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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-33-000-2020-00064-01

Fecha
17 de abril de 2026
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 19001-23-33-000-2020-00064-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la Sentencia del Tribunal Administrativo del Cauca, de 1 de agosto de 2024, que negó las pretensiones de la demanda, según las consideraciones expuestas. SEGUNDO: en su lugar, DECLARAR, DE OFICIO, LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, según las consideraciones expuestas. 16 Folio 189, Cuaderno 1. 17 Folio 323 del CD aportado por la CRC con la contestación de la demanda, Folio 397, Cuaderno 1. 18 “EL CASO CONCRETO (…) El día 8 de octubre de 2013 se impone medida preventiva a la señora María Juliana Angulo Garrido, debido a la evidente presencia de material de rio en el patio de acopio, actividad la cual no se encuentra sustentada en la Resolución de licencia. Mediante Resolución 4404 del 29 de octubre de 2013 se legaliza la medida preventiva. Se evidencia extracción de material de arrastre y se observa maquinaria pesada en el sitio, lo cual no se encuentra sustentado en la Resolución de licencia, se verifican impactos negativos en recursos como SUELO, contaminación por aceites y grasas, FLORA, afectada por la maquinaria, AGUA, contaminación por residuos peligrosos como grasas y aceites en la fuente hídrica del rio salado y FAUNA.” Parte considerativa del Auto 3208 de 26 de diciembre de 2013. Folios 186 a 188, Cuaderno 1. 19 Folio 217, Cuaderno 2. 20 Solicitud presentada el 2 de octubre de 2019 y audiencia, sin ánimo conciliatorio, celebrada el 10 de diciembre de 2019. Folios 6 a 9, Cuaderno 1. 8 de 9 Radicado: 19001-23-33-000-2020-00064-01 (72.078) Demandante: María Juliana Angulo Garrido y otro Demandados: Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) Referencia: Medio de control de reparación directa Decisión: Revoca la Sentencia y declara la caducidad TERCERO: CONDENAR, por concepto de costas y agencias en derecho de esta instancia, a los demandantes, a favor de Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), según las consideraciones expuestas. De conformidad con el artículo 366 del CGP, ambas serán liquidadas por el Tribunal. CUARTO: Por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 19001-23-33-000-2020-00064-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

17 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 17 de abril de 2026

Radicado: 19001-23-33-000-2020-00064-01 (72.078)
Demandante: María Juliana Angulo Garrido y otro
Demandados: Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC)
Referencia: Medio de control de reparación directa

Temas: reparación directa - procedimiento sancionatorio ambiental - daño - fuente del daño –
adecuación del medio de control - nulidad y restablecimiento del derecho - caducidad

Síntesis del caso: Los demandantes solicitan la declaratoria de responsabilidad del Estado por el
daño y los perjuicios producidos por las actuaciones (acciones y omisiones) de una autoridad
ambiental, que les imposibilitaron la explotación de una concesión minera, entre 2013 y 2019.

Decide la Sala1 el recurso de apelación interpuesto por los demandantes en contra
de la Sentencia de 1 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del
Cauca, que negó las pretensiones de la demanda2.

Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada – 1.3.
Sentencia recurrida – 1.4. Recurso de apelación

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 4 de febrero de 2020, María Juliana Angulo Garrido y Juan Miguel Angulo
Garrido (en adelante, los demandantes) presentaron demanda3, en ejercicio del
medio de control de reparación directa, en contra de la Corporación Autónoma
Regional del Cauca (en adelante, CRC), con las siguientes (se trascribe):

“DECLARACIONES Y CONDENAS:

