismo idóneo para
controvertir tal decisión es la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho.

Conclusión

32. La acción de grupo no procede para reparar perjuicios causados por
varios actos administrativos individuales, al no cumplirse el requisito de
comunidad de causa o de existencia jurídica del grupo y, por lo tanto, la

47 El término de prescripción “se contabiliza desde la realización del pago, pues es desde

ese momento que se puede hablar de la existencia de un pago de lo no debido, y en
consecuencia, que se configura la obligación para la administración, de reintegrar esos
recursos”: Consejo de Estado, Sentencia del 3 de julio de 2020, exp. 2013-01576-01.

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Radicación: 66001-33-31-003-2008-00410-01
Actor: William García Ramírez y otros
Demandado: Instituto Municipal de Tránsito de Pereira y otro
Referencia: Revisión en acción de grupo
Decisión: Revoca la sentencia de segunda instancia, niega
las pretensiones y unifica la jurisprudencia
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reparación de los perjuicios causados por cada uno de tales actos
administrativos debe intentarse separadamente, mediante los
correspondientes procesos de nulidad y restablecimiento del derecho.
Igualmente, a continuación del fallo que anuló el acto administrativo de
carácter general, es posible acudir a la solicitud administrativa de
devolución del pago de lo no debido, pero únicamente respecto de lo
cancelado dentro de los cinco años anteriores a la ejecutoria de la
sentencia de nulidad, al tratarse de situaciones jurídicas no consolidadas,
en cuanto son susceptibles aún de ser controvertidas ante la
administración.

33. Debido a lo anterior, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, a
través de la Sala Especial de Decisión número Catorce, revocará la
sentencia de segunda instancia proferida dentro del presente proceso por
la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda el 27 de febrero
de 2014, a través de la cual revocó la sentencia de primera instancia y
declaró patrimonialmente responsable al Instituto Municipal de Tránsito de
Pereira, por los daños sufridos por los integrantes del presunto grupo. En su
lugar, confirmará la sentencia de primera instancia proferida el 13 de
febrero de 2013 por el Juzgado 3º Administrativo del Circuito de Pereira,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. No prospera
la pretensión subsidiaria de la demanda en la que se solicitó que el
porcentaje de la condena destinado a informar respecto del derecho a
reclamar la indemnización se descontara del monto global reconocido,
considerando que ella dependía de la prosperidad de la condena a la
entidad pública demandada.

34. Sin embargo, en aplicación del principio constitucional de seguridad
jurídica, la Sala no ordenará la restitución de los dineros efectivamente
reembolsados a quienes resultaron beneficiados con la condena proferida
por el Tribunal Administrativo de Risaralda, considerando que, como quedó
evidenciado, la sentencia del Tribunal se ajustaba a una de las posiciones
jurisprudenciales existentes en el Consejo de Estado respecto de la
procedencia de la acción de grupo para reparar perjuicios causados por
varios actos administrativos de contenido particular. Por lo anterior, la
posición jurisprudencial que se unifica en la presente sentencia surtirá
efectos prospectivos, es decir, respecto de los casos futuros. Sin embargo,
advertirá que, de haber a la fecha de notificación de esta sentencia
remanentes no reclamados respecto de la suma global destinada a las

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Radicación: 66001-33-31-003-2008-00410-01
Actor: William García Ramírez y otros
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Decisión: Revoca la sentencia de segunda instancia, niega
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indemnizaciones, deben ser devueltos a la entidad pública condenada.

2.5. Sobre la condena en costas

35. No existen elementos de juicio que permitan concluir que el
accionante actuó de mala fe o de manera temeraria. Por ello, la Sala se
abstendrá de condenar en costas, de acuerdo con los artículos 38 de la
Ley 472 de 1994 y 171 del Código Contencioso Administrativo.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Especial De Decisión Número Catorce del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: UNIFICAR la jurisprudencia a partir de la siguiente regla: la acción
de grupo no procede para reparar perjuicios causados por varios actos
administrativos individuales, al no cumplirse el requisito de comunidad de
causa o de existencia jurídica del grupo y, por lo tanto, la reparación de los
perjuicios causados por cada uno de tales actos administrativos debe
intentarse separadamente, mediante los correspondientes procesos de
nulidad y restablecimiento del derecho

SEGUNDO: REVOCAR la Sentencia de segunda instancia proferida por la
Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda el 27 de febrero
de 2014, a través de la cual revocó la sentencia de primera instancia y
declaró patrimonialmente responsable al Instituto Municipal de Tránsito de
Pereira, por los daños sufridos por los integrantes del grupo. En su lugar,
CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 13 de febrero de
2013 por el Juzgado 3º Administrativo del Circuito de Pereira, mediante la
cual se negaron las pretensiones de la demanda.

TERCERO: DISPONER que, en caso de haberse cumplido la sentencia de
segunda instancia, los pagos realizados no serán objeto de reembolso,
pero si existen remanentes respecto de la suma global de la condena,
deberán ser devueltos a la entidad pública condenada.

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Radicación: 66001-33-31-003-2008-00410-01
Actor: William García Ramírez y otros
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Decisión: Revoca la sentencia de segunda instancia, niega
las pretensiones y unifica la jurisprudencia
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CUARTO: NO CONDENAR en costas.

QUINTO: por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia,
DEVUÉLVASE el expediente a la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo
de Risaralda.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ROCÍO ARAUJO OÑATE MILTON CHAVES GARCÍA
-salvamento parcial de voto-

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA NUBIA MARGOTH PEÑA

Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

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