RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 17001-23-33-000-2019-00093-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2019-00093-02

Fecha
17 de junio de 2024
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 17001-23-33-000-2019-00093-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia de 29 de abril de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, la cual quedará así: “Primero: Declárase probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por activa del señor José Heriberto Orozco. Segundo: Declárase probada la excepción denominada ‘Inexistencia del daño, propuesta por la Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS–. Sin pronunciamiento expreso sobre las demás excepciones por sustracción de materia. Tercero: Niéguense las pretensiones del medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo, formulada por la señora María Claudia Villada Marín y otros en contra del municipio de Neira, Caldas, la Empresa de Obras Públicas de Caldas – Empocaldas S.A. E.S.P. y la Corporación Autónoma Regional de Caldas – Corpocaldas, por lo considerado. Cuarto: Sin costas por lo expuesto (…)”. SEGUNDO: sin condena en costas en esta instancia. Por Secretaría, una vez ejecutoriado este proveído, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 17001-23-33-000-2019-00093-02

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

17 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 17 de junio de 2024

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00093 02 (68712)
Actor: Claudia Villada Marín y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Caldas y otros
Referencia: Acción de grupo

Temas: responsabilidad extracontractual del Estado – acción de perjuicios causados a un
grupo – prevención de desastres naturales – omisión.

Síntesis del caso: se demanda porque la reubicación de varios núcleos familiares de un
sector en riesgo les hizo perder su tejido social y sus modos de vida.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
en contra de la Sentencia de 29 de abril de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas, que declaró probada la excepción de
“inexistencia del daño antijurídico” y negó las pretensiones de la demanda.

Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada –
1.3. Sentencia de primera instancia – 1.4. Recurso de apelación

1.1. Posición de la parte demandante
1. El 3 de diciembre de 2018, María Claudia Villada Marín y otros1
presentaron demanda2, en ejercicio de la acción de grupo, en contra de la

1 Los demandantes son los siguientes: María Claudia Villada Marín y José Heriberto Trujillo Becerra, en

nombre propio y representación de sus hijos Jesús, Juan David y Laura Sofía Trujillo Villada; Luz Marina
Patiño Hernández y Rubinel Álvarez Marín, en nombre propio y representación de sus hijos Leidy
Juliana, María Valentina y Daniel Fernando Álvarez Patiño; Patricia Álvarez Marín, en nombre propio y
representación de su hija Karen Alejandra Arroyave Álvarez; Luz Estella Sánchez García, Gustavo
Salazar Morales, Gustavo Adolfo Salazar Sánchez; Héctor Elías Arango González y Luz Nelly Flórez
García, en nombre propio y representación de su hija Dulce María Arango Flórez; María Licinia Gómez
Castro, Silvio Marín García; Verónica Yaneth Marín Gómez, en nombre propio y representación de su
hija Allison Zapata Marín; Arlen Velázquez Ríos y Alba Luz Ceballos Orozco. Mediante Auto de 6 de
noviembre de 2020, el tribunal integró al grupo a José Heriberto Orozco, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 55 de la Ley 472 de 1998 (folios 554-555 del cuaderno de primera instancia disponible en
Samai).
2 Folios 1-13 del cuaderno principal. La demanda fue inadmitida mediante Auto de 5 de marzo de

2019, mediante el cual el tribunal solicitó a la parte demandante, entre otros, que adecuara las

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00093 02
Actor: Claudia Villada Marín y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Caldas y
otros
Decisión: Confirma – niega las pretensiones

Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas), la Empresa de
Obras Sanitarias de Caldas S.A. E.S.P. (Empocaldas) y el municipio de Neira
(el Municipio), con el fin de que se hiciera la siguiente declaración (se
trascribe):

“1. Solicito de manera respetuosa se declare patrimonial y solidariamente
responsable a [las entidades demandadas] por los perjuicios sufridos por el
grupo que represento, en razón de las negligencias que derivaron en el
deslizamiento ocurrido el 20 de enero, como hecho originario y que aún sigue
representando un perjuicio perpetuado para los accionantes; en
consecuencia, solicito se realicen las respectivas condenas a título de
indemnización de perjuicios”.