1 La decisión acoge la posición mayoritaria de la Sala, la cual comparte el ponente, por estar ajustada a la normativa

aplicable. No obstante, aclara su postura en el siguiente sentido: En la demanda se pretendió la reparación del daño,
consistente en la imposibilidad de explotar la concesión minera, generado por las acciones y omisiones de la CRC durante
el trámite de un procedimiento administrativo sancionatorio ambiental. Para una controversia, así propuesta, el medio de
control de reparación directa es procedente. Ahora bien, producto del análisis sustancial, luego de valorar el material
probatorio obrante en el expediente, resultaría demostrado que, en realidad, el daño alegado en la demanda no encuentra
su fuente en acciones y omisiones, sino en la Resolución 4404 de 29 de octubre de 2013, que legalizó la medida preventiva
impuesta en acta de 8 de octubre de 2013, la cual no fue revocada y cuya validez no se cuestionó y, en todo caso, son
decisiones que fueron expedidas antes del inicio formal del procedimiento sancionatorio ambiental, por medio del Auto 3208
de 26 de diciembre de 2013. Por lo tanto, si la suspensión de la actividad minera y, en consecuencia, la imposibilidad de
explotar la mina (daño alegado) derivaron de un acto administrativo en firme, cuya legalidad se presume, con carácter
obligatorio y ejecutorio, resulta claro que los demandantes, antes del inicio del procedimiento sancionatorio ambiental, no
estaban facultados para ejercer los derechos que se derivaban del contrato de concesión y de la licencia ambiental y, en
consecuencia, tenían el deber de soportar los daños que se derivaran de dicha medida de suspensión. Entonces, se habría
confirmado la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones, porque según el referido análisis, los demandantes
habrían sufrido un daño jurídico, no susceptible de ser reparado. En relación con los daños jurídicos: Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 14, Sentencia de 6 de diciembre de 2021, Exp. 66001-33-
31-003-2008-00410-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 12 de junio
de 2014, Exp. 31.185; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de
17 de junio de 2024, Exp. 61.039; entre otras.
2 El Consejo de Estado es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias

dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 150 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
3 Folios 195 a 216, Cuaderno 2.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 19001-23-33-000-2020-00064-01 (72.078)
Demandante: María Juliana Angulo Garrido y otro
Demandados: Corporación Autónoma Regional del Cauca
(CRC)
Referencia: Medio de control de reparación directa
Decisión: Revoca la Sentencia y declara la caducidad

PRIMERA: Declárese administrativa y extracontractualmente a la [CRC], responsable
de todos los daños y perjuicios, tanto patrimoniales como extrapatrimoniales,
ocasionados a [los demandantes], con motivo de sus acciones y omisiones, que
ocasionaron un daño antijurídico y que constituye una falla en el servicio.
SEGUNDA: Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene a la
[CRC], a pagar los perjuicios de orden material y moral, subjetivo y objetivado,
actuales y futuros, por consiguiente, los perjuicios se concretan así: (…)
TERCERA: Las sumas reconocidas en las condenas anteriores deberán ser indexadas
conforme al incremento del índice de precios al consumidor desde su causación
hasta la fecha de la providencia judicial que así las reconozca.
CUARTA: Las sumas reconocidas en las condenas solicitadas, devengarán los
intereses señalados en el Art. 195 numeral 4 de la ley 1437 de 2.011, desde la
ejecutoria de la providencia respectiva.
QUINTA: Ordene a la [CRC], dar cumplimiento a las providencias en los términos del
artículo 192 de la ley 1437 de 2.011.
SEXTA: Que se condene a la [CRC], al pago de los gastos, costas y agencia en
derecho en los términos del artículo 188 del CPACA en armonía con lo dispuesto en
el artículo 16 de la ley 446 de 1998 y los criterios de aplicación del artículo 199 del
Decreto 2282 de 1989, esto es, las tarifas establecidas para este tipo de proceso a
cuota Litis en lo atinente a las agencias en derecho y dentro de los lineamientos
expuestos en la sentencia C-539 de julio 28 de 1999 de la Honorable Corte
Constitucional.”

2. Los demandantes fundamentaron sus pretensiones, en síntesis, en las siguientes
afirmaciones y hechos:

3. 1) El 27 de septiembre de 2006 María Juliana Angulo Garrido suscribió un
contrato de concesión minera con INGEOMINAS, por 30 años, para la explotación
de materiales de construcción y demás minerales susceptibles de concesión,
dentro del predio de Juan Miguel Angulo Garrido, en una extensión de
aproximadamente 32,5 hectáreas, ubicado en Sotará – Cauca.

