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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2015-01386-01

Fecha
15 de julio de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-41-000-2015-01386-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Revócase la sentencia proferida el 2 de noviembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera - Subsección B, en su lugar, declárase la improcedencia de la acción. 40 Norma aplicable en atención a lo decidido por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en auto del 14 de noviembre de 2024, exp. 69.376, MP José Roberto Sáchica Méndez, en el cual se estableció que, respecto del trámite de apelación de las sentencias proferidas en el marco del medio de control jurisdiccional de reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas rigen las normas contenidas en el CGP y en la Ley 2213 de 2022 (salvo en lo que atañe a la oportunidad para sustentar el recurso de apelación y la notificación al Ministerio Público). 41 El artículo 65 de la Ley 472 de 1998, dispone: “La sentencia que ponga fin al proceso se sujetará a las disposiciones generales del Código de Procedimiento Civil y, además, cuando acoja las pretensiones incoadas, dispondrá: (…) 5. La liquidación de las costas a cargo de la parte vencida, teniendo en cuenta las expensas necesarias para la publicación del extracto de la sentencia” (negrillas adicionales). 42 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 17 de octubre de 2025, radicación no. 25000-23-41-000-2013-01191-01 (70.460), CP Fredy Ibarra Martínez. 35 Expediente 25000-23-41-000-2015-01386-01 (71.068) Demandante: Carolina Ramírez López y otros Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas Apelación sentencia 2°) Abstiénese de condenar en costas en esta instancia procesal. 3°) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-41-000-2015-01386-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

15 de julio de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, quince (15) de julio de dos mil veintiséis (2026).

Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 25000-23-41-000-2015-01386-01 (71.068)
Demandantes: CAROLINA RAMÍREZ LÓPEZ Y OTROS
Demandados: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Medio de control: REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN
GRUPO DE PERSONAS
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – DAÑOS CAUSADOS
POR OMISIÓN EN FUNCIONES DE INSPECCIÓN Y
VIGILANCIA A LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN
MARTÍN

Síntesis del caso: el grupo actor reclama la responsabilidad patrimonial extracontractual de
la Nación – Ministerio de Educación Nacional por la violación de sus derechos
fundamentales a la educación y a la buena fe derivada de las omisiones en el ejercicio de
las funciones de inspección y vigilancia en que incurrió el Ministerio de Educación Nacional
entre los meses de abril de 2010 a marzo de 2015 respecto de la Fundación Universitaria
San Martín; el tribunal de primera instancia denegó las súplicas de la demanda; inconforme
con la decisión el extremo actor apeló la decisión para que se acceda íntegramente a lo
pedido en el libelo inicial. La Sala revoca la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
declara la improcedencia de la acción por cuanto no se cumple el presupuesto de
condiciones uniformes de las personas que integran el grupo.

Decide la Sala el recurso de apelación presentado por la parte demandante en
contra de la sentencia proferida el 2 de noviembre de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera - Subsección B1 que negó las
pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la parte actora.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 2 de julio de 2015, los señores Carolina Ramírez López,
Sagrario López Tovar y Fabián Ramírez Reines por intermedio de apoderado
judicial promovieron demanda en ejercicio de la acción prevista por el artículo 88 de

1 Índice 157 SAMAI de la primera instancia

2

Expediente 25000-23-41-000-2015-01386-01 (71.068)
Demandante: Carolina Ramírez López y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación sentencia

la Constitución Política de Colombia para obtener la reparación de los perjuicios
causados al grupo actor2 en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional,
con las siguientes súplicas:

“6.1.- Se declare la responsabilidad patrimonial del Estado – Ministerio de
Educación Nacional, por los daños inmateriales y materiales ocasionados
a la Srta. Carolina Ramírez López, a la Sra. Sagrario López Tovar, al Sr
Fabián Ramírez Reines y a todos los demás miembros del grupo, por la
violación sistemática de los derechos constitucionales fundamentales a la
educación y buena fe, resultado de la falla en los deberes constitucionales
y legales de inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional,
sobre la Fundación Universitaria San Martín entre los meses de abril de
2010 a marzo de 2015.

6.2.- Se ordene al Estado, Ministerio de Educación Nacional, el
reconocimiento y pago de la suma de QUINIENTOS SESENTA Y TRES
MIL CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y
CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 563.054.934.400), que
contiene la suma ponderada de las indemnizaciones individuales por los
perjuicios inmateriales y materiales causados a la Srta. Carolina Ramírez
López, a la Sra. Sagrario López Tovar y al Sr Fabián Ramírez Reines y
demás miembros del grupo del grupo, según el monto individual para cada
uno de los miembros del grupo, estimado en el capítulo 5 de esta
demanda.

6.3- Que para la determinación del monto de la indemnización por daño
inmaterial solicitada en el numeral precedente, ese tribunal aplique los
siguientes criterios de valoración de la severidad de los perjuicios
infringidos:

6.3.1.- La calidad de constitucionales y fundamentales de los derechos a
la educación y buena fe violentados por la entidad demandada.

6.3.2.- La gran magnitud de las victimas integrantes del grupo, cuyos
derechos a la educación y buena fe resultaron violentados.

6.3.3.- La condición de Ministerio de Educación Nacional como máxima
autoridad de Inspección y Vigilancia de la educación en Colombia.

6.3.4.- La falta de capacidad de gestión por parte del Ministerio de
Educación Nacional, reconocida ante la Corte Suprema de Justicia, por
dicho ente público.

6.3.5.- La masiva defraudación de más de 6.000 alumnos matriculados en
programas sin registro calificado, situación que vulnera los bienes
constitucionales a la educación, la buena fe y confianza legítima, de toda
la comunidad estudiantil de la Fundación Universitaria San Martín.

2 En la demanda se indicó que el grupo actor está conformado por aproximadamente 10.825
estudiantes y 17.320 padres de familia que sufrieron daños individuales por la omisión de la entidad
demandada en el cumplimiento de sus obligaciones de inspección y vigilancia respecto de la
Fundación Universitaria San Martín por los hechos ocurridos desde el segundo semestre de 2010
hasta el mes de noviembre del año 2014.

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Expediente 25000-23-41-000-2015-01386-01 (71.068)
Demandante: Carolina Ramírez López y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación sentencia

6.3.6.- El tiempo de estudios perdido por los estudiantes matriculados en
la Fundación Universitaria San Martín en programas que no podían
desarrollarse por carecer de registro calificado.

6.3.7.- El impacto sobre la capacidad laboral de los estudiantes de la
Fundación Universitaria San Martín por la pérdida de la reputación de
dicha institución educativa.

6.3.8.- El impacto en el tiempo de inserción en el mercado laboral de los
estudiantes de la Fundación Universitaria San Martín, debido al
alargamiento del periodo de estudios a consecuencia de la suspensión
de los programas.

6.3.9.- La falta de diligencia del Ministerio de Educación Nacional para
reglamentar la Ley 30 de 1992, que demoró 22 años para dotarse de
herramientas legales con las cuales actuar frente a los hechos
vulneradores de los derechos de los estudiantes ocurridos en la
Fundación Universitaria San Martín.

6.3.10.- La falta de diligencia del Ministerio de Educación Nacional que
permitió que durante más de 3 años la Fundación Universitaria San
Martín ofertara programas sin registro calificado, violara los deberes de
los convenios docencia servicio, y afectara la calidad educativa de los
programas que ofrecía.

6.3.11.- La potencialidad de daño a toda la población de estudiantes de
pregrado y postgrado del país, que podrían tener su derecho fundamental
a la educación y la buena fe vulnerado por la incapacidad operativa del
Ministerio de Educación Nacional, para impedir que alguna institución
incumpla la normatividad vigente, como ocurrió con la Fundación
Universitaria San Martín.

6.4.- Se ordene que la suma total reconocida como indemnización, en los
diez (10) días posteriores a la ejecutoria del fallo, se entregue a la
Defensoría del Pueblo / Fondo para la Defensa de los Derechos e
Intereses Colectivos, para que se paguen a la Srta. Carolina Ramírez
López, a la Sra. Sagrario López Tovar, al Sr Fabián Ramírez Reines y a
todos los demás miembros del grupo, las indemnizaciones individuales
por los perjuicios a ellos ocasionados, en el monto que para cada uno se
determinó en el capítulo cinco (5) de esta demanda, y de conformidad
con los parámetros fijados en el numeral 3 del artículo 65 de la Ley 472
de 1998.

6.5.- Que a título de justicia restaurativa se ordene al Estado – Ministerio
de Educación Nacional el cumplimiento de las siguientes medidas:

6.5.1- La revisión en un plazo de doce (12) meses, de los
aproximadamente 10.000 programas ofertados por las 286 instituciones
de educación superior que funcionan en Colombia, para determinar
cuáles no cuentan con registros calificados

6.5.2- La revisión en un plazo de doce (12) meses, de todos los convenios
docencia servicio reportados al Ministerio de Educación en cumplimiento
del decreto 2376 de 2010 para formación del recurso humano en el área
de la salud, celebrados por las instituciones de educación superior que
funcionan en Colombia, para determinar cuáles cumplen con la

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Expediente 25000-23-41-000-2015-01386-01 (71.068)
Demandante: Carolina Ramírez López y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación sentencia

normatividad vigente y cuáles no.

6.5.3- La difusión pública en medios hablados y escritos de comunicación
de circulación nacional, de los hallazgos contenidos en los numerales
6.5.1 y 6.5.2

6.5.4- La elaboración de un análisis de la capacidad de gestión del
Ministerio de Educación Nacional, para determinar el recurso humano y
tecnológico requerido para cumplir a cabalidad sus funciones de
inspección y vigilancia de las 286 instituciones de educación superior que
operan en Colombia, de forma que se garantice a los estudiantes y
padres de familia, una adecuada gestión que haga realidad el principio
de buena fe y confianza legítima en la calidad académica de las
instituciones de educación superior que ofrecen programas de pregrado
y postgrado.

