Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-33-000-2013-00280-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-33-000-2013-00280-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 50001-23-33-000-2013-00280-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
22 de mayo de 2026
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 50001-23-33-000-2013-00280-01(68.793)
Demandantes: EVANGELISTA LAVADO RINCÓN Y OTROS
Demandados: AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS Y OTROS
Medio de control: REPARACIÓN DE PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – DAÑOS A INMUEBLES POR
EXPLORACIÓN SÍSMICA
Síntesis del caso: los demandantes reclaman reparación de perjuicios por causa de las
afectaciones sufridas en diversos predios rurales ubicados en jurisdicción del municipio de
Acacías (Meta) consistentes principalmente en deslizamientos, agrietamientos, procesos de
erosión y daños a infraestructuras y cultivos, hechos que atribuyeron a las actividades de
exploración sísmica adelantadas entre los meses de enero y mayo de 2011 en el marco del
proyecto Llanos 36‑3D ejecutado por las sociedades contratistas de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos; sostienen que dichas intervenciones generaron un deterioro progresivo del
terreno, visible a partir del segundo semestre de 2011.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante1 contra la
sentencia de primera instancia proferida el 7 de julio de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Meta, Sala Sexta Oral2 mediante la cual se negaron las pretensiones
de la demanda, en los siguientes términos:
“PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda promovida por el señor
EVANGELISTA LAVADO RINCÓN Y OTROS en contra de la AGENCIA
NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH y MONTECZ S.A. y las
vinculadas CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA -CORMACARENA-
y GEEKO ENERGY S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia judicial, por las razones
señaladas en la parte motiva de esta providencia (…)”3 (negrillas y
mayúsculas sostenidas del original).
1Archivo: pdf ED_16_RECEPCIONRECURSOA-expediente digital- índice 2 SAMAI.
2 Archivo: pdf ED_13_SENTENCIAPRIMERA-expediente digital- índice 2 SAMAI.
3 Páginas 70 y 71, archivo: pdf ED_13_SENTENCIAPRIMERA-expediente digital- índice 2 SAMAI.
2
Expediente 50001-23-33-000-2013-00280-01(68.793)
Actor: Evangelista Lavado Rincón y Otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo
Apelación sentencia
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
El 22 de julio de 2013 (fl. 104 cdno. 1), algunos propietarios y poseedores4 de sendos
inmuebles ubicados en el sector rural de Acacías (Meta) presentaron demanda de
reparación de perjuicios causados a un grupo de personas en contra de la Agencia
Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la sociedad Montecz SA5 (fls. 1 a 11 cdno. 1) con
las siguientes pretensiones:
“PRIMERA. – Que se declare directa, solidaria y administrativamente
responsables a la NACIÓN – AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
– ANH- y la firma MONTECZ S.A., por los daños ocasionados en los terrenos
de los miembros del grupo anteriormente relacionado, representado por mis
poderdantes, como consecuencia de las actividades de exploración sísmica
o adquisición sísmica contratadas por la ANH con MONTECZ S.A., mediante
contrato de exploración y producción No. 15 del 17 de febrero de 2009 y, por
lo consiguiente, del lento pero progresivo deterioro ambiental que hoy en día
se hace evidente en la zona de influencia del área contratada por el Estado
y la firma MONTECZ S.A. en los municipios de Acacías y Villavicencio, Dpto.
del Meta.
SEGUNDA. – Que, como consecuencia de lo anterior, se condene a las
accionadas a indemnizar los perjuicios morales y materiales a los miembros
del grupo accionante, en la cuantía que determinen los señores peritos, por
los daños ambientales causados y su consecuencial perjuicio económico,
en los términos del Art. 65 Numeral 1º de la Ley 472 de 1998.
TERCERA. – Que se condene a la Nación – AGENCIA NACIONAL DE
HIDROCARBUROS – ANH- y a la firma MONTECZ S.A. a las
indemnizaciones individuales que llegaren a presentarse antes o después
de la sentencia dentro de los términos indicados en la ley (…).” (fl. 8 cdno.