4. 2) La CRC, mediante Resolución 366 de 6 de agosto de 2007, otorgó licencia
ambiental para el proyecto de explotación de materiales de construcción. Por lo
anterior, el 28 de abril de 2008, a través de Escritura Pública 774 de la Notaría 3 de
Popayán, se constituyeron e indemnizaron servidumbres de paso sobre 3 inmuebles
para acceder al yacimiento minero.

5. 3) El 19 de marzo de 2009, 2 funcionarios de la CRC solicitaron al director de la
entidad una visita a la mina en un escrito “(…) superfluo y vago (…) ignorante (…)
contradictorio (…) y malintencionado (…)”, pues se basó en una queja sin pruebas,
desconocieron el contenido de la Resolución 366 de 2007, y confundieron la fecha
real de la queja. Además, el 14 de abril de 2009, la presidenta de la Junta de
Acción Comunal de la vereda “Antonmoreno”, distinta de aquella en la que se
ubica el proyecto minero “Buenavista”, solicitó el cierre definitivo del proyecto, con
fundamento en alegatos sin soporte alguno. Al poco tiempo, el 21 de abril de 2009,
la CRC emitió un informe “totalmente arbitrario y abusivo (…)” pues imputaba un
supuesto aprovechamiento ilícito forestal; desconoció los componentes
ambientales y la inversión realizada en el proyecto; no consultaron a los vecinos de
la vereda o al propietario del predio o de la concesión y confundieron ecosistemas,
todo ello con el fin de “(…) imputar falsamente (…) un daño a terceros afectando
unos supuestos acueductos veredales que jamás precisa[ron] porque no existen
(…)”.

6. 4) Producto de lo anterior, a través de Resolución 172 de 15 de mayo de 2009, la
CRC impuso medida preventiva de suspensión de la explotación de materiales de
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Radicado: 19001-23-33-000-2020-00064-01 (72.078)
Demandante: María Juliana Angulo Garrido y otro
Demandados: Corporación Autónoma Regional del Cauca
(CRC)
Referencia: Medio de control de reparación directa
Decisión: Revoca la Sentencia y declara la caducidad

construcción. Sin embargo, luego de más de un año de haberse presentado los
descargos, a través de la Resolución 233 de 8 de julio de 2010, la CRC declaró la
cesación del procedimiento sancionatorio ambiental y levantó la medida
cautelar.

7. 5) Posteriormente, el 8 de octubre de 2013, un funcionario de la CRC impuso, de
nuevo, una medida preventiva al concluir que “(…) en el momento no se
enc[ontraba] realizando explotación [con lo cual se desconoció] el contrato de
concesión, cuestionando la legalidad de la misma y modificando atrevidamente
la licencia ambiental expresando que estaba para materiales de construcción –
cantera”. Además, ello contrariaba que en una visita del 30 de agosto de 2012 la
CRC había concluido que la explotación cumplía con las condiciones
ambientales. Luego, el 21 de noviembre de 2013, después de sólo 43 días, la CRC
realizó un informe ambiental con “(…) muchos errores de fondo (…) claramente
malintencionado (…)”.

8. 6) Además de lo anterior, el 22 de abril de 2019, la CRC notificó un requerimiento
de pago de multa impuesta en la Resolución 1182 de 23 de julio de 2018. Ante ello,
el 6 de mayo de 2019 los demandantes interpusieron una tutela por la vulneración
de los derechos al debido proceso, defensa, contradicción, trabajo e igualdad.
Sin embargo, antes de que se profiriera la sentencia, mediante Resolución 865 de
13 de mayo de 2019, la CRC revocó “(…) el Auto 4337 de 14 de enero de 2015,
mediante el cual se formularon cargos, el Auto 5185 de 17 de noviembre de 2015,
a través del que se dio inicio al periodo probatorio, y la Resolución 1182 de 23 de
julio de 2008, mediante la cual se impuso una sanción pecuniaria (…)”.

