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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2019-00022-01

Fecha
23 de febrero de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2019-00022-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia anticipada proferida el 3 de julio de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para en su lugar: SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación por activa, derivada de la indebida integración del grupo, y la improcedencia del medio de control. 48 CGP, artículos 361 (composición), 362 (expensas, arancel), 363 (honorarios de auxiliares de la justicia) y 366-4 (agencias en derecho). 49 CGP, artículo 365. “Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella. (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.”. 50 “Artículo 5 Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. Procesos declarativos en generaL. […] En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.”. 21 Radicado: 25000-23-41-000-2019-00022-01 (66422) Demandante: Inversiones Narval S.A.S. y otros TERCERO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandante. Para tal efecto se fijan como agencias en derecho el equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, que se distribuirá por partes iguales entre las dos entidades demandadas. CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que continúe con el trámite del proceso en la etapa que corresponda.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-41-000-2019-00022-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

23 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00022-01 (66422)
Demandante: Inversiones Narval S.A.S. y otros
Demandado: Nación - Ministerio de Salud y otros
Referencia: Reparación de perjuicios causados a un grupo

TEMAS: SENTENCIA ANTICIPADA EN ACCIÓN DE GRUPO – El procedimiento que
dispone la Ley 472 de 1998 es compatible con la posibilidad que prevé el artículo 278 del
CGP de dictar sentencia anticipada. PRESUPUESTOS PROCESALES EN ACCIONES DE
GRUPO – eventos en los que debe analizarse la relación directa entre el requisito de
condiciones uniformes respecto de una misma causa común y la legitimación en la causa
por activa, dada su codependencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia anticipada proferida el 3 de julio de 2020 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, que declaró de oficio la falta de legitimación en la causa por
activa y, en consecuencia, se inhibió de resolver el fondo del asunto.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Durante los años 2008 a 2011 se liquidaron las Empresas Sociales del Estado
– ESE´s Rafael Uribe Uribe, José Prudencio Padilla, Antonio Nariño, Luis Carlos
Galán Sarmiento, Policarpa Salavarrieta, Francisco de Paula Santander y Rita
Arango Álvarez del Pino. Al culminar cada liquidación, los agentes liquidadores
suscribieron contrato con algunas fiduciarias para la administración del
patrimonio autónomo de remanentes.

La Sociedad Naranjo Abogados S.A.S. ─en liquidación─ y la empresa Narval
S.A.S., invocando su condición de cesionarios de créditos quirografarios de la
ESE Antonio Nariño y la ESE Policarpa Salavarrieta ─ya liquidadas─
presentaron demanda de reparación de perjuicios causados a un grupo, por la
no destinación de recursos para el pago de las acreencias quirografarias, pese
a que fueron reconocidas dentro de los respectivos procesos de liquidación. A
su vez, los demandantes manifestaron que el grupo estaba conformado por
todos los acreedores quirografarios de las siete ESE´s liquidadas, las cuales se
encontraban en igual situación de impago.

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Demandante: Inversiones Narval S.A.S. y otros

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia anticipada,
declaró la falta de legitimación en la causa por activa, en consideración a que
los demandantes se anunciaron como cesionarios de dos créditos
quirografarios, pero no allegaron los documentos de cesión, como tampoco la
notificación de ese acto al deudor. Estableció que no era factible continuar el
proceso con los restantes miembros del grupo, ya que no fueron identificados.
Esta decisión fue apelada por la accionante, aduciendo que su calidad de
cesionario fue aceptada en el año 2017 por la fiduciaria encargada
─Fiduprevisora─ y, además, que con la demanda se allegaron pruebas a partir
de las cuales se podía identificar el grupo.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 11 de enero de 20191, las sociedades Naranjo Abogados S.A.S. ─en
liquidación─ y Narval S.A.S., mediante apoderado judicial, en ejercicio del medio
de control de reparación de perjuicios causados a un grupo, presentaron
demanda contra la Nación - Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, para que fueran declaradas patrimonialmente
responsables por la omisión en la asignación de los recursos destinados al pago
de las acreencias quirografarias insolutas y reconocidas dentro de los procesos
de liquidación de las ESE´s Rafael Uribe Uribe, José Prudencio Padilla, Antonio
Nariño, Luis Carlos Galán Sarmiento, Policarpa Salavarrieta, Francisco de Paula
Santander y Rita Arango Álvarez del Pino. Alegaron que, pese a la finalización
de los procesos de liquidación, a la fecha de presentación de la demanda los
mencionados créditos no habían sido incorporados en el presupuesto para su
respectivo pago.

En consecuencia, la parte demandante solicitó condenar a las entidades
demandadas a pagar: i) las acreencias que corresponden a cada uno de los
miembros del grupo de acreedores quirografarios, reconocidos durante los años
2009 a 2011 dentro del proceso de liquidación de las mencionadas ESE´s,; y ii)
los intereses causados por cada una de las acreencias quirografarias adeudadas
o en su defecto la actualización dineraria.

Como antecedentes fácticos, la parte actora narró que mediante el Decreto 1750
de 20032 se escindió el Seguro Social y, para dar continuidad a la prestación del
1 Fl. 1 a 43, Cuaderno 1. La demanda fue inadmitida el 17 de octubre de 219 (fl.60-62, C.1), para

que se precisara cuál era la causa del daño, si la liquidación de las ESE, o la transferencia de
unos fondos al Fosyga que se encontraban a disposición de la ESE. En escrito de subsanación
(Fl. 64-67, C. 1) la parte demandante aclaró que la causa del daño no era la liquidación de las
ESE, ni la transferencia de fondos al Fosyga sino el proceso posterior en el que no había ninguna
voluntad de pago. El 7 de octubre de 2019 la demanda fue admitida (Fl. 69, C. 1).
2 Por el cual se escinde el Instituto de Seguros Sociales y se crean unas Empresas Sociales del

Estado.
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Demandante: Inversiones Narval S.A.S. y otros

servicio de salud se crearon las ESE´s Rafael Uribe Uribe, José Prudencio
Padilla, Antonio Nariño, Luis Carlos Galán Sarmiento, Policarpa Salavarrieta,
Francisco de Paula Santander y Rita Arango Álvarez del Pino.

Advirtió que, a partir de 2006, estas Empresas Sociales del Estado fueron objeto
de los procesos de liquidación en los que quedaron legalmente reconocidos los
créditos de los acreedores quirografarios, y los cuales culminaron con las actas
o informes finales que extinguieron dichas entidades.

En particular, precisó que el 30 de septiembre de 2011, en su informe final, el
liquidador de la ESE Antonio Nariño reconoció una acreencia por valor de
$37.950.313, a nombre de Deterquin Ltda.

Asimismo, sostuvo que, en fecha no especificada, el informe final de liquidación
de la ESE Policarpa Salavarrieta le reconoció a este mismo acreedor otra
acreencia por valor de $13.510.726.