1, negrillas y mayúsculas sostenidas del original).
2. Hechos
Como fundamento fáctico de las súplicas la parte actora invocó, en síntesis, lo
siguiente:
4 Grupo conformado actualmente por 28 personas: Evangelista Lavado Rincón, Javier Archila Cristancho, Carlos
Alberto Ternera Herrera, Rita Elvira Páez Garzón, Carmen Emilia Rodríguez Ramírez, Luis Alfonso Lavado Lavado,
José Francisco Galindo Rojas, José Tiberio Zamora Vivas, Héctor Alirio Torres Gómez, Mario Guillermo Torres
Gómez, Blanca Lilia Murcia De Ramos, Luis Evelio Lara Rodríguez, Manuel Antonio Vargas Ríos, Ángel María
Ardila Célis, sucesores de Marcos Baquero Velásquez y Bertilda Cruz De Baquero, Blanca Estella Bolaños Porras,
Rosa María Porras Bolaños, Felisa Carrillo Téllez, José Ernesto Díaz Rojas, María Inés Pulido Santana, Flor
Mercedes Mora Rodríguez, Gustavo Varila, Euclides Villamil, Rosaura Peña Riveros, Deciderio Célis Gordillo, Luis
Octavio Real Gómez, Guillermo Contreras Pulido y Luz Elsa González.
5 Posteriormente fueron vinculadas la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La
Macarena (Cormacarena) y la sociedad Geeko Energy SAS.
La demanda inicial fue reformada mediante escrito del 6 de agosto de 2013 (fls. 108 a 117 cdno. 1).
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Expediente 50001-23-33-000-2013-00280-01(68.793)
Actor: Evangelista Lavado Rincón y Otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo
Apelación sentencia
1) El 17 de febrero de 2009, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (en adelante ANH)
y la empresa Montecz SA firmaron el contrato no. 258-15 para el desarrollo del
programa denominado Llanos 36-3D para cuya ejecución esta última empresa
subcontrató a la firma Geeko Energy SAS, el objeto consistió en la adquisición de 1.256
km de exploración sísmica, trabajos de topografía, perforación, registro y restauración.
2) En desarrollo de lo anterior, la sociedad Geeko Energy SAS obtuvo sendos
permisos para la ocupación transitoria de los predios en los cuales se adelantaron los
correspondientes estudios, también se firmaron contratos para la ocupación temporal,
tránsito y reconocimiento de daños con ocasión de los cuales se pagaron algunas
compensaciones a los demandantes en sumas que van desde $139.000 hasta
$734.000 por metro cuadrado, las cuales si bien no compensan la totalidad del daño
reclamado sí evidencian que con las actividades de exploración sísmica existía un
riesgo potencial de daño a los predios de los accionantes.
3) Los trabajos de exploración sísmica fueron ejecutados por la sociedad Geeko
Energy SAS entre los meses de enero y mayo de 2011, en este periodo se realizaron
perforaciones y detonaciones cuyas consecuencias se manifestaron en el mes de
septiembre de ese año en forma de agrietamientos, derrumbes y erosión de los
terrenos de los demandantes quienes sufrieron la pérdida de cultivos, maderables, la
destrucción de estructuras constructivas y áreas dedicadas al pastoreo de ganado.
4) El 12 de julio de 2013, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le
denegó a la firma Montecz SA la licencia ambiental que había solicitado para adelantar
trabajos de exploración y producción de hidrocarburos en el bloque Llanos 36 – 3D.
5) Posteriormente, a través del oficio no. C-282-13 del 16 de julio de 2013 la firma
Montecz SA atendió las quejas presentadas por uno de los demandantes (Javier
Archila Cristancho), en el sentido de negar su responsabilidad sobre los hechos objeto
de demanda, al mismo tiempo ofreció apoyo para limitar los procesos erosivos de la
zona con acciones de reforestación.