9. Los demandantes alegaron que, con las acciones y omisiones referidas, la CRC
causó “(…) grandes perjuicios materiales (…) y morales (…) porque debido a la
violación de nuestros derechos fue imposible la explotación de la mina entre los
años 2013 y 2019. (…) En el caso particular, algunos funcionarios de la CRC se
dedicaron durante todo este tiempo a sugerir que la mina Buenavista si bien era
legal, estaba llena de problemas porque había una medida preventiva en
ejecución de suspensión de la explotación (…)”. Con ello, además, se lesionó el
buen nombre de Juan Miguel Angulo. Por su parte, la falla del servicio se materializó
en que, como se ilustró en “(…) 24 hechos anteriores, qued[ó] claro que no se
adelantó un proceso administrativo, sino una serie interminable de atropellos y
violaciones, so pretexto de ejercer funciones públicas y que configuran las
llamadas “vías de hecho” (…)”.

1.2. Posición de la parte demandada

10. La CRC contestó la demanda4 y se opuso a las pretensiones. Aceptó que,
mediante la Resolución 233 de 8 de julio de 2010, declaró la cesación del
procedimiento sancionatorio ambiental y levantó la medida preventiva, que había
sido impuesta con la Resolución 172 de 15 de mayo de 2009. Igualmente, aceptó
que el 8 de octubre de 2013 impuso una medida preventiva, y que la legalizó
mediante Resolución 4404 de 29 de octubre de 2013. Sin embargo, resaltó que las
decisiones se fundaron en las evidencias encontradas por sus funcionarios. Indicó

4 Folios 235 a 244, Cuaderno 2.

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Radicado: 19001-23-33-000-2020-00064-01 (72.078)
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(CRC)
Referencia: Medio de control de reparación directa
Decisión: Revoca la Sentencia y declara la caducidad

que era cierto que, mediante la Resolución 865 de 13 de mayo de 2015, se
revocaron unilateralmente varios actos administrativos dentro de un
procedimiento sancionatorio iniciado mediante Auto 3208 de 26 de diciembre de
2013. También aceptó que el 21 de noviembre de 2013 emitió un informe, no
obstante, resaltó que las conclusiones allí contenidas tenían soporte probatorio y
fáctico.

11. Alegó que “(…) no se ha presentado la persecución de la que habla el
apoderado de la parte demandante. (…) tanto el material probatorio obrante en
el plenario, como el que se aporta con este escrito, dan cuenta de que esta
entidad ha cesado el procedimiento seguido en contra de los demandantes en,
al menos, una ocasión, como también al percatarse de sus propios errores ha
revocado de manera directa una serie de actos administrativos que causaban
agravio a los actores. Así las cosas, mal se puede afirmar que hay una persecución
(…). Propuso como excepciones la “imposibilidad de lucrarse del ejercicio de una
actividad ilegal”; la “inexistencia de antijuricidad en el daño cuya indemnización”
se pretende; la “improcedencia del medio de control” y la que denominó
“genérica”.

1.3. Sentencia recurrida

12. El 1 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo del Cauca profirió sentencia
de primera instancia5, en la que decidió (se trascribe):

“Falla:
Primero: NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme a los argumentos
expuestos en la parte considerativa de esta providencia.
Segundo: Sin condena en costas. (…)”

13. El Tribunal consideró que el problema jurídico era “(…) determinar si se ha
presentado o no la falla en el servicio imputable a la [CRC], con motivo del
procedimiento sancionatorio ambiental en contra de los demandantes.”

14. Se resaltó que, conforme con la demanda, “(…) la parte actora señaló la
pérdida económica debido a la imposibilidad de la explotación minera propuesta
y la afectación al buen nombre del señor Juan Miguel Angulo”. Con base en ello,
precisó que “(…) se entra[ba] a evaluar la actuación de la administración y
determinar si con ella causó el daño alegado”.

