Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2016-00887-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2016-00887-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-41-000-2016-00887-02
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
17 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: REPARACIÓN DE PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
Radicación: 25000234100020160088702 (68378)
Demandante: REYNALDO RAMÍREZ ESCOBAR Y OTROS
Demandado: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES DE
COLOMBIA Y OTROS
Tema: Procedencia del medio de control de reparación de perjuicios
causados a un grupo en asuntos laborales en vigencia del
CPACA. Indebida conformación del grupo porque el asunto no
se puede resolver de forma colectiva. Condena en costas en el
trámite de segunda instancia.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra
la sentencia del 14 de mayo de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 15 de enero de 1996, el Gobierno Nacional profirió el Decreto 107 “Por el cual se
fijan los sueldos básicos para el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas
Militares, Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional, Personal del Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional y Empleados Públicos del Ministerio de Defensa,
las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, se establecen bonificaciones para
Alféreces, Guardiamarinas, Pilotines, Grumetes y Soldados, se modifican las
comisiones y se dictan otras disposiciones en materia salarial”. El grupo accionante
considera que, en su condición de miembros retirados de la fuerza pública, las
entidades demandadas omitieron aplicar a sus asignaciones de retiro la nivelación
salarial contenida en el mencionado decreto, lo que les ocasionó un detrimento
patrimonial.
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Radicado: 25000234100020160088702 (68378)
Demandante: Reynaldo Ramírez Escobar y otros
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 20 de abril de 20161, Mesías Reyes Funquen y otros2, mediante apoderado
judicial y en ejercicio del medio de control de reparación de perjuicios causados a
un grupo, presentaron demanda en contra de la Nación – Ministerio de Hacienda,
Ministerio de Defensa, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (en adelante
CREMIL) y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (en adelante
CASUR), con el fin de que se les declare administrativamente responsables por los
daños causados por la omisión de aplicar la nivelación salarial prevista en el Decreto
107 del 15 de enero de 1996 (en adelante Decreto 107 de 1996), a los miembros
retirados de la Fuerza Pública.
Las pretensiones de condena formuladas en el escrito de la demanda fueron las
siguientes:
i) El extremo activo solicita condenar a las entidades demandadas a pagarle
las siguientes sumas de dinero, que corresponden, a su juicio, a lo que se les
debió reconocer si se les hubiera aplicado la nivelación salarial contenida en el
Decreto 107 de 1996 a sus asignaciones de retiro3:
1 Fl. 1 a 21, C.1. Fl. 266 y 267, C. 2. (Subsanación de la demanda).
2 Mesías Reyes Funquen, Eduardo Orduz Quintero, Alirio Carvajal Reyes, Ángel Rafael Molano
Inocencio, Alirio Mosquera Romero, Jorge Eliecer Perdomo Rojas, Jorge Luis Hurtado Salas,
Fernando Patiño Piraquive, Gustavo Mosquera Bustos, José Ricardo Lombana Romero, Hugo Ariza
García, José Arístides Pérez Bautista, Reynaldo Ramírez Escobar, Luis Eduardo Fontecha
Hernández, Luz Stella Mendivelso de García, Astrith Elena Palacios Henríquez, Eduardo Sevilla
Hurtado, José Ezequiel Mora Roa, Manolo Pulido Rodríguez, Luis Enrique Hernández López, Mauro
Antonio Parra Torres, María del Carmen Poveda de Lozano, Miguel Antonio Martínez Arias, Gustavo
de Jesús Villada, Luis Antonio González Vásquez, Zoraida Araque de García, Carlos Guzmán
Moncada, Pedro Pablo Castillo Tamayo, Gerardo Bonilla Trujillo, Carlos Arturo Barrera, Manuel
Salvador Martínez Rincón, Heli Quiroga Ruiz, José Vicente Romero Ropero, Celiano Vega Rivera,
Eduardo Franco Morales, Bárbara Santofimio Vda. De Martín, Francisco Luis Rodríguez, José
Epaminondas Gama Vargas, Pedro Elías Galvis Hernández, Ángel Tomás Betancourt Piedrahita,
Federico Portillo, José Agustín Torres, Sorida Margoth Charris Fruto, Aquilino Alfonso Calderón
Bojacá, Elías Quiroga Martínez, Jeimmy Andrés Bastidas Coronel, Luis Alfonso Montaña Lozano,
Evelio Alape Conde, Elsa Lucila Zuleta de Fuentes, Pedro Emilio Pinto Rivera, Jaime Esteban Suárez
Peña y Hernán Benítez
3 La pretensión es transcrita incluso con errores, sobre el particular, la Sala advierte que la relación
de integrantes del grupo presenta inconsistencias, en tanto incorpora personas que no forman parte
del presente proceso y excluye otras que sí comparecen como integrantes del grupo demandante.
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Radicado: 25000234100020160088702 (68378)
Demandante: Reynaldo Ramírez Escobar y otros
Sargento Mayor
1 Hugo Ariza García
2 Pedro Elías Galvis Hernández
3 Ángel Rafael Molano Inocencio
4 Gerardo Bonilla Trujillo
5 José Vicente Romero Ropero $660.587.400
6 Bárbara Santofimio Vda. De Martín
7 Sorida Margoth Charris Fruto
8 Hernán Benítez
Sargento primero
1 Mesías Reyes Funquen
2 Eduardo Orduz Quintero
3 Alirio Reyes Carvajal
4 Jorge Eliecer Perdomo Rojas
5 Jorge Luis Hurtado Salas
6 Fernando Patiño Piraquive
7 Gustavo Mosquera Bustos
8 José Ricardo Lombana Romero
9 José Arístides Pérez Bautista
10 Manolo Pulido Rodríguez
11 Mauro Antonio Parra Torres
12 Carlos Guzmán Moncada
$1.808.930.040
13 José Epaminondas Gama Vargas
14 Reinaldo Ramírez Escobar
15 Luz Stella Mendivelso de García
16 José Ezequiel Mora Roa
17 Miguel Antonio Martínez Arias
18 Carlos Arturo Barrera
19 Manuel Salvador Martínez Rincón
20 Eduardo Franco Morales
21 Ángel Tomás Betancourt Piedrahita
22 Evelio Alape Conde
23 Luis Alfonso Montaña Lozano
24 Jeimmy Andrés Bastidas Coronel
25 Elías Quiroga Martínez
26 Aquilino Alfonso Calderón Bojacá
27 Pedro Emilio Pinto Rivera
28 Jaime Esteban Suárez Peña
Sargento viceprimero
1 Eduardo Sevilla Hurtado
2 Luis Enrique Hernández López
3 Gustavo de Jesús Villada
4 José Agustín Torres
4
Radicado: 25000234100020160088702 (68378)
Demandante: Reynaldo Ramírez Escobar y otros
5 Luis Eduardo Fontecha Hernández
6 Astrith Elena Palacios Henríquez
7 María del Carmen Poveda de Lozano $836.871.750
8 Zoraida Araque de García
9 Pedro Pablo Castillo Tamayo
10 Heli Quiroga Ruiz
11 Celiano Vega Rivera
12 Francisco Luis Rodríguez
13 Elsa Lucila Zuleta de Fuentes
14 José Agustín Torres
Sargento segundo
1 Luis Antonio González Vásquez
2 Federico Portillo $127.590.000
Teniente
1 Reinaldo Jaramillo Osorio $95.158.800
En apoyo de las pretensiones, el grupo demandante afirma que a los miembros
retirados de las Fuerzas Militares no se les reconoció la nivelación salarial prevista
en el Decreto 107 de 19964, pues únicamente recibieron la denominada prima de
actualización entre los años 1992 y 1995. Agrega que, aunque las certificaciones
de haberes reflejan incrementos salariales derivados de dicha prima, de la prima de
actividad y de reliquidaciones posteriores, en ninguna de ellas consta el incremento
porcentual establecido por el citado decreto. Por ello, concluye que la nivelación
salarial solo se materializó para algunos oficiales, mas no para los suboficiales ni
para el personal retirado.
El grupo demandante considera que las demandadas son administrativamente
responsables por el daño consistente en el detrimento patrimonial causado como
consecuencia del desconocimiento del derecho a la nivelación salarial. A su juicio,
dicha omisión vulneró los derechos económicos de los miembros de la Fuerza
Pública en uso de buen retiro.
4 “Por el cual se fijan los sueldos básicos para el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas
Militares, Oficiales, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional, Personal del Nivel Ejecutivo de la
Policía Nacional y Empleados Públicos del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional, se establecen bonificaciones para Alféreces, Guardiamarinas, Pilotines, Grumetes y
Soldados, se modifican las comisiones y se dictan otras disposiciones en materia salarial”.
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Demandante: Reynaldo Ramírez Escobar y otros
2. Contestación
El 30 de noviembre de 20165, el Consejo de Estado admitió la demanda. Luego, el
9 de febrero de 20176, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó su
notificación a las demandadas y al Ministerio Público.
