Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2019-00028-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-33-000-2019-00028-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 68001-23-33-000-2019-00028-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
27 de febrero de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 69001-23-33-000-2019-00028-01 (69.174)
Demandante: DIOMEDES ZETUAIN AYALA Y OTROS
Demandado: ECOPETROL SA
Medio de control: REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN
GRUPO DE PERSONAS
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – DERRAME DE CRUDO –
AUSENCIA DE DAÑO
Síntesis del caso: el 13 de junio de 2018 tuvo lugar un derrame de crudo desde una línea de
10 pulgadas de Ecopetrol SA en el lecho del río Magdalena en la población de Puerto
Wilches (Santander), como consecuencia de ello un grupo de pescadores artesanales
solicita la reparación de los perjuicios derivados de los daños consistentes en la mortandad
de una cantidad importante de peces, la pérdida del producto y la imposibilidad de ejercer la
pesca por el lapso de dos (2) años.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante1 contra la
sentencia proferida el 5 de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo de Santander
por medio de la cual se dispuso:
“PRIMERO: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda, de
conformidad con las razones expresadas en la parte motiva de esta
providencia.
TERCERO (sic): CONDENAR en costas a la parte demandante de manera
solidaria y a favor de Ecopetrol. Las agencias en derecho se fijarán por auto
separado. Las costas se liquidarán conforme lo dispone el Art. 366 ibidem.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, archívense las diligencias previas
las constancias en el sistema de gestión judicial Siglo XXI.”2 (negrillas y
mayúsculas sostenidas del original).
1 Samai, índice 87 del trámite de la primera instancia.
2 Página 48, archivo: 5_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA(.docx), Samai índice 84 de la primera instancia.
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Expediente 68001-23-33-000-2019-00028-01 (69.174)
Actor: Diomedes Zetuain Ayala y otros
Reparación de perjuicios causados a un grupo
Apelación de sentencia
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito radicado el 14 de enero de 2019 (fl. 418 cdno. 1), los abogados
Carlos Alberto Martínez Quintero y Édgar Antonio Vargas Puentes, en nombre y
representación de Diomedes Zetuain Ayala y ciento veinticuatro (124) personas más,
quienes dijeron pertenecer a la comunidad de pescadores artesanales del municipio
de Puerto Wilches (Santander) y sus alrededores, presentaron demanda de
reparación de perjuicios causados a un grupo en contra de la Empresa Colombiana
de Petróleos SA (en adelante Ecopetrol SA) (fls. 1 a 20 cdno. 1) con las siguientes
pretensiones:
“PRIMERA: Se declare responsable a LA EMPRESA COLOMBIANA DE
PETRÓLEOS SA, ECOPETROL S.A del daño ambiental causado por el no
mantenimiento adecuado de la tubería que transporta el crudo petrolero,
que va por las profundidades del rio Magdalena y que causó la
contaminación ambiental del Río Magdalena, que es de donde atienden su
sustento los pescadores aquí accionantes.
SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene
a LA EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS S.A., a pagar a cada
uno de los accionantes la suma de VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS,
($28.000.000.00) por concepto de perjuicios materiales por:
1. La pérdida del pescado que se murió, por: (sic)
2. La pérdida del pescado capturado que no se pudo vender y
3. La pérdida de oportunidad de tomar del río el pescado que requieren
para su sustento, por los próximos 2 años.
La imposibilidad de desarrollar la pesca en las mismas condiciones de
sostenibilidad que lo venían haciendo por un espacio aproximado de 2
años, período mínimamente necesario para la recuperación de las
especies piscícolas, teniendo en cuenta que la afectación de los Afluentes
del río Magdalena impide el proceso reproductivo de las especies
comerciales como son la dorada, el bocachico, el bagre y el blanquillo en la
zona afectada, dado que era en este cuerpo hídrico que los peces
encontraban el ambiente propicio para desovar, dando con ello inicio al
ciclo que luego les permitía desplazarse al río Magdalena y demás cuerpos
afluentes, de donde eran extraídos por el grupo accionante para su
sustento.
TERCERA: Que como consecuencia de la declaración anterior se ordene
a LA EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS S.A. ECOPETROL S.A.,
a pagar a cada uno de los accionantes la suma de TRESCIENTOS
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (300 smlmv)
por concepto de PERJUICIOS MORALES.
CUARTO: Se ordene a LA EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS
S.A., ECOPETROL S.A., a realizar la descontaminación integral y definitiva
de las fuentes hídricas que sufrieron el impacto del daño causado como lo
es el Río Magdalena y sus afluentes.
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Expediente 68001-23-33-000-2019-00028-01 (69.174)
Actor: Diomedes Zetuain Ayala y otros
Reparación de perjuicios causados a un grupo
Apelación de sentencia
QUINTO: Se ordene a LA EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS
S.A., ECOPETROL S.A., a realizar seguimiento y acompañamiento con
soluciones sobre la situación de salud y del medio ambiente a través de
brigadas de salud y jornadas ecológicas reparadoras, dirigidas a los
pobladores cercanos a dichos afluentes como lo es el Rio Magdalena.
SEXTA: Se ordene a LA EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS S.A.
ECOPETROL S.A., a que en el futuro no se presenten estos hechos por
falta de mantenimiento de la tubería que va por las profundidades del rio
Magdalena.
SÉPTIMA: Señalar los requisitos que deben cumplir los beneficiarios que
no han estado presentes en esta acción, a fin de que puedan reclamar la
indemnización correspondiente (…).” (fls. 5 y 6 cdno. 1 - mayúsculas
sostenidas y negrillas del original).
2. Hechos
Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora expuso en el escrito
contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:
1) El 13 de junio de 2018, Ecopetrol SA confirmó la ocurrencia de un derrame de
crudo de petróleo en las aguas del río Magdalena por causa de una rotura de la línea
de 10 pulgadas cuyo recorrido va desde Cantagallo (Bolívar) hasta Puerto Wilches
(Santander).
2) El crudo se propagó por más de treinta (30) kilómetros en las profundidades del río
y por espacio de más de diez (10) horas, en una zona en la cual los pescadores
desarrollan las actividades propias para su sustento y que provocó una mortandad de
más de dos (2) toneladas de peces.
3) Lo anterior provocó que los demandantes no pudieran vender el pescado que
alcanzaron a sacar debido a que ante la noticia del derrame los clientes se
abstuvieron de comprarlo.
3. Contestación de la demandada
Ecopetrol SA se opuso a las pretensiones de la demanda en escrito presentado el 22
de marzo de 2019 (fls. 433 a 440, cdno. 1), manifestó que si bien era cierto que
ocurrió un derrame de crudo el 13 de junio de 2018, no lo era que este se hubiera
propagado a lo largo de treinta (30) kilómetros; afirmó que dicha distancia
corresponde al área de seguridad establecida para la contención del hidrocarburo y
que debido a sus características —por ser más liviano que el agua—, el crudo no se
depositó en las profundidades del río, sino que, únicamente generó una iridiscencia
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Actor: Diomedes Zetuain Ayala y otros
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que no produjo un impacto grave en los recursos hídricos y pesqueros; también
sostuvo que no se probó que el evento hubiera ocasionado una mortandad
aproximada de dos (2) toneladas de peces, adicionalmente formuló las siguientes
excepciones:
1) “Falta de legitimación en la causa por pasiva”, porque de acuerdo con la
legislación nacional3 los pescadores no son propietarios del recurso pesquero
mientras este se encuentre en las aguas públicas por tratarse de bienes de la
Nación, excepto cuando sean capturados en ejercicio de una actividad extractiva
debidamente autorizada, razón por la cual los demandantes solo tenían una mera
expectativa sobre su captura y el beneficio que podría reportar su apropiación.
2) “Inexistencia del daño”, debido a que el recurso pesquero no disminuyó en las
proporciones planteadas en la demanda y menos por el trascurso de dos (2) años; la
cantidad de petróleo derramado fue de aproximadamente 130 barriles, producto que
fue recogido rápidamente mediante una oportuna acción de contención; el río solo
fue impactado en el margen derecho y en consideración a su anchura las especies
que pudieran haberse visto afectadas podían refugiarse en otra zona, aunado al
hecho de que las labores de mitigación permitieron la recuperación ambiental en
corto tiempo pues, la iridiscencia perduró solamente durante diez (10) días, hecho
que está soportado en los informes de la ANLA y de la Corporación Autónoma
Regional de Santander (CAS); igualmente, los pescadores contaban con otras áreas
para el ejercicio de la actividad de pesca.
3) “Indebida acumulación de pretensiones”, por cuanto las pretensiones “cuarta” y
“quinta” son propias de una acción popular y distan del carácter meramente
indemnizatorio de la acción de grupo, dado que están orientadas a que se emitan
órdenes de descontaminación de las fuentes hídricas, seguimiento sobre posibles
afectaciones a la salud y al medio ambiente.
4) “Inexistencia de título de imputación”, habida cuenta que el derrame de crudo de
petróleo no tuvo lugar por causa de una falla del servicio sino por un evento de
fuerza mayor producido por la horadación de la base del oleoducto por la acción de
la corriente irregular del río Magdalena; en todo caso, Ecopetrol SA obró con total
diligencia en la atención de la emergencia, prestó la atención social requerida por las
familias que se encontraban en la zona del derrame y adelantó varios programas de
3 La empresa demandada específicamente alude a los artículos 42 del Decreto 2811 de 1974 y 2, 7, 29 y 51 de la
Ley 13 de 1990, Estatuto General de Pesca.
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Expediente 68001-23-33-000-2019-00028-01 (69.174)
Actor: Diomedes Zetuain Ayala y otros
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inclusión con el propósito de generar ingresos a los pescadores que hubieran podido
quedar afectados.
5) “Culpa de las víctimas”, toda vez que, los informes de pesca obtenidos por
Ecopetrol SA evidencian sobrepesca y captura de especies con tallas menores a lo
permitido en la zona de Puerto Wilches que afecta severamente la capacidad de
producción.
6) “Falta de valoración de perjuicios”, las sumas solicitadas a título de indemnización
superan ampliamente la realidad de los ingresos percibidos por los pescadores
artesanales.
4. Llamada en garantía
La sociedad Mapfre Seguros de Colombia SA, llamada en garantía por Ecopetrol
SA4, contestó la demanda el 5 de agosto de 2019 (fls. 984 a 989 cdno. 1) en el
sentido de oponerse a las pretensiones de la demanda con fundamento en las
excepciones que a continuación se relacionan: (i) “falta de legitimación en la causa
por activa”, por cuanto los accionantes no demostraron ser los propietarios de las
especies sobre las cuales afirman que fallecieron por causa del derrame de crudo, es
decir, que fueran capturadas antes del referido incidente; (ii) “inexistencia del daño
respecto de la pérdida del recurso pesquero”, debido a que los accionantes carecían
de titularidad sobre los peces afectados, en el entendido que no habían ingresado a
su patrimonio por el hecho de no haberlos capturado todavía, sumado al hecho de
tratarse de un daño eminentemente ambiental y, por ende, objeto de protección por
la vía de la acción popular y; (iii) “inexistencia de perjuicio moral”, porque la demanda
se enfoca en el perjuicio patrimonial reclamado por los actores y no existe prueba de
que este haya provocado un sentimiento de congoja en ellos5.
5. La sentencia de primera instancia
El 5 de julio de 2022, el Tribunal Administrativo de Santander negó las pretensiones
de la demanda con apoyo en la siguiente argumentación:
1) Aunque se probó la ocurrencia del incidente ambiental, el rompimiento de una
tubería de diez (10) pulgadas y el consecuente derrame de crudo no se demostró la
4 Llamamiento que fue aceptado por auto del 28 de junio de 2019 (fl. 54 cdno. 4).
5 La audiencia de conciliación de que trata el artículo 61 de la Ley 472 de 1998 se llevó a cabo el 26 de
noviembre de 2019, la cual se declaró fallida (fls- 1086 a 1087 cdno. 1).