15. Según las pruebas obrantes en el expediente, analizó el procedimiento
sancionatorio ambiental que se adelantó y resaltó que en la visita del 8 de octubre
de 2013 la CRC encontró “(…) que en el patio de acopio se recolectaba material
de construcción denominado material de arrastre, proveniente del río Salado. Por
esa razón se dispuso de una medida de suspensión (…)”, pues ni el contrato de
concesión ni la licencia ambiental habilitaban la extracción de ese tipo de
material. Dicha infracción ambiental se corroboró en el concepto técnico de 21
de noviembre de 2013, al encontrar “(…) maquinaria pesada en el sitio [e]
impactos negativos en algunos de los recursos naturales como suelo,
contaminación por aceites y grasas (…)”.

5 Folios 398 a 416, Cuaderno del Consejo de Estado.

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Radicado: 19001-23-33-000-2020-00064-01 (72.078)
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(CRC)
Referencia: Medio de control de reparación directa
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16. Por lo tanto, concluyó que la CRC “(…) actuó conforme sus funciones de
autoridad ambiental, adelantando el procedimiento sancionatorio debido a que
se encontró que [los demandantes] incumplieron con sus obligaciones de
preservar el medio ambiente en el área donde desarrollaban su actividad minera.
Ello deja sin piso el argumento que se trató de una persecución en contra de los
demandantes y de su buen nombre. Tampoco se pr[obó] que las quejas de los
ciudadanos, que observaron la afectación al río Salado, tuvieran otra intención
que el cese de esa actividad ilícita (…)”. Así, “(…) no e[ra] posible predicar la
existencia de daño antijurídico alguno (…)”.

17. Consideró que la duración del procedimiento sancionatorio se enmarcaba en
el amplio margen temporal, en virtud del término de caducidad de la potestad
sancionatoria con que contaba la CRC y, en todo caso, “(…) durante el lapso de
suspensión el infractor tampoco adelantó ninguna gestión ante la autoridad
ambiental respecto de la medida que le había sido impuesta porque, claramente,
tenía conocimiento que esta le afectaba, entonces, bien podía acudir a la
entidad si se daban las condiciones del artículo 35 de la Ley 1333 de 2009”.
Además, resaltó que ninguno de los 3 contratos, que presuntamente no se
pudieron ejecutar en virtud del procedimiento sancionatorio, demostraban los
perjuicios alegados pues el primero se celebró antes de la medida de suspensión
y los otros 2 fueron celebrados en vigencia de dicha medida, es decir, cuando no
estaban autorizados para la explotación minera.

1.4. Recurso de apelación

18. Los demandantes presentaron recurso de apelación6. Alegaron que el Tribunal
se equivocó al concluir que la acción de la CRC se justificó en que, según el
contrato de concesión y la licencia ambiental, “(…) se tenía limitada la
explotación de materiales de construcción”. En concreto, cuestionaron que la
sentencia: 1) equiparó la mora administrativa de la CRC con la caducidad de la
potestad sancionatoria, pues era “(…) evidente que el lapso de mas de 5 años
entre la imposición de la medida preventiva y la apertura del proceso
sancionatorio supera el tiempo que dispone la norma y su carácter transitorio.” Un
término es el referido al tiempo que tiene la autoridad ambiental, entre la
imposición de la medida preventiva y la decisión de iniciar el procedimiento
sancionatorio, (10 días) y, otro, el de la caducidad de la potestad (20 años). 2) Sólo
valoró el acta de 8 de octubre de 2013, sin considerar que, por la misma queja, en
agosto de 2012, la CRC había concluido que había buen manejo ambiental en la
mina. 3) Le dio plena credibilidad a ciertas actas y resoluciones de la CRC,
omitiendo la existencia de otros informes que resaltaban la legalidad de la
explotación. Además, se omitió que, según el contrato de concesión, el área
concedida “(…) abarca[ba] en una parte sustancial los materiales pétreos del río
Salado, tanto así que el río atraviesa el polígono en ambos lados de sus orillas [y la
licencia ambiental se otorgó] para los materiales de construcción, sin excluir ningún
material (…) para toda el área del contrato de concesión (…)”. 4) Concluyó que
se incumplieron las obligaciones de preservar el medio ambiente con base en los
documentos oficiales de la CRC, pero no valoró el dictamen pericial, que
demostraba compensaciones ambientales que superaban el 400% de las

