Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2016-00927-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2016-00927-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-41-000-2016-00927-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
22 de mayo de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026).
Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 25000-23-41-000-2016-00927-01 (73.166)
Demandantes: LUCILA ABRIL Y OTROS
Demandados: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – CAJA DE
RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES Y OTRA
Medio de control: REPARACIÓN DE PERJUICIOS CAUSADOS A UN
GRUPO DE PERSONAS
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – DAÑOS CAUSADOS A
PENSIONADOS DE LAS FUERZA MILITARES POR
INCORRECTA APLICACIÓN DE UNA NORMA –
INDEBIDA ESCOGENCIA DEL MEDIO DE CONTROL
JUDICIAL
Síntesis del caso: el grupo de personas compuesto por exmiembros de la Fuerza Pública
con asignación de retiro y beneficiarios con pensión afiliados a las cajas de retiro CREMIL
y CASUR reclama la responsabilidad patrimonial extracontractual de las entidades
demandadas por la incorrecta aplicación del artículo 38.2 del Decreto 4433 de 2004, norma
que prevé que la contribución que ellos deben hacer a dichas cajas de retiro es el monto
del aumento de sus asignaciones o pensiones durante los primeros diez (10) días a la fecha
en que este se cause; no obstante, dichas entidades no han efectuado los descuentos al
personal sobre el monto del aumento (correspondiente a la diferencia entre el ajuste anual
y la inflación) sino sobre el reajuste global que hace el gobierno anualmente. Ello provocó
un daño antijurídico consistente en el detrimento al poder adquisitivo de sus adquisiciones
que pretenden les sea reparado.
Decide la Sala el recurso de apelación presentado por la parte demandante en
contra de la sentencia proferida el 15 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección B que denegó las pretensiones
de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito radicado el 25 de abril de 2016 (fl. 1 cdno. 1) la señora Lucila Abril
junto con más de 1.800 personas, por intermedio de apoderado judicial promovieron
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Expediente 25000-23-41-000-2016-00927-01 (73.166)
Demandante: Lucila Abril y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación sentencia
demanda en ejercicio de la acción prevista por el artículo 88 de la Constitución
Política de Colombia para obtener la reparación de los perjuicios causados al grupo
actor en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares (CREMIL) y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR),
con las siguientes súplicas:
“1. Declarar la responsabilidad de la CAJA DE RETIRO DE LAS
FUERZAS MILITARES – CREMIL – y CAJA DE SUELDOS DE RETIRO
DE LA POLICÍA NACIONAL – CASUR – por los daños y perjuicios
causados al grupo identificado como EX MIEMBROS DE LA FUERZA
PÚBLICA CON ASIGNACIÓN DE RETIRO Y BENEFICIARIOS CON
PENSIÓN AFILIADOS A LAS CAJAS DE RETIRO CREMIL Y CASUR con
ocasión de los descuentos ilegales que han venido aplicando en
contravención con el Decreto 4433, Artículo 38.2.
2. Que como consecuencia de la anterior declaración se condene a las
Entidades responsables CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS
MILITARES – CREMIL – y CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA
POLÍCIA NACIONAL – CASUR – a pagar a título de INDEMNIZACIÓN
colectiva los daños y perjuicios las sumas de SIETE MIL MILLONES a
CREMIL y OCHO MIL MILLONES a CASUR, y a favor de cada uno de los
miembros del grupo que me otorgaron poder, como aquellos que se hagan
parte del proceso con posterioridad bien sea mediante escrito dirigido a la
autoridad judicial o a quienes sin poder proporcionar los nombres (Ley
472/98, art. 52 numeral 4) puedan ser identificados como integrantes del
Grupo definido como EX MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA CON
ASIGNACIÓN DE RETIRO CREMIL Y CASUR o a quienes se acojan a la
sentencia que desate la litis o la conciliación a que se llegue, por la acción
vulnerante que se ha venido ejerciendo y que ha ocasionado el
comprobado detrimento patrimonial denunciado en los hechos arriba
relacionados.
3. Que se condene EJEMPLARMENTE en costas a las demandadas pues
su recurrente contravención a las normas que rigen los descuentos al
grupo demandante, acusa reiterada mala fe pues en repetidas
oportunidades la ASOCIACIÓN NACIONAL DE VETERANOS DE LA
FUERZA PÚBLICA – ANALVET-, ha publicado comunicados
denunciando estos hechos que han sido de conocimiento de las
Entidades accionadas en la presente ACCIÓN DE GRUPO.
4. Que se ordene publicar en las páginas WEB y en los boletines de las
Cajas de Retiro CREMIL Y CASUR, la presentación y admisión de la
presente ACCIÓN DE GRUPO con el fin de que los afectados (todos los
afiliados a estas entidades) puedan integrar la ACCIÓN DE GRUPO bien
sea antes del inicio del periodo de pruebas o 20 días después de proferida
la Sentencia condenatoria.