2.1. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público7 se opuso a las pretensiones de la
demanda y solicitó su desvinculación del proceso, al considerar que no existe
relación causal entre su actuación u omisión y el supuesto desconocimiento de la
nivelación salarial prevista en el Decreto 107 de 1996. Sostuvo que la competencia
para la aplicación y efectividad de dicho decreto corresponde exclusivamente al
Ministerio de Defensa, entidad que representa a la Nación en esta controversia y
tiene a su cargo el reconocimiento de los derechos allí consagrados.
Asimismo, alegó la improcedencia de la “acción de grupo”, por cuanto esta tiene
como finalidad exclusiva el reconocimiento y pago de perjuicios, mientras que en el
presente caso lo que realmente se pretende es el reconocimiento y pago de un
derecho principal, consistente en la nivelación salarial prevista en el Decreto 107 de
1996. En ese sentido, afirmó que la vía judicial idónea sería la acción de
cumplimiento, dado que se busca la aplicación de un acto administrativo y no la
reparación de perjuicios derivados de su incumplimiento.
De igual forma, señaló que el medio de control se encuentra caducado, toda vez
que, conforme al artículo 47 de la Ley 472 de 1998, debía interponerse dentro de
los dos años siguientes a la ocurrencia del daño o al cese de la conducta
vulneradora. Indicó que, al haberse identificado como hecho vulnerador la supuesta
5 Fl. 136 a 139, C.1. Mediante auto del 12 de mayo de 2016 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca rechazó la demanda por falta de jurisdicción, al considerar que el asunto recaía sobre
aspectos laborales que no corresponden a la acción de grupo (fl. 117 a 123, C. 1). Por auto del 30
de noviembre de 2016, la Subsección C, Sección Tercera del Consejo de Estado, revocó la referida
decisión y admitió el medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, por
considerar que “las pretensiones de la demanda están encaminadas a que se les reconozcan unos
supuestos perjuicios ocasionados al grupo actor por la omisión de las demandadas al no aplicar el
Decreto 107 de 1996 a los miembros del grupo, la cual no es una pretensión de carácter
prestacional”.
6 Fl. 142 a 145, C.1.
7 Fl. 162 a 170, C.1.
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Demandante: Reynaldo Ramírez Escobar y otros
inaplicación del Decreto 107 de 1996, el término de caducidad debía contarse desde
su publicación, razón por la cual el derecho de acción expiró el 16 de enero de 1998.
Finalmente, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público propuso las excepciones de
“caducidad de la acción” y “falta de legitimación en la causa por pasiva”.
2.2. CASUR8 se opuso a las pretensiones de la demanda, al efecto, explicó que el
régimen de asignaciones de retiro de la fuerza pública es de naturaleza especial y
que la competencia para fijar y reajustar salarios, pensiones y asignaciones de retiro
corresponde exclusivamente al Gobierno Nacional a través de los decretos
expedidos para tal fin. En consecuencia, señaló que esa entidad se limita a aplicar
la normatividad vigente y carece de facultades para modificar o reajustar dichas
prestaciones por iniciativa propia.
Asimismo, alegó la improcedencia del medio de control de reparación de perjuicios
causados a un grupo, la falta de agotamiento de la reclamación administrativa y la
falta de fundamento legal de las pretensiones. Sostuvo que lo pretendido
corresponde en realidad al reajuste de una prestación periódica y al reintegro de
sumas presuntamente descontadas, controversia que debe tramitarse mediante el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Añadió que no se
acreditó el cumplimiento de los requisitos previos de procedibilidad frente a las
entidades públicas demandadas.
2.3. CREMIL9 se opuso a las pretensiones de la demanda. Señaló que es un
establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Defensa,
encargado de reconocer y pagar asignaciones de retiro y sustituciones pensionales
conforme al régimen especial de la Fuerza Pública.
Sostuvo que el medio de control de reparación de perjuicios a un grupo tiene una
naturaleza eminentemente indemnizatoria, sin que comprenda el reconocimiento o
declaración de derechos laborales. Advirtió que, en el caso concreto, las
pretensiones están dirigidas al reconocimiento y pago de acreencias laborales
8 Fl. 232 a 238, C.1.
9 Fl. 1 a 23, C. 2.
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Demandante: Reynaldo Ramírez Escobar y otros
derivadas de una prestación de naturaleza salarial, cuya procedencia requiere
determinar previamente la existencia de un derecho laboral cierto e indiscutible en
cabeza de los demandantes. Dicho análisis implica adelantar un estudio normativo
y fáctico para establecer si les asiste razón en lo reclamado, cuestión ajena al objeto
y alcance de este medio de control. Por ello, solicitó que el juez se declarara inhibido
para resolver de fondo la controversia, por carecer de competencia para
pronunciarse sobre el reconocimiento de derechos de naturaleza laboral en este
escenario procesal.
Afirmó que los demandantes no agotaron la vía gubernativa ante CREMIL respecto
de las pretensiones objeto del proceso, pese a que existía una controversia
administrativa relacionada con la prima de actualización y su reajuste posterior al
año 1996. Argumentó, que lo solicitado en la demanda excedía el ámbito del medio
de control de reparación de perjuicios causados a un grupo y correspondía, en
realidad, a una pretensión propia del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, para cuya procedencia era indispensable una reclamación
administrativa previa y una decisión expresa de la administración sobre el asunto
discutido.
Indicó que, tratándose de una controversia derivada de actos administrativos
mediante los cuales se negó el reconocimiento de la prima de actualización, el
término aplicable era el de cuatro meses contados desde la notificación del
respectivo acto. Agregó que, incluso si se aplicara el término general de dos años
previsto para el medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo,
la demanda resultaría igualmente caducada.
De otro lado, precisó que la prima de nivelación no implicó un incremento autónomo
del sueldo básico, sino una prima temporal reconocida con fines de nivelación
salarial, cuyos porcentajes fueron incorporados progresivamente a dicho rubro en
los años siguientes. Señaló que, una vez culminado ese proceso de incorporación
y alcanzada la escala gradual porcentual establecida por el Gobierno Nacional, la
prima perdió vigencia y dejó de existir como concepto independiente.
2.4. El Ministerio de Defensa guardó silencio.
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Radicado: 25000234100020160088702 (68378)
Demandante: Reynaldo Ramírez Escobar y otros
3. Alegatos de conclusión en primera instancia
El 29 de agosto de 201710 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
3.1. La parte demandante11, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público12,
CREMIL13 y CASUR14 reiteraron los argumentos expuestos en el escrito de la
demanda y en la contestación de esta, respectivamente.
3.2. El Ministerio de Defensa15 solicitó negar las pretensiones de la demanda, por
cuanto la parte demandante no probó que el incremento salarial del Decreto 107 de
1996 hubiera dejado de aplicarse, especialmente si se tiene en cuenta que venía
reconociéndose la prima de actualización. Agregó que tampoco se acreditó el daño
alegado.
3.3. El Ministerio Público16 rindió concepto en el que solicitó negar las pretensiones
de la demanda, por considerar que el medio de control de reparación de perjuicios
causados a un grupo no es procedente en el asunto sub examine. Indicó que los
demandantes reprochan que las entidades demandadas no efectuaron la nivelación
salarial prevista en el Decreto 107 de 1996, circunstancia de la cual derivan un
perjuicio individual; no obstante, la suma reclamada correspondería a la nivelación
salarial que debió reconocerse a cada demandante según el salario devengado al
momento de la vigencia de la norma, esto es, al pago de un derecho prestacional y
no a una indemnización de perjuicios.
Concluyó que la pretensión está orientada al reconocimiento de una prestación
salarial temporal que, a juicio del grupo, no fue aplicada durante la vigencia de la
norma, y no a la reparación de un daño. Destacó que, la nivelación salarial
pretendida tiene carácter retributivo y forma parte de las prestaciones periódicas de
10 Fl. 278 a 283, C.1.
11 Fl. 296 a 297, C.1.
12 Fl. 291 a 295, C.2.
13 Fl. 298 a 307, C.1
14 Fl. 332 a 336, C.1.
15 Fl. 308 a 331, C.1.
16 Fl. 337 a 339, C. 1.
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Demandante: Reynaldo Ramírez Escobar y otros
los integrantes del grupo, por lo que acceder a lo solicitado implicaría transformar
una prestación laboral periódica en una indemnización.
4. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 14 de mayo de 202017, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, al no acreditarse la existencia
del daño alegado. De hecho, precisó que el daño invocado consiste en la omisión
de aplicación del Decreto 107 de 1996, situación distinta a una aplicación indebida,
caso este último que requeriría un juicio de legalidad sobre actos administrativos
concretos.
Indicó que el Decreto 107 de 1996 no distingue entre salario básico y prima de
actualización, sino que tiene como finalidad materializar la nivelación salarial al
interior de la Fuerza Pública conforme al grado de sus integrantes. Explicó que la
nivelación salarial constituye un mecanismo para corregir desigualdades
remuneratorias, el cual se implementó mediante la prima de actualización, de
carácter temporal, situación que quedó superada con la expedición de dicho
decreto. Agregó que quienes reclamaron oportunamente diferencias derivadas de
una liquidación indebida obtuvieron su reconocimiento por las vías judiciales
correspondientes.