2. Los perjuicios reclamados se resumen así:

Tipo de perjuicio Valor
Morales 100 salarios mínimos para cada uno de los demandantes
A la vida de relación 100 salarios mínimos para cada uno de los demandantes

3. La parte demandante narró, en síntesis, los siguientes hechos:

4. Los demandantes vivían en el sector conocido como La ladrillera, en
Neira, Caldas, en donde “construyeron (…) un tejido social bastante fuerte”.
En la zona detectaron “procesos de inestabilidad” causados por la
expansión urbana, los cortes y rellenos en las laderas. De acuerdo con
documentos de Corpocaldas, el riesgo estaba “claramente referenciado en
el PBOT del Municipio”.

5. El 20 de enero de 2017, como consecuencia de fuertes lluvias, ocurrió un
deslizamiento en la zona. La situación llevó al “Consejo Municipal de Gestión
del Riesgo a adoptar la declaratoria de calamidad pública”. En una visita al
lugar, la administración concluyó que las familias que habitaban allí debían
ser evacuadas.

6. El Municipio omitió el cumplimiento de sus obligaciones al no delimitar
adecuadamente las zonas no urbanizables y permitir la construcción de un
asentamiento inseguro. También omitió actualizar su PBOT para adaptarlo a
“las nuevas necesidades” y gestionar el riesgo mediante obras de mitigación
que “hubieran minimizado o quizá evitado el desastre”.

7. Agregó que las viviendas de los demandantes fueron construidas “de
manera clandestina”, sin estudios de suelos y sin cumplir los requisitos legales,
situación que, pese a ser conocida por la alcaldía municipal, no llevó a la
entidad a “tomar medidas eficaces tendientes a limitar o suspender los
actos de terceros que generaban aún más inestabilidad en los suelos”.

pretensiones a lo previsto en el artículo 145 de la demanda (folios 38-40 del cuaderno principal). La
parte demandante corrigió oportunamente la demanda (folios 44-57 del cuaderno de primera
instancia).

2 de 11

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00093 02
Actor: Claudia Villada Marín y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Caldas y
otros
Decisión: Confirma – niega las pretensiones

8. En relación con Empocaldas, indicó que omitió el mantenimiento de un
tubo madre que llevaba agua, lo que saturó aún más el suelo. Respecto de
Corpocaldas señaló que omitió “su función como garante de derechos
colectivos de las personas damnificadas con el desastre”. Los demandantes
fueron sometidos a “un alto grado de estrés y traumatismo” por la falta de
campañas de sensibilización y prevención del riesgo. Los efectos eran
continuados ya que no pudieron regresar al lugar en que vivían y ocupaban
“predios carentes de un título traslaticio de dominio que los acredit[ara]
como propietarios”. Las familias afectadas perdieron sus posesiones
materiales y “el tejido social que construyeron a través del tiempo”.

1.2. Posición de la parte demandada

9. Corpocaldas contestó la demanda3. Indicó que solo en enero de 2017 se
conocieron las evidencias de inestabilidad geológica en el sector. No se
había reportado ninguna anomalía a la entidad y la zona no tenía una
“categoría restrictiva en el Plan Básico de Ordenamiento territorial del
Municipio”. El documento al que hacía alusión la parte actora era un insumo
técnico de “identificación de amenazas y riesgos frente a eventos
naturales”.

10. Señaló que las personas afectadas en el deslizamiento de La ladrillera
fueron beneficiadas “con un proyecto de vivienda liderado por la alcaldía
de Neira”, lo que mejoró sus condiciones de vida al entregarles la propiedad
de una vivienda digna. Las viviendas por las que reclamaban los
demandantes “eran irregulares”, “antitécnicas”, con diferentes sistemas
constructivos, y sin licencia de construcción. En todo caso, la actuación de
la Administración fue oportuna, pues evitó que se concretara un riesgo que
afectara la vida o integridad de los demandantes. No era cierto tampoco
que las personas “hubieran perdido el tejido social, pues todos fueron
reubicados en el sector de Cantadelicias”.

11. Con base en las anteriores razones formuló la excepción que denominó
“inexistencia del daño”. Propuso, además, las excepciones de fuerza mayor,
en consideración a lo excepcional de las lluvias prolongadas, y de falta de
legitimación pasiva en la causa, porque de lo afirmado en la demanda se
concluía que las imputaciones de responsabilidad se hacían respecto de
otras entidades.