5. Que se ordene a las Entidades demandadas CAJA DE RETIRO DE
LAS FUERZAS MILITARES – CREMIL y – CAJA DE SUELDOS DE
RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL – CASUR presentar una relación de
los descuentos efectuados a los EX MIEMBROS DE LA FUERZA
PÚBLICA CON ASIGNACIÓN DE RETIRO Y BENEFICIARIOS CON
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Expediente 25000-23-41-000-2016-00927-01 (73.166)
Demandante: Lucila Abril y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación sentencia
PENSIÓN con base en el Decreto 1211 de 1990 y en el Decreto 4433 de
2004 determinando las diferencias del periodo (1992 a 2016) entre el valor
de los descuentos utilizando en primer lugar como base para ellos el
REAJUSTE GLOBAL a las pretensiones realizado por el gobierno año por
año, y en segundo lugar utilizando como base para estos mismos
descuentos el AUMENTO REAL, EFECTIVO y VERDADERO que
corresponde a la diferencia del REAJUSTE GLOBAL DE INFLACIÓN
CAUSADA. Esta relación establecerá con precisión el monto de la
defraudación causada (daños y perjuicios) por cuya INDEMNZACIÓN se
ha impetrado la presente ACCIÓN DE GRUPO.
6. Que se ordene a las Entidades presentar por grados la relación de los
descuentos individuales efectuados utilizando como base de la liquidación
el REAJUSTE GLOBAL del gobierno, y otra de las mismas características,
pero utilizando como base de liquidación el AUMENTO EFECTIVO REAL
Y VERDADERO como lo establece el Artículo 38.2 del Decreto 4433.
(La diferencia entre estas dos relaciones constituye el detrimento causado
al patrimonio de los integrantes del Grupo y por ende un inaceptable
enriquecimiento ilícito de las accionadas).
7. Si se tiene en cuenta que los descuentos ilegales han generado
enriquecimiento ilícito a las demandadas y que por supuesto este dinero
no debería quedar en manos de las perpetradoras conscientes del daño
causado, se solicita que sea utilizado para la indemnización de la totalidad
del Grupo aquí referenciado y definido como EX MIEMBROS DE LA
FUERZA PÚBLICA CON ASIGNACIÓN DE RETIRO Y BENEFICIARIOS
CON PENSIÓN.
8. Que se reconozcan como miembros del grupo EX MIEMBROS DE LAS
FUERZA PÚBLICA CON ASIGNACIÓN DE RETIRO Y BENEFICIARIOS
CON PENSIÓN a todos aquellos individuos de los cuales no fue posible
proporcionar el nombre, pero de los que se expresaron los criterios para
identificarlos y definir el grupo, todos ellos afiliados a la Cajas Cremil y
CASUR.
9. Se solicita que para todos los efectos de la presente acción de grupo
sean considerados con derecho a indemnización solicitada, todos los
individuos a quienes las Cajas de Retiro CREMIL y CASUR les pagan
mensualmente sus asignaciones de retiro y/o pensiones teniendo en
cuenta que todos ellos han venido siendo afectados por los descuentos
ilegales arriba comprobados” (fls. 55 a 56 cdno. 1 – mayúsculas
sostenidas originales).
2. Hechos
Como fundamento fáctico de las pretensiones el grupo actor expuso, en síntesis, lo
siguiente:
1) La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (en adelante CREMIL) y la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (en adelante CASUR) aplicaron de manera
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Expediente 25000-23-41-000-2016-00927-01 (73.166)
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incorrecta el artículo 38.2 del Decreto 4433 de 2004, por el hecho de efectuar
“descuentos ilegales” a los exmiembros de la Fuerza Pública con asignación de
retiro y beneficiario con pensión afiliados a dichas cajas, lo cual provocó un daño
antijurídico que no están obligados a soportar, consistente en el detrimento del
poder adquisitivo de sus asignaciones.
2) Dicha norma prevé que la contribución que deben hacer a las cajas de retiro del
personal retirado en goce de asignación de retiro o sus beneficiarios en goce de
pensión es el monto del aumento de sus asignaciones o pensiones durante los
primeros diez (10) días a la fecha en que este se cause; sin embargo, esas
entidades efectúan los descuentos al personal no sobre el monto del aumento (que
corresponde a la diferencia entre el reajuste anual y la inflación si esa diferencia es
positiva1), sino sobre el reajuste global que hace el gobierno anualmente.