Expuso que, posteriormente, ambas acreencias fueron adquiridas por Jairo
Eduardo Jiménez Marroquín, quien, a su vez, el 27 de diciembre de 2007 y el 24
de junio de 2009, cedió los créditos a favor de Naranjo Abogados S.A.S.

Sostuvo que el 12 de octubre y el 8 de noviembre de 2017, la cesión de los
créditos fue aceptada dentro de los procesos de liquidación de las respectivas
Empresas.

Indicó que, culminados los procesos de liquidación, en los términos establecidos
por la Ley 1105 de 20063, modificatoria del Decreto Ley 254 de 20004, los
liquidadores suscribieron con las fiduciarias Fiduprevisora y Fidupopular los
respectivos contratos de fiducia mercantil para la administración de los
remanentes y el pago de las acreencias pendientes.

Señaló que, pese al reconocimiento de los créditos dentro de los procesos de
liquidación, los acreedores quirografarios no han obtenido su pago, y dichos
créditos no fueron incorporados en el presupuesto nacional.

Al respecto, afirmó que el 25 de agosto de 2017, mediante un derecho de
petición, le solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que certificara si
las ESE´s formaban parte del presupuesto general de la Nación, obteniendo
respuesta negativa del 4 de octubre de ese año.

3 Por medio de la cual se modifica el Decreto-ley 254 de 2000, sobre procedimiento de liquidación

de entidades públicas de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y se dictan otras disposiciones.
4 Por el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional.

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Demandante: Inversiones Narval S.A.S. y otros

Destacó que, el artículo 795 de la Ley 1815 de 20166 ordenó que los recursos
disponibles en patrimonios autónomos de remanentes a cargo del Ministerio de
Salud y Protección Social, que no financiaran la operación de estos o el pago de
obligaciones exigibles, deberían ser girados al Fosyga. Consideró que, de esta
manera el Gobierno Nacional eludió el pago de los acreedores y omitió otorgar
las partidas presupuestales para honrar los compromisos previamente
adquiridos.

Esgrimió que, como las ESE´s liquidadas tenían la calidad de entidades públicas
descentralizadas del orden nacional, era deber del Estado, a través de los
Ministerios demandados, asumir el pago de las acreencias insolutas.

2. Contestación

2.1. La Nación - Ministerio de Salud y Protección Social7 se opuso a las
pretensiones de la demanda. Argumentó que cuando un acreedor se sometía a
un proceso liquidatorio quedaba sujeto a las resultas de ese procedimiento
especial y, en caso de inconformidad, debía demandar los actos del proceso de
liquidación que le generaban discrepancia.

Indicó que, frente a los créditos reclamados en la demanda, no ostentaba
titularidad jurídica alguna, porque no fungía como representante legal de las
entidades liquidadas, ni sustituto, ni cesionario o subrogatario de las obligaciones
quirografarias de las extintas ESE´s.

Igualmente, sostuvo que de la normatividad invocada en la demanda subrogó las
obligaciones de carácter laboral insolutas, las cuales no correspondían a los
créditos quirografarios de los demandantes.

Además, señaló que las ESE´s impartieron instrucciones a las Fiduciarias sobre
el orden en que debían realizarse los pagos, de manera que éstas acataban lo
allí dispuesto.

Remarcó que la causa de los daños reclamados en la demanda provenía de
actos administrativos que debieron ser demandados en nulidad y
restablecimiento del derecho.

5 “Artículo 79. Los recursos disponibles en patrimonios autónomos de remanentes a cargo del

Ministerio de Salud y Protección Social, que no financien la operación de estos o el pago de
obligaciones exigibles, serán girados, sin operación presupuestal, al Fondo de Solidaridad y
Garantía (Fosyga) o quien haga sus veces, y se destinarán a la financiación del aseguramiento
en salud”.
6 Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones

para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017.
7 Fl. 82-91, C. 1.

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Demandante: Inversiones Narval S.A.S. y otros

Concretó las excepciones en: i) improcedencia de la acción, pues la demanda
no se ajustaba a los requisitos del medio de control invocado; ii) indebida
determinación e identificación de los veinte integrantes del grupo, dado que la
demanda no proporcionaba el nombre de esos demandantes y tampoco
aportaba criterios para identificarlos; iii) caducidad del medio de control, teniendo
en cuenta la fecha de las actas de finalización de cada una de las Empresas: a)
ESE Luis Carlos Galán Sarmiento –6 de noviembre de 2009; b) ESE Policarpa
Salavarrieta –15 de septiembre de 2009; c) ESE Rita Arango Álvarez del Pino –
2 de octubre de 2009; d) ESE José Prudencio Padilla – 30 de mayo de 2008; e)
ESE Rafael Uribe Uribe –18 de julio de 2008; f) ESE Antonio Nariño – 30 de
septiembre de 2011; y, g) ESE Francisco de Paula Santander –13 de noviembre
de 2009; iv) falta de legitimación en la causa por pasiva; v) ausencia de
responsabilidad; vi) indebida escogencia del medio de control y, vii) la
innominada.

2.2. La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público8 se opuso a las
pretensiones de la demanda, advirtiendo que los hechos no establecían una
situación fáctica o jurídica que vinculara esta entidad con las pretensiones
deprecadas, pues todo reconducía al pago de unas obligaciones quirografarias
respecto de las cuales dicha entidad no era deudora. En el mismo sentido, señaló
que no podía pronunciarse sobre los hechos de la demanda porque no participó,
ni tuvo injerencia, en los procesos de liquidación de las ESE´s aludidas.

Consideró la improcedencia del medio de control de reparación de perjuicios
causados a un grupo, porque la demanda pretendió el reconocimiento y pago de
un derecho principal contenido en un acto administrativo.

Asimismo, formuló las excepciones de: i) caducidad de la acción de 4 meses,
atendiendo a que el daño provino de un acto administrativo; ii) falta de
legitimación en la causa por pasiva; iii) ausencia de responsabilidad; iv)
inexistencia de obligación alguna relacionada con las pretensiones de la
demanda; y v) indebida determinación e identificación de los veinte integrantes
del grupo.

3. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia anticipada, el 3 de julio de 20209 el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca declaró de oficio, la falta de legitimación en la causa por activa
y, en consecuencia, se inhibió de pronunciarse de fondo sobre las súplicas de la
demanda.

En sustento de su decisión, el Tribunal consideró que las sociedades Naranjo
Abogados S.A.S. y Narval S.A.S. debieron aportar, dentro de la correspondiente
8 Fl. 100-115, C. 1.
9 Fl. 133-143, C. ppal.

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Demandante: Inversiones Narval S.A.S. y otros

oportunidad procesal, la prueba idónea que demostrara su interés legítimo para
solicitar las indemnizaciones en calidad de cesionarios de los créditos
quirografarios, a saber, los documentos donde se plasmó la cesión y la
respectiva notificación al deudor para que ésta fuera exigible. Asimismo, advirtió
que los demandantes omitieron informar que no tenían en su poder tales
documentos, y no solicitaron el recaudo de éstos.