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Expediente 68001-23-33-000-2019-00028-01 (69.174)
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Reparación de perjuicios causados a un grupo
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existencia de un daño antijurídico individualizable, requisito indispensable para la
prosperidad de la acción de grupo; en particular, la parte actora no acreditó de
manera suficiente la mortandad de peces en la magnitud alegada (más de dos
toneladas) ni que dicha afectación hubiera recaído sobre especies efectivamente
capturadas o incorporadas al patrimonio de los pescadores.
2) No se aportó prueba idónea que permitiera establecer que los demandantes
estuvieron imposibilitados para ejercer su actividad pesquera durante el lapso de
hasta dos (2) años tampoco que el recurso pesquero hubiera resultado gravemente o
permanentemente afectado; por el contrario, los informes técnicos, periciales y los
resultados de laboratorio allegados por Ecopetrol SA y la ANLA evidenciaron una
afectación leve, localizada y transitoria, con rápida recuperación del ecosistema y
niveles de contaminantes dentro de los límites permisibles establecidos por la
normativa ambiental.
3) A pesar de que fue emitida una recomendación de suspensión de la actividad
pesquera por parte del Comité de Gestión del Riesgo, esta fue de carácter preventivo
y temporal, por cuanto fue levantada al día siguiente de haber ocurrido la
emergencia; de manera que, no es posible concluir que existiera una restricción
prolongada que generara un daño indemnizable; adicionalmente, Ecopetrol SA
vinculó a los pescadores en labores de limpieza y mitigación, con lo cual también
generó ingresos para ellos durante el tiempo en el que alegaron la imposibilidad de
pescar.
4) En cuanto al daño ambiental, es necesario diferenciar entre el daño ambiental
puro y el daño ambiental consecutivo; frente a ello, la acción de grupo únicamente
permite reclamar los perjuicios individuales derivados de una afectación ambiental,
mas no la restauración o recuperación del medio ambiente como derecho colectivo,
cuya defensa corresponde exclusivamente al escenario de la acción popular; en este
caso concreto, se reitera, no se demostró la existencia del perjuicio alegado como
consecuencia del referido derrame de crudo.
5) Por último, no se acreditó una falla en el servicio imputable a Ecopetrol SA, pues,
la rotura de la tubería obedeció a un fenómeno de socavación del lecho del río
Magdalena, asociado a su dinámica natural, circunstancia constitutiva de fuerza
mayor por ser un hecho imprevisible e irresistible.
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Expediente 68001-23-33-000-2019-00028-01 (69.174)
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Apelación de sentencia
6. Recurso de apelación
El 11 de julio de 20226, el apoderado del grupo demandante interpuso recurso de
apelación mediante el cual solicitó la revocatoria de la sentencia de primera
instancia, impugnación que fundamentó en los argumentos que a continuación se
exponen:
1) La sentencia de primera instancia carece de una motivación suficiente y
adecuada, no abordó correctamente los problemas jurídicos planteados en la litis, en
particular lo relacionado con la configuración y prueba del daño antijurídico en
materia ambiental.
2) El tribunal limitó el análisis del daño a la inexistencia de prueba sobre la
mortandad de peces y desconoció que la demanda también comprendía la afectación
a la actividad económica de pesca desarrollada por los demandantes, quienes
estaban debidamente autorizados por la autoridad competente, cuya fuente de
sustento se vio comprometida como consecuencia de la contaminación del río
Magdalena en el sector de Puerto Wilches.
3) El hecho generador del daño quedó plenamente acreditado y fue reconocido por la
entidad demandada, en tanto se probó la rotura de una tubería de diez (10) pulgadas
perteneciente a Ecopetrol SA que ocasionó el vertimiento aproximado de 130 barriles
de crudo (alrededor de 21.000 litros) al cauce del río, evento notorio y de significativo
impacto ambiental; en tal sentido, el daño no podía calificarse como una simple
conjetura, pues, se tradujo en la pérdida de la posibilidad real de ejercer la actividad
pesquera durante el tiempo posterior al derrame.
4) El fallo desconoció la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional en cuanto a la distinción entre daño ambiental puro y daño ambiental
consecutivo o impuro; en este caso concreto se configuró este último, dado que la
afectación ambiental sí tuvo repercusiones directas y particulares en el patrimonio y
los derechos fundamentales de los pescadores demandantes; además, el tribunal
aplicó de manera restrictiva e indebida los criterios de prueba del daño, sin
considerar las especiales dificultades probatorias propias de los procesos de
responsabilidad por daño ambiental.
6 Índice 87, Samai de la primera instancia.
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Expediente 68001-23-33-000-2019-00028-01 (69.174)
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5) La primera instancia desconoció la sentencia SU-455 de la Corte Constitucional,
vigente para el momento de proferirse el fallo de primera instancia, la cual impone al
juez un rol activo en este tipo de controversias para garantizar la justicia material,
especialmente en lo que concierne a la carga de la prueba, las dificultades
probatorias en materia ambiental y los deberes de las autoridades sobre el deber
calificado de protección.
Por el contrario, consideró probada la contratación de los pescadores en labores de
limpieza y la entrega de mercados a la población afectada sin que ese hecho se
encuentre debidamente respaldado en prueba documental idónea, dado que se basó
en capturas de pantalla tomadas de algunas declaraciones, pero se echa de menos
el “informe de desarrollo del proceso de investigación, la evaluación del daño de la
línea de transferencia, el informe de reparación de la línea de transferencia, la
relación de personal contratado, pruebas que fueron enunciadas en la contestación
pero nunca integraron el expediente”7.
6) El tribunal debió aplicar el título de imputación de riesgo excepcional debido a que
Ecopetrol SA, con el transporte de hidrocarburos sobre el lecho de un río desarrolla
una actividad riesgosa, supuesto de hecho que no exige la demostración de una falla
del servicio, razón por la cual la ocurrencia del daño obliga a la administración a
indemnizar con fundamento en el principio de igualdad frente a las cargas públicas.
7) La utilización del concepto de “riesgo permitido” en materia ambiental es
cuestionable, dicho concepto no tiene sustento constitucional ni legal, porque la
normativa ambiental vigente impone una responsabilidad estricta frente a los daños
ocasionados por derrames de hidrocarburos; adicionalmente, las actuaciones de
atención y mitigación adelantadas por la entidad demandada no desvirtúan la
ocurrencia del daño ni la obligación de repararlo.
8) Finalmente, el tribunal desconoció la existencia del nexo causal entre el derrame
de crudo y la afectación de la actividad pesquera, el cual podía establecerse
mediante criterios de causalidad probable e indicios graves; igualmente, la duración
de la afectación debió ser objeto de valoración probatoria para efectos de determinar
el eventual quantum indemnizatorio, en lugar de negar de plano las pretensiones de
la demanda.
7 Página 8, archivo: 7_RECEPCIONDEMEMORIAL_APELACIONCONTRASEN(.pdf), índice 87 del Samai de la
primera instancia.
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Expediente 68001-23-33-000-2019-00028-01 (69.174)
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Apelación de sentencia
6. Actuación surtida en segunda instancia
El 23 de febrero de 2023 se profirió auto que admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante (Samai, índice 5), posteriormente, el 8 de abril
de 2024 (Samai, índice 19) se corrió traslado a las partes para que alegaran de
conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto durante el término de
diez (10) días, dentro del cual expresaron lo siguiente: (i) Ecopetrol SA solicitó que se
mantuviera el sentido de la sentencia de primera instancia por cuanto no existe
prueba de los daños alegados por los demandantes, dado que el incidente ocurrido
en el río Magdalena afectó solo una parte del cuerpo de agua y por un tiempo breve
sin consecuencias graves sobre el recurso pesquero (Samai, índice 26); (ii) la
sociedad Mapfre Seguros Generales de Colombia SA también adujo que no existe
prueba del daño reclamado, aspecto que no da lugar a debatir acerca del título
jurídico de imputación de responsabilidad por sustracción de materia, aunado a que
no debe ordenarse pago alguno en su contra en caso de condena por no cumplirse
con las condiciones de cobertura en la respectiva póliza de responsabilidad
patrimonial extracontractual (Samai, índice 27); (iii) el grupo demandante insistió en
los argumentos de la apelación (Samai, índice 29) y, (iv) el Ministerio Público, a
través de la Procuraduría Delegada de Intervención 6: Primera ante el Consejo de
Estado, solicitó la confirmación de la sentencia por estimar que el grupo accionante
no cumplió con la carga probatoria de demostrar el daño alegado en la demanda
(Samai, índice 28).
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la
decisión, 2) análisis del recurso de apelación, 3) conclusión y 4) condena en costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
Presentada la demanda de manera oportuna, el objeto de la controversia consiste en
determinar si se reúnen los requisitos necesarios para atribuirle responsabilidad
patrimonial extracontractual a Ecopetrol SA por los supuestos daños ocasionados a
los integrantes del grupo demandante con ocasión del derrame de crudo de petróleo
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Expediente 68001-23-33-000-2019-00028-01 (69.174)
Actor: Diomedes Zetuain Ayala y otros
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Apelación de sentencia
ocurrido el 13 de junio de 2018 por causa de la rotura de una línea de 10 pulgadas
en el lecho del río Magdalena en inmediaciones del municipio de Puerto Wilches
(Santander) 8.
La primera instancia negó las pretensiones de la demanda sobre la base de
considerar que la parte demandante no aportó pruebas suficientes para demostrar la
existencia del daño, consistente en la pérdida de dos (2) toneladas de peces y la
imposibilidad de acceder al recurso pesquero durante dos (2) años, aunado al hecho
de que la empresa demandante no incurrió en falla del servicio; en contraste, en el
recurso de apelación los demandantes insisten en la ocurrencia del daño, aluden a
una indebida apreciación probatoria del a quo, el desconocimiento de la sentencia
SU-455 de la Corte Constitucional y la necesidad de aplicación del título de
imputación de responsabilidad de riesgo excepcional.
La providencia impugnada será confirmada, toda vez que, la Sala considera que le
asistió razón al Tribunal Administrativo de Santander cuando concluyó que los
accionantes no cumplieron con la carga procesal de acreditar la ocurrencia de los
daños alegados; por el contrario, del acervo probatorio se desprende abundante
evidencia en el sentido de que los eventuales efectos nocivos derivados del derrame
de crudo ocurrido el 13 de junio de 2018 no se extendieron durante el lapso afirmado
por los demandantes, sino que, se circunscribieron a un período muy breve,
insuficiente para inferir la existencia de afectaciones patrimoniales como las
invocadas por el grupo actor.
2. Análisis del recurso de apelación
1) A partir de lo expresado en la sentencia de primera instancia y en el
correspondiente recurso de apelación, no cabe duda de que el aspecto central de
discusión en el presente asunto se centra en la demostración o no de los daños
alegados por el grupo demandante.
2) En ese orden de ideas, para efectos tener claridad acerca de lo que los
demandantes consideran como daño, es preciso remitirse al contenido de la
8
Los daños aducidos en la demanda, la pérdida de dos (2) toneladas de peces y la imposibilidad de
aprovechamiento del recurso pesquero durante dos (2) años, se imputan a Ecopetrol SA como consecuencia del
derramamiento de crudo ocurrido el 13 de junio de 2018, fecha desde la cual debía formularse la acción hasta el
14 de junio de 2020, y como fue radicada el 14 de enero de 2019, se desprende que la demanda fue presentada
de manera oportuna, en el término previsto en el artículo 46 de la Ley 472 de 1998 y el literal h) del numeral 2 del
artículo 164 del CPACA.
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Expediente 68001-23-33-000-2019-00028-01 (69.174)
Actor: Diomedes Zetuain Ayala y otros
Reparación de perjuicios causados a un grupo
Apelación de sentencia
demanda, específicamente de la pretensión segunda, en la cual se solicita
indemnización de perjuicios materiales e inmateriales como consecuencia del
derrame de crudo ocurrido el 13 de junio de 2018 por la rotura de una tubería de
Ecopetrol SA en el río Magdalena en jurisdicción del municipio de Puerto Wilches
que ocasionó “1. La pérdida del pescado que se murió (…) 2. La pérdida del pescado
capturado que no se pudo vender y 3. La pérdida de oportunidad de tomar del río el
pescado que requieren para su sustento, por los próximos 2 años.” (fl. 5 cdno. 1).
