Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 66001-23-33-000-2022-00059-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 66001-23-33-000-2022-00059-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 66001-23-33-000-2022-00059-02
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
1 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., primero (1.°) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 66001-23-33-000-2022-00059-02 (70.875)
Demandante: Saúl González Hernández y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
Temas: REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO / Procedencia – Existencia
de causa común frente a un conjunto igual o superior a 20 personas – Factor homogéneo: omisión
de las demandas frente a sus funciones de inspección y vigilancia – Inactividad en relación con
prácticas denunciadas de manera conjunta y simultánea – Quejas presentadas de forma consolidada
respecto de todas las implicadas, por cobro de la tarjeta de control y exigencia de una valoración
médica anual – Cobro de la tarjeta de control (documento que legalmente debe ser gratuito) -
Configuración de un fundamento homogéneo que torna en procedente la acción de grupo, sin
perjuicio de constatación del daño y su nexo con la omisión administrativa / CADUCIDAD – Término
para demandar – Naturaleza del daño: instantáneo o continuado – Materialización y consumación
del detrimento en el momento concreto del pago de la tarjeta de control – Cada supuesto cobro
irregular implicó una afectación inmediata e independiente – Cómputo individual del término para
demandar, según fecha de cada erogación – Extemporaneidad de la demanda en torno a los cobros
anteriores a los dos años previos a su radicación.
1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el grupo actor contra
la sentencia del 25 de mayo de 2023, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo de Risaralda declaró parcialmente probada la excepción de
caducidad y negó las demás pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
2. Según los accionantes, las entidades demandadas omitieron sus funciones
de policía administrativa frente a algunas de las compañías de transporte público
tipo taxi que operan en Pereira y Dosquebradas, las cuales impusieron a sus
conductores pagos periódicos por la expedición de la tarjeta de control desde 2003.
Además, a partir de 2017, les exigieron un examen psicosensométrico carente de
fundamento legal. A pesar de las quejas presentadas desde 2009, las demandadas
no adoptaron medidas, y ello permitió la causación del daño cuya indemnización se
pretende a través de la acción de grupo de la referencia.
ANTECEDENTES
La demanda y las razones de hecho y de derecho en las que se fundamentó
3. El 4 de diciembre de 20181, los señores Saúl González Hernández, Ángel
María Duque Mesa, Diego Leandro Salazar López, Héctor Geovanny López
1 Folio 23 del archivo 2 del expediente digital. El trámite del proceso, inicialmente, estuvo a cargo del
Juzgado 3° Administrativo del Circuito de Pereira, que admitió la demanda el 24 de enero de 2019.
Agotado el trámite de primera instancia, incluido el traslado para alegar de conclusión, el 4 de marzo
de 2022, tal despacho se declaró incompetente y remitió el expediente al Tribunal Administrativo de
1
Radicación: 66001-23-33-000-2022-00059-02 (70.875)
Demandante: Saúl González Hernández y otros
Demandada: Nación - Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
Zamora, Óscar Duarte Rivera y Luis Emilio Ospina Marín, quienes, en su calidad de
integrantes de “los más de 2.000 conductores de taxis que prestan sus servicios
personales a la (…) Cooperativa de Taxis del Risaralda (…), Cooperativa de Taxis
Consota (…) y la Cooperativa de Taxis Luxor”2, en Pereira y Dosquebradas, a través
de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de grupo, presentaron demanda
contra la Nación-Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte3, y el
Área Metropolitana Centro Occidente4, con el fin de que se les indemnicen los
perjuicios irrogados por la omisión de las funciones de “inspección, vigilancia y
control” frente a los cobros indebidos de la tarjeta de control y del examen
psicosensométrico a los que habrían sido sometidos por las empresas de transporte
citadas. Al respecto, formularon las siguientes pretensiones (transcritas en su tenor
literal, con sus propios errores ortográficos, salvo los énfasis):
“5.1. Que se declare al MINISTERIO DE TRANSPORTE SUPERINTENDENCIA DE
PUERTOS Y TRANSPORTE y al ÁREA METROPOLITANA CENTRO
OCCIDENTE, solidaria y administrativamente responsables de los daños materiales
causados a los actores dentro del marco de las circunstancias de tiempo, modo y
lugar narrados en la demanda.
5.2. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se ordene el pago de la
indemnización de perjuicios a cargo de las entidades demandadas y a favor de los
actores de la siguiente manera:
5.3. Por concepto de daño emergente. Cada uno de los actores reclama por este
concepto la cantidad que figura al lado de sus respectivos nombres, tal y como
figura en el acápite 4 de daños y perjuicios5 (Consolidado), así como las que se
causen durante el curso del proceso y hasta la ejecutoria del fallo (Futuro).
5.4. Por concepto de daños a bienes y derechos convencional y
constitucionalmente protegidos como el derecho a la igualdad, derecho al trabajo
en condiciones dignas y justas, en cuantía equivalente a 30 smlmv para cada uno
de los actores.
5.5. Que se ordene la devolución de a) Todas y cada una de las sumas pagadas
por cada uno de los miembros del grupo por concepto del examen
psicosensométrico, b) Por concepto de la expedición de la Tarjeta de Control y
además c) Por concepto del llamado sellamiento o cuota mensual de la citada
tarjeta de control que han venido pagando los conductores.
5.6. Pretensiones no pecuniarias: Se reclama por este concepto lo siguiente:
5.6.1. La difusión y publicación de un acuerdo entre los demandados y los
accionantes, por todos los medios de comunicación, electrónicos, documentales,
redes sociales y páginas web, tanto de su parte motiva, como de su resolutiva, por
Risaralda. Corporación que, mediante auto del 26 de abril de la misma anualidad, avocó el
conocimiento del asunto y ordenó nuevamente el traslado para alegatos de conclusión, tras lo cual
profirió la sentencia apelada (archivos 10, 63 y 69 del expediente digital). De otro lado, las referencias
a las actuaciones surtidas en primera instancia, hasta el auto que declaró la falta de competencia,
corresponden a los archivos cargados en el Samai del Tribunal Administrativo de Risaralda, índice
1. En el aparte pertinente, se señalarán los trámites que obren en un índice distinto.
2 Folio 1 del archivo 2 del expediente digital.
3 Sujetos que, para los fines de esta providencia, se denominaran el Mintransporte, el Ministerio, la
Supertransporte, la Superintendencia, la parte accionada, la parte demandada, las accionadas o las
demandadas.
4 En adelante, AMCO o el área metropolitana accionada. Integrada por los municipios de Pereira,
Dos Quebradas y La Virginia. Creada por las ordenanzas 001 de 1981 y 014 de 1991 (archivo 15 del
expediente digital).
5 En concordancia, en el acápite 4 señalado se indicó que, por los conceptos debatidos cada uno de
los demandantes pagó entre $472.800 y $1’016.000.
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Radicación: 66001-23-33-000-2022-00059-02 (70.875)
Demandante: Saúl González Hernández y otros
Demandada: Nación - Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
un período ininterrumpido de un (1) año, contado a partir de la ejecutoria de la
presente sentencia donde conste:
Que en tratándose de los cobros indebidos de las empresas de taxis y los CRC'S
el Estado deberá fortalecer sus funciones de inspección, control y vigilancia del
servicio público de transporte taxi, evitando así que se vulneren nuevamente los
derechos de los trabajadores del gremio de taxistas, quienes deben ser
indemnizados si con las actuaciones omisivas y la ineficacia del Estado se
vislumbran daños en sus derechos convencionales o constitucionales”6 (se
destaca).
4. Como fundamentos fácticos, en síntesis, se indicaron los siguientes:
5. Los accionantes, con aproximadamente otras dos mil personas, se
encuentran vinculados, en condición de conductores, a 3 empresas de transporte
público de taxi que operan en Pereira y Dosquebradas, las cuales, desde el 2003,
les han cobrado por la tarjeta de control, a pesar de ser un trámite gratuito. Para
justificar dichas erogaciones, en los recibos se registran conceptos distintos y, en
algunos casos, se expiden a nombre del propietario del vehículo y no de quien
efectivamente los realiza.
6. De otro lado, a partir de diciembre de 2017, se les impuso el pago de un
examen psicosensométrico, que debía practicarse en un centro determinado
(Valorar S.A.S), en el que no les daban recibo, ni copia de los resultados, y no
efectuaban el reporte en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Exigencia
contraria a los artículos 22 del Código Nacional de Tránsito y 348 del Código
Sustantivo del Trabajo, que establecen que dichas valoraciones deben practicarse
cada tres años y, en todo caso, a cargo del “empleador”.
7. Según los accionantes, los pagos de la tarjeta de control los han efectuado
así:
Empresa Cooperativ
a de Taxis
Cooperativa de Cooperativa
de
Taxis Consota de Taxis
Risaralda
o Luxor o
o Monto
Cootaxconsota Cootaxluxor
Covichoral total
Demandante da pagado7
X
1. Saúl González Hernández (entre 2003 $995.800
y 2018)
X
2. Ángel María Duque Mesa (entre 2003 $985.800
y 2018)
X
X
(en 20148 y
3. Diego Leandro Salazar (de 2015 a
regresó en
López enero de
febrero de
2018 )
2018) $472.900
6 Folios 12 y 13 del archivo 2 del expediente digital.
7 Montos que incluyen lo pagado por los accionantes relacionados en los numerales 1,3,4, por
exámenes médicos que presentaron en 2018, 2017 y 2018, respectivamente.