3) A título de ejemplo, si el reajuste anual que hizo el gobierno para el año 2016 fue
de 7,7% y la inflación reportada por el DANE fue de 6,7%, el aumento efectivo fue
solamente del 1%. Sobre ese aumento es que a las entidades les estaba permitido
hacer los descuentos pero, lo hicieron sobre el 7,7%, lo cual causó un detrimento
del 6,77% en las liquidaciones respectivas.
4) Esos “descuentos ilegales” que las cajas CREMIL y CASUR han efectuado año
a año a sus afiliados en detrimento de sus haberes han generado un
enriquecimiento ilícito.
3. Contestaciones de las entidades demandas
1) CASUR propuso las siguientes excepciones: (i) “indebida escogencia de la
acción”, por pretender el grupo actor una reforma a situaciones prestacionales. Si
bien es cierto que, de acuerdo con el inciso segundo de la Ley 472 de 1998, la
finalidad de la acción de grupo es el reconocimiento y pago de indemnización de
perjuicios, también lo es que de determinarse el pago de indemnización en realidad
1 Si no hay diferencia, la asignación simplemente se mantiene actualizada porque conserva su poder
adquisitivo. Si es menor las asignaciones sufren detrimento. Así lo ha explicado la Corte
Constitucional en sentencias C-1017 de 2003 y C-1433 de 2000.
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Expediente 25000-23-41-000-2016-00927-01 (73.166)
Demandante: Lucila Abril y otros
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ello trae consigo un reajuste de la prestación, lo que equivaldría a un
restablecimiento, con lo cual se desdibuja la finalidad de la acción de grupo; (ii) “falta
de agotamiento de la reclamación administrativa o falta de los requisitos formales”,
debido a que se trata de derechos prestacionales que requieren dicho agotamiento
preprocesal, pues, los supuestos descuentos ilegales generan una disminución en
el poder adquisitivo de la asignación de retiro, lo cual trae consigo la búsqueda de
su reajuste; (iii) “inexistencia del derecho”, porque los descuentos realizados por
CASUR son los autorizados por la normatividad aplicable al personal de retirados
de la Policía Nacional en uso de buen retiro, esto es, los Decretos 1212 y 1213 de
1990, así como también el Decreto 4433 de 2004, y porque la apreciación realizada
por la parte actora no tiene sustento jurídico aplicable, toda vez que se basa en una
sentencia de la Corte Constitucional que trata de un tema distinto y se realiza en un
sentido completamente diferente al de la acción de grupo, y (iv) “caducidad” de
manera subsidiaria si se estima que procede la acción de grupo, debido a que los
descuentos se han realizado desde la entrada en vigencia de los Decretos 1212 de
1990, 1213 de 1990 y 4433 de 2004 (fls. 80 a 86 cdno. 1).
2) Por su parte, CREMIL se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual
esgrimió las siguientes excepciones: (i) “improcedencia de la acción de grupo”,
porque las pretensiones no buscan la indemnización de perjuicios derivados de un
daño colectivo, sino el reconocimiento y pago de diferencias en asignaciones de
retiro y prestaciones de carácter laboral; en consecuencia, la acción de grupo resulta
improcedente, pues el medio de control judicial idóneo es el previsto para discutir
derechos prestacionales individuales; (ii) “inepta demanda – falta de agotamiento
de la vía gubernativa”, pues, no se agotó la vía gubernativa, en la medida en que no
se formuló reclamación previa ante la administración frente a las liquidaciones
cuestionadas; esta omisión impide el control judicial, dado que no existe un acto
administrativo previo susceptible de controversia, y (iii) “caducidad de la acción”, por
cuanto el presunto daño antijurídico se produjo desde el año 1990.
En cualquier caso, cuestionó la interpretación del concepto de “aumento” propuesta
en la demanda por considerar que parte de entender el incremento en las
asignaciones como un valor que debía trasladarse íntegramente al beneficiario, sin
afectaciones; por el contrario, conforme a la normativa aplicable, el aumento
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Expediente 25000-23-41-000-2016-00927-01 (73.166)
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corresponde a una variación del valor sobre la cual operan los aportes legalmente
previstos, de modo que no se entrega de manera absoluta, sino que, está sujeto a
los descuentos destinados al sostenimiento de la Caja de Retiro; en particular, el
artículo 38 del Decreto 4433 de 2004 prevé que un porcentaje del aumento debe
destinarse a dicho fin, lo que desvirtúa la tesis de la demanda; en consecuencia, no
existe indebida liquidación ni vulneración de derechos, sino aplicación correcta del
régimen especial aplicable a la materia.