Asimismo, destacó que la Ley 4 de 1992 ordenó la nivelación salarial del personal
activo y retirado de la Fuerza Pública entre los años 1993 y 1996, mandato que fue
cumplido mediante el Decreto 107 de 1996, por lo que, consideró contradictoria la
afirmación de los demandantes en el sentido de que, como consecuencia de dicha
nivelación, se les adeudan automáticamente sumas de dinero.
Al efecto, sostuvo que: “[…] Para determinar la existencia del daño no basta con
afirmar que le deben una suma de dinero. Sino que debe existir una ley clara que
reconozca el valor y que se hubiese omitido el pago. Sin embargo, no es posible
escindir la valoración del reconocimiento del derecho laboral con la pretensión
17 Fl. 461 a 484, C.P.
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Demandante: Reynaldo Ramírez Escobar y otros
indemnizatoria. La indemnización surge del incumplimiento de una carga laboral, y
al juez de la acción de grupo le está vedado pronunciarse sobre el reconocimiento
de derechos laborales individuales. Simplemente se afirma que no se ha realizado
la nivelación salarial, cuando claramente encontramos que el Decreto 107 de 1996
lo que hace es realizar el reconocimiento de la nivelación salarial. (…) En el caso
sometido a examen, encontramos que el daño, para ser indemnizado, debe partir
de un presupuesto. Que los demandantes tenían un derecho laboral que no fue
reconocido. Pero no basta la afirmación. Debió demostrarse ese hecho y no lo
hicieron, incumplimiento (sic) con la carga probatoria. (…) Reclama el demandante
que no se ha dado aplicación al Decreto 107 de 1996. Por el contrario, las
autoridades demandadas han indicado que (1) la remuneración se hace en forma
estricta, en los términos ordenados por el Decreto 107 de 1996; y (2) no es posible,
por estar prohibido, modificar el régimen salarial y prestacional de los servidores
públicos, al punto de (sic) todo reconocimiento adicional carece de efectos jurídicos.
(…) Para la Sala, tal como se ha acreditado en la presente providencia, la nivelación
salarial reconocida por el artículo 13 de la Ley 4 de 1992 se concretó con la
expedición del Decreto 107 de 1996, que se ha aplicado por la autoridad
demandada, dentro del marco señalado en su contenido, sin que sea posible
realizar reconocimiento adicional alguno. La discusión de la legalidad del Decreto
107 de 1996 no es objeto de la presente acción de grupo. La liquidación individual
para cada concreto (sic) de la remuneración con base en el Decreto 107 de 1996,
constituye una labor propia del juez laboral contencioso administrativo, a través de
acciones individuales de nulidad y restablecimiento del derecho. La reclamación que
se hace en la presente demanda, si bien no tiene connotación laboral, parte del
supuesto de que lo anterior está debidamente probado, y ese propósito no se ha
cumplido. Por lo tanto, no existe prueba de la omisión del cumplimiento del Decreto
107 de 1994 (sic) […].”
Finalmente, el Tribunal con fundamento en el numeral 1° del artículo 365 del Código
General del Proceso, condenó en costas a la parte demandante.
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5. Recurso de apelación
El 2 de julio de 202018, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual
fue concedido el 16 de marzo de 202119 y admitido el 13 de mayo de 202220.
5.1. El extremo activo21 solicitó revocar la sentencia de primera instancia. En
sustento de su solicitud, indicó que no es cierto, como lo afirmó el a quo, que la
demanda no contenga pretensiones, pues estas son claras: “que se reconozca y
pague a mis representados los valores adeudados conforme a los porcentajes
establecidos en el Decreto 107 de 1996”.
Sostuvo que el incumplimiento del Decreto 107 de 1996 se acreditó plenamente
mediante las certificaciones de haberes aportadas al proceso, las cuales evidencian
que no se efectuó el reconocimiento y pago de los porcentajes correspondientes a
dicha nivelación.
Manifestó que la pretensión formulada no busca modificar el régimen salarial o
prestacional ni obtener reconocimientos salariales adicionales, sino la
indemnización derivada de la omisión de las entidades demandadas en reconocer
y pagar la nivelación salarial ordenada por el Decreto 107 de 1996.
Afirmó que las pretensiones no se encuentran prescritas ni el medio de control
caducado, en tanto se trata de derechos laborales de tracto sucesivo que se reflejan
en pagos periódicos, por lo que el incumplimiento se mantiene en el tiempo.
Finalmente, cuestionó la condena en costas impuesta en primera instancia, por
considerar que no actuó con temeridad o mala fe y que acudió a la jurisdicción con
fundamento en pruebas que, a su juicio, demuestran el incumplimiento de las
entidades demandadas en la aplicación de una ley.
18 Fl. 486, C.P.
19 Fl. 503, C.P.
20 Fl. 544, C.P.
21 Fl. 487 a 490, C.P.
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Radicado: 25000234100020160088702 (68378)
Demandante: Reynaldo Ramírez Escobar y otros
6. Alegatos de conclusión en segunda instancia
El 1 de julio de 202222 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
6.1. La parte demandante23 y el Ministerio de Defensa24 reiteraron los argumentos
expuestos en el recurso de apelación y en el trámite de la primera instancia,
respectivamente.
6.2. El Ministerio Público25 rindió concepto en el que solicitó declarar infundado el
recurso de apelación presentado por la parte demandante, sin perjuicio de que se
revisara la condena en costas impuesta en primera instancia. Sostuvo que los
accionantes no reúnen las condiciones necesarias para constituir un grupo de
acuerdo con la Ley 472 de 1998, toda vez que el asunto sometido a estudio no versa
sobre un hecho o hechos constitutivos de daño colectivo, sobre una agregación de
contiendas o controversias individuales en las que cada persona cuestiona la
liquidación y el reconocimiento de su asignación de retiro.
Además, señaló que la controversia versa sobre la liquidación de los montos de
asignación de retiro conforme al Decreto 107 de 1996, lo que implica el debate de
un derecho de naturaleza laboral y no la revisión de un asunto propio del derecho
de daños. Indicó que sólo existiría un daño antijurídico susceptible de reclamación
por esta vía si el derecho ya hubiera sido reconocido y su pago hubiera sido omitido
o retardado injustificadamente respecto de cada uno de los accionantes, supuesto
que no se configura en este asunto. Agregó que acceder a las pretensiones
implicaría que la jurisdicción de lo contencioso administrativo sustituyera, primero,
a la autoridad administrativa en la determinación inicial de cada reclamación y,
posteriormente, al juez laboral en la definición de los montos de la asignación de
retiro.
22 “ALEGATOSDECONCLUSIONOINTERVENCIONES_MEMORIALCONSEJODE(.pdf) NroActua
14”, índice 14, Samai.
23 Índice 11, Samai.
24 “12_MemorialWeb_Alegatos(.pdf) NroActua 17”, índice 17, Samai.
25“MemorialWebLEH_12CONCEPTO_CONCEPTO952022ACCIONDEGRUPOEXP250002341000
2016008870268387(.pdf) NroActua 16”, índice 16, Samai.
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Radicado: 25000234100020160088702 (68378)
Demandante: Reynaldo Ramírez Escobar y otros
III. CONSIDERACIONES
1. Cuestión previa – normatividad aplicable
Mediante auto de unificación del 6 de agosto de 202026, la Sala Plena de la Sección
Tercera dispuso que la integración normativa de la pretensión de reparación de
perjuicios causados a un grupo debe realizarse con la Ley 1437 de 2011 27, y en
consecuencia, la remisión prevista en el artículo 6828 de la Ley 472 de 199829 solo
resulta viable en aquellos eventos en los cuales no existan normas contenidas en el
CPACA que regulen de manera expresa la materia y que tengan relación con el
medio de control específico.
Al efecto, comoquiera que el 20 de abril de 201630, los demandantes ejercieron el
derecho de acción bajo la pretensión de reparación de perjuicios causados a un
grupo, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones contenidas en la
Ley 472 de 1998 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, toda vez que, de acuerdo con la jurisprudencia uniforme y pacífica de
esta Corporación, dicho estatuto modificó la referida disposición – Ley 472 de 1998
• en lo atinente a las normas que regulan la pretensión, caducidad y competencia31.
2. Competencia
Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia del 14 de mayo de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 6 de agosto
de 2020, Rad. 64778.
27 Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
28 Artículo 68. Aspectos no regulados. “En lo que no contraríe lo dispuesto en las normas del presente
título, se aplicarán a las acciones de grupo las normas del Código de Procedimiento Civil”.
29 Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de acciones populares y de grupo, y se dictan otras disposiciones.
30 Fl. 1 a 10, C.1.
31 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Providencias del 10 de febrero de 2016, Exp. 2015-00934, del 31 de enero de 2013, Exp. 2012-
00034, del 18 de mayo de 2017, Exp. 2016-00131, del 18 de julio de 2017, Exp. 2013-00583, del 2
de julio de 2021, Exp. 2018-00153 y del 9 de diciembre de 2025, Rad. 67211.
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demanda, en virtud de lo establecido en los artículos 5032 de la Ley 472 de 1998 y,
15033 y 152.1634 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, sin la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021.