3. Contestación de la demanda
En auto del 19 de noviembre de 2013 (fls. 145 y 145 cdno. 1), modificado el 10 de
diciembre de 2013 (fl. 151 cdno. 1), el Tribunal Administrativo del Meta admitió la
demanda y dispuso la notificación personal de la ANH y de Montecz SA; en audiencia
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Reparación de los perjuicios causados a un grupo
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del 18 de octubre de 2017 fueron vinculadas la sociedad Geeko Energy SAS y la
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena
(Cormacarena) (fls. 978 cdno. 4).
3.1 Montecz SA
Presentó respuesta a la demanda el 5 de febrero de 2014 con oposición a las súplicas
del escrito inicial (fls. 216 a 229 cdno 1), con sustento en la siguiente argumentación:
1) Respecto de la ocupación de los predios, es preciso tener en cuenta que Geeko
Energy SAS obtuvo los permisos y suscribió con los respectivos propietarios y
poseedores los documentos correspondientes a la servidumbre legal, ocupación
transitoria y reconocimiento de daños, producto de lo cual pagó las sumas acordadas
por afectaciones a cobertura vegetal, cultivos y uso del suelo; sobre esos hechos
existen paz y salvos que acreditan la ausencia de perjuicios pendientes de
indemnización, además, algunos predios no fueron intervenidos por la actividad
sísmica.
2) Frente a la generación de deslizamientos, grietas, erosión y pérdida de
productividad en los predios se trata de afectaciones ajenas a la actividad de
exploración sísmica; la zona donde se ubican los inmuebles se caracteriza por ser
susceptible a fenómenos de remoción en masa y erosión debido a factores geológicos
y geomorfológicos del piedemonte llanero, tales como la presencia de fallas activas,
pendientes superiores al 25% en más del 60% del territorio, suelos inestables y
procesos erosivos naturales.
Sobre ese punto, en la Resolución no. 0679 de 2013 la ANLA documentó ampliamente
dichas condiciones que fueron las que llevaron consigo a que se negara la licencia
ambiental solicitada para la fase de perforación exploratoria del bloque Llanos 36 – 3D.
3) La actividad exploratoria se ejecutó en el contexto del fenómeno meteorológico de
La Niña que tuvo lugar entre los años 2010 y 2011, se caracterizó por precipitaciones
excepcionales, deslizamientos generalizados y saturación extrema de los suelos,
condiciones que explican técnicamente los daños alegados por los demandantes; a
esta circunstancia se sumó la intervención antrópica histórica de los pobladores
(deforestación, ganadería, cultivos) que aumentó el riesgo de erosión de los terrenos.
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4) Las cargas explosivas utilizadas para la exploración sísmica carecen de capacidad
técnica para generar deslizamientos o afectaciones de gran magnitud de acuerdo con
estudios especializados y guías ambientales; esto permite concluir que no hay nexo
causal entre los daños alegados y el comportamiento atribuido a los demandados.
5) Igualmente se configuran las siguientes excepciones6: (i) caducidad de la acción,
porque en los hechos de la demanda se discute que los daños fueron provocados por
la actividad exploratoria realizada entre los meses de enero y mayo de 2011, fechas
desde las cuales la presentación de la demanda es extemporánea; (ii) existencia de
compromiso, dado que con el demandante Héctor Alirio Torres Gómez fue firmado un
documento en el cual esta persona se declaró a paz y salvo con las empresas Geeko
Energy SAS y Montecz SA con ocasión de los trabajos realizados en la campaña
sísmica Llanos 36-3D y, en consecuencia, renunció a presentar cualquier tipo de
reclamación judicial o extrajudicial por cualquier daño generado por dicha actividad;
(iii) ineptitud por falta de requisitos formales, porque si se tiene en cuenta que el señor
Héctor Alirio Torres Gómez no puede ser parte del grupo demandante, este solamente
estaría conformado por 19 integrantes y no 20 como lo exige el artículo 46 de la Ley
472 de 1998.
3.2 Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)
Mediante memorial del 11 de febrero de 2014 (fls. 434 a 452 cdno. 1) controvirtió las
pretensiones de la demanda con apoyo en los argumentos que a continuación se
relacionan:
1) Por disposición expresa del Decreto no. 4137 de 2011, que modificó el Decreto no.