6.6.- Que se condene en costas al Estado – Ministerio de Educación
Nacional3” (Índice 16 SAMAI, págs. 13 a 15 archivo digital denominado
“27_EXPEDIENTEDIGI_Expediente_Cuaderno1Principalpd_9_2024111
9112508281.pdf”- mayúsculas sostenidas y negrillas del texto original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones el grupo actor expuso, en síntesis, lo
siguiente4:

1) Entre los años 2010 a 2013 la Fundación Universitaria San Martín ofertó los
siguientes programas de educación superior sin registro calificado:

PROGRAMA CIUDAD CÓDIGO SNIES MODALIDAD
Medicina Bogotá 2549 Presencial
Medicina Puerto Colombia 5415 Presencial
Odontología Bogotá 1829 Presencial
Odontología Puerto Colombia 5416 Presencial
Administración de empresas Bogotá 2550 Presencial
Ingeniería de sistemas Puerto Colombia 5501 Presencial
Ingeniería de sistemas Riohacha 10713 Presencial
Ingeniería de sistemas Bogotá 2551 Presencial
Ingeniería de sistemas -- 7126 A distancia
Finanzas y relaciones internacionales Cúcuta 11501 Presencial
Finanzas y relaciones internacionales Cali 11503 Presencial

3 En escrito del 19 de octubre de 2015 la parte demandante presentó reforma de la demanda, la cual

se admitió en auto del 30 de octubre de 2015; en todo caso, las pretensiones de la demanda no
tuvieron variación.
4 Índice 16 SAMAI, págs. 48 a 51 archivo digital denominado “27_EXPEDIENTEDIGI_Expediente_

Cuaderno1Principalpd_9_20241119112508281.pdf”.

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Expediente 25000-23-41-000-2015-01386-01 (71.068)
Demandante: Carolina Ramírez López y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación sentencia

2) A través de un oficio número 2010ER105850 del 27 de septiembre de 2010, la
Asociación Nacional de Internos y Residentes ANIR- Bogotá le informó al Ministerio
de Educación Nacional acerca de la violación de los convenios de docencia /
servicio para el entrenamiento de los estudiantes de carreras relacionadas con
ciencias de la salud por parte de la Fundación Universitaria San Martín.

3) Por Resolución número 7843 del 17 de junio de 2013 el Ministerio de Educación
Nacional inició una investigación administrativa en contra de la Fundación
Universitaria San Martín con el propósito de determinar la posible oferta y desarrollo
de programas académicos sin registro calificado vigente.

4) En la misma fecha, a través de Resolución número 7848 el Ministerio de
Educación Nacional canceló el registro de los programas académicos de medicina
ofertados en las ciudades de Sabaneta (Antioquia) y Cali (Valle del Cauca) y de las
especializaciones de anestesiología, cirugía general, pediatría, oftalmología,
ortopedia y traumatología, cirugía plástica y reconstructiva desarrollados en la
ciudad de Bogotá DC por incumplimiento de las normas que rigen los convenios de
docencia / servicio para la formación del personal de las ciencias de la salud, lo cual
afectó la calidad de los programas con daño para la idoneidad y competencias
profesionales de los estudiantes.

5) El 4 de julio de 2013, el Ministerio de Educación Nacional informó a la comunidad
académica sobre la posible oferta de programas académicos sin la correspondiente
validación por parte de la Fundación Universitaria San Martín.

6) El 31 de octubre de 2014, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2219
reglamentario de la Ley 30 de 1992 mediante el cual se establecieron medidas
adicionales de inspección y vigilancia de la educación superior.

7) Luego, con la Resolución número 18253 del 4 de noviembre de 2014 el Ministerio
de Educación Nacional suspendió los registros calificados de ocho (8) programas
académicos ofrecidos por la Fundación Universitaria San Martín, decisión que
afectó a un grupo de 3.200 estudiantes a quienes se les interrumpieron las
actividades académicas en los programas de medicina en Pasto (Nariño), finanzas

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Demandante: Carolina Ramírez López y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación sentencia

y relaciones exteriores y de la especialización en periodoncia en Puerto Colombia
(Atlántico) y de finanzas y negocios internacionales, contaduría pública,
administración de empresas, derecho y psicología en Bogotá.

8) Entre los años 2005 y 2014 el Ministerio de Educación Nacional impuso diversas
sanciones a la Fundación Universitaria San Martín por el hecho de realizar
conductas contrarias a las normas que rigen la educación superior; empero, estas
decisiones no impidieron que el centro educativo ofertara programas sin registro
calificado.

9) La demandante Carolina Ramírez López en el año 2013 cursó los dos primeros
semestres del programa académico de medicina, sin embargo, carecen de validez
debido a que la carrera se ofreció sin registro calificado del Ministerio de Educación
Nacional.

10) Los señores Sagrario López Tovar y Fabián Ramírez Reines pagaron a la
Fundación Universitaria San Martín la suma de $17.493.000 por los semestres
de medicina cursados por su hija Carolina Ramírez López y, aunque a través del
Fondo para el Fomento de la Educación Superior se emitió un cheque por
concepto de devolución de lo pagado, dicho cheque no fue pagado por el banco
por falta de fondos.

11) A la fecha de presentación de la demanda la investigación iniciada mediante
Resolución número 7843 del 17 de junio de 2013 no había concluido.

En la demanda se atribuye responsabilidad a la Nación – Ministerio de Educación
Nacional por la violación masiva y sistemática de los derechos fundamentales a la
educación y buena fe de los estudiantes de la Fundación Universitaria San Martín y
de sus padres, debido a que la entidad no pudo impedir que se ofertaran por casi
tres (3) años programas académicos que no contaban con registro calificado
vigente, como tampoco que se garantizara la calidad de los demás programas
ofrecidos, al punto que en noviembre de 2014 debió suspender los registros de
todos los programas de ese ente universitario; dichos hechos dañinos acaecieron
por las siguientes circunstancias: i) la incapacidad operativa para cumplir las

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Demandante: Carolina Ramírez López y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
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obligaciones contenidas en los artículos 31 y 32 de la Ley 30 de 1992, ii) la tardanza
en la realización de las actuaciones administrativas y en la adopción de medidas
jurídicas relacionadas con la inspección y vigilancia a la Fundación Universitaria
San Martín y, iii) la demora en alertar a la comunidad acerca de que dicho centro
educativo ofertaba programas académicos sin registro calificado, circunstancias
todas las cuales permitieron el menoscabo de la idoneidad y competencia
profesionales por violaciones a los convenios de docencia / servicio para los
estudiantes de ciencias de la salud y por el ofrecimiento de programas académicos
sin autorización de funcionamiento así como también la pérdida de la continuidad
en sus estudios de educación superior en noviembre de 2014.

3. Contestación de la demanda

1) La demanda de la referencia fue admitida el 21 de julio de 20155 mediante
providencia en la cual se ordenó la notificación personal al Ministerio de Educación
Nacional, así como también al representante legal de la Fundación Universitaria San
Martín debido al interés directo que le asiste en el resultado del proceso.

2) El 20 de agosto de 2015, la Nación – Ministerio de Educación Nacional6 se opuso
a la prosperidad de las súplicas de la demanda por carecer de fundamento fáctico
y jurídico, en tanto que el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia a su
cargo se enmarca en la garantía del debido proceso, el respeto por la autonomía
universitaria y se circunscribe a las facultades expresamente asignadas por el
ordenamiento jurídico las cuales, en vigencia de la Ley 30 de 1992, correspondían
a acciones administrativas sancionatorias; en esa dirección, refirió que adelantó
diversas actuaciones en contra de la Fundación Universitaria San Martín por el
incumplimiento de las normas que rigen la educación superior que culminaron con
la imposición de multas, amonestaciones y la cancelación de programas
académicos que no cumplían con los estándares de calidad requeridos.

5 Índice 16 SAMAI, págs. 161 y 162 archivo digital denominado “27_EXPEDIENTEDIGI_Expediente_

Cuaderno1Principalpd_9_20241119112508281.pdf”.
6 Índice 16 SAMAI, págs. 2 a 26 archivo digital denominado “18_EXPEDIENTEDIGI_Expediente_

Anexo1_0_20241119112502625.pdf”.

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Expediente 25000-23-41-000-2015-01386-01 (71.068)
Demandante: Carolina Ramírez López y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación sentencia

Posteriormente, con la expedición del Decreto 2219 del 31 de octubre de 2014, que
reglamentó el ejercicio de la inspección y vigilancia en la educación superior, se
habilitó la adopción de medidas para ayudar a las instituciones a superar o corregir
situaciones de anormalidad y, precisamente, en desarrollo de esas competencias el
Ministerio de Educación expidió la Resolución número 18.253 de 2014, confirmada
por la Resolución número 20.826 de 2014, por la cual le ordenó a la universidad
adelantar un plan de mejoramiento con acciones concretas que garantizaran la
calidad y continuidad en el servicio educativo, así como también la administración
de su bienes y recursos a través de una fiducia, al tiempo que suspendió la vigencia
de 8 registros calificados, el trámite de solicitud de 3 registros y el de renovación de
4 registros, actuaciones que descartan negligencia o incumplimiento de sus
atribuciones legales.

En similar sentido, explicó que la Ley 1740 de 23 de diciembre de 2014 introdujo el
concepto de inspección y vigilancia preventiva por lo cual, en aplicación de esa
reglamentación, a partir del 19 de enero de 2015 la cartera ministerial adoptó
acciones como declarar la vigilancia especial del ente universitario, implementar los
institutos de salvamento previstos en el artículo 14 de la referida ley para la
protección de los recursos y bienes de la Fundación Universitaria San Martín y
reemplazar a todos los integrantes del máximo órgano de administración y dirección
(Plenum Universitario), lo cual conllevó a que se pudiera restablecer el servicio
educativo en las 19 sedes a nivel nacional; de modo que, “la actuación del Ministerio
de Educación ha sido además de inmediata, eficiente y oportuna para proteger los
derechos de los estudiantes y propender por un servicio educativo con
continuidad”7.