3) A su turno, el Ministerio de Defensa replicó las súplicas de la demanda en cuya
dirección adujo las siguientes excepciones: (i) “inepta demanda por no agotamiento
de vía gubernativa”, porque no se formuló reclamación previa ante la administración
respecto de las diferencias en la asignación de retiro ni la reliquidación pretendida,
lo que impide el control judicial por no existir un acto administrativo previo; (ii)
“caducidad de la acción”, pues, los descuentos cuestionados se vienen aplicando
desde años anteriores (incluso desde la década de 1990), por lo que al momento
de presentación de la demanda ya había transcurrido el término legal, y (iii)
“improcedencia de la acción de grupo para modificar pensiones y asignaciones de
retiro de los miembros de la Fuerza Pública”, en tanto las pretensiones buscan el
reconocimiento de derechos prestacionales individuales y no la indemnización de
perjuicios derivados de un daño colectivo.
Adicionalmente, sostuvo que no se configura un daño antijurídico, dado que los
descuentos aplicados tienen fundamento legal en el régimen especial de la Fuerza
Pública; en ese sentido, cuestionó la interpretación del concepto de “aumento”
propuesta en la demanda por el hecho de entenderlo como un incremento íntegro
en favor del beneficiario, cuando en realidad constituye una base sobre la cual
operan los aportes legalmente previstos; en particular, el artículo 38 del Decreto
4433 de 2004 establece que un porcentaje del aumento debe destinarse al
sostenimiento del sistema; por consiguiente, no existe indebida liquidación ni
tampoco vulneración de derechos.
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Expediente 25000-23-41-000-2016-00927-01 (73.166)
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4. Trámite relevante en primera instancia
En auto proferido el 29 de septiembre de 2017 el tribunal de primera instancia
resolvió las excepciones previas propuestas por las entidades demandadas en el
sentido de declararlas no probadas (fls. 348 a 365 cdno. 1).
En relación con la “indebida escogencia de la acción” y la “falta de agotamiento de
la reclamación administrativa” determinó que las pretensiones del grupo actor no
están encaminadas a que se declare la nulidad de los actos administrativos que
reconocen los derechos pensionales o prestacionales a cada uno de los miembros
del grupo actor y que como consecuencia de la anterior declaración que se les
restablezca el derecho, sino que, se pretende una indemnización al grupo actor con
ocasión de los descuentos ilegales que les han aplicado en contravención de los
Decretos números 1211 de 1990 y 4433 de 2004.
Frente a la “caducidad” advirtió que como la parte actora afirma que los supuestos
descuentos ilegales se vienen realizando desde el año 1990, se trata de un daño
continuado y, en ese sentido, la acción no se encuentra caducada.
5. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección B, en
sentencia proferida el 15 de mayo de 2025 (índice 215 SAMAI) denegó las súplicas
de la demanda con fundamento en que no se acreditó un daño antijurídico, en la
medida en que la falla del servicio alegada no fue probada, esto es, la indebida
aplicación de la norma, toda vez que, según CREMIL la liquidación se efectúa al
valor obtenido después de aplicar el decreto de aumento del sueldo básico en la
asignación de retiro, al cual se le resta el 1% de aporte a la caja, lo cual arroja el
valor del aumento al que se le calcula el valor del día y se multiplica por los diez (10)
días, circunstancia que se ajusta a lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto 4433
de 2004.
Finalmente, advirtió que la demanda se orienta en realidad a cuestionar la legalidad
de la norma; sin embargo, los descuentos cuestionados tienen sustento en una
norma vigente, que no ha sido anulada, por lo cual se encuentran amparados por la
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Expediente 25000-23-41-000-2016-00927-01 (73.166)
Demandante: Lucila Abril y otros
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presunción de legalidad. Tampoco se configuró un daño especial, en tanto no se
acreditó la imposición de una carga anormal o desproporcionada a los
demandantes.
5. Recurso de apelación
La parte demandante solicita que se revoque la sentencia apelada y se acceda a
sus pretensiones, para lo cual expuso los argumentos que se resumen a
continuación:
1) Contrario a lo asegurado por el tribunal, los demandantes no han cuestionado la
legalidad del artículo 38.2 del Decreto 4433 de 2004; el debate planteado se
circunscribe exclusivamente a la indebida aplicación de esa norma que conllevó al
detrimento patrimonial de los demandantes cuyo resarcimiento se pretende con la
acción de grupo.
2) En la sentencia se asegura que la falla del servicio alegada no fue acreditada; no
obstante, la indebida aplicación de la aludida norma fue probada en la medida en
que las entidades efectuaron los descuentos sobre el incremento anual y no sobre
el aumento percibido.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis de la procedencia del medio de control judicial ejercido con
la demanda: reparación de perjuicios causados a un grupo, 3) conclusión y, 4)
condena en costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso las entidades demandadas
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Expediente 25000-23-41-000-2016-00927-01 (73.166)
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Apelación sentencia
son responsables del detrimento patrimonial sufrido por el grupo actor2 por la
supuesta falla del servicio en que habrían incurrido, consistente en el indebido
descuento realizado a los aportes de cada uno de sus integrantes con destino a las
cajas de retiro, debido a una incorrecta aplicación del artículo 38.2 del Decreto 4433
de 2004.