8 Estuvo vinculado a Cootaxconsota durante 2014, en 2015 se pasó a otra empresa y regresó en
2018.
3
Radicación: 66001-23-33-000-2022-00059-02 (70.875)
Demandante: Saúl González Hernández y otros
Demandada: Nación - Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
X
4. Héctor Geovanny
(entre 2010 y
López Zamora 2018) $476.800
X
X
(entre abril
5.Luis Emilio Ospina Marín (entre 2007 y
de 2016 y
marzo de 2016)
2018) $843.100
X X
X
6. Óscar Duarte Rivera (entre 2003 y (entre 2014 y
(2008)
20079) 2018) $1’016.00
8. Pese a que estas prácticas fueron puestas en conocimiento del Ministerio de
Transporte, del Área Metropolitana Centro Occidente y de la Superintendencia de
Puertos y Transporte, mediante quejas presentadas en 2009 y 2018, tales entidades
no adoptaron ninguna medida para evitarlas. Omisión en la que también incurrió el
Instituto de Movilidad de Pereira10, en lo relacionado con la supervisión del Plan
Estratégico de Seguridad Vial de las empresas citadas, a las cuales, en todo caso,
los accionantes les reclamaron por las falencias presentadas, sin que les dieran
solución.
9. Según la demanda, la falta de ejercicio de las funciones de policía
administrativa de las accionadas fue determinante en la causación del daño.
Contestación de la demanda
10. El Ministerio de Transporte11 alegó su falta de legitimación en la causa por
pasiva, por cuanto no tenía a su cargo las funciones de inspección, vigilancia y
control del servicio público de transporte individual tipo taxi en los municipios de
Pereira y Dosquebradas, competencias que, en su criterio, se radicaban en las otras
entidades accionadas.
11. La Superintendencia de Puertos y Transporte12 planteó: i) la caducidad de
la acción, por cuanto los cobros cuestionados empezaron desde 2003; ii) en la
demanda no se indicaron los fundamentos de derecho, ni se formuló el juramento
estimatorio; iii) indeterminación del grupo, dado que no todos los conductores
debían practicarse el examen médico reprochado13; y, iv) los hechos debatidos
versan sobre aspectos de conocimiento de las autoridades territoriales.
9 Frente a este demandante no se invocaron pagos entre 2009 y 2013.
10 Entidad que, a pesar de imputársele responsabilidad, no fue incluida como demandada; sin
embargo, luego de la admisión, el a quo la vinculó de manera oficiosa, como eventual responsable,
de conformidad con las facultades establecidas en el parágrafo del artículo 52 de la Ley 472 de 1998.
11 Archivo 18 del expediente digital.
12 Archivo 17 del expediente digital.
13 A través de proveído del 8 de agosto de 2019, en la primera instancia se negó lo referente a lo
alegado en los numerales ii) y iii). Al respecto, se señaló que: a) que los criterios expuestos por los
demandantes permitían identificar con claridad a las personas que, además de ellos, conformaban
el grupo afectado; b) los hechos invocados reflejaban una causa común, sin perjuicio de que la
prosperidad de las pretensiones fuera un aspecto a resolverse en la sentencia; c) en este tipo de
procesos, no se exige en la demanda el desarrollo de un concepto de violación; y d) el artículo 52 de
la Ley 472 de 1998 establece el contenido de la demanda en acciones de grupo, sin incluir el
juramento estimatorio como requisito (archivo 28 del expediente digital).
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Radicación: 66001-23-33-000-2022-00059-02 (70.875)
Demandante: Saúl González Hernández y otros
Demandada: Nación - Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
12. El Área Metropolitana Centro Occidente14 se opuso a lo pretendido, al
considerar que no omitió sus funciones. En todo caso, los hechos invocados por los
demandantes eran atribuibles a las cooperativas a las que se encontraban
vinculados y al Instituto de Movilidad de Pereira, al cual le correspondía: i) la
supervisión de los planes de seguridad vial, incluido lo referente a los exámenes
psicosensométricos establecidos por el Ministerio de Transporte en la Resolución
1565 de 2014; y ii) la verificación del trámite de las tarjetas de control.
13. Mediante auto del 1° de abril de 201915, con fundamento en el artículo 52 de
la Ley 472 de 199816, a título de eventuales responsables, se ordenó la vinculación
del Instituto de Movilidad de Pereira, así como de Cootaxconsota, Cootaxluxor y
Covichoralda. Surtida la notificación, solo esta última se pronunció17, para lo cual
indicó que: i) no efectuó ningún cobro a sus conductores por la tarjeta de control; ii)
los pagos realizados por los accionantes obedecieron al servicio de radioteléfono y
a “beneficios complementarios”; y iii) el examen médico debatido es un elemento
del plan de seguridad vial. Sostuvo que en la demanda no se identificó
adecuadamente al grupo afectado.
Sentencia de primera instancia
14. El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante fallo del 25 de mayo de
2023, resolvió:
“PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Sin costas en esta instancia por lo anteriormente razonado”.
15. Como fundamento de la decisión, el Tribunal argumentó que, al tratarse de
daños instantáneos e independientes, el término para demandar debía computarse
individualmente por cada supuesto pago.
16. En ese orden de ideas, “como la demanda se present[ó] el 12 de abril de
2018 (…)18, todos los pagos efectuados antes del 12 de abril de 2016 (…)
[resultaron] afectados por el fenómeno jurídico de la caducidad” y, por tanto, el
estudio de fondo solo procedía frente a lo ocurrido “desde el 12 de abril de 2016 al
12 de abril de 2018”19, período respecto del cual se constataría, en primer lugar, la
existencia del daño y, de ser el caso, se analizaría la responsabilidad de las
entidades demandadas, a título de “omisión en sus facultades y competencias”.
14 Archivo 15 del expediente digital.
15 Archivo 20 del expediente digital.
16 “Parágrafo. La demanda se dirigirá contra el presunto responsable del hecho u omisión que la
motiva, el cual debe ser determinado. No obstante, cuando en el curso del proceso se establezca
que existen otros posibles responsables, el juez de primera instancia, de oficio ordenará su citación”.
17 El instituto referenciado guardó silencio, mientras que las dos otras cooperativas se pronunciaron
de manera extemporánea, tal como se concluyó en auto del 18 de febrero de 2020, obrante en el
archivo 32 del expediente digital.
18 Como se explicará en las consideraciones, el Tribunal se sustentó en una fecha errada de
radicación de la demanda, la cual fue presentada el 4 de diciembre de 2018.
19 Folio 25 de la providencia. Índice 12 del Samai del Tribunal Administrativo de Risaralda.
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Radicación: 66001-23-33-000-2022-00059-02 (70.875)
Demandante: Saúl González Hernández y otros
Demandada: Nación - Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
17. De otro lado, los accionantes, a pesar de la naturaleza indemnizatoria de la
acción de grupo, y del carácter esencial de tal elemento, no probaron el daño
alegado, pues no acreditaron que se les exigiera suma alguna por la tarjeta objeto
de debate, cuya gratuidad fue establecida por los Decretos 1553 de 1998, 172 de
2001, 1047 de 2014 y 1079 de 2015. Este último la define como el “documento
individual e intransferible expedido por la empresa de transporte, que sustenta la
operación del vehículo y que acredita al conductor como el autorizado para
desarrollar esta actividad, bajo la responsabilidad de la empresa de transporte”.
18. Los recibos aportados por la parte actora versaban sobre otros conceptos20,
que bien podían corresponder a las obligaciones derivadas de los contratos de
vinculación de los vehículos. Además, los testimonios practicados y los
interrogatorios de parte de los accionantes no resultaban suficientes para acreditar
lo alegado, ya que, aunque coincidían en señalar supuestos cobros indebidos, no
existía respaldo documental adicional que confirmara la veracidad de sus
afirmaciones.
19. Adicionalmente, i) el dictamen pericial allegado con el escrito inicial carecía
de soporte técnico, pues se sustentó en los dichos de los interesados; ii) el
Ministerio de Trabajo archivó las diligencias promovidas por los mismos hechos, por
ausencia de irregularidades; y iii) las respectivas empresas de transporte
informaron que en sus estados financieros no obraban ingresos por tarjeta de
control, dada la ausencia de recaudos en ese sentido.
20. Los exámenes psicosensométricos constituyeron una exigencia ajustada al
ordenamiento, por ser un mecanismo para garantizar la idoneidad de los
conductores y, por tanto, podían practicarse válidamente como prueba de ingreso o
medida de control, según lo establecido en el Decreto 2851 de 2013 y la Resolución
1565 de 2014 del Ministerio de Transporte.
21. Los cobros debatidos respondieron a relaciones entre particulares, por lo que
su imputación a las entidades públicas demandadas requería, como condición
previa, que se probara que, en efecto, se efectuaron erogaciones irregulares, carga
que no se asumió, de ahí que no fuera procedente el análisis de los demás
elementos de la responsabilidad.
