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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-33-31-014-2013-00158-01

Fecha
17 de mayo de 2023
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-33-31-014-2013-00158-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: UNIFICAR la jurisprudencia a partir de la siguiente regla: respecto de las demandas presentadas en vigencia de la Ley 1437 de 2011, CPACA, la acción de grupo procede para reparar integralmente perjuicios causados por una causa común ocurrida en el contexto de las relaciones laborales o de empleo público. Dicha causa puede consistir en un hecho, una omisión, una operación o un acto administrativo de contenido particular. Para su trámite y decisión, se requiere una interpretación amplia y no restrictiva del carácter indemnizatorio de la acción de grupo. SEGUNDO: REVOCAR el Auto del 6 de noviembre de 2013, proferido por el Tribunal Administrativo de Oralidad de Santander, que confirmó el Auto 12 de septiembre de 2013, proferido por el Juzgado Administrativo Catorce de Oralidad de Bucaramanga, que rechazó la demanda de la referencia. En su lugar, ORDENAR al Juzgado Administrativo Catorce de Oralidad de 25 de 26 Radicación número: 68001-33-31-014-2013-00158-01 Actor: María Claudia Plata García y otros Demandado: Departamento de Santander y otro Referencia: Revisión en acción de grupo Decisión: Unifica jurisprudencia, revoca el auto y ordena que se admita la demanda ________________________________________________________________________________________ Bucaramanga que profiera el auto admisorio de la demanda y dé el trámite correspondiente al proceso de la referencia. QUINTO: por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado Administrativo Catorce de Oralidad de Bucaramanga.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-33-31-014-2013-00158-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

17 de mayo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN CATORCE

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 17 de mayo de 2023

Radicación número: 68001-33-31-014-2013-00158-01
Actor: María Claudia Plata García y otros.
Demandado: Departamento de Santander y otro.
Referencia: Revisión en acción de grupo -
Auto de unificación jurisprudencial

Temas: ACCIÓN DE GRUPO – PROCEDENCIA POR NO PAGO DE ACREENCIAS LABORALES.
ASUNTOS EN VIGENCIA DEL CPACA - Solicitud de reconocimiento y orden de pago de la
prima de servicios.

Síntesis del caso: El grupo solicitó que se declarara la responsabilidad del Departamento y
de la Contraloría de Santander, debido a los perjuicios causados por la negativa a
reconocer y ordenar el pago de la prima de servicios a los empleados del ente de control.

La Sala decide la revisión eventual1 respecto del Auto del 6 de noviembre
de 2013, proferido por el Tribunal Administrativo de oralidad de Santander,
que confirmó el auto de rechazo de la demanda de acción de grupo,
proferido por el Juzgado Catorce Administrativo Oral de Bucaramanga,
expedido el 12 de septiembre de 2013.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 36A de la Ley Estatutaria 270 de 1996,
introducido por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009, del artículo 107 de la
Ley 1437 de 2011 y de los artículos 28 y 29 del Acuerdo 80 de 2019,
reglamento del Consejo de Estado, la Sala es competente para proferir
este auto, por haber seleccionado el auto de segunda instancia, para su
revisión por parte de esta corporación judicial.

Contenido: 1. Antecedentes - 2. Consideraciones – 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2 Auto inadmisorio de la demanda.
1.3 Recurso de reposición. 1.4 La decisión respecto del recurso de reposición. 1.5 La
subsanación de la demanda. 1.6 El rechazo de la demanda. 1.7 El recurso de apelación.
1.8 Decisión respecto de la apelación. 1.9 Selección para revisión por parte del Consejo
de Estado.

1 Mediante oficio del 14 de enero de 2014, los demandantes solicitaron la revisión eventual

de los autos (folios 118-120 c. 1) y esta fue aceptada por la Sección Tercera del Consejo
de Estado, mediante el Auto del 17 de septiembre de 2014 (folios 130-135 c. 1).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación número: 68001-33-31-014-2013-00158-01
Actor: María Claudia Plata García y otros
Demandado: Departamento de Santander y otro
Referencia: Revisión en acción de grupo
Decisión: Unifica jurisprudencia, revoca el auto y
ordena que se admita la demanda
________________________________________________________________________________________

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 8 de mayo de 2013, actuando mediante apoderado, María Claudia
Plata García, Christian Patarroyo Landazábal y Graciela Sepúlveda Torres,
en nombre propio y en representación del grupo de empleados de la
Contraloría General de Santander, en ejercicio de la acción de grupo,
prevista en el artículo 88 de la Constitución, presentaron demanda contra
el Departamento de Santander y la Contraloría Seccional de Santander,
para que dichas entidades sean declaradas patrimonialmente
responsables por la vulneración de los derechos fundamentales a la
igualdad y al mínimo vital de los miembros del grupo, al negar el
reconocimiento de la prima de servicios. La parte actora formuló las
siguientes pretensiones (se trascribe):

“1. Se declare que el impago de la “prima de servicios” al personal de la
Contraloría General de Santander a partir del periodo consolidado en junio 30
de 2012 atenta contra el derecho fundamental a la igualdad al mínimo vital
de aquellos.
2. Se anule el acto administrativo implícito en el pago de “prima de servicios”
al personal de la Contraloría General de Santander a partir del periodo
consolidado en junio 30 de 2012 y en adelante.
3. En subsidio de lo anterior, se ordene cesar el impago y mora respecto a la
prima de servicios al personal de la Contraloría General de Santander a partir
del periodo consolidado en junio 30 de 2012 y en adelante.
4.Que para indemnizar los perjuicios causados al grupo: la pasiva proceda a
pagar las respectivas primas de servicios así como los demás factores
salariales y prestacionales que de las primas de servicios dependan para su
cuantificación.
5. Se condena a la pasiva a asumir adicionalmente el 10% (más el IVA del 16%
sobre lo anterior) del valor de la indemnización para cada demandante o
miembro del grupo para que el pago de los honorarios no afecte
patrimonialmente a la parte accionante sino a la parte demandada, en aras
de reparación integral.
6. Incluir en la condena una suma correspondiente al 10% de la indemnización
más IVA del 16% sobre lo anterior, también para cada uno de los miembros
del suscrito abogado coordinador.
7. Liquidar la condena conforma al CPCA.
8. Ordenar que la sentencia se dé cumplimiento en los términos de ley
debiendo reconocerse:
a. Que a partir de la fecha en que debió pagarse cada prima de servicios se
generan intereses comerciales de mora.
b. En subsidio de lo anterior, que a partir de la fecha en que debió pagarse
cada prima de servicios se causa interés legal del seis (6%) anual, sin perjuicio
de la indemnización, a título de lucro cesante.
c. En subsidio de a y b: intereses conforme al CPCA desde la ejecutoria de la
sentencia.
9. Condénese en costas a la parte demandada, incluyendo agencias en
derecho expensas necesarias para la publicación del extracto de la
sentencia y para el reembolso de los demás gastos procesales (…)”

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Radicación número: 68001-33-31-014-2013-00158-01
Actor: María Claudia Plata García y otros
Demandado: Departamento de Santander y otro
Referencia: Revisión en acción de grupo
Decisión: Unifica jurisprudencia, revoca el auto y
ordena que se admita la demanda
________________________________________________________________________________________

2. En la demanda, los accionantes narraron, en síntesis, los siguientes
hechos relevantes, como fundamento de sus peticiones:

(1) Los demandantes se encuentran vinculados a la Contraloría Seccional
de Santander mediante una relación legal y reglamentaria, pero, desde 30
de junio de 2012, la entidad se negó a pagarles la prima de servicios,
prevista en la ordenanza 37 de 1980.
(2) El Contralor General de Santander se negó a reconocer y pagar la
prima de servicios, argumentando que la ordenanza que la creó fue
anulada por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
(3) La prima sí se paga, desde el año 2009, a los empleados del nivel
central del Departamento de Santander.

La demanda sostuvo que la acción de grupo era procedente por razones
de economía procesal y porque los miembros del grupo tienen
condiciones uniformes respecto de todos los elementos de la
responsabilidad. Afirmó que la prima de servicios prevista en el Decreto
1042 de 1978 debe aplicarse por extensión del régimen nacional a los
empleados de la Contraloría departamental, en virtud del principio de
favorabilidad y el respeto del mínimo vital.

1.2 Inadmisión de la demanda

3. Mediante Auto del 12 de agosto de 20132, el Juzgado Catorce
Administrativo Oral de Bucaramanga inadmitió la demanda, porque, de
acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado3, la acción de grupo
no era procedente para reconocer acreencias de carácter laboral.
Sostuvo que la demanda no incluyó pretensiones indemnizatorias, sino
dirigidas al reconocimiento y pago de prestaciones laborales.

1.3 Recurso de reposición

4. El apoderado de los accionantes sostuvo4 que la demanda cumplía los
requisitos formales para ser admitida y que esta acción de grupo tenía un
objeto indemnizatorio porque “el impago es el daño emergente, sin
perjuicio de que a partir de la mora se genere además un lucro cesante
consistente al menos en los intereses respectivos”. Explicó que sí existía un
acto administrativo implícito que ordenó que no se pagaran las primas de
servicios o que, en su defecto, el no pago es un hecho o una omisión.
Criticó, igualmente, la sentencia del Consejo de Estado con base en la
2 Folios 35-36 c. 1.
3 Citó la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sección 3, providencia del 20 de
noviembre de 2003, exp. 15001-23-31-000-2003-01618-01 (AG)
4 Folios 37-38 c. 1.

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Actor: María Claudia Plata García y otros
Demandado: Departamento de Santander y otro
Referencia: Revisión en acción de grupo
Decisión: Unifica jurisprudencia, revoca el auto y
ordena que se admita la demanda
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cual se inadmitió la demanda porque “no le es dable al intérprete distinguir
donde el legislador no distinguió”. Resaltó que el pago reclamado es una
prestación periódica, por lo que la acción no estaría sometida a
caducidad.

1.4 Decisión respecto del recurso de reposición

5. Sin declarar la improcedencia del recurso de reposición contra el auto
inadmisorio, mediante Auto del 28 de agosto de 20135, el Juzgado Catorce
Administrativo de Oralidad de Bucaramanga no repuso el auto
inadmisorio. Reiteró que la naturaleza indemnizatoria de la acción de
grupo debe resultar clara al momento de la admisión de la demanda, lo
que, a su juicio, no ocurrió en este caso.