6 Folios 417 a 418, Cuaderno del Consejo de Estado.

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(CRC)
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Decisión: Revoca la Sentencia y declara la caducidad

impuestas en la licencia ambiental. 5) Desconoció que, durante la vigencia de la
medida de suspensión, sí se adelantaron acciones tendientes a proteger sus
derechos, como la acción de tutela, producto de la cual, precisamente, la CRC
revocó los 3 actos administrativos que causaban el agravio injustificado a los
demandantes.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Anuncio de la decisión. - 2.2. Presupuestos procesales. - 2.3. Condena en costas

2.1. Anuncio de la decisión

19. La Sala revocará la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones
de la demanda, porque la fuente del daño es un acto administrativo, y no
acciones y omisiones presentadas durante el trámite de un procedimiento
administrativo sancionatorio, como se alegó en la demanda. En consecuencia, se
adecuará el medio de control al de nulidad y restablecimiento del derecho, y se
declarará, de oficio, la caducidad de la acción, pues la demanda no fue
presentada oportunamente.

2.2. Presupuestos procesales

20. La Sala no puede pronunciarse sobre el fondo del asunto, toda vez que no se
encuentran reunidos los presupuestos procesales necesarios para dictar sentencia.
Si bien el Tribunal efectuó el análisis sustantivo de la controversia, omitió verificar en
la Sentencia la adecuada configuración de esos presupuestos y, en específico,
analizar la excepción planteada por la CRC, en relación con la idoneidad del
medio de control y la caducidad de la acción.

21. Si bien la pretensión declarativa de la demanda fue “[d]eclárese administrativa
y extracontractualmente a la [CRC], responsable de todos los daños y perjuicios,
tanto patrimoniales como extrapatrimoniales, ocasionados a [los demandantes],
con motivo de sus acciones y omisiones, que ocasionaron un daño antijurídico y
que constituye una falla en el servicio”, lo cierto es que el daño alegado en los
hechos, consistente en la imposibilidad de explotar la mina, no se originó en
acciones y omisiones de la CRC, sino en el acto administrativo que legalizó una
medida de suspensión de actividades mineras, expedido de forma previa al inicio
del procedimiento administrativo sancionatorio, el cual se encuentra en firme,
produciendo plenos efectos jurídicos.

22. Es decir, con base en las pruebas obrantes en el expediente, es claro que el
daño alegado en la demanda tuvo origen en el Resolución 4404 de 29 de octubre
de 20137, que legalizó la medida preventiva de suspensión de actividades
impuesta mediante Acta de 8 de octubre de 20138. Decisiones que
fundamentaron el posterior inicio formal del procedimiento sancionatorio
ambiental, por medio del Auto 3208 de 26 de diciembre de 20139.

7 Folios 186 a 188, Cuaderno 1.
8 Folios 150 a 151, Cuaderno 1.
9 Folio 189, Cuaderno 1.

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Demandante: María Juliana Angulo Garrido y otro
Demandados: Corporación Autónoma Regional del Cauca
(CRC)
Referencia: Medio de control de reparación directa
Decisión: Revoca la Sentencia y declara la caducidad

23. Por lo anterior, el contenido de la pretensión declarativa (petitum) y de los
fundamentos de hecho de la demanda (causa petendi) son suficientes para
verificar que, en realidad, la fuente directa del daño10 no fueron acciones y
omisiones en el marco de un procedimiento administrativo sancionatorio
ambiental, sino un acto administrativo, la Resolución 4404 de 29 de octubre de
2013, que legalizó la medida preventiva de suspensión de las actividades mineras
y, en consecuencia, impidió la explotación de la mina.