1760 de 2003, las funciones de la ANH se circunscriben a diseñar, promover, negociar,
celebrar y administrar los contratos de exploración y producción, asignar áreas y hacer
seguimiento al cumplimiento de las obligaciones; esta facultad no implica la ejecución
material de obras en campo porque le compete de manera autónoma al contratista y
a sus subcontratistas quienes actúan por su cuenta y riesgo, en este caso, conforme
al contrato de exploración y producción del bloque Llanos 36-3D.
2) La entidad pública tampoco es la encargada de imponer servidumbres, negociar
compensaciones o intervenir físicamente predios; tales actuaciones le corresponden
6 Estas excepciones fueron propuestas en escrito separado, visible en los folios 172 a 182 del cuaderno 1.
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al operador y, de ser necesario, al juez civil competente; de manera que, cualquier
reproche sobre esos procedimientos no puede dirigirse válidamente en su contra.
3) En lo que atañe al desarrollo del programa sísmico Llanos 36-3D, el operador
reportó la finalización de la adquisición, el desmantelamiento del campamento, la
restauración y la recolección de actas; la modificación del programa se formalizó
mediante el documento otrosí no. 01 del 25 de noviembre de 2011; a su vez, la
exploración sísmica terrestre opera sobre la base de un plan de manejo ambiental ante
la autoridad competente y para este caso concreto fue considerada de bajo impacto
debido a que no se produjo la apertura de vías, sin que durante el periodo de ejecución
del contrato se hubieran reportado siniestros ambientales.
4) Adicionalmente, hay lugar a declarar las siguientes excepciones:
a) Ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales, porque la acción de grupo
no satisface la individualización mínima de veinte (20) integrantes con identificación y
domicilios, apenas se individualizaron dieciséis (16) personas, sin que se especificara
de manera clara los perjuicios por cada integrante, esta deficiencia es contraria a los
artículos 46, 48 y 52 de la Ley 472 de 1998.
b) Improcedibilidad de la acción de grupo en el caso concreto, por razón de que no
existe amenaza o lesión que derive de una conducta activa u omisiva imputable a la
ANH.
c) Falta de legitimación en la causa por pasiva por hecho de un tercero, debido a que
un eventual daño sería atribuible al contratista Montecz SA y/o a su subcontratista
Geeko Energy SAS, quienes actuaron por su propia cuenta y riesgo y no vinculan
solidariamente a la entidad pública.
d) El daño debe ser antijurídico, en el evento que se acreditara algún detrimento, este
no sería antijurídico ni atribuible a una conducta estatal que rompa el equilibrio de
cargas públicas, porque no existe falla del servicio ni otro título de imputación que
habilite la correspondiente indemnización.
e) Imposibilidad de establecer la certeza del daño a causa de la exploración sísmica,
debido a la ausencia de nexo causal; el grupo actor no aporta estudios periciales
idóneos que acrediten que la sísmica produjo deslizamientos, grietas o pérdida de
productividad; por el contrario, la exploración sísmica terrestre, sujeta a plan de manejo
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ambiental y restricciones técnicas, fue ejecutada con el control de autoridades y sin
reportes de siniestros durante la adquisición, además, la temporalidad alegada no
guarda correspondencia con la naturaleza y los controles propios de esa actividad; la
carga de probar el daño y su causalidad le incumbe al demandante y no ha sido
satisfecha.
3.3 Corporación Para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La
Macarena (Cormacarena)
Contestó la demanda el 11 de enero de 2018, en el sentido de impugnar todas y cada
una de las pretensiones (fls. 1000 a 1018 cdno. 4) con sustento en el siguiente
razonamiento:
1) La prospección sísmica no requería licencia ambiental, únicamente el cumplimiento
de la guía ambiental expedida por el Ministerio de Ambiente sobre la materia; en ese
contexto, la participación de Cormacarena se limitó al trámite y otorgamiento de
permisos menores consistentes en concesiones de aguas superficiales y
autorizaciones de vertimientos necesarias para el funcionamiento de los campamentos
de operación; estos permisos fueron otorgados mediante la Resolución no.
