Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-33-000-2019-00140-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 54001-23-33-000-2019-00140-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 54001-23-33-000-2019-00140-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
19 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 19 de agosto de 2025
Radicación: 54001-23-33-000-2019-00140-01 (70601)
Demandante: Concretos y Morteros S.A.
Demandado: Municipio de los Patios
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Temas: REPARACIÓN DIRECTA – FUNCIONES JURISDICCIONALES Y FUNCIONES
ADMINISTRATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN – JUICIOS DE POLICÍA – PROCESO ÚNICO DE
POLICÍA – CÓDIGO NACIONAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA LEY 1801 DE
2016 – CONTROL JUDICIAL DEL ACTO FINAL QUE IMPONE MEDIDAS CORRECTIVAS
Síntesis del caso: Una empresa demandó a un municipio por el presunto error jurisdiccional
en el que habría incurrido una inspección de policía, al imponer una medida correctiva de
suspensión de la actividad, en virtud de la Ley 1801 de 2016.
Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la Sentencia de 28 de septiembre de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en la que se
declaró la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho.
La Sala tiene competencia para estudiar este asunto por tratarse de un
recurso de apelación interpuesto contra una sentencia de primera instancia
proferida por un Tribunal Administrativo, de conformidad con el artículo 150
del CPACA (modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 2012).
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada;
1.3. Sentencia de primera instancia; 1.5. Recurso de apelación y trámite relevante en
segunda instancia.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 14 de mayo de 2019, Concretos y Morteros S.A., mediante apoderado,
presentó demanda en ejercicio del medio de control jurisdiccional de
reparación directa1, en contra del Municipio de Los Patios. En ella solicitó
1 Documento 4 expediente digital.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 54001-23-33-000-2019-00140-01 (70.601)
Demandante: Concretos y Morteros S.A.
Demandado: Municipio de los Patios
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma la declaratoria de caducidad
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declarar la responsabilidad patrimonial del municipio, por la “actuación
administrativa” adelantada por la Secretaría de Gobierno – Inspección de
Policía Urbana e Inspección de Policía Rural del municipio de Los Patios, en
desarrollo del “proceso policivo” iniciado por la sociedad Odicco Ltda en
contra de Concretos y Morteros S.A., que culminó con la adopción de la
medida correctiva de suspensión condicionada de la actividad de la
sociedad demandante, que habría materializado un error jurisdiccional.
2. Fueron sus pretensiones principales y subsidiarias (se trascribe):
“PRIMERA: Que sea declarado administrativa y patrimonialmente responsable al
MUNICIPIO DE LOS PATIOS, de los graves perjuicios causados al demandante – SOCIEDAD
CONCRETOS Y MORTEROS S.A., identificada con el NIT No 900.092.414-4, con ocasión de
la actuación administrativa adelantada por la Secretaría de Gobierno Municipal –
Inspección de Policía Urbana e Inspección de Policía Rural del Municipio de los Patios,
en desarrollo del proceso policivo instaurado por la Sociedad ODICCO LTDA.,
identificada con el NIT No 890-505-513-4 en contra de mi poderdante, el cual culminó
con el decretó (sic) de Medida Correctiva de SUSPENSIÓN CONDICIONADA DE LA
ACTIVIDAD de la Empresa Concretos y Morteros S.A.
SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración, se CONDENE al
MUNICIPIO DE LOS PATIOS, a pagar:
2.1 DAÑOS INMATERIALES
2.1.1 PERJUICIOS MORALES SUBJETIVADOS: a la Sociedad Concretos y Morteros S.A., el
valor de los PERJUICIOS MORALES SUBJETIVADOS, que afectaron y afectan a la esfera
interna del equipo humano y profesional de la sociedad de mi poderdante, por motivo
de la actuación administrativa adelantada por la Secretaria de Gobierno Municipal –
Inspección de Policía Urbana e Inspección de Policía Rural del Municipio de los Patios,
en desarrollo del proceso policivo incoado por la Sociedad ODICCO LTDA., identificada
con el NIT No 890-505-513-4 adelantado en su contra, el cual culminó con el decretó de
Medida Correctiva de SUSPENSIÓN CONDICIONADA DE LA ACTIVIDAD de la Empresa
Concretos y Morteros S.A., equivalente a (…) 100 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES VIGENTES.