Al propio tiempo, el registro calificado constituye una exigencia de orden legal para
que las instituciones de educación superior puedan ofrecer y desarrollar programas
académicos debido a que su ausencia deja sin validez los títulos otorgados; por ello,
como mecanismo para informar al público en general la vigencia de los registros
calificados existe el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior
(SNIES) en el cual se reporta la información relevante sobre los establecimientos y
programas estudiantiles.

7 Ibidem, pág. 20.

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Expediente 25000-23-41-000-2015-01386-01 (71.068)
Demandante: Carolina Ramírez López y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación sentencia

Por otra parte, formuló las excepciones que denominó: i) falta de legitimación en la
causa por pasiva, ii) falta de causa para demandar, iii) improcedencia de la acción
de grupo y, iv) caducidad de la acción, la cual fundamentó en que la parte
demandante reclama por hechos ocurridos en el año 2010, pese a que interpuso la
demanda en el año 2015.

3) A su turno, la Fundación Universitaria San Martín se pronunció sobre la situación
que afectó el funcionamiento del ente universitario; en esa dirección, señaló que
mediante Resolución número 0841 del 19 de enero de 2015 el Ministerio de
Educación Nacional dispuso la vigilancia especial de la institución y mediante
Resolución número 1702 de 10 de febrero de 2015 adoptó las medidas de
salvamento previstas en el artículo 14 la Ley 1740 de 2014, por lo cual los dineros
que recibe la universidad por concepto de matrículas y derechos pecuniarios
pagados por los estudiantes son administrados por una fiducia y tienen destinación
específica exclusiva para atender los gastos necesarios para restablecer, mantener
y mejorar el servicio educativo en condiciones de calidad y para la elaboración,
implementación y ejecución del plan de mejoramiento (fls. 187 a 198 archivo digital
denominado 27_EXPEDIENTEDIGI_Expediente_Cuaderno1Principalpd_9_
202411191125 08281.pdf).

Seguidamente, la Fundación Universitaria San Martín presentó escrito de oposición
a la reforma de la demanda8; empero, en proveído del 7 de noviembre de 2017 se
determinó su extemporaneidad9.

En auto del 4 de noviembre de 201610 el tribunal de primer grado reconoció a los
señores Daniel Augusto Sanabria Reyes, Ángel de Jesús Serrano Vargas, Abigail
Vargas De Serrano, Hipólito Serrano Gutiérrez, María Alejandra Rosero Rojas y
Gloria Jeaneth García Carreño como integrantes del grupo demandante;

8 Índice 16 SAMAI, folios 341 a 351 archivo digital denominado “27_EXPEDIENTEDIGI_Expediente

_Cuaderno1Principalpd_9_20241119112508281.pdf”.
9 Índice 16 SAMAI, folios 558 a 561 archivo digital denominado “27_EXPEDIENTEDIGI_Expediente_

Cuaderno1Principalpd_9_20241119112508281.pdf”.
10 Índice 16 SAMAI, folios 493 a 499 archivo digital denominado
“27_EXPEDIENTEDIGI_Expediente_ Cuaderno1Principalpd_9_20241119112508281.pdf”.

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Demandante: Carolina Ramírez López y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación sentencia

posteriormente, se reconoció a los señores Sebastián Alexánder Cruz Borrero11 y
Alexánder Cruz Quintero12 la condición de parte del grupo accionante.

3.1 Intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

1) El 5 de agosto de 2019, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 13
presentó escrito de intervención a través del cual solicitó denegar las súplicas de la
demanda; precisó que en vigencia de la Ley 30 de 1992 la función de inspección y
vigilancia asignada al Ministerio de Educación Nacional era de naturaleza
sancionatoria supeditada a la realización de un procedimiento con apego a las
garantías del debido proceso y, solo con la expedición del Decreto 2219 de 2014 se
facultó la adopción de medidas preventivas ante presuntas infracciones por parte
de las instituciones de educación superior, por lo cual, es claro que la cartera
ministerial dio cabal y diligente cumplimiento a las funciones que tenía asignadas,
pues, entre los años 2006 a 2013 le impuso a la Fundación Universitaria San Martín
al menos 8 sanciones, prueba de ello es la Resolución 7848 de 2013 a través de la
cual el ministerio canceló el registro calificado de 7 programas académicos como
garantía de calidad del servicio público de educación.

2) Asimismo, refirió que luego de la expedición de le Ley 1740 de 2014 el Ministerio
de Educación Nacional adoptó varias medidas de carácter preventivo que
permitieron que la Fundación Universitaria San Martín restableciera el servicio en
las 19 sedes a nivel nacional; de modo que, “la actuación del Ministerio de
Educación ha sido además de inmediata, eficiente y oportuna para proteger los
derechos de los estudiantes y propender por un servicio educativo con
continuidad”14.

3) De otro lado, aseveró que en el presente asunto se configuró el hecho exclusivo
y determinante de un tercero como causal eximente de responsabilidad, por cuanto

11 Índice 16 SAMAI, folio 561 archivo digital denominado “27_EXPEDIENTEDIGI_Expediente_
Cuaderno1Principalpd_9_20241119112508281.pdf”.
12 Índice 16 SAMAI, folio 601 archivo digital denominado “27_EXPEDIENTEDIGI_Expediente_

Cuaderno1Principalpd_9_20241119112508281.pdf”.
13 Índice 16 SAMAI, folios 12 a 43 archivo digital denominado “36_EXPEDIENTEDIGI_Expediente_

Cuaderno2Principalpd_18_20241119112516984.pdf”.
14 Índice 16 SAMAI, folio 27 archivo digital denominado “36_EXPEDIENTEDIGI_Expediente_

Cuaderno2Principalpd_18_20241119112516984.pdf”.

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Demandante: Carolina Ramírez López y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación sentencia

el daño causado a los demandantes provino de la actuación exclusiva de la
Fundación Universitaria San Martín que, amparada en su autonomía universitaria,
entre los años 2010 a 2014 ofreció programas académicos sin contar con el
respectivo registro calificado, es decir, en forma ilegal; además, en el registro
público del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) los
ciudadanos podían verificar en forma oportuna y confiable los programas de
pregrado y posgrado con registro calificado, por lo que no es viable sostener que
fueron engañados y, en todo caso, en el artículo 24 transitorio de la Ley 1740 de
2014 se consagró que los estudiantes que hubieran cursado semestres académicos
en programas que no contaban con registro calificado podían presentar exámenes
de ingreso a programas similares debidamente certificados cuyos resultados
aprobatorios tendrían efecto de validar los estudios cursados sin el correspondiente
registro.

4) Igualmente, cuestionó la uniformidad del grupo demandante por estimar que de
acuerdo con lo narrado en la demanda está conformado por cuatro conjuntos
diferentes que no tienen correspondencia entre sí dado que i) el primero, integrado
por los 6.092 estudiantes que cursaron programas académicos sin registro
calificado, no está debidamente individualizado ni es uniforme respecto de la
situación previa a la ocurrencia del daño porque los estudiantes no cursaron el
mismo programa académico ni el mismo semestre o cohorte; ii) frente al segundo y
tercero constituidos por quienes estaban matriculados en los programas cancelados
y suspendidos mediante Resolución no. 7848 de 2013 y Resolución no. 18.253 de
2014 respectivamente, no se evidencia un perjuicio en tanto que las medidas
adoptadas en esos actos administrativos implicaban que no se podría admitir
alumnos nuevos, pero, garantizaban que quienes se matricularon en vigencia del
registro calificado pudieran culminar sus estudios; además, dichas determinaciones
demuestran que el ministerio demandado ejerció las competencias de su cargo y;
iii) frente a los padres de familia no existe afectación.

5) Por último, censuró la tasación de los perjuicios reclamados en la demanda ante
la ausencia de prueba de su configuración.

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Expediente 25000-23-41-000-2015-01386-01 (71.068)
Demandante: Carolina Ramírez López y otros
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4. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera - Subsección B en
providencia del 2 de noviembre de 202315 negó las pretensiones de la demanda,
con sustento en los siguientes argumentos:

1) De la valoración de los medios de convicción se advierte que el Ministerio de
Educación Nacional adelantó y culminó algunas actuaciones administrativas
sancionatorias por las irregularidades presentadas en el funcionamiento
administrativo y laboral de la Fundación Universitaria San Martín; no obstante,
“llama la atención de esta Sala que a pesar de haberse tenido conocimiento desde
el año 2010 de estas problemáticas, la entidad accionada actuara de manera tardía
frente a los problemas tan graves que se presentaron en el año 2013 como
consecuencia de descubrirse irregularidades en la prestación del servicio de
educación en varias de las sedes de la Fundación Universitaria en el país,
problemas financieros que desembocaron en la suspensión de salarios del personal
docente y administrativo y que varios programas hayan continuado funcionando sin
registro calificado”16.

2) Por otra parte, el grupo actor enlistado en la demanda no fue identificado
plenamente; no obstante, a partir de las bases de datos suministradas por la
Fundación Universitaria San Martín se evidencian los siguientes aspectos: i) que
uno de los referidos, el señor Juan de Dios Villegas Perea, ostentaba la calidad de
Decano de la Facultad de Medicina de esa institución17 y, en el curso del proceso
expresamente manifestó que no confirió poder, que hasta ese momento desconocía
la radicación de la demanda y que emprendería las acciones judiciales
correspondientes por el uso inadecuado de su nombre; ii) que dieciocho (18)
personas de las incluidas en el listado obtuvieron el grado como médicos en los
años 2008 y entre 2012 y 2015; iii) otros de los reportados en el listado corresponden
a padres de familia de estudiantes que no tienen la condición de alumnos o
exalumnos afectados con la intervención practicada a la universidad; iv) que se

15 Índice 157 SAMAI de la primera instancia.
16 Ibidem pág. 56.
17 Condición distinta a la referida en el escrito de la demanda para identificar al grupo actor, esto es,

estudiantes y padres de familia de estudiantes de la institución de educación superior.