22. Finalmente, el juez de primer grado se abstuvo de condenar en costas, por
no encontrarlas causadas.
Recurso de apelación
23. En criterio de los accionantes, no ha operado la caducidad, porque los
cobros objeto de controversia se han impuesto por años y aún siguen vigentes.
20 El juez de primer grado indicó que, tratándose de Covichoralda, los rubros registrados eran
“beneficios complementarios”, “comunicaciones y otros”, “fondo de comunicaciones”. En el caso de
Cootaxconsota se indicaba “actualización”. En el de Cootaluxor a “fondo asamblea” y “servicios
prestados por comunicaciones”.
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Radicación: 66001-23-33-000-2022-00059-02 (70.875)
Demandante: Saúl González Hernández y otros
Demandada: Nación - Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
24. En cuanto al fondo del asunto, se indicó que el Tribunal no tuvo en cuenta
que frente a las cooperativas de taxi: i) se configuró un indicio grave, por no aportar
los libros de contabilidad; y ii) en virtud de la carga dinámica de la prueba, les
correspondía acreditar el concepto real de los dineros recaudados, así como
desvirtuar las exigencias económicas atribuidas por los conductores, quienes se
hallaban en una condición de debilidad manifiesta, dada su edad, nivel de
escolaridad y subordinación.
25. Además, la ausencia de mención al pago de las tarjetas de control en los
respectivos recibos, y la negativa de los recaudos por parte de las empresas de
transporte implicadas no era suficiente para negar el petitum, porque, a pesar de
que diligenciaron los soportes a su conveniencia, lo cierto era que los testimonios y
los interrogatorios de parte evidenciaban el menoscabo, en cuanto dejaban clara la
razón material de las erogaciones, con la consecuente ausencia de los servicios a
los que supuestamente se imputaban los pagos.
26. Según el recurso, el a quo descartó el daño respecto de los conductores de
los vehículos, bajo el argumento de que “los pagos los realizaba el socio (…) y/o el
propietario del taxi”; con lo cual pasó por alto que varios de los comprobantes
estaban a nombre de los primeros, como era el caso del señor Saúl González
Hernández.
27. En este caso se probó de manera clara la afectación causada, la cual es
responsabilidad tanto de las organizaciones privadas vinculadas por efectuar los
cobros debatidos, como de las entidades accionadas, por desconocer su deber legal
de “vigilancia y control”.
28. De otro lado, en el fallo apelado no se resolvió lo inherente a las distintas
falencias de los centros de reconocimiento de conductores –en particular Valorar
S.A.S.–, como las de cobrar a los actores por los exámenes psicosensométricos, no
entregarles los resultados, y abstenerse de los correspondientes reportes en el
RUNT.
Trámite de segunda instancia
29. El 1° de diciembre de 202321, esta Corporación admitió la apelación
interpuesta por la parte demandante, luego, por auto del 5 de diciembre de 2024 22,
se corrió traslado del recurso a las partes y al Ministerio Público, oportunidad en la
que solo intervino el Ministerio de Transporte, que pidió la confirmación de la
decisión de primera instancia e insistió en que no le son imputables las falencias
invocadas por los actores.
CONSIDERACIONES
30. Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que
invalide lo actuado y evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales
de jurisdicción, competencia, legitimación en la causa por activa y por pasiva, así
21 Índice 3 de Samai. M.P. Nicolás Yepes Corrales (E).
22 Índices 7 y 14 de Samai. Auto proferido por el ponente de la presente providencia.
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Radicación: 66001-23-33-000-2022-00059-02 (70.875)
Demandante: Saúl González Hernández y otros
Demandada: Nación - Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
como el de demanda en forma, la Sala procede a decidir la segunda instancia, en
el marco de lo cual deberá analizar, entre otros, lo relacionado con la oportunidad
del ejercicio del derecho de acción.
Procedencia de la acción y objeto de las pretensiones
31. De conformidad con los artículos 145 y 164 de la Ley 1437 de 2011, la
sentencia de constitucionalidad C-407 de 2021, y el criterio de unificación adoptado
por esta Corporación el 17 de mayo de 202323, la pretensión de grupo procede frente
a perjuicios derivados de cualquier causa imputable al Estado, incluso cuando el
origen del daño lo constituyen actos administrativos que se estiman ilegales,
siempre que atenten contra derechos subjetivos de veinte o más personas. En estos
casos, corresponde al juez verificar que la determinación, en efecto, tenga la aptitud
de impactar los intereses del grupo, circunstancia que no es predicable de las
manifestaciones adoptadas –de manera expresa o presunta– frente a las quejas a
través de las cuales se ponen en conocimiento de las autoridades hechos
irregulares que deben ser investigados al amparo de las funciones de policía
administrativa. En estos eventos, lo decidido por las autoridades no crea situaciones
jurídicas particulares susceptibles de ser debatidas a través de esta acción, pues
las competencias sancionatorias están concebidas como instrumentos de
protección del interés general, y no como mecanismos para restablecer derechos
subjetivos específicos.
32. En el sub lite, si bien los miembros del grupo acudieron a las entidades
demandadas para solicitar la investigación de las supuestas faltas cometidas por
algunas empresas de transporte, lo cierto es que el daño alegado no tiene como
origen las respuestas emitidas al respecto, pues dichas quejas no generaron
derechos individuales para los reclamantes, aunado a que lo invocado en la
demanda a título de causa petendi fue la omisión de las autoridades en relación con
su deber legal de investigación, imputación con fundamento en la cual se resolverá
la controversia, para lo cual se verificará la existencia nexo causal con el detrimento
alegado; no obstante, dicho examen solo se adelantará en el evento de constatarse
el menoscabo, toda vez que, en ausencia de afectación, cualquier indagación sobre
su origen deviene innecesaria.
Causa común
33. El grupo en favor del cual se promovió el proceso está conformado por más
24
de 20 conductores de taxi de Pereira y Dosquebradas, que se habrían visto
afectados por un común denominador: la omisión de las accionadas en el ejercicio
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 14 Especial de Decisión,
providencia del 17 de mayo de 2023, C.P. Alberto Montaña Plata, expediente No. 68001-33-31-014-
2013-00158-01.
24 En la demanda se adujo que, para esa época, más de dos mil personas se desempeñaban como
conductores de los vehículos afiliados a las cooperativas de taxi que habrían incurrido en los cobros
objeto de debate. En concordancia, se anexó una relación del número de automotores por compañía,
según el cual para 2015 cada una tenía vinculados entre 414 y 758, para un total del 1.631 (folio 180
de los anexos del líbelo). Como fuente se invocó la información reportada en la página web del
organismo metropolitano, el cual, en su escrito de defensa, indicó que esas cifras correspondían a
las registradas en sus archivos (folio 33 del archivo 15).
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Radicación: 66001-23-33-000-2022-00059-02 (70.875)
Demandante: Saúl González Hernández y otros
Demandada: Nación - Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
de sus funciones de inspección, vigilancia y control frente a Covichoralda,
Cootaxconsota y Cootaxluxor25.
34. Al respecto, en la demanda se adujo que las accionadas no adoptaron
medidas en relación con las irregularidades que les fueron puestas en
conocimiento, en cuanto tales compañías, en perjuicio de sus conductores, desde
2003, habrían fijado una tarifa por la tarjeta de control, -documento gratuito, por
disposición legal-, y, a partir de 2017, impuesto la práctica de un examen médico
anual sin justificación. Conductas violatorias, entre otros, del artículo 9 del Decreto
1047 de 201426, a cuyo tenor:
“Artículo 9°. La Tarjeta de Control es un documento individual e intransferible
expedido por la empresa de transporte, que sustenta la operación del vehículo
y que acredita al conductor como el autorizado para desarrollar esta actividad,
bajo la responsabilidad de la empresa de transporte debidamente habilitada a
la que se encuentra vinculado el equipo.
(…).
Parágrafo. Las características de la Tarjeta de Control serán establecidas por
el Ministerio de Transporte y su expedición y refrendación serán gratuitas para
los conductores, correspondiendo a las empresas asumir su costo (…)”.
35. Como sustento, se allegó copia de las quejas presentadas ante las
accionadas en enero de 2018 por varios integrantes del grupo actor, quienes no
formularon solicitudes independientes, sino una conjunta y simultánea por las tres
compañías referenciadas, pluralidad que no desvirtúa la homogeneidad del hecho
dañoso, pues, al margen de que el proceder de tales particulares integre el sustento
fáctico de la controversia, lo cierto es que el objeto del proceso es la declaratoria
de responsabilidad patrimonial de las accionadas por el incumplimiento de sus
funciones, falla en el servicio que se habría estructurado en condiciones similares
frente al conjunto de personas integrado por quienes ejercieron su derecho de
acción y aquellos a nombre de los cuales se promovió el sub lite.