1.5 Subsanación de la demanda

6. El accionante reiteró que la demanda sí solicitó la reparación de
perjuicios y precisó en qué consistió el daño emergente y el lucro cesante.
Solicitó que, en todo caso, se acudiera a las facultades extra y ultra petita
de las que, a su juicio, dispone el juez.

1.6 Rechazo de la demanda

7. Mediante Auto del 12 de septiembre de 20136, se rechazó la demanda.
Allí se insistió en el carácter indemnizatorio de la acción de grupo, que no
se encuentra presente en las reclamaciones de carácter laboral. Como
sustento de la posición, citó jurisprudencia del Consejo de Estado7 y
concluyó que la acción de grupo era improcedente cuando la decisión
dependía de la declaratoria de un derecho de carácter laboral, previa la
nulidad de actos administrativos. Aclaró que la acción de grupo sería
procedente cuando los perjuicios reclamados se derivaran de la ejecución
del acto administrativo.

1.7 Recurso de apelación

8. El demandante argumentó8 que la admisión de las acciones de grupo
debía únicamente verificar el cumplimiento de requisitos formales y que el
requisito endilgado no era legal. Reiteró que la demanda sí tenía efectos

5 Folios 40-42 c. 1.
6 Folios 99-105 c. 1.
7 Consejo de Estado, Secc. 4, Auto del 22 de septiembre de 2000, exp. A-009; Secc. 3, Auto

del 13 de marzo de 2003, exp 76001-23-31-000-2002-05428-01 (AG); Secc. 4, Auto, exp.
25000-23-26-000-2002-03008-01; Secc. 3, Auto del 4 de junio de 2008.
8 Folios 106-107 c. 1.

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Actor: María Claudia Plata García y otros
Demandado: Departamento de Santander y otro
Referencia: Revisión en acción de grupo
Decisión: Unifica jurisprudencia, revoca el auto y
ordena que se admita la demanda
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indemnizatorios y que, en todo caso, el juez cuenta con facultades extra y
ultra petita.

1.8 Decisión respecto de la apelación

9. El Tribunal Administrativo de Oralidad de Santander, mediante Auto del
6 de noviembre de 20139, confirmó el rechazo de la demanda, al concluir
que las pretensiones de la demanda no eran indemnizatorias ya que, en
realidad, apuntaban al reconocimiento y pago de acreencias laborales y
el juez de la acción de grupo carece de facultades para fallar al respecto.
Aseguró que las reclamaciones laborales son una contraprestación por el
servicio prestado, mas no una indemnización de un perjuicio.

1.9 Selección para revisión por parte del Consejo de Estado

10. Los demandantes solicitaron la revisión del auto que confirmó el
rechazo de la demanda10. Argumentaron que la jurisprudencia
administrativa respecto de la improcedencia de la acción de grupo para
reclamar perjuicios derivados del no pago de prestaciones laborales
contraría la ley y la finalidad misma de la acción de grupo.

11. Para la selección, la providencia del Consejo de Estado refirió que
existía un precedente en el que la revisión de un auto de rechazo de la
demanda, dio lugar a una unificación jurisprudencial respecto del rechazo
de la demanda de acción popular, por agotamiento de la jurisdicción11.
Como razón de selección consideró que era necesario unificar
jurisprudencia “en vigencia de la Ley 1437 de 2011 que en su artículo 145
dispone la procedencia de la solicitud de nulidad del acto administrativo
cuando este sea el origen del presunto daño causado a un grupo de
mínimo veinte (20) personas.”12.

2. CONSIDERACIONES

9 Folios 111-112 c. 1.
10 Folios 118-120 c. 1.
11 “el rechazo de la demanda equivale o tiene el mismo efecto de dar por concluido el

proceso puesto que impide su surgimiento”: Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sentencia del 11 de septiembre de 2012, exp. 41001-33-31-
004-2009-00030-01(AP)REV.
12 Salvaron el voto los magistrados Hernán Andrade Rincón y Stella Conto Díaz del Castillo.

El magistrado Andrade consideró que la unificación era innecesaria, porque la
procedencia de la acción de grupo frente a perjuicios causados por actos administrativos
está expresamente prevista en el CPACA” (folio 139 c. 1). La magistrada Conto consideró
que no podía existir el grupo, ya que mediaban actos administrativos individuales, cada
uno con términos de caducidad diferentes, lo que impediría considerar la existencia de un
grupo. Adicionalmente, indicó que existe jurisprudencia unificada sobre la improcedencia
de la acción de reparación directa “estando vigente una decisión administrativa
amparada por el principio de legalidad”.

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Radicación número: 68001-33-31-014-2013-00158-01
Actor: María Claudia Plata García y otros
Demandado: Departamento de Santander y otro
Referencia: Revisión en acción de grupo
Decisión: Unifica jurisprudencia, revoca el auto y
ordena que se admita la demanda
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Contenido: 2.1. Asunto para resolver y decisiones que se adoptarán. 2.2. En vigencia del
CPACA, no existe posición jurisprudencial unificada respecto de la procedencia de la
acción de grupo para asuntos laborales. 2.3 Las reclamaciones de prestaciones laborales
como pretensiones indemnizatorias al grupo de empleados. 2.4. La prerrogativa de la
decisión previa como condición para la procedencia de la acción de grupo en asuntos
laborales. 2.5. La revisión de la providencia seleccionada, a la luz de la regla unificada.

2.1. Asunto para resolver y decisiones que se adoptarán

12. Le corresponde a la Sala resolver si la decisión de rechazo de la
demanda de acción de grupo presentada por trabajadores de la
Contraloría General de Santander, fundada en la improcedencia de la
acción de grupo respecto de litigios de naturaleza laboral, se ajusta a las
normas constitucionales y legales que rigen la procedencia de este
mecanismo. La Sala revocará el rechazo de la demanda y, en su lugar,
ordenará que se profiera el auto admisorio correspondiente. Para sustentar
la decisión, en primer lugar, (2.2) explicará por qué existe necesidad de
unificar la jurisprudencia, de acuerdo con el auto de selección. A
continuación, justificará la procedencia de la acción de grupo en asuntos
laborales, en vigencia del CPACA (2.3). También precisará que la decisión
previa no es, actualmente, una condición para la procedencia de la
acción de grupo en asuntos laborales (2.4). Finalmente, se hará la revisión
de la providencia seleccionada, a la luz de la regla unificada (2.5).

2.2 Necesidad de la unificación: No existe posición
jurisprudencial unificada respecto de la procedencia de la
acción de grupo para asuntos laborales, en vigencia del CPACA

13. El presente asunto fue seleccionado con el objeto de precisar la
jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de grupo en asuntos
laborales, en vigencia de la Ley 1437 de 2011 (CPACA, en adelante). Al
respecto, constata la Sala que se requiere la unificación jurisprudencial que
motivó la selección ya que, a la fecha, únicamente existe jurisprudencia
unificada respecto de demandas presentadas en vigencia del Decreto Ley
1 de 1984 (CCA, en adelante).

14. En efecto, mediante la Sentencia del 13 de julio de 2021, la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo revisó una sentencia que fue
seleccionada con el fin de unificar la jurisprudencia respecto de la
procedencia de la acción de grupo para reclamar la indexación e
intereses de mora por el reconocimiento y pago tardíos de reajustes
salariales de empleados públicos en vigencia del CCA. Dicha providencia
advirtió que se pronunciaba “sobre las reglas concernientes a la
procedencia de la acción de grupo cuando las pretensiones derivan de
una relación laboral en vigencia del Decreto 01 de 1984, Código

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Radicación número: 68001-33-31-014-2013-00158-01
Actor: María Claudia Plata García y otros
Demandado: Departamento de Santander y otro
Referencia: Revisión en acción de grupo
Decisión: Unifica jurisprudencia, revoca el auto y
ordena que se admita la demanda
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Contencioso Administrativo (CCA)” (negrillas agregadas)13. Tal sentencia,
limitada tanto material, como normativamente, decidió “Unificar la
jurisprudencia del Consejo de Estado, en el sentido de precisar lo siguiente:
La acción de grupo es improcedente para tramitar pretensiones en las que
se solicite indexación e intereses de mora por el reconocimiento y pago
tardío de reajustes salariales de los empleados públicos. El juez natural para
conocer y dirimir estas controversias será el juez laboral de lo contencioso
administrativo, en desarrollo de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho”.

15. Con tal decisión, se confirmó la posición jurisprudencial que, en
vigencia del CCA, había negado la procedencia de la acción de grupo
para reclamar el pago de diferentes prestaciones en el contexto de la
relación de empleo público14 e, incluso, respecto de pensionados15. Por
esta vía, se descartó la posición jurisprudencial contraria, que había
aceptado la procedencia de la acción de grupo para obtener la
reparación de los perjuicios derivados de la tardanza en el pago de las
prestaciones16. Para fundar tal determinación, la sentencia de 2021