La Sala revocará la sentencia apelada y, en su lugar, declarará de oficio la indebida
escogencia del medio de control judicial ejercido con la demanda por ser evidente
que el origen de la imputación no constituye una causa común por existir actos
administrativos individuales de cada una de las personas que compone el grupo
demandante.
Al respecto la Sala aclara que, si bien en primera instancia el tribunal declaró no
probada la excepción previa de “indebida escogencia de la acción” propuesta por
las entidades demandadas, ello no impide que en esta instancia se declare la
indebida escogencia del medio de control judicial de oficio, toda vez que, según el
artículo 187 del CPACA, “en la sentencia se decidirá sobre las excepciones
propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada”.
2. Análisis de procedencia del medio de control judicial ejercido con la
demanda: reparación de perjuicios causados a un grupo
1) Según lo expuesto en la demanda, las cajas de retiro de las Fuerzas Militares
CREMIL y CASUR aplicaron de manera indebida el artículo 38.2 del Decreto 4433
de 2004 por los descuentos efectuados a los exmiembros de la Fuerza Pública con
asignación de retiro y beneficiarios con pensión afiliados a dichas entidades, pues,
la aludida norma prevé que la contribución corresponde al monto del aumento de
sus asignaciones (en donde se tiene en cuenta la inflación) y no sobre el reajuste
global, lo cual provocó un daño antijurídico que no están obligados a soportar,
consistente en el detrimento al poder adquisitivo de sus asignaciones.
2) El tribunal de primera instancia denegó las súplicas de la demanda por estimar
que no se acreditó la falla del servicio alegada, esto es, la indebida aplicación de la
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El grupo afectado corresponde a los exmiembros de la Fuerza Pública con asignación de retiro y
beneficiarios con pensión afiliados a las cajas de retiro CREMIL y CASUR.
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Expediente 25000-23-41-000-2016-00927-01 (73.166)
Demandante: Lucila Abril y otros
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Apelación sentencia
norma y advirtió que, en todo caso, la demanda se orienta a cuestionar la legalidad
de ella pero, como no ha sido anulada, los descuentos se encuentran amparados
por la presunción de legalidad. En el recurso de apelación la parte actora asegura
que no cuestiona la legalidad de la norma, sino su indebida aplicación que conllevó
al detrimento patrimonial, situación que fue probada.
3) En ese contexto, la Sala encuentra que el fundamento de la demanda recae sobre
prestaciones de carácter laboral y, además, hay de por medio actos administrativos
individuales; en consecuencia, la Sala debe pronunciarse sobre la procedencia del
medio de control judicial ejercido con aquella.
4) Pues bien, cuando se encontraba vigente el anterior Código Contencioso
Administrativo (Decreto 01 de 1984), la procedencia de la acción de grupo dependía
de la naturaleza de la pretensión, de modo que resultaba improcedente cuando las
súplicas se dirigían al reconocimiento y pago de acreencias de carácter laboral, tales
como salarios, prestaciones sociales o emolumentos derivados de la relación de
trabajo, en tanto dichas reclamaciones tienen naturaleza retributiva y no
indemnizatoria3; solo podía ser viable cuando se acreditara la existencia de un daño
antijurídico autónomo, distinto de la obligación de pago.
5) Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado en sentencia de unificación del 13 de julio de 20214 precisó que lo siguiente:
“En conclusión, el sistema jurídico laboral tiene vocación de plenitud lo
que significa que todas las contingencias que tengan como causa el
vínculo jurídico entre el Estado empleador y el servidor público, al igual
que los efectos asociados a aquellas, deben solucionarse en aplicación
de los principios y las reglas propias del sistema.
3 Según el artículo 3 de la Ley 472 de 1998, a través de la cual se desarrolló el artículo 88 de la
Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo,
dispuso que la acción de grupo se ejercería exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago
de indemnización de perjuicios; ello significaba que para que procediera esa acción las pretensiones
se debían formular en términos exclusivamente indemnizatorios, en tanto su finalidad era
eminentemente resarcitoria.
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia proferida el 13 de julio
de 2021, proceso no. 05001-33-31-009-2006-00210-01(AG)REV (IJ-SU), MP William Hernández
Gómez.