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Apelación sentencia

incluyó a una exdocente de la institución; v) que los demás estudiantes tienen la
particularidad de pertenecer o haber pertenecido a las facultades de medicina de
las diversas sedes de ese centro educativo, pero, que muchos de ellos ya habían
obtenido su titulación académica, se encontraban finalizando sus estudios en
semestres posteriores o fueron transferidos a otros entes universitarios en
aplicación de los planes de transferencia adoptados como medida preventiva por
parte del Ministerio de Educación Nacional; de modo que, las anteriores
particularidades son indicativas de que la consolidación del grupo no se hizo de
manera organizada ni detallada.

Además, el grupo referido en la demanda conformado por 28.145 personas no fue
especificado lo cual “representa para la Sala un dilema de la ratio decidendi, toda
vez que, para analizar la procedencia de la indemnización es necesario determinar
las condiciones de cada estudiante o individuo que pudo ser afectado con el actuar
o el dejar de actuar de la administración, hecho que no puede ser establecido con
la vaga información que se aporta con el escrito de demanda”18.

Igualmente, en relación con la representante del grupo actor consta que el 27 de
septiembre de 2013 solicitó la devolución de los pagos efectuados por concepto de
matrículas del primero y segundo semestres de 2013; luego elevó petición de
cancelación de esos pagos para completar el proceso de reingreso a la universidad,
rechazó el reembolso de lo cancelado y, finalmente, el 9 de enero de 2015 aceptó
el cupo estudiantil para cursar el segundo semestre del programa académico de
medicina en la Fundación Universitaria Juan N Corpas; por ello, su situación difiere
de la de los demás miembros del grupo respecto de quienes no se acreditó que
hubieran presentado solicitudes de reembolso de matrícula y “(…) puesto que,
muchos de ellos como se ha indicado para el año 2013 ya habían obtenido su título
de médicos o se encontraban finalizando sus estudios al estar en un semestre
superior, incluso de estar en condición de egresados”19.

3) Pese a las inconsistencias en la conformación del grupo, el compilado probatorio
permite deducir que desde el año 2005 la cartera ministerial ejerció funciones de

18 Índice 157 SAMAI de la primera instancia, pág. 59.
19 Índice 157 SAMAI de la primera instancia, pág. 47.

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inspección y vigilancia a través de la realización de investigaciones por posibles
irregularidades asociadas, entre otras, a afectaciones a las prestaciones laborales
de los docentes, incrementos injustificados en los costos de las matrículas y empleo
de publicidad engañosa de los programas académicos, circunstancias que
conllevaron a la imposición de sanciones consistentes en amonestaciones públicas
y privadas a la institución de educación superior; asimismo, en vigencia de la Ley
30 de 1992 el Ministerio de Educación Nacional expidió la Resolución número 7848
de 2013 y, al año siguiente, con la entrada en vigor del Decreto 2219 de 2014 y de
la Ley 1740 de 2014 emitió medidas de carácter preventivo, por lo cual, no es cierto
que el ministerio demandado solo hubiera actuado a partir del 4 de julio de 2013
como sostiene el extremo actor.

En esa dirección, los elementos de convicción revelan que varios registros
calificados de la Fundación Universitaria San Martín fueron cancelados como
medida administrativa sancionatoria implementada por el Ministerio de Educación
Nacional; igualmente, se probó que para el caso del programa de medicina
desarrollado en la ciudad de Bogotá el registro calificado estuvo vigente hasta el 2
de mayo de 2012 y que desde inicios del año 2013 comenzaron a presentarse
quejas por las anomalías en su funcionamiento, frente a las cuales “se observa que
la actuación del Ministerio para efectos de adelantar la investigación sancionatoria
por la actuación indebida de parte de la FUSM de matricular nuevos estudiantes en
ese programa fue idónea y pertinente, ya que la Resolución no. 7843, se expidió el
17 de junio de 2013, con motivo de las constantes quejas que presentaron
estudiantes, padres de familia y empleados de la Fundación Universitaria, hecho
que llevó a que se sancionara al referido centro educativo en el año 2018”20.

4) A propósito de lo anterior, es claro que la entidad demandada no incurrió en una
actuación omisiva, sino que, el daño fue causado por las directivas de la Fundación
Universitaria San Martín que de forma ilegal continuaron ofertando programas
académicos sin contar con el correspondiente registro calificado; en consecuencia,
“existe una falla en la prestación del servicio de educación, pero en este caso es por
culpa exclusiva de un tercero, dado que, la actuación desplegada por el Ministerio
se ajustó con lo establecido en la ley, para el periodo comprendido entre los años

20 Ibidem pág. 66.

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2010 a 2014, esto es bajo el amparo de la Ley 30 de 1992, norma que prevé la
función de inspección y vigilancia en su artículo 31 y cuyo proceso sancionatorio se
establece en este mismo articulado, por lo que no se podría endilgar o imputar un
daño antijurídico bajo estas circunstancias”21.

5) Tampoco se acreditó que la actuación del Ministerio de Educación Nacional fuera
extemporánea, contrario a ello, se ciñó a los tiempos requeridos para llevar a cabo
la investigación con las ritualidades pertinentes, aunado al hecho de que,
precisamente, para lograr que el ente universitario suspendiera la oferta de
programas sin registro calificado y con esto la práctica de actividades fraudulentas
fue necesaria la interposición de acciones por la cartera ministerial ante la Fiscalía
General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia
de Industria y Comercio.

6) De otro lado, en relación con la indemnización de perjuicios inmateriales para las
28.145 personas que según el extremo actor integran el grupo, al proceso no se
aportó base probatoria que dé cuenta de su afectación moral por la inactividad
atribuida al ministerio demandado y, en todo caso, de admitir que se causó a los
estudiantes una afectación moral y psíquica, lo cierto es que, esta estuvo
determinada por la irregular actuación de la fundación universitaria que incumplió
su obligación de renovar los registros calificados de los programas académicos,
requisito indispensable para prestar el servicio de educación superior.

7) En síntesis, las pretensiones de la demanda no tienen vocación de prosperar
debido a que “para el caso de estudio, las afectaciones en el derecho a la educación
son consecuencia de la negligencia de parte de los exdirectivos de la FUSM por no
efectuar el trámite de renovación de los registros calificados y el haber producido la
cancelación de los programas académicos por su incompetencia para cumplir con
los requisitos que establece la Ley 30 de 1992 para la prestación del servicio de
educación superior, (…)”22.

21 Ibidem pág. 67.
22 Ibidem pág. 71.

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5. Recurso de apelación

El 28 de noviembre de 2023, la parte actora interpuso recurso de apelación (índice
162 SAMAI de la primera instancia), las razones de inconformidad con el fallo de
primera instancia se resumen así:

1) El tribunal de primer nivel incurrió en denegación de justicia, por cuanto, pese a
tener por acreditada la responsabilidad de la Fundación Universitaria San Martín en
los hechos que dieron lugar a la demanda omitió proferir condena en su contra; en
esa medida, desconoció que mediante auto del 21 de julio de 2015 vinculó de oficio
al ente universitario por asistirle interés directo en el resultado del proceso y le
concedió el término de diez (10) días para contestar la demanda, actuación que
conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 52 de la Ley 472 de 1998
constituye la citación de un posible responsable y no la intervención de un mero
coadyuvante de la parte demandada, como se sostuvo de manera errada en la
providencia impugnada; además, la figura del coadyuvante no está prevista en la
Ley 472 de 1998 para las acciones de grupo, sino que, está regulada solo para las
acciones populares y, en el CPACA esta forma de intervención procede a petición
de parte para los procesos en que se ventilen pretensiones de nulidad y
restablecimiento del derecho.

2) De otro lado, la sentencia de primera instancia desconoce el contenido del
artículo 365 de la Constitución Política que prevé el deber estatal de asegurar la
prestación eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio
nacional; en consecuencia, debió condenar al Ministerio de Educación Nacional por
cuanto omitió garantizar que la Fundación Universitaria San Martín brindara el
servicio educativo de manera eficiente.

3) La argumentación del fallador de primer grado resulta contradictoria en tanto que
reconoce actuaciones tardías en el ejercicio de las funciones asignadas a la cartera
ministerial, pero, la exonera de responsabilidad, al tiempo que no valoró la confesión
del Ministerio de Educación Nacional contenida en un escrito de respuesta a una
acción de tutela tramitada ante la Corte Suprema de Justicia en el cual admitió su
imposibilidad para controlar las actuaciones de cada una de las 286 instituciones de

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educación superior del país en sus más de 10.000 programas académicos.

4) A su vez, el a quo erró al apreciar la licitud de la conducta de la entidad accionada,
pues, lo relevante era determinar la antijuridicidad del daño padecido por el grupo
accionante, aspecto demostrado con la Resolución no. 841 del 19 de enero de 2015
en la que se precisó que la situación académica acontecida representó la violación
de derechos fundamentales para toda la comunidad educativa; aunado al hecho de
que en el proceso se determinó que, “entre los años 2010 a 2014, hubo concretas
y diversas alteraciones al servicio público de educación que comportaron que: i) el
44,6% de los estudiantes no pudieron terminar sus estudios; ii) el 51,9%
tuviera periodos académicos más largos de lo establecido en su plan de
estudio; y, iii) el 3,5% tuviera que trasladarse a otras instituciones de
educación superior en razón a la invalidez de sus estudios en la FUSM”23
(negrillas fijas del original).

5) También se desconoció el mandato de los numerales 1, 2 y 3 del artículo 65 de
la Ley 472 de 1998 por el hecho de condicionar el reconocimiento indemnizatorio
de los integrantes del grupo que no comparecieron al proceso a la demostración
individual del daño sufrido, pues, esa labor corresponde al Fondo para la Defensa
de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría del Pueblo; además, con
la base de datos aportada al proceso por la Fundación Universitaria San Martín era
posible establecer 3 subgrupos de afectación integrados así: i) estudiantes sin
grado, ii) estudiantes con grado dilatado y iii) estudiantes que se trasladaron a otras
instituciones universitarias, pese a lo cual sufrieron retrasos en su proceso
formativo; de modo que, el tribunal debió establecer la indemnización colectiva que
contemplara la suma ponderada de las indemnizaciones individuales de las víctimas
que no se hicieron parte en el proceso.