PS‑GJ.1.2.6.010.0715 del 29 de abril de 2010 luego del correspondiente análisis
técnico y visitas de campo, en las cuales se verificó que Montecz SA cumplió las
restricciones y distancias exigidas para la detonación de cargas explosivas en zonas
sísmicas.
2) Los hechos atribuidos por los demandantes no son imputables a la autoridad
ambiental, los daños alegados carecen de sustento técnico por cuanto las afectaciones
en los predios obedecieron a condiciones geológicas, geomorfológicas y climáticas
propias del piedemonte llanero, tales como la fuerte actividad tectónica, pendientes
pronunciadas, alta susceptibilidad a la erosión, saturación de suelos por intensos
regímenes de lluvia y sismicidad natural registrada por el Servicio Geológico
Colombiano; estos factores —y eventualmente acciones antrópicas como
deforestación o mal manejo de drenajes— explican los fenómenos de inestabilidad del
terreno, y no la prospección sísmica cuyos impactos son de baja magnitud.
3) No existe prueba técnica que relacione causalmente las detonaciones con los
deslizamientos o erosiones alegadas en los predios de los demandantes; la entidad
realizó seguimiento posterior a quejas comunitarias y concluyó que la sociedad
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Montecz SA cumplió las medidas ordenadas y que la geodinámica del área fue la
verdadera causa de la inestabilidad del terreno.
4) Finalmente, se configuran las siguientes excepciones: (i) falta de legitimación en la
causa, por cuanto el actuar de Cormacarena se limitó al otorgamiento de permisos
menores y no a la autorización de la actividad sísmica; (ii) inexistencia del daño
alegado y de la imputación por daño especial atribuible a Cormacarena, debido a la
ausencia de nexo causal entre su actuación y los daños reclamados que fueron
provocados por fenómenos y condiciones naturales y, (iii) genérica, para que se
declaren probadas las que se encuentren demostradas en el proceso.
3.4 Geeko Energy SAS
No contestó la demanda.
4. Sentencia de primera instancia
El 7 de julio de 2022, el Tribunal Administrativo del Meta, Sala Sexta Oral negó las
pretensiones de la demanda7 por estimar lo siguiente:
1) Sobre la identificación del grupo actor, está conformado por 28 personas quienes
concurrieron a través de apoderado judicial con homogeneidad fáctica respecto de la
causa común alegada, es decir, las actividades de prospección sísmica denominada
Llanos 36–3D y con pretensiones exclusivamente resarcitorias en los términos de los
artículos 46 y siguientes de la Ley 472 de 1998.
2) Acerca de la caducidad, la presentación de la demanda fue oportuna porque los
accionantes manifestaron que los daños se produjeron a partir del mes de septiembre
de 2011 y la demanda fue radicada antes de los dos (2) años siguientes en julio de
2013.
3) En cuanto al daño, se constata su existencia a partir del contenido del dictamen
pericial elaborado en este proceso por el señor Wilson Efraín Cano y de la inspección
judicial practicada en algunos inmuebles en la cual se advirtieron vestigios de
movimientos en masa, agrietamientos y hundimientos; no obstante, ese dictamen solo
7
Índice 7 del SAMAI de la primera instancia.
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es atendible en lo concerniente a la descripción de daños y cuantificación preliminar,
pero no en sus demás conclusiones sobre la causa de dichas afectaciones ya que ese
no fue el objeto para el cual fue decretado y por no provenir de un profesional idóneo
en geología o hidrología.
4) La negativa de la ANLA en otorgar licencia ambiental al proyecto APE Llanos 36
mediante la expedición de la Resolución no. 0679 del 12 de julio de 2013 no acredita
por sí sola la causalidad de los daños reclamados; se trata de un indicio insuficiente
que exigía soporte técnico adicional para vincular la sísmica con las afectaciones
prediales específicas.
5) Igualmente, está suficientemente demostrado que la actividad sísmica no requería
licencia ambiental previa y que se ejecutó con los permisos menores (concesión de
aguas y vertimientos) emitidos por Cormacarena, circunstancia que impide imputarle
alguna infracción normativa ambiental a las entidades demandadas.