2.1.2 DAÑOS A BIENES O DERECHOS CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE
AMPARADOS, a la Sociedad Concretos y Morteros S.A., (…) que afrontó o afronta por el
motivo de la actuación administrativa adelantada por la Secretaría de Gobierno
Municipal – Inspección de Policía Urbana e Inspección de Policía Rural del Municipio de
los Patios, en desarrollo del proceso policivo incoado por la Sociedad ODICCO LTDA.,
identificada con el NIT No 890-505-513-4 adelantado en su contra, el cual culminó con el
decretó de Medida Correctiva de SUSPENSIÓN CONDICIONADA DE LA ACTIVIDAD de la
Empresa Concretos y Morteros S.A., equivalente a (…) 100 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES
VIGENTES.
2.2. DAÑOS MATERIALES
2.2.1 DAÑO EMERGENTE, a la Sociedad Concretos y Morteros S.A., identificada con NIT
(…) el valor del daño emergente que afrontó y afronta con motivo de la actuación
administrativa adelantada por la Secretaria de Gobierno Municipal – Inspección de
Policía Urbana e Inspección de Policía Rural del Municipio de los Patios, en desarrollo del
proceso policivo incoado por la Sociedad ODICCO LTDA., identificada con el NIT No 890-
505-513-4 adelantado en su contra, el cual culminó con el decreto de Medida Correctiva
de SUSPENSIÓN CONDICIONADA DE LA ACTIVIDAD de la Empresa Concretos y Morteros
S.A., equivalente a la suma de (…) $367.931.959,00, con ocasión de los gastos en que
debió incurrir la Sociedad Concretos y Morteros S.A, a causa de la suspensión, traslado y
reubicación de la planta de producción anteriormente ubicada en el Municipio de los
Patios y reubicada actualmente en el Municipio de Cúcuta.
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Radicación: 54001-23-33-000-2019-00140-01 (70.601)
Demandante: Concretos y Morteros S.A.
Demandado: Municipio de los Patios
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma la declaratoria de caducidad
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2.2.2 LUCRO CESANTE: A la Sociedad Concretos y Morteros S.A. (…) en el valor del LUCRO
CESANTE que afrontó y afronta con motivo de la actuación administrativa adelantada
por la Secretaria de Gobierno Municipal – Inspección de Policía Urbana e Inspección de
Policía Rural del Municipio de los Patios, en desarrollo del proceso policivo incoado por
la Sociedad ODICCO LTDA., identificada con el NIT No 890-505-513-4 adelantado en su
contra, el cual culminó con el decretó de Medida Correctiva de SUSPENSIÓN
CONDICIONADA DE LA ACTIVIDAD de la Empresa Concretos y Morteros S.A., equivalente
a la afectación por las pérdidas de la compañía para el año 2017, que ascendieron a la
suma de (…) $788.746.408,00
TERCERA: En la regulación de los perjuicios materiales se distinguirán dos periodos de
indemnización: la debida hasta la fecha probable del fallo y futura. Además se
actualizará su valor tomando en consideración el índice de precios al consumidor (IPC),
según certifique el Departamento Nacional de Estadística – DANE, para compensar la
pérdida del valor adquisitivo de la moneda, conforme al artículo 192 de C.P.A.C.A.
CUARTA: Los intereses moratorios sobre las cantidades que resulten a favor de los citados,
desde la fecha en que deba hacerse el pago hasta aquella en que efectivamente se
realice (Sentencia C-188/99) de la Corte Constitucional.
En lo demás deberá darse cumplimiento a lo que señala el artículo 192 del CPACA.