Por otra parte, la primera instancia concluyó que no era procedente continuar el
trámite respecto de otros integrantes del grupo, toda vez que estos no fueron
individualizados en la demanda, ni se establecieron parámetros objetivos para
su identificación. Sobre este punto, explicó que la referencia genérica a personas
naturales y jurídicas acreedoras de las ESE´s liquidadas, a quienes se les habría
negado el pago de sus acreencias quirografarias, resultó insuficiente para
determinar con certeza quiénes conformaban el grupo, cuántos eran, cuáles no
recibieron el pago, ni los actos de reconocimiento de las deudas o la fecha de
causación de los créditos.

5. Apelación

5.1. La parte actora10 solicitó revocar la sentencia anticipada de primera
instancia. Indicó que la legitimación en la causa por activa se encontraba
acreditada porque, en el año 2017, la Fiduprevisora reconoció a la sociedad
Naranjo Abogados S.A.S. como cesionario de las acreencias, así como lo
hicieron las actas e informes finales de la liquidación de las ESE´s y lo
demostraba la prueba pericial solicitada en la demanda. De igual modo, estimó
que los anexos de la demanda acreditaban la plena identificación del grupo.

En particular, la alzada echó de menos el análisis de las siguientes pruebas
tendientes a demostrar la legitimación: i) los oficios No. 20170081270721 del 12
de octubre de 2017 y No. 20170081391741 del 8 de noviembre de 2017,
mediante los cuales la Fiduprevisora reconoció la cesión de créditos en favor de
Naranjo Abogados S.A.S; ii) los informes de los acreedores allegados con la
demanda en medio magnético; iii) las actas e informes finales de las ESE´s, que
dijo allegar como anexos del recurso de apelación; iv) los actos administrativos
mediante los cuales los liquidadores de las ESE´s procedieron a relacionar y
aceptar la graduación de créditos y; v) la prueba pericial que solicitó con la
demanda, cuya práctica no se concretó en virtud de la sentencia anticipada.

No obstante, se advierte que el demandante no discutió la falta de legitimación
en la causa declarada frente a la sociedad Narval S.A.S.

10 Escrito de apelación del 22 de julio de 2020. Fl. 150-153, C. ppal.

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Demandante: Inversiones Narval S.A.S. y otros

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

6.1. La parte actora11 reiteró los argumentos expuestos en la apelación y añadió
que la sentencia de primera instancia aplicó un exceso de ritual manifiesto,
afectando su derecho de acceso a la administración de justicia y debido proceso.
Adujo que al dictarse sentencia anticipada se obvió la etapa de pruebas con la
cual se pretendía demostrar el carácter de acreedores de las ESE´s.

6.2. La Nación – Ministerio de Salud y Protección Social12 solicitó que se
mantuviera el sentido de la sentencia recurrida, porque la demandante no
cumplió su carga probatoria.

6.3. La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público13 recalcó lo expuesto
en la contestación de la demanda.

III. CONSIDERACIONES

La Sala seguirá el siguiente orden para resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante: (1) jurisdicción y competencia (2) problema
jurídico, (3) procedencia de la sentencia anticipada en el medio de control de
reparación de perjuicios causados a un grupo, (4) verificación concurrente de la
procedencia del medio de control y la legitimación en la causa por activa; (5)
conclusión y, (6) costas.

1. Jurisdicción y competencia

1.1. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para
conocer del asunto, según lo previsto en el artículo 5014 de la Ley 472 de 1998
y, en el artículo 152.1615 del CPACA, estatuto vigente a la fecha de presentación
de la demanda, el cual le resulta aplicable.

Asimismo, el conocimiento del asunto corresponde a la Sección Tercera del

11 Escrito de apelación de la parte actora. SAMAI, índice No. 43. Certificado
50B89CFB44DFEF1D 728289A69FC8284C A44E3F96634CE83B 87BF57C474C1E8CF.
12 Escrito de apelación del Ministerio de Salud. SAMAI, índice No. 40. Certificado

4DB3E9F3951EF3AA 59019029241021D3 976E5EFDBFFD6014 FEE6F06CFE4A9A60.
13 Escrito de apelación del Ministerio de Hacienda. SAMAI, índice No. 42. Certificado

540D9CBE25B29B9D BDC791DA1FFA26E0 DF2226B0F4F2C194 63D84D5A99B3A5D0.
14 “Artículo 50. La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de los procesos que se

susciten con ocasión del ejercicio de las acciones de grupo originadas en la actividad de las
entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas. […]”.
15 “Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. […]. 16. De

los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos, reparación de daños causados a
un grupo y de cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas
que dentro de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas”.
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Consejo de Estado, en razón al criterio de especialidad previsto en el reglamento
de la Corporación16.

2. Problema jurídico

De conformidad con el recurso de apelación, le corresponde a la Sala verificar si
los demandantes se encuentran legitimados en la causa por activa y establecer
si se acreditan las condiciones uniformes y la existencia de una causa común
que legitime a los demandantes para postular un reclamo de tipo grupal.

3. Procedencia de la sentencia anticipada en el medio de control de
reparación de perjuicios causados a un grupo

Previo a resolver el problema jurídico planteado, la Sala hará unas
consideraciones pertinentes sobre la procedencia de la sentencia anticipada en
el medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo, comoquiera
que el procedimiento especial previsto en la Ley 472 de 1998 no prevé este
instituto.

Tratándose del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo
─originariamente conocido como “acción de grupo”─ se cuenta con la regulación
especial prevista en la Ley 472 de 1998. Particularmente, los artículos 52 a 67
de dicho canon normativo establecen el procedimiento por el cual se surten las
pretensiones asociadas a este medio de control.

Así, el procedimiento se inicia con la admisión de la demanda, seguida de su
notificación y del correspondiente traslado a las partes demandadas.
Posteriormente, se desarrolla la fase procesal que permite a las personas con
interés jurídico optar por integrarse al grupo o manifestar expresamente su
voluntad de exclusión.

A continuación, tiene lugar la etapa de contestación de la demanda y proposición
de excepciones previas, a la cual le sigue la diligencia de conciliación. En caso
de no alcanzarse un acuerdo conciliatorio total, o de lograrse únicamente uno
parcial, se da paso a la etapa probatoria, tras la cual se surten los alegatos de
conclusión.

Culminada esta, se profiere sentencia de primera instancia, contra la cual
procede el recurso de apelación. De interponerse dicho recurso, se habilita la
segunda instancia, que se decide de plano, salvo que resulte necesaria la
práctica de pruebas.

16 “Acuerdo 080 de 2019. Artículo 13.12. 12. Las acciones de grupo de competencia del Consejo

de Estado”.
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Entonces, descrito el iter procesal de este medio de control, en la forma prevista
por la Ley 472 de 1998, en principio, puede decirse que la posibilidad de emitir
sentencia anticipada no está prevista en dicha preceptiva.