12. Empocaldas contestó la demanda4. En relación con los hechos indicó
que no le constaban y debían ser probados. Propuso la excepción de falta
de legitimación pasiva en la causa, porque el daño alegado en la demanda

3 Folios 238-275 del cuaderno de primera instancia.
4 Folios 134-155 del cuaderno de primera instancia.

3 de 11

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00093 02
Actor: Claudia Villada Marín y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Caldas y
otros
Decisión: Confirma – niega las pretensiones

no tenía relación con sus funciones, sino que tenía origen en “fenómenos
naturales e intervención humana”. Invocó la excepción que denominó
“ausencia de responsabilidad por parte de Empocaldas ante la inexistencia
de una acción u omisión transgresora de los derechos alegados”.
Argumentó que en los diferentes informes elaborados a partir de las visitas a
las viviendas se podía comprobar las deficiencias en su construcción, el
indebido manejo de las aguas lluvia y de escorrentía, la remoción de tierras
y la construcción en una zona de alto riesgo. En similares términos propuso
la excepción de hecho de un tercero.

13. Formuló, además, las excepciones que denominó “fuerza mayor o caso
fortuito por fenómenos naturales”, “carencia de los derechos reclamados”,
“inexistencia del daño antijurídico”, “interferencia de los propietarios,
poseedores y tenedores como una causa en la producción del daño”,
“rompimiento del nexo causal”, “falta de prueba de los perjuicios”, y
“causalidad adecuada”.

14. Empocaldas llamó en garantía5 a Liberty Seguros S.A. La aseguradora
contestó la demanda6. Indicó que no le constaban los hechos narrados en
la demanda y que debían ser probados. Formuló similares razones de
defensa a las presentadas por Empocaldas.

15. En relación con el llamamiento en garantía señaló que los daños
causados por deslizamientos de tierra y fallas geológicas hacían parte de las
exclusiones de la póliza. Precisó que el contrato de seguro estaba “bajo la
figura de coaseguro cedido, correspondiéndole a La Previsora S.A. el 40%”,
en caso de proferirse una condena. Por lo anterior llamó en garantía7 a la
referida sociedad.

16. La Previsora S.A. Compañía de Seguros contestó la demanda8. Señaló
que no le constaban los hechos por los que se reclamaba. Coadyuvó los
medios de defensa propuestos por Empocaldas y en relación con las pólizas
destacó que los daños causados por deslizamientos de tierra estaban
excluidos del cubrimiento.

17. El Municipio contestó la demanda9. Afirmó que actuó “oportunamente y
con diligencia al evacuar a las familias y reubicarlas en viviendas nuevas
construidas para ellos”. Explicó que intervino para proteger la vida de las
personas afectadas por el deslizamiento, lugar que hasta ese momento no
era considerado de alto riesgo. Finalmente, indicó que fueron terceros

5 Folios 157-160 del cuaderno de primera instancia.
6 Folios 446-457 del cuaderno de primera instancia.
7 Folios 479-481 del cuaderno de primera instancia.
8 Folios 509-520 del cuaderno de primera instancia.
9 Folios 359-368 del cuaderno de primera instancia.

4 de 11

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00093 02
Actor: Claudia Villada Marín y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Caldas y
otros
Decisión: Confirma – niega las pretensiones

quienes realizaron las obras e intervenciones que contribuyeron a
desestabilizar la ladera.

18. Propuso, entre otras, las excepciones que denominó “inexistencia de los
perjuicios reclamados por los accionantes”, “falta de violación de las
disposiciones legales que sirven de fundamento a la presente acción”, e
“inexistencia del derecho alegado y de la obligación imputada a cargo de
la parte demandada”.

1.3. Sentencia de primera instancia

19. Mediante Sentencia de 29 de abril de 202210, el Tribunal Administrativo
de Caldas decidió (se trascribe):

“Primero: Declárase probada de oficio la excepción de falta de legitimación
en la causa por activa del señor José Heriberto Orozco.
Segundo: Declárase probada la excepción denominada ‘Inexistencia del
daño antijurídico’, propuesta por la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas
S.A. E.S.P. – EMPOCALDAS y por la Corporación Autónoma Regional de Caldas
–CORPOCALDAS–. Sin pronunciamiento expreso sobre las demás excepciones
por sustracción de materia.
Tercero: Niéguense las pretensiones del medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo, formulada por la señora María Claudia Villada
Marín y otros en contra del municipio de Neira, Caldas, la Empresa de Obras
Públicas de Caldas – Empocaldas S.A. E.S.P. y la Corporación Autónoma
Regional de Caldas – Corpocaldas, por lo considerado.
Cuarto: Sin costas por lo expuesto (…)”.