Por la misma razón, no era exigible el aporte de prueba individual sobre la afectación
moral padecida por quienes no comparecieron al proceso, pues, esa circunstancia
fue acreditada con la Resolución no, 841 de 2015 en la que se relata la aflicción de
los estudiantes de la Fundación Universitaria San Martín por la incertidumbre sobre

23 Índice 162 SAMAI de la primera instancia, pág. 7.

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su proyecto de vida y futuro profesional, representada en protestas y mítines
públicos realizados en diferentes ciudades del país.

6) No es cierto que las medidas dispuestas en la Resolución no. 1702 de 2015, en
el Decreto 2070 de 2015 y en la Ley 1740 de 2014 fueran idóneas para reparar el
daño patrimonial sufrido por los estudiantes de la Fundación Universitaria San
Martín, por cuanto el propósito de esa normativa no era reparar a los afectados sino
restablecer el servicio educativo en condiciones de continuidad y calidad pagando
las deudas a los proveedores de la institución de educación superior.

El recurso de apelación interpuesto por la parte demandante fue concedido por el
tribunal de primera instancia mediante auto del 21 de febrero de 2024 (índice 167
SAMAI de la primera instancia).

6. Actuación surtida en segunda instancia

Por auto del 30 de mayo de 2024 (índice 3 SAMAI) se admitió el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 2 de
noviembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección
Primera - Subsección B; igualmente, se concedió al recurrente el término de cinco
(5) días para que de considerarlo pertinente complementara la sustentación del
recurso y se dispuso correr traslado a las partes, así como también al Ministerio
Público para que emitiera concepto.

En dicha oportunidad procesal la parte demandante no presentó escrito de
complementación del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

Por su parte, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado24 (índice 5 SAMAI)
solicitó confirmar la sentencia de primera instancia por estimar, entre otros aspectos,

24 El apoderado coordinador del grupo actor solicitó no dar curso al memorial radicado por el
“Ministerio de Educación Nacional” por el hecho de considerarlo extemporáneo con el argumento
de que desconoció lo prescrito en el artículo 201-A del CPACA, pues, remitió copia a todos los sujetos
procesales del recurso de apelación; al respecto, advierte la Sala que el apoderado actor en realidad
alude al escrito presentado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, entidad que se
opuso a la referida solicitud por cuanto el numeral 4 del artículo 247 del CPACA permite que los
sujetos procesales se pronuncien sobre el recurso de apelación hasta la ejecutoria del auto que
admite la segunda instancia.

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que el daño fue causado por la actuación ilegal de la Fundación Universitaria San
Martín que ofreció programas académicos sin contar con el respectivo registro
calificado.

A su turno, la Fundación Universitaria San Martín pidió confirmar la sentencia
denegatoria de las súplicas de la demanda; arguyó que no existe un grupo uniforme
de demandantes, que la cancelación, suspensión o no renovación de registros
académicos no invalidaba los estudios de quienes se matricularon mientras estaban
vigentes y que, en todo caso, los estudiantes que se matricularon en programas que
no tenían el correspondiente registro podían solicitar su trasferencia a otras
instituciones de educación superior.

El Ministerio Público y la Nación – Ministerio de Educación Nacional guardaron
silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) caso concreto y, 3) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

1) El objeto de la discusión se contrae a verificar si la Nación – Ministerio de
Educación Nacional es patrimonial y extracontractualmente responsable por los
daños causados al grupo actor por la omisión en el cumplimiento de sus funciones
de inspección y vigilancia respecto de la Fundación Universitaria San Martín entre
los meses de abril de 2010 a marzo de 2015 que condujo a la violación de sus
derechos fundamentales a la educación y a la buena fe.

2) El tribunal de primera instancia denegó las súplicas de la demanda por considerar
que el daño padecido por los demandantes no fue resultado de la omisión atribuida
a la cartera ministerial demandada, sino, que fue causado por el personal directivo

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de la Fundación Universitaria San Martín que de forma ilegal ofertó programas
académicos que no contaban con registro calificado vigente y admitió estudiantes
nuevos.

3) La Sala revocará la decisión de primera instancia para en su lugar declarar la
improcedencia de la acción, habida cuenta que los integrantes del colectivo no
reúnen condiciones uniformes respecto de la causa del daño.

2. Caso concreto

1) En relación con el medio de control judicial de reparación de los perjuicios
causados a un grupo de personas el artículo 145 del CPACA preceptúa que
«[c]ualquier persona perteneciente a un número plural o a un conjunto de
personas que reúnan condiciones uniformes respecto de una misma causa
que les originó perjuicios individuales, puede solicitar en nombre del conjunto
la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado y el reconocimiento y
pago de indemnización de los perjuicios causados al grupo, en los términos
preceptuados por la norma especial que regula la materia» (se destaca).

2) Por consiguiente, se trata de una acción de carácter principal de naturaleza
reparatoria o indemnizatoria que, por economía procesal y en aras de la agilidad de
la administración de justicia, procede en aquellos eventos en que los afectados
reúnen condiciones especiales que los identifican como un grupo25, pues, busca
que un conjunto de personas que ha padecido perjuicios individuales demanden
conjuntamente la indemnización correspondiente, siempre que aquellos reúnan
condiciones uniformes respecto de la causa común que originó dichos perjuicios, y
que el número de personas miembros del grupo no sea inferior a veinte (20).

25 En sentencia C-215 de 1999 (Expedientes D-2176, D- 2184 y D-2196 acumulados) la Corte
Constitucional puntualizó que “En cuanto se refiere a las acciones de clase o de grupo, hay que
señalar que éstas no hacen relación exclusivamente a derechos constitucionales fundamentales, ni
únicamente a derechos colectivos, toda vez que comprenden también derechos subjetivos de origen
constitucional o legal, los cuales suponen siempre -a diferencia de las acciones populares- la
existencia y demostración de una lesión o perjuicio cuya reparación se reclama ante la juez. En este
caso, lo que se pretende reivindicar es un interés personal cuyo objeto es obtener una compensación
pecuniaria que será percibida por cada uno de los miembros del grupo que se unen para promover
la acción. Sin embargo, también es de la esencia de estos instrumentos judiciales, que el daño a
reparar sea de aquellos que afectan a un número plural de personas que por su entidad deben ser
atendidas de manera pronta y efectiva.”

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3) En consonancia con lo anterior, los artículos 3 y 46 de la Ley 472 de 1998
preceptúan que los miembros del conjunto de personas que demandan en ejercicio
del medio de control jurisdiccional de reparación de los perjuicios causados a un
grupo de personas deben reunir condiciones uniformes respecto de la causa
originaria de los perjuicios cuya reparación pretenden, en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 3o. ACCIONES DE GRUPO. Son aquellas acciones
interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que
reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que
originó perjuicios individuales para dichas personas.

La acción de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el
reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios.

ARTÍCULO 46. PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES DE GRUPO. Las
acciones de grupo son aquellas acciones interpuestas por un
número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones
uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios
individuales para dichas personas.

La acción de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el
reconocimiento y pago de la indemnización de los perjuicios.

El grupo estará integrado al menos por veinte (20) personas»
(negrillas adicionales).

4) Frente al presupuesto previsto en el inciso tercero del artículo 46 de la Ley 472
de 1998 consistente en que el grupo debe estar integrado por al menos 20 personas,
se tiene que la sentencia de constitucionalidad C-116 de 2008 proferida por la Corte
Constitucional declaró su exequibilidad en el entendimiento de que para la
legitimación activa en las acciones de grupo no se requiere conformar un número de
veinte personas que instauren la demanda, sino que, basta que un miembro del
grupo que actúe en su nombre señale en ella los criterios que permitan
establecer la identificación del grupo afectado, que no podrá ser inferior a ese
número de individuos.

5) Respecto de las condiciones uniformes en un número plural de personas en las
acciones de grupo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado – Sala Primera Especial de Decisión en sentencia del 10 de junio de 2021
con ocasión de resolver el mecanismo de revisión eventual arguyó que,
precisamente, el ejercicio de dicha acción constitucional supone que la controversia

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admita una decisión unitaria, lo cual exige la existencia de aspectos fácticos o
jurídicos comunes entre los integrantes del grupo, esto es, condiciones uniformes
que permitan su tratamiento conjunto; empero, precisó que el alcance de esa
uniformidad no implica que las situaciones particulares de los miembros del
colectivo sean idénticas, sino que, lo que se requiere es que “exista un común
denominador o núcleo que pertenece o se extiende a todos ellos, derivado de la
conducta dañina del demandado”.

6) En esa dirección, en la referida providencia judicial se unificó la postura
jurisprudencial sobre los criterios para determinar los miembros de un grupo, en el
sentido de señalar que para tal menester debe tomarse en cuenta lo siguiente:

“Primero, se debe identificar el hecho o hechos generadores alegados
en la demanda y determinar si éstos son uniformes para todo el grupo;
y segundo, mediante el análisis de la teoría de la causalidad adecuada,
que permite un mayor enfoque jurídico, determinar si éstos hechos
generadores tienen un mismo nexo de causalidad con los daños
sufridos por los miembros del grupo. El resultado de este análisis debe
ser la identidad del grupo, como pluralidad de personas que sufren
unos daños originados en uno o varios hechos generadores comunes
a todos; si se descubre lo contrario, en cualquiera de los dos pasos,
debe concluirse la inexistencia del grupo y por consiguiente la
improcedencia de la acción.