QUINTA: Para determinar el valor de los perjuicios morales subjetivados deberá tenerse
en cuenta la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, relativa a la regulación de
dichos perjuicios y el artículo 97 del nuevo C.P.
SEXTA: En caso de que dentro del proceso no quedare establecido el valor de los
perjuicios, se ordenará el trámite incidental autorizado en los artículos 172 modificado
por el artículo 56 de la Ley 446 de 1998 y 192 del CPACA.
SÉPTIMA: Que el Municipio de los Patios debe dar cumplimiento a la providencia que se
dicte a instancias de este trámite dentro del término señalado en el artículo 192 del
CPACA.”
3. Como fundamento de las pretensiones, la parte actora, en síntesis,
refirió los siguientes hechos:
4. 1) Concretos y Morteros S.A. suscribió, el 2 de enero de 2007, un contrato
de arrendamiento con Odicco Ltda, sobre un inmueble del municipio Los
Patios.
5. 2) El 14 de marzo de 2017, Odicco denunció ante la Secretaría de
Gobierno del municipio Los Patios a Concretos y Morteros por violación del
POT y de disposiciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Alegó que la actividad de producción de concreto generaba
contaminación atmosférica por el material particulado y altos niveles de
presión sonora, al tiempo que se desarrollaba en una zona cuyo uso de suelo
era residencial. Por ello, solicitó la suspensión de la actividad de Concretos
y Morteros.
6. 3) El Secretario de Gobierno del municipio Los Patios ordenó practicar
una inspección al lugar donde desarrollaba su actividad Concretos y
Morteros y, para ello, comisionó a los inspectores de Policía Urbana y Rural
de Los Patios.
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Radicación: 54001-23-33-000-2019-00140-01 (70.601)
Demandante: Concretos y Morteros S.A.
Demandado: Municipio de los Patios
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma la declaratoria de caducidad
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7. 4) La audiencia pública se realizó el 2 de mayo de 2017 con varias
irregularidades, porque (1) la empresa Odicco no aportó el certificado de
existencia y representación legal para determinar si quien otorgó el poder
tenía dicha facultad; (2) el apoderado de Concretos y Morteros solicitó la
nulidad de lo actuado por la falta de legitimación de Odicco, por la
indebida representación, pero fue denegada irregularmente, alegando que
la actuación se continuó de oficio y que no se trataba de un proceso tan
formal como el previsto en otros códigos. Esta decisión fue recurrida y
confirmada. (3) No se permitió al apoderado de Concretos y Morteros hacer
uso del tiempo para “ejercer sus argumentos”, de acuerdo con el artículo
223 de la Ley 1801 de 2016, porque los argumentos expuestos en la solicitud
de nulidad habían superado los 20 minutos a los que alude la norma y eran
más que suficientes, “vulnerando el derecho de defensa, de contradicción,
de acceso efectivo a la administración de justicia y en consecuencia el
debido proceso”; (4) el apoderado de Odicco carecía de facultades para
conciliar, pese a lo cual se adelantó la etapa de conciliación donde se
concedió un término de tres meses: dos para continuar con la actividad y
uno para el desmonte de la planta y, finalmente, se decidió decretar la
“medida correctiva de SUSPENSIÓN CONDICIONADA DE LA ACTIVIDAD de
la Empresa Concretos y Morteros S.A. (…) la cual queda sometida a la
condición y el término propuesto por las partes, el cual está avalado y en
coordinación con las autoridades presentes en esta audiencia, para lo cual
una vez expirado el término y condición acordado entre las partes, se
verificará el cumplimiento”, con lo que se violó el debido proceso y los
derechos fundamentales.
8. 5) Concretos y Morteros tenía proyectado un plan de cinco años para
el desmantelamiento y abandono de la planta, que no fue posible cumplir
debido a la “decisión arbitraria y temeraria” adoptada dentro del proceso
policivo.
9. 6) Concretos y Morteros sufrió un daño antijurídico, ya que debió
trasladar su planta de producción, a pesar de contar con los permisos y
tener derechos adquiridos que fueron desconocidos por la autoridad “en
desarrollo de sus funciones jurisdiccionales”.