3) En relación con los hechos alegados, y particularmente en cuanto a los dos
primeros eventos constitutivos del daño invocado, el Tribunal Administrativo de
Santander consideró que no se acreditó de manera suficiente la supuesta mortandad
de peces en la magnitud afirmada por los demandantes (más de dos (2) toneladas),
ni tampoco que dicha afectación hubiera recaído sobre especies efectivamente
capturadas o incorporadas al patrimonio económico de los pescadores.
Asimismo, en lo concerniente a la alegada imposibilidad o “pérdida de oportunidad”
de los demandantes para ejercer su actividad pesquera durante los dos (2) años
posteriores al derrame de crudo, el a quo sostuvo que no se allegó prueba idónea
que permitiera concluir que los integrantes del grupo se hubieran visto realmente
impedidos para desarrollar dicha actividad durante ese período, como tampoco que
el recurso ictiológico hubiese resultado gravemente afectado como consecuencia del
evento dañoso.
4) En el recurso de apelación, los argumentos esgrimidos por el apoderado de la
parte actora, en lo referente al daño se encaminaron, exclusivamente, a controvertir
la valoración probatoria realizada por el tribunal en relación con la imposibilidad de
ejercer la actividad económica de pesca durante los dos (2) años siguientes a la
ocurrencia del derrame de crudo.
En consecuencia, el análisis que corresponde adelantar en esta segunda instancia
se circunscribirá a establecer la existencia o inexistencia de dicho daño, y no a los
demás alegados en la demanda -pérdida peces muertos y que no se pudieron
vender-, por cuanto estos no fueron objeto de cuestionamiento en el recurso de
apelación, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1 del artículo 328 del Código
General del Proceso9.
9 El artículo 328 del Código General del Proceso prevé: “El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley (…)”.
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Expediente 68001-23-33-000-2019-00028-01 (69.174)
Actor: Diomedes Zetuain Ayala y otros
Reparación de perjuicios causados a un grupo
Apelación de sentencia
5) Con esa aclaración, se procede a resolver los cargos de la impugnación con en el
siguiente orden: (i) el daño, la imposibilidad de ejercer la actividad pesquera luego
del derrame de crudo y la no distinción entre daño ambiental puro e impuro, (ii)
desconocimiento de la sentencia SU-455 de 2020 de la Corte Constitucional, (iii)
inobservancia del título de imputación de responsabilidad de riesgo excepcional,
crítica al concepto de “riesgo permitido” y la existencia del nexo causal.
2.1 El daño, la imposibilidad de ejercer la actividad pesquera y la no distinción
entre daño ambiental puro e impuro
1) Sobre este cargo, la parte actora sostiene que el hecho generador del daño quedó
plenamente demostrado y que además fue reconocido por la entidad demandada
quien aceptó el hecho de la rotura de una tubería de diez pulgadas que ocasionó el
vertimiento aproximado de 130 barriles de crudo de petróleo al cauce del río
Magdalena, circunstancia de significativo impacto ambiental que dio lugar a la
pérdida de la posibilidad de ejercer la actividad pesquera con posterioridad al
derrame; agrega que el fallo de primera instancia desconoció la jurisprudencia
reiterada del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional relativa a la distinción
entre daño ambiental puro y daño ambiental consecutivo o impuro, último de los
cuales se produjo porque la afectación ambiental tuvo repercusiones directas y
particulares en el patrimonio de los pescadores.
Cuestionó igualmente que se diera por probada la contratación de los pescadores en
labores de limpieza y la entrega de mercados a la población afectada sin que ese
hecho tenga respaldo en prueba documental idónea, además dijo echar de menos
elementos de convicción tales como el “informe de desarrollo de los procesos de
investigación, la evaluación del daño de las líneas de transferencia, el informe de
reparación de transferencia, la relación del personal contratado, pruebas que fueron
enunciadas en la contestación pero nunca integraron el expediente” 10.
2) En respuesta a dicho cuestionamiento debe advertirse que una lectura precisa de
la sentencia de primera instancia11 lleva consigo a expresar que en esta sí se aludió
de manera puntual a la distinción doctrinaria y jurisprudencial entre daño ambiental
puro y consecutivo, como herramienta utilizada para diferenciar la naturaleza de las
dos acciones procesales reguladas por la Ley 472 de 1998, la popular y la de grupo,
10 Página 8, archivo: 7_RECEPCIONDEMEMORIAL_APELACIONCONTRASEN(.pdf), índice 87 del Samai de la
primera instancia.
11 Específicamente en la página 11, archivo: 5_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA(.docx), Samai índice
84 de la primera instancia.
13
Expediente 68001-23-33-000-2019-00028-01 (69.174)
Actor: Diomedes Zetuain Ayala y otros
Reparación de perjuicios causados a un grupo
Apelación de sentencia
en el sentido de señalar que si se trata de una mera afectación al equilibrio ecológico
-daño ambiental puro-, la acción procedente es la popular; pero cuando se pretenda
la reparación patrimonial ocasionada a personas determinadas como consecuencia
de la afectación ambiental la acción procedente es la de grupo; distinción que la Sala
reitera de la siguiente manera:
“El daño ambiental puro es cualquier alteración, degradación, deterioro,
modificación o destrucción del ambiente (agua, aire, flora), causados por
cualquier actividad u omisión, que supera los niveles permitidos y la
capacidad de asimilación y transformación de los bienes, recursos, paisajes y
ecosistema, afectando en suma el entorno del ser humano.
La Sala encuentra pertinente – de manera muy general y esquemática-
distinguir, como lo ha hecho la doctrina más calificada y la reciente
jurisprudencia, entre los daños producidos en el medio ambiente y los daños
consecutivos de éste; es decir, una cosa es el daño ambiental que una
determinada actividad pueda producir, cuyo objeto será el derecho colectivo a
un ambiente sano, considerado en su dimensión colectiva y otra, bien distinta,
es que ese daño se refleje de manera concreta en el patrimonio jurídico de
una persona. Para tomar el ejemplo del sub lite, una cosa es el daño que
pudo producir en el derecho colectivo a un ambiente sano el hecho mismo del
derrame de crudo reconocido como tal, además, por la Corte Constitucional
en sentencia T-574 de 1996 y por esta Corporación en sede de acción
popular, y otra, muy distinta, es el perjuicio que dicha situación le pueda
generar de manera concreta al patrimonio de determinadas personas”12.
3) Con fundamento en lo expuesto, en el presente asunto, la providencia de primera
instancia precisó, acertadamente, que a la parte demandante no le bastaba con
acreditar la mera ocurrencia de un daño ambiental, sino que, debía demostrar de
manera concreta la afectación patrimonial sufrida por los integrantes del grupo, carga
que —a juicio del a quo— no fue satisfecha; lo cual incluyó la imposibilidad real de
continuar aprovechando el recurso ictiológico durante los dos (2) años posteriores al
derrame, circunstancia que, como ya se indicó, constituye el único aspecto objeto de
debate en esta segunda instancia en relación con el daño.
4) De este modo, para efectos de esclarecer si dichas conclusiones del tribunal de
primer grado se sustentan adecuadamente en el acervo probatorio existente en el
proceso, es necesario acudir a los medios de convicción que dan cuenta de los
hechos acaecidos el 13 de junio de 2018 y sus consecuencias, de la siguiente
manera:
12
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de septiembre de 2015, radicación no.
52001-23-31-000-1998-00097-02 (32618), CP Hernán Andrade Rincón (E). En sentido similar, Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 20 de febrero de 2014, radicación no. 41001-23-31-000-
2000-02956-01 (29.028) CP Ramiro Pazos Guerrero y; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Primera Especial de Decisión, sentencia del 10 de junio de 2021, radicación no. 76001-23-
31-000-2002-04584-02 (AG) REV-SU, CP María Adriana Marín, entre otras.
14
Expediente 68001-23-33-000-2019-00028-01 (69.174)
Actor: Diomedes Zetuain Ayala y otros
Reparación de perjuicios causados a un grupo
Apelación de sentencia
a) Según el documento denominado “Reporte Inicial de Derrames – Gestión HSE –
Dirección de HSE” de Ecopetrol SA, el 13 de junio de 2018, a las 7:15 am, el
recorredor de producción detectó un derrame de hidrocarburo asociado a la posible
rotura de una línea de 10 pulgadas ubicada en el lecho del río Magdalena, en el
tramo comprendido entre la Isla IV y la Isla VI en jurisdicción del municipio de Puerto
Wilches; en ese momento se estimó que el fluido se desplazó de manera discontinua
por aproximadamente 30 kilómetros sobre la margen derecha del afluente13; en
reportes posteriores14 se precisó que la cantidad derramada ascendió a 130,9
barriles de crudo.
b) En la demanda se solicitó que el tribunal escogiera a diez (10) personas del grupo
demandante para que estas rindieran interrogatorio de parte con el fin de determinar
"los perjuicios morales e inmateriales causados” (fl. 20 cdno. 1); al respecto, en el
auto del 24 de noviembre de 2020 que decidió sobre las pruebas solicitadas por las
partes15 el tribunal accedió en el sentido de precisar que lo que expresaran los
declarantes escogidos sobre sus condiciones personales sería tenido en cuenta
como interrogatorio de parte, pero, lo que afirmaran respecto de los demás
integrantes del grupo sería considerado como testimonio.
De esas declaraciones solicitadas y decretadas fue posible practicar seis (6) en la
audiencia de pruebas llevada a cabo durante los días 3 y 4 de mayo de 2021, son los
siguientes: Diomedes Ayala Zetuain16, Manuel Fortunato Rodríguez Soto17, Cielo
13 Archivo: F-028 REPORTE INCIAL HC río Magdalena.pdf. Disponible en Cd fl. 493 del cuaderno 1 /1. Reportes
VITAL /1. Reporte inicial.
14 Tales como: “Informe de Reparación de la Línea de Transferencia de Crudo de 10 Pulgadas de Isla 4 a Isla 6”
del 25 de noviembre de 2018 (fls. 73 a 87 anexo 1) y “Rotura Línea de Transferencia de 10 Pulgadas que va
desde la Isla IV a la Isla V en el campo Cantagallo” realizados por la Vicepresidencia Regional Central – Gerencia
de Operaciones de Desarrollo y Producción de Ecopetrol (fls. 35 a 72 anexo 1)
15 Archivo: 2019-00028-00 decreta pruebas acción de grupo.pdf. Disponible en One Drive: 2019-00028-00,
Carpeta 001. Cuaderno Principal.
16 Dijo ser pescador del municipio de Puerto Wilches, expresó que el derrame de crudo ocurrió a la 1:00 am y
generó una mancha que se extendió por aproximadamente 7 kilómetros sobre río Magdalena y que permaneció
cerca de seis (6) meses, hecho que afectó gravemente la pesca porque no fue posible pescar durante tres (3)
meses y, aun después, el pescado conservaba olor y sabor a hidrocarburo, periodo este último en el cual tuvo
que subsistir de la caridad porque su sustento dependía de la pesca, precisó que la zona afectada abarcó desde
Puerto Wilches hasta el Banco Magdalena y que el crudo ingresó a ciénagas y caños donde habitualmente
pescaban. Indicó también que entre los pescadores se asignaban sitios específicos para pescar, en su caso
específico en el sector de la “Curumuta frente a San Pablo” y que realizaban “lances en sitios estables”, en el
caso de un primo suyo dijo que su lugar de pesca lo había mantenido por espacio de 16 años. Disponible en One
Drive: 2019-00028-00, archivo 015. 2019-00028 AUDIENCIA DE PRUEBAS 20210503_091743 – Grabación de la
reunión.mp3.
17 Afirmó que era pescador desde los 16 años de edad, que el derrame le impidió desarrollar su actividad
económica por cerca de un (1) año debido a la contaminación del pescado; indicó que la pesca constituía su
único medio de subsistencia, que durante ese tiempo no pudo trabajar y que sobrevivió gracias al apoyo familiar;
añadió que pescaba tanto en el río Sogamoso como en el río Magdalena, en distintos puntos, y que la actividad
se ha normalizado. Contrario la testigo anterior, dijo que los sitios asignados para pesca eran varios porque
“rotamos el rio de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba”, precisó que pescaban en recorridos de 40 minutos
si se dirigían hacia San Pablo (Bolívar) y de 1 hora si se dirigían hacia el río Sogamoso, “nosotros no tenemos
firmeza de que vamos a una sola parte, tiramos un lance aquí y otro más arriba, como andamos en moto canoa
nos movilizamos”. Disponible en One Drive: 2019-00028-00, archivo 015. 2019-00028 AUDIENCIA DE
PRUEBAS 20210503_091743 – Grabación de la reunión.mp3.