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 13 de

julio de 2021, exp. 05001-33-31-009-2006-00210-01(AG)REV (IJ-SU). Salvamento de voto de
los magistrados: Rocío Araújo Oñate, Martín Bermúdez Muñoz, Stella Jeannette Carvajal
Basto, Oswaldo Giraldo López, Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Alexander Jojoa Bolaños,
María Adriana Marín, Alberto Montaña Plata, Carmelo Perdomo Cuéter, Hernando
Sánchez Sánchez y Rafael Francisco Suárez Vargas. Aclararon el voto los magistrados: Luis
Alberto Álvarez Parra, Carlos Enrique Moreno Rubio, Guillermo Sánchez Luque, Julio
Roberto Piza Rodríguez y Nicolás Yepes Corrales.
14 La acción de grupo no procede para que un conjunto de empleados obtenga: la

satisfacción de una obligación cierta, prevista en una convención colectiva (Secc. 4,
Auto del 22 de septiembre de 2000, exp. CE-SEC4-EXP2000-NAG009 (AG-009); el
reconocimiento y pago de la bonificación especial para docentes que laboren en zonas
de difícil acceso, en situación de inseguridad o de explotación minera de docentes de
Barrancabermeja (Consejo de Estado, Secc. 2, Sub. A, Auto del 25 de octubre de 2001,
exp. 68001-23-15-000-2001-0445-01(AG-025); la reclasificación de grados y la nivelación de
salarios de trabajadores y empleados de los dispensarios médicos adscritos al Ministerio de
Defensa (Consejo de Estado, Secc. 4, Auto del 28 de julio de 2002, exp. 25000-23-24-000-
2001-0027-01(AG); la reparación de perjuicios por el no pago de la prima de servicios a
empleados del Departamento del Cauca (Consejo de Estado, Secc. 1, Auto del 15 de
mayo de 2003, exp. 76001-23-31-000-2002-05430-01(AG-05430); el pago de una prima
extracontractual (Consejo de Estado, Secc. 3, Auto del 13 de marzo de 2003, exp. 76001-
23-31-000-2002-5428-01 (AG-5428); el pago de horas extras industriales a los profesores de
técnicas de colegios industriales y agropecuarios (Consejo de Estado, Secc. 3, Auto del 27
de mayo de 2004, exp. 76001-23-31-000-2003-04753-01(AG)).
15 Acción de grupo para el reconocimiento y pago de pensiones: Consejo de Estado,

Secc. 1, Sentencia del 6 de septiembre de 2001, exp. 25000-23-26-000-2000-0017-01 (AG-
0017).
16 La acción de grupo procede para la reparación de perjuicios derivados del no pago de

los incrementos laborales de los servidores públicos del Departamento de Boyacá
(Consejo de Estado, Secc. 4, Auto del 1 de marzo de 2002, exp. 15001-23-31-000-2001-1541-
01 (AG-030). Este mecanismo no procede para reclamar las dotaciones de calzado y
vestido, pero sí para reparar los perjuicios materiales y morales por tener que sufragar su
costo del propio pecunio (Consejo de Estado, Secc. 3, Auto del 20 de noviembre de 2003,
exp. 15001-23-31-000-2003-01618-01(AG); procede para reparar los perjuicios causados por
la tardanza en el pago de mesadas pensionales (Consejo de Estado, Secc. 3, Sentencia
del 2 de junio de 2005, exp. 15001-23-31-000-1999-02382-01 - AG 2382); procede,

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Radicación número: 68001-33-31-014-2013-00158-01
Actor: María Claudia Plata García y otros
Demandado: Departamento de Santander y otro
Referencia: Revisión en acción de grupo
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ordena que se admita la demanda
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consideró que la acción de grupo no era procedente porque (1) este
mecanismo no permitía la anulación de actos administrativos17; (2) aunque
en el contexto laboral se producen daños antijurídicos, estos son propios de
la relación de trabajo18 y (3) el sistema laboral es completo19 y prevé los
mecanismos para repararlos adecuadamente, a través de la acción
individual de nulidad y restablecimiento del derecho20, mientras que el juez
de la acción de grupo únicamente podría condenar al pago de una suma
de dinero21. Por consiguiente, y en virtud del “principio de especialidad” es
el juez laboral de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho el
único competente para reparar los perjuicios producidos en el contexto
laboral22.

16. Así, teniendo en cuenta que el contexto normativo con el que se
unificó la jurisprudencia fue el CCA, uno de los argumentos determinantes
para negar la procedencia de la acción de grupo para reparar perjuicios

igualmente, para reparar perjuicios si lo que se pretende no es exclusivamente el
reconocimiento y pago de una obligación laboral (caso de indemnización de por el no
pago del retroactivo de la beca de las madres comunitarias y sustitutas - Consejo de
Estado, Secc. 3, Sub B, Sentencia del 2 de marzo de 2020, exp. 63001-23-33-000-2013-
00117-02(AG); y para obtener la indexación de los salarios y el pago de intereses por el
pago tardío de los aumentos salariales de empleados públicos (Consejo de Estado, Sec. 3,
Sub. B, Sentencia del 5 de marzo de 2020, exp. 15001-23-31-000-2002-02533-03 (AG)).
17 “En conclusión, si bien se ha sostenido que a través de la acción de grupo puede

reclamarse la reparación del daño originado en el incumplimiento de obligaciones
laborales, lo cierto es que, en vigencia del CCA, no es posible que en esos eventos el
daño sufrido por un conjunto de individuos provenga de la declaratoria de ilegalidad de
un acto administrativo”.
18 “ En ese sentido, son daños intrínsecos al sistema laboral, que encuentran causalidad en

el vínculo jurídico empleador-empleado y que, por ende, deben indemnizarse en
aplicación de los principios y reglas nacionales e internacionales de protección del
trabajo.”
19 “(…) el sistema jurídico laboral tiene vocación de plenitud lo que significa que todas las

contingencias que tengan como causa el vínculo jurídico entre el Estado empleador y el
servidor público, al igual que los efectos asociados a aquellas, deben solucionarse en
aplicación de los principios y las reglas propias del sistema”.
20 “(…) los efectos del incumplimiento de acreencias laborales y cualquier tipo de

mecanismo correctivo que permita enderezar, compensar e incluso indemnizar tales
falencias deben preferir el sistema jurídico laboral y, con ello, el juez laboral de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, la cual también tiene como finalidad reparar los perjuicios
que sean causados”. También se afirma que una de las finalidades del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho es “La reparación del daño, el cual encuentra la
causalidad en perjuicios ocasionados que se derivan del acto anulado, esto es, los
perjuicios inmateriales o materiales”.
21 “ (…) el juez de la acción de grupo, al advertir que este mecanismo debe prosperar,

limita la indemnización al reconocimiento de una compensación económica colectiva
que contiene la suma ponderada de las indemnizaciones individuales , lo que no
necesariamente satisface el restablecimiento del derecho o la reparación del daño en
armonía con los principios constitucionales de naturaleza laboral, pudiendo incluso llegar
a diluirse derechos que no son renunciables ni conciliables”.
22 “Lo anterior, bajo el entendido de que razonar en términos de especialidad permite la

salvaguarda de los derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva pues se
brinda a los usuarios del servicio público de justicia la garantía de que su causa está
siendo conocida por un juez investido de los conocimientos jurídicos y técnicos que se
requieren para dirimir la controversia”.

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Radicación número: 68001-33-31-014-2013-00158-01
Actor: María Claudia Plata García y otros
Demandado: Departamento de Santander y otro
Referencia: Revisión en acción de grupo
Decisión: Unifica jurisprudencia, revoca el auto y
ordena que se admita la demanda
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causados en el contexto de la relación laboral fue que dicho mecanismo
no permitía anular actos administrativos23 y el CPACA realizó una revisión y
reforma general respecto de esta acción de rango constitucional, que
pretendía ampliar la procedencia del mecanismo, la presente sentencia
unificará la jurisprudencia al respecto, en asuntos presentados en vigencia
del CPACA.

2.3 La procedencia de la acción de grupo en asuntos laborales
en vigencia del CPACA

17. Respecto de demandas presentadas durante la vigencia del CPACA la
jurisprudencia administrativa ha tenido la oportunidad de abordar el
problema jurídico de la procedencia de la acción de grupo para reparar
perjuicios causados a los servidores públicos en el contexto de la relación
de empleo público. Así, mediante Auto del 16 de marzo de 2015, la
subsección C, de la Sección tercera precisó que la acción de grupo sí era
procedente para reparar los perjuicios causados a cincuenta y siete
soldados profesionales e infantes de marina, debido a la expedición de un
acto administrativo que liquidó retroactivamente el subsidio familiar de
cinco años, sin haber dispuesto la indexación de las sumas, ni los intereses
moratorios. En atención a la diferencia de términos de caducidad de la
acción de grupo de dos años o de cuatro meses, el auto explicó que “para
saber cuál de los dos términos de caducidad establecidos en el literal h del artículo 164
del C.P.A.C.A., resulta aplicable al caso concreto, conviene determinar el origen del daño
que el grupo demandante endilga al demandado, es decir, establecer si el daño lo
produjo la ilegalidad del acto administrativo por el cual se reconoció el subsidio familiar a
los demandantes, o por el contrario, si éste se deriva de un hecho, acto u operación de la
Dicha providencia sostuvo que excluir los asuntos laborales
administración”.
del ámbito de la acción de grupo sería inconstitucional, teniendo en
cuenta “que el artículo 88 de la Constitución Política, forma parte del Título II Capítulo 4
referente a la protección y aplicación de los derechos previstos en el mencionado
capítulo, dentro de los cuales se encuentra el derecho al trabajo, perteneciente a los
derechos sociales económicos y culturales; en consecuencia, la acción de grupo está
llamada a protegerlo dentro de su ámbito de aplicación”24.

18. La procedencia de la acción de grupo fue reiterada en Auto del 11 de
octubre de 2017, en el que la Sección tercera revocó el rechazo de una
demanda de grupo presentada para obtener el pago de la indemnización
correspondiente a la sanción moratoria, por la afiliación y pago tardíos de
las cesantías al fondo de prestaciones sociales del magisterio. Allí se
concluyó que “las pretensiones de la demanda se encaminan a obtener la sanción
moratoria correspondiente a un día salario por cada día de retraso en la consignación de

23 Así, la unificación de 2021 reiteró la posición de: Consejo de Estado, Secc. 3, Sentencia

del 21 de mayo de 2008, exp. 25000-23-24-000-2003-02373-01(AG).
24 Consejo de Estado, Secc. 3, Sub. C, Auto del 16 de marzo de 2015, exp. 08001-23-33-000-

2014-01091-01(AG).

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Radicación número: 68001-33-31-014-2013-00158-01
Actor: María Claudia Plata García y otros
Demandado: Departamento de Santander y otro
Referencia: Revisión en acción de grupo
Decisión: Unifica jurisprudencia, revoca el auto y
ordena que se admita la demanda
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las cesantías, rubro que constituye una clara pretensión indemnizatoria, según lo dispuesto
en el artículo 1617 del Código Civil”25.