Ahora bien, en relación con el establecimiento de criterios uniformes
para la individualización de los miembros del grupo, la Sala considera
pertinente precisar que, dada la multiplicidad de situaciones y daños
que pueden alegarse en la acción de grupo, resulta inviable identificar
todos los criterios para la identificación de sus miembros, toda vez que
esta cuestión dependerá en cada caso particular de las circunstancias
específicas en que se ocasionó el daño cuya reparación se pretende,
con la salvedad de que a cada persona, en aplicación de la carga de
la prueba prevista en el artículo 177 del CPC -art. 167 CGP- que
pretenda integrarse en el respectivo grupo, le corresponderá acreditar
que sufrió un daño antijurídico derivado de la misma causa compartida
por el grupo, así como demostrar su causalidad”26.

De ese modo, la referida sentencia sistematizó los criterios para determinar la
conformación de un grupo actor a partir de la concurrencia de unos hechos
generadores comunes y de un nexo causal adecuado con los daños sufridos por los

26Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Primera Especial de
Decisión, sentencia del 10 de junio de 2021, expediente radicación no. 76001-23-31-000-2002-
04584-02(AG)REV-SU, CP María Adiana Marín.

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integrantes de la colectividad accionante, por manera que su ausencia implica la
improcedencia de la acción grupal.

7) Decantado el marco normativo aplicable, procede la Sala a abordar el estudio de
la uniformidad del grupo actor en el caso objeto de estudio.

8) Como punto de partida, advierte la Sala que las súplicas de la demanda se
cimentaron sobre la base de la responsabilidad extracontractual de la Nación –
Ministerio de Educación Nacional por la violación sistemática de los derechos a la
educación y a la buena fe del grupo actor derivada de la omisión en el ejercicio de
la función de inspección y vigilancia respecto de la Fundación Universitaria San
Martín durante el período comprendido entre los meses de abril de 2010 y marzo de
2015.

9) En ese orden, en la demanda se presentó una tabla que contiene el nombre de
92 alumnos de la Fundación Universitaria San Martín identificados como víctimas;
adicionalmente, se indicó que la situación presentada afectó a casi la totalidad de
los estudiantes de esa institución de educación superior; de modo que, el grupo
estaba conformado por aproximadamente 28.145 personas perjudicadas de la
siguiente forma:

6.092 estudiantes matriculados en programas sin registro
académico vigente identificados en el comunicado publicado el
11 de julio de 2013 en la página web del Ministerio de Educación
Nacional.
1.533 estudiantes de las carreras identificadas en la Resolución
no. 7848 de 2013 expedida por el Ministerio de Educación
Nacional, que cursaron estudios en programas académicos cuyo
registro calificado fue cancelado por violaciones sistemáticas de
los convenios docencia – servicio.
3.200 estudiantes de los 8 programas de pregrado a los que por
Resolución no. 18.253 del 4 de noviembre de 2014 se les
interrumpieron sus estudios por la deficiente situación de calidad
académica y financiera de la universidad.
17.320 padres de familia de los estudiantes afectados.

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Expediente 25000-23-41-000-2015-01386-01 (71.068)
Demandante: Carolina Ramírez López y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación sentencia

A la par expuso los siguientes criterios para identificar los miembros del grupo
afectado:

“3.1.- Que se trate de estudiantes de la Fundación Universitaria San
Martín matriculados a partir del segundo semestre de 2010 y hasta el
segundo semestre de 2013, en las carreras de medicina en las ciudades
de Bogotá, y Puerto Colombia; odontología en las ciudades de Bogotá y
Puerto Colombia; administración de empresas en la ciudad de Bogotá,
ingeniería de sistemas en las ciudades de Bogotá, Riohacha y Puerto
Colombia; Finanzas y relaciones internacionales en las ciudades de
Cúcuta y Cali; medicina veterinaria y zootecnia en las ciudades de
Armenia y Cali, programas académicos que entre el segundo
semestre de 2010 (CSJ - tutela Barranquilla) y hasta el segundo
semestre de 2013 no contaban con registro calificado vigente.

3.2.- Que se trate de estudiantes de la Fundación Universitaria San
Martín que entre los años 2010 y hasta al mes de junio de 2013, se
encontraban matriculados en los programas de medicina en las
ciudades de Sabaneta y Cali; y en las especializaciones de
anestesiología, ortopedia y traumatología, cirugía plástica y
reconstructiva, pediatría, cirugía general, y oftalmología, todos en la
ciudad de Bogotá y cuyo registro calificado fue cancelado por el
Ministerio de Educación Nacional, mediante resolución 7848 de junio
17 de 2013.

3.3.- Que se trate de estudiantes de la Fundación Universitaria San
Martín que al mes de noviembre de 2014, se encontraban
matriculados en las carreras de finanzas y relaciones internacionales y
especialización en periodoncia, en la ciudad de Puerto Colombia; finanzas
y negocios internacionales, contaduría pública, administración de
empresas, derecho y psicología en la ciudad de Bogotá; y medicina en la
ciudad de Pasto, cuyos registros calificados fueron suspendidos
mediante resolución 18253 de noviembre de 2014, expedida por el
Ministerio de Educación Nacional.

3.4.- Que se trate de los padres de los alumnos pertenecientes a las
categorías anteriores y que dependan económicamente de estos”.
(Índice 16 SAMAI, págs. 4 y 5 archivo digital denominado
“23_EXPEDIENTEDIGI_Expediente_Cuaderno1PrincipalCD_5_2024111
9112506203.pdf” – se destaca-).

Al mismo tiempo, en acápite posterior insistió en la existencia del grupo y
en sus condiciones uniformes enmarcadas en los aspectos que a
continuación se trascriben:

“7.1.1.- Haber estado matriculados como estudiantes de la Fundación
Universitaria San Martín en programas de pregrado y posgrado a nivel
nacional entre el año 2010 y el 4 de noviembre de 2014.

7.1.2.- Haber sido afectados los programas académicos en que se
encontraban matriculados los estudiantes, por las decisiones

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Expediente 25000-23-41-000-2015-01386-01 (71.068)
Demandante: Carolina Ramírez López y otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación sentencia

contenidas en las resoluciones 7848, 7843 de 2013 y 18253 de 2014.

7.1.3.- Ser padres de estudiantes matriculados en programas de
pregrado a nivel nacional en la Fundación Universitaria San Martín al
4 de julio de 2014.

7.1.4.- Haberse matriculado los estudiantes, de buena fe y con base en la
confianza legítima que les daban las funciones de inspección y vigilancia
que el Ministerio de Educación Nacional, por mandato constitucional y
legal debía desarrollar sobre la actividad de la Fundación Universitaria
San Martín.

7.1.5.- Haber ignorado los estudiantes y sus padres, por no haberse hecho
de público conocimiento por parte del Ministerio de Educación Nacional
hasta el 4 julio de 2013, que la Fundación Universitaria San Martín ofrecía
programas sin contar con registro calificado, no respetaba los derechos
de los estudiantes en los convenios docencia-servicio, y no podía
continuar prestando el servicio educativo por las deficiencias en la calidad
de los programas académicos.

7.1.6.- Haber sido los derechos constitucionales fundamentales a la
educación y la buena fe vulnerados por la falla en las funciones de
inspección y vigilancia que el Ministerio de Educación Nacional debía
ejercer sobre la Fundación Universitaria San Martín.

7.1.7.- Haber ocasionado las conductas de violación a los derechos a la
educación y la buena fe ocurridas en la Fundación Universitaria San
Martín, perjuicios individuales de índole material e inmaterial, a la Srta.
Carolina Ramírez López, a la Sra. Sagrario López Tovar, al Sr Fabián
Ramírez Reines, y a los demás estudiantes y padres de familia, los cuales
en los términos del artículo 46 de la Ley 472 de 1998, generan el derecho
a recibir una indemnización que repare los daños sufridos.

7.1.8.- No tener la Srta. Carolina Ramírez López, la Sra. Sagrario López
Tovar, el Sr Fabián Ramírez Reines, así como ninguno de los demás
estudiantes y padres de familia, el deber jurídico de soportar la ineficiencia
e incapacidad de la gestión del Ministerio de Educación Nacional como
máximo organismo de control del sector educativo” (Índice 16 SAMAI,
págs. 17 y 18 archivo digital denominado
“27_EXPEDIENTEDIGI_Expediente_Cuaderno1Principalpd_9_2024111
9112508281.pdf” -resaltado de la Sala-).

10) En el curso de la primera instancia del proceso, en lo atinente a la conformación
del grupo actor y a las condiciones de uniformidad respecto de la causa del daño,
el auto admisorio del 21 de julio de 2015 no efectuó pronunciamiento alguno; por su
parte, en la sentencia de primer grado se cuestionó, de un lado, la identificación e
individualización de las 92 personas enlistadas como afectadas por los hechos que
dieron origen a la demanda debido a que no todas reunían la condición de alumnos
de la Fundación Universitaria San Martín durante los períodos referidos en el escrito
inicial y, de otro, la falta de precisión en relación con los individuos que integrarían

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Expediente 25000-23-41-000-2015-01386-01 (71.068)
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Reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas
Apelación sentencia

el colectivo de 28.145 personas, circunstancia que impedía determinar la
procedencia de una eventual indemnización a partir de la información abstracta y
genérica contenida en el libelo introductorio; empero, el a quo definió la controversia
sin verificar si el grupo actor presentaba características homogéneas frente a la
causa del daño.

11) Como se anotó en párrafos que anteceden, la uniformidad del grupo actor es un
presupuesto sustancial e inherente al medio de control jurisdiccional de reparación
de los perjuicios causados a un grupo; por manera que, su constatación se torna
ineludible, pues, únicamente a partir de la acreditación de dicho presupuesto es
posible efectuar un pronunciamiento de mérito respecto de las súplicas formuladas
en la demanda.