20. Según el tribunal, de acuerdo con los hechos narrados en la demanda,
el daño consistía en “la pérdida del tejido social, por motivo del desarraigo”
del lugar donde vivían los grupos familiares.

21. De acuerdo con lo probado, el deslizamiento del 20 de enero de 2017
tuvo causas múltiples: el movimiento de tierra realizado por un tercero sin
identificar, la inadecuada construcción de las viviendas afectadas y las
fuertes lluvias que cayeron en el municipio. En ese contexto, para
salvaguardar la vida, integridad y bienes de las personas que habitaban el
sector, el Municipio ordenó la evacuación el mismo día, “lo que por supuesto
generó un cambio en las condiciones de vida” de los demandantes y, en
principio, podía “considerarse un daño inmaterial”.

22. Sin embargo, el daño así entendido no era antijurídico, pues la
actuación de la administración buscaba evitar una lesión mayor al proteger
“bienes jurídicos superiores, como lo es la vida e integridad personal de las
personas”. La actuación del Municipio fue proporcional al riesgo que corrían
los demandantes, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente.

10 Disponible en el expediente digital del índice 2 de Samai.

5 de 11

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00093 02
Actor: Claudia Villada Marín y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Caldas y
otros
Decisión: Confirma – niega las pretensiones

23. Adicionalmente, las familias afectadas fueron beneficiadas con
soluciones de vivienda que cumplían las normas técnicas de sismo
resistencia, contaban con todos los servicios públicos domiciliarios y en una
zona sin riesgo de deslizamiento, por lo que podía afirmarse que “mejoraron
ostensiblemente sus condiciones de vida”. En vista de que las familias fueron
reubicadas en el mismo barrio, el tejido social no se afectó.

24. Por las anteriores razones, para el tribunal, el daño que afirmaron haber
sufrido los demandantes no era antijurídico y, por tanto, no podía declararse
la responsabilidad del Estado. Finalmente, con base en el artículo 188 del
CPACA, no impuso condena en costas por tratarse de un asunto de interés
público “como la afectación de derechos colectivos y la eventual
reparación de los perjuicios ocasionados a un grupo”.

1.4. Recurso de apelación:

25. La parte demandante interpuso recurso de apelación11. Indicó que el
daño por el que se reclamaba podía resumirse como “la vulneración del
derecho a la prevención de desastres previsibles técnicamente”. El tribunal
asumió que el daño se concretó con el deslizamiento, cuando la omisión del
Municipio consistió en “permitir perseverar a los demandantes en su
ocupación (…) durante varios años” e iniciar “el desalojo solo una vez
ocurrió el desastre”. Así, la entidad permitió que los demandantes “forja[ran]
de manera profunda su tejido social y el modo de vida”.

26. Cuestionó la consideración del tribunal, según la cual, la solución de
vivienda entregada por la alcaldía mejoró la calidad de vida de los
demandantes, pues no tuvo en cuenta las condiciones anteriores de las
familias afectadas: “personas del campo, dedicadas a la siembra y a la
crianza de animales para su consumo y como medio para generar ingresos”.

27. Añadió que el tribunal consideró que no se causaron perjuicios a los
demandantes “con base en la adjudicación de unas viviendas”, de las que
se demostró su ocupación, pero no su propiedad. A su juicio, con la
demanda no se pretendía evaluar si la evacuación debió tener lugar o no.
Se cuestionaba que el Municipio no lo hubiera hecho previamente al tener
conocimiento de los riesgos de la zona ocupada.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Síntesis de la controversia – 2.2. Inexistencia del daño – 2.3. Condena en costas

2.1. Síntesis de la controversia

11 Disponible en el expediente digital del índice 2 de Samai.

6 de 11

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00093 02
Actor: Claudia Villada Marín y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Caldas y
otros
Decisión: Confirma – niega las pretensiones

28. Aunque la demanda no fue clara en la identificación de un daño, de
una interpretación de los hechos narrados en la misma y de sus pretensiones
—que no incluyeron perjuicios materiales— es posible entender, como hizo
el Tribunal, que el daño consiste en la pérdida del tejido social de los actores.
En estos términos, y en el marco de competencia otorgado por el recurso
de apelación, la sentencia de primera instancia será confirmada, pero por
un motivo diferente al tribunal que, si bien consideró que hubo un daño, no
así que fuera antijurídico. Para la Sala no existió un daño porque: 1) la omisión
en la prevención de un desastre podría ser, eventualmente, una falla del
servicio, pero no un daño en sí mismo, y 2) los demandantes no perdieron su
tejido social ya que fueron reubicados en el mismo sector.

