Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-33-000-2015-00130-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 47001-23-33-000-2015-00130-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 47001-23-33-000-2015-00130-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
1 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 1 de diciembre de 2025
Radicación: 47001-23-33-000-2015-00130-01 (71775)
Demandantes: Matilde Month Pérez y otros
Demandados: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y otro
Referencia: Acción de grupo
Temas: acción de grupo – conflicto armado – desplazamiento forzado – causa común del
daño – condena en costas
Síntesis del caso: se demanda por el desplazamiento forzado de un grupo de personas
debido a la supresión de sus cargos en una Empresa Social del Estado.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
en contra de la Sentencia de 7 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Magdalena, que declaró de oficio la caducidad de la
acción.
Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada –
1.3. Sentencia de primera instancia – 1.4. Recurso de apelación
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 8 de abril de 2015, Matilde Month Pérez y otros1 presentaron demanda2,
en ejercicio de la acción de grupo, en contra de la Nación – Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional y la Policía Nacional, con el fin de que se hicieran
las siguientes declaraciones (se trascribe):
“1. Se declare que se presentó la vulneración a los derechos individuales de
la vida, integridad física y moral, seguridad jurídica, trabajo y mínimo vital de
1 La demanda fue presentada por Miladis Ester Galán Martínez, Gloria María Paz
Esparragoza, Anaida Alvear Arango, Hernando Villafañe Peñaloza, Aracelis Florez
Rodríguez, Yaneth Villanueva Mejía, María del Rosario Martínez Rodríguez, Julio Enrique
Puerta Freyle, Rosario Beleño Barrera, Marina Rosa Pedrozo Leal, Alba Rosa Manjarrés
Vásquez, Martha Rosa Ospino Fernández, Luz Adelina Álvarez Arango, Yarid Piñerez Zuluaga,
Matilde Month Pérez y Diana Díaz Robles.
2 Páginas 4-58 del documento “01. CUADERNO N°1” del expediente digital.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 47001-23-33-000-2015-00130 01(71775)
Demandantes: Matilde Month Pérez y otros
Demandados: Ejército Nacional y Policía Nacional
Referencia: acción de grupo
Decisión: revoca – declara la improcedencia
mis poderdantes, además de los derechos colectivos relacionados con los
literales b, e y g del artículo 4 de la Ley 472 de 1998.
2. Declarar que La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Ejército
Nacional son responsables por los perjuicios ocasionados por la omisión o falla
de su deber de protección de la vida, honra y bienes de mis poderdantes en
los hechos descritos en la presente acción.
3. Que a título de INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MATERIALES se ordene el
pago de las indemnizaciones, los salarios, aportes parafiscales y demás
emolumentos laborales que se causaren desde el día en que arbitraria e
ilícitamente fueron separados de la labor o servicio público que prestaban en
la E.S.E. Hospital ‘La Candelaria’ de El Banco, Magdalena, hasta la fecha que
adquieran su derecho pensional, teniendo en cuenta los salarios y
prestaciones que devengaban en el año 2001, ajustando sus respectivos
valores en los términos que ha venido observando la jurisprudencia del
Consejo de Estado, del CPACA y demás normas que lo adicionen o reformen.
4. Se ordene a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y el Ejército
Nacional, pagar a mis defendidos, a título de INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS
MORALES, siguiendo los lineamientos trazados a partir de la SENTENCIA DE
UNIFICACIÓN del Consejo de Estado, del 25 de septiembre de 2013,
radicación número: 05001-23-31-000-2001-00799-01 (36460), M.P. Enrique Gil
Botero, donde el juez podrá tasar hasta 1000 salarios mínimos legales
mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria de la sentencia del presente
proceso a favor de cada uno de los accionantes, toda vez que los daños
causados a ellos fue producto de un hecho punible.
5. Se ordene el pago de perjuicios morales al núcleo familiar de cada uno de
mis poderdantes, teniendo en cuenta el pronunciamiento de la sentencia de
unificación de criterios señalada en el numeral anterior.
6. Se ordene el pago de los intereses previstos en el CPACA y demás normas
que la adicionen o modifiquen.
Para todos los efectos se declare que no ha existido solución de continuidad
en la prestación del servicio por parte de los accionantes, desde el momento
de su ilegal desvinculación hasta la fecha de la ejecutoria de la sentencia de
este proceso.
8. Se orden la INDEXACIÓN de todos los salarios y prestaciones sociales
dejadas de percibir por los accionantes, desde su ilegal desvinculación, hasta
la fecha efectiva de la ejecutoria de la sentencia de este proceso, como lo
ordena la jurisprudencia del Consejo de Estado y el CPACA y demás normas
que la adicionen o modifiquen.