12) En esa perspectiva, corresponde a esta Subsección abordar el estudio de la
uniformidad del grupo actor para lo cual resulta relevante el examen de los
elementos de convicción que obran en el expediente, a partir de los cuales se
encuentran acreditadas, en lo pertinente para la decisión del presente asunto, las
siguientes circunstancias fácticas y jurídicas:

a) El 17 de junio de 201327, el Ministerio de Educación Nacional expidió la
Resolución no. 7848 a través de la cual resolvió la investigación administrativa
adelantada en contra de la Fundación Universitaria San Martín con sanción de
cancelación de los programas académicos del área de la salud de Medicina en las
ciudades de Sabaneta (Antioquia) y Cali (Valle del Cauca) y de las especializaciones
de anestesiología, ortopedia y traumatología, cirugía plástica y reconstructiva,
pediatría, cirugía general y oftalmología en la ciudad de Bogotá28; igualmente,
dispuso que el centro universitario debía establecer y desarrollar un plan de
contingencia para que los estudiantes pudieran terminar sus estudios garantizando

27 Índice 16 SAMAI, págs. 66 a 94 archivo digital denominado “27_EXPEDIENTEDIGI_Expediente_

Cuaderno1Principalpd_9_20241119112508281.pdf”.
28 La apertura de dicha investigación administrativa fue dispuesta mediante Resolución no. 874 del

11 de febrero de 2011 por tenerse conocimiento de presuntas infracciones a las normas de
educación superior por parte del ente universitario relacionadas con el presunto incumplimiento en
el pago de la seguridad social de los residentes de posgrados en el área de la salud y la legalidad
de los convenios docencia – servicio suscritos con las entidades prestadoras de salud donde los
estudiantes realizan las rotaciones docente asistencial.

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la calidad educativa29; las decisiones adoptadas se sustentaron, en los siguientes
antecedentes:

(i) La Asociación Nacional de Internos y Residentes -ANIR- Bogotá a través de
comunicación de radicación no. 2010ER105850 del 27 de septiembre de 201030
informó que la Fundación Universitaria San Martín estaba incumpliendo con el pago
de la seguridad social de los residentes de posgrado; en atención a ello, a través de
oficio no. 2010E76791 del 20 de octubre de 2010 la Subdirección de Inspección y
Vigilancia requirió a la universidad para que remitiera información relacionada con
los programas del área de la salud, lo cual fue cumplido parcialmente por la
institución el 28 de febrero de 2011; esa documentación fue remitida el 27 de abril
de 2011 a la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
que el 6 de septiembre de 201131 emitió concepto en el cual señaló que los soportes
remitidos únicamente referían a las sedes de Puerto Colombia (Atlántico), Sabaneta
(Antioquia) y Bogotá y evidenciaban que muchos de los convenios no cumplían con
los requisitos sobre conformación del comité de docencia/servicio, seguridad social
de los estudiantes y coberturas de pólizas de seguros, como tampoco daban cuenta
del número de estudiantes que podían estar en rotaciones simultaneas ni el total de
beneficiados de los programas, de manera tal que en auto del 9 de septiembre de
201132 se estimó procedente la práctica de pruebas consistente en la realización de
visitas a las IPS en las que se llevaban a cabo las rotaciones de los estudiantes, las
cuales se efectuaron en el mes de noviembre de 2011 y permitieron constatar
algunas irregularidades e incumplimientos normativos.

(ii) Recabada la información, el 22 de diciembre de 2011 se remitió a la Comisión
Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior

29 La anterior decisión fue confirmada por Resolución no. 11851 de 5 de septiembre de 2013, Índice

16 SAMAI, págs. 105 a 127 archivo digital denominado
“30_EXPEDIENTEDIGI_Expediente_Cuaderno2PrincipalCD_12_20241119112511015.pdf”.
30 En la referida comunicación se solicitó al Ministerio de Educación Nacional investigar y sancionar

a la universidad por el incumplimiento sistemático de la legislación sobre el pago de seguridad social
a los resientes, así como también investigar la existencia, vigencia y legalidad de los convenios
docente – asistenciales que tenía ese centro educativo. (Índice 16 SAMAI, págs. 33 a 36 archivo
digital denominado “18_EXPEDIENTEDIGI_Expediente_ Anexo1_0_20241119112502625.pdf”).
31 Índice 16 SAMAI, págs. 110 a 142 archivo digital denominado
“18_EXPEDIENTEDIGI_Expediente_ Anexo1_0_20241119112502625.pdf”.
32 Ibidem págs. 143 a 144.

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Expediente 25000-23-41-000-2015-01386-01 (71.068)
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(CONACES)33 – Sala de Ciencias de la Salud, órgano que en sesión del 9 de febrero
de 2012 conceptuó que la Fundación Universitaria San Martín incumplió la
reglamentación de los convenios de docencia/servicio con repercusión en la calidad
de los programas de salud; en consecuencia, el 13 de abril de 2012 se formuló
pliego de cargos a la institución de educación superior con el cargo único de prestar
el servicio público educativo con deficiencias en la calidad de los programas del
área de la salud de medicina en las ciudades de Cali (Valle del Cauca), Pasto
(Nariño) y Medellín (Antioquia), las especialidades de pediatría, ginecología y
obstetricia, ortopedia y traumatología, medicina interna, anestesiología y cirugía
general en Puerto Colombia (Atlántico), las de medicina interna, ginecología y
obstetricia, anestesiología, cirugía general, otorrinolaringología, pediatría, ortopedia
y traumatología, cirugía plástica reconstructiva y estética, oftalmología, cirugía oral
y maxilofacial y los programas de pregrado de medicina y odontología en Bogotá.

A partir del acervo probatorio recaudado en el curso de la investigación, el Ministerio
de Educación Nacional concluyó que se evidenciaban transgresiones de la
Fundación Universitaria San Martín a las normas que regulaban los convenios de
docencia/servicio en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Pasto y Barranquilla
poniendo en duda el grado de compromiso de la institución con la calidad educativa;
además, las condiciones de bienestar para los estudiantes no eran las adecuadas,
existía un número excesivo de practicantes rotando en las unidades de servicio, no
se reconocía la labor docente y en la ciudad de Bogotá no se aplicaba la norma
sobre los turnos lo que generaba un riesgo en la prestación del servicio y
consecuencias contraproducentes a la salud de los estudiantes; igualmente, señaló
que la institución no obró con diligencia para subsanar las deficiencias advertidas
en los convenios docencia/servicio, sino que, estas persistieron al punto que
mediante comunicaciones del 15 de febrero de 2012 y 23 de marzo de 2012 el
Hospital Simón Bolívar informó sobre los incumplimientos de los compromisos
básicos estipulados y su decisión de suspender temporalmente las practicas
académicas de los estudiantes.

33 Organismo asesor del Ministerio de Educación Nacional, creado y organizado mediante los
Decretos 2230 de 2003 y 4675 de 2006, con funciones de coordinación y orientación del
aseguramiento de la calidad de la educación superior, la evaluación del cumplimiento de los
requisitos para la creación de instituciones de educación superior, su transformación y redefinición
de sus programas académicos y demás funciones que le sean asignadas por el Gobierno Nacional.

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Expediente 25000-23-41-000-2015-01386-01 (71.068)
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Apelación sentencia

En consideración a lo antedicho, el Ministerio de Educación Nacional sostuvo que
la gravedad de la infracción no ameritaba la suspensión o cancelación de la
personería jurídica del ente universitario ni la imposición de multas porque la
conducta imputada no se relacionaba con aspectos financieros, como tampoco
amonestaciones de carácter público o privadas; en contraste, encontró ajustado
decretar la cancelación de ocho (8) programas académicos34 del área de la salud
afectados por las deficiencias en los convenios de docencia/servicio por el
incumplimiento de la normativa que los regulaba; dicha sanción cobijaba a los
programas académicos activos con registro calificado vigente y no a aquellos que
si bien estaban inmersos en la investigación carecían de registro calificado por
cuanto previamente se les había negado la renovación35 o que lo tenían vencido36
y, por ende, estaban inactivos en el Sistema Nacional de Información de la
Educación Superior; asimismo, se ordenó que con, carácter urgente y
acompañamiento de la Subdirección de Apoyo a la Gestión de las instituciones de
educación superior, se estableciera y ejecutara un plan de mejoramiento que
garantizara a los estudiantes que cursaban esos programas la continuación de sus
estudios en condiciones de calidad

b) Al propio tiempo, por Resolución no. 7843 de 17 de junio de 201337, la cartera
ministerial del ramo decretó la apertura de investigación preliminar a la Fundación
Universitaria San Martín y a sus directivos con el fin de verificar el cumplimiento de
las normas de educación superior y establecer las responsabilidades del caso por
las presuntas deficiencias institucionales relacionadas con el personal docente, la
estructura académico – administrativa, la investigación, autoevaluación,
seguimiento a egresados, manejo de recursos financieros, así como también porque
durante las visitas realizadas en el mes de mayo de 2013 se tuvo conocimiento de
la posible oferta y desarrollo de programas académicos sin registro calificado
vigente38.

34 El pregrado de medicina en Sabaneta y Cali y las especializaciones de anestesiología, ortopedia

y traumatología, cirugía plástica y reconstructiva, pediatría, cirugía general y oftalmología en Bogotá.
35 El pregrado de odontología y las especializaciones de medicina interna, otorrinolaringología y

ginecología y obstetricia en Bogotá y; las especializaciones en pediatría, medicina interna,
ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología en Puerto Colombia.
36 Los pregrados de medicina en Pasto y en Bogotá y las especializaciones en anestesiología y

cirugía general en Puerto Colombia.
37 Índice 16 SAMAI, págs. 95 a 96 archivo digital denominado “27_EXPEDIENTEDIGI_Expediente_

Cuaderno1Principalpd_9_20241119112508281.pdf”.