29. La acción fue ejercida oportunamente. El deslizamiento ocurrió el 20 de
enero de 2017, por lo que la oportunidad para demandar vencía el 21 de
enero de 2019. La demanda interpuesta el 3 de diciembre de 2018 estuvo
en término.

30. La parte demandante no expuso ninguna inconformidad respecto de la
falta de legitimación del demandante José Heriberto Orozco, declarada por
el tribunal. Por tanto, tal determinación será confirmada en esta instancia.

2.2. Inexistencia del daño

31. De acuerdo con lo afirmado en la demanda y los documentos allegados
al proceso, está acreditado que las construcciones en que vivían los
demandantes se hicieron sin licencia de construcción12, no cumplían con las
normas técnicas de seguridad y no contaban con sistemas para la gestión
de las aguas lluvias, tales como canales de drenaje13.

32. Al día siguiente al deslizamiento el Municipio declaró la situación de
calamidad pública14. Posteriormente las familias en riesgo fueron
evacuadas15. El 9 de febrero de 201716 el Municipio y la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres visitaron los predios afectados y el

12 Además de admitir este hecho en la demanda, consta en el oficio suscrito por el secretario de

planeación del municipio, según el cual, “no se evidencia permiso o licencia de construcción para
las edificaciones que existían en el sector de la Ladrillera” (documento visible en la carpeta titulada
“203PruebasMpioNeira”).
13 De acuerdo con varias visitas al sector que hizo el municipio (folios 14-18 y 67-69 del cuaderno de

primera instancia). Según el informe técnico realizado por Corpocaldas, el 21 de julio de 2017, en el
lugar había “problemáticas derivadas de la ocupación de terrenos que en ocasiones son no aptos
para construcciones, con viviendas de pobres sistemas constructivos y cuya infraestructura de
servicios como pavimentación de calles, alcantarillados y sistemas de colección, conducción y
manejo de aguas superficiales son deficientes e incluso inexistentes” (folios 347-358 del cuaderno de
primera instancia).
14 Folios 372-375 del cuaderno de primera instancia.
15 De acuerdo con los formatos del censo de evacuación (documento visible en la carpeta titulada

“203PruebasMpioNeira”).
16 Folios 309-330 del cuaderno de primera instancia.

7 de 11

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00093 02
Actor: Claudia Villada Marín y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Caldas y
otros
Decisión: Confirma – niega las pretensiones

lugar donde podría realizarse un proyecto de vivienda para reubicar a los
afectados. Finalmente, las viviendas fueron construidas y adjudicadas a los
demandantes17.

33. Como se enunció al inicio de la decisión, la omisión de realizar una
evacuación oportuna ante un desastre previsible podría ser una falla del
servicio, pero no un daño, primer elemento de la responsabilidad, en cuya
ausencia, resulta fútil cualquier análisis posterior. Al respecto, no le
corresponde al juez de lo contencioso administrativo, sino al demandante,
identificar un daño que determine el objeto del litigio y se integre a la causa
petendi inmodificable durante el proceso, lo que no se evidencia en el
presente caso.

34. Tampoco se demostró un rompimiento del tejido social de los
demandantes, toda vez que fueron reubicados en la misma urbanización.
La expresión “tejido social” pareciera hacer referencia a las relaciones de
vecindad, solidaridad, amistad, entre otras, que se forman por la cercanía y
la cotidianidad en la vida en comunidad. Por tanto, dichas relaciones no
fueron rotas, considerando que, aunque en un lugar diferente, desprovisto
ahora de riesgo, las interacciones sociales podían continuar entre las mismas
personas.