15
Expediente 68001-23-33-000-2019-00028-01 (69.174)
Actor: Diomedes Zetuain Ayala y otros
Reparación de perjuicios causados a un grupo
Apelación de sentencia
Patricia Torres Ribera18, Yaneris Patricia Meza López19, Vicente Chávez Zabala20 y
Adonelso Ardila Núñez21.
Según los declarantes, la ocurrencia de un derrame de crudo en el río Magdalena,
atribuido a la rotura de una tubería perteneciente a Ecopetrol SA, impidió la actividad
pesquera que tradicionalmente desarrollaban en distintos sectores del río Magdalena
y áreas aledañas, como caños, ciénagas y el río Sogamoso, afectación que fue
estimada de manera variable entre tres (3), seis (6) meses y hasta un (1) año.
c) De manera posterior al evento del derrame la sociedad Ecopetrol SA tomó varias
muestras en diferentes puntos de control22 instalados sobre el río Magdalena durante
los días 15, 16, 19, 20 y 21 de junio de 2018, con sustento en los cuales se emitieron
siete (7) reportes23 que coincidieron en señalar que no se evidenciaba la presencia
de grasas aceites e hidrocarburos y que solamente el 19 de junio de 2018 se había
advertido la presencia de grasas y aceites en el sector de la “Ciénaga La Colorada”,
pero no de hidrocarburos.
18
Manifestó ser pescadora y ama de casa, relató que el derrame ocasionó mortandad de peces y, por ende, una
posterior escasez del recurso; afirmó que, durante el tiempo en que no pudieron pescar vivieron de la caridad y
calificó la situación como devastadora en términos morales; indicó que desarrollaban la actividad pesquera en el
río Magdalena, el río Sogamoso y hasta San Pablo (Bolívar), adicionalmente que el pescado era comercializado
en la plaza de mercado de Puerto Wilches cuando no se encontraba contaminado. Ante la pregunta acerca de si
disponían de un sitio exacto para realizar la pesca, expresó que los pescadores recorren las orillas donde lanzan
sus atarrayas y que desempeñan su labor en cualquier sitio del rio que se encuentre autorizado, especialmente
cuando el río está crecido. Disponible en One Drive: 2019-00028-00, archivo 015. 2019-00028 AUDIENCIA DE
PRUEBAS 20210503_091743 – Grabación de la reunión.mp3.
19 Manifestó que era pescadora y que como consecuencia del derrame no pudieron pescar durante
aproximadamente un (1) año, lo cual generó graves afectaciones económicas; refirió a perjuicios morales
derivados de la imposibilidad de alimentar a sus hijos y cubrir los gastos relacionados con su educación.
Disponible en One Drive: 2019-00028-00, archivo 015. 2019-00028 AUDIENCIA DE PRUEBAS
20210503_091743 – Grabación de la reunión.mp3.
20 Expuso que para el momento del testimonio se dedicaba a actividades relacionadas con el cultivo de palma
africana, pero que anteriormente se dedicaba a la pesca, y que, en el momento del derrame se encontraba
pescando cuando observó el río contaminado con crudo y peces muertos; señaló que el evento ocurrió alrededor
de la 1:30 am y que la contaminación se extendió desde Puerto Wilches hasta Cantagallo (Bolívar); indicó que el
efecto de la contaminación perduró por aproximadamente un (1) año y que dejaron de pescar porque los peces
tenían sabor a petróleo. Expresó que ante la imposibilidad de pescar participaron en labores de recolección de
crudo organizadas por Ecopetrol utilizando sus propias canoas, aludió a perjuicios morales por la afectación al río
y la pérdida del sustento de su hogar; precisó que pescaba rio abajo, a dos (2) horas de la población de Puerto
Wilches, ante la pregunta acerca de si hubiera podido realizar actividad de pesca en otro lugar manifestó que no,
porque la Policía Nacional la había prohibido. Disponible en One Drive: 2019-00028-00, archivo 017. 2019-00028-
00 AUDIENCIA DE PRUEBAS 20210504_090834 – Grabación de la reunión 1.mp3.
21 Dijo ser pescador, que el derrame ocurrió a la 1:00 am, se extendió por aproximadamente 12 horas y que este
hecho afectó gravemente su actividad, precisó que el crudo permaneció en el agua cerca de seis (6) meses;
también indicó que, aunque salían a pescar, el pescado tenía sabor a hidrocarburo, razón por la cual
suspendieron su actividad; indicó que actualmente se dedica a actividades ocasionales, tales como la venta de
rifas para su sostenimiento., frente a la pregunta de si solo disponía de un lugar de pesca, dijo que sí, sitio al cual
tardaba una hora en llegar, cerca al “chorro que se rompió”. Disponible en One Drive: 2019-00028-00, archivo
017. 2019-00028-00 AUDIENCIA DE PRUEBAS 20210504_090834 – Grabación de la reunión 1.mp3.
22 Entre esos puntos de control se mencionaron: arriba punto cero, punto cero, Bocas del Rosario, entrada
Ciénaga Canaletas, Ciénaga Colorada Puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6; bocatoma San Pablo, bocatoma Paturia, bocatoma
Vijagual, bocatoma Campoalegre, bocatoma Cantagallo, Curumata, Curumata arriba punto de control, Curumata
abajo punto de control, entre otros.
23 Archivos: “Reporte G&A- HC Cantagallo - Cga Colorada 2018-06-20.pdf”, “Reporte G&A- HC Cantagallo 2018-
06-15.pdf”, “Reporte G&A- HC Cantagallo 2018-06-21 Bocatomas.pdf”, “Reporte G&A- HC Cantagallo 2018-06-
21.pdf”, “Reporte G&A- HC Cantagallo Bocatomas y demás 2018-06-16”, “Reporte G&A- HC Cantagallo Cga
Colorada 2018-06-19” y “Reporte G&A- HC Cantagallo Curumuta 2018-06-19”. Visibles en el Cd folio 493 Cdno.
1/ 2. Monitoreos/ICP.
16
Expediente 68001-23-33-000-2019-00028-01 (69.174)
Actor: Diomedes Zetuain Ayala y otros
Reparación de perjuicios causados a un grupo
Apelación de sentencia
d) A raíz del incidente, a petición de Ecopetrol SA, la sociedad MCS Consultoría
Ambiental SAS, entre el 19 y 21 de junio de 2018 realizó el monitoreo físico –
químico de las zonas que hubieran podido verse afectadas con el derrame de crudo,
a partir de lo cual presentó múltiples informes técnico científicos, de los cuales se
resalta lo expresado en el documento denominado “Monitoreo Fisicoquímico de
Aguas Superficiales VSC-GRI- Campo Cantagallo – Contingencia” presentado en el
mes de julio de 2018 en el cual se manifestó:
“Las grasas y aceites arrojaron valores por debajo del límite de la
técnica analítica analizadas en laboratorio indicando su baja
presencia y cumpliendo con el límite permisible establecido en los
artículos 2.2.3.3.9.3 y 2.2.3.3.9.4 del Decreto 2016 de 2015 para
grasas y aceites, debido a que no se observa película visible de
esos compuestos y Reflejando afectación nula por este compuesto
en las aguas superficiales en estudio.
Los hidrocarburos presentaron una concentración <1,40 mg/L
(límite de la técnica analítica analizada en laboratorio), por otra
parte los hidrocarburos aromáticos policíclicos registraron valores
por debajo del límite de la técnica analítica, reflejando que no se
encuentra afectadas las aguas superficiales por estos tipos de
compuestos orgánicos, por otro lado no se estable un límite de
comparación con los artículos 2.2.3.3.9.3, 2.2.3.3.9.4 y 2.2.3.3.9. del
Decreto 1076 de 2015.” 24 (negrillas adicionales).
En sentido similar, el documento titulado “Monitoreo De Aguas Superficiales
Cantagallo – Gerencia De Operaciones Desarrollo Y Producción De Rio – Gri”,
elaborado igualmente por MCS Consultoría y Monitoreo Ambiental SAS en el mes de
julio de 2018 se expresó:
“Los compuestos asociados al nitrógeno como los nitratos y
nitritos, reportaron concentraciones muy bajas, lo cual está en
concordancia con los valores permisibles contenidos en los
artículos 2.2.3.3.9.3., 2.2.3.3.9.4 y 2.2.3.3.9.6 del Decreto 1076 de
2015; comportamiento favorable en el equilibrio de nutrientes en el
agua, además de indicar la no contaminación por actividades
antrópicas.
Los resultados de los análisis para la determinación de metales, sobre
las muestras de agua; permiten establecer que las concentraciones son
bajas o no superan el límite de la técnica analítica empleada en el
laboratorio para su detección, según corresponda a cada parámetro;
indicando así que no representan riesgo en el agua superficial; siendo
todos los resultados acordes a la dinámica de los sistema hídricos
evaluados y concordantes con los respectivos límites admisibles
contenidos en la normatividad en mención (…).
Para los análisis de compuestos orgánicos, como las grasas y
aceites, los PHA¨S, y los hidrocarburos; se obtuvieron valores en
los respectivos límites establecidos en la técnica utilizada por el
24 Páginas 55 y 56, archivo en formato pdf rotulado como “MCS_18_INF_1442_SUP”. Disponible en el Cd folio
493 Cdno. 1/ 2. Monitoreos/ MCS.
17
Expediente 68001-23-33-000-2019-00028-01 (69.174)
Actor: Diomedes Zetuain Ayala y otros
Reparación de perjuicios causados a un grupo
Apelación de sentencia
laboratorio para su detección, con base a esto se determina que el
agua superficial estudiada no se ve afectada en cuanto a la pérdida
de su calidad y propagación de contaminación, ya que estos
compuestos no cuentan con las suficientes concentraciones para
llegar a perturbarla. Así mismo, los valores encontrados cumplen a
cabalidad con los requerimientos normativos contenidos en el Decreto
1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible según
correspondan (…)”25. (destaca la Sala).
e) A su turno, otra sociedad consultora contratada por Ecopetrol SA, Chemilab SAS,
emitió el denominado “Informe de Monitoreo Comunidades Hidrobiológicas” del 18
de agosto de 2018 que tuvo por objeto estimar la calidad de los sistemas hídricos del
área de afectación por el derrame de crudo y sus consecuencias frente a las
comunidades hidrobiológicas de fitoplancton, zooplancton, macroinvertebrados,
bentónicos, macrófitos e ictiofauna26, en el cual se concluyó lo siguiente:
“La comunidad del zooplancton estuvo representada principalmente por la
clase Lobosa. Los géneros reportados como Arcella sp., Difflugia sp. y
Centropyxis sp. indican la presencia de materia orgánica y altos niveles de
nutrientes para los Segmentos 1, 2 y 3.
Los macroinvertebrados bentónicos capturados en las diferentes
estaciones se encuentran asociados principalmente a cuerpos de agua
lénticos o con altos contenido de materia orgánica y sus bajas densidades
y diversidad pueden estar asociados a las variaciones hídricas en la zona o
pulsos de inundación.
La ictiofauna en las estaciones de monitoreo estuvo compuesta por
los órdenes Siluriformes y Characiformes, los cuales obtuvieron
variabilidad de especies como es de esperar para las cuencas del
departamento de Bolívar y para la mayoría de los sistemas fluviales
en Colombia y del Neotrópico.