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Expediente 25000-23-41-000-2016-00927-01 (73.166)
Demandante: Lucila Abril y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación sentencia
En la misma línea, la indexación y el pago de intereses moratorios, como
medidas correctivas con miras a restablecer los derechos laborales
violentados e indemnizar los perjuicios que con ello se hayan podido
generar, se enmarcan en un escenario laboral que resulta extraño al
ámbito de responsabilidad patrimonial estatal que se discute en la acción
de grupo, por lo que en tales eventos esta vía procesal se torna
improcedente.
En esa lógica, son emolumentos de naturaleza laboral los salarios,
primas, bonificaciones, vacaciones, dotaciones o reajustes salariales,
pero también lo son las indexaciones, sanciones, intereses y
compensaciones que haya lugar a concederle al trabajador, bajo el
entendido que aquel concepto comprende todo pago que pueda
atribuirse de manera directa a la existencia de la relación jurídico
laboral, así como a la dinámica en la que esta se desarrolló.
Consecuentemente, el juez natural para conocer las controversias
en las que se exija su pago, será el juez laboral de lo contencioso
administrativo, a través de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho” (resalta la Sala).
Lo anterior significa que la acción de grupo era improcedente en asuntos que
tuvieran como causa el vínculo jurídico entre el Estado empleador y el servidor
público, esto es, cuando se pretendía el reconocimiento y pago de sumas derivadas
de una relación laboral o prestacional.
6) No obstante, con la entrada en vigencia del nuevo Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) el panorama
cambió, pues, en esta normatividad se incluyó la posibilidad de demandar la nulidad
de un acto administrativo de carácter particular a través del medio de control
jurisdiccional de reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas5,
novedad normativa por la cual el Consejo de Estado cambió la regla jurisprudencial
previamente referida para en su lugar admitir la procedencia de este medio de
control judicial cuando se trate de asuntos laborales. En efecto, la Sala Especial de
Decisión Número Catorce en providencia proferida el 17 de mayo de 2023 unificó la
jurisprudencia a partir de la siguiente regla:
5 “Artículo 145. Reparación de los perjuicios causados a un grupo. Cualquier persona perteneciente
a un número plural o a un conjunto de personas que reúnan condiciones uniformes respecto de una
misma causa que les originó perjuicios individuales, puede solicitar en nombre del conjunto la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado y el reconocimiento y pago de indemnización
de los perjuicios causados al grupo, en los términos preceptuados por la norma especial que regula
la materia. // Cuando un acto administrativo de carácter particular afecte a veinte (20) o más
personas individualmente determinadas, podrá solicitarse su nulidad si es necesaria para
determinar la responsabilidad, siempre que algún integrante del grupo hubiere agotado el
recurso administrativo obligatorio” (resalta la Sala).
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Expediente 25000-23-41-000-2016-00927-01 (73.166)
Demandante: Lucila Abril y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación sentencia
“[R]especto de las demandas presentadas en vigencia de la Ley 1437 de
2011, CPACA, la acción de grupo procede para reparar integralmente
perjuicios causados por una causa común ocurrida en el contexto de las
relaciones laborales o de empleo público. Dicha causa puede consistir en
un hecho, una omisión, una operación o un acto administrativo de
contenido particular. Para su trámite y decisión, se requiere una
interpretación amplia y no restrictiva del carácter indemnizatorio de la
acción de grupo”6.
La referida regla de unificación jurisprudencial se dictó porque no existía una
posición uniforme sobre la procedencia de la acción de grupo en asuntos laborales
en vigencia del CPACA. Mientras en algunas providencias se continuaba aplicando
la tesis construida en vigencia del CCA, según la cual la acción de grupo era
improcedente para reclamar acreencias laborales porque no permitía anular actos
administrativos y porque tales controversias debían ventilarse mediante nulidad y
restablecimiento del derecho, otras decisiones posteriores al CPACA sí admitían
este mecanismo para obtener la reparación de perjuicios derivados de relaciones
laborales. Por lo tanto, la Sala Especial de Decisión consideró indispensable unificar
la jurisprudencia de cara al cambio normativo aludido en precedencia, que eliminó
uno de los principales fundamentos de la tesis restrictiva.
Por consiguiente, la providencia destacó que excluir los asuntos laborales de la
acción de grupo desconocía el carácter constitucional y amplio de este mecanismo,
así como también la finalidad de garantizar el acceso efectivo a la administración de
justicia y la reparación integral de daños sufridos por grupos de personas. Ni la
Constitución ni la ley establecieron una prohibición para acudir a la acción de grupo
en materia laboral; por el contrario, el CPACA buscó ampliar su procedencia y
favorecer la acumulación de pretensiones para evitar múltiples demandas
individuales. Incluso, la Corte Constitucional ha rechazado interpretaciones
restrictivas o requisitos adicionales que limiten el alcance de las acciones de grupo,
especialmente cuando afectan la efectividad de los derechos y el acceso a la
justicia.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de
Decisión, auto de unificación del 17 de mayo de 2023, exp. 68001-33-31-014-2013-00158-01, MP
Alberto Montaña Plata.