35. La Sala comparte la consideración del tribunal en el sentido de que la
actuación del Municipio resultó oportuna con el fin de salvaguardar la
integridad de los demandantes, en una situación de riesgo latente por la
inestabilidad del terreno y la inadecuada construcción de sus inmuebles. En
ese sentido, no cabe duda de que mejoraron sus condiciones al serles
adjudicadas casas construidas en un lugar seguro, con materiales y técnicas
constructivas idóneas y con acceso a todos los servicios públicos
domiciliarios.

36. Es cierto que hubo un cambio en su modo de vida, pues no es lo mismo
vivir en la zona urbana a la rural. No obstante, las obligaciones
constitucionales respecto de la protección de la vida e integridad de las
personas priman sobre el interés de mantener su forma de vida, razón por la
cual, el cambio del lugar de residencia fue razonable ante la evidencia de
un riesgo, y no podría considerarse, en sí mismo, un daño. Tampoco puede
considerarse como una obligación del Estado garantizar que, en
condiciones de riesgo del lugar de residencia, las personas lleven una vida
rural o urbana. Aunque tal situación dependerá del proyecto de vida que
asuman los administrados en el marco de sus posibilidades, siempre debe

17 De acuerdo con el oficio del consorcio constructor en donde consta la lista de beneficiarios y el

informe rendido por el Municipio (documentos visibles en la carpeta titulada “203PruebasMpioNeira”).
Al expediente fueron allegadas algunas de las resoluciones de adjudicación en las que se evidencian
las condiciones en que se hizo la entrega del bien (folio 215 y siguientes del cuaderno de primera
instancia). En todo caso, la adjudicación de las viviendas no es un hecho que se discuta en el presente
asunto.

8 de 11

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00093 02
Actor: Claudia Villada Marín y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Caldas y
otros
Decisión: Confirma – niega las pretensiones

adecuarse a las normas que regulan las actividades como la construcción
y la agricultura.

37. Finalmente, no es cierto que las personas reubicadas “solo ocuparan” los
nuevos inmuebles. Los bienes fueron adjudicados mediante resolución a las
personas afectadas, aunque con la limitación prevista por el artículo 21 de
la Ley 1537 de 201218 por tratarse del subsidio familiar de vivienda.

38. Por las razones anotadas, la Sala concluye que en el presente caso no
está probado el daño y, por tanto, se modificará la decisión de primera
instancia para declarar la excepción de “inexistencia del daño” propuesta
por Corpocaldas.

2.3. Condena en costas

39. En relación con las costas, el artículo 65 de la Ley 472 de 1998 señaló lo
siguiente (se trascribe):

“Contenido de la Sentencia. La sentencia que ponga fin al proceso se
sujetará a las disposiciones generales del Código de Procedimiento Civil y
además, cuando acoja las pretensiones incoadas; dispondrá:
(…)
5. La liquidación de las costas a cargo de la parte vencida, teniendo en
cuanta las expensas necesarias para la publicación del extracto de la
sentencia”.

40. De la lectura de la norma es claro que, si bien la Ley remitió a las normas
procesales generales, solo reguló expresamente la imposición de costas
cuando se profiera una sentencia condenatoria. Este hecho responde a la
filosofía que inspira la acción de grupo, que consiste en permitir e incentivar
que personas que, pudiendo presentar demandas individuales, aúnen
esfuerzos procesales en pro de tramitar un único proceso que cobije a
quienes comparten una causa común del daño.

41. En efecto, esta acción permite solicitar una indemnización “por un
número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes
respecto de una misma causa”19 que originó la lesión. Sin embargo, no se
exige que el grupo esté determinado de antemano en la presentación de

18 “Causales de restitución del Subsidio Familiar de Vivienda. El Subsidio Familiar de Vivienda será

restituible al Estado cuando los beneficiarios transfieran cualquier derecho real sobre la solución de
vivienda o dejen de residir en ella antes de haber transcurrido diez (10) años desde la fecha de su
transferencia, sin mediar permiso específico fundamentado en razones de fuerza mayor definidas por
el reglamento (…)”.
19 Artículo 3 de la Ley 472 de 1998.

9 de 11

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00093 02
Actor: Claudia Villada Marín y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Caldas y
otros
Decisión: Confirma – niega las pretensiones

la demanda20, y puede, incluso, ampliarse una vez finalizado el proceso21. Es
un claro ejemplo de representación judicial sin poder.