Las especies capturadas (Cynopotamus magdalenae, Leporinus
muyscorum, Triportheus magdalenae, Prochilodus sp1, Trachelyopterus
sp1 y Pimelodus sp1) tienen gran relevancia en el ámbito socioeconómico,
debido a que son utilizadas para la venta y consumo local”.27(negrillas
adicionales)
f) De otra parte, la empresa Chemilab SAS también elaboró el “Informe de
Monitoreo Calidad de Sedimentos” fechado el 21 de agosto de 2018, que tuvo por
objeto efectuar el monitoreo y caracterización de los sedimentos ubicados en las
zonas de ronda de los cuerpos de agua en 28 puntos cercanos al área del derrame
25 Página 40, archivo en formato pdf “INF-1419-18-Ecopetrol_V0”. En sentido similar los informes contenidos en
los documentos rotulados como: “INF_1420-AS-HB_Campo-Cantagallo_V0”, “INF_1421-ASUP_V0”, “MCS-18-
1443_ASUP_CANTAGALLO-V0” y “MCS-18-1486_SUELO-V0”. Todos disponibles en el cd del folio 493 Cdno. 1/
2. Monitoreos/ MCS.
26 Entendidos estos como el conjunto de todas las especies de peces que habitan en una región geográfica o
cuerpo de agua específico, como un río, lago o mar, es decir, la suma de los peces presentes en ese hábitat.
27 Página 82, archivo en formato pdf, denominado “Monitoreo comunidades hidrobiológicas 18.08.2018”.
Disponible en el Cd folio 493 Cdno. 1/ 2. Monitoreos/CHEMILAB.
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Expediente 68001-23-33-000-2019-00028-01 (69.174)
Actor: Diomedes Zetuain Ayala y otros
Reparación de perjuicios causados a un grupo
Apelación de sentencia
de crudo y evaluar las características y los niveles de contaminación de las muestras
recolectadas, los resultados fueron los siguientes:
“CUERPO LOTICO
• Las unidades pH no tuvieron una variación significativa, a su vez,
las unidades reportadas en los puntos son acordes al sistema en el
que se encuentran.
• Las concentraciones en todos los puntos evaluados para
hidrocarburos aromáticos policíclicos fueron inferiores al límite de
cuantificación de laboratorio de 0,0667 mg/kg.
• Las mayores concentraciones se hallan en el punto Curumuta
adicional dos, teniendo en cuenta de que no se hallaron
concentraciones significativas en los puntos 500 m aguas arriba y el
punto del incidente, se indica que posiblemente la dinámica del
cuerpo hídrico está influyendo en el traslado de Hidrocarburos y
Grasas y Aceites.
• De acuerdo con el comportamiento observado en los sedimentos
analizados, se presenta una influencia alta de la fase líquida, lo cual
ha posibilitado que la adhesión de Hidrocarburos y Grasas y Aceites
sea baja.
CUERPO LENTICO
• Las unidades pH no tuvieron una variación significativa, tal como
sucede en los puntos lóticos, a su vez, las unidades reportadas en el
cuerpo son acordes al sistema en el que se encuentran.
• Las concentraciones en todos los puntos evaluados para hidrocarburos
aromáticos policíclicos fueron inferiores al límite de cuantificación de
laboratorio de 0,0667 mg/kg.
• Las mayores concentraciones se hallan en el punto Ciénaga la Colorada
P2, se indica que posiblemente el flujo del cuerpo hídrico está influyendo
en el traslado de Hidrocarburos y Grasas y Aceites.
• De acuerdo con el comportamiento observado en los sedimentos
analizados, se presenta una influencia alta de la fase líquida, lo cual
ha posibilitado que la adhesión de Hidrocarburos y Grasas y Aceites
también sea baja.”28 (negrillas adicionales).
g) Los medios de convicción técnicos y específicos antes referidos no fueron
desvirtuados ni tachados, por lo tanto, ofrecen mérito probatorio.
h) Por otra parte, en la audiencia de pruebas celebrada el 4 de mayo de 2021 por el
Tribunal Administrativo Santander se recibieron varios testimonios de empleados
pertenecientes a Ecopetrol SA, a los cuales se hará referencia a continuación:
28 Páginas 44 y 45, archivo en formato pdf: “Monitoreo Sedimentos 21.08.2018”. Disponible en el cd del folio 493
Cdno. 1/ 2. Monitoreos/CHEMILAB.
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Expediente 68001-23-33-000-2019-00028-01 (69.174)
Actor: Diomedes Zetuain Ayala y otros
Reparación de perjuicios causados a un grupo
Apelación de sentencia
(i) Jaime Vladimir Rojas González29, señaló que el 13 de junio a las 7:15 am se activó
el plan de contingencia y se suspendieron los bombeos en la línea de conducción de
crudo afectada, igualmente que el Comité de Gestión del Riesgo recomendó no
pescar el día del incidente, pero que la recomendación se levantó la noche del 14 de
junio por cuanto no se evidenciaron trazas en el cuerpo de agua (solo impregnación
en riberas), sobre la posibilidad de consumo y captación de agua para la población;
asimismo, afirmó que tras los análisis de laboratorio, el 16 de junio se levantó la
recomendación de no consumo y las poblaciones pudieron retomar la captación de
manera normal; añadió que, después de las primeras horas, la pesca podía
realizarse aguas adentro y aguas arriba del “punto 0”; agregó que para el 29 de junio
las labores de limpieza habían avanzado en un 98%, esto es, dieciséis (16) días
después del evento30.
(ii) Mauricio Posada Ortiz31, indicó que hizo parte del equipo de mitigación ambiental
de la margen derecha del río Magdalena por causa del derrame de crudo, que el día
de los hechos se sugirió a la población no realizar actividades de pesca en los 13 km
de afectación, pero que “días después” esta se pudo retomar, sin que se hubiera
reportado una prohibición o restricción prolongada32.
(iii) Julia Celina Angulo Díaz33 relató que el mismo día del evento el Comité Municipal
y Departamental del Riesgo recomendó no pescar; sin embargo, la AUNAP no
impartió orden de cierre de la actividad, y que una vez se obtuvieron los resultados
de laboratorio —que mostraron autodepuración por caudal y velocidad del río— se
pudo continuar con la actividad de pesca; indicó que Ecopetrol SA aseguró el
abastecimiento de agua con carrotanques y bolsas desde el primer momento hasta
29 Dijo ser ingeniero químico, haber trabajado con Ecopetrol SA desde hacía 22 años y desempeñarse como jefe
del Departamento de Producción de esa empresa.
30 Precisó que inmediatamente después de conocer el derrame, aproximadamente a las 10:00 am, Ecopetrol SA
instaló un punto de control un (1) kilómetro abajo del sitio del acontecimiento, específicamente “uno de los ferris
que nosotros tenemos para la operación del campo, de tal manera que desviara el hidrocarburo que iba por el
lado de Puerto Wilches”, explicó que el crudo se esparció por la orilla contraria a donde se encuentra dicha
población impidiendo que se extendiera hacia los sectores de Cantagallo y San Pablo; agregó que las
consecuencias del impacto se corrigieron entre los días 13 y 14 de junio de 2018 y que, después solo quedó la
labor de “limpieza fina” de las riberas y recolección del material impregnando. Disponible en One Drive: 2019-
00028-00, archivo 015. 2019-00028 AUDIENCIA DE PRUEBAS 20210504_090834 – Grabación de la
reunión1.mp4.
31 Ingeniero civil, para el momento de la declaración se desempeñaba como coordinador de la división de
Ingeniería, Mantenimiento y Confiabilidad de Ecopetrol SA.
32 También expresó que se instalaron barreras de direccionamiento que buscaban recoger el hidrocarburo por la
afluencia y velocidad del rio, igualmente barreras oleofilicas que ayudan a que el hidrocarburo se quede
impregnado en la barrera -alrededor de unas 70-, luego se retiró la capa vegetal de la margen derecha del rio
Magdalena que quedó impregnada con hidrocarburo, se dispuso en centros de acopio y se llevaron al centro de
disposición final autorizado por el Ministerio de Medio Ambiente, dijo que se retiró una capa de suelo de 3 o 4
centímetros y se hizo la limpieza de piedras y los sistemas de protección. Disponible en One Drive: 2019-00028-
00, archivo 015. 2019-00028 AUDIENCIA DE PRUEBAS 20210504_090834 – Grabación de la reunión1.mp4.
33 Expresó que trabajaba para Ecopetrol SA hacía ocho (8) años, ser Ingeniera civil y jefe de entorno de esa
entidad.
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Actor: Diomedes Zetuain Ayala y otros
Reparación de perjuicios causados a un grupo
Apelación de sentencia
cuando se verificó la limpieza total del crudo; agregó que de conformidad con un
listado entregado por la alcaldía de Puerto Wilches fueron vinculados más de cien
(100) pescadores para la realización de las labores de limpieza y se entregaron igual
número de mercados34.
(iv) Julio Enrique Alonso López35, integrante del equipo de contingencia a raíz del
derrame de crudo, se refirió a la intervención técnica realizada a partir de la
detección del derrame, la suspensión de la operación de transporte del hidrocarburo
(cierre de válvulas y bombeo) y los tiempos de reparación de la tubería que tardó
aproximadamente seis (6) días36.
i) Durante la audiencia de pruebas practicada el 4 de mayo de 2021 el mencionado
testigo Jaime Vladimir Rojas González aportó la Resolución no. 00785 del 29 de abril
de 2021 proferida por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la ANLA quien decidió
sobre la cesación de un procedimiento sancionatorio ambiental iniciado en contra de
Ecopetrol SA debido al derramamiento de hidrocarburo, entre otras razones, porque
dicha entidad no había informado en tiempo la causa de la contingencia acaecida el
13 de junio de 2018 y la cantidad de producto que fue vertido al río, circunstancia que
la autoridad ambiental consideró subsanada con los respectivos documentos
aportados en ese trámite sancionatorio37.
En cuanto al tema específico de la presencia de hidrocarburos, grasas y aceites en el
sistema hídrico del río Magdalena (brazos principales, caños, playones, ciénagas
cercanas como es el caso de la ciénaga “La Colorada”) que hubieran podido generar
impactos en dicho ecosistema se destacan las siguientes consideraciones:
“En virtud de lo expuesto y en relación con la información suministrada por
ECOPETROL así como lo evidenciado por el grupo técnico de esta Entidad
34 Disponible en One Drive: 2019-00028-00, archivo 015. 2019-00028 AUDIENCIA DE PRUEBAS
20210504_090834 – Grabación de la reunión1.mp4.
35 Ingeniero eléctrico especialista en finanzas, mantenimiento y operación de oleoductos, miembro de la Gerencia
Técnica de Producción de Ecopetrol SA.
36 Disponible en One Drive: 2019-00028-00, archivo 015. 2019-00028 AUDIENCIA DE PRUEBAS
20210504_090834 – Grabación de la reunión1.mp4.
37 Sobre ese punto, específicamente la ANLA expresó: “Si bien es cierto que para el 9 de julio de 2018 fecha
emisión del Auto 3714, la Sociedad no había informado la causa de la contingencia, en el informe final de la
contingencia presentada el 13 de junio de 2018 remitido con radicado 2018105144-1-000 del 4 de agosto de 2018
ECOPETROL S.A. señaló lo siguiente: “Rotura en la línea de 10 pulgadas que va desde Isla IV ubicada en el
sector de Cantagallo (Bolívar) a Isla VI en el sector de Puerto Wilches (Santander). De acuerdo a los análisis de
falla de la tubería y multitemporal geomorfológico del cauce río Magdalena en el punto de ruptura, se determinó
que la dinámica del río en el costado derecho (jurisdicción de Puerto Wilches) provocó socavación de esa margen
y en consecuencia, falta de apoyo a la tubería, generando esfuerzos cíclicos de flexión surgidos por el régimen
propio de corrientes del río que causaron la fatiga en la junta de soldadura. (...)”. De acuerdo con lo anterior, la
Sociedad ya informó la causa de la contingencia, lo que permite considerar que el presente hecho no será objeto
de formulación del cargo correspondiente (...)”. Páginas 6 y 7, archivo: 012. 1231807_2021428SAN0160-00-2018-
SAN0160-00-2018, disponible en One Drive: 2019-00028-00.