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Expediente 25000-23-41-000-2016-00927-01 (73.166)
Demandante: Lucila Abril y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación sentencia
7) En el presente caso, el objeto de la demanda consiste en el reintegro de las
sumas que presuntamente fueron descontadas en exceso a los integrantes del
grupo actor, como consecuencia de la aplicación que las entidades demandadas
hicieron del artículo 38.2 del Decreto 4433 de 2004; en ese sentido, el perjuicio
alegado se contrae a la diferencia entre lo efectivamente descontado y lo que en
criterio de la parte actora debió descontarse, lo cual corresponde a una controversia
de carácter prestacional propia de la relación legal y reglamentaria.
8) En esa perspectiva, debe advertirse que el Decreto 4433 de 2004 fija el régimen
pensional y de asignaciones de retiro de los miembros de la Fuerza Pública y
específicamente el artículo 38 prevé lo siguiente:
“ARTÍCULO 38. Contribuciones a las cajas de retiro del personal
retirado en goce de asignación de retiro o sus beneficiarios en goce
de pensión. Los Oficiales, Suboficiales y Soldados Profesionales de
las Fuerzas Militares, y los Oficiales, Suboficiales, Nivel Ejecutivo y
Agentes de la Policía Nacional, en goce de asignación de retiro o sus
beneficiarios en goce de pensión, contribuirán a la Caja de sueldos
de Retiro de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional según el
caso:
38.1 Con una cuota mensual equivalente al cinco por ciento (5%) de la
asignación de retiro o de la pensión respectivamente, de la cual el cuatro
por ciento (4%) será con destino al pago de servicios médicos
asistenciales y el uno por ciento (1%) restante, para sostenimiento de la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares o Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional según el caso.
38.2 El monto del aumento de sus asignaciones o pensiones, equivalente
a los siguientes diez (10) días a la fecha en que se cause dicho aumento,
para sostenimiento de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares o Caja
de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional según el caso” (resalta la
Sala).
9) Ahora bien, en la demanda se solicita a título de indemnización lo correspondiente
a las sumas de dinero que, según la parte actora, las entidades descontaron de más
a los aportes que los integrantes del grupo demandante debían hacer a las cajas de
retiro, los cuales estiman en un valor global de $7.000’000.000 frente a CREMIL y
$8.000’000.000 frente a CASUR, para lo cual analizaron dos desprendibles de pago,
en los siguientes términos:
“Para probar lo anterior [la indemnización] analizaremos dos
desprendibles (uno que registra pago de la asignación de febrero 2016 y
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Expediente 25000-23-41-000-2016-00927-01 (73.166)
Demandante: Lucila Abril y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación sentencia
otro que registra el pago retroactivo correspondiente al reajuste efectuado
por el gobierno para 2016) que hemos tomado al azar pues todos los
desprendibles de pago que se aportan a la presente demanda como
prueba del daño causado han sido elaborados bajo el mismo patrón” (fl.
42 cdno. 1).
10) Por lo tanto, es claro que el perjuicio alegado corresponde exactamente al valor
que, según la parte actora, debió permanecer en el patrimonio de los afiliados de no
haberse aplicado la norma en la forma en que lo hicieron las entidades
demandadas; en consecuencia, la denominada “indemnización” coincide
plenamente con el monto de los descuentos que se reputan indebidos. Así, la
controversia se refiere a una discusión relativa a la liquidación de una obligación
económica derivada de la relación legal y reglamentaria existente entre los
demandantes y las entidades accionadas, esto es, un litigio de carácter laboral.
11) En tales condiciones, la Sala advierte que como la demanda se presentó cuando
ya estaba en vigencia la Ley 1437 de 2011 a este caso no le es aplicable la regla
de decisión judicial fijada por la Sala Plena en el año 2021 conforme a la cual la
acción de grupo es improcedente cuando se pretende el reconocimiento y pago de
sumas derivadas de una relación laboral o prestacional, sino que, debe aplicarse la
regla de unificación establecida por la Sala Especial de Decisión Número Catorce
en el año 2023, según la cual el medio de control jurisdiccional de los perjuicios
causados a un grupo de personas sí procede cuando se discuten asuntos de
carácter laboral.
12) Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, esta Sala advierte que en el presente
caso no hay una causa común como lo exige la norma, pues, el medio de control
judicial de reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
consagrado en el artículo 145 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo está concebido para que cualquier persona
perteneciente a un número plural o a un conjunto de personas, que reúnan
condiciones uniformes respecto de una misma causa que les originó perjuicios
individuales, pueda demandar la declaración de responsabilidad patrimonial del
Estado y el reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios causados al
grupo.