10. Alegó que el municipio debía responder por el error jurisdiccional que,
en los términos de la Ley 270 de 1996, le había causado la inspección de
policía, teniendo en cuenta que “Esa competencia de orden jurisdiccional
fue asignada por la ley a las autoridades de policía, representadas por el
alcalde, los inspectores de policía y los corregidores, cuando adelanten
juicios de policía en el trámite de las acciones policivas”. Explicó que lo “que
tienen en común las mencionadas acciones policivas, es que son tramitadas
por autoridades administrativas excepcionalmente investidas de función
jurisdiccional, cuya finalidad es imponer medidas de carácter cautelar para
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Demandante: Concretos y Morteros S.A.
Demandado: Municipio de los Patios
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma la declaratoria de caducidad
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la protección y restablecimiento del derecho, frente a un conflicto jurídico
suscitado entre particulares, mientras que el juez lo desata de manera
definitiva”. En este caso, el error jurisdiccional habría consistido en haber
tramitado mediante acción policiva, lo que debió adelantarse como un
proceso de restitución de inmueble arrendado y porque no se configuró la
supuesta violación del POT y afectación del medio ambiente. También, las
autoridades administrativas actuaron con premura y parcialidad y
adelantaron sendas investigaciones por los mismos hechos, lo que violó el
debido proceso.
1.2. Posición de la parte demandada
11. El 3 de marzo de 2020, el municipio de Los Patios presentó contestación
de la demanda, en la que solicitó que se negaran las pretensiones2. Señaló
que en la audiencia de 2 de mayo de 2017, el accionante actuó mediante
apoderado judicial y el municipio actuó en cumplimiento del deber legal,
ya que la actividad que desarrollaba Concretos y Morteros se encontraba
allí prohibida. Indicó que el cierre fue propuesto voluntariamente por la
empresa demandante. Agregó que los perjuicios se encontraban tasados
de manera exorbitante y sin fundamento.
1.3 Sentencia de primera instancia
12. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, profirió Sentencia de
primera instancia3 el 28 de septiembre de 2023, en la que declaró la
caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y,
adicionalmente, negó las pretensiones de la demanda. Concluyó que el
mecanismo para cuestionar la decisión de la Inspección de Policía no era la
acción de reparación directa, sino la de nulidad y restablecimiento del
derecho porque, en este caso, la decisión fue adoptada en ejercicio de
funciones administrativas para la preservación del orden, la tranquilidad, la
seguridad, la salubridad y las condiciones de convivencia social, por el
desconocimiento de normas urbanísticas y ambientales por parte de la
sociedad demandante, mas no para proteger el derecho de posesión o
tenencia, en un conflicto jurídico suscitado entre particulares. Insistió en que
las funciones jurisdiccionales de las inspecciones de policía eran aquellas
que resolvían conflictos entre partes. Por ello, tras identificar la indebida
escogencia del medio de control, adecuó el proceso al trámite de la
nulidad y restablecimiento del derecho, pero concluyó que había operado
la caducidad, por lo que, decidió negar las pretensiones de la demanda. Se
abstuvo de condenar en costas, tras no encontrarlas causadas.
2 Documento 9 del expediente digital.
3 Documento 27 del expediente digital.
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Radicación: 54001-23-33-000-2019-00140-01 (70.601)
Demandante: Concretos y Morteros S.A.
Demandado: Municipio de los Patios
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma la declaratoria de caducidad
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1.4 Recurso de apelación y trámite relevante de segunda instancia
13. Inconforme con la decisión, la parte demandante apeló el fallo de
primera instancia4 y solicitó su revocatoria. Insistió en las irregularidades que,
a su juicio, se habrían cometido en la imposición de la medida correctiva,
por lo que la reparación directa sí era la acción procedente. Sin embargo,
sostuvo que, de concluirse que el medio adecuado era la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho, la demanda debía haberse inadmitido por
la caducidad y no tramitar el proceso para generar expectativas en los
demandantes.