19. Ahora bien, la misma Sección tercera decidió el 11 de octubre de 2017
que, en virtud del reparto material de competencias realizado dentro de
las diferentes secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo, las
acciones de grupo presentadas en asuntos laborales debían ser conocidas
por la sección segunda, la que conocería tanto de las demandas
individuales, como grupales de reparación de perjuicios causados por un
acto administrativo viciado de nulidad: “debe tenerse en cuenta que el medio de
control de grupo -en el que se pretende la nulidad de un acto administrativo y su
indemnización- corresponde procesal y materialmente a un litigio de nulidad y
restablecimiento del derecho, de ahí que no es razonable jurídicamente estimar que
cuando las pretensiones se formulan de manera individual su conocimiento corresponde
a la sección de la especialidad, mientras que si son grupales deben ser asignadas a la
Sección Tercera, ya que esto, se reitera, desconocería el principio de especialidad
consagrado en la Ley 270 de 1996 y generaría una posible disparidad de criterios jurídicos
al momento de emitir una decisión definitiva”26.

20. Posteriormente, en un proceso de acción de grupo en el que se
solicitaba la reparación de perjuicios causados por el no pago de la prima
de actividad a los miembros retirados de las fuerzas militares, pese a
tratarse de un proceso en vigencia del CPACA, un Auto del 18 de julio de
2019 sostuvo que “en caso de que el perjuicio alegado surja de un acto administrativo
y si es necesario declarar su nulidad, previo agotamiento de los recursos de ley, no se
podrá acudirse a este medio de control, pues esta no es la vía procesal adecuada para
anular actos administrativos”27. En realidad, esta providencia reiteró decisiones
proferidas en vigencia del CCA28 y pasó por alto el cambio normativo que
autorizó la anulación de actos administrativo en el contexto de una acción
de grupo.

21. Mediante Sentencia del 2 de marzo de 2020, la Subsección B de la
Sección tercera falló en segunda instancia una acción de grupo
instaurada por madres comunitarias y sustitutas que solicitaba la
indemnización por el no pago del retroactivo de la beca o asignación
laboral. Esta providencia revocó la de primera instancia que había
declarado improcedente la acción de grupo en asuntos laborales y, en su
lugar, falló de fondo, luego de precisar que: “en la acción de grupo sí pueden
reclamarse los daños o perjuicios para un grupo, resultantes de reclamaciones de
naturaleza laboral (por ejemplo, la falta de pago o el pago tardío de un derecho laboral

25 Consejo de Estado, Secc. 3, Sub. A, Auto del 18 de mayo de 2017, exp. 25000-2341-000-

2015-01739-01 (AG).
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de once (11) de octubre de dos mil diecisiete

(2017), exp. 66001233300020150043101 (A.G.).
27 Consejo de Estado, Secc. 3, Sub. A, Auto del 18 de julio de 2019, exp. 25000-23-41-000-

2018-00538 01(AG.
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo Sentencia del 27 de

marzo de 2007, exp. 76001-23-31-000-2000-02513-01(IJ).

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Demandado: Departamento de Santander y otro
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ordena que se admita la demanda
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o de una prestación social). Lo único que se advierte es que la acción no puede tener
como objeto exclusivo la declaración y la existencia de un derecho laboral para que en
futuro sea reconocido y pagado a los miembros del grupo, porque en ese caso la acción
perdería su carácter indemnizatorio y tales disposiciones no podrían adoptarse en la
sentencia que se profiera en esta acción, cuyo contenido está regulado en el artículo 65
de la Ley 472 de 1998. Ahora bien, lo anterior no implica que el Juez no pueda
pronunciarse sobre la existencia del derecho y su violación por el demandado, cuando
ello resulte necesario para establecer la existencia de un perjuicio”(negrillas no
originales)29.

22. Mediante Auto del 28 de mayo de 2020, la Subsección C de la Sección
tercera remitió, por especialidad, a la Sección segunda, el conocimiento
en un proceso de acción de grupo presentado por militares a quienes se
les aceptó la solicitud voluntaria de retiro del servicio y quienes pretendían
la declaratoria de responsabilidad del Estado, por la “renuncia inducida o
sugerida” de la que habrían sido víctimas. Se reiteró que es a dicha
sección a la que “le corresponde entonces el conocimiento y decisión de las acciones
de grupo en donde se vea involucrada la legalidad de actos administrativos de carácter
laboral”30.

23. Finalmente, el Auto del 1 de junio de 2020, proferido por la Subsección
A de la Sección tercera, revocó un rechazo de una demanda que se
había fundado en el argumento de la improcedencia de la acción de
grupo respecto de aspectos prestacionales y el mecanismo debía ser la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Se trataba de una
demanda presentada por ex miembros de la fuerza pública con
asignación de retiro, quienes solicitaban la reparación por el indebido
cálculo de la prima de actividad. En la decisión del Consejo de Estado se
precisó que la improcedencia de la acción de grupo en asuntos laborales
no estaba legalmente prevista como causal de rechazo de las acciones
de grupo y que, por lo tanto, no era una decisión correcta31. Allí, de nuevo
se reiteró que la acción de grupo sí procede en materia laboral, siempre
que no tenga por objeto exclusivo la declaración de un derecho, sino la
reparación de perjuicios. Precisó, entonces, que la determinación sobre la
existencia o no de perjuicios resarcibles no debía realizarse en la etapa de
admisión de la acción de grupo, sino en la sentencia y que, por lo tanto,
bastaba con que la demanda enunciara la existencia de unos perjuicios y

29 Consejo de Estado, Secc. 3, Sub B, Sentencia del 2 de marzo de 2020, exp. 63001-23-33-

000-2013-00117-02(AG).
30 Consejo de Estado, Secc., 3, Sub. C, Auto del 28 de mayo de 2020, exp. 25000-23-41-000-

2019-00124-01(AG).
31 “es del caso señalar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tampoco podía

rechazar la demanda por el hecho de que, supuestamente, los demandantes tuvieran
intereses individuales y estuvieran solicitando unas acreencias laborales y no la
indemnización de perjuicios”: Consejo de Estado, Secc. 3, Sub. A, Auto del 1 de junio de
2020, exp. 25000-23-41-000-2016-02202-01 (AG) 62.531.

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reclame su reparación, para que se entendiera cumplido el objeto de
indemnización de esta acción32.

24. Del recuento jurisprudencial es posible extraer que: (1) en vigencia del
CPACA la jurisprudencia administrativa ha aceptado la procedencia de la
acción de grupo para reparar perjuicios causados en el contexto de las
relaciones de empleo público; (2) la acción de grupo no puede tener por
objeto exclusivo la declaración de un derecho laboral, ya que debe
pretender la reparación de perjuicios; (3) la etapa de admisión de la
demanda no es la oportunidad procesal para determinar la existencia o no
de los perjuicios alegados en la demanda, ya que ello será el objeto de la
sentencia; (4) la acción de grupo en asuntos laborales procede por
hechos, omisiones y operaciones, caso en el cual tendrá un término de
caducidad de dos años o por actos administrativos viciados de nulidad,
caso en el cual la demanda deberá interponerse en el término de cuatro
meses; y (5) no existe uniformidad respecto de la aplicación del criterio de
especialidad de la competencia ya que, aunque se ha considerado que
las acciones de grupo en asuntos laborales deben ser conocidas por la
Sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo, hay eventos
en los que el asunto no ha sido remitido y ha sido decidido por la Sección
tercera.

25. La presente sentencia de unificación jurisprudencial confirmará la
procedencia de la acción de grupo en asuntos laborales, a partir de las
siguientes consideraciones:

26. La reforma introducida por el CPACA no excluyó la procedencia de la
acción de grupo en asuntos laborales. La Constitución Política confió en la
Ley el desarrollo de las acciones de grupo y, al respecto, le reconoció un
amplio margen de configuración normativa33, al disponer en su artículo 88

32 “De conformidad con lo expuesto, resulta claro que a los demandantes en una acción

de grupo no se les puede exigir, para el momento de la admisión de la demanda, que
acrediten la causación de perjuicios, lo cual implicaría pretermitir las etapas del proceso y,
en especial el período probatorio, por manera que bastará, para la admisibilidad del
medio de control en comento, que se alegue la existencia de perjuicios, al margen de
que estén acreditados o no, sin que ello implique que se desnaturalice el carácter
indemnizatorio de la figura, pues su existencia efectiva será analizada en el fondo de la
controversia. En el caso concreto, se observa que la parte demandante interpuso una
acción de grupo originada en la indebida aplicación del Decreto 2863 de 2007, al
habérsele reconocido un monto menor de la prima de actividad al que en su opinión
tenía derecho; empero, adujo que no se estaba solicitando el reajuste y pago de lo no
percibido, sino la indemnización por los perjuicios producidos por la circunstancia
precedente, de manera que, para el momento en que se encontraba el proceso,
bastaba la enunciación de los perjuicios y, por ende, no era procedente el rechazo de la
demanda por esa razón”: Consejo de Estado, Secc. 3, Sub. A, Auto del 1 de junio de 2020,
exp. 25000-23-41-000-2016-02202-01 (AG) 62.531.
33 “Para la Corte, el artículo 88 de la Constitución es claro en la medida en que contiene

una orden perentoria al Legislador: diseñar las particularidades procesales de las acciones
de grupo según el modelo preconstituido por la Carta. No es entonces una simple norma

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que el legislador “regulará las acciones originadas en los daños
ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las
correspondientes acciones particulares”. Tal mandato constitucional fue
inicialmente desarrollado a través de la Ley 472 de 1998, Ley de acciones
populares y de grupo (LAPAG, en adelante), la que definió la acción de
grupo, en sus artículos 3 y 46, como un mecanismo interpuesto por un
número plural de personas “que reúnen condiciones uniformes respecto de
una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas”.
Tomando en consideración que el artículo 88 de la Constitución utiliza la
expresión daños y la LAPAG se refiere a los perjuicios, las jurisprudencias
constitucional y administrativa identificaron la naturaleza “indemnizatoria”
de este mecanismo34. Fue a partir de tal conclusión, que se sostuvo, en
vigencia del CCA, que la acción de grupo no procedía para reclamar
salarios y prestaciones de origen laboral, ya que ellas no tendrían una
naturaleza indemnizatoria, congruente con la de la acción de grupo, sino
retributiva del servicio prestado por el empleado o el trabajador. La
denominada naturaleza indemnizatoria de la acción de grupo justificó,
entonces, que se negara la procedencia de este mecanismo para anular
actos administrativos ya que, por una parte, se asimilaba la acción de
grupo a la acción de reparación directa y esta, a su turno, se consideraba
el mecanismo previsto para declarar la responsabilidad del Estado y para
reparar perjuicios.