9. Que se ordene la publicación de la sentencia en periódicos de amplia
circulación tanto nacional como regional.
10. Que se ordene a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional-Ejército
Nacional, iniciar y llevar hasta su culminación la acción de repetición de que
trata la Ley 678 de 2001 contra quienes hayan sido los autores materiales,
intelectuales y determinador de los hechos narrados en la presente demanda.
11. Que se condene en costas y agencias en derecho a la demanda,
conforme lo ordena el artículo 38 de la Ley 472 de 1998”3.
2. La parte demandante narró, en síntesis, los siguientes hechos:
3. Los demandantes eran empleados de carrera administrativa de la E.S.E.
Hospital la Candelaria (el Hospital), en El Banco, Magdalena. Mediante la
3La parte demandante incluyó un acápite que denominó “estimativo del valor de los
perjuicios ocasionados por la vulneración de los derechos” en el que desglosó lo solicitado
por cada demandante.
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Radicación: 47001-23-33-000-2015-00130 01(71775)
Demandantes: Matilde Month Pérez y otros
Demandados: Ejército Nacional y Policía Nacional
Referencia: acción de grupo
Decisión: revoca – declara la improcedencia
Resolución 318 de 19 de junio de 2001 la gerente de la entidad suprimió “33
cargos de carrera administrativa”, incluidos los de los actores.
4. El acto administrativo fue expedido “siguiendo órdenes estrictas del
entonces comandante de las autodefensas de esa zona del departamento
del Magdalena, Wilson Poveda Carreño, alias ‘Rafael’”, según lo reconoció
en versión libre ante la Fiscalía General de la Nación el 12 de marzo de 2014.
En su narración constaba que realizó “amenazas y constreñimiento” para
que se hiciera el “ilegal y arbitrario despido”, así como el desplazamiento
forzado de los actores.
5. Los jefes de las autodefensas, así como algunos funcionarios del Hospital,
“les prohibieron” a los demandantes “que iniciaran acciones judiciales
contra la decisión de retirarlos de sus cargos, o para reclamar algo sobre sus
derechos laborales”. Por el temor a represalias, los actores se abstuvieron de
hacerlo. Según la demanda, “era de público conocimiento el mando y
control que tenían las autodefensas en el Sur del Departamento del
Magdalena, y la complicidad que encontraban en representantes y/o
miembros de órganos del Estado”.
6. Afirmó que, toda vez que el daño no había cesado, no había operado la
caducidad, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley 472 de 1998. En su
concepto, el grupo era víctima de desplazamiento forzado porque, según
la Ley 387 de 1997, tenía esta condición quien se veía obligado a dejar “su
actividad económica habitual”. En este caso, los actores habían sido
“víctimas de desplazamiento laboral”.
1.2. Posición de la parte demandada
7. La Policía contestó la demanda4. Afirmó que sus obligaciones estaban
relacionadas con la salvaguarda del orden público y que no debía
responder “ante una situación ordinaria de recorte de personal o situaciones
laborales de una empresa pública”. Agregó que el daño reclamado tenía
origen en un acto administrativo, que gozaba de presunción de legalidad.
8. Sostuvo que la parte demandante no demostró que hubiera solicitado
protección previa de la entidad. Tampoco que hubiera sido víctima de
desplazamiento. Lo anterior implicaba que no se cumplía con el requisito de
conformación del grupo. Por tal motivo propuso la excepción de falta de
legitimación activa en la causa.
9. Solicitó que se vinculara como litisconsorte necesario al Hospital porque
fue la entidad que expidió el acto administrativo que suprimió los cargos.
4 Páginas 306-333 del documento “01. CUADERNO N°1” del expediente digital.
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Radicación: 47001-23-33-000-2015-00130 01(71775)
Demandantes: Matilde Month Pérez y otros
Demandados: Ejército Nacional y Policía Nacional
Referencia: acción de grupo
Decisión: revoca – declara la improcedencia
10. El Ejército contestó la demanda5. Señaló que no le constaban los hechos
de la demanda porque se referían a “relaciones administrativas laborales”.
Que la desvinculación de los trabajadores fue una decisión del Hospital,
justificada, según el acto administrativo, en la crisis económica que
atravesaba y en la sobredimensión de la planta de personal. Por tanto, los
trabajadores debieron cuestionar la legalidad del acto administrativo a
través la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
11. Refirió que la parte demandante no cumplía con los requisitos de
conformación del grupo porque no demostró que los actores fueran
víctimas de desplazamiento forzado.