Asimismo, el conocimiento del presente asunto corresponde a la Sección Tercera
del Consejo de Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.12.12 35
del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de la
Corporación.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si la parte actora se encuentra legitimada para
actuar en la causa por activa, al haber acreditado su vocación para integrar un grupo
que reúna condiciones uniformes respecto de la causa común que les generó
perjuicios individuales y, en consecuencia, si el medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo es procedente.
Asimismo, de conformidad con lo alegado por el extremo activo en el recurso de
apelación, corresponde a la Sala determinar si es procedente condenar en costas a
la parte demandante por la primera instancia.
4. Caso concreto
Mediante sentencia del 14 de mayo de 2020, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda al considerar que no se
32 “Artículo 50. Jurisdicción. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los
procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de las acciones de grupo originadas en la
actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones
administrativas. La jurisdicción civil ordinaria conocerá de los demás procesos que se susciten con
ocasión del ejercicio de las acciones de grupo”.
33 “Artículo 150. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los procesos que se
susciten con ocasión del ejercicio de las acciones de grupo originadas en la actividad de las
entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas. […]”.
34 Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes
asuntos: […] 16. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos, reparación de
daños causados a un grupo y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las
personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas”.
35 “Acuerdo 080 de 2019. Artículo 13.12. 12. Las acciones de grupo de competencia del Consejo de
Estado”.
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acreditó el daño antijurídico alegado. Por su parte, el recurrente sostuvo que la
demanda sí contiene pretensiones claras, encaminadas al reconocimiento y pago
de los valores adeudados conforme a los porcentajes previstos en el Decreto 107
de 1996. Adujo que el incumplimiento de dicha normativa quedó acreditado con las
certificaciones de haberes aportadas, las cuales evidencian la falta de
reconocimiento y pago de la nivelación salarial correspondiente. Precisó que no
persigue la modificación del régimen salarial o prestacional ni el reconocimiento de
derechos salariales adicionales, sino la indemnización derivada de la omisión de las
entidades demandadas en cumplir lo dispuesto en el citado decreto. Asimismo,
afirmó que las pretensiones no están prescritas ni ha operado la caducidad del
medio de control, por tratarse de derechos laborales de tracto sucesivo cuyo
incumplimiento se prolonga en el tiempo. Finalmente, cuestionó la condena en
costas impuesta en primera instancia, al estimar que actuó de buena fe y con
sustento probatorio suficiente para acudir a la jurisdicción.
Bajo esta óptica, la Sala analizará (i) si la parte actora se encuentra legitimada para
actuar en la causa por activa, al haber acreditado su vocación para integrar un grupo
que reúna condiciones uniformes respecto de la causa común que les generó
perjuicios individuales, pues de no haber sido así habrá lugar a declarar probada de
oficio dicha excepción y, por sustracción de materia, no podrán estudiarse los
demás presupuestos procesales ni el fondo del asunto, y (ii) si era procedente
condenar en costas en primera instancia a la parte demandante.
Por demás, se advierte que no se estudiará aquello que concierne a la liquidación
de las expensas de primera instancia, pues de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 5 del artículo 366 del Código General del Proceso36, éstas solo pueden
controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que
apruebe la liquidación de costas, lo cual, en el sub examine aún no ha ocurrido.
36 “Artículo 366. Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto
de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]. 5. La
liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán controvertirse
mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas.
La apelación se concederá en el efecto diferido, pero si no existiere actuación pendiente, se
concederá en el suspensivo”.
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4.1. Improcedencia del medio de control por ausencia de condiciones
uniformes del grupo respecto de la causa lesiva cuya reparación se pretende
La acción de grupo se encuentra consagrada en el inciso 2º del artículo 88 de la
Constitución Política, con la finalidad de que un número plural de personas
demanden la reparación de daños ocasionados por una misma acción u omisión por
parte del Estado. En desarrollo de dicha disposición constitucional, la Ley 472 de
1998 reguló dicha acción y en el artículo 3º la definió como aquella que “son
interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen
condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios
individuales para dichas personas".
En consonancia con lo anterior, los artículos 337 y 4638 de la Ley 472 de 1998
establecen los requisitos de procedencia de la acción de grupo (actualmente medio
de control de reparación de perjuicios causados a un grupo). Para el efecto,
prescriben que ésta deberá ser presentada por un número plural de personas que
no podrá ser inferior a 20, que reúnan condiciones uniformes respecto de una causa
común que generó los perjuicios individuales. Sin embargo, la jurisprudencia del
Consejo de Estado y de la Corte Constitucional ha admitido un número inferior de
demandantes, siempre que se señalen los criterios que permitan identificar la
vocación grupal de las pretensiones, es decir, que la causa del daño haya podido
perjudicar al menos a 20 personas. Sobre este punto, la Corte Constitucional señaló
en la sentencia C-116 de 200839:
“[…] Explicó la Corte en la Sentencia C-898 de 2005, acorde con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, que la interpretación que debe darse al
inciso tercero (3°) del artículo 46 de la Ley 472 de 1998, es la de que, la
exigencia de que el grupo debe estar integrado al menos por veinte
personas, no puede entenderse como un obstáculo para la presentación
de la demanda, en cuanto no se requiere la concurrencia de todos ellos
para tal acto, toda vez que, de conformidad con el artículo 48 del mismo
37 "Artículo 3. Acciones de grupo. Son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un
conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó
perjuicios individuales para dichas personas. (...)"
38 "Artículo 46. Procedencia de las acciones de grupo. Las acciones de grupo son aquellas acciones
interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes
respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas. (...)"
39 Corte Constitucional, sentencia C-116 del 13 de febrero de 2008.
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ordenamiento, en la acción de grupo el actor o quien actúa como demandante,
representa a las demás personas que hayan sido afectadas por los hechos
lesivos. Por ello, lo que resulta exigible al actor al momento de presentar la
demanda, a la luz del numeral cuarto (4°) del artículo 52 del mismo
ordenamiento, es el deber de señalar en ella la identidad de por lo menos veinte
de los miembros del grupo afectado o, en todo caso, señalar los criterios que
permitan su identificación por parte del juez. Sobre este particular, la Corte
sostuvo en el referido fallo:
‘Así mismo que en relación con el número mínimo de 20 personas, el Consejo
de Estado, luego de dicha decisión de constitucionalidad ha precisado que el
número mínimo aludido no puede entenderse tampoco como una limitante para
la presentación de la demanda pues no es indispensable la concurrencia de
todos ellos al momento de dicha presentación, toda vez que, de conformidad
con lo dispuesto por el parágrafo del artículo 48 de la Ley 472 de 1998, ‘[e]n la
acción de grupo el actor o quien actúe como demandante, representa a las
demás personas que hayan sido afectadas individualmente por los hechos
vulnerantes, sin necesidad de que cada uno de los interesados ejerza por
separado su propia acción, ni haya otorgado poder’. El Consejo de Estado ha
advertido que si bien la acción puede ser interpuesta por una persona esta
debe actuar en relación con el daño causado a un grupo no inferior de 20
personas y que la demanda debe, en todo caso establecer los criterios que
permitan la identificación del grupo afectado.’
De esta manera, en la Sentencia C-898 de 2005, la Corte concretó el alcance
de la exigencia contenida en el inciso tercero (3°) del artículo 46 de la Ley 472
de 1998, en el sentido de precisar que no se requiere conformar un grupo
para demandar en acción de grupo, pues cualquier persona puede
instaurarla en nombre y representación del colectivo afectado con el
mismo daño, debiendo sí proporcionar en la demanda el nombre de por lo
menos veinte de los integrantes del mismo grupo, o en su defecto, señalar
los criterios para identificarlos y definirlos[…]”40. (Se resalta)
A su turno, el artículo 145 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, reguló el medio de control de reparación de perjuicios
causados a un grupo, en los siguientes términos:
“[…] Cualquier persona perteneciente a un número plural o a un conjunto de personas
que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa que les originó
perjuicios individuales, puede solicitar en nombre del conjunto la declaratoria de
responsabilidad patrimonial del Estado y el reconocimiento y pago de indemnización
de los perjuicios causados al grupo, en los términos preceptuados por la norma
especial que regula la materia (...)”
40 Esta postura ha sido acogida por el Consejo de Estado, entre otras más, en las siguientes
providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del
10 de febrero de 2005, Exp. 2001 – 00213 -01 y, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera. Subsección C, sentencias del 9 de diciembre de 2025, Rad. 67211
y del 23 de febrero de 2026, Rad. 69319.
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En este punto, resulta importante precisar que la acción de grupo, presentada en
vigencia del CPACA, es procedente para reparar integralmente perjuicios causados
por una causa común ocurrida en el contexto de las relaciones laborales o de
empleo público. En efecto, en el marco de una revisión eventual41, esta Corporación
unificó el asunto en los siguientes términos:
“[…] UNIFICAR la jurisprudencia a partir de la siguiente regla: respecto de las
demandas presentadas en vigencia de la Ley 1437 de 2011, CPACA, la acción de
grupo procede para reparar integralmente perjuicios causados por una causa común
ocurrida en el contexto de las relaciones laborales o de empleo público. Dicha causa
puede consistir en un hecho, una omisión, una operación o un acto administrativo de
contenido particular. Para su trámite y decisión, se requiere una interpretación amplia
y no restrictiva del carácter indemnizatorio de la acción de grupo […]”.