27. Ahora bien, en desarrollo de la competencia constitucional atribuida al
legislador que, de manera alguna se agotó con la LAPAG35, el Congreso
de la República ensanchó el ámbito de procedencia de la acción de
grupo, motivado en que, como lo discutió la comisión redactora del
CPACA, la ampliación de la acción de grupo “está consultando la filosofía
que ha venido informando todo este nuevo diseño normativo, expresando

de autorización, sino que se trata de una norma de habilitación condicionada a la
efectividad de la acción. Esta consideración de principio permite afirmar, por una parte,
la existencia de un amplio margen de configuración del Legislador definido en sus
contornos por la finalidad de la protección efectiva de los intereses de grupo”: Corte
Constitucional, Sentencia C-569/04.
34 “para esta Corte que la acción de grupo constituye (i) una acción indemnizatoria, por

cuanto tiene por objeto la reparación de los daños ocasionados por la vulneración de
derechos de carácter subjetivo susceptibles de valoración patrimonial”: Corte
Constitucional, Sentencia C-242/12. Cf. Consejo de Estado, Secc. 4, Auto del 22 de
septiembre de 2000, exp. CE-SEC4-EXP2000-NAG009 (AG-009); Consejo de Estado, Secc. 4,
Auto del 28 de julio de 2002, exp. 25000-23-24-000-2001-0027-01(AG); Consejo de Estado,
Secc. 1, Auto del 15 de mayo de 2003, exp. 76001-23-31-000-2002-05430-01(AG-05430).
35 “(…) del texto del artículo 88 de la Carta Fundamental no se infiere ni se colige que la

voluntad del constituyente de 1991 haya sido la de imponerle al legislador la obligación
de desarrollar en una sola y misma ley todos los temas contemplados en dicho precepto.
En efecto, el Congreso en ejercicio de la cláusula general de competencia (artículo 150
de la CP.), y frente a una disposición abierta como lo es el artículo 88 ibídem, estaba
facultado, dentro de un margen de amplia discrecionalidad, para expedir una o varias
leyes que desarrollaran el contenido de dicha disposición”: Corte Constitucional,
Sentencia C-215/99.

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que la regla general es la acumulación de pretensiones y no la
elaboración de acciones independientes, autónomas, estancas”36. Es por
ello que, en este movimiento de ampliación de la procedencia de la
acción de grupo, introdujo expresamente la facultad de anular actos
administrativos “para determinar la responsabilidad” del Estado por los
daños que dicho acto jurídico causó al grupo (artículo 145 del CPACA). De
esta manera, se superó la incertidumbre jurisprudencial que existía al
respecto en vigencia del CCA37, aparte de su procedencia respecto de
hechos, omisiones y operaciones administrativas, en las que la acción de
grupo opera como una acción de reparación directa presentada por un
conjunto de víctimas, la acción de grupo se asimiló, igualmente, a una
acción de nulidad y restablecimiento del derecho y, por ello, se dispuso
que, también procedía respecto de perjuicios causados por un acto
administrativo y, en este caso, el término de caducidad de la acción sería
el mismo previsto para las acciones individuales, es decir, de cuatro meses
contados a partir de la publicidad del acto administrativo (artículo 164, n.
2, lit. d y h). Para la Corte Constitucional, esta ampliación del objeto de la
acción de grupo se encontraba comprendida en el margen normativo
atribuido al legislador por el artículo 88 de la Constitución38.

28. En este sentido, el CPACA quiso reconocer expresamente que los
daños antijurídicos que comprometen la responsabilidad del Estado
respecto de un grupo de personas pueden ser causados por un acto
administrativo viciado de nulidad, sea este de carácter general o de
contenido particular39 el que, constituye, la causa común de los perjuicios.

36 Memorias de la Ley 1437 de 2011, vol. III, Sesión n. 84, Consejo de Estado y Ministerio de

Justicia, p. 36.
37 En una Sentencia del 17 de mayo de 2001, la Sección 3 aceptó, de manera amplia, la

procedencia de la acción de grupo para perjuicios causados por actos administrativos
(exp. 85001-23-31-000-2000-0013-01(AG-010). El 15 de marzo de 2006 un auto de la misma
sección lo negó (exp. 50001-23-31-000-2005-03496-01(AG)). Mediante sentencia de
unificación del 27 de marzo del 2007, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo se precisó que la acción de grupo procedía únicamente en los eventos en
los que la jurisprudencia había aceptado que la reparación de los perjuicios causados por
actos administrativos se ordenara mediante la acción de reparación directa (exp. 76001-
23-31-000-2000-02513-01(IJ)). Esta posición fue reiterada, por ejemplo, por la Sentencia del
30 de enero de 2008, proferida por la Secc. 3 (exp. 17001-23-31-000-2004-01319-01 AG). Sin
embargo, hubo sentencias que aceptaron la procedencia en todos los casos, por
ejemplo, la proferida el 7 de marzo de 2011 por la Sub. C de la Secc. 3 (exp. 23001-23-31-
000-2003-00650-02(AG)).
38 “El artículo 145 del CPACA, de manera concreta, permitió entablar el medio de control

de perjuicios causados a un grupo, contra actos administrativos, cuando se requiere la
declaratoria de nulidad, “para declarar la responsabilidad”, aspecto que no estaba
previsto en la Ley 472 de 1998, que se refería a la acción de grupo “exclusivamente para
obtener el reconocimiento y pago de la indemnización de perjuicios”, de manera que la
declaratoria de nulidad del acto administrativo estaba sometida a un proceso previo y
separado, que era el de nulidad y restablecimiento del derecho”: Corte Constitucional,
Sentencia C-407/21.
39 Corte Constitucional, Sentencia C-302/12.

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29. La Constitución Política se opone a interpretaciones restrictivas de la
acción de grupo, en especial, aquellas que excluyan su procedencia en
asuntos laborales. La acción de grupo es un mecanismo de rango
constitucional, previsto ampliamente por el Constituyente, para hacer
efectivos los derechos constitucionales, frente a los cuales, de manera
alguna se excluyó, expresa o tácitamente, el derecho al trabajo, ni los
derechos políticos a ejercer empleos o funciones públicas. De esta
manera, este mecanismo materializa el fin esencial del Estado de hacer
efectivos los derechos constitucional y legalmente previstos (artículo 2 de
la Constitución). Es por eso que la jurisprudencia constitucional ha insistido
en la preocupación por la eficacia de la acción de grupo40 y, en
particular, en la necesidad de evitar interpretaciones que limiten su ámbito
de aplicación o su alcance. Así, ha insistido en el “rechazo sistemático a la
introducción de requisitos de procedibilidad adicionales, o de distinciones
que restrinjan su objeto de protección o que no estén en consonancia con
el diseño constitucional de las acciones de grupo”41, como sería aquella
que excluye su procedencia en materia laboral. Por ello, en varias
oportunidades, se ha resaltado que la naturaleza indemnizatoria de la
acción de grupo debe ser interpretada de manera amplia y, por
consiguiente, se ha considerado, (1) que la acción de grupo no se limita al
amparo de ciertos derechos, sino que constituye un mecanismo para la
efectividad de todas las prerrogativas constitucionales y legales42; (2) el
concepto de “indemnización” de la acción de grupo no debe limitarse al
reconocimiento de sumas de dinero y, por el contrario, debe propenderse
por la reparación integral, a través de cualquier decisión que resulte
necesaria para dejar indemne al grupo de víctimas43. incluso, se ha

40 “La interpretación de la finalidad de las acciones de grupo ha estado guiada por una

consideración básica: que su régimen legal consulte el principio de efectividad de los
derechos, según el conocido principio del artículo 2º de la Constitución Política”: Corte
Constitucional, Sentencia C-569/04.
41 Corte Constitucional, Sentencia C-569/04.
42 “En cuanto se refiere a las acciones de clase o de grupo, hay que señalar que éstas no

hacen relación exclusivamente a derechos constitucionales fundamentales, ni
únicamente a derechos colectivos, toda vez que comprenden también derechos
subjetivos de origen constitucional o legal, los cuales suponen siempre - a diferencia de las
acciones populares - la existencia y demostración de una lesión o perjuicio cuya
reparación se reclama ante la juez”: Corte Constitucional, Sentencia C-215/99. En
consonancia, la Sentencia C-1062/00 declaró la exequibilidad condicionada del artículo
55 de la LAPAG “«en el entendido de que con su interpretación y aplicación no se
excluyan los demás derechos subjetivos de origen constitucional o legal, cualquiera que
sea su naturaleza, como derechos igualmente amparables por las acciones de clase o de
grupo”. Este carácter comprensivo del tipo de derechos amparables mediante la acción
de grupo se reiteró en la Sentencia C-304/10.
43 “Con todo, es claro que, en desarrollo de los principios constitucionales de prevalencia

de los derechos de la persona y de acceso a la justicia (CP arts. 5º y 229), esa naturaleza
indemnizatoria de la acción de grupo debe ser interpretada por los operadores jurídicos
de manera amplia, esto es, que ella no sólo cubre la indemnización por pago de un
equivalente monetario, sino también, tal y como lo han indicado la doctrina y la práctica
jurisprudencial comparada, otras formas de indemnización, como el restablecimiento del
derecho in natura o la imposición de obligaciones de hacer que no tienen estrictamente

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reconocido que la nulidad de un acto administrativo puede constituir un
mecanismo de reparación de las víctimas44, razón por la que, ante una
demanda ciudadana respecto de la norma del CPACA que autorizó al
juez de la acción de grupo la anulación de actos administrativos, la Corte
Constitucional declaró su exequibilidad, al considerar que, con ello, no se
contrariaba la naturaleza indemnizatoria de la acción de grupo y, por el
contrario, con tal reforma, se superaron trabas que existían para su
efectividad, como mecanismo para la protección de los derechos de las
personas, se contribuyó en la simplificación del procedimiento, la celeridad
de la solución y se maximizó el principio de solidaridad, que inspira la
acción de grupo45.