14. Mediante Auto de 31 de octubre de 20235, el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander concedió el recurso de apelación presentado y
sustentado oportunamente por la parte actora. El 10 de noviembre de 20236,
el proceso fue asignado por reparto al despacho sustanciador, el que
mediante Auto de 24 de enero de 20247 admitió el recurso de apelación.
15. El Ministerio Público allegó concepto el 12 de febrero 2024, en el que
solicitó confirmar la sentencia de primera instancia8. Resaltó que la decisión
cuestionada había sido adoptada en ejercicio de funciones administrativas,
por lo que el mecanismo adecuado era la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho que, en este caso, se encontraba caducada.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Exposición del caso y decisiones que se adoptarán; 2.2. Costas.
2.1 Exposición del caso y decisiones que se adoptarán
16. Contrario a la solicitud del recurrente, no es posible proferir una decisión
de fondo en el presente asunto, teniendo en cuenta que no se encuentran
reunidos los presupuestos procesales para fallar. En particular, aunque la
demanda se presentó como de reparación directa y así fue tramitada, en
la sentencia de primera instancia, con razón, el tribunal adecuó el proceso
al de nulidad y restablecimiento del derecho y, a partir de ello, realizó el
conteo de la caducidad la que, efectivamente, ocurrió en el presente caso,
como pasa a explicarse:
17. Antes del comienzo de la vigencia de la Ley 1801 de 2016, actual
Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, el Decreto Ley
1355 de 1970, Código Nacional de Policía, regulaba los denominados
4 Documento 30 expediente digital.
5 Documento 31 expediente digital.
6 Índice Samai 3.
7 Índice Samai 3.
8 Índice Samai 9.
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Radicación: 54001-23-33-000-2019-00140-01 (70.601)
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Demandado: Municipio de los Patios
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma la declaratoria de caducidad
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“juicios de policía” (art. 82) o “procesos de policía” (art. 126) para la
protección del statu quo respecto de la posesión, la tenencia, la
servidumbre, el domicilio o para ordenar el lanzamiento por la ocupación
de hecho.
18. La expresión “juicios de policía” es mucho más antigua que el código
de 1970. Así, el artículo 15 de la Ley 57 de 1905 previó el juicio policivo de
protección de la propiedad por la ocupación de hecho. Esta norma fue
desarrollada y precisada procesalmente en el Decreto 992 de 1930, que
también reguló lo relativo a la protección a la tenencia.
19. La categoría “juicios de policía” o “juicios policivos” hacía referencia a
los denominados juicios civiles de policía, en los que se resolvían
controversias entre particulares acerca de la posesión, la tenencia, el
domicilio o la servidumbre, en vista de la protección cautelar del statu quo.
Las decisiones adoptadas con este fin, por parte de los inspectores de
policía, se denominaban amparos policivos. En dicha categoría también se
encontraban los juicios penales de policía, para la sanción de las
contravenciones penales.
20. Las normas que regulaban los juicios de policía no determinaban, de
manera clara y expresa, la naturaleza jurídica de la función que ejercían los
inspectores de policía en esta materia. Sin embargo, la competencia de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo frente al conocimiento de las
decisiones proferidas dentro de los juicios de policía fue excluida desde muy
temprano. En efecto, el artículo 1 de la Ley 99 de 1919 dispuso que en la
competencia atribuida por la Ley 130 de 1913 a los Tribunales Administrativos
Seccionales para conocer de la validez o nulidad de los actos o resoluciones
departamentales o municipales “(…) no se comprenden las resoluciones
que se dicten en los juicios de Policía de naturaleza penal o civil y las
sentencias dictadas en los juicios seguidos por fraudes a las rentas
departamentales o municipales”. Esta norma fue reproducida en el numeral
2 del artículo 73 de la Ley 167 de 1941, sobre organización de la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo. El Código Contencioso Administrativo de
1984 confirmó tal exclusión en el inciso tercero del artículo 82, al disponer
que “La jurisdicción de lo contencioso administrativo no juzga las decisiones
proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley”, lo que
fue finalmente reiterado, con las mismas palabras, en el numeral 3 del
artículo 105 del CPACA vigente.