12. Solicitó que se vincularan como litisconsortes necesarios al Hospital, al
departamento de Magdalena, a la Agencia Presidencial para la Acción
Social y Cooperación Internacional, y a la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas.
13. Mediante a Auto de 30 de junio de 20166 el tribunal ordenó la vinculación
de la E.S.E. Hospital la Candelaria. En la misma providencia desestimó la
vinculación de las demás entidades.
14. El Hospital contestó la demanda7. Solicitó que se vinculara como
litisconsortes necesarios al municipio de El Banco y a la Procuraduría
Provincial del municipio de El Banco.
15. Mediante Auto de 19 de abril de 20188, el tribunal negó la vinculación de
las entidades mencionadas porque no fueron “señaladas por los
demandantes ni demandados como autores de hechos u omisiones
generadores del daño” alegado.
1.3. Sentencia de primera instancia
16. Mediante Sentencia de 7 de febrero de 20249, el Tribunal Administrativo
de Magdalena declaró probada, de oficio, la caducidad de la acción.
17. Señaló que los demandantes conocieron de la participación del Estado
en “el hecho victimizante de desplazamiento forzado cometido en su
contra” en el 2012, cuando la Fiscalía General de la Nación respondió una
petición de Alberto Suárez. El documento entregado por la entidad
contenía la trascripción de la versión libre rendida por Wilson Poveda
5 Páginas 342-396 del documento “01. CUADERNO N°1” del expediente digital.
6 Páginas 533-536 del documento “01. CUADERNO N°1” del expediente digital.
7 Páginas 548-549 del documento “01. CUADERNO N°1” del expediente digital.
8 Páginas 561-562 del documento “01. CUADERNO N°1” del expediente digital.
9 Documento “32. SentenciaDePrimeraInstancia” del expediente digital.
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Radicación: 47001-23-33-000-2015-00130 01(71775)
Demandantes: Matilde Month Pérez y otros
Demandados: Ejército Nacional y Policía Nacional
Referencia: acción de grupo
Decisión: revoca – declara la improcedencia
Carreño, alias Rafa, en el proceso de Justicia y Paz, en la que constaba que
el grupo paramilitar actuó en coordinación con agentes estatales. Agregó
que los actores no demostraron situaciones que les hubieran impedido
materialmente demandar. Por tanto, al momento de ejercer la acción se
había superado ampliamente el término previsto en el artículo 47 de la Ley
472 de 1998 y la decisión unificada del Consejo de Estado en lo relativo a
graves violaciones a los derechos humanos.
18. Según el tribunal, se acreditó que, mediante la Resolución 318 de 19 de
junio de 2001 el Hospital suprimió treintaitrés cargos de carrera
administrativa, incluidos los de los demandantes. En su declaración, Wilson
Poveda aceptó la “responsabilidad penal por el desplazamiento forzado”.
Por eso, desde 2012, al conocer Alberto Suárez de la trascripción de la
versión libre, los actores debieron conocer de la participación activa de
agentes del Estado en los hechos victimizantes.
19. Si bien en la demanda se indicó que el postulado aceptó los hechos en
una declaración posterior, realizada el 12 de marzo de 2014, la versión libre
aportada en medio magnético no pudo ser escuchada porque tenía un
bloqueo de seguridad. Sin embargo, era claro que desde 2010 el postulado
reconoció los hechos, afirmaciones que reiteró en 2011 y 2012. Aceptar que
solo en la última fecha inicia el conteo del término sería extender la
caducidad.
20. Finalmente indicó que, si bien el Consejo de Estado había sostenido que
el desplazamiento forzado era un daño continuado, cuyo término solo
iniciaba una vez cesaba, lo cierto era que “dicha tesis quedó revaluada con
la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020”.
21. Por último, el tribunal se abstuvo de condenar en costas porque no se
evidenciaba su causación.
1.5. Recurso de apelación
22. La parte demandante interpuso recurso de apelación10. Sostuvo que los
demandantes fueron víctimas de desplazamiento forzado “por cuanto se
vieron sometidos a la penosa alteración de sus condiciones de existencia y
a la modificación anormal del curso de sus vidas” al ser “obligados a
desvincularse de sus cargos irremediablemente”, situación que fue
ejecutada por autoridades públicas en coordinación con las autodefensas.
En este punto insistió en que, de acuerdo con la definición contenida en la
Ley 387 de 1997, el desplazamiento incluía a aquellas personas que se veían
forzadas a dejar su “actividad económica habitual”. Los demandantes
10 Documento “34.1 MemorialRecursoApelacionSentenciaDemandante” del expediente
digital.