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Reparación de perjuicios causados a un grupo
Apelación de sentencia
en la visita realizada al Campo Cantagallo y Aledaños los días 13 a 15 de
junio de 2018, no se evidenciaron afectaciones ambientales así como
tampoco riesgo de afectaciones, habida cuenta que, tal y como se
corroboró in situ, la investigada desarrolló la atención de la
contingencia de manera oportuna de acuerdo con los reportes que
se han radicado ante esta Autoridad con radicados N° 2018075574-1-
000 del 14 de junio de 2018 reporte inicial y 2018077582-1-000 del 19 de
junio de 2018 reporte parcial.
Así mismo se evidenció que, respecto a la flora, la contingencia solo
provocó la impregnación de ramas de árboles, algunas raíces y
pastos, sin afectar árboles localizados en la orilla derecha del rio
Magdalena, y respecto a la Fauna, no se evidenciaron peces muertos,
tan solo se evidenciaron 7 especímenes (pequeños reptiles basiliscus
y Podocnemis lewyana) impregnados de crudo.
Según lo evidenciado por el grupo técnico de esta Entidad, que llevo a
cabo la visita al lugar de la contingencia “se considera que la Sociedad ha
dado un manejo oportuno a la emergencia. Por otra parte, se considera
que las medidas tomadas por la Sociedad para el manejo de la emergencia
han sido adecuadas y pertinentes”
Por otro lado en el reporte de avance de la contingencia la Sociedad
señala que a corte del 17 de junio de 2018 se realizó campaña de
monitoreos con los laboratorios de la firma MCS Consultoría y del Instituto
Colombiano del Petróleo – ICP, consistente en 101 muestras (93 para
monitoreos fisicoquímicos y 8 hidrobiológicos) a fuentes hídricas, en 22
puntos sobre el cauce del río Magdalena, iniciando desde 500 m aguas
arriba del punto del evento hasta la bocatoma del corregimiento de
Vijagual (Santander) y que igualmente se realizó campaña de
monitoreo de suelos consistente en 20 muestras sobre los puntos definidos
a lo largo de las márgenes del río y los islotes.
Dichos resultados, a pesar de que se evidenciaron valores de grasas
y aceites e hidrocarburos, estos estaban por debajo de los límites de
las técnicas analíticas empleadas, así mismo al comparar los
resultados de los análisis de las aguas, realizados por el ICP, con los
valores del artículo 11 de la resolución N° 0631 del 17 de marzo de
2015, permanecen muy por debajo del umbral establecido.
Se resalta que no toda alteración, riesgo o amenaza al ambiente es
antijuridico, por cuanto existe el concepto directriz del derecho
ambiental del “riesgo permitido”, que se concreta en los criterios de
calidad del recurso, esto es, los limites permisibles establecidos en
las normas dentro de los cuales está permitido el uso de los bienes y
servicios ambientales.
También es relevante hacer hincapié en que ECOPETROL desde el
inicio de la contingencia realizó labores de inspección y seguimiento
constantes con recorridos en botes y sobrevuelos en la zona aledaña a la
contingencia, activando puntos de control definidos y actividades de
limpieza con cuadrillas, canoas y maquinarias, con el fin de evitar
afectaciones ambientales, tal y como evidenció y lo señaló el grupo técnico
de la ANLA en la fecha de visita realizada al lugar donde acaeció la
contingencia.
Aunado a lo anterior y producto del seguimiento ambiental realizado a la
contingencia mencionada, esta Entidad analizó la información remitida por
ECOPETROL a través del radicado 2020196011-1-000 del 6 de noviembre
de 2020, que respecto a la presencia de hidrocarburos consecuencia de la
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contingencia ocurrida el 13 de junio, en el concepto técnico 1963 del 19 de
abril de 2021 indico:
“(…) la Sociedad adjunta soporte y registro de la visita realizada el 27 de
julio de 2018 con el personal CMGRD de Puerto Wilches al área
correspondiente al brazo que comunica la ciénaga La Colorada con el río
Magdalena y de la ciénaga La Colorada. El objetivo de esta visita
correspondió a la verificación de las condiciones y actividades de limpieza
realizadas por Ecopetrol S.A con ocasión a la contingencia ambiental
presentada el 13 de junio de 2018 sobre el rio Magdalena. En el
documento, la Sociedad indica que “Se realiza recorrido del brazo que
comunica a la ciénaga la colorada con el rio Magdalena y la ciénaga
colorada constatando que no hay presencia de hidrocarburos, se
realiza registro fotográfico de la visita y se anexan en este
documento”, los registros fotográficos de la visita son adjuntados en
el soporte, al igual que la lista de asistencia de los participantes de la
visita (…)”.
Y en otro de sus apartes indica:
“(…) De acuerdo con lo anterior, se verificó los informes del
monitoreo presentados, identificándose que no hay concentraciones
de hidrocarburo detectable por la técnica analítica del laboratorio
para sedimentos y aguas; adicionalmente, el monitoreo
hidrobiológico realizado, incluyó, además de plancton, bentos y
macrófitas, el análisis de diversidad de los peces, para los ejemplares
capturados no hay reporte de estar impregnados con hidrocarburo. El
reporte de recuperación, además presenta un informe de las medidas
implementadas para la recuperación del área afectada y el anexo
fotográfico, en donde soporta el retorno a condiciones normales del
ambiente. (…)” (negrilla fuera de texto)
En consideración a lo evidenciado por el equipo técnico de esta entidad a
través de los conceptos técnicos mencionados en los párrafos que
anteceden se hace necesario advertir que en la presente investigación
no se evidencia cuantificación alguna de una posible afectación o
riesgo ambiental producto de la contingencia ocurrida el 13 de junio de
2018 en el Campo Cantagallo y Aledaños como tampoco se evidenció
afectaciones consecuencia de presencia de hidrocarburos, grasas y
aceites en el sistema hídrico del rio Magdalena entre la fecha que
ocurrió la contingencia y el 4 de agosto de 2018 fecha en la que por
parte de la investigada allegó el informe final de la misma.”38(negrillas
adicionales – subrayado del original).
5) Una vez realizado dicho examen probatorio, frente al cuestionamiento del
demandante acerca de la incorporación de algunos elementos de convicción,
especialmente los de orden documental, la Sala corrobora que los que refieren a los
diversos informes técnicos emitidos por Ecopetrol SA, estudios de laboratorio y
monitoreo realizados por entidades especializadas contratadas por esa entidad
fueron anexados con la demanda, decretados mediante el auto de pruebas proferido
38Disponible en One Drive: 2019-00028-00, archivo: 012. 1231807_2021428SAN0160-00-2018-SAN0160-00-
2018.
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Apelación de sentencia
el 24 de noviembre de 202039, frente al cual no se observa que se hubiere
presentado recurso alguno.
En relación con el documento contentivo de la Resolución no. 00785 del 29 de abril
de 2021 proferido por la Oficina Asesora Jurídica de la ANLA se advierte que fue
allegado al proceso por el testigo Jaime Vladimir Rojas González en la audiencia de
pruebas celebrada el 4 de mayo de 202140, inserción a la cual accedió la magistrada
sustanciadora del trámite de primera instancia según lo previsto en el numeral 6 del
artículo 221 del Código General del Proceso por tener relación directa con los hechos
expuestos durante su declaración, decisión contra la cual el apoderado de la parte
actora no presentó reparo alguno41; de manera que no se encuentra impedimento
alguno para efectos de proceder a su valoración.
6) Ahora bien, en lo que concierne de manera estricta a la demostración del daño
consistente en la imposibilidad de los integrantes del grupo actor de realizar
actividades de pesca durante un periodo aproximado de dos (2) años, la Sala
observa que tal afirmación no encuentra respaldo en el acervo probatorio; si bien
está acreditada la rotura de la línea de conducción de diez (10) pulgadas de
Ecopetrol SA y el vertimiento aproximado de 130 barriles de crudo al cauce del río
Magdalena, las pruebas técnicas, documentales y testimoniales practicadas en el
proceso no permiten concluir que dicho evento hubiera tenido la dimensión, duración
o intensidad alegadas por los demandantes, conforme se verifica y explica a
continuación:
7) Los informes técnicos realizados por Ecopetrol SA y sus firmas contratistas
muestran ausencia de un impacto relevante sobra la calidad del agua y la ictiofauna,
como a continuación se detalla seguidamente:
a) Los distintos monitoreos fisicoquímicos realizados por Ecopetrol SA y por las
firmas especializadas contratadas para tal fin —entre ellas MCS Consultoría
Ambiental SAS y Chemilab SAS— son coincidentes en señalar que las muestras de
agua tomadas en los días inmediatamente posteriores al incidente42 no evidenciaron
39 Archivo: 2019-00028 decreta pruebas acción de grupo.pdf. Disponible en One Drive: 2019-00028-00/
001.Cuaderno Principal.
40 El artículo 221 del CGP dispone: “Práctica del Interrogatorio. La recepción del testimonio se sujetará a las
siguientes reglas: (…). 6. El testigo al rendir su declaración, podrá hacer dibujos, gráficas o representaciones con
el fin de ilustrar su testimonio; estos serán agregados al expediente y serán apreciados como parte integrante del
testimonio. Así mismo el testigo podrá aportar y reconocer documentos relacionados con su declaración”.
41 Ver: Disponible en One Drive: 2019-00028-00, archivo 015. 2019-00028 AUDIENCIA DE PRUEBAS
20210504_090834 – Grabación de la reunión1.mp4.
42 Es decir, entre el 15 y 21 de junio de 2018, en fechas cercanas al derrame del 13 de junio de 2018.
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Apelación de sentencia
concentraciones significativas de grasas, aceites o hidrocarburos; por el contrario, en
todos los puntos evaluados los parámetros medidos se encontraron por debajo de los
límites de las técnicas analíticas empleadas, así como también dentro de los valores
permisibles de la normativa ambiental vigente; estos estudios también reflejan que el
sistema hídrico presentó adecuada capacidad de autodepuración y que no se
observó alteración apreciable en la calidad del agua.
b) Con similar contundencia, los análisis hidrobiológicos e ictiológicos practicados por
Chemilab SAS mostraron que las comunidades de plancton, macroinvertebrados y
peces mantenían una composición y diversidad propia de la zona, sin evidenciar
mortandad masiva, impregnación de hidrocarburos o afectaciones a ecosistémicas
compatibles con el ejercicio de la pesca; los estudios de sedimentos no revelaron
acumulación o persistencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos en niveles que
permitieran inferir un deterioro significativo del ecosistema o una inhibición
prolongada de las actividades extractivas.
c) Estos resultados son convergentes, consistentes y técnicamente robustos; de ellos
ninguna conclusión permite sostener que el ecosistema acuático hubiera sufrido un
deterioro significativo o duradero que afectara materialmente la pesca durante el
periodo alegado por los demandantes (hasta dos años); además, no se advierte que
se hubiere solicitado la práctica o allegado otros medios de prueba tendientes a
desvirtuar lo indicado en los referidos informes técnico científicos.
8) La cesación de la investigación ambiental seguida por la ANLA confirma la
inexistencia de una afectación ambiental significativa, por las siguientes razones:
a) Particular relevancia adquiere la Resolución no. 00785 del 29 de abril de 2021
expedida por la ANLA, autoridad competente en materia ambiental, mediante la cual
se ordenó la cesación del procedimiento sancionatorio adelantado contra Ecopetrol
SA; como antes se refirió, en dicha decisión la entidad constató que la empresa
activó de manera oportuna el plan de contingencia, instaló barreras de control y
ejecutó labores de contención y limpieza idóneas, todo lo cual impidió que el crudo
se propagara por el cauce principal.
b) Del contenido de esa resolución también se desprende que dicha autoridad
verificó en visitas de campo que no se presentaron afectaciones ambientales
significativas, únicamente se reportó impregnación ligera de ramas y vegetación
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ribereña sin evidencia de peces muertos ni de contaminación persistente del agua o
de los sedimentos, razón por la cual concluyó que el área afectada recuperó sus
condiciones ambientales normales y que los valores detectados se mantuvieron muy
por debajo de los niveles normativos.
c) Adicionalmente, esa decisión por tener la característica de un acto administrativo
goza de presunción de legalidad sin que se hubiera demostrado que haya sido
revocado por la misma entidad que lo expidió o anulado por la jurisdicción
contenciosa administrativa.