Sin embargo, por remisión expresa del artículo 6817 de la Ley 472 de 1998, en
los aspectos no previstos deberá acudirse al estatuto procesal civil, siempre que
las disposiciones aplicadas no resulten incompatibles con lo dispuesto en esta
ley. En otras palabras, la propia regulación especial dispone el mecanismo
supletivo en caso de vacíos.

Además, cuando la acción de grupo va dirigida contra órganos representativos
del Estado resulta aplicable la Ley 1437 de 2011 ─ Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)─ que en su artículo
14518 instituye el medio de control de perjuicios causados a un grupo 19. Al
respecto, la jurisprudencia de la Corporación ha reconocido que la codificación
contencioso administrativa modificó la Ley 472 de 1998, en lo correspondiente a
la pretensión, la caducidad y la competencia20.

Sobre el particular, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado21
precisó que, aun cuando el artículo 68 de la Ley 472 de 1998 dispuso la
aplicación del CPC —hoy CGP—, tal remisión solo resultaba “viable en aquellos
eventos en los que no existan normas contenidas en el CPACA que regulen
expresamente la materia y que tengan que ver con el medio de control
específico”.

Por consiguiente, si un aspecto no está regulado en la Ley 472, pero sí lo está
de manera específica en el CPACA, para dicho medio de control el llamado a

17 “Artículo 68. ASPECTOS NO REGULADOS. En lo que no contraríe lo dispuesto en las normas

del presente título, se aplicarán a las Acciones de Grupo las normas del Código de Procedimiento
Civil”.
18 “Artículo 145. Reparación de los perjuicios causados a un grupo. Cualquier persona

perteneciente a un número plural o a un conjunto de personas que reúnan condiciones uniformes
respecto de una misma causa que les originó perjuicios individuales, puede solicitar en nombre
del conjunto la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado y el reconocimiento y pago
de indemnización de los perjuicios causados al grupo, en los términos preceptuados por la norma
especial que regula la materia. Cuando un acto administrativo de carácter particular afecte a
veinte (20) o más personas individualmente determinadas, podrá solicitarse su nulidad si es
necesaria para determinar la responsabilidad, siempre que algún integrante del grupo hubiere
agotado el recurso administrativo obligatorio”.
19
El CPACA resulta aplicable al presente asunto, comoquiera que la demanda se interpuso en
su vigencia.
20 Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera. Auto de 31 de enero de 2013, Rad.

63001-23-33-000-2012-00034-01(AG), Auto del 10 de febrero de 2016, Rad. 2015-00934; Auto
de 18 de mayo de 2017, Rad. 2016-00131; Auto del 18 de julio de 2017, Rad. 20100131;
sentencia del 19 de marzo de 2021, Subsección A, Rad. 520012333000201300380-01(AG), y
sentencia del 2 de julio de 2021, Rad: 25000-23-41-000-2018-00153-01(AG).
21 Consejo de Estado, Sección Tercera - Sala Plena. Auto del 6 de agosto de 2020. Rad. 64.778.

9

Radicado: 25000-23-41-000-2019-00022-01 (66422)
Demandante: Inversiones Narval S.A.S. y otros

suplir la falta de regulación es el CPACA. No obstante, si no aparece regulado
en el CPACA, la remisión se reorientará hacia el CGP.

Ahora bien, en el caso concreto se observa que para el momento en que se
interpuso la demanda ─11 de enero de 2019─, el CPACA no establecía el
mecanismo de sentencia anticipada, ya que dicha figura fue introducida
mediante la adición del artículo 182ª, efectuada por el artículo 42 de la Ley 2080
de 202122. En consecuencia, para el caso concreto opera la remisión al CGP
prevista en el artículo 68 de la Ley 472 de 1998.

Situados en dicha codificación adjetiva ─ el CGP─, se observa que el artículo
27823 previó la posibilidad de dictar sentencia anticipada en cualquier estado del
proceso, cuando: i) las partes lo soliciten de común acuerdo; ii) no hubiere
pruebas por practicar; o iii) se encuentre probada la cosa juzgada, la transacción,
la caducidad, la prescripción extintiva o la carencia de legitimación en la causa.

En este punto, conviene indagar si la aplicación de la sentencia anticipada
prevista en el CGP es compatible con el procedimiento especial reglado en la
Ley 472 de 1998, ya que la condición para que opere la remisión es que las
normas supletorias no riñan con las normas especiales.

Al respecto, la Sala observa que el artículo 524 de la Ley 472 de 1998 prevé que
en el trámite de las acciones reguladas por dicha ley se aplicarán los principios
constitucionales, especialmente los de prevalencia del derecho sustancial,
publicidad, economía, celeridad y eficacia.

De acuerdo con la Corte Constitucional25, el principio de economía procesal
“consiste, principalmente, en conseguir el mayor resultado con el mínimo de
actividad de la administración de justicia. Con la aplicación de este principio, se
busca la celeridad en la solución de los litigios, es decir, que se imparta pronta y
cumplida justicia”.

22 “Artículo 42. Adiciónese a la Ley 1437 de 2011 el artículo 182A, el cual será del siguiente tenor:

“Artículo 182A. Sentencia anticipada. Se podrá dictar sentencia anticipada: […]”.
23 “Artículo 278. Clases de providencias. […]. En cualquier estado del proceso, el juez deberá

dictar sentencia anticipada, total o parcial, en los siguientes eventos: 1. Cuando las partes o sus
apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. 2.
Cuando no hubiere pruebas por practicar. 3. Cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la
transacción, la caducidad, la prescripción extintiva y la carencia de legitimación en la causa”.
24 “Artículo 5. Trámite. El trámite de las acciones reguladas en esta ley se desarrollará con

fundamento en los principios constitucionales y especialmente en los de prevalencia del derecho
sustancial, publicidad, economía, celeridad y eficacia. Se aplicarán también los principios
generales del Código de Procedimiento Civil, cuando éstos no se contrapongan a la naturaleza
de dichas acciones. […]”.
25 Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 1998.

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Por su parte, el principio de celeridad busca que el proceso se adelante en el
menor término posible y sin dilaciones injustificadas.

De manera que, omitir o pretermitir las etapas restantes del procedimiento,
cuando desde un inicio se advierte la existencia de una causal de terminación
que determina el destino de la demanda y que no es susceptible de subsanación
o corrección —por cuanto el legislador ha previsto de manera anticipada
consecuencias definitivas y concluyentes para tales supuestos, como ocurre
ordinariamente con ciertos presupuestos procesales y concretamente con la falta
de legitimación en la causa—, la facultad del juez de proferir una sentencia
anticipada resulta compatible con los principios de economía procesal, eficiencia
y eficacia que orientan el trámite de la acción de grupo.