21. La manera como tradicionalmente la jurisprudencia administrativa le
daba contenido y fundamento a tal exclusión, consistió en afirmar que, al
resolver litigios, así fuera de manera transitoria, en esos asuntos los
inspectores de policía no se encontraban ejerciendo funciones
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Radicación: 54001-23-33-000-2019-00140-01 (70.601)
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administrativas sino funciones jurisdiccionales9. Por ello, las decisiones que se
adoptaban no correspondían a actos administrativos, razón por la cual, no
eran controlables por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Esta
idea jurisprudencial se mantuvo vigente y solamente fue objeto de precisión,
al concluir que las funciones jurisdiccionales de los inspectores de policía se
referían únicamente a aquellos casos en los que se resolvían litigios entre
particulares pero que, cuando una de las partes era una entidad estatal,
por ejemplo, para la recuperación de bienes de uso público, la función
ejercida era de naturaleza administrativa y la decisión, por lo tanto, era un
acto administrativo que sí era susceptible de control judicial10. De esta
manera, aunque respaldada en el principio constitucional de colaboración
entre ramas del poder público, pero sin fundamento constitucional expreso,
la jurisprudencia administrativa había formulado la teoría de las funciones
jurisdiccionales de la Administración.
22. Con la vigencia de la Constitución de 1991, las funciones
jurisdiccionales de la Administración adquirieron respaldo constitucional
expreso, en el artículo 116 y, a la vez, fueron sometidas a la exigencia de
excepcionalidad. Dicho requisito constitucional implicó que únicamente se
consideran como funciones jurisdiccionales de las autoridades
administrativas, aquellas que han sido calificadas expresamente como tales
por parte del legislador. En adelante, la determinación de la naturaleza
jurisdiccional de una función adquirió reserva de ley y, por ello, el papel
creativo de la jurisprudencia en la materia quedó excluido.
23. Con la derogatoria del Decreto Ley 1355 de 1970, por parte de la Ley
1801 de 2016, aunque se mantuvo vigente la exclusión de la competencia
de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, respecto del examen de
la validez de las decisiones proferidas en los “juicios de policía regulados
especialmente en la ley” (art. 105.3 de la Ley 1437 de 2011 y art 4 de la Ley
1801 de 2016), surgieron dos interrogantes. Uno primero, relativo a cuáles
eran los juicios de policía previstos en la Ley 1801 de 2016, teniendo en
cuenta que esta expresión ya no es utilizada por dicho Código. Al respecto,
en una interpretación sistemática e histórica, se concluye que se trata de las
medidas correctivas adoptadas respecto de los cinco asuntos
tradicionalmente considerados como juicios civiles de policía, es decir, la
protección de la posesión, la tenencia, la servidumbre, el domicilio y el
lanzamiento por ocupación de hecho. Esto significa que, salvo en estas
materias, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 1801 de 2016, la decisión
final adoptada en el proceso único de policía, sea este verbal inmediato o
verbal sumario, en donde se impongan o no medidas correctivas, es un acto
9 Consejo de Estado, Secc. 1, Sentencia de 20 de agosto de 1976, exp. 2248.
10 Consejo de Estado, Sec. 1, Sentencia de 5 de diciembre de 2002, exp. 5507.
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administrativo definitivo, objeto de control mediante la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho.