42. En vista de lo anterior, resultaría ilógico considerar que es posible imponer
una condena en costas a una parte procesal de número indeterminado, o
condenar en costas a personas que forman parte del grupo demandante
pero no han otorgado poder para ser representadas en la acción. Asimismo,
sería contrario a un criterio de igualdad imponerla a quienes concurrieron al
proceso, pues claramente actúan en nombre de todos los afectados que,
como se indicó, podrían verse, eventualmente, beneficiados por una
decisión favorable. Adicionalmente, enfrentaría, en la práctica, la dificultad
de su recaudo entre todos los miembros del grupo, presentes o no en el
proceso, y con ello, desincentivaría un instrumento que se inspira en los
principios de solidaridad y de economía procesal.

43. Conviene precisar, en todo caso, que en el ordenamiento jurídico existen
otras normas para evitar que, dadas las anteriores particularidades, se
cometan abusos del derecho. Así, el artículo 78 del CGP determina que los
apoderados deben, entre otros, “obrar sin temeridad en sus pretensiones” y
“proceder con lealtad y buena fe en todos sus actos”. El artículo 79 señala
que existe temeridad o mala fe cuando es “manifiesta la carencia de
fundamento legal de la demanda” y “cuando se utilice el proceso (…) para
fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos”.

44. En consecuencia, dado que en esta acción el ordenamiento faculta al
apoderado para representar judicialmente sin poder a un grupo, aquel
deberá actuar con los máximos estándares de probidad y buena fe en el
cumplimiento de sus deberes profesionales, pues, de lo contrario, podrá ver
comprometida su responsabilidad patrimonial en los términos del artículo 81
del CGP22.

45. En resumen, considera la Sala que, en lo que respecta a la acción de
grupo, la condena en costas no procede cuando las pretensiones fueron
denegadas, sin perjuicio de las normas relacionada con la conducta

20 Artículo 48 de la Ley 472 de 1998: “Titulares de las Acciones. Podrán presentar acciones de grupo

las personas naturales o jurídicas que hubieren sufrido un perjuicio individual conforme lo estable el
artículo 47 (…) Parágrafo.- En la acción de grupo el actor o quien actúe como demandante,
representa a las demás personas que hayan sido afectada individualmente por los hechos
vulnerantes, sin necesidad de que cada uno de los interesados ejerza por separado su propia acción,
ni haya otorgado poder”.
21 De acuerdo con el numeral 4 del artículo 65 de la Ley 472 de 1998, publicado el extracto de la

sentencia en un diario de amplia circulación nacional, podrán presentarse al juzgado para reclamar
la indemnización los “lesionados por los mismos hechos y que no concurrieron al proceso”.
22 Artículo 81 del Código General del Proceso: “Al apoderado que actúe con temeridad o mala fe se

le impondrá la condena de que trata el artículo anterior, la de pagar las costas del proceso, incidente
o recurso y multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales. Dicha condena será
solidaria si el poderdante también obró con temeridad o mala fe.
Copia de lo pertinente se remitirá a la autoridad que corresponda con el fin de que adelante la
investigación disciplinaria al abogado por faltas a la ética profesional”.

10 de 11

Radicación: 17001-23-33-000-2019-00093 02
Actor: Claudia Villada Marín y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Caldas y
otros
Decisión: Confirma – niega las pretensiones

temeraria de los apoderados. En el presente asunto no se observa ninguna
de esas conductas, por lo que no se impondrá condena alguna.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia de 29 de abril de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, la cual quedará así:

“Primero: Declárase probada de oficio la excepción de falta de legitimación
en la causa por activa del señor José Heriberto Orozco.
Segundo: Declárase probada la excepción denominada ‘Inexistencia del
daño, propuesta por la Corporación Autónoma Regional de Caldas –
CORPOCALDAS–. Sin pronunciamiento expreso sobre las demás excepciones
por sustracción de materia.
Tercero: Niéguense las pretensiones del medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo, formulada por la señora María Claudia Villada
Marín y otros en contra del municipio de Neira, Caldas, la Empresa de Obras
Públicas de Caldas – Empocaldas S.A. E.S.P. y la Corporación Autónoma
Regional de Caldas – Corpocaldas, por lo considerado.
Cuarto: Sin costas por lo expuesto (…)”.

SEGUNDO: sin condena en costas en esta instancia.

Por Secretaría, una vez ejecutoriado este proveído, DEVOLVER el expediente
al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Firmado electrónicamente

11 de 11

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.