Ello, además, no entra en tensión ni vulnera el derecho de defensa, en tanto el
ordenamiento jurídico establece de manera previa y clara las condiciones bajo
las cuales los litigios pueden proseguir y aquellas en las que su continuación
resulta improcedente.

En consecuencia, la sentencia anticipada resulta compatible con el
procedimiento previsto en la Ley 472 de 1998 para el trámite de las acciones de
grupo. Tan es así que esta Subsección resolvió recientemente un recurso de
apelación interpuesto contra una sentencia anticipada proferida dentro del medio
de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo26.

Dilucidado lo anterior, la Sala procederá a resolver el recurso de apelación.

4. Verificación concurrente de la procedencia del medio de control y la
legitimación en la causa por activa

4.1. Como se dijo, la sentencia proferida el 3 de julio de 2020 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca declaró la falta de legitimación en la causa por
activa del grupo demandante que, a su turno, apeló la decisión argumentando
que con los anexos de la demanda se demostraba la plena identificación del
grupo y que, además, la legitimación en la causa por activa se encontraba
acreditada a través del reconocimiento que, como cesionario de las acreencias
efectuó la Fiduprevisora respecto de la sociedad Naranjo Abogados S.A.S. en el
año 2017. Igualmente, la alzada consideró que la legitimación en la causa por
activa se acreditaba con las actas o informes finales de la liquidación de las
ESE´s y, con la prueba pericial solicitada en la demanda.

En este sentido, el escrito de apelación echó de menos el análisis de las
siguientes pruebas tendientes a demostrar la legitimación: i) los oficios No.
20170081270721 del 12 de octubre de 2017 y No. 20170081391741 del 8 de
26 Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección C. Providencia del 18 de junio de 2025.

Rad. 71158.
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noviembre de 2017, mediante los cuales la Fiduprevisora reconoció la cesión de
créditos en favor de Naranjo Abogados S.A.S; ii) los informes de los acreedores
allegados con la demanda en medio magnético; iii) las actas o informes finales
de las ESE´s. Sin embargo, aunque la alzada indicó haber anexado estos medios
de prueba, estos documentos no se allegaron al plenario y, además, las pruebas
aportadas en segunda instancia fueron denegadas mediante Auto del 14 de
enero de 202227; iv) los actos administrativos mediante los cuales los
liquidadores de las ESE´s procedieron a relacionar y aceptar la graduación de
créditos y; v) la prueba pericial que solicitó con la demanda, cuya práctica no se
concretó en virtud de la sentencia anticipada.

En respuesta, se tiene que, aunque por regla general la procedencia del medio
de control y la legitimación en la causa se analizan como presupuestos
autónomos —como en efecto lo son—, lo cierto es que en algunas acciones de
grupo, como ocurre en el asunto bajo estudio, resulta necesario verificar ambos
presupuestos de manera concurrente, en la medida en que se advierte una
relación de interdependencia derivada de las diferentes situaciones fácticas
planteadas en la demanda.

En este sentido, la Sala advierte que el caso sub judice no presenta una causa
común de la que puedan extraerse condiciones uniformes y, por tanto, a la par
con la falta de legitimación por activa y la imposibilidad de establecer criterios
para identificar a todos los acreedores quirografarios que pudieran tener interés
en la acción de grupo, se constata una indebida integración del grupo y la
improcedencia del medio de control invocado, como pasa a explicarse.

4.2. En los términos del artículo 14528 del CPACA, el medio de control de
reparación de perjuicios causados a un grupo es el mecanismo procesal idóneo
para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por
daños causados a un número de personas, igual o superior a 20, que reúna
condiciones uniformes respecto de una misma causa generadora de perjuicios
individuales.

Entre las características de este medio de control, la sentencia C-569 de 2004
destaca la exigencia de una causa común en la producción de los daños

27 Mediante proveído del 14 de enero de 2022 el despacho ponente negó las pruebas allegadas

en segunda instancia y puso de presente que una de ellas tan siquiera se aportó. Decisión
suplicada por la apelante y confirmada por la Sala de Subsección mediante auto del 29 de abril
de 2022. Cfr. Samai, índice No. 16, certificado 4234AAD22230346E 9D15D945092C3F7F
83CF1777526C724C 705245BBF3DB8B72 y, Fls. 166-167, c. ppal.
28 “Artículo 145. Reparación de los perjuicios causados a un grupo. Cualquier persona

perteneciente a un número plural o a un conjunto de personas que reúnan condiciones
uniformes respecto de una misma causa que les originó perjuicios individuales, puede solicitar
en nombre del conjunto la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado y el
reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios causados al grupo, en los términos
preceptuados por la norma especial que regula la materia […]”.
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reclamados. No obstante, cabe señalar que la uniformidad o homogeneidad
reclamada no se extiende necesariamente a todos los elementos de la
responsabilidad29. Por ello, es plenamente posible que, aun cuando los daños
provengan de una causa común, las manifestaciones o consecuencias lesivas
presenten variaciones entre los miembros del grupo. Por eso mismo, las
reparaciones “son individualizables y divisibles, por cuanto el daño es
subjetivo”30.

De igual modo, las condiciones uniformes respecto de una misma causa “no
pueden ser interpretadas únicamente desde el punto de vista fáctico [sino que],
deben ser definidas en términos jurídicos y atendiendo la naturaleza de los
intereses protegidos […]”31.

En la práctica, la identificación de las condiciones uniformes no siempre ha sido
interpretada con la debida precisión, porque con frecuencia los demandantes
buscan consolidar un conjunto heterogéneo de hechos y causas que, pese a
exhibir una apariencia de similitud, presentan manifestaciones modal y
temporalmente dispares, evidenciando así una dispersión que dificulta la
adecuada caracterización de la causa común.

Para no caer en laxitudes, ni rigideces y, por el contrario, lograr un adecuado
entendimiento del alcance de este requisito, en sentencia del 10 junio de 202132,
la Sala Primera Especial de Decisión de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, precisó que existen condiciones uniformes cuando es posible
proferir una “decisión unitaria de la controversia”, pese a que puedan existir
daños y perjuicios disímiles. En otras palabras, el común denominador que funge
como eje axial del grupo debe permitir una decisión unitaria.

Así, en atención a los criterios delineados en la decisión del 2 de agosto de
200633, se definió como metodología para identificar la causa común y las
condiciones uniformes, la siguiente:

“Primero, se debe identificar el hecho o hechos generadores alegados en la
demanda y determinar si éstos son uniformes para todo el grupo; y segundo,
mediante el análisis de la teoría de la causalidad adecuada, que permite un
mayor enfoque jurídico, determinar si éstos hechos generadores tienen un mismo
nexo de causalidad con los daños sufridos por los miembros del grupo.