30. De manera congruente con la preocupación constitucional por la
eficacia del mecanismo, se ha precisado que uno de los límites a la
facultad normativa reconocida al legislador en la materia consiste en que
las reformas al régimen jurídico de la acción de grupo deben propender
por ampliar su efectividad46, en lugar de restringir el mecanismo, así como
facilitar y promover su utilización por parte de las personas47.

31. En lo que respecta a la acción de grupo en materia laboral, se destaca
que la existencia de daños antijurídicos causados al grupo en las
relaciones de empleo público, como primer elemento para la condena de
la responsabilidad del Estado, ha sido reconocida expresamente por la

equivalente pecuniario, pero que permiten restablecer y dejar indemne el derecho que
fue vulnerado”: (negrillas no originales) Corte Constitucional, Sentencia C-569/04. Y en la
Sentencia C-302/12 se explicó que “En materia de medidas de reparación, si bien se
refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado y a la obligación de indemnizar, no
prohíbe la adopción de otras medidas de reparación”.
44 “Una interpretación sistemática de las anteriores disposiciones lleva a la conclusión de

que la expresión acusada no limita la posibilidad de los jueces de la acción de grupo de
declarar la nulidad de actos administrativo de carácter general como medida de
reparación cuando son la causa del daño sufrido por un número plural de personas”:
Corte Constitucional, Sentencia C-302/12.
45 “La Sala encuentra que con ello la naturaleza indemnizatoria de la acción de grupo no

se desconoce. Todo lo contrario; permitir que se pretenda la declaratoria de nulidad de
los actos administrativos que ocasionan un daño antijurídico para determinar la
responsabilidad, facilita el acceso a la reparación. Con las modificaciones introducidas
por la Ley 1437 de 2011, contrario a lo expresado por el demandante, se fortalece la
oportunidad que tiene cualquier persona de acceder a una reparación pues se elimina la
necesidad de acudir a una acción judicial previa para que se declare la nulidad del acto
y se ordene el restablecimiento del derecho y la reparación del daño”: Corte
Constitucional, Sentencia C-407/21.
46 Sobre las limitaciones indebidas al acceso a la acción de grupo ver las sentencias C-

215/99, C-569/04, C-116/08 y C-241/09.
47 “el Legislador debe respetar el propósito de establecer mecanismos racionales que

faciliten y promuevan el uso de la acción de grupo, en los casos previstos por la norma
superior, de tal modo que se materialice y fortalezca el derecho de todas las personas a
acceder a la administración de justicia, y el logro de los importantes beneficios sociales de
las acciones de grupo”: Corte Constitucional, Sentencia C-242/12.

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Radicación número: 68001-33-31-014-2013-00158-01
Actor: María Claudia Plata García y otros
Demandado: Departamento de Santander y otro
Referencia: Revisión en acción de grupo
Decisión: Unifica jurisprudencia, revoca el auto y
ordena que se admita la demanda
________________________________________________________________________________________
jurisprudencia administrativa48. Igualmente, aunque la jurisprudencia y el
artículo 138 del CPACA utilicen las expresiones de restablecimiento del
derecho y reparación de perjuicios, como categorías jurídicas diferentes,
ambas decisiones materializan una condena de la responsabilidad del
Estado en desarrollo del artículo 90 superior49 y el restablecimiento del
derecho es, en estricto sentido, una reparación in natura que no propende
por establecer equivalentes pecuniarios y no pecuniarios que compensen
la lesión al derecho o al interés legítimo, sino a volver las cosas a su estado
anterior, como la forma ideal, aunque no siempre posible o suficiente para
resarcir integralmente a la víctima.

32. Existen razones adicionales que conducen a que la presente
unificación jurisprudencial excluya la teoría de la improcedencia de la
acción de grupo respecto de asuntos laborales, de acuerdo con la
intención general del CPACA de ampliar la procedencia de este
mecanismo y evitar demandas individuales:

33. En primer lugar, se trata de una restricción al alcance del mecanismo
de rango constitucional que no se encuentra prevista en norma legal
alguna y que, por lo tanto, desconoce la reserva de ley en la
configuración de los procesos50 y, en particular, para el desarrollo de las
acciones de grupo. Así, se trataría de una restricción que no podría
introducir la Ley y, a fortiori, tampoco la jurisprudencia. En palabras de la
Corte Constitucional, “el Legislador no puede restringir indebidamente su
aplicación, tanto en relación con la categoría de derechos a los cuales se
aplica, ya que “se produciría una restricción consecuencial de los
alcances resarcitorios que con ellas se pretenden lograr, con abierto
desconocimiento del propósito de la norma superior” (Sentencia C-
1062/00) ni tampoco en relación con procedimientos que hagan nugatoria
la posibilidad de su aplicación efectiva e indemnización plena del daño

48 “ En ese sentido, son daños intrínsecos al sistema laboral, que encuentran causalidad en

el vínculo jurídico empleador-empleado y que, por ende, deben indemnizarse en
aplicación de los principios y reglas nacionales e internacionales de protección del
trabajo.” (…) Este argumento lleva a concluir que los efectos del incumplimiento de
acreencias laborales y cualquier tipo de mecanismo correctivo que permita enderezar,
compensar e incluso indemnizar tales falencias deben preferir el sistema jurídico laboral y,
con ello, el juez laboral de la jurisdicción de lo contencioso administrativo”: Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 13 de julio de 2021,
exp. 05001-33-31-009-2006-00210-01(AG)REV (IJ-SU).
49 El artículo 90 de la Constitución es el fundamento amplio de la responsabilidad del

Estado en sus distintas causas, tanto contractuales, como extracontractuales, como lo
explicó la Sentencia C-333/96.
50 Por tratarse de una restricción al acceso a la administración de justicia sin fundamento

legal, la Sentencia C-426/02 declaró la inconstitucionalidad de la teoría jurisprudencial de
los móviles y las finalidades. “El acceso a la administración de justicia es un derecho de
configuración legal, sometido a las consideraciones del legislador en torno a su regulación
y ejecución material”: Corte Constitucional, sentencia C-279/13. En cuanto al reserva de
ley en materia procesal, ver las Sentencias C-537/16 y C-283/17.

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Radicación número: 68001-33-31-014-2013-00158-01
Actor: María Claudia Plata García y otros
Demandado: Departamento de Santander y otro
Referencia: Revisión en acción de grupo
Decisión: Unifica jurisprudencia, revoca el auto y
ordena que se admita la demanda
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causado”51. Al respecto, reitera la Sala que la LAPAG no previó la
declaratoria de improcedencia como una decisión posible respecto de las
acciones populares y de las acciones de grupo52 y que, como lo ha
reiterado la jurisprudencia, la acción de grupo no es un mecanismo
subsidiario, que se supedite a la inexistencia de otras vías procesales, como
sería las acciones individuales de nulidad y restablecimiento del derecho53.

34. En segundo término, tal postura afectaría intensamente los derechos
de acceso a la administración de justicia, que resulta facilitado por la
acción de grupo54 y a la igualdad de los justiciables, al ser excluidos ciertos
grupos del acceso a un mecanismo de rango constitucional.

35. En tercer lugar, la exclusión de la acción de grupo en asuntos laborales
pondría en riesgo la consecución de los fines constitucionales presentes en
este instrumento, tales como la efectividad de los derechos
constitucionales y legales55, la materialización de los principios de
solidaridad – por la esencia colectiva de la actuación procesal - de
seguridad jurídica, al evitar sentencias contradictorias, así como los
intereses de alta importancia constitucional de economía procesal y de
descongestión de la administración de justicia56, que se logra al decidir, en
un solo proceso, el contencioso de todo el grupo.

51 Corte Constitucional, Sentencia C-242/12.
52 La Sentencia de unificación del 26 de agosto de 2021 decidió “UNIFICAR LA
JURISPRUDENCIA en el sentido de que, en las acciones populares no procede la
excepción de indebida acumulación de pretensiones, la inadmisión de la demanda o su
rechazo, negar las pretensiones, declarar la improcedencia de la acción, ni la sentencia
inhibitoria, cuando tales decisiones se funden en la inclusión de pretensiones
incompatibles con la acción popular. En caso de que la demanda incluya pretensiones
que no puedan resolverse mediante la acción popular, el juez debe readecuar
oficiosamente el trámite, según el mecanismo que corresponda. La readecuación
procesal de la demanda puede ser total o respecto de ciertas pretensiones”: Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión Número
Catorce, Sentencia de unificación del 26 de agosto de 2021, exp. 11001-33-31-017-2008-
00266-01. Los argumentos de la sentencia son igualmente predicables de las acciones de
grupo, considerando que se fundan en normas comunes a estos mecanismos.
53 Se trata de “una acción de carácter principal, que procede a pesar de la existencia de

otros medios de defensa judicial para obtener la reparación del daño sufrido, pues
precisamente el artículo 88 de la Constitución y la Ley 472 de 1998 señalan que la misma
puede instaurarse “sin perjuicio de la acción individual que corresponda por la
indemnización de perjuicios””: Corte Constitucional, Sentencia C-242/12.
54 ““que pretensiones que, si fueran reclamadas individualmente, serían económicamente

inviables, debido a su escaso valor, puedan ser reclamadas colectivamente, ya que, a
pesar de poder ser modestas e incluso insignificantes individualmente, dichas pretensiones
adquieren un significado económico importante al ser agrupadas, lo cual justifica su
acceso y decisión por el aparato judicial”C-569/04
55 Esta limitación contrariaría “el modelo de Estado constitucional y su sistema de garantías

inspirado en los principios de efectividad de los derechos (CP art. 2º), y de prevalencia
del derecho sustantivo (CP art. 228)”: C-569/04
56 su propósito es permitir que un grupo de individuos afectados por un masivo

acontecimiento, por encontrarse en circunstancias iguales, puedan interponer una sola
acción, con lo que se logra una mayor eficiencia en términos de números de procesos,
pruebas y representación jurídica, y se evitan sentencias contradictorias derivadas de