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La mencionada investigación culminó con la expedición de la resolución no. 01749
de 8 de febrero de 2018, modificada por Resolución no. 1761 de 19 de febrero de
2019, que sancionó con multa de cien (100) SMLMV para el año 2015 a la
Fundación Universitaria San Martín, asimismo, impuso multa en cuantía de setenta
y cinco (75) SMLMV a los señores Martín Eduardo Alvear Orozco, Antonio Safán
Guerra y Xiani Piedad Ocampo Sequeda debido a que en su condición de plenarios
de la universidad “permitieron el desarrollo de programas académicos sin contar con
registro calificado desde el periodo académico 2012-2 a 2014-2”. (Índice 16 SAMAI,
carpeta digital 28_EXPEDIENTEDIGI_Expediente_Cuaderno2PrincipalCD _10_
20241119112509593).

c) Posteriormente, ante las múltiples quejas presentadas contra la Fundación
Universitaria San Martín por las supuestas irregularidades en la admisión de nuevos
estudiantes en programas académicos cuyos registros calificados habían expirado,
por el ofrecimiento de programas sin registro calificado, por la falta de claridad y
veracidad de la publicidad empleada, por la no participación de estudiantes y
docentes en el órgano de dirección de la institución y por el presunto incumplimiento
en la conservación y aplicación de sus rentas, el Ministerio de Educación Nacional
en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 2219 de 2014 que reglamentó
el ejercicio de la función de inspección y vigilancia, emitió la Resolución no. 18.253
de 4 de noviembre de 201439 a través de la cual se adoptaron las siguientes
medidas:

(i) Ordenar la elaboración, adopción y presentación de un plan de mejoramiento con
acciones para restablecer la continuidad y la calidad de los programas académicos.

(ii) Designar representantes de la cartera ministerial para efectuar el seguimiento a
la gestión académica, administrativa y financiera y verificar la implementación del
plan de mejoramiento.

38 En el curso de la mencionada investigación fue necesaria la práctica de pruebas, entre otras de

inspección administrativa a las instalaciones de la institución, recepción de testimonios de personal
administrativo, docente y estudiantil (auto del 21 de noviembre de 2013 fl. 188 cdno. no. 1), así como
también la incorporación de quejas presentadas por estudiantes y respuestas a requerimientos de
información.
39 Índice 16 SAMAI, págs. 97 a 101 archivo digital denominado “27_EXPEDIENTEDIGI_Expediente_

Cuaderno1Principalpd_9_20241119112508281.pdf”.

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(iii) Suspender temporalmente y de manera preventiva la vigencia de los registros
calificados, de las solicitudes de nuevos registros y del trámite de renovación de los
registros calificados que se describen en las siguientes tablas; con la salvedad de
que por virtud de esas medidas la Fundación Universitaria San Martín no podría
matricular nuevos alumnos, pero, si tenía que garantizar a las cohortes iniciadas
durante la vigencia de los registros la continuidad del correspondiente programa en
condiciones de calidad.

• Suspensión de los registros calificados:

Finanzas y relaciones internacionales Presencial Puerto Colombia
Especialización en periodoncia Presencial Puerto Colombia
Finanzas y negocios internacionales Presencial Bogotá DC
Contaduría pública Presencial Bogotá DC
Medicina Presencial Pasto
Administración de empresas Presencial Bogotá DC
Derecho Presencial Bogotá DC
Psicología Presencial Bogotá DC

• Solicitudes de nuevos registros

Medicina Presencial Sabaneta
Odontología Presencial Puerto Colombia
Medicina Presencial Cali

• Solicitudes de renovación de registros

Medicina Presencial Bogotá DC
Publicidad y mercadeo Presencial Bogotá DC
Especialización en cirugía general Presencial Puerto Colombia
Especialización en anestesiología Presencial Puerto Colombia

(iv) Ordenar la administración de los bienes y recursos a través de fiducia
constituida exclusivamente para ese propósito, por lo cual los ingresos únicamente
se podrían destinar a suplir las necesidades académicas, administrativas y
financieras de la institución.

13) De la valoración conjunta del material probatorio, para esta Subsección es claro
que el grupo actor carece de condiciones de uniformidad dado que en los criterios

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suministrados para la identificación del colectivo se invocan diferentes hechos
generadores que no comparten un mismo nexo de causalidad respecto del daño
alegado.

Así, aunque en el presente asunto se invocó como fuente del daño la falla en que
incurrió la entidad demandada por omitir el cumplimiento de sus funciones de
inspección y vigilancia respecto de la Fundación Universitaria San Martín, lo cierto
es que, para la identificación del grupo se enunciaron cuatro criterios con fuentes
fácticas y jurídicas diversas; a saber, aquellas personas que:

(i) Se matricularon entre el segundo semestre de 2010 y el segundo semestre de
2013 en los programas académicos de medicina y odontología en Bogotá y Puerto
Colombia; administración de empresas en Bogotá; ingeniería de sistemas en
Bogotá, Riohacha y Puerto Colombia; finanzas y relaciones internacionales en
Cúcuta y Cali y medicina veterinaria y zootecnia en Armenia y Cali, los cuales no
contaban con registro calificado vigente.

(ii) Durante los años 2010 y 2013 cursaron estudios en los programas cuyo registro
calificado fue cancelado por el Ministerio de Educación Nacional mediante
resolución 7848 de junio 17 de 2013 por violaciones sistemáticas de los convenios
docencia – servicio, esto es, medicina en las ciudades de Sabaneta y Cali y en las
especializaciones de anestesiología, ortopedia y traumatología, cirugía plástica y
reconstructiva, pediatría, cirugía general y oftalmología en la ciudad de Bogotá.

(iii) En el mes de noviembre de 2014 estaban matriculadas en las carreras de
finanzas y relaciones internacionales y en la especialización en periodoncia en
Puerto Colombia; medicina en la ciudad de Pasto; finanzas y negocios
internacionales, contaduría pública, administración de empresas, derecho y
psicología en Bogotá y, con ocasión de la expedición de la Resolución 18.253 de
noviembre de 2014 se les interrumpieron sus estudios.

(iv) Son padres de familia de quienes se encontraban en alguna de las anteriores
circunstancias.

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Así las cosas, aunque la parte actora atribuye de manera general a la Nación –
Ministerio de Educación Nacional la omisión en el ejercicio de las funciones de
inspección y vigilancia respecto de la Fundación Universitaria San Martín, en
realidad las condiciones del grupo son heterogéneas y no gozan de comunidad de
causa, pues, respecto de algunos de los individuos que conforman el colectivo actor
el origen del daño se hace consistir en cursar programas sin registro calificado
vigente, mientras que para otros deriva de la expedición de unos actos
administrativos (resoluciones 7848 de 2013 y 18.253 de 2014) que, cabe señalar,
definieron situaciones jurídicas diferentes en momentos distintos, es decir, no
guardan correspondencia fáctica ni jurídica en relación con la causa del daño y su
nexo de causalidad.

Si bien la atribución general de responsabilidad efectuada en la demanda consistió
en la presunta omisión de la cartera ministerial demandada en el ejercicio de las
funciones de inspección y vigilancia respecto de la institución de educación superior;
también lo es que se reclama la reparación de los daños padecidos por algunos
estudiantes de ese centro educativo con ocasión de la expedición de la Resolución
no. 7848 de 2013 que sancionó a la universidad con la cancelación de algunos
programas académicos en áreas de la salud por transgresiones a los convenios
docencia / servicio, así como también por los daños padecidos por otros estudiantes
por la emisión de la Resolución no. 18253 de 2014 que suspendió temporalmente y
de manera preventiva la vigencia de algunos registros calificados de programas
académicos, aspecto que de suyo excluye la existencia de una omisión
administrativa, por lo cual, no es posible sostener que la causa del daño invocada
en la demanda es homogénea para todos los integrantes del grupo actor, en tanto
que, se reitera, existen una pluralidad de causas disímiles o heterogéneas que se
invocan en la demanda como causantes de los daños reclamados, circunstancia
que impide predicar la existencia de condiciones uniformes para los supuestos
integrantes del grupo.

La antedicha circunstancia obstruye la posibilidad de que la Sala dicte una decisión
de mérito, en tanto que existen diversas situaciones que impiden la unidad en el
pronunciamiento judicial por la heterogeneidad en las condiciones del grupo actor.

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Expediente 25000-23-41-000-2015-01386-01 (71.068)
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Apelación sentencia

En virtud de lo expuesto, la Sala declarará la improcedencia de la acción debido a
que el grupo no reúne condiciones uniformes respecto de la causa del daño y del
nexo de causalidad.

3. Condena en costas

De conformidad con el artículo 365, numeral 1, del CGP40, “se condenará en costas
(…) a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación”; no obstante,
es preciso señalar que, en materia de costas, el medio de control de reparación de
los perjuicios causados a un grupo se rige por la norma especial del artículo 65 de
la Ley 472 de 199841; con fundamento en esta disposición, esta Subsección ha
entendido42 que solo procede la condena en costas cuando la sentencia acoge las
pretensiones, razón por la cual en los fallos absolutorios no hay lugar a su
imposición y como en el presente asunto la decisión se orienta a declarar la
improcedencia de la acción ejercida no hay lugar a condena en costas en segunda
instancia.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA:

1º) Revócase la sentencia proferida el 2 de noviembre de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Primera - Subsección B, en su lugar,
declárase la improcedencia de la acción.

40 Norma aplicable en atención a lo decidido por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en

auto del 14 de noviembre de 2024, exp. 69.376, MP José Roberto Sáchica Méndez, en el cual se estableció
que, respecto del trámite de apelación de las sentencias proferidas en el marco del medio de control
jurisdiccional de reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas rigen las normas contenidas en
el CGP y en la Ley 2213 de 2022 (salvo en lo que atañe a la oportunidad para sustentar el recurso de apelación
y la notificación al Ministerio Público).
41 El artículo 65 de la Ley 472 de 1998, dispone: “La sentencia que ponga fin al proceso se sujetará a las

disposiciones generales del Código de Procedimiento Civil y, además, cuando acoja las pretensiones
incoadas, dispondrá: (…) 5. La liquidación de las costas a cargo de la parte vencida, teniendo en cuenta
las expensas necesarias para la publicación del extracto de la sentencia” (negrillas adicionales).
42 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 17 de octubre de 2025, radicación no.

25000-23-41-000-2013-01191-01 (70.460), CP Fredy Ibarra Martínez.

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Demandante: Carolina Ramírez López y otros
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Apelación sentencia

2°) Abstiénese de condenar en costas en esta instancia procesal.

3°) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al
tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección
Magistrado

ALBERTO MONTAÑA PLATA DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
Con salvamento de voto

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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