Sobre la exigencia referente al número de integrantes del grupo, la Corte
Constitucional42 sostuvo que ello no puede entenderse como un obstáculo para
presentar la demanda, toda vez que no se requiere que las 20 personas acudan
ante el juez, sino que quien actúa señale la identidad de los demás integrantes o, al
menos, indique los criterios que permitan su identificación por parte del juez.
Ahora bien, en lo relativo a la exigencia de que existan condiciones uniformes
respecto de una causa común contenida en los artículos 3 y 46 de la Ley 472 de
1998 ya citados, la Corte Constitucional ha señalado que dicho requisito exige al
juez analizar la causa común desde una perspectiva jurídica más que fáctica y
verificar la existencia de una relación de identidad entre los diversos hechos lesivos
que pueden generar un daño uniforme al interés del grupo43. Así, para el tribunal
constitucional, "[…] una exigencia de uniformidad estricta desde el punto de vista
fáctico, que confundiera la idea de causa jurídica común con la existencia de un solo
hecho que ocasiona el perjuicio, haría fracasar la protección del interés de grupo
por la vía del resarcimiento de los perjuicios individuales sufridos por sus miembros,
pues una tal uniformidad es excepcional, desde una perspectiva puramente fáctica".
41 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión
Catorce, auto del 17 de mayo de 2023, M.P. Alberto Montaña Plata, Rad.: 68001-33-31-014-2013-
00158-01.
42 Corte Constitucional, sentencia C-898 de 2005.
43 Sentencia C-569 de 2004.
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En este orden de ideas, la Sección Tercera de la Corporación sostuvo que para que
el medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo –antes acción
de grupo- sea procedente, debe verificarse la posibilidad de que la misma admita
una decisión unitaria de la controversia, lo que exige la existencia de aspectos de
hecho o de derecho que sean comunes entre los miembros del grupo 44. Ello no
significa que las situaciones particulares de los integrantes del grupo sean idénticas,
sino que exista un común denominador que se extienda a todos ellos y que se derive
del hecho lesivo del demandado.
Con todo, la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación concluyó que
el grupo está debidamente constituido "si el conjunto de personas que hacen parte
del mismo tienen condiciones uniformes respecto del hecho generador del daño y
no de los demás elementos que conforman la responsabilidad; por ende, si bien la
causa generadora debe ser la misma para todos los integrantes del grupo, el daño
causado y las reparaciones concretas a favor de cada uno de ellos pueden ser
disímiles."45. De esta manera, le corresponderá al juez en cada caso valorar la
existencia de una causa común que, al ser compartida por todos los miembros del
grupo, permita su resolución en una misma providencia46.
Asimismo, en relación con la legitimación en la causa por activa en aquellos asuntos
tramitados bajo el medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo
–antes acción de grupo-, es pertinente señalar que la Sección Tercera de esta
Corporación ha señalado que “la concepción de la legitimación en la causa en el
44 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 16 de abril de 2007, radicado: 25000-23-25-
000-2002-00025-02.
45 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto del 12 de julio de 2019, radicación:
66001-23-31-000-2017-00654-01(AG).
46 Sobre este punto, es pertinente señalar que la ley colombiana carece de cualquier dispositivo que
incorpore argumentos pragmáticos o casuísticos, como los que caracterizan las denominadas class
actions en el derecho norteamericano, reguladas por la Regla No. 23 - Rule 23 – de las Federal
Rules of Civil Procedure. A diferencia de ese sistema, en Colombia no existe referencia alguna a lo
que un sector de la doctrina ha denominado el litisconsorcio pragmático, criterio que en el modelo
estadounidense permite al juez evaluar con amplitud la procedencia de la acción grupal. Por el
contrario, la norma colombiana – Ley 472 de 1998 – define el contenido de la acción a partir de su
pretensión, que requiere una naturaleza indemnizatoria y, condiciona su procedencia a la existencia
de un daño sufrido por un grupo determinado de personas. No existe, pues, un catálogo fáctico –
casuístico en Colombia que permita al juez aplicar criterios amplios de calificación o certificación de
la acción. Guayacán Ortiz, Juan Carlos. Las acciones populares y de grupo frente a las acciones
colectivas. Elementos para la integración del derecho latinoamericano. Universidad Externado de
Colombia 2015.
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marco de la acción constitucional de grupo, se centró en la interpretación del
contenido normativo de los artículos 46 y 47 de la Ley 472 de 1998 y al respecto
concluyó que este presupuesto se conecta con la exigencia de que existan
condiciones uniformes respecto de la causa que generó el daño […]”47.
Pues bien, en el caso en concreto, se plantea como causa común generadora del
daño, la omisión atribuida a las entidades demandadas de aplicar la nivelación
salarial prevista en el Decreto 107 de 1996 a sus asignaciones de retiro, hecho que
–se alega– ocasionó a los miembros del grupo accionante un detrimento
patrimonial.
Así las cosas, para acreditar el requisito de existencia de condiciones uniformes
frente a la causa común del daño, se allegaron oportuna y válidamente al proceso
los siguientes medios probatorios:
• Copia de la Resolución No. 220 del 24 de marzo de 1966, por medio de la
cual CREMIL reconoció la asignación y subsidio familiar al sargento
viceprimero Luis Alfonso Montaña Lozano, a partir del 16 de noviembre de
196548.
• Copia de la Resolución No. 114 del 14 de marzo de 1969, a través de la cual
CREMIL ordenó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al
sargento primero Carlos Arturo Barrera, a partir del 1 de marzo de 196949.
• Copia de la Resolución No. 3303 del 22 de octubre de 1971, por la que
CREMIL ordenó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al
sargento primero José Ezequiel Mora Roa, a partir del 1 de diciembre de
197150.
47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencias del 2 de
febrero de 2001, Rad. AG 071 y del 31 de julio de 2020, Exp. 2013 – 00488. Esta posición fue
recientemente acogida por la Subsección C de la Sección, en la sentencia del 16 de febrero de 2026,
Rad. 69982.
48 Fl. 539 a 540, C.2.
49 Fl. 409 a 410, C.2.
50 Fl. 234 a 235, C.2.
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• Copia de la Resolución No. 1893 del 13 de octubre de 1972, mediante la cual
CREMIL ordenó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al
sargento primero José Epaminondas Gama Vargas, a partir del 1 de octubre
de 197251.
• Copia de la Resolución No. 3560 del 28 de noviembre de 1973, por medio de
la cual CREMIL ordenó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro
al sargento primero Miguel Antonio Martínez Arias, a partir del 16 de
noviembre de 197352.
• Copia de la Resolución No. 1785 del 22 de septiembre de 1975, a través de
la cual CREMIL ordenó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro
al sargento primero Elías Quiroga Martínez, a partir del 2 de septiembre de
197553.
• Copia de la Resolución No. 2180 del 24 de noviembre de 1975, mediante la
cual CREMIL ordenó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al
sargento mayor Ángel Rafael Molano Inocencio, a partir del 12 de enero de
197654.
• Copia de la Resolución No. 0201 del 17 de febrero de 1976, por medio de la
cual CREMIL ordenó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al
suboficial Gerardo Bonilla Trujillo, a partir del 1 de febrero de 197655.
• Copia de la Resolución No. 0172 del 24 de febrero de 1976, a través de la
cual CREMIL reajustó la asignación de retiro del sargento viceprimero
Celiano Vega Rivera, a partir del 16 de octubre de 197156.
51 Fl. 431, C.2.
52 Fl. 289 a 290, C.2.
53 Fl. 515, C.2.
54 Fl. 82, C.2.
55 Fl. 389, C.2.
56 Fl. 465, C.2.
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• Copia de la Resolución No. 1119 del 25 de octubre de 1976, CREMIL ordenó
el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al sargento primero
Aquilino Alfonso Calderón Bojacá, a partir del 1 de junio de 197657.
• Copia de la Resolución No. 0705 del 15 de julio de 1977, por la que CREMIL
ordenó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al sargento
viceprimero Gustavo de Jesús Villada, a partir del 1 de septiembre de 197758.
• Copia de la Resolución No. 0541 del 6 de febrero de 1978, por medio de la
cual CREMIL declaró que no había lugar al reajuste en la asignación de retiro
del sargento primero Pedro Emilio Pinto Rivera59.
• Copia de la Resolución No. 0243 del 12 de marzo de 1979, a través de la
cual CREMIL ordenó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al
sargento primero Manuel Salvador Martínez Rincón, a partir del 1 de marzo
de 197960.
• Copia de la Resolución No. 839 del 13 de agosto de 1979, mediante la cual
CREMIL ordenó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al
sargento viceprimero Heli Quiroga Ruiz, a partir del 16 de julio de 197961.