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Radicación número: 68001-33-31-014-2013-00158-01
Actor: María Claudia Plata García y otros
Demandado: Departamento de Santander y otro
Referencia: Revisión en acción de grupo
Decisión: Unifica jurisprudencia, revoca el auto y
ordena que se admita la demanda
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36. Así, a la luz de las consideraciones constitucionales expuestas respecto
de este mecanismo de rango superior y de la reforma introducida a la
acción de grupo por parte del CPACA, ninguno de los argumentos que
fundamentaron la exclusión de la acción de grupo para asuntos laborales,
en vigencia del CCA, resultan aplicables respecto de las demandas
presentadas en el contexto del código actualmente vigente. En particular:
(1) la acción de grupo es un mecanismo amplio de reparación de
perjuicios que resulten de cualquier causa imputable al Estado y, por lo
tanto, sí permite la anulación de actos administrativos, como mecanismo
que permite la reparación de los perjuicios causados al grupo y como
mecanismo en sí mismo resarcitorio; (2) es cierto que en el contexto laboral
se producen daños antijurídicos, propios de la relación de empleo público,
pero la idea del carácter completo del sistema laboral no se opone a que,
en aplicación de dichas normas y de las reglas que rigen, de manera
amplia, la responsabilidad del Estado, el juez de la acción de grupo resarza
los perjuicios; (3) la existencia de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho no excluye la procedencia de la acción de grupo en materia
laboral, ya que este mecanismo constitucional es preferente y no tiene el
carácter subsidiario que sí se predica de otros mecanismos, como la
acción de tutela y la de cumplimiento; (4) al igual que el juez de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho, el juez de la acción de grupo
cuenta con suficientes poderes para resarcir adecuada y suficientemente
los perjuicios causados al grupo; y (5) el denominado principio de
especialidad del juez laboral, es, en realidad, un criterio previsto en los
artículos 35.5, 36 y 40 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia,
para la asignación o reparto de los asuntos entre las distintas salas de los
tribunales administrativos y del Consejo de Estado. De tal manera, este
criterio únicamente podría determinar que las acciones de grupo en
donde se debatan asuntos relacionados con el empleo público sean
conocidas por las salas especializadas en la materia, mas no implica, de
manera alguna, la exclusión de la procedencia del mecanismo.

37. Precisado que, en vigencia del CPACA, de la procedencia general de
la acción de grupo no podrían excluirse los litigios laborales, debe
precisarse el tipo de pretensiones que pueden ventilarse a través de este
instrumento. Como se relató, la jurisprudencia administrativa proferida en
vigencia del CPACA ha sostenido, por una parte, que la acción de grupo
en materia laboral no puede tener por objeto exclusivo el reconocimiento
y pago de una prestación de contenido laboral, ni la declaratoria de un
derecho y que basta con que las pretensiones apunten a la reparación de

diversas interpretaciones normativas y de distintas valoraciones de los hechos por parte
de jueces. Además de un crucial efecto de economía procesal que reduce el desgaste
del aparato judicial y tiende a ayudar en la lucha contra la congestión de la
administración de justicia”: Sentencia C-304/10

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Referencia: Revisión en acción de grupo
Decisión: Unifica jurisprudencia, revoca el auto y
ordena que se admita la demanda
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perjuicios, para que el mecanismo pueda ser tramitado. Lo anterior, con el
fin de garantizar la naturaleza “indemnizatoria” de la acción de grupo.

38. Contrario a lo anterior y, en aplicación de la exigencia de
interpretación amplia de la naturaleza indemnizatoria de la acción de
grupo, que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, busca la
efectividad del mecanismo, su facilitación y promoción, y habida cuenta
de que, igualmente, se ha reconocido la coincidencia material de la
acción de grupo con una acción de reparación directa o una de nulidad
y restablecimiento del derecho, presentada por un grupo de personas,
según el caso, debe concluirse que las mismas pretensiones que pueden
tramitarse a través de los mecanismos individuales, pueden ser decididas
mediante las acciones de grupo.

39. Se reitera, entonces, que el concepto amplio de indemnización que se
obtiene a través de la acción de grupo puede cobijar toda medida
necesaria para restituir, retrotraer, compensar, satisfacer o indemnizar los
perjuicios causados individualmente a los miembros del grupo, por una
causa común. De esta manera, el artículo 65 de la LAPAG, relativo al
contenido de la sentencia de acción de grupo, debe ser igualmente
interpretado de manera amplia y en clave constitucional, para entender
que la orden del “pago de una indemnización colectiva”, no puede ser
concebida como una excusa para limitar el derecho a la reparación
integral de las víctimas, ni para restringir el carácter plenamente resarcitorio
de la acción constitucional de grupo.

40. En estos términos, el pago de salarios y prestaciones dejados de
percibir, la indexación de las sumas y la condena de intereses, entre otras,
(conocidas como medidas de restablecimiento del derecho conculcado)
constituyen instrumentos de reparación de perjuicios y tales pretensiones
no podrían ser excluidas de la acción de grupo, al tratarse de formas del
lucro cesante, sin perjuicio de la reparación de otros perjuicios ligados con
el desconocimiento de los derechos propios del empleo público, incluido el
daño emergente y los perjuicios inmateriales. En otras palabras, la
naturaleza jurídica de las prestaciones laborales depende del momento en
que se causan, se ordena su pago y de la función que cumplen: cuando
los salarios y las prestaciones son cancelados por el empleador en el
contexto de la relación laboral no tienen evidentemente naturaleza
resarcitoria, sino retributiva o consecuencial respecto del servicio prestado,
pero la orden judicial de pagarlos, fruto de un proceso, ante la negativa o
tardanza del empleador a realizarlo, constituye una de las medidas de
reparación o restablecimiento de un derecho que fue conculcado por el
empleador, al omitir su reconocimiento y pago.

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Referencia: Revisión en acción de grupo
Decisión: Unifica jurisprudencia, revoca el auto y
ordena que se admita la demanda
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41. De esta manera, el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
relación de empleo público es un hecho generador de daños cuya
reparación comienza con la orden de pago, que repara in natura o
restablece el derecho, sin perjuicio de pretender otras medidas para
obtener la reparación de aquello no cubierto con la orden anterior y que
propendan por la reparación integral de los perjuicios causados dentro de
la relación de empleo público.

2.4. La decisión administrativa previa no es actualmente
condición para la procedencia de la acción de grupo en
asuntos laborales

42. La ausencia de reconocimiento de un derecho, de su liquidación, de
su pago o la tardanza constituyen omisiones administrativas que, en
principio, deberían ser examinadas en una acción de reparación directa o
a través de una acción de grupo, en el término de caducidad de dos
años. Sin embargo, en ciertas materias la Administración pública goza de
la potestad de transformar los hechos y las omisiones en actos
administrativos, caso en el cual el mecanismo sería la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho o la de grupo, en el término de cuatro
meses. Esto es lo que comúnmente se conoce como el “privilegio” de la
decisión previa el que, en realidad, constituye una prerrogativa
administrativa que implica la posibilidad de que la Administración se
pronuncie respecto de las solicitudes de las personas y, por lo tanto, el
asunto no pueda ser llevado ante los jueces de manera directa, sino
mediando un acto administrativo. En el derecho administrativo colombiano
esta prerrogativa no es absoluta ya que, por regla general, es posible
judicializar directamente los hechos, las omisiones y las operaciones
administrativas – de ahí el adjetivo de directa de la acción de reparación-,
sin necesidad de provocar un acto administrativo.

43. Existen importantes razones que justificarían la exigencia de que los
servidores públicos que pretenden la reparación de perjuicios a través de
la acción de grupo acudan previamente ante el empleador para
provocar, en todos los casos, la adopción de un acto administrativo que,
con posterioridad, sería el objeto de una demanda colectiva. En particular,
la relación misma de empleo público, así como las potestades
organizativas y de mando de los jefes superiores de las autoridades
públicas podrían explicar la conveniencia de que toda reclamación del
grupo de servidores públicos respecto de hechos, omisiones u operaciones
administrativas en las relaciones de empleo público sea planteada ante el
empleador para que este tenga la oportunidad de pronunciarse, a través
de un acto administrativo. No obstante, en el contexto del Estado Social de

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ordena que se admita la demanda
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Derecho no existen las competencias implícitas57 y, por lo tanto,
únicamente una norma de rango legal podría prever la atribución de la
decisión previa, al mismo tiempo que solamente una norma legal podría
imponer tal carga para el acceso a la administración de justicia, debido a
la reserva de ley.

44. Así las cosas, aunque el legislador podría introducir la carga de la
decisión previa, que acarrearía beneficios de orden en las relaciones
laborales, ante la ausencia de tal previsión legal esta sentencia deberá
reconocer que la acción de grupo para la reparación de perjuicios
causados en el contexto de las relaciones de empleo público procede
tanto: (1) respecto de hechos, omisiones y operaciones administrativas o
de actos administrativos, sin solicitar su anulación, en los eventos en los que
se ha reconocido la procedencia de la acción de reparación directa58,
caso en el cual deberá presentarse dentro del término de dos años y (2)
respecto de un acto administrativo general o particular viciado en su
validez, caso en el cual la demanda deberá solicitar la nulidad, para
transformar los daños jurídicos, en antijurídicos59 y, consiguientemente, la
reparación al grupo de los perjuicios causados por dicho acto
administrativo. Adicionalmente, la anulación del acto administrativo
procede siempre que se encuentre probado que este fue la causa de los
perjuicios cuya reparación se solicita y la invalidez de la decisión sea
necesaria para permitir la reparación integral.