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Demandantes: Matilde Month Pérez y otros
Demandados: Ejército Nacional y Policía Nacional
Referencia: acción de grupo
Decisión: revoca – declara la improcedencia
fueron desvinculados mediante un acto administrativo que suprimió sus
cargos por orden del “comandante político de las autodefensas” Arturo
Ruidíaz, alias Rubén, quien, además, decidió arbitrariamente sobre sus
liquidaciones, les advertía que debían guardar silencio y no presentar
demandas. El hecho fue reconocido por Wilson Poveda Carreño, alias Rafa,
aceptó el 12 de marzo de 2014, ante la Fiscalía General de la Nación. Ante
la imposibilidad técnica de abrir el archivo en primera instancia, lo aportaba
nuevamente en medio magnético.
23. En relación con la caducidad de la acción solicitó que se tuviera en
cuenta lo dispuesto por la Corte Constitucional en la decisión SU-254 de
2013. Insistió en que el daño no había cesado de acuerdo con la
oportunidad para demandar indicada en la Ley 472 de 1998. En todo caso,
el término no podía contarse, como lo hizo la sentencia recurrida, desde la
respuesta que obtuvo Alberto Suárez Barrientos, ya que se trataba de una
persona que no hacía “parte del grupo de accionantes”.
1.5. Trámite procesal relevante
24. Mediante Auto de 16 de junio de 202511, el despacho instructor se
abstuvo de pronunciarse sobre la solicitud probatoria porque “la parte
actora no indicó qué pruebas pretendía fueran decretadas, ni la causal
invocada”, así como el hecho de que se tratara de alguna decretada y no
practicada en primera instancia, o que esta no se hubiera realizado por una
circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Síntesis de la controversia – 2.2. Caducidad de la acción – 2.3. Condena en costas
2.1. Síntesis de la controversia
25. La Sentencia de primera instancia será confirmada, por razones similares
a las del tribunal. De acuerdo con los hechos narrados en la demanda, los
actores supieron de la injerencia del grupo paramilitar en la gestión del
hospital desde el momento en que se puso fin a su vínculo laboral. Por tanto,
se configuró la caducidad de la acción12.
11 Documento “069Autoqueseabs_71775Pruebasensegund” del expediente digital.
12 El ponente de esta sentencia no comparte este argumento de la mayoría de la
Subsección. En su concepto, debió declararse la improcedencia de la acción de grupo
porque no existió causa común del daño, requisito previsto en los artículos 3 y 46 de la Ley
472 de 1998. Respecto de cada empleado la administración adoptó una decisión que puso
fin a su vínculo laboral y cada uno se encontraba, para ese momento, en una situación
específica frente al Hospital —por el tiempo de antigüedad de los servicios prestados, por
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Referencia: acción de grupo
Decisión: revoca – declara la improcedencia
2.2. Caducidad de la acción
26. En el presente asunto, está acreditado que, mediante la Resolución 318
de 19 de junio de 200113 la gerente del Hospital determinó suprimir treintaitrés
cargos de la planta de personal.
27. Según lo referido en la demanda, los trabajadores fueron amenazados
desde el momento mismo de la supresión de los cargos y, en la región, “era
de público conocimiento” la coordinación entre las autodefensas y las
administraciones locales. Es claro, entonces, que desde el momento mismo
de los hechos los actores supieron de la actuación conjunta de agentes
estatales y el grupo paramilitar.
28. En relación con las amenazas y el temor para demandar que relatan, lo
cierto es que, de un lado, con la Ley 975 de 200514 (conocida como de
Justicia y Paz), se inició la desmovilización y reincorporación de las
estructuras paramilitares, hecho que fue de amplio conocimiento nacional.
Y, en cualquier caso, al menos para el 13 de abril de 2010, Wilson Poveda
Carreño, alias Rafa, quien según la demanda aceptó la responsabilidad en
los hechos, se encontraba procesado15.