36. De este modo, ante las condiciones análogas en las que se solicitó la
intervención de las autoridades requeridas y su supuesta pasividad, la Sala
concluye que se satisface el criterio adoptado en la sentencia de unificación del 10
25 Al respecto, al escrito inicial se anexó: 1. Escrito radicado por el demandante Saúl González
Hernández, con aproximadamente 103 personas más, el 29 de enero de 2018 ante el Área
Metropolitana de Centro Oriente, en el que, además de lo relacionado con la exigencia anual y
práctica irregular de un examen médico, se indicó que Covichoralda, Cootaxconsota y Cootaluxor
cobraban mensualmente una tarifa a sus conductores por la tarjeta de control, para lo cual se solicitó
la orden de suspensión de tal práctica (folios 93 a 98 del archivo 3 del expediente digital). 2. El 31
del mismo mes y año, fue presentada una queja en los mismos términos ante el Ministerio de
Transporte, suscrita por el accionante citado y otras 5 personas (folios 11 a 13 del archivo 3 del
expediente digital). 3. A través de oficio del 8 de febrero siguiente, la última de las entidades citadas,
se pronunció, en el sentido de indicar que daría traslado a las autoridades competentes, tales como
la entonces Superintendencia de Puertos y Transporte, entidad a la cual 6 de los interesados le
pusieron de presente la situación a través de PQR del 30 de julio de la misma anualidad (folios 15 a
18, 48 a 51 del archivo 3 del expediente digital). También obra en el expediente un requerimiento
presentado con la misma finalidad el 18 de enero de 2018 por una organización sindical (folios 6 y 7
del archivo 16 del expediente digital).
26 Desde el Decreto 172 de 2001 se consagró la gratuidad de la tarjeta de control.
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Radicación: 66001-23-33-000-2022-00059-02 (70.875)
Demandante: Saúl González Hernández y otros
Demandada: Nación - Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
de junio de 202127, proferida en sede de revisión eventual por la Sala Primera
Especial de Decisión, en la cual se explicó que la acción de grupo procede cuando
existe un hecho generador común que permite una decisión unitaria, siempre que
los miembros compartan aspectos de hecho o de derecho uniformes. Luego,
mediante el análisis de la causalidad adecuada, pueda establecerse un mismo nexo
entre esa conducta dañina y los perjuicios alegados:
“Para que sea procedente una acción de grupo es necesario que la misma
permita la decisión unitaria de la controversia y para ello se requiere la
existencia de aspectos de hecho o de derecho comunes (condiciones
uniformes) entre los miembros del grupo. No se trata de que las situaciones
particulares de todos los miembros del grupo sean idénticas o iguales (…), sino
que (…) exista un común denominador o núcleo que pertenece o se extiende a
todos ellos, derivado de la conducta dañina del demandado.
(…).
Primero, se debe identificar el hecho o hechos generadores alegados en la
demanda y determinar si éstos son uniformes para todo el grupo; y segundo,
mediante el análisis de la teoría de la causalidad adecuada, que permite un
mayor enfoque jurídico, determinar si éstos hechos generadores tienen un
mismo nexo de causalidad con los daños sufridos por los miembros del
grupo” (se destaca).
37. Así las cosas, -se itera-, frente al grupo actor se encuentra acreditada una
causa común derivada de la supuesta inobservancia de las funciones de vigilancia
y control a cargo de las demandadas frente a los cobros de las tarjetas de control y
el examen psicosensométrico realizados por Cootaxconsota, Cootaxluxor y
Covichoralda a las cuales se encontraban afiliados los accionantes 28.
Objeto de la apelación y problemas jurídicos a resolver
38. La Subsección le corresponde pronunciarse sobre los reparos concretos
presentados en sede de apelación, los cuales, por regla general, establecen la
competencia del ad quem, salvo situaciones que se deban abordar de manera
oficiosa.
39. En este contexto, los problemas jurídicos a resolver son los siguientes: i)
¿erró el Tribunal al declarar parcialmente probada la excepción de caducidad?; ii)
¿el a quo desconoció la carga probatoria que recaía sobre los entes privados
implicados, así como los indicios en su contra?; iii) ¿se pasaron por alto en la
sentencia de primera instancia las declaraciones que acreditaban el daño invocado
en relación con las tarjetas de control? De encontrarse acreditado el menoscabo por
el punto citado, se establecerá iv) ¿si es imputable, a título de omisión, a las
autoridades accionadas y/o a quienes recaudaron el dinero? Finalmente, v) ¿en la
decisión apelada se guardó silencio respecto de uno de los aspectos planteados en
el escrito inicial?
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sala Primera Especial de Decisión,
radicado 76001-23-31-000-2002-04584-02, sentencia del 10 de junio de 2021, M.P. María Adriana
Marín.
28 De conformidad con la sentencia apelada y el recurso interpuesto, el daño cuya existencia se
debate en esta instancia está determinado por el detrimento generado por el pago de las tarjetas de
control. En cuanto a los exámenes médicos alegados, el a quo negó lo pedido, por considerar que
se trataban de exigencias ajustadas al ordenamiento, para lo cual solo se cuestionó el supuesto
silencio del Tribunal frente a las falencias en su práctica.
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Radicación: 66001-23-33-000-2022-00059-02 (70.875)
Demandante: Saúl González Hernández y otros
Demandada: Nación - Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
40. El apelante también sostuvo que el juez de primer grado adujo que “los pagos
los realizaba el socio (…) y/o el propietario del taxi” y, por ende, omitió valorar los
comprobantes existentes a nombre del actor (Saúl González Hernández).
Argumento que no será abordado en esta instancia, dado que la decisión al respecto
se sustentó en la ausencia de pruebas que ratificaran la veracidad de las
declaraciones practicadas sobre la relación de los pagos invocados con el trámite
de la tarjeta de control, sin que para tal fin se aludiera de manera puntual a la
persona a nombre de la cual se expidió el recibo.
Sobre el cómputo de la caducidad
41. El artículo 164.2 de la Ley 1437 de 2011 establece que, tratándose de la
declaratoria de responsabilidad e indemnización de los perjuicios causados a un
grupo, la demanda deberá promoverse dentro de los 2 años siguientes a la fecha
en que “se causó el daño”, sin perjuicio del término de 4 meses aplicable en los
eventos en los que la causa común es un acto administrativo cuya legalidad se
cuestiona; sin embargo, tratándose de “actos producto del silencio administrativo”,
la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo (numeral 1 de la norma citada).
42. En este caso, según el apelante, la demanda fue presentada en oportunidad,
en cuanto el daño derivado de la supuesta omisión de las accionadas ya que los
cobros de las tarjetas de control se habrían materializado durante años, incluso
hasta el de radicación de la demanda. Argumentación que no resulta de recibo para
la Sala, por lo cual se confirmará la decisión del a quo, aunque bajo unos parámetros
temporales distintos, como se explicará.
43. A las accionadas se les atribuyó el incumplimiento de sus funciones de
policía administrativa respecto de la expedición y refrendación de tal documento,
imputación que no supone un daño continuado, sino una serie de afectaciones
autónomas e independientes, que se habrían configurado cada vez que las
demandadas, al omitir sus funciones, permitieron que a los accionantes se les
hiciera una nueva exigencia económica, en función de las particularidades de esa
época, como se evidencia en la relación de pagos incluida en el libelo introductorio,
en él se desglosó por mes y año los montos específicos para cada conductor y
cooperativa, detalle que, precisamente, resulta consecuente con la ocurrencia de
una serie de presuntos daños puntuales, con sus propias características.
44. De este modo, el detrimento por el desconocimiento de la gratuidad del
trámite objeto de discusión, se materializó y consumó en el instante en el que, por
la supuesta omisión de las demandadas, las distintas empresas de transporte
habrían exigido y recibido el dinero por ese concepto, por tanto, a partir de cada
pago, los afectados estaban en la posibilidad de interponer las acciones que
estimaran pertinentes, sin que el ejercicio de la pretensión de grupo transforme en
continuada la naturaleza instantánea de las múltiples afectaciones presentadas.
45. En las condiciones analizadas, se concluye que la demanda es
extemporánea respecto de las erogaciones realizadas con anterioridad a los dos
años previos a su presentación y, por ende, solo es posible examinar de fondo
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Demandante: Saúl González Hernández y otros
Demandada: Nación - Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
respecto de lo ocurrido entre el 329 de diciembre de 2016 y el 4 de diciembre de
201830, fecha esta última en la que se ejerció la acción, y no el 12 de abril de ese
mismo año, como lo sostuvo el Tribunal.
46. En consecuencia, se desestima el cargo de apelación que reprocha la
caducidad parcial declarada por el a quo, con las precisiones realizadas ut supra.
La carga de la prueba y los indicios alegados
47. A juicio de la parte apelante, la valoración de los elementos practicados no
es acertada, en cuanto “debió el A quo en atención del principio de la carga dinámica
de la prueba, no imponer esta a los demandantes sino a las vinculadas y
demandadas quien estaban en mejor condición y capacidad demostrativa”.
48. De conformidad con el artículo 167 del CGP31, cada parte debe acreditar los
supuestos en los que basa sus pretensiones o excepciones, sin perjuicio de las
reglas especiales establecidas frente a los hechos notorios, las presunciones, o las
manifestaciones indefinidas (afirmaciones / negaciones). Además, como lo ha
sostenido esta Subsección32, el juez, según las particularidades del caso está
habilitado para distribuir tal carga, al decretar las pruebas, durante su práctica o en
cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho
a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las
evidencias o esclarecer los hechos controvertidos.