24. Además, si bien en la demanda se relataron hechos dañinos comprendidos
entre 2009 y 2019, el mismo Tribunal de primera instancia, en el auto admisorio11,
consideró que el origen del daño fue un acto administrativo, pues precisó que la
parte demandante pretendió la reparación porque “(…) no pudo adelantar
explotación minera entre los años 2013 a 2019, al habérsele impuesto medida
preventiva consistente en la suspensión de obra o actividad, con acta desde el 10
de octubre de 2013, legalizada con Resolución 4404 de 29 de octubre de 2013
(…)”. Lo cual es coincidente con la fijación del litigio hecha en la audiencia inicial,
el 19 de octubre de 202112.

25. Entonces, si el origen del daño es el acto administrativo que legalizó la medida
preventiva su control judicial, en virtud de su naturaleza jurídica, tal como lo ha
considerado la Corte Constitucional13, se debe surtir ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, y no mediante el de reparación directa. Por lo tanto,
la Sala adecua el medio de control, así como lo ha hecho la Corporación en otras
oportunidades14, pues la solución del caso no podría desligarse del juicio de validez
que se debería realizar al acto de suspensión de actividades mineras.

26. Ahora bien, en relación con la oportunidad de la demanda, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, si bien no obra en el
expediente la constancia de notificación de la Resolución 4404 de 29 de octubre
de 201315, que legalizó la medida de suspensión, si reposa el Auto 3208 de 26 de

10 “De manera uniforme y reiterada, esta Corporación ha señalado que la procedencia de la acción -CCA- o medio de

control -CPACA- se encuentra determinada por la génesis del daño en que se fundamenta la causa petendi y, en ese
sentido, ha explicado que el criterio útil para la determinación de la vía procesal adecuada para reparar los daños
generados por la Administración es el origen de los mismos, la que determina, a su vez, el plazo dispuesto por el legislador
para impetrar la respectiva demanda.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, Sentencia del 22 de noviembre de 2021, Exp. 66.773.
11 Auto admisorio de 13 de marzo de 2020. Con la demanda se “(…) pretende la reparación de los perjuicios causados,

porque no pudo adelantar explotación minera entre los años 2013 a 2019, al habérsele impuesto medida preventiva
consistente en la suspensión de obra o actividad, con acta desde el 10 de octubre de 2013, legalizada con Resolución 4404
de 29 de octubre de 2013, pero que con la Resolución N° DTC-00865 del día 13 de mayo de 2019, se revoca unilateralmente
el Auto No. 4337 del día 14 de enero de 2015 mediante el cual se formularon cargos, el Auto No. 5185 del día 17 de noviembre
de 2015 a través del cual se dio inicio a un periodo probatorio y la Resolución No. 01182 del día 23 de julio de 2018 mediante
la cual se impuso una sanción pecuniaria, y ordena rehacer la diligencia de notificación personal del auto de inicio del
procedimiento sancionatorio N°. 3208 del día 26 de diciembre de 2013 y continuar con todas las etapas del proceso
sancionatorio ambiental”. Folios 220 a 222, Cuaderno 2.
12 Acta de audiencia inicial. Folios 283 a 285, Cuaderno 2.
13 Al estudiar la constitucionalidad del artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, que prevé el carácter de las medidas preventivas

en materia ambiental, la Corte Constitucional concluyó que “[e]n razón de que las medidas preventivas no tienen la
naturaleza de sanción y que por su índole preventiva su ejecución y efecto debe ser inmediato, esta naturaleza de estas
medidas riñe con la posibilidad de que su aplicación pueda ser retrasada mientras se deciden recursos previamente
interpuestos; además la decisión de la autoridad ambiental debe hacerse por acto administrativo debidamente motivado,
alejado de toda posibilidad de arbitrariedad o capricho, y como cualquier acto administrativo, puede ser demandado ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para que así la decisión de la autoridad se enmarque dentro del Estado de
Derecho.” Corte Constitucional, Sentencia C-703 de 2010.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 30 de noviembre

de 2023, Exp. 53.160; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia
del 19 de octubre de 2023, Exp. 54.265; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, Sentencia del 31 de marzo de 2023, Exp. 58.343; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 22 de noviembre de 2021, Exp. 66.773, entre otras.
15 Folios 186 a 188, Cuaderno 1.