29. Así, está acreditado que, desde el momento del daño los actores
estaban enterados de los vínculos entre las autodefensas de la región y la
gerencia del hospital. Además, que, una vez iniciado el proceso de
el tiempo restante para pensionarse, por contar fuero sindical, entre otros—. En
consecuencia, la desvinculación de cada empleado se hizo mediante un acto
administrativo de carácter particular que, podría, además, debido a las especificidades
anotadas, tener vicios diferentes o adicionales a aquellos que coincidirían con la
imputación realizada en la demanda (falsa motivación y desviación de poder). En otras
palabras, no existe causa común toda vez que la fuente del daño en este caso, la ilegalidad
de cada acto administrativo podría fundarse en razones diferentes para cada empleado e
incluso resultar infundada para otros. Adicionalmente, la notificación de cada una de las
decisiones de desvinculación determinó, de manera individual, el inicio del término de
caducidad de cuatro meses para ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo que confirma que, cada uno de dichos actos administrativos constituye la
causa adecuada individual del daño. Por lo anterior, no resulta posible identificar una causa
común como condición de procedencia de la acción de grupo.
Todo lo anterior de conformidad con el criterio unificado de esta corporación:
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión
Número Catorce. Sentencia de 6 de diciembre de 2021, radicado 66001-33-31-003-2008-
00410-01. Con salvamento de voto del magistrado Milton Chaves García.
En relación con la procedencia de la acción de grupo en asuntos laborales: Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión Número
Catorce. Sentencia de 17 de mayo de 2023, radicado 68001-33-31-014-2013-00158-01. Con
salvamento parcial de voto del magistrado Milton Chaves García.
13 Páginas 89-90 del documento “01. CUADERNO N°1” del expediente digital.
14 Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos
armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la
consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.
15 De acuerdo con la trascripción de la versión libre rendida por Wilson Poveda Carreño en
la fecha mencionada. Páginas 283-285 del documento “01. CUADERNO N°1” del
expediente digital.
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Radicación: 47001-23-33-000-2015-00130 01(71775)
Demandantes: Matilde Month Pérez y otros
Demandados: Ejército Nacional y Policía Nacional
Referencia: acción de grupo
Decisión: revoca – declara la improcedencia
desmovilización y reincorporación del grupo armado, los interesados podían
presentar la demanda. De este modo, es evidente que el ejercicio de la
acción, el 8 de abril de 2015, se hizo cuando se había superado
ampliamente el plazo legal de dos años.
30. Finalmente, con el fin de despejar la argumentación planteada desde
la demanda y reiterada en el recurso de apelación, es necesario indicar que
la parte actora propone una interpretación equivocada y conveniente
sobre la definición de desplazamiento forzado contenida en la Ley 387 de
1997, porque afirma que tiene tal calidad quien debe abandonar su
actividad económica habitual, pero omite el elemento central que consiste
en: “toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio
nacional”16. De las pretensiones, la reparación de perjuicios pretendida y los
hechos narrados en la demanda es claro que el daño alegado es la
desvinculación laboral, que es de naturaleza instantánea. Por tanto,
tampoco podría aplicarse el término previsto en la Decisión SU-254 de 2013
de la Corte Constitucional, pues esa decisión trata sobre desplazamiento
forzado.
31. En la misma línea, por la naturaleza instantánea del daño que viene de
señalarse, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley 472 de 1998 17, el plazo
para demandar en este caso es de dos años18 y no el supuesto referido a la
cesación de la acción vulnerante, como propone la parte recurrente.
32. Por las razones expuestas, la Sala confirmará la decisión de primera
instancia que declaró la caducidad de la acción.
2.3. Condena en costas
33. De acuerdo con el precedente de esta Subsección, la condena en
costas no procede en acciones de grupo19, sin perjuicio los deberes de
16 Artículo 1 de la Ley 387 de 1997: “Del desplazado. Es desplazado toda persona que se ha
visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de
residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su
seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente
amenazadas con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones:
Conflicto armado interno; disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada,
violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional
humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan
alterar drásticamente el orden público” (subrayado fuera del original).
17 Aplicable en el presente asunto porque el término empezó a correr antes de la entrada
en vigor de la Ley 1437 de 2011. De acuerdo con el criterio de la aplicación de la ley
procesal en el tiempo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.
18 De nuevo, el ponente aclara que, en este caso, sería el término de 4 meses, propio de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
B. Sentencia de 17 de junio de 2024, exp. 68712.
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Radicación: 47001-23-33-000-2015-00130 01(71775)
Demandantes: Matilde Month Pérez y otros
Demandados: Ejército Nacional y Policía Nacional
Referencia: acción de grupo
Decisión: revoca – declara la improcedencia
probidad de los abogados que ejercen la representación judicial y la
posibilidad de que se vea comprometida su responsabilidad patrimonial.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 7 de febrero de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Magdalena.
SEGUNDO: sin condena en costas.
Por Secretaría, una vez ejecutoriado este proveído, DEVOLVER el expediente
al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
9 de 9
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