49. Este cargo no resulta admisible, en cuanto la reasignación de la
responsabilidad de demostrar ciertas situaciones procede al decretar las pruebas,
durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, y no en la
sentencia, toda vez que la carga dinámica de la prueba no es un criterio de
valoración de los elementos de juicio, sino que se trata de una herramienta orientada
a facilitar la conformación del acervo probatorio, y no es dable invocarlo como
fundamento para subsanar la insuficiencia demostrativa que queda en evidencia
una vez se emite la decisión de fondo. Tampoco implica una inversión del deber de
acreditación que recae en el interesado.
50. Así las cosas, la atribución de la carga probatoria a las cooperativas
vinculadas, por contar con mayores facilidades para acreditar determinados hechos
-bien fuera por tener en su poder el objeto de prueba o por eventuales razones de
indefensión de la contraparte- debió analizarse en las etapas procesales previstas
para la incorporación y práctica de pruebas, ya fuera de oficio o a solicitud del
interesado, mediante una decisión expresa y motivada, sujeta a contradicción
por las partes, para así garantizar que la carga dinámica de la prueba no se
29 Fecha que se toma en consideración, ante la evidencia de que el término de caducidad se cuenta
a partir del día siguiente.
30 De conformidad con la constancia de recibido obrante a folio 23 de la demanda, la cual presenta
un sello con la anotación “04 DIC 2018”.
31 Norma declarada exequible mediante la sentencia C-086 de 2016.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 21 de marzo de 2025, M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
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Demandante: Saúl González Hernández y otros
Demandada: Nación - Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
convirtiera en un mecanismo de traslado automático de los deberes que le
corresponden a quien alega un hecho a su favor.
51. En el expediente no obran pedimentos por medio de las cuales los
demandantes, con fundamento en el principio de mayor facilidad probatoria, le
hubiesen solicitado al juez de primer grado imponer a alguno de los sujetos
procesales la obligación de demostrar determinados hechos. En el auto de pruebas
del 16 de septiembre de 2020, el Tribunal Administrativo de Risaralda decretó los
elementos de convicción en los precisos términos pedidos por las partes, sin que se
adoptaran determinaciones relacionadas con la distribución ordinaria del deber de
acreditación. Esta decisión no fue objeto de recursos y, por ende, el proceso se
tramitó en los términos ordinarios, al amparo de lo previsto en el artículo 167 del
CGP, según el cual incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, cuya inobservancia debe ser
asumida por quien no cumplió con el deber de acreditación, no por la contraparte.
52. En suma, la invocación en la apelación del postulado de la carga dinámica
de la prueba no habilita a la Sala para exonerar a las partes de sus respectivos
deberes, y bajo esa regla se resolverá el presente asunto.
53. La Subsección también denegará lo alegado en punto de los indicios graves
por la omisión en el aporte de la contabilidad de las cooperativas vinculadas. Al
respecto, en el auto de pruebas del 16 de enero de 202033, entre otros, se ordenó
oficiar a Cootaxluxor, Cootaxconsota y Covichoralda, para que remitieran34:
“6.1. Certificado en el que consten los recaudos de dinero que se hacen a los
conductores de taxi”.
“6.2. Copia de los libros contables correspondientes a los años 2003 a 2018,
que permitan determinar el cobro de la expedición y refrendación de las tarjetas
de control de sus conductores”.
54. En su respuesta manifestaron que no era posible allegar lo pedido, por no
obrar información al respecto en su contabilidad, pues los encargados de la
conducción de los vehículos no asumían erogaciones por ese concepto 35. La
primera de las citadas agregó que, en todo caso, todos sus archivos quedaban a
disposición, para efectos de la inspección judicial que se considerara pertinente.
33 Archivo 36 del expediente digital.
34 Archivo 37 del expediente digital. En la demanda se solicitó una inspección judicial a las
respectivas cooperativas de taxi, con el propósito de “obtener los elementos probatorios que
encuentren en sus archivos físicos digitales, donde se evidencia el recaudo de dineros a los
conductores de taxis”. El Área Metropolitana de Centro Oriente pidió la misma prueba, pero, en
concreto, frente a los libros de contabilidad de tales entes de 2003 a 2018, a efectos de verificar si
“existen documentos que acrediten el cobro de la expedición de las tarjetas de control a sus
conductores”. Estas peticiones fueron negadas por el juez de primer grado, en decisión del 16 de
enero de 2020, para, en su lugar, solicitar mediante oficio, lo siguiente: i) certificado en el que consten
los recaudos hechos a los conductores; y ii) copia de los libros contables que permitan determinar
el cobro de las tarjetas de control (archivos 2, 36 y 37 del expediente digital).
35 Archivos 39, 43 y 51 del expediente digital.
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Demandante: Saúl González Hernández y otros
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Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
55. En la audiencia de pruebas del 18 de marzo de 2021 36, el Tribunal a quo
corrió traslado de los anteriores informes a las partes, sin que se formularan
observaciones y, concluida la práctica de las declaraciones decretadas, cerró el
período probatorio y concedió el término de ley para efectos de alegatos de
conclusión. Estas determinaciones no fueron objeto de recursos.
56. Aclarado lo anterior, la Sala advierte que, en sede de primera instancia, la
prueba analizada fue entendida por los particulares requeridos como una solicitud
específica de los documentos en los que se hubiesen registrado pagos por concepto
de tarjeta de control, y no como una orden general de remitir toda su contabilidad.
Alcance que fue compartido por el juez de primer grado y por los demás sujetos,
entre ellos, el extremo activo, pues en la diligencia antes referenciada no se
plantearon reparos, ni se insistió en el recaudo de información adicional. De este
modo, lo pedido se limitó a verificar la existencia de registros concretos sobre los
cobros objeto de debate, sin extender el objeto de prueba más allá de ese punto.
57. Bajo el anterior entendimiento, y en cuanto los demandantes han sostenido
insistentemente durante el presente proceso que los pagos aducidos no pueden
acreditarse de manera directa, porque, precisamente, no obran registros de su
realización.
58. Así las cosas, no es posible derivar consecuencias adversas de la falta de
aporte de una información que no obraba en los archivos de las vinculadas y ello es
suficiente para descartar los indicios invocados en su contra, pues si bien el artículo
241 del CGP autoriza al juez a deducirlos de la conducta procesal de las partes,
lo cierto es que tal disposición solo resulta aplicable a omisiones injustificadas, que
no es el caso, dada la ausencia, se reitera, de reportes formales sobre los pagos
objeto de controversia.
Respecto de la acreditación del daño
59. La Sala evaluará si, respecto del período establecido en los acápites
precedentes (3 diciembre de 2016, inclusive, y los dos años posteriores), el daño
fue acreditado con las pruebas invocadas en la apelación, a saber: i) las
declaraciones de dos personas que afirmaron haber sido objeto del cobro de la
tarjeta de control, en los mismos términos que el grupo actor, y ii) los interrogatorios
de algunos de los demandantes.
60. De conformidad con los artículos 165, 198, 202 y 203 del CGP, la
declaración de parte y la confesión constituyen medios probatorios, que se
distinguen según el reconocimiento, en el interrogatorio practicado para tal fin, de
hechos que generen consecuencias jurídicas desfavorables para quien declara, o
que favorezcan al adversario. Si no se configura alguno de estos supuestos, el relato
será valorado con observancia de los criterios generales de apreciación probatoria
y el contexto de los hechos, que, en este caso, no se trata de un escenario de
subordinación entre trabajador y empleador, pues, según los elementos de
convicción aportados, los integrantes del grupo accionante no tienen vínculos de
36 Archivo 54 del expediente digital.
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Demandada: Nación - Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
esa naturaleza con las respectivas cooperativas, a las cuales se encuentran
vinculados los propietarios de los automotores, y ellos son quienes, luego, designan
los operarios de sus taxis37 .
61. En consecuencia, las manifestaciones hechas por los implicados en los
anteriores términos, incluso si les resultan favorables, son susceptibles de análisis;
no obstante, su mérito dependerá del estudio que se adelante en la sentencia,
conforme a las reglas de la experiencia y de la sana crítica, con observancia del
impacto que el interés directo del deponente puede tener en su objetividad.
62. En el presente asunto, ante la primera instancia38, además de los
interrogatorios de cuatro de los demandantes, se recibieron las declaraciones de
Humberto Peláez Quinayas y Jhon Jairo Arbeláez Soto, quienes indicaron que, en
su calidad de conductores, sin que mediara intervención estatal, fueron objeto de
los cobros alegados en la demanda en relación con el trámite de las tarjetas de
control, durante varios años, incluso en el período analizado en este acápite.