7 de 9

Radicado: 19001-23-33-000-2020-00064-01 (72.078)
Demandante: María Juliana Angulo Garrido y otro
Demandados: Corporación Autónoma Regional del Cauca
(CRC)
Referencia: Medio de control de reparación directa
Decisión: Revoca la Sentencia y declara la caducidad

diciembre de 201316, por medio del cual inició el procedimiento sancionatorio
ambiental con expediente 083-2013, y su constancia de notificación personal, a
una de las demandantes (María Juliana Angulo), el 31 de marzo de 201417, decisión
que se fundamentó, expresamente, en la medida de suspensión de actividades18.
Por lo tanto, si bien el cómputo de caducidad, según el literal d) del numeral 2 del
artículo 164 del CPACA, debería realizarse desde que se notificó la Resolución 4404
de 29 de octubre de 2013, puede inferirse que, al menos, desde el 31 de marzo de
2014 los demandantes conocían el acto administrativo que legalizó la medida de
suspensión y, en consecuencia, la demanda, radicada el 4 de febrero de 202019,
fue abiertamente extemporánea. Además, la solicitud de conciliación
extrajudicial, presentada el 2 de octubre de 201920, también fue inoportuna.

27. En virtud de lo anterior, la Sala revoca la Sentencia de primera instancia y, en
su lugar, declara probada, de oficio, la excepción de caducidad de la acción.

2.4. Condena en costas

28. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 365,
numerales 1 y 3 del CGP, la Sala condenará en costas y agencias en derecho de
esta instancia a los demandantes, a favor de la CRC, toda vez que el recurso de
apelación se resolvió desfavorablemente y se confirmó la decisión de primera
instancia. Ambas deberán ser tasadas y liquidadas por el Tribunal de primera
instancia, según lo dispuesto en los artículos 365 y 366 del CGP.

3. DECISIÓN

29. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la Sentencia del Tribunal Administrativo del Cauca, de 1 de
agosto de 2024, que negó las pretensiones de la demanda, según las
consideraciones expuestas.

SEGUNDO: en su lugar, DECLARAR, DE OFICIO, LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN,
según las consideraciones expuestas.

16 Folio 189, Cuaderno 1.
17 Folio 323 del CD aportado por la CRC con la contestación de la demanda, Folio 397, Cuaderno 1.
18 “EL CASO CONCRETO (…)

El día 8 de octubre de 2013 se impone medida preventiva a la señora María Juliana Angulo Garrido, debido a la evidente
presencia de material de rio en el patio de acopio, actividad la cual no se encuentra sustentada en la Resolución de licencia.
Mediante Resolución 4404 del 29 de octubre de 2013 se legaliza la medida preventiva.
Se evidencia extracción de material de arrastre y se observa maquinaria pesada en el sitio, lo cual no se encuentra
sustentado en la Resolución de licencia, se verifican impactos negativos en recursos como SUELO, contaminación por aceites
y grasas, FLORA, afectada por la maquinaria, AGUA, contaminación por residuos peligrosos como grasas y aceites en la
fuente hídrica del rio salado y FAUNA.” Parte considerativa del Auto 3208 de 26 de diciembre de 2013. Folios 186 a 188,
Cuaderno 1.
19 Folio 217, Cuaderno 2.
20 Solicitud presentada el 2 de octubre de 2019 y audiencia, sin ánimo conciliatorio, celebrada el 10 de diciembre de 2019.

Folios 6 a 9, Cuaderno 1.
8 de 9

Radicado: 19001-23-33-000-2020-00064-01 (72.078)
Demandante: María Juliana Angulo Garrido y otro
Demandados: Corporación Autónoma Regional del Cauca
(CRC)
Referencia: Medio de control de reparación directa
Decisión: Revoca la Sentencia y declara la caducidad

TERCERO: CONDENAR, por concepto de costas y agencias en derecho de esta
instancia, a los demandantes, a favor de Corporación Autónoma Regional del
Cauca (CRC), según las consideraciones expuestas. De conformidad con el
artículo 366 del CGP, ambas serán liquidadas por el Tribunal.

CUARTO: Por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado

9 de 9

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