6) No se cumplió con la carga probatoria suficiente para la acreditación del nexo
causal, no existe en el proceso elemento de convicción que lleve consigo a demostrar
que los trabajos de prospección sísmica fueron los causantes del daño; por el
contrario, concurrieron una serie de factores externos a la actividad de las
demandadas que pudieron desencadenar los movimientos en masa que afectaron los
predios, tales como (i) la anomalía climática del fenómeno de La Niña que tuvo lugar
entre los años 2010 y 2011 con lluvias copiosas en el departamento del Meta, (ii) las
condiciones geológicas y geomorfológicas del piedemonte llanero (pendientes
pronunciadas, fallas y sismicidad natural) y, (iii) acciones antrópicas en los predios
relacionadas con deforestación, uso agropecuario en ladera, apertura de accesos e
infraestructura, todos ellos idóneos para detonar o agravar fenómenos de remoción en
masa sin que se acreditara la prevalencia causal de la sísmica.
5. El recurso de apelación
En escrito radicado el 22 de julio de 2022, la parte actora solicitó que se revoque la
sentencia apelada y se acceda a las súplicas de la demanda8, por cuanto:
1) En repetidas ocasiones el apoderado de la parte demandante reclamó sobre la
aplicación del procedimiento que debía darse a la presente acción regulada en la Ley
8 Índice 11 SAMAI de la primera instancia.
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472 de 1998, en el entendido de que el procedimiento oral o mixto no es aplicable a
los litigios respecto de los cuales el CPACA determine un procedimiento especial.
2) Las pruebas testimoniales solicitadas por las entidades accionadas fueron
practicadas sin que fueran formalmente decretadas, no podían realizarse antes de que
fuera agotado el traslado de las objeciones presentadas al dictamen pericial o cumplido
el requisito del inciso tercero del artículo 221 del CPACA, razón por la cual fue
solicitada en su momento la nulidad de pleno derecho de los testimonios que llegaren
a practicarse como sustento de la objeción al dictamen pericial, petición que fue
rechazada de plano.
3) No es de recibo la aplicación por parte del tribunal del título jurídico de atribución de
responsabilidad de falla del servicio, el asunto debió ser resuelto con aplicación del
título jurídico de imputación de responsabilidad de riesgo excepcional debido a la
naturaleza de la actividad sísmica y la exposición anormal de las comunidades
asentadas en el piedemonte llanero a dicha práctica; los demandantes fueron
sometidos a una carga anómala que excede las cargas públicas ordinarias, la repetitiva
detonación de cargas explosivas afectó la estabilidad geológica del terreno,
desencadenó procesos erosivos y deslizamientos visibles a los pocos meses de
concluidos los trabajos.
4) El tribunal desconoció que la existencia del daño estaba debidamente acreditada en
el expediente y que, aun cuando no se pudiera demostrar con certeza absoluta la
causa única del mismo, las detonaciones sísmicas constituyeron un “efecto gatillo” que
agravó condiciones naturales ya frágiles; la carga probatoria para demostrar el nexo
causal directo exigido por el a quo resulta desproporcionada en un escenario donde
—por la especialidad técnica— las víctimas carecen de capacidad económica para
costear estudios científicos sobre la materia; en todo caso, en el plenario constan
reclamaciones de los propios habitantes que fueron inicialmente atendidas por la
empresa Montecz SA, hecho que permite inferir la relación existente entre la actividad
sísmica y los daños presentes en la zona.
5) No se comparte la valoración probatoria realizada al dictamen pericial, el fallador de
primera instancia desconoció su alcance pese a haber sido elaborado con la
participación de profesionales de distintas disciplinas; esa prueba técnica no excedió
su objeto y, aun si existiera un defecto sobre tal aspecto, el artículo 226 del CGP
permite que mediante esta prueba se acrediten hechos de naturaleza fáctica, tales
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como las afectaciones sufridas en el terreno sin que pueda restringirse a los puntos
estrictamente formulados.