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Expediente 25000-23-41-000-2016-00927-01 (73.166)
Demandante: Lucila Abril y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación sentencia
13) En ese entendimiento observa la Sala que en este caso se trata de actos
administrativos individuales y concretos que resuelven situaciones específicas
respecto de cada persona (retirado o beneficiario); por lo tanto, no se trata de una
causa común y, en ese orden de ideas, no se satisface uno de los presupuestos
esenciales para la procedencia de dicho medio de control judicial.
14) Al respecto, también existe regla de unificación vigente que se definió en los
siguientes términos:
“[L]a acción de grupo no procede para reparar perjuicios causados por
varios actos administrativos individuales, al no cumplirse el requisito de
comunidad de causa o de existencia jurídica del grupo y, por lo tanto, la
reparación de los perjuicios causados por cada uno de tales actos
administrativos debe intentarse separadamente, mediante los
correspondientes procesos de nulidad y restablecimiento del derecho”7.
15) En consecuencia, la controversia planteada encuentra su cauce natural en el
medio de control judicial de nulidad y restablecimiento del derecho, pues, a través
de este es posible cuestionar la forma en que las entidades aplicaron el artículo 38.2
del Decreto 4433 de 2004 y obtener, en caso de prosperar las pretensiones, la
devolución de las sumas indebidamente descontadas, a partir del cuestionamiento
de cada acto administrativo en que se materializaron dichos descuentos, como
causa del supuesto daño en cada caso. Ello por cuanto cada vez que se ordena el
pago de las mesadas pensionales o asignaciones de retiro, con sus
correspondientes descuentos, se genera un acto administrativo individual para cada
afectado.
Asimismo, sería procedente que la administración hiciera un pronunciamiento
particular y concreto de cada integrante del grupo, en el cual se concediera o se
negaran las solicitudes tendientes a que se haga ese reajuste, y en este último
evento, luego de culminar la reclamación administrativa, interponer los recursos
procedentes y a través de las pretensiones de nulidad y restablecimiento del
derecho discutir esas determinaciones, pues, cada actor tiene una situación
particular y concreta que revindicar, un derecho subjetivo que reclamar y sobre el
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de
Decisión, sentencia de unificación del 6 de diciembre de 2021, exp. 66001-33-31-003-2008-00410-
01, MP Alberto Montaña Plata.
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Expediente 25000-23-41-000-2016-00927-01 (73.166)
Demandante: Lucila Abril y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación sentencia
cual la administración debe decidir si en efecto tiene el derecho a la devolución de
los dineros reclamados. En este punto se aclara que conforme al artículo 164 del
CPACA las demandas contra actos administrativos que versen sobre prestaciones
periódicas no caducan, aunque sí opera la prescripción de derechos laborales
(artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social).
16) En suma, la Sala encuentra que se incurrió en indebida escogencia del medio
de control judicial, situación que torna improcedente un pronunciamiento de fondo
por cuanto la adecuada escogencia del medio de control judicial constituye
presupuesto de la sentencia de mérito, tal como lo ha sostenido esta Sección del
Consejo de Estado8.
3. Conclusión
En el presente asunto no hay una causa común que habilite demandar a través del
medio de control judicial de reparación de los perjuicios causados a un grupo de
personas.
Por lo expuesto, debido a que la demanda se interpuso con indebida escogencia
del medio de control judicial legalmente procedente se impone revocar la sentencia
apelada, para en su lugar declarar esa excepción de oficio y, consecuencialmente,
inhibirse de pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido a juicio.
4. Condena en costas
La Sala se abstendrá de condenar en costas, en armonía con una decisión previa
de esta Subsección según la cual la condena en costas procede en este tipo de
medios de control cuando se acojan las pretensiones de la demanda9. En este
caso, se dicta fallo inhibitorio.
8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 28 de abril de 2010, proceso
No. 17811 - 88001-23-31-000-1997-00207-01 (17.811), MP Mauricio Fajardo Gómez.
9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 17 de junio de 2024, expediente
68.712, MP Alberto Montaña Plata.
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Expediente 25000-23-41-000-2016-00927-01 (73.166)
Demandante: Lucila Abril y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación sentencia
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA:
1º) Revócase la sentencia proferida el 15 de mayo de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección B y, en su lugar,
declárase de oficio la excepción de indebida escogencia del medio de control
judicial de reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas e inhíbese
de pronunciarse sobre el mérito de las súplicas de la demanda.
2°) Sin condena en costas.
3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen,
previas las respectivas constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Sala
(firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con los artículos 1 y 2 de
la Ley 2213 de 2022.
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