29 Ver al respecto, Corte Constitucional, sentencia C-569 de 2004, Fundamentos 80 y 84.
30 Íbid. Fundamento 53.
31 Ibíd. Fundamento 83.
32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Primera Especial de

Decisión, sentencia del 10 de junio de 2021. Rad. REV SU AG 76001-23-31-000-2002-04584-
02.
33 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 2 de agosto de 2006. Rad. 25000-23-24-

000-2005-00495-01.
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El resultado de este análisis debe ser la identidad del grupo, como pluralidad de
personas que sufren unos daños originados en uno o varios hechos generadores
comunes a todos; si se descubre lo contrario, en cualquiera de los dos pasos,
debe concluirse la inexistencia del grupo y por consiguiente la improcedencia de
la acción”.

Dicho de otra manera, la procedencia del medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo exige que los hechos generadores de los daños
demandado sean comunes a todos los miembros del grupo, constituyendo así
un fundamento uniforme que sustente la demanda. La identidad de estos hechos
garantiza la coherencia del reclamo y la posibilidad de tratar los perjuicios de
manera colectiva o grupal.

Asimismo, dichos hechos deben estar vinculados a los daños mediante un nexo
de causalidad adecuado, que permita afirmar que los perjuicios sufridos por cada
miembro del grupo se derivan efectivamente de la misma causa. La ausencia de
uniformidad en los hechos o de un vínculo causal común impide reconocer la
existencia de un grupo homogéneo y, en consecuencia, determina la
improcedencia de este medio de control.

Ahora bien, el resultado de esta comprobación confirma la identidad de los
miembros del grupo y ello implica que la identificación de las condiciones
uniformes está estrechamente vinculada con la legitimación en la causa del
grupo actor, como lo ha entendido la Corporación al sostener que “la concepción
de la legitimación en la causa en el marco de la acción constitucional de grupo,
se centró en la interpretación del contenido normativo de los artículos 46 y 47 de
la Ley 472 de 1998 y al respecto concluyó que este presupuesto se conecta con
la exigencia de que existan condiciones uniformes respecto de la causa que
generó el daño […].”34.

En el mismo sentido, en sentencia el 9 de abril de 202535, esta Subsección trajo
a colación un pronunciamiento previo de la Corporación en el que se indicó que:
“[p]ara la jurisprudencia, el incumplimiento del presupuesto de comunidad de
causa entre quienes pretenden integrar el grupo significa la ausencia de
legitimación en la causa para incoar una acción de grupo”36.

En consecuencia, aquellos casos que no estén asistidos por condiciones
uniformes suelen develar también la improcedencia de la acción que surge de

34 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 2 de febrero de 2001, Rad. AG 017,
reiterada por la Subsección A en sentencia del 31 de julio de 2020, Rad. AG 2013-00488 y, por
la Subsección C, Sentencia del 11 de agosto de 2025. Rad. 050012333000201501114 02
(70025).
35 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 9 de abril de 2025, Rad. 15001-23-33-000-

2014-00201-011 (63825).
36Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 14, sentencia del 6 de diciembre de 2012, rad.

66001-33-31-003-2008-00410-01.
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tal comprobación. De ello, igualmente deviene para algunos casos la falta de
legitimación del grupo actor por indebida conformación. Sin embargo, en la
práctica, como la improcedencia de la acción impide avanzar hacia el análisis de
los demás requisitos, la decisión se decanta por este aspecto, sin necesidad de
declarar la falta de legitimación subsecuente37, pese a que, en tales eventos, lo
uno conlleve lo otro. Esto obedece a una cuestión puramente metodológica,
pero, desde el punto de vista sustantivo, la indebida integración del grupo
supone, a la vez, la falta de legitimación de éste para reclamar por una causa
común que no le asiste.

De esta manera, en aquellos casos en los cuales no se advierte un fundamento
fáctico o causal común se ha declarado la improcedencia de la acción por
indebida integración del grupo. Así ha ocurrido, por ejemplo, cuando se demanda
por los daños causados con ocasión de la imposibilidad de ejercer el voto en un
certamen electoral para elegir autoridades locales38; o cuando se demanda por
los daños causados a un grupo que es representado judicialmente por una
defensora pública que no cuenta con título de profesional en derecho39; o por los
daños causados por el desplazamiento forzado de personas en diversas zonas
del país y en distintas épocas40; o cuando se demanda por un supuesto de error
jurisdiccional contenido en diversas decisiones judiciales en torno a una
controversia sindical41; o cuando se busca el resarcimiento por daños causados
con la ilegalidad en la liquidación del impuesto predial de varios años42.

Así pues, la interdependencia entre la causa común, las condiciones uniformes
y la legitimación en la causa por activa en algunas acciones de grupo da lugar a
que se presenten demandas fundadas en causas que, pese a compartir ciertos
elementos fácticos, resultan difusas y no permiten una decisión unitaria, lo que
conduce a que se declare la indebida integración del grupo.

4.3. Descendiendo al caso concreto se tiene que la parte actora, de un lado,
considera demostrada la legitimación de los demandantes a partir de dos oficios
del año 2017, con los cuales la Fiduprevisora, administradora del patrimonio

37 Ejemplo de ello puede verse en: Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección A.
Sentencia del 30 de agosto de 2024. Rad. 69.510; Sentencia del 5 de mayo de 2025 Rad. 71265.
Subsección C. sentencia del 9 de abril de 2025. Rad. 63825 y, Subsección B, Sentencia del 18
de julio de 2025. Rad. 69.981.
38 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 30 de agosto de 2024. Rad.

69.510.
39 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 5 de mayo de 2025. Rad.

71265.
40 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 14 de junio de 2023. Rad.

67.305 y, Subsección B, Sentencia del 18 de julio de 2025. Rad. 69.981.
41 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 9 de abril de 2025 Rad.

67.305.
42 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 9 de abril de 2025 Rad.

63.825.

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autónomo de remanentes de las extintas ESE´s Antonio Nariño y Policarpa
Salavarrieta, le reconoció la calidad de cesionario de las acreencias
quirografarias a la sociedad Naranjo Abogados S.A.S. y, por otro, estima
demostrada la legitimación del grupo de acreedores de las siete ESE´s
liquidadas, con los anexos que se allegaron a la demanda, especialmente, con
las actas e informes de liquidación, que contienen la calificación y regulación de
los créditos. Además, tal legitimación se pretende demostrar con la peritación
solicitada en la demanda, que no se ha practicado debido a la sentencia
anticipada.

Para comenzar, es menester poner de presente que la jurisprudencia ha
distinguido entre la legitimación en la causa de hecho —que habilita la
participación procesal— y la legitimación en la causa material —que exige una
relación sustancial con los hechos y derechos debatidos—, siendo esta última la
que permite dictar una sentencia de mérito77.

Esta legitimación en la causa hace referencia a la posición sustancial que ostenta
una persona dentro de la relación jurídica o situación fáctica que origina el litigio,
y que le permite formular o contradecir las pretensiones de la demanda. Puede
ser por activa, cuando se trata del titular del interés jurídico que se debate, o por
pasiva, cuando recae en el sujeto llamado a responder por dicho interés.