6) Frente a la ola invernal provocada por el fenómeno de La Niña en los años 2010 y
2011, debe decirse que la presencia de concausas naturales no exonera de
responsabilidad a las entidades accionadas cuando el daño también tiene origen en
un riesgo excepcional creado por la intervención estatal o por sus contratistas; no se
trata de un desastre natural imprevisible, sino de un fenómeno cuya incidencia debía
ser evaluada a la luz del principio de precaución, máxime cuando la ANLA negó
posteriormente la licencia ambiental del proyecto por el hecho de advertir la alta
susceptibilidad del área a la inestabilidad geotécnica; este hecho confirma que la
sísmica se desarrolló en un entorno especialmente vulnerable y que las entidades, en
lugar de abstenerse o mitigar el riesgo, procedieron a ejecutar la actividad en
condiciones que contribuyeron al daño.
7) Los permisos de ocupación suscritos por algunos demandantes no exoneran a las
entidades públicas ni a la empresa operadora, dichos instrumentos incluyen
únicamente mecanismos de manejo y contingencia, no la renuncia a la reparación
integral.
6. Actuación surtida en segunda instancia
Por auto del 10 de junio de 2025 se admitió el recurso de apelación (índice 37 Samai)
y, posteriormente, el 24 de julio de 2025 se corrió traslado a las partes por el término
de diez (10) días para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que
rindiera concepto (índice 46 Samai); las partes e intervinientes procedieron de la
siguiente manera: (i) la sociedad Montecz SA expresó que debe confirmarse la
decisión de primera instancia porque no está probado con fundamento en criterios
técnicos y científicos el nexo causal entre la conducta atribuida y los daños alegados
(índice 51 Samai), (ii) el apoderado del grupo demandante reiteró los argumentos
expuestos en el recurso de apelación (índice 52 Samai), (iii) Cormacarena solicitó la
ratificación de la decisión apelada por ausencia de elementos que permitan imputarle
responsabilidad debido a la falta de prueba de la relación causal entre los daños y el
ejercicio de sus competencias legales como autoridad ambiental (índice 53 Samai),
(iv) la ANH solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda por el hecho de no
existir ninguna conducta imputable a la entidad pública que se relacione con los daños
reclamados, aunado a que cualquier responsabilidad en este caso no sería imputable
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Apelación sentencia
a dicha agencia estatal sino a las empresas privadas beneficiarias del correspondiente
contrato de exploración y producción (índice 55 Samai) y, (v) el Ministerio Público y la
empresa Geeko Energy SAS guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2)
cuestión previa, inexistencia de nulidad procesal, 3) análisis del recurso de apelación,
4) conclusión y 5) condena en costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
Presentada la demanda de manera oportuna9, el objeto de la controversia consiste en
determinar si se reúnen los requisitos necesarios para atribuirle responsabilidad
patrimonial extracontractual a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), las
empresas Montecz SA, Geeko Energy SAS, y a Cormacarena por los daños
reclamados por los integrantes del grupo demandante relacionados con las
afectaciones físicas de sus inmuebles tales como agrietamientos del terreno,
remociones en masa y erosión que se atribuyen a las actividades de exploración
sísmica adelantadas en la zona del piedemonte llanero en el departamento del Meta.
2) La primera instancia negó las pretensiones debido a la ausencia de prueba de un
nexo causal, pues, a pesar de la configuración del daño, determinó que no existe
prueba que indique que las afectaciones a los inmuebles tuvieran por causa la
actividad de exploración sísmica realizada con ocasión del proyecto denominado
Llanos 36-3D y que, por el contrario, circunstancias como las fuertes lluvias registradas
por el fenómeno meteorológico de La Niña en los años 2010 y 2011, las características
propias de los suelos y la actividad antrópica podrían haber sido los factores
determinantes del daño; frente a ello, en la apelación la parte demandante alude a
irregularidades procesales que llevarían consigo a no tener en cuenta algunas pruebas
testimoniales solicitadas por las entidades demandadas, solicita la aplicación del título
9 Según se afirma en los hechos de la demanda, las afectaciones de los predios de los demandantes empezaron a
evidenciarse en el mes de septiembre de 2011, con lo cual la demanda debía radicarse a más tardar en el mes de
septiembre de 2013 pero, como fue presentada el 22 de julio de 2013 (fl. 105 cdno. 1), lo fue en el término dispuesto
en el artículo 47 de la Ley 472 de 1998.