45. Ahora bien, destaca la Sala que mediante Sentencia del 6 de
diciembre de 2021 se decidió “UNIFICAR la jurisprudencia a partir de la
siguiente regla: la acción de grupo no procede para reparar perjuicios
causados por varios actos administrativos individuales, al no cumplirse el
requisito de comunidad de causa o de existencia jurídica del grupo y, por
lo tanto, la reparación de los perjuicios causados por cada uno de tales

57 “En un Estado de derecho no caben competencias implícitas, por analogía o por
extensión”: Corte Constitucional, Sentencia C-352/17.
58 “(1) cuando, sin necesidad de anularlos, se concluye que legítimamente se rompió la

igualdad frente a las cargas públicas; (2) cuando la administración, mediante un segundo
acto administrativo, reconoce la antijuridicidad del primero, al revocarlo de manera
directa por violación de la Constitución o de la ley y (3) cuando son anulados”: Consejo
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de
Decisión, Sentencia de unificación del 6 de diciembre de 2021, exp. 66001-33-31-003-2008-
00410-01.
59 “Los daños causados por sendos actos administrativos de contenido particular no

anulados son jurídicos (…) la anulación judicial del acto administrativo desvirtúa la
presunción de legalidad y, por lo tanto, transforma el daño jurídico en antijurídico, por lo
que abre la puerta a la reparación de los perjuicios. Así que, cuando la acción de grupo
se funda causalmente en actos administrativos que gozan de presunción de legalidad,
porque no han sido anulados, que no configuran un daño especial ni han sido revocados
por antijurídicos, los daños que pudieron haber generado son jurídicos y, por lo tanto, no
exigen reparación”: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala
Catorce Especial de Decisión, Sentencia de unificación del 6 de diciembre de 2021, exp.
66001-33-31-003-2008-00410-01.

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actos administrativos debe intentarse separadamente, mediante los
correspondientes procesos de nulidad y restablecimiento del derecho”60.

46. En consideración de las anteriores razones, la Sala unificará la
jurisprudencia a partir de la siguiente regla: respecto de las demandas
presentadas en vigencia de la Ley 1437 de 2011, CPACA, la acción de
grupo procede para reparar integralmente perjuicios causados por una
causa común ocurrida en el contexto de las relaciones laborales o de
empleo público. Dicha causa puede consistir en un hecho, una omisión,
una operación o un acto administrativo de contenido particular. Para su
trámite y decisión, se requiere una interpretación amplia y no restrictiva del
carácter indemnizatorio de la acción de grupo.

2.5 La revisión de la providencia seleccionada, a la luz de la
regla unificada

47. Al prosperar la revisión y proferirse una regla de unificación, su
aplicación al caso revisado implica revocar el rechazo de la demanda,
habida consideración que, tanto en primera instancia, como en segunda,
la determinación se fundó en la improcedencia de la acción de grupo en
materia laboral. Tales decisiones consideraron, de manera equivocada,
que las pretensiones de la demanda carecían de contenido
indemnizatorio, al estar dirigidas a ordenar el pago de la prima de servicios.
Tales determinaciones se fundaron en jurisprudencia expedida en vigencia
del CCA y que, como quedó expuesto en la presente decisión, resulta
inaplicable en vigencia del CPACA y que, además, desconoce la
interpretación amplia del contenido indemnizatorio de la acción de grupo,
que apunta a confirmar el carácter no subsidiario del mecanismo, así
como a incentivar y a facilitar el acceso a la administración de justicia
mediante este mecanismo de rango constitucional. Es decir que erraron las
instancias judiciales al inadmitir, rechazar y confirmar el rechazo de la
demanda, bajo el argumento de la improcedencia de la acción de grupo
en materia laboral.

48. Así las cosas, constata la Sala que la demanda de grupo cumplía
todos los requisitos para ser admitida ya que: (1) refirió el criterio mediante
el cual es posible identificar la existencia de un grupo de más de veinte
personas (art. 46 de la LAPAG). Se trató, en el caso concreto, de los
empleados de la Contraloría General de Santander. (2) El no pago de la
prima de servicios, de tener derecho a ello, generaría daños antijurídicos
individuales a los miembros del grupo, cuyo monto dependería de los

60 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial

de Decisión, Sentencia de unificación del 6 de diciembre de 2021, exp. 66001-33-31-003-
2008-00410-01.

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cargos que ocupaban, así como respecto de los salarios a partir de los
cuales se calcularía la prima en cuestión (art. 48 de la LAPAG). (3) Existe
comunidad de causa en el grupo ya que, respecto de todos, el no pago
constituiría una omisión administrativa común, que afectaría a todos los
servidores de la Contraloría. A pesar de que la demanda refiere la
existencia de un “acto administrativo implícito”, en realidad, la causa de
los perjuicios cuya reparación se pretende no es un acto administrativo,
sino una omisión. Al respecto, los accionantes solicitaron al Contralor
General de Santander que informara si el no pago había sido ordenado
mediante un acto administrativo y que, en ese evento, les expidiera una
copia, frente a lo cual se les informó que no existía tal acto administrativo61.
Aunque existe un documento en el que se informa de las razones para no
ordenar el pago, dicha explicación no constituye la causa del no pago,
sino su justificación escrita62. (4) Las pretensiones buscan el reconocimiento
de una indemnización, en sentido amplio, ya que, a través del
restablecimiento del derecho, como reparación in natura, más las sumas
adicionales que se pretenden, el grupo busca resarcir la lesión patrimonial
que se les habría causado por la omisión administrativa indicada. (5) La
demanda fue presentada de manera oportuna, ya que, la omisión, de
acuerdo con la demanda, se refiere al no pago de la prima respecto del
período que se consolidó el 30 de junio de 2012 y la demanda se presentó
el 8 de mayo de 2013, es decir, menos de un año después. (6) Finalmente,
se constata que la demanda fue presentada mediante abogado.

61 Los accionantes realizaron peticiones al Contralor General de Santander para que
indicara “si existe acto administrativo conforme al cual se haya dispuesto impugnar,
denegar o hacer cesar el pago de prima de servicio para el personal de tal órgano de
control respecto del período consolidado a junio 30 de 2012 (Prima 2011-2012) y en caso
positivo se me expida una copia” (folio 12 c. 1.). Al respecto, se les respondió: “me permito
comunicarle que no existe acto administrativo por el cual haya dispuesto el no pago de la
prima de servicios a los Empleados de la Contraloría General de Santander, existe un
concepto de fecha 4 de junio del 2102 (sic) dirigido a la Dra. Doris Elisa Gordillo Garcés,
Presidenta del Sindicato Sintraestales, con ocasión de una petición elevada con fecha 25
de mayo de 2012, en el cual se le explica de manera clara e inequívoca las razones por
las cuales no se ordeno (sic) el pago de la respectiva prima, documento que fue
notificado el día 5 de junio de 2012, del cual me permito anexar copia” 9 de abril de 2013
folio 13 c. 1.
62 El oficio de respuesta a la petición del sindicato está en el folio 19 c. 1. Firmada por el

Contralor General de Santander Argemiro Castro Granados. Allí se indicó que, de
acuerdo con el Decreto 1042 de 1978, la prima de servicios únicamente se predica de
funcionarios públicos y trabajadores del orden nacional. Por eso, la Asamblea
departamental expidió la Ordenanza 37 de 1980, pero dicha ordenanza fue anulada por
el Tribunal Administrativo de Santander, aunque, para la fecha, no se había resuelto la
apelación. Sin embargo, en el contexto de otro proceso, se ordenó su suspensión
provisional. Agregó que de cumplir el acto suspendido, se incurriría en causal de mala
conducta; advirtió que el Estatuto Anticorrupción presumió la culpa grave por realizar
reconocimiento de prestaciones con violación de las normas que rigen el ejercicio de la
función pública, por lo que la Contraloría General de Santander “se abstiene de pagar la
prima de servicios a los funcionarios de la Contraloría General de Santander”, pero afirmó
que seguirá pagándose la prima de antigüedad, hasta que se resuelva la apelación de la
nulidad.

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ordena que se admita la demanda
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Conclusión

49. La acción de grupo es un mecanismo de carácter principal, no
sometido a la inexistencia de otros medios judiciales para el amparo de los
derechos. Procede para reparar perjuicios a cualquiera de los derechos
constitucional y legalmente previstos. No existe razón constitucional ni legal
que excluya de su ámbito de protección los asuntos laborales. El carácter
indemnizatorio de la acción de grupo debe ser interpretado de manera
amplia y no restrictiva, con el fin de desarrollar y facilitar su acceso, en
concordancia con su vocación de ser un mecanismo eficaz para la tutela
judicial de los derechos. En consideración de lo anterior, la Sala unificará la
jurisprudencia en el resuelve primero de este auto.

50. Debido a lo anterior, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, a
través de la Sala Especial de Decisión número Catorce, revocará el Auto
del 6 de noviembre de 2013, proferido por el Tribunal Administrativo de
Oralidad de Santander, que confirmó el Auto 12 de septiembre de 2013,
proferido por el Juzgado Administrativo Catorce de Oralidad de
Bucaramanga, que rechazó la demanda de la referencia y, en su lugar,
ordenará que se profiera el auto admisorio correspondiente y se dé trámite
a la acción de grupo de la referencia.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sala Especial De Decisión Número Catorce del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: UNIFICAR la jurisprudencia a partir de la siguiente regla: respecto
de las demandas presentadas en vigencia de la Ley 1437 de 2011, CPACA,
la acción de grupo procede para reparar integralmente perjuicios
causados por una causa común ocurrida en el contexto de las relaciones
laborales o de empleo público. Dicha causa puede consistir en un hecho,
una omisión, una operación o un acto administrativo de contenido
particular. Para su trámite y decisión, se requiere una interpretación amplia
y no restrictiva del carácter indemnizatorio de la acción de grupo.

SEGUNDO: REVOCAR el Auto del 6 de noviembre de 2013, proferido por el
Tribunal Administrativo de Oralidad de Santander, que confirmó el Auto 12
de septiembre de 2013, proferido por el Juzgado Administrativo Catorce de
Oralidad de Bucaramanga, que rechazó la demanda de la referencia. En
su lugar, ORDENAR al Juzgado Administrativo Catorce de Oralidad de

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Radicación número: 68001-33-31-014-2013-00158-01
Actor: María Claudia Plata García y otros
Demandado: Departamento de Santander y otro
Referencia: Revisión en acción de grupo
Decisión: Unifica jurisprudencia, revoca el auto y
ordena que se admita la demanda
________________________________________________________________________________________
Bucaramanga que profiera el auto admisorio de la demanda y dé el
trámite correspondiente al proceso de la referencia.

QUINTO: por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia,
DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado Administrativo Catorce de Oralidad
de Bucaramanga.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Magistrada Magistrado

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MILTON CHAVES GARCÍA ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrado Magistrada
-Salvamento parcial de voto-

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado

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