9) La recomendación de suspensión del Comité de Gestión del Riesgo duró poco
tiempo y fue de carácter eminentemente preventivo, punto sobre el cual debe
precisarse lo siguiente:
a) Según los testimonios de algunos funcionarios de Ecopetrol SA, especialmente el
del ingeniero Jaime Vladimir Rojas González citado en los párrafos anteriores, la
recomendación de no pescar fue impartida por el Comité de Gestión del Riesgo y se
emitió solamente para el día en que ocurrió el derrame y fue levantada al día
siguiente -14 de junio de 2018 en horas de la noche-, luego de descartarse la
existencia de riesgos para la salud o para el ecosistema.
b) La afirmación de ese testigo relativa a la suspensión de la actividad pesquera a
partir del 13 de junio de 2018 coincide con lo consignado en el acta no. 12 de esa
misma fecha, en la cual se registró lo debatido durante la reunión del Consejo
Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) realizada entre la 1:30 pm y
las 3:10 p m43; ahora, aunque no obra en el expediente un elemento probatorio que
permita establecer con exactitud si la medida de restricción de pesca fue levantada al
día siguiente, existen otros medios de prueba que indican que probablemente así
ocurrió o que, en todo caso, dicha restricción no se mantuvo por un periodo
prolongado.
43 Específicamente se consignó: “interviene el Dr. Ramón Ramírez, Director Departamental Gestión del Riesgo
(…) nosotros como CMGRD en acompañamiento con la Gobernación hemos venido avanzando a unas tareas y
de acuerdo a la situación hay dos líneas que debemos hacer, tenemos la línea humanitaria es la que ya estamos
adelantando con unas acciones.
-La línea humanitaria. Se ordenó la suspensión de la captación de agua de los corregimientos de Paturia y
Vijagual, tenemos 900 familias afectadas por el servicio, lo cual exige un acompañamiento por parte de Ustedes
con el suministro de agua potable: hemos ordenado la suspensión de las actividades de pesca y eso también
exige que Ecopetrol Realice unos exámenes de calidad del agua y de los peces que se tienen en estos
momentos.” Página 14, archivo: Actas Comités ECP – PUERTO WILCHES, cd folio 493 cdno. 1.
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Apelación de sentencia
Esto último se sustenta en el contenido del acta no. 015 del 14 de junio de 2018
correspondiente a la reunión en la que participaron los miembros del CMGRD y
representantes de la comunidad; en esta se observa que el entonces vocero de los
pescadores, señor José Gregorio Ayala, manifestó que no se había presentado una
afectación relevante a la actividad pesquera, que los peces capturados en realidad
no sabían a hidrocarburo y que de no otorgarse participación al gremio en las labores
de limpieza los pescadores entrarían en paro, lo cual se complementa con que en el
presente proceso no existe información que indique que dicho paro se hubiera
materializado, pues, incluso ninguno de las declaraciones del grupo actor se refirió al
respecto44.
c) En todo caso, debe tenerse en cuenta que los primeros resultados de laboratorio
practicados por las firmas consultoras previamente mencionadas descartaron la
existencia de riesgos para la salud o de un impacto significativo sobre el recurso
pesquero; asimismo, no obra prueba de que la AUNAP —autoridad competente en
materia de pesca45—, cuyos funcionarios también participaron en las reuniones del
CMGRD, hubiese expedido algún acto administrativo mediante el cual se ordenara el
cierre, restricción o prohibición de la actividad pesquera durante un tiempo
prolongado en la zona afectada.
10) El solo hecho del derrame, entendido en este caso como daño ambiental puro, y
las declaraciones rendidas por los pescadores que integran el grupo actor no son
suficientes para demostrar que hubiere una restricción prolongada en la activad
pesquera, esto es, durante dos (2) años.
44 Puntualmente en dicha acta aparece lo siguiente: “toma la palabra el señor Gregorio Ayala, pescador; nosotros
somos pescadores y no nos reportamos acá en la alcaldía, quisimos entendernos solo con Ecopetrol, la alcaldía
no tiene información de nosotros, éramos más de 20 canoas y solo dos fueron las más afectadas, la verdad el
pescado no salía sucio de petróleo sino eran las mantas y los chinchorros las que salían impregnadas porque al
tirarlas se untaban de aceite, no los pescados, tenemos los videos de los chinchorros, las canoas impregnadas,
solamente tuvimos rasquiña y mañana nos presentamos al hospital para que nos hagan las valoraciones (…).
Toma la palabra el señor Gregorio Ayala, pescador: somos un grupo de 200 pescadores no se hizo nada porque
nosotros fuimos allá a Cantagallo pero la verdad estaban dispuestos a parar la isla IV le voy a decir la verdad si
mañana a las 6 am no hay nada para los 200 pescadores están dispuestos a hacer paro a Ecopetrol, si no nos
hubieran parado yo hubiera seguido pescando porque yo vivo de las pesca, eso de que el pescado sabe a
petróleo es pura mentira, tengo mis cuadrillas, tengo 32 personas trabajando, que salía sucio el pescado porque
la malla estaba sucia (…):”. Páginas 23 y 25, archivo: 14, archivo: Actas Comités ECP – PUERTO WILCHES, cd
folio 493 cdno. 1.
45 Al respecto, el Decreto 418 de 2011, “por el cual se escinden unas funciones del Instituto Colombiano de
Desarrollo Rural (Incoder) y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y se crea la Autoridad Nacional de
Acuicultura y Pesca (AUNAP)”, en lo pertinente dispone: “Artículo 3°. Objeto. En armonía con las funciones
escindidas, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), tendrá por objeto ejercer la autoridad
pesquera y acuícola de Colombia, para lo cual adelantará los procesos de planificación, investigación,
ordenamiento, fomento, regulación, registro, información, inspección, vigilancia y control de las actividades de
pesca y acuicultura, aplicando las sanciones a que haya lugar, dentro de una política de fomento y desarrollo
sostenible de estos recursos”.
De igual modo, el Decreto 2256 de 1991, reglamentario de la Ley 13 de 1993 (Estatuto General de Pesca), en los
artículos 120 y siguientes faculta a la autoridad pesquera para establecer periodos de restricción de pesca, total o
parcial.
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Reparación de perjuicios causados a un grupo
Apelación de sentencia
a) Contrario a la evidencia técnica y oficial descrita, las declaraciones realizadas ante
el tribunal por parte de los señores Diomedes Ayala Zetuain, Manuel Fortunato
Rodríguez Soto, Cielo Patricia Torres Ribera, Yaneris Patricia Meza López, Vicente
Chávez Zabala y Adonelso Ardila Núñez, integrantes del grupo demandante,
presentan inconsistencias relevantes, a saber: (i) mientras unos afirmaron que no
pudieron pescar durante tres (3) meses, otros hablaron de seis (6) meses y hasta de
un (1) año; (ii) algunos señalaron que tenían puntos fijos de pesca, mientras otros
indicaron que rotaban distintas zonas del río; (iv) algunos aseguraron que existió una
prohibición total impartida por la Policía Nacional, sin que tal afirmación encuentre
respaldo documental o institucional en el expediente.
De igual manera, las afirmaciones relativas al presunto “sabor a petróleo” en el
pescado carecen de sustento técnico objetivo y resultan contradictorias frente a
los informes hidrobiológicos y fisicoquímicos, los cuales descartan por completo tanto
la impregnación de los ejemplares capturados durante los estudios como
la presencia o absorción de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP); a esto se
suma lo manifestado ante el CMGRD por el entonces representante de los
pescadores, señor José Gregorio Ayala, quien también desvirtuó dicha apreciación.
b) Sobre este punto, se reitera lo expresado por la primera instancia, en cuanto al
interés directo de los declarantes en la prosperidad de sus pretensiones
indemnizatorias que obligan a valorar sus declaraciones con particular rigor, máxime
cuando se oponen frontalmente a los estudios científicos y a las conclusiones de la
autoridad ambiental; en estas circunstancias, los testimonios no alcanzan la
capacidad demostrativa necesaria para desvirtuar la prueba técnica ni para acreditar
la existencia del daño alegado.
11) Adicionalmente, existe evidencia de que los pescadores fueron vinculados y
remunerados en labores de limpieza, hecho que desvirtúa la carencia absoluta de
ingresos económicos, por lo siguiente:
a) Según el testimonio de la ingeniera civil Julia Celina Angulo, jefe de entorno de
Ecopetrol SA, más de cien (100) pescadores de la región fueron contratados por
dicha empresa para labores de limpieza, labores que no habrían sido gratuitas sino
remuneradas.
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Apelación de sentencia
b) Frente a ello, aunque es claro que dicha testigo laboraba para la empresa
demandada, aspecto que podría afectar su imparcialidad, lo cierto es que, sus
afirmaciones tienen sustento en pruebas documentales aportadas al proceso, como
el informe denominado “Reporte Parcial 18 de junio de 2018 – Reporte Vital No.
730008999996818385” realizado por Ecopetrol SA a través de la Ventanilla Integral
de Trámites Ambientales (VITAL), gestionada por la ANLA, donde se expresó que se
habían contratado 142 pescadores para mano de obra local con el fin de realizar
labores de limpieza y que igualmente se había acordado la entrega de 468 mercados
como medida de seguridad alimentaria46.
c) De conformidad con lo expuesto, también es fundado desestimar el cargo de
apelación relativo a la supuesta falta de prueba documental que respalde lo
concerniente al personal contratado; el elemento de convicción antes mencionado
demuestra que no se trata únicamente de afirmaciones efectuadas por los testigos
de Ecopetrol SA, sino que, dichas circunstancias se encuentran igualmente
soportadas en otros medios probatorios.
12) Así las cosas, no se demostró que hubiera existido un cierre prolongado o veda
de la actividad pesquera ni que la calidad del agua o la ictiofauna hubieran sufrido
deterioro de una magnitud tal que imposibilitara materialmente la extracción del
recurso pesquero durante el periodo de dos (2) años alegado por la parte actora;
tampoco se acreditó que los pescadores hubieran dejado de pescar por una
restricción oficial o por condiciones ambientales adversas derivadas del derrame; por
el contrario, la evidencia muestra que la afectación fue leve, localizada y temporal,
que las condiciones del río retornaron rápidamente a la normalidad, y que la actividad
pesquera podía realizarse incluso aguas arriba o en puntos alternos del sistema
hídrico.
En consecuencia, la Sala concluye que le asistió razón a la primera instancia
respecto de que no se acreditó la existencia de un daño patrimonial individualizable
derivado de una imposibilidad real y prolongada de ejercer la pesca.
46 Específicamente se expresó: “Relacionamiento con pescadores: 1. Con el apoyo del Consejo de Gestión del
Riesgo liderado por el Alcalde Municipal de Puerto Wilches, se ha adelantado relacionamiento con los pescadores
y se les ha mantenido informados sobre las actividades desarrolladas; 2. El Consejo acordó que la limpieza de las
orillas se adelante con apoyo de los pescadores y los areneros involucrados en el evento. A la fecha se han
contratado 142 pescadores para mano de obra local con el fin de realizar limpieza de las orillas; 3. Se acordó
entrega de 468 mercados como medida de seguridad alimentaria a través de la fundación Gente Ecopetrol, con
base en la caracterización que realizará la Alcaldía de Puerto Wilches, esta acción se encuentra en proceso de
ejecución”, folio 532 anexo 2.
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Apelación de sentencia
2.2 El desconocimiento de la sentencia SU-455 de 2020 de la Corte
Constitucional
1) Según lo expresado por el apoderado de la parte actora, la primera instancia
desconoció la sentencia SU-455 de 2020 de la Corte Constitucional, vigente en el
momento de proferirse el fallo de primera instancia, que impone al juez un rol activo
en controversias de orden ambiental para garantizar la justicia material,
especialmente en lo que concierne a la carga de la prueba (carga dinámica y
pruebas de oficio), las dificultades probatorias en materia ambiental y los deberes de
las autoridades sobre el deber calificado de protección.
2) Para efectos de resolver dicho reproche, es pertinente recordar que dicha
sentencia dejó sin efectos un fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia el 16 de julio de 2018 en sede de casación dentro de un
proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual, al tiempo que revocó los
fallos que denegaron la correspondiente acción de tutela impetrada en contra de
esta.