24. El segundo interrogante se refiere a si el fundamento de la exclusión del
control por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo seguía
siendo que, en estas controversias civiles los inspectores de policía ejercían
funciones jurisdiccionales. Al ser la Ley 1801 de 2016 expedida en vigencia
de la Constitución de 1991 y, en particular, de las exigencias de su artículo
116, hay que concluir que ya no se trata de funciones jurisdiccionales en
cabeza de los inspectores de policía, al no haber existido atribución o
calificación expresa por parte del legislador. La utilización legal de las
expresiones “proceso único de policía” (art. 213 y siguientes de la Ley 1801
de 2016), “proceso verbal inmediato”(art. 222 de la Ley 1801 de 2016) y
“proceso verbal abreviado” (art. 223 de la Ley 1801 de 2016) no significa que
se trate de procesos jurisdiccionales, sino de procedimientos administrativos,
teniendo en cuenta la ausencia de calificación jurisdiccional expresa por
parte del legislador. Ahora, la razón de ser de la exclusión del control judicial
por parte del artículo 105.3 del CPACA consiste en que, aunque se trata de
funciones administrativas de los inspectores de policía y la decisión final que
impone las medidas correctivas es un acto administrativo, se trata de actos
administrativos especiales, con vocación temporal, que surten efectos hasta
tanto que un juez ordinario no decida algo en sentido contrario y, por ende,
estos actos administrativos cautelares no tienen vocación de dar paso a un
proceso contencioso administrativo jurisdiccional ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, entre otras razones, por la eventual afectación
a la seguridad jurídica que generaría que, el mismo asunto, sea a la vez
discutido ante un juez civil y de lo contencioso administrativo. Esta
naturaleza administrativa determina, adicionalmente, que el régimen de
responsabilidad patrimonial por los daños causados por estos actos
administrativos ya no sea el propio de la actividad jurisdiccional (error
jurisdiccional o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia),
sino el ordinario de los daños causados en ejercicio de las funciones
administrativas.
25. Es justamente esta explicación la que permite entender por qué la
decisión proferida por el Inspector de Policía del municipio de Los Patios, por
los comportamientos contrarios a la convivencia, al medio ambiente sano y
al ordenamiento territorial eran actos administrativos que, al no
corresponder a juicios de policía regulados especialmente en la ley, sí eran
susceptibles de ser demandados mediante la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, en el término de caducidad de cuatro meses
contados desde su ejecutoria y no mediante la acción de reparación
directa, por el presunto error jurisdiccional que alegó el demandante.
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Radicación: 54001-23-33-000-2019-00140-01 (70.601)
Demandante: Concretos y Morteros S.A.
Demandado: Municipio de los Patios
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma la declaratoria de caducidad
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26. La improcedencia, en este caso, de la acción de reparación directa se
explica en el hecho de que la jurisprudencia administrativa ha construido
dos líneas jurisprudenciales para evitar que los accionantes, que debiendo
demandar en el término de cuatro meses, mediante la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, acudan a otros mecanismos temporalmente
más benéficos: la acción de nulidad simple, para lo cual se acude a la teoría
de los móviles y las finalidades y la acción de reparación directa, para lo
cual la jurisprudencia ha identificado únicamente cinco hipótesis
excepcionales en las que, mediante una demanda de reparación directa,
es posible examinar la responsabilidad del Estado por daños causados por
actos administrativos. Uno de dichos eventos consiste en que el acto
administrativo no era susceptible de control judicial, como es el caso de los
daños causados por los actos administrativos proferidos por los inspectores
de policía en los juicios de policía para el amparo de la posesión, la
tenencia, la servidumbre, el domicilio y el lanzamiento por la ocupación de
hecho. Por el contrario, como ocurre en este caso, cuando el daño es
causado por un acto administrativo adoptado por un inspector de policía,
que sí es objeto de control de nulidad y restablecimiento del derecho, al no
corresponder a juicios de policía, la acción de reparación directa se torna
improcedente.