En particular, la legitimación en la causa por activa exige que el demandante esté
jurídicamente vinculado con los hechos que originan la reclamación, de modo
que no basta con ser parte formal en el proceso, sino que debe existir una
conexión material o funcional con la controversia.

En el sub examine, la Sala encuentra que, junto con el escrito de demanda la
parte actora allegó un CD43 en el que se anunciaban los anexos y soportes de la
demanda. El contenido de ese medio magnético se reduce a tres carpetas y siete
archivos individuales.

La primera carpeta se denomina ESE Francisco de Paula Santander y ella
contiene los archivos denominados: Acta final de liquidación, certificación
bancaria de remanentes, cesión del contrato de fiducia mercantil, contrato 62 de
la ESE Francisco de Paula Santander, Decreto 4172 de 2009, Decreto 843 de
2009, Decreto 4328 de 229, Decreto 810 de 2008, Decreto 1362 de 2009,
Decreto 4328 de 2009, Decreto 4242, y Otrosíes 1, 2, 3 y 11 al contrato de
Fiducia entre el Ministerio de Protección Social y Fidupopular.

En el archivo del acta final de liquidación que comprende tres folios se describen
las generalidades de las atapas que surtió el proceso de liquidación, pero, en

43 Medio magnético obrante a Fl. 51 A, C. 1. Esta información coincide con la que se contiene

en el CD visible a Fl. 100 A, C. 1.
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ninguno de sus apartes se establece cuáles fueron los créditos quirografarios
reconocidos, mucho menos a quién pertenecen, ni sus cuantías.

El archivo que contiene el contrato de fiducia mercantil No. 062 de 2009 con
Fidupopular, efectivamente da cuenta del instrumento que formalizó ese negocio
jurídico, el cual se limita a establecer las instrucciones generales para el pago,
sin que se conozca cuáles, quiénes y en qué cuantía se integran las acreencias
quirografarias. Lo propio sucede con los otrosíes allegados. De igual modo, la
cesión del contrato que reposa en el CD corresponde a la Fiducia, es decir, no
es una cesión de acreencias. Por demás, allí no se observa relación alguna de
acreedores o acreencias reconocidas en los procesos de liquidación.

En la carpeta correspondiente a la ESE Luis Carlos Galán Sarmiento se
encuentra una certificación bancaria, el contrato de fiducia No. 3-1-0410 con la
Fiduagraria que tiene las mismas connotaciones del anterior, es decir, un
clausulado de estipulaciones generales. Finalmente, contiene una serie de
decretos atinentes a los procesos de liquidación de las ESE´s, de estricto
contenido normativo.

En la tercera carpeta, correspondiente a la ESE Policarpa Salavarrieta, aparece
un archivo denominado acta final de liquidación que, en su contenido real,
alberga un documento de publicación en un diario oficial. También se allega el
contrato de fiducia No. 65 de 2008 con la Fiduprevisora que contiene únicamente
un clausulado general. Los archivos restantes corresponden a decretos sobre
los procesos de liquidación.

En los archivos sueltos reposan los contratos de fiducia de la ESE Rita Arango
Álvarez del Pino con Fiduagraria ─número ilegible─ y la ESE José Prudencio
Padilla con Fiduagraria No. 0373. En su contenido estos contratos siguen la línea
de los anteriormente expuestos, es decir, un clausulado general que no acredita
las acreencias quirografarias.

Igualmente, en los archivos allegados figura el Decreto 1750 de 2003 y, en otro
se encuentra el informe final de la ESE Antonio Nariño, documento en el cual
obra una tabla con la calificación de acreencias extemporáneas, que, valga decir,
no se relacionan, ni se individualizan, sino que se describen a partir de
conceptos. En dicho informe también aparece un cuadro con el acuerdo de
prelación de pagos, en cuyo último renglón se inscriben los quirografarios, pero
no se indica a quién pertenecen, ni sus cuantías. El informe se compone,
además, de una serie de anexos de los cuales denotan particular importancia
para los efectos de esta demanda los anexos 11 y 12.

El anexo 11 contiene una relación extensa de las reclamaciones oportunas, en
las cuales se indica el nombre del acreedor y el valor reconocido, sin que se
clasifique a qué tipo de acreencias pertenece, esto es, cuáles corresponden a

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créditos laborales, cuáles a procesos judiciales, cuáles a deudas fiscales y
cuáles a quirografarios. Lo mismo sucede con el anexo 12 que corresponde a la
relación de acreedores extemporáneos reconocidos.

Siendo ese el cúmulo de pruebas aportadas con la demanda, la Sala advierte
que ninguna de ellas hace mérito para acreditar la legitimación por activa de los
demandantes, ni de los posibles integrantes que, a posteriori, pudieran
conformar el grupo, pues, todas ellas son genéricas e imprecisas.

Ahora bien, en el acápite de pruebas de la demanda se solicitó “que un perito
economista proceda a relacionar todo el grupo afectado y con base en cada ESE
extinta y liquidada de que trata esta demanda, sus actos de reconocimientos de
acreencias y/o el Acta de Informe final, y las cuantías aceptadas y proceder a
actualizar dichos créditos […]”44.

Tal solicitud probatoria en modo alguno puede suplir el deber de las partes de
acreditar la relación fáctico-jurídica de la cuál hacen depender el interés para
demandar.

De un lado, porque la legitimación en la causa es un presupuesto procesal o
elemento de mérito, según se le conciba45, relacionado con la posición sustancial
que tiene un sujeto respecto de una situación fáctica o jurídica que lo habilita
para involucrarse en una controversia y trabar el litigio, bien porque posee un
derecho que defender, o una obligación por la cual responder o exonerarse.

En ese orden, el derecho a solicitar pruebas en una controversia proviene de
quien se encuentre legitimado para acudir al litigio. Es decir, el derecho de
prueba se reserva para quien ostente legitimación y se subordina a la
acreditación de dicho presupuesto.

De otro lado, porque la prueba pericial tiene por objeto auxiliar con conocimientos
específicos al juez, sobre puntos o aspectos técnicos que no se enmarquen en
el razonamiento jurídico, ni en la potestad hermenéutica del fallador. En esa
medida, la legitimación en la causa, al ser un aspecto de derecho no pende para
su demostración de una prueba de tal naturaleza.