63. En conclusión, las últimas dos personas mencionadas, a pesar de no haber
promovido el proceso, ni solicitado su vinculación con posterioridad39, deben
entenderse como integrantes del grupo afectado por la causa común 40 y, en tal
condición, “los resultados del acuerdo o de la sentencia lo vincularán”, en los
términos del artículo 56 de la Ley 472 de 1998, salvo que hubiesen solicitado su
exclusión, lo que no se encuentra acreditado41. Al respecto, la jurisprudencia ha
precisado:
“La normativa que regula la estructura del proceso permite identificar la
existencia de dos grupos, dentro del mismo. Uno el grupo que promueve la
demanda, otro el grupo afectado.
La distinción entre estos grupos estriba en que el grupo demandante es aquél
integrado por quienes ejercitan el derecho a accionar formulando la demanda a
nombre de todo el grupo afectado, con la advertencia de que la demanda puede
ser presentada por una sola persona o por un grupo de personas, mientras que
cumplan con la condición de pertenecer al grupo afectado.
Al proceso se entienden vinculados no solo los demandantes, sino todos
los integrantes del grupo afectado, cuya representación es ejercida por el
grupo demandante”42 (se destaca).
37 En la audiencia de pruebas del 18 de marzo de 2021, los accionantes coincidieron en precisar que
sus empleadores o los arrendatarios de los vehículos, según el caso, eran los respectivos
propietarios y, a su vez, afiliados a las cooperativas.
38 La Sala reitera que el proceso fue tramitado hasta alegatos de conclusión de primera instancia
por el Juzgado 3° Administrativo del Circuito de Pereira (ver nota No. 1). El archivo de video de la
diligencia obra, bajo el radicado 66001333300320180043100, en:
https://sistemaaudiencias.ramajudicial.gov.co/Grabaciones/public, a nombre del despacho citado.
39 Sobre este punto, el artículo 55 de la Ley 472 de 1998 señala que quienes se consideren afectados
por una causa común podrán hacerse parte del proceso, antes de la apertura de la etapa probatoria.
40 Con fundamento en el parágrafo del artículo 48 ejusdem, que prevé “En la acción de grupo el actor
o quien actúe como demandante, representa a las demás personas que hayan sido afectadas (…)”.
41 Sin perjuicio de que en virtud del literal b) del artículo 56 del cuerpo normativo antes citado, que
prevé: “la persona (…) que no participó en el proceso, demuestre (…) que sus intereses no fueron
representados en forma adecuada por el representante del grupo (…)”.
42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de
octubre de 2005, expediente 41001-23-31-000-2001-00948-01, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.
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Radicación: 66001-23-33-000-2022-00059-02 (70.875)
Demandante: Saúl González Hernández y otros
Demandada: Nación - Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
64. Así las cosas, como, los señores Peláez Quinayas y Jairo Arbeláez Soto son
destinatarios de la sentencia (grupo afectado), sus declaraciones no corresponden
a la de terceros ajenos al proceso, sino que provienen de sujetos con el mismo
interés de quienes presentaron el escrito inicial (grupo actor).
65. Aclarado lo anterior, se precisa que los demandantes que rindieron
interrogatorio de parte ante el juez de primer grado fueron Diego Leandro Salazar
López43, Luis Emilio Ospina Marín44, Ángel María Duque Mesa45 y Saúl González
Hernández46.
43 Compareciente que, en el punto debatido, sostuvo: “Preguntado: ¿En qué periodos trabajó con
esas empresas? (…). Respuesta: Bueno, empecemos con la Consota trabajé en el 2013 (…). Con
Covichoralda trabajé (…) 2015, 2016. Y en la Consota volví en el 2016 también, y del 2017 al 2021,
en la Consota (…). Preguntado: ¿Usted puede informarle al despacho si, como conductor de estas
empresas, de estos vehículos, usted debía efectuar algún pago periódico mensual a esas empresas?
Respuesta: Sí, señor. En Covichoralda cobran un ítem que se llama beneficios complementarios. En
ese momento se pagaban 9 mil pesos, 8.700 y la subieron a 9 mil pesos. Beneficios complementarios
en Taxconsota cobraban mensualmente en la firma del tarjetón $2.000, luego la subieron a $2.700
y (…) antes de la pandemia ya habían quitado el cobro. Preguntado: ¿Usted recuerda que recibían
a cambio o como contraprestación por el pago esa suma? Respuesta: Nada. ¿Cuál era la
consecuencia si usted no pagaba esa suma mensual? Respuesta: No hay firma en la tarjeta de
control, entonces, no tiene uno despacho por las diferentes aplicaciones o medio de comunicación,
radio o teléfono. Preguntado: ¿Cuál era el procedimiento de pago de esta suma de dinero?
Respuesta: Uno hace la fila ahí en (…) el pagador de la empresa. El dueño del carro paga el
rodamiento aparte (…), y al conductor le sacan un recibo que viene a nombre del propietario, ni
siquiera a nombre de uno. En Covichoralda dice beneficios complementarios. Y en Consota dice (…)
comunicaciones. Preguntado: ¿El dinero necesario para pagar ese ese concepto de donde provenía
como lo obtenía? Respuesta: De mi billetera”. En otro aparte precisó que las directrices de la
cooperativa se divulgaban por radio (video de la diligencia 2h:30m:00s). 44 Accionante que, frente al punto objeto de análisis, sostuvo: “Preguntado: ¿(…) Usted ha tenido
alguna vinculación en los últimos 10 años con las empresas Covichoralda, Consota y Cootaxluxor. Respuesta: Sí he tenido vinculación con la Consota y con la Luxor (…) como conductor (…). Le
conduzco el taxi al dueño. Preguntado: Indique si usted como conductor debía efectuar algún pago
a la empresa (…) ¿En qué tiempos? ¿O qué tan frecuente? Respuesta: Mensualmente se pagaba
un recibo por comunicaciones. Se pagaba un recibo por comunicaciones mensualmente: $10.000
(…) a la Luxor. Preguntado: ¿Usted qué recibía a cambio de esa suma de dinero? Respuesta: Pues
se dice que, si no se pagaba esto, no le sellaban tarjetón. Y si no se sellaban tarjetón, pues uno que
iba a trabajar, no había trabajo. Preguntado: ¿Cómo era el procedimiento de pago de eso? Cuéntele
al despacho cómo hacía usted para hacer ese pago. ¿En qué condiciones? Respuesta: Pues de mi
sueldo de lo que me quedaba (…)” (se destaca) (Récord 2h:44m:00s). 45 El declarante señaló: “Preguntado: ¿Con qué empresa ha trabajado usted? Respuesta: Yo trabajé,
mis comienzos fueron con la empresa Primertax, 96 hasta 99, cuatro años, Luego pasé a
Covichoralda, donde trabajé hasta el 2008. Me ausenté un año, donde estuve trabajando con la
Luxor. Luego retorné a Covichoralda (…). Preguntado: Indique si usted, como conductor de esas
empresas, tenía la obligación de pagar alguna suma mensual de dinero, en caso afirmativo, ¿Por
qué concepto? Respuesta: Sí, doctor, yo pagaba lo que se llama el derecho (…) a la sellada del
tarjetón. Entonces nos daban un recibo donde aparecía (…) comunicaciones (…). Luego (…) le
dieron otro nombre, que era (…) otros servicios, (…), ya la palabra ‘comunicaciones’ quedó abolida,
ya que, (…) las comunicaciones las cobraban también en el rodamiento a los patrones. Entonces,
ya no quedaba la cosa bien y ya comenzamos a ver que nos estaban cobrando doble servicio de
comunicaciones” (…). Preguntado: ¿Indique si usted recibió algún beneficio adicional al sellamiento
del tarjetón por esa suma de dinero? Respuesta: No, en ningún momento (…).
Muchos compañeros
que perdieron el trabajo, que tuvieron accidentes (…). Y jamás estas empresas, con ese fondo que
decían que era para eso, que, en parte, era para eso, jamás lo hicieron” (marca de tiempo
2h:56m:00s). 46 Declarante que sostuvo: “Yo hasta hace un año me desempeñé como taxista 25 años continuos
(…). Trabajé más que todo Transconsota y Covichoralda, (…) como conductor asalariado. Preguntado: Indique si en esa condición (…) usted tenía la obligación de pagar alguna suma
periódica o mensual de dinero a la empresa de taxis. Respuesta: Sí, mensualmente por la
refrendación del tarjetón cobraban una cierta cantidad de enero. Últimamente, en estos momentos,
(…) están cobrando $9.500 Covichoralda. Y antes, pues más poco, pero periódicamente, año por
año, iba subiendo la cuota. Preguntado: ¿A usted le expedían algún recibo por ese pago? Y en caso,
¿por qué concepto decía el documento? Respuesta: Pues el recibo nunca decía que era por firmada
16
Radicación: 66001-23-33-000-2022-00059-02 (70.875)
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Demandada: Nación - Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
66. Los comparecientes, frente a los puntos trascendentales para resolver el
cargo de apelación, señalaron:
Ítem Diego Leandro Salazar Luis Emilio Àngel María Saúl González
López Ospina Marín Duque Mesa Hernández
Pagos realizados Covichoralda (en adelante En Cootaluxor, C1: C1: $9.500,
C1): $9.000 (2016) $10.000 mensualmente. No mensualmente, para
Cootaxconsota: 2.000 mensuales indicó monto. la época de la
(2016 diligencia: “Año por
año, iba subiendo la
cuota.”