• Se demostró que mediante Resolución No. 01080 del 16 de marzo de 1981,
CREMIL ordenó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al
sargento viceprimero Eduardo Sevilla Hurtado. De ello da cuenta copia de la
citada resolución62.
• Copia de la Resolución No. 0950 del 16 de noviembre de 1981, a través de
la cual CREMIL ordenó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro
al sargento viceprimero Luis Eduardo Fontecha Hernández, a partir del 1 de
diciembre de 198163.
57 Fl. 492 a 493, C.2.
58 Fl. 308, C.2.
59 Fl. 563 a 564, C.2.
60 Fl. 431, C.2.
61 Fl. 446, C.2.
62 Fl. 210 a 211, C.2.
63 Fl. 195, C.2.
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• Copia de la Resolución No. 740 del 26 de julio de 1983, por la cual CREMIL
ordenó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al sargento
viceprimero Luis Enrique Hernández López, a partir del 16 de septiembre de
198364.
• Copia de la Resolución No. 1249 del 21 de diciembre de 1983, por la cual
CREMIL ordenó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al
sargento primero José Arístides Pérez Bautista, a partir del 16 de enero de
198465.
• Copia de la Resolución No. 0614 del 30 de abril de 1984, mediante la cual
CREMIL ordenó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al
sargento primero Eduardo Franco Morales66.
• Copia de la Resolución No. 1097 del 30 de agosto de 1985, por la cual
CREMIL ordenó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al
suboficial Hugo Ariza García, a partir del 1 de agosto de 198567.
• Copia de la Resolución No. 1360 del 29 de octubre de 1985, mediante la cual
CREMIL ordenó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al
sargento primero José Agustín Torres, a partir del 1 de diciembre de 198568.
• Copia de la Resolución No. 037 del 15 de enero de 1986, a través de la que
CREMIL ordenó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al
sargento primero Reynaldo Ramírez Escobar, a partir del 1 de noviembre de
198669.
64 Fl. 252 a 253, C.2.
65 Fl. 159, C.2.
66 Fl. 482 a 483, C.2.
67 Fl. 135 a 136, C.2.
68 Fl. 573 a 574, C.2.
69 Fl. 170 a 171, C.2.
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• Copia de la Resolución No. 0811 del 5 de agosto de 1986, por medio de la
cual CREMIL ordenó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al
sargento segundo Luis Antonio González Vásquez, a partir del 23 de mayo
de 198670.
• Copia de la Resolución No. 2363 del 18 de diciembre de 1989, mediante la
cual CREMIL ordenó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al
sargento primero Eduardo Orduz Quintero, a partir del 16 de noviembre de
198971.
• Copia de la Resolución No. 0472 del 12 de marzo de 1990, por medio de la
cual CREMIL ordenó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al
suboficial Hernán Benítez, a partir del 1 de febrero de 199072.
• Copia de la Resolución No. 0544 del 30 de marzo de 1990, a través de la
cual CREMIL ordenó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al
sargento viceprimero Francisco Luis Rodríguez, a partir del 1 de febrero de
199073.
• Copia de la Resolución No. 585 del 20 de marzo de 1991, a través de la cual
CREMIL ordenó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al
sargento primero Alirio Carvajal Reyes, a partir del 16 de marzo de 198974.
• Copia de la Resolución No. 663 del 11 de mayo de 1992, por medio de la
cual CREMIL ordenó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al
suboficial Pedro Elías Galvis Hernández, a partir del 3 de junio de 199275.
70 Fl. 350, C.2.
71 Fl. 58 a 59, C.2.
72 Fl. 587, C.2.
73 Fl. 521, C.2.
74 Fl. 71 a 72, C.2.
75 Fl. 552 a 553, C.2.
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Demandante: Reynaldo Ramírez Escobar y otros
• Copia de la Resolución No. 515 del 23 de marzo de 1993, mediante la cual
CREMIL ordenó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al
sargento primero Evelio Alape Conde, a partir del 17 de abril de 199376.
• Copia de la Resolución No. 1282 del 22 de julio de 1996, por medio de la cual
CREMIL ordenó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al
sargento primero Ángel Tomás Betancourt Piedrahita, a partir del 1 de julio
de 199677.
• Copia de la Resolución No. 1596 del 23 de mayo de 2003, por medio de la
cual CREMIL ordenó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al
sargento viceprimero Jaime Esteban Suárez Peña, a partir del 30 de junio de
200378.
• Copia de la Resolución No. 2893 del 7 de octubre de 2009, por medio de la
cual CREMIL ordenó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al
sargento primero Gustavo Mosquera Bustos, a partir del 30 de noviembre de
200979.
• Copia de la Resolución No. 5553 del 10 de septiembre de 2012, a través de
la cual CREMIL ordenó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro
al sargento primero Jeimmy Andrés Bastidas Coronel, a partir del 10 de
noviembre de 201280.
• Copia de la certificación del 14 de febrero de 2014, expedida por CREMIL,
en la que consta que Elsa Lucila Zuleta de Fuentes es beneficiaria de la
sustitución pensional del sargento viceprimero Efraín Fuentes Barón 81.
76 Fl. 547, C.2.
77 Fl. 561 a 562, C.2.
78 Fl. 576 a 577, C.2.
79 Fl. 123 a 124, C.2.
80 Fl. 85 a 86, C.1.
81 Fl. 87, C.1.
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Radicado: 25000234100020160088702 (68378)
Demandante: Reynaldo Ramírez Escobar y otros
• Copia de la Resolución No. 3752 del 24 de abril de 2014, mediante la cual
CREMIL ordenó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al
sargento primero Mesías Reyes Funquen, a partir del 3 de junio de 201482.
• Copia de la Resolución 4092 del 8 de mayo de 2014, a través de la cual
CREMIL ordenó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al
sargento primero Carlos Guzmán Moncada, a partir del 12 de junio de 201483.
• Copia de la Resolución No. 5238 del 25 de junio de 2015, por medio de la
cual CREMIL ordenó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al
sargento primero Jorge Luis Hurtado Salas, a partir del 9 de agosto de
201584.
• Copia de la Resolución No. 6735 del 18 de agosto de 2015, mediante la cual
CREMIL ordenó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al
sargento primero Fernando Patiño Piraquive, a partir del 2 de octubre del
201585.
• Copia de la certificación del 6 de noviembre de 2015, expedida por CREMIL,
en la que consta que el sargento viceprimero Eduardo Sevilla Hurtado tiene
legalmente reconocida la asignación de retiro86.
• Copia de la certificación del 18 de febrero de 2016, expedida por CREMIL,
en la que consta que al sargento primero José Erasmo García Suárez se le
reconoció por esa entidad la asignación de retiro y que mediante Resolución
No. 866 del 5 de junio de 1997, la mencionada caja de retiro le reconoció a
la señora Luz Stella Mendivelso de García la sustitución pensional87.
82 Fl. 44 a 45, C.2.
83 Fl. 369 a 370, C.2.
84 Fl. 94 a 95, C.2.
85 Fl. 111 a 112, C.2.
86 Fl. 72, C.1.
87 Fl. 71, C.1.
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Demandante: Reynaldo Ramírez Escobar y otros
• Copia de la certificación del 19 de febrero de 2016, expedida por CREMIL,
en la que consta que el sargento primero Manolo Pulido Rodríguez, mediante
Resolución No. 216 del 31 de enero de 2013, se le reconoció la asignación
de retiro a partir del 3 de febrero de 201388.
• Copia de la certificación del 22 de febrero de 2016, proferida por CREMIL, en
la que consta que el sargento primero Mauro Antonio Parra Torres, mediante
Resolución No. 2288 del 26 de abril de 2013, se le reconoció la asignación
de retiro a partir del 17 de junio de 201389.
Bajo el anterior contexto, y una vez valorados los documentos allegados al proceso,
la Sala advierte que ninguna de las pruebas permite establecer las condiciones
uniformes respecto de la causa común generadora del daño por parte de los
miembros del grupo accionante, por las siguientes razones:
En el asunto bajo examen, los integrantes del grupo pretenden la indemnización de
los perjuicios causados por la “omisión” atribuida a las entidades demandadas de
aplicar la nivelación salarial prevista en el Decreto 107 de 1996 a sus mesadas de
retiro.
De conformidad con la regla de unificación expuesta en precedencia, el medio de
control de la referencia resulta en principio procedente para reparar los perjuicios
causados por una causa común ocurrida en el contexto de las relaciones laborales
o de empleo público; sin embargo la procedencia general del medio de control no
exime a la Sala de verificar, en cada caso concreto, que efectivamente concurra esa
causa común, la cual constituye un presupuesto de existencia del grupo como sujeto
procesal y no una mera formalidad.