El caso giró en torno a una controversia por daño ambiental causado durante
décadas a cultivos de arroz por emisiones de una cementera; la Corte estimó que las
autoridades judiciales desconocieron la Constitución Ecológica y el derecho a un
ambiente sano, incurrieron en defecto fáctico y exceso ritual manifiesto, y recordó
que en litigios ambientales el juez debe ejercer un rol activo consistente en
flexibilizar la actividad probatoria, decretar pruebas de oficio y aplicar principios tales
como quien contamina paga, prevención y precaución, sin convertir las formas en
barreras para la justicia material47.
47 Sobre los criterios específicos para tener en cuenta, en dicha sentencia SU-455 de 2020 se expresó: “De lo
expuesto en líneas anteriores es posible derivar unas reglas razonables para efectos de determinar
la responsabilidad en materia ambiental, sin dejar de lado la premisa de que la preservación y conservación del
ambiente sano es una responsabilidad que compromete la acción conjunta del Estado y de los particulares. De tal
forma, “el desarrollo de una labor productiva, así como la libre iniciativa privada, dentro de un marco de legalidad,
no pueden considerarse en términos absolutos, pues visto está que la preservación del ambiente sano, además
de ser un deber inalterable e incondicional, es perenne, pues recae sobre algo necesario: la dignidad de la vida
humana”.
6.8.1. De acuerdo con el principio de quien contamina paga, las personas responsables de un daño ambiental
consecutivo deben responder no solo por el daño ambiental sino también por el perjuicio individual causado a un
sujeto en su patrimonio o en sus derechos.
6.8.2. Hay libertad probatoria para la demostración del hecho generador del daño. Así, es posible acudir a
diferentes medios de prueba como, por ejemplo, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección
judicial, los documentos, los indicios, los informes o cualquier otro que sea útil para la formación del
convencimiento del juez.
6.8.3. El juez no puede derivar una presunción a favor del agente contaminante en virtud de la cual ante la
incertidumbre sobre la magnitud y los efectos del daño, así como la dificultad de rastrear sus consecuencias con
el paso del tiempo, deba ser exonerado de responsabilidad por el daño ambiental causado.
6.8.4. No es imperativo tener certeza sobre las consecuencias específicas de una sustancia ni tener una prueba
directa e inequívoca de la relación existente entre la acción dañosa y el evento lesivo (nexo de causalidad), sino
construir unos indicios suficientes y razonables, fundamentados en el estado del conocimiento científico, que
permitan llegar a una inferencia lógica sobre lo acontecido y, con ello, condenar a un determinado agente a
resarcir integralmente el daño ambiental.
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Expediente 68001-23-33-000-2019-00028-01 (69.174)
Actor: Diomedes Zetuain Ayala y otros
Reparación de perjuicios causados a un grupo
Apelación de sentencia
En ese contexto, en ese caso específico la Corte no invirtió automáticamente la
carga de la prueba; sin embargo, reiteró que el juez puede redistribuirla
dinámicamente cuando exista una asimetría probatoria y la parte afectada no cuente
con la capacidad técnica para controvertir estudios especializados o de alta
complejidad; por ello, entre otras razones48, concedió el amparo y ordenó ajustar
tanto la valoración probatoria como la tasación de perjuicios, conforme a
los principios ambientales y a la flexibilización probatoria propia de estos asuntos.
3) Muy por el contrario, en el presente caso sometido a consideración de esta Sala,
el apoderado de los demandantes no fue específico en cuanto a que parámetros
puntuales de dicha sentencia fueron desconocidos, empero, debe decirse que, a
diferencia de lo resuelto en la sentencia SU-455/2020 no se configuró una asimetría
probatoria insuperable que exigiera inversión de la carga o pruebas oficiosas, dado
que Ecopetrol SA aportó profusa evidencia técnica (monitoreos fisicoquímicos,
hidrobiológicos y de sedimentos, así como reportes de empresas consultoras
especializadas) tendiente a descartar una afectación relevante o prolongada del
recurso pesquero; además, la ANLA verificó la atención oportuna, ausencia de
afectaciones significativas y retorno a condiciones normales con parámetros por
debajo de umbrales normativos; esa información estuvo a disposición de las partes
para su debida contradicción, sin que los accionantes solicitaran peritajes
independientes, contra-experticias ni la redistribución de la carga antes del fallo de
primera instancia en los términos del artículo 167 del CGP49.
6.8.5. El principio de precaución es transversal al derecho ambiental. Este no solo cobija la fase de prevención y
corrección del deterioro ambiental sino que también orienta los instrumentos de reparación de los daños
ambientales, en el sentido de que no es exigible tener certeza sobre el alcance del daño y el nexo de causalidad
para ordenar las correspondientes medidas de protección y reparación a que haya lugar.
6.9. En síntesis, si bien las anteriores reglas jurisprudenciales han sido concebidas para efectos de establecer la
responsabilidad por el daño ambiental puro, su aplicación ponderada en el campo de la responsabilidad civil
extracontractual resulta pertinente cuando se trata de los perjuicios que con dicho daño se causen en
el patrimonio o en los derechos de las personas, atendiendo a las diferencias en cuanto a sus objetivos y
finalidades. Asunto que deberá ser valorado caso a caso por el juez.
De todas maneras, en aras de la realización de la justicia material, el juez debe asumir un rol activo en los
procesos para establecer la responsabilidad extracontractual por el daño ambiental, con el objetivo de que las
personas responsables sean condenadas a la debida reparación integral de los perjuicios causados”.
48 Otro de los argumentos centrales de esa decisión consistió en que, la autoridad judicial accionada había
desestimado el material probatorio que daba cuenta del daño ambiental y los perjuicios causados, y porque había
optado por derivar una presunción en favor del agente contaminante, fundada en la incertidumbre sobre los
efectos del daño, presunción que la primera instancia no aplicó.
49 Disposición que ya se encontraba vigente para la jurisdicción contenciosa administrativa en el momento de la
presentación de la demanda y que literalmente dispone: “Artículo 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las
partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga
al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar
determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o
esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su
cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas
especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de
indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.
Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte correspondiente el
término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción
previstas en este código (…)”.
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Expediente 68001-23-33-000-2019-00028-01 (69.174)
Actor: Diomedes Zetuain Ayala y otros
Reparación de perjuicios causados a un grupo
Apelación de sentencia
En estas condiciones, no había un vacío probatorio atribuible al dominio técnico del
demandado que habilitara la intervención reforzada del juez en los términos de la
sentencia SU-455 de 2020 de la Corte Constitucional.
4) Adicionalmente, es preciso destacar que la sentencia SU-455 de 2020 enfatiza la
necesidad de un rol activo del juez cuando existe ausencia probatoria o cuando el
expediente está afectado por formalismos excesivos que impiden alcanzar la verdad
material; en el presente asunto ocurre exactamente lo contrario, debido a que no se
acreditó que la parte actora estuviera imposibilitada para aportar pruebas sobre el
daño reclamado ni se evidenció una situación de indefensión probatoria que exigiera
la intervención reforzada del juez.
Por el contrario, obra en el expediente un acervo técnico amplio, coherente y
científicamente respaldado que permite concluir con certeza que el daño alegado —
la imposibilidad de ejercer la actividad pesquera durante un lapso prolongado— no
se produjo.
2.3 Inobservancia del título de imputación de responsabilidad de riesgo
excepcional, crítica al concepto de “riesgo permitido” y la existencia del
nexo causal
1) Los restantes cargos de la apelación se dirigen a cuestionar que la primera
instancia no aplicó el título de imputación de riesgo excepcional, con el argumento de
que el transporte de hidrocarburos constituye una actividad peligrosa; también
critican la supuesta alusión del fallador al concepto de “riesgo permitido” y plantean
la existencia de un nexo causal entre el derrame de crudo y los daños alegados.
2) Frente a ello, en lo relativo a la pretendida aplicación del régimen de
responsabilidad por riesgo excepcional y a la demostración del nexo causal, es claro
que dichos cuestionamientos carecen de objeto; dado que por el hecho de no
haberse probado el daño —presupuesto previo indispensable de cualquier análisis
de imputación—, resulta jurídicamente improcedente adelantar un estudio sobre la
imputación jurídica del daño, por sustracción de materia, porque no se probó la
causación del daño reclamado.
3) Finalmente, no es cierto que la sentencia de primera instancia se haya basado en
el concepto de “riesgo permitido” para negar las pretensiones de la demanda, esa
expresión aparece únicamente en la Resolución no. 00785 del 29 de abril de 2021 de
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Actor: Diomedes Zetuain Ayala y otros
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Apelación de sentencia
la ANLA quien, en el marco del procedimiento sancionatorio ambiental, explicó que
no toda alteración, riesgo o amenaza al ambiente revestía el carácter antijurídico,
dado que el ordenamiento preveía límites permisibles de calidad ambiental; en
consecuencia, como la referencia al “riesgo permitido” no proviene del fallo apelado,
el cargo formulado por este aspecto se desvanece y no está llamado a prosperar.
3. Conclusión
En síntesis, la Sala confirmará la negativa frente a las súplicas de la demanda,
debido a que no se probó un daño individualizable en los términos expuestos en el
recurso de apelación (imposibilidad real y prolongada de pescar), habida cuenta que
el expediente contiene evidencia técnica convergente que descarta una afectación
relevante o duradera del recurso pesquero que imposibilitara su aprovechamiento por
parte de los accionantes; igualmente, porque no se demostró que el a quo
desconociera los parámetros indicados en la sentencia SU-455 de la Corte
Constitucional y, además, carece de objeto el estudio de la configuración del título de
imputación de responsabilidad de riesgo excepcional y el nexo causal por sustracción
de materia ante la falta de demostración del primer elemento de la responsabilidad
patrimonial extracontractual del Estado.
4. Condena en costas
De conformidad con el artículo 365, numeral 1, del CGP50, “se condenará en costas
(…) a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación”; no obstante,
es preciso señalar que, en materia de costas, el medio de control de reparación de
los perjuicios causados a un grupo se rige por la norma especial del artículo 65 de la
Ley 472 de 199851; con fundamento en esta disposición, esta Subsección ha
entendido52 que solo procede la condena en costas cuando la sentencia acoge las
pretensiones, razón por la cual en los fallos absolutorios no hay lugar a su imposición
50 Norma aplicable en atención a lo decidido por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en
auto del 14 de noviembre de 2024, exp. 69.376, MP José Roberto Sáchica Méndez, en el cual se estableció que,
respecto del trámite de apelación de las sentencias proferidas en el marco del medio de control jurisdiccional de
reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas rigen las normas contenidas en el CGP y en la Ley
2213 de 2022 (salvo en lo que atañe a la oportunidad para sustentar el recurso de apelación y la notificación al
Ministerio Público).
51
El artículo 65 de la Ley 472 de 1998, dispone: “La sentencia que ponga fin al proceso se sujetará a las
disposiciones generales del Código de Procedimiento Civil y, además, cuando acoja las pretensiones
incoadas, dispondrá: (…) 5. La liquidación de las costas a cargo de la parte vencida, teniendo en cuenta las
expensas necesarias para la publicación del extracto de la sentencia” (negrillas adicionales).
52 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 17 de octubre de 2025, radicación no.
25000-23-41-000-2013-01191-01 (70.460), CP Fredy Ibarra Martínez.
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Expediente 68001-23-33-000-2019-00028-01 (69.174)
Actor: Diomedes Zetuain Ayala y otros
Reparación de perjuicios causados a un grupo
Apelación de sentencia
y como en el presente asunto la decisión se orienta a negar las pretensiones de la
demanda, no habrá lugar a condena en costas en segunda instancia.
Adicionalmente, aunque en la primera instancia se condenó en costas al grupo
demandante porque no prosperaron las pretensiones de la demanda, esta
Corporación no modificará esa decisión por cuanto no fue objeto puntual y expreso
de la apelación.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
1º) Confírmase la sentencia del 5 de julio de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander que negó las pretensiones de la demanda.
2º) Abstiénese de condenar en costas en segunda instancia.
3º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al
Tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección
(Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
Aclara voto (Firmado electrónicamente)
(Firmado electrónicamente)
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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