27. Así las cosas, le asistía razón al tribunal al interpretar que, en realidad, la
demanda presentada como de reparación directa correspondía a una de
nulidad y restablecimiento del derecho. Las presuntas irregularidades
expuestas en la demanda como errores jurisdiccionales correspondían, en
realidad, a causales de nulidad del acto administrativo, en particular, a una
supuesta expedición irregular, al desconocimiento de los derechos de
audiencia o de defensa y a la desviación del poder. Por ello, resultaba
correcto que, tras contar el término, declarar de oficio la caducidad de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho. En efecto, el acto
administrativo proferido por el inspector de Policía del municipio de Los
Patios fue adoptado, en audiencia pública, el 2 de mayo de 2017, razón por
la que el término de los cuatro meses se extendía hasta el 3 de setiembre de
2017. A partir de allí, la solicitud de conciliación prejudicial realizada el 22 de
marzo de 2019 ya no tuvo el efecto de suspender el conteo de la
caducidad.
28. Finalmente, esta Sala debe responder a la solicitud hecha en el recurso
de apelación, tendiente a que se profiera una decisión de fondo. Ello no
resulta jurídicamente posible, porque la caducidad es un fenómeno de
orden público que extingue las acciones judiciales, que ata al juez, sin
posibilidad de renuncia a ella por las partes del proceso y que, por lo tanto,
impide que se entre a examinar el fondo de las pretensiones.
Adicionalmente, si en gracia de discusión se estudiara este caso por el
cauce procesal de la acción de reparación directa, como lo planteó el
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Radicación: 54001-23-33-000-2019-00140-01 (70.601)
Demandante: Concretos y Morteros S.A.
Demandado: Municipio de los Patios
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma la declaratoria de caducidad
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accionante, habría que, sin duda alguna, denegarse las pretensiones de la
demanda, porque el daño causado por un acto administrativo que no ha
sido objeto de anulación, es un daño jurídico, que debe ser soportado en
los términos del artículo 90 de la Constitución, tal como lo ha precisado esta
corporación judicial:
“Los daños causados por sendos actos administrativos de contenido particular
no anulados son jurídicos (…) la anulación judicial del acto administrativo
desvirtúa la presunción de legalidad y, por lo tanto, transforma el daño jurídico
en antijurídico, por lo que abre la puerta a la reparación de los perjuicios. Así
que, cuando la acción de grupo se funda causalmente en actos administrativos
que gozan de presunción de legalidad, porque no han sido anulados, que no
configuran un daño especial ni han sido revocados por antijurídicos, los daños
que pudieron haber generado son jurídicos y, por lo tanto, no exigen
reparación”: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
Sala Catorce Especial de Decisión, Sentencia de unificación del 6 de diciembre
de 2021, exp. 66001-33-31-003-2008-00410-01.
29. Finalmente, esta Sala debe aclarar que cuando, como en este caso,
se constata la ausencia de uno de los presupuestos procesales que permiten
fallar de fondo, como es el caso de la caducidad de la acción, no es
jurídicamente adecuado, adicionalmente, denegar las pretensiones de la
demanda, como lo hizo el tribunal de primera instancia, ya que esta es una
decisión de fondo, que únicamente resulta viable cuando se ha superado
el examen de la aptitud de la demanda, de la procedencia del medio de
control, de su presentación oportuna – caducidad de la acción- y de la
legitimación en la causa.
30. Así las cosas, se confirmará la decisión de declarar de oficio la
caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
2.1 Costas
31. De acuerdo con los artículos 188 del CPACA y 365, numerales 1 y 3 del
CGP, la condena en costas es objetiva y depende del resultado del proceso.
Por lo tanto, al no haber prosperado la apelación, se condenará en costas
de esta instancia a la parte demandante. El tribunal de origen liquidará la
condena en costas de manera concentrada (artículo 366 del CGP).
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
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Radicación: 54001-23-33-000-2019-00140-01 (70.601)
Demandante: Concretos y Morteros S.A.
Demandado: Municipio de los Patios
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Confirma la declaratoria de caducidad
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RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 28 de septiembre de 2023 proferida
por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que declaró la
caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
SEGUNDO: CONDENAR a la demandante al pago de las costas de la
segunda instancia. Esta condena se liquidará, de manera concentrada, por
el tribunal de primera instancia.
TERCERO: Por Secretaría, una vez ejecutoriado este proveído, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
• Aclaración de voto-
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