La nivelación salarial ordenada por el artículo 13 de la Ley 4 de 1992 e
implementada mediante el Decreto 107 de 1996 constituye una prestación de
naturaleza laboral que forma parte integral del régimen jurídico que regula la
relación legal y reglamentaria de los miembros de la Fuerza Pública, tanto en
88 Fl. 76, C.1.
89 Fl. 79, C.1.
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Radicado: 25000234100020160088702 (68378)
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actividad como en retiro. En esa medida, el derecho a su reconocimiento no surge
de una actuación u omisión estatal generadora de un daño antijurídico en los
términos del artículo 90 de la Constitución Política, sino de la aplicación directa de
una disposición legal que hace parte del estatuto que rige los derechos económicos
de los accionantes. Por consiguiente, su reconocimiento o negativa no es materia
que deba resolverse mediante una declaración judicial de responsabilidad
patrimonial del Estado, sino a través de un pronunciamiento de la Administración,
materializado en el correspondiente acto administrativo de carácter particular, en el
que la entidad competente determine si el derecho reclamado asiste o no a cada
uno de los solicitantes, con fundamento en el régimen prestacional de la Fuerza
Pública y en las condiciones específicas de su retiro90.
En ese orden, la pretensión formulada por los demandantes, aunque presentada
bajo la forma de una solicitud indemnizatoria, tiene en su núcleo esencial el
reconocimiento y pago de una acreencia laboral insatisfecha, cuya existencia,
alcance y liquidación dependen de un análisis normativo y fáctico individual.
Así la causa común exigida para la procedencia del medio de control de reparación
de perjuicios causados a un grupo no se configura en este caso. Conforme al
artículo 145 del CPACA y a los artículos 3 y 46 de la Ley 472 de 1998, la procedencia
de este medio de control exige que los perjuicios individuales reclamados tengan
origen en una misma causa que afecte de manera uniforme a todos los integrantes
del grupo. Dicha causa común, en los casos en que la controversia recae sobre el
reconocimiento de una acreencia laboral, solo se configura cuando la
Administración ha proferido un acto administrativo de carácter conjunto que afecte
a veinte o más personas, pues es precisamente ese acto el que genera, de manera
simultánea y con fundamento en una misma decisión, los efectos lesivos que dan
lugar a la reclamación colectiva.
90 Artículo 6 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Reclamación administrativa. Las
acciones contenciosas contra la Nación, las entidades territoriales y cualquiera otra entidad de la
administración pública sólo podrán iniciarse cuando se haya agotado la reclamación administrativa.
Esta reclamación consiste en el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el
derecho que pretenda, y se agota cuando se haya decidido o cuando transcurrido un mes desde su
presentación no ha sido resuelta.
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Demandante: Reynaldo Ramírez Escobar y otros
En el caso concreto, no obra en el expediente evidencia de que los demandantes
hubieran acudido previamente ante la Administración y que esta hubiera proferido
un acto administrativo particular, individual o conjunto, que negara el reconocimiento
de la nivelación salarial prevista en el Decreto 107 de 1996. Por el contrario, como
lo evidencian los medios probatorios aportados al proceso, cada uno de los
integrantes del grupo obtuvo el reconocimiento de su asignación de retiro mediante
actos administrativos individuales, proferidos en fechas distintas, que abarcan un
periodo de más de una década, bajo circunstancias fácticas y normativas propias
de cada caso. Esta dispersión temporal y la naturaleza individual de cada acto de
reconocimiento evidencian que no existe una causa común que vincule las
situaciones jurídicas de los demandantes, sino una sumatoria de reclamaciones
individuales, cada una de las cuales requiere un análisis autónomo de las
condiciones particulares de retiro de cada demandante, de su grado, de su salario
base de liquidación y de los incrementos efectivamente reconocidos. En esa
medida, la controversia planteada no surge de una causa común en sentido jurídico,
sino de una suma de reclamaciones individuales que, por su naturaleza, debe
ventilarse mediante los mecanismos procesales correspondientes.
En ese orden, se reitera, aunque en la demanda se identifica como hecho generador
del daño la presunta omisión de las entidades demandadas de aplicar a las
asignaciones de retiro la nivelación salarial prevista en el Decreto 107 de 1996, la
Sala advierte que las pretensiones no están dirigidas a obtener la reparación de un
daño derivado de una actuación u omisión del Estado, sino al reconocimiento y pago
de las sumas que, a juicio de los demandantes, dejaron de percibir como
consecuencia de la falta de incorporación de dicha nivelación en la liquidación de
sus asignaciones de retiro. En ese sentido, el debate planteado no recae
propiamente sobre la responsabilidad patrimonial del Estado por un daño
antijurídico, sino sobre el reconocimiento de unas acreencias laborales
presuntamente insolutas.
Sobre el particular, esta Subsección, al resolver un recurso de apelación interpuesto
contra un auto que rechazó una demanda promovida en ejercicio del medio de
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control de reparación de perjuicios causados a un grupo91, se pronunció en los
siguientes términos:
“[…] 5.3. La exigencia de la reclamación administrativa en el sub lite y el criterio de
unificación
Como antes se explicó, en auto del 17 de mayo de 2023, la Sala Especial de Decisión
Catorce de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
unificó su jurisprudencia respecto de “la procedencia de la acción de grupo en asuntos
laborales, en vigencia del CPACA”, en el sentido de concluir que la pretensión de
grupo es idónea para pedir indemnización por perjuicios causados, por una causa
común, ocurridos en el contexto de relaciones laborales o de empleo público. En tal
providencia, además, se indicó que en tal contexto, en aquellos casos que versen
sobre asuntos respecto de los cuales la ley no establezca como requisito de
procedibilidad en asuntos laborales, el agotamiento de la reclamación administrativa
no es posible al juez exigirla, debido a la reserva de ley en esos eventos, pues solo
procede cuando el ordenamiento es el que impone lo relativo al privilegio de lo previo.
[…]
A juicio de la Subsección, el escenario planteado en la tesis de unificación, en cuanto
a la reclamación administrativa y los casos en los que no es exigible se refiere a
aquellos casos en los que la ley no ha establecido esta carga, que corresponde a los
eventos en los que pretenda indemnizaciones que no se encuentren prestablecidas
(sic) en el régimen laboral pertinente y tengan como fuente una acción u omisión de
la respectiva entidad, de ahí que su reconocimiento no resulte procedente a través de
un acto administrativo subjetivo, sino que depende de una decisión judicial que así lo
declare, con fundamento en la existencia de un daño antijurídico, en los términos del
artículo 90 de la Constitución Política, bien sea vía reparación directa y pretensión de
grupo, de tratarse de una causa común a 20 personas o más. A su vez, cuando lo
que se discuta sea el pago o reconocimiento de una acreencia laboral que hace parte
de la normativa que rige la respectiva relación reglamentaria del empleado público,
por mandato legal del artículo 6 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad
Social, es necesario que el demandante previamente hubiera agotado la
correspondiente reclamación administrativa, que implica el deber de acudir a la
Administración para solicitar el derecho que eventualmente reclamará vía judicial y,
por ende, la empleadora decida si lo concede o no a través de un acto administrativo
de carácter particular .
En suma, dado que en el presente caso se debate lo relacionado con la
nivelación salarial de los miembros de la fuerza pública, la Sala considera que,
al margen de que los demandantes hubieran interpuesto la demanda de la
referencia a través de la pretensión de grupo o la de nulidad y restablecimiento
del derecho, lo cierto es que sí les es exigible que previamente hubieran
agotado la respectiva reclamación ante la Administración, en cuanto el derecho
objeto de controversia es una acreencia que hace parte del régimen laboral de
los accionantes y, por ende, su reconocimiento o denegatoria debe ser definido
en un acto administrativo de carácter particular, que bien puede ser individual o
conjunto, evento en el que de afectarse a 20 personas o más, se estaría ante una
91 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 13 de marzo de 2024, M.P. Nicolás
Yepes Corrales, Rad.: 25000-23-41-000-2018-00842-01 (66670).
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causa común y, por ende, resultaría procedente para los fines pertinentes la
pretensión de reparación de los perjuicios causados a un grupo.
En el caso concreto, como no se acudió previamente a la administración y no
se provocó el pronunciamiento de un acto administrativo particular que afectara
de manera individual a los accionantes o de un acto administrativo conjunto
que afectara por lo menos a 20 personas, se concluye que la pretensión de
grupo no resulta procedente por ausencia de causa común.
El artículo 161 del CPACA estableció los “requisitos previos” que deben cumplirse
para comparecer ante esta jurisdicción, de manera específica frente a la nulidad y
restablecimiento del derecho preceptuó que “(…) cuando se pretenda la nulidad de
un acto administrativo particular deberán haberse ejercido y decidido los recursos que
de acuerdo con la ley fueren obligatorios”, lo que supone la existencia de una decisión
inicial que se debe recurrir, la cual, en asuntos laborales, se profiere a petición de
parte.
En estas condiciones, se advierte que en este caso no se cumple el presupuesto
procesal enunciado, dado que, se reitera, todos los accionantes no han agotado
la actuación administrativa, de ahí que se configura la causal de rechazo
establecida en el numeral 3 del artículo 169 de la Ley 1437 de 2011, que prevé que
la demanda no se tramitará “cuando el asunto no sea susceptible de control judicial”.