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Apelación sentencia
de imputación de responsabilidad de riesgo excepcional e insiste en que el nexo causal
está debidamente acreditado con el dictamen pericial practicado en este proceso que
sí debió ser valorado por el a quo.
3) El fallo impugnado será confirmado en cuanto a la negativa de las súplicas de la
demanda, por cuanto: (i) no se advierte irregularidad procesal alguna que invalide la
apreciación probatoria realizada por la primera instancia; (ii) esta instancia no
encuentra prueba que determine de manera precisa, clara y puntual que fue la
actividad de exploración sísmica contratada por la ANH y ejecutada por las sociedades
Montecz SA y Geeko Energy SAS la causa determinante de los daños reclamados por
el grupo accionante y (iii) ante la ausencia de nexo causal es impertinente la solicitud
de aplicación del título de atribución de responsabilidad de riesgo excepcional.
No obstante, la sentencia de primera instancia será modificada en el sentido de
declarar de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por activa de
algunos demandantes respecto de quienes no se probó la calidad en la cual dicen
actuar, es decir, de propietarios o poseedores de los bienes afectados.
2. Cuestión previa, inexistencia de irregularidad procesal
1) En el recurso de apelación la parte demandante aludió a dos eventuales defectos
procesales, a saber: (i) la indebida aplicación del procedimiento a la presente acción
de grupo según los parámetros de la Ley 472 de 1998 que determina un trámite
especial y, (ii) la práctica de pruebas testimoniales pedidas por los entes demandados
no podía adelantarse previamente a que se agotara el trámite propio de las objeciones
presentadas en contra del dictamen pericial o una vez cumplido el requisito exigido en
el inciso tercero del artículo 221 del CPACA.
2) Sobre el primero de los motivos de nulidad expresados por el abogado del grupo
demandante se advierte lo siguiente:
a) El 19 de noviembre de 2013 (fls. 143 a 145 cdno 1) fue admitida y notificada la
demanda en cuyo término de traslado contestaron Montecz SA y la ANH en los
términos del artículo 57 de la Ley 472 de 1998; las excepciones previas fueron
desestimadas por auto del 10 de junio de 2016 en los términos del artículo 101 del
CGP por remisión expresa del artículo 57 de la Ley 472 de 1998 (folios 512 a 518 cdno.
2).
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Expediente 50001-23-33-000-2013-00280-01(68.793)
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Apelación sentencia
b) Posteriormente, acorde con lo exigido en el artículo 61 de la Ley 472 de 1998, fue
llevada a cabo la correspondiente audiencia de conciliación el 5 de agosto de 2016; la
conciliación se declaró fallida, se decretaron pruebas y se incluyeron 17 integrantes
más al grupo a solicitud del abogado representante de la parte actora (fls. 531 a 536
cdno. 2).
c) Luego de lo anterior, a través de un memorial del 10 de agosto de 2016 el apoderado
de los demandantes promovió incidente de nulidad por el hecho de considerar que en
la antes referida audiencia se avanzó a la etapa subsiguiente de decreto de pruebas
“como si se tratara de un procedimiento previsto para los procesos que no tienen
señalado un trámite especial”, con lo cual se habría pretermitido la oportunidad para
los nuevos miembros del grupo de solicitar la práctica de pruebas (fls. 685 a 686 cdno.
3).
d) Esa petición fue rechazada de plano por el Tribunal Administrativo del Meta en
providencia del 23 de agosto de 2016 (fls. 740 a 741 cdno. 3) por considerar que no
se configuraba la causal de nulidad dispuesta en el numeral 5º del artículo 133 del
CGP, dado que la integración de nuevos integrantes del grupo en los términos