Concepto “En la firma del tarjetón, en “Mensualmente Mensualmente por
cobrado según el Covichoralda cobran un se pagaba un “derecho a (…) a “Sí, mensualmente
interrogado ítem que se llama recibo por sellada del por la refrendación del
beneficios comunicaciones” tarjetón”. tarjetón cobraban una
complementarios (…). En cierta cantidad de
Taxconsota cobraban (…) dinero”.
en la firma del tarjetón”
Ítem registrado “Comunicaciones” Inicialmente, “nos
en el recibo En C1 “beneficios daban un recibo “Pues el recibo nunca
complementarios” y C2 donde aparecía decía que era por
“comunicaciones” (…) firmada de tarjetón,
comunicaciones porque en eso se veía
(…). Luego (…) le afectada la empresa,
dieron otro nombre, (…) lo maquillaban
que era (…) otros con otros rubros como
servicios, (…), ya la servicios
palabra complementarios (…),
‘comunicaciones’ comunicaciones (…),
quedó abolida, ya papelería etcétera
que, (…) las (…)”.
comunicaciones
las cobraban
también en el
rodamiento a los
patrones.
Entonces, ya no
quedaba la cosa
bien y ya
comenzamos a ver
que nos estaban
cobrando doble
servicio de
comunicaciones”.
Consecuencia “No hay firma en la tarjeta “Si no se pagaba
por no pagar de control, entonces, no esto, no le “Le impedían al
tiene uno despacho, por las sellaban tarjetón. __ conductor laborar.”
aplicaciones (…), radio o Y si no se
teléfono .” sellaban
tarjetón… no iba a
trabajar.”
¿Recibían No No No No
contraprestación?
Servicios Contaban con aplicaciones, __ “Muchos
adicionales radio o teléfono, necesarios compañeros que __
para recibir despachos y __ perdieron el __
para mantener la trabajo, que
tuvieron accidentes
de tarjetón, porque en eso se veía afectada la empresa, (…) lo maquillaban con otros rubros como
servicios complementarios (…), comunicaciones (…), papelería etcétera (…). Cuando usted no
cancelaba esa suma de dinero, era coartada su oficio de taxista, o sea, (…) le impedían al conductor
laborar, desempeñar su labor, porque no cancelaba eso. Entonces, las empresas por eso
maquillaban ese recibo (…). Preguntado: ¿Ustedes, los conductores, recibían algún tipo de beneficio
o contraprestación por ese pago mensual que hacían a las empresas? Respuesta: Nunca, nunca,
nada. De parte de las empresas, los conductores nunca han tenido beneficios. Pregunta: ¿Ustedes
tenían algún club, algún acceso, algún beneficio de capacitaciones o alguna actividad, celebración
de cumpleaños o algo similar? Respuesta: Nada, (…) totalmente nada. El conductor no se beneficia
de las empresas para nada” (grabación 3h:05:10s).
17
Radicación: 66001-23-33-000-2022-00059-02 (70.875)
Demandante: Saúl González Hernández y otros
Demandada: Nación - Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
comunicación con las (…). Y jamás estas
cooperativas empresas, con ese
fondo que decían
que era para eso,
que, en parte, era
para eso, jamás lo
hicieron”.
67. La Sala advierte que las personas citadas47, previa aclaración de que la
expresión “sellar “o “firmar” el tarjetón se refería al trámite de la tarjeta de control,
coincidieron en señalar que: i) mensualmente, y según la cooperativa, en su
condición de conductores, debían asumir pagos entre $2.000 y $10.000; ii) los
cuales tenían lugar durante las diligencias requeridas para obtener el citado
documento; y iii) con el propósito de sufragar su costo; sin embargo, las empresas
de transporte encubrían su verdadera finalidad. Los señores Humberto Peláez
Quinayas48 y Jhon Jairo Arbeláez Soto49 se pronunciaron en similares términos.
68. No obstante, el señor Luis Emilio Ospina Marín, frente al punto iii), indicó
una situación distinta, según la cual el recaudo hecho por Cootaxluxor obedecía a
los servicios de comunicaciones, sin señalar que la realidad material era diferente.
Estas afirmaciones dejan en entredicho la afectación alegada, que, como se explicó,
se sustentó en el cobro de una constancia que, por disposición legal, debía ser
gratuita.
47 La Sala precisa que los declarantes en la audiencia de pruebas narraron las particularidades de
su condición de conductores, aunado que los recibos aportados contienen información que permite
identificarlos como tales, como es el caso de registrase su nombre como pagador o beneficiario
(archivo 3 del expediente digital).
48 El declarante indicó: “Yo en Covichoralda llevo aproximadamente 12 años (…). A nosotros nos
cobran por la sellada del tarjetón 10 mil pesos. Eso empezó a cobrarse 2 mil pesos hace unos 15,
20 años, y ahora va en 10 mil pesos. Eso lo cobra Covichoralda. (…). Los recibos salen a nombre
del patrón y no a nombre de nosotros y supuestamente nosotros pagamos del bolsillo de nosotros
(…). Preguntado: ¿Sabe cuál era el destino que le daban a esas sumas de dinero o en que lo invertía
la empresa? Respuesta: No, únicamente decían que había que pagar esos diez, que porque eso era
para ayudarnos a nosotros los conductores. Y eso nunca pasó (…). [Ayudarnos] en lo que nos
pasara. Un accidente o nos quedáramos sin trabajo o reuniones sociales y eso nunca sucedió.
Preguntado: ¿Ustedes tenían, por pagar esa suma mensual, tenían algún privilegio, algún estatus
social, algún club, algún beneficio recreacional, lúdico? Respuesta: Ninguno. (…) Que eso era para
beneficio de nosotros mismos Que para ayudarnos cuando teníamos un accidente Que para
recreación y todo eso, y eso nunca sucedió (…). Preguntado: ¿Qué decía en el recibo? Respuesta:
Servicios complementarios (…)” (récord 1h:01m:10s).
49 Al respecto, sostuvo: “Desde el del 2009 para acá he estado en Covichoralda. Preguntado: ¿A
usted le cobraron algún valor por la tarjeta de control o el tarjetón que llaman? Respuesta: Sí, eso
mensualmente hay que pagar, para que le renueven a uno, si uno paga no lo renuevan, no puede
trabajar el mes siguiente (…) Actualmente estamos pagando 10 mil, pero desde que empezamos a
pagar eso ha ido subiendo gradualmente cada año (…). Recibía el comprobante de pago, salía
servicios complementarios y comunicaciones, que, supuestamente lo paga el dueño (…) y a nosotros
nos estaban cobrando por otro lado también (…). Preguntado: ¿La compañía... (…) intervenía en
esa relación entre usted y el dueño del carro? Respuesta: No eso solamente (…) frente al dueño y
el conductor (…). A la empresa solamente ir a refrendar el tarjetón (…) o apagar la mensualidad del
carro. Cuando no va al patrón, lo mandan a uno a hacer la diligencia, que es ahí donde me di cuenta
de que a él también le están cobrando comunicaciones en la mensualidad que paga él. Y nosotros
que pagamos la refrendación de la tarjeta, también le ponen al recibo comunicaciones (…).
Preguntado: ¿Qué pasa si no paga esos 10 mil pesos? Respuesta: No le sellan el tarjetón y no tiene
despacho por el teléfono. (…) Pregunta: ¿Ustedes tienen algún sistema de comunicación (…)?
Preguntado: Pues el radioteléfono. Preguntado: ¿Quién paga ese radioteléfono? Respuesta:
Supuestamente el patrón paga comunicaciones y a nosotros lo que pagamos los 10.000 para la
renovación del tarjetón también le están poniendo comunicaciones” (marca de tiempo1h:26m:35s).
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Radicación: 66001-23-33-000-2022-00059-02 (70.875)
Demandante: Saúl González Hernández y otros
Demandada: Nación - Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
69. En cuanto a las otras dos empresas, la Sala advierte ambigüedad respecto
de la verdadera naturaleza de los cobros asumidos por los conductores, sin que sea
claro si correspondían a la tarjeta objeto de discusión o a otros conceptos, que,
aunque eran exigidos para su entrega, no constituían un cobro directo por su
expedición.
70. En efecto, aunque inicialmente los declarantes negaron la existencia de
alguna contraprestación, luego, reconocieron ciertos beneficios incluidos en los
ítems registrados en los recibos aportados. En el caso de Cootaxconsota, Diego
Leandro Salazar López50 manifestó que, a título de medios comunicación, contaban
con una aplicación y radioteléfono, mecanismos que también tenía Covichoralda,
según lo indicado por Humberto Peláez Quinayas y Jhon Jairo Arbeláez Soto, sin
perjuicio de las inquietudes planteadas por él frente a la financiación de este ítem,
dada la facturación tanto al conductor como al propietario del vehículo,
particularidad que también referenció Ángel María Duque Mesa.