Así las cosas, respecto de la causa petendi analizada frente a los demás accionantes
la demanda sí era susceptible de ser rechazada, pero no por caducidad del medio de
control de grupo, sino por el incumplimiento de uno de los presupuestos procesales
de la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho, en el sentido de haber
solicitado de manera previa el reconocimiento del derecho a la Administración, para
que esta emitiera el acto administrativo pertinente, falencia que resulta suficiente para
rechazarla […]”.
En ese contexto, en el caso concreto, la Sala observa que los demandantes no
acreditaron la existencia de condiciones uniformes respecto de la causa común que
habría generado el daño alegado. En efecto, los integrantes del grupo ostentaban
cargos distintos dentro de la fuerza pública, con particularidades en la prestación
del servicio disímiles y, eventualmente, sometidos a regímenes prestacionales con
particularidades propias, circunstancias que impiden asumir la existencia de una
situación jurídica homogénea frente al derecho cuya satisfacción reclaman.
De manera que, al no concurrir el presupuesto de la causa común, el grupo
demandante se encuentra indebidamente conformado, lo cual impide acceder a las
pretensiones formuladas.
Según lo expuesto, se concluye que ninguna de las pruebas obrantes en el plenario
permitió acreditar que los miembros del grupo accionante tuvieran una condición
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uniforme respecto de la supuesta omisión que se plantea en la demanda respecto
de una nivelación salarial, pues se trata en el fondo de un cúmulo de pretensiones
individuales que no pueden ser resueltas de manera igual para todos los que
conforman el extremo activo, cuestión que, de hecho, constituye una característica
esencial del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo.
En consecuencia, se advierte que en el sub examine no se probó la legitimación en
la causa por activa de los miembros del grupo demandante, toda vez que no
demostraron una causa común que pueda resolverse de manera homogénea. De
esta forma, en el caso concreto no es posible determinar la existencia de un grupo
que reúna condiciones uniformes respecto del hecho generador del daño. Así, la
indebida integración del grupo afectado conlleva a la improcedencia del medio de
control invocado por carecer del presupuesto procesal de falta de legitimación en la
causa por activa92.
4.2. De la condena en costas impuesta en primera instancia
En el presente asunto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó en
costas al grupo demandante, pues consideró que, según lo dispuesto en el numeral
1° del artículo 365 del CGP, su imposición dependía del hecho cierto de que el
demandante fue vencido en juicio.
A su turno, el extremo activo cuestionó dicha decisión, al estimar que actuó de
buena fe y con sustento probatorio suficiente para acudir a la jurisdicción.
Pues bien, el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los
procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil”.
A su turno, el artículo 361 del C.G.P., establece que las costas “están integradas
por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y
92Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.
Sentencia del 23 de febrero de 2026, Rad. 67722.
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por las agencias en derecho”; sin embargo, vale aclarar, que estás últimas serán
determinadas por las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de
la Judicatura, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 366 de
esa misma normativa.
Al punto, entonces, se tiene que el artículo 365 ibídem, prevé las siguientes reglas
para proceder a la condena en costas:
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código. […] 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación
que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus
partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la
segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del
inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas
instancias. […] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que
se causaron y en la medida de su comprobación”. (Se subraya)
De acuerdo con lo anterior, la Sala encuentra que es procedente condenar al grupo
actor a pagar las costas en favor de las entidades demandadas, toda vez que fue
vencido en el proceso y aquellas fueron plenamente acreditadas, en tanto la parte
pasiva compareció al proceso mediante apoderado judicial, quien realizó
actividades de defensa judicial, consistentes en contestar la demanda, asistir a las
audiencias y solicitar pruebas.
Ahora bien, frente al argumento esgrimido por la parte demandante referido a que
actuó de buena fe, es importante destacar que en materia de costas procesales el
artículo 55 de la Ley 446 de 199893, al modificar el artículo 171 del Código
Contencioso Administrativo -CCA-, adoptó un criterio subjetivo, conforme al cual
condicionó su reconocimiento a la conducta de las partes en el trámite del proceso,
puntualmente, a que se verificara una actuación temeraria, de mala fe o carente
de lealtad procesal.
Sin embargo, con la expedición del CPACA se abandonó dicho criterio subjetivo y
93 "Artículo 55. Condena en costas. El artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, quedará
así: "Artículo 171. Condena en costas. En todos los procesos, con excepción de las acciones
públicas, el Juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas
a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil."
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se fijó uno de carácter objetivo, en razón a que se estableció que en toda sentencia
se dispondrá sobre la condena en costas, según las reglas del CPC hoy CGP94.
En consonancia con ello, el artículo 365 del CGP95 mantuvo este criterio objetivo
respecto de la condena en costas, en tanto no condicionó su reconocimiento a un
obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino al
resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya propuesto, siempre que
exista prueba de su existencia, de su utilidad y esté configurada cualquiera de las
hipótesis previstas por el legislador 96.
En virtud de lo anterior y conforme a la evolución normativa mencionada, la
jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que el legislador introdujo un
cambio sustancial respecto de la condena en costas97, al pasar de un criterio
“subjetivo” -CCA- a uno “objetivo valorativo” -CPACA-. Objetivo, porque en toda
sentencia se “dispondrá” sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar
total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP y;
valorativo, porque se requiere que en el expediente el juez debe establecer si “se
causaron y en la medida de su comprobación”, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro
94 Artículos 361 a 366 del CGP.
95 "Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en
que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en
costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código. Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de
manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o
de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe. 2. La
condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella. 3. En la
providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al
recurrente en las costas de la segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque
totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en
costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión. 6. Cuando fueren
dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés
en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre
ellos. 7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se
les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones. 8. Solo
habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación. 9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas.
Sin embargo, podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o
transacción." Se resalta.
96 Corte Constitucional, sentencia C-157 de 2013.
97 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 7 de
abril de 2016, radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01(1291-14).
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del mismo; valoración en la que, se reitera, no se analiza la mala fe o temeridad de
las partes.
En otras palabras, la imposición de la condena en costas y agencias en derecho no
depende de la temeridad o la mala fe de las partes, sino del hecho cierto de que la
parte fue vencida en juicio y de que “en el expediente aparezca que se causaron y
en la medida de su comprobación”, lo cual ocurrió en este caso, pues la parte
demandada tuvo que incurrir en ciertos gastos, comoquiera que debió acudir al
proceso mediante apoderado judicial, no solo para contestar la demanda, sino para
actuar en las demás etapas procesales como lo fueron las audiencias celebradas
durante la litis.
Así las cosas, la Sala evidencia que la condena en costas impuesta por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en sentencia del 14 de mayo de 2020 se ajustó a
derecho.
A partir de lo expuesto, la Sala modificará la sentencia proferida por el Tribunal a
quo el 14 de mayo de 2020 que negó las pretensiones, en el sentido de, declarar la
improcedencia del medio de control de reparación de perjuicios causados a un
grupo por la falta de legitimación en la causa por activa, derivada de la indebida
conformación del grupo, habida cuenta las consideraciones atrás expuestas.
5. Condena en costas
El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso la demanda, establece las siguientes reglas para proceder a
la condena en costas, a saber:
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
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revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código. […]. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación
que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus
partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la
segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del
inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. 5.
En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de
condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de
su decisión […]. 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que
se causaron y en la medida de su comprobación”.
De conformidad con las normas anteriormente transcritas, en la parte resolutiva se
condenará en costas a la parte demandante, toda vez que el recurso de apelación
que interpuso no prosperó.
La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los términos
del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo
dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha
liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso.
A su turno, el Acuerdo 1887 de 200398 proferido por la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, determina que, en los procesos declarativos con
cuantía en segunda instancia, podrán fijarse “hasta por el cinco por ciento (5%) del
valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”.
En este sentido, comoquiera que la actuación de la parte demandada en segunda
instancia únicamente el Ministerio de Defensa Nacional presentó alegatos de
conclusión99, lo cual denota un comportamiento activo en el trámite procesal, habrá
lugar al pago de las agencias en derecho a cargo del extremo activo y a favor de la
demandada – Ministerio de Defensa Nacional –, las cuales se fijan en la suma
equivalente al cero punto uno (0.1%) de las pretensiones solicitadas en la demanda,
que deberán ser liquidadas por Secretaría.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
98 Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho.
99 “12_MemorialWeb_Alegatos(.pdf) NroActua 17”, índice 17, Samai.
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Radicado: 25000234100020160088702 (68378)
Demandante: Reynaldo Ramírez Escobar y otros
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 14 de mayo de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la
demanda, la cual quedará así:
“[…] PRIMERO: DECLARAR la improcedencia del medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo por la falta de legitimación en la causa por activa,
derivada de la indebida integración del grupo, habida cuenta las razones expuestas
en la parte considerativa de este proveído.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán
liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo
dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso”.
SEGUNDO: CONDENAR en costas, en esta instancia, a la parte demandante, las
cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en
consideración lo dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del
Proceso.
Como agencias en derecho en esta instancia, se fija el cero punto uno (0.1%) de las
pretensiones solicitadas en la demanda, a cargo de la parte demandante y a favor
del Ministerio de Defensa.
TERCERO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada
Aclaración de voto Aclaración de voto
VF
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