Finalmente, con relación a los Oficios No. 20170081270721 del 12 de octubre de
2017 y No. 20170081391741 del 8 de noviembre de 2017 aludidos en el recurso

44 Fl. 38, C. 1.
45 La jurisprudencia ha discernido sobre si la legitimación es un presupuesto procesal
propiamente dicho o, si, por el contrario, se trata de un elemento del mérito de la litis. En la
mayoría de los casos se le asume como un presupuesto procesal y, en otras, como un elemento
material para fallar de fondo un asunto. De esta última postura constituye ejemplo la sentencia
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, el 23 de abril de 2008, Rad. 16.271;
Subsección B, Sentencia del 3 de mayo de 2013. Rad. 32274.
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de apelación, se ratifica lo decidido en el auto de 14 de enero de 2022, mediante
el cual, el despacho ponente negó las pruebas allegadas en segunda instancia
y puso de presente que una de ellas no fue aportada. Esta decisión surtió el
trámite del recurso de súplica y fue confirmada por esta Sala de Subsección
mediante auto del 29 de abril de 2022, adquiriendo ejecutoria46.

Hasta este punto, habiéndose agotado los cargos de la apelación la Sala
concluye que la parte actora no probó la legitimación por activa de las sociedades
demandantes, como tampoco, demostró la integración del grupo de cara a los
acreedores que, sin ser demandantes, estuvieran en condiciones de conformar
el grupo en las oportunidades posteriores a la demanda que la Ley 472 de 1998
prevé.

Este último punto resulta relevante y merece un desarrollo adicional, pues, como
se advirtió, incide directamente en la procedencia de la acción. Una razón
adicional por la cual podría no encontrarse demostrada la legitimación en la
causa por activa del grupo es que ésta no se origina en una causa común que
revele condiciones uniformes.

Sobre el particular, se observa que la demanda pretende articular a través de un
mismo proceso la suerte de las acreencias quirografarias en siete procesos de
liquidación de diferentes empresas sociales del Estado que se extinguieron entre
los años 2008 a 2011.

No obstante, cada proceso liquidatorio, en sí, corresponde a una unidad fáctica
y temporal independiente, de manera que la conjunción de siete procesos
liquidatorios no puede resolverse a través de una decisión única, pues, por
ejemplo, la sola brecha de tiempo comporta consecuencias distintas en orden a
la caducidad del medio de control.

Si las condiciones uniformes se extendieran de esta manera, con el propósito de
resolver de forma global todos los conflictos derivados de procesos liquidatorios
de las empresas sociales del Estado, nada impediría incorporar otras
liquidaciones similares, ya fueran anteriores o posteriores a las mencionadas en
la demanda. Sin embargo, como se señaló previamente, la existencia de una
causa común exige que sea posible adoptar una decisión unitaria, lo cual no
resulta factible en este caso, dada la dispersión fáctica que se intenta concentrar
en una sola acción.

A ello se suma que ni siquiera podría afirmarse la uniformidad de todas las
acreencias quirografarias comprendidas en un solo proceso de liquidación, pues
dentro del conjunto de acreedores y de los distintos supuestos que se presentan
en este tipo de trámites ocurre que las acreencias tienen su fuente en diferentes
46 Samai, índice No. 16, certificado 4234AAD22230346E 9D15D945092C3F7F
83CF1777526C724C 705245BBF3DB8B72 y, Fls. 166-167, c. ppal.
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relaciones jurídico – negociales, son reconocidas o negadas mediante actos
administrativos de contenido particular y concreto, algunas son cumplidas, por
ejemplo, aquellas respaldadas por decisiones judiciales favorables; otras son
abonadas o satisfechas con la venta de activos remanentes; o finalmente son
castigadas conforme al orden residual que les corresponde. Todas estas
circunstancias impiden alcanzar uniformidad incluso dentro de un solo proceso
liquidatorio, especialmente considerando que estos trámites suelen prolongarse
en el tiempo y que, en cada etapa, surgen novedades que determinan el curso
procesal de las reclamaciones.

En definitiva, en el presente caso se observa una indebida integración del grupo
que da lugar a la improcedencia del medio de control y, consecuencialmente a
la determinación de falta de legitimación por activa.

En consecuencia, la Sala modificará la decisión de primera instancia para
declarar la falta de legitimación por activa, derivada de la indebida integración
del grupo, y la improcedencia del medio de control.

5. Conclusión

En el marco de los cargos planteados en el recurso de apelación interpuesto por
la parte actora contra la sentencia del 3 de julio de 2020, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, la Sala concluyó que no se acreditó la
legitimación en la causa por activa de los demandantes, como tampoco se
reúnen los criterios para la debida identificación del grupo. Adicionalmente,
advirtió la inexistencia de una causa común capaz de generar condiciones
uniformes respecto de todo el universo de integrantes grupales que, de manera
genérica, se postulaban en la demanda.

Ello conlleva no solamente la ausencia de legitimación en la causa, sino,
también, y aún más relevante, a la indebida integración del grupo y la
improcedencia del medio de control.

6. Costas

El artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo preceptúa que, salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil, hoy
Código General del Proceso, codificación que, a la vez, resulta aplicable en
materia de costas, por virtud de la remisión expresa de que trata el artículo 68
de la Ley 472 de 199847.

47 “Artículo 68. Aspectos no Regulados. En lo que no contraríe lo dispuesto en las normas del

presente título, se aplicarán a las Acciones de Grupo las normas del Código de Procedimiento
Civil”.
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Según lo previsto en el CGP48, las costas están compuestas por expensas,
gastos procesales y agencias en derecho, que deben ser “tasadas y liquidadas
con criterios objetivos y verificables en el expediente”. En cuanto a las reglas
para la imposición de la condena, la norma procesal general dispone que
procede en contra de la parte vencida o contra quien se resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación y “solo habrá lugar a costas cuando
en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación”49.

Así pues, atendiendo a lo allí ordenado, se condenará en costas en segunda
instancia a la parte actora, por resultar vencida en esta instancia.

Para tal efecto, la Secretaría de la Sección deberá efectuar la correspondiente
liquidación y tasación, debiendo considerar que en esta instancia se fija por
concepto de agencias en derecho un (1) salario mínimo legal mensual vigente a
la fecha de la sentencia, de acuerdo con las tarifas establecidas en el Acuerdo
No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 expedido por el Consejo Superior
de la Judicatura50. La cifra que arroje la liquidación del salario mínimo se
distribuirá por partes iguales entre las dos entidades demandadas, comoquiera
que participaron en esta instancia alegando de conclusión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia anticipada proferida el 3 de julio de 2020,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para en su lugar:

SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación por activa, derivada de la
indebida integración del grupo, y la improcedencia del medio de control.

48 CGP, artículos 361 (composición), 362 (expensas, arancel), 363 (honorarios de auxiliares de

la justicia) y 366-4 (agencias en derecho).
49 CGP, artículo 365. “Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a

aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que
haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. 2. La condena se
hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella. (…) 8. Solo habrá
lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación.”.
50 “Artículo 5 Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: 1. Procesos declarativos en

generaL. […] En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.”.
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TERCERO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte
demandante. Para tal efecto se fijan como agencias en derecho el equivalente a
un (1) salario mínimo legal mensual vigente, que se distribuirá por partes iguales
entre las dos entidades demandadas.

CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, para que continúe con el trámite del proceso
en la etapa que corresponda.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada

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