71. Además, tratándose de la última cooperativa citada, el aludido señor Duque
Mesa señaló que parte de los recursos que se desembolsaban en la oportunidad
analizada se destinaban a un fondo de contingencias, que, finalmente, no brindaba
ningún apoyo. En concordancia, el deponente Peláez Quinayas argumentó que les
pedían el dinero bajo el argumento de que eran “para ayudarnos a nosotros los
conductores (…) en lo que nos pasara: un accidente o nos quedáramos sin trabajo
o reuniones sociales, [pero] eso nunca sucedió”.
72. Así las cosas, lo explicado por Saúl González Hernández en cuanto a la
carencia de medidas complementarias por parte de Covichoralda, queda en
discusión, dadas las versiones que sugieren un panorama disímil.
73. En suma, no está probado suficientemente que las erogaciones causadas
carecieran de cualquier objeto o causa y que, por ende, fueran imputables al
otorgamiento de las tarjetas de control. Por el contrario, obran algunos elementos
indicativos de su relación con otros aspectos, cuyas eventuales falencias son ajenas
a este proceso, tales como las relativas al incumplimiento de la función para la cual
fue creado el fondo de contingencias, o el sujeto quien debía asumir en su integridad
lo atinente a las comunicaciones, o si era un costo compartido entre el propietario
del taxi y la persona encargada de operarlo.
74. Como consecuencia, no se acreditó con el grado de certidumbre probatoria
exigido para las acciones indemnizatorias que el daño invocado (consistente en las
erogaciones supuestamente realizadas por el trámite debatido) se hubiera
configurado de manera indubitable. La ambigüedad presente en las propias
declaraciones de los interesados, respecto de la efectiva recepción de otros
servicios asociados al pago, impide alcanzar el convencimiento requerido, de ahí
que hubiese acertado el a quo al concluir que no era posible constatar la existencia
de la afectación alegada.
50 El accionante indicó que estaba allí desde 2016. En concordancia en el archivo digital 3 obran
recibos de tal organización en las que él aparece relacionado (archivo 3 digital)
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Radicación: 66001-23-33-000-2022-00059-02 (70.875)
Demandante: Saúl González Hernández y otros
Demandada: Nación - Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
75. En todo caso, al margen de que los actores hubiesen realizado o no
desembolsos por dicho documento a Cootaxconsota, Cootaxluxor y Covichoralda,
lo cierto es que no se advierte conexidad entre el supuesto daño y las funciones
cuya omisión se reprocha a las entidades accionadas. En efecto, además de que
solo obran pruebas que acreditarían el eventual conocimiento por parte de las
demandadas con posterioridad a enero de 2018, las facultades sancionatorias
aplicables en la materia no constituyen un mecanismo para resolver controversias
entre particulares, ni tienen por objeto restituir pagos indebidos realizados en el
marco de las relaciones existentes entre la empresa de transporte, el propietario
afiliado y el conductor designado.
76. Su finalidad es estrictamente correctiva, orientada a garantizar el
cumplimiento del orden normativo y a preservar el interés general, sin que, se
insiste, puedan extenderse a la resolución de disputas patrimoniales derivadas de
las dinámicas contractuales o asociativas propias de las cooperativas involucradas
y sus integrantes. Así, incluso en un escenario hipotético de acreditación del
detrimento, no sería procedente imputar responsabilidad a las entidades públicas
demandadas, por ausencia de vínculo funcional con el daño alegado.
La falta de pronunciamiento sobre las falencias en la práctica de los exámenes
psicosensométricos
77. El proceso de la referencia fue promovido, entre otros fines, para obtener
una indemnización por el hecho de que las empresas a través de las cuales los
accionantes prestaban el servicio de transporte público les exigieran un concepto
médico anual que debían pagar a un tercero, y en cuya práctica se presentaban
diversas irregularidades, a saber: no se permitía escoger el centro de
reconocimiento, no se expedía constancia de pago y tampoco se entregaba copia
de los resultados obtenidos.
78. El a quo concluyó que dicho requisito se encontraba ajustado al
ordenamiento, pues era una medida de seguridad válida, orientada a verificar la
idoneidad física, mental y motriz de quienes conducían los vehículos afiliados, de
ahí que no se estructurara un cobro irregular. Argumentación que resultó suficiente
para negar lo pedido, sin que la parte actora formulara cuestionamientos.
79. A juicio de la Sala, la decisión apelada debe confirmarse en este punto, al
margen de que no se analizaran de forma expresa las demás falencias invocadas
en la demanda, pues el Tribunal resolvió el asunto en función del daño concreto que
se pidió reparar: el supuesto detrimento derivado del pago del examen, el cual no
se configuró, por tratarse de una exigencia legal. En todo caso, no obra en el
expediente prueba alguna que acredite que los actores sufrieron una afectación
como consecuencia directa de los términos en los que fue tramitada la valoración.
No basta con enunciar una supuesta irregularidad, sino que corresponde acreditar
que dicha actuación generó un daño cierto, lo cual no ocurrió en este caso y ello
resulta suficiente para negar el cargo, sin consideraciones adicionales.
80. En calidad de corolario, la Sala modificará la sentencia de primera instancia,
en cuanto al período de configuración de la caducidad parcial declarada, y
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Radicación: 66001-23-33-000-2022-00059-02 (70.875)
Demandante: Saúl González Hernández y otros
Demandada: Nación - Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
confirmará la denegatoria de las pretensiones por ausencia de daño bajo las
motivaciones expresadas ut supra.
Costas
81. De conformidad con los artículos 65.5 de la Ley 472 de 1998 51, 188 de la
Ley 1437 de 201152, y 365.3 del CGP, se condenará en costas por la segunda
instancia a los accionantes, en atención a su interés, en favor de las demandadas y
de los sujetos vinculados, en partes iguales. En concordancia, atendiendo la
duración de esta instancia53 y los deberes de vigilancia que ello implicó54, la
Subsección fija por agencias en derecho 1 smlmv55. Esta decisión no se extiende a
los señores Humberto Peláez Quinayas y Jhon Jairo Arbeláez Soto, pues, al margen
de integrar el grupo de destinatarios de la decisión, lo cierto es que no promovieron
el proceso de la referencia.
82. La proporción en la que los actores deben asumir las costas, según el artículo
365.6 del CGP56, en concordancia con la suma (monto) que cada uno pidió en la
demanda, corresponde a la siguiente:
Demandante Monto Porcentaje
solicitado
1. Saúl González Hernández $995.800 20.8
2. Ángel María Duque Mesa $985.800 20.6
3. Diego Leandro Salazar López $472.900 9.9
4. Héctor Geovanny López Zamora $476.800 10
5. Luis Emilio Ospina Marín $843.100 17.6
6. Óscar Duarte Rivera $1’016.00 21.1
51 Que señala que la sentencia dispondrá sobre: “La liquidación de las costas a cargo de la parte
vencida, teniendo en cuenta las expensas necesarias para la publicación del extracto de la
sentencia”.
52 Adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, el cual entró a regir con anterioridad a la
interposición del recurso de apelación de la referencia. En asuntos como el presente, el magistrado
ponente estima que, para condenar en costas a la demandante (no así a la demandada vencida),
debe acudirse a un criterio subjetivo, en aplicación del mandato incorporado -con la Ley 2080 de
2021- en el artículo 188 del CPACA, conforme al cual en todos los casos (salvo en litigios
relacionados con grave violación de derechos humanos, donde no procede, o en las actuaciones
gobernadas con reglas especiales, como en recursos extraordinarios) corresponde comprobarse si
la demanda careció manifiestamente de fundamento legal. Sin embargo, también reconoce que no
es una interpretación pacífica, por lo que -hasta tanto la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
no unifique la subregla- acogerá la actual posición mayoritaria de la Sección Tercera, que se inclina
por mantener la aplicación del elemento objetivo.
53 El numeral 4 del artículo 366 del CGP señala: “4. Para la fijación de agencias en derecho deberán
aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen
solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad
y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía
del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.
54 Criterio aplicado por esta Sala en otros asuntos: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de febrero de 2025, expediente
69.364, M.P. Fernando Alexei Fernando Flórez.
55 Según las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PSAA16-10554
de 2016.
56 “Artículo 365 (…) 6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez
los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se
entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos”.
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Radicación: 66001-23-33-000-2022-00059-02 (70.875)
Demandante: Saúl González Hernández y otros
Demandada: Nación - Ministerio de Transporte y otros
Referencia: Reparación de los perjuicios causados a un grupo
83. El a quo liquidará los montos a pagar, según lo previsto en el artículo 366
del CGP57.
84. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la parte resolutiva de la sentencia del 25 de mayo de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, de conformidad con las
razones expuestas en esta providencia, la cual quedará así:
1. DECLARAR la caducidad de la acción de grupo, en relación con lo ocurrido
con anterioridad a los dos años previos la presentación de la demanda.
2. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
3. Sin costas en primera instancia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas por la segunda instancia a los
accionantes, en proporción a su interés, según lo establecido en el artículo
365.5 del CGP, en favor de las demandadas y vinculadas, en partes iguales.
Fijar como agencias en derecho 1 smlmv a la fecha de ejecutoria de la
presente providencia. La liquidación correspondiente la adelantará el a quo,
según lo previsto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
TERCERO: A través de la Secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación,
ejecutoriada la presente providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
57 “Artículo 366. Las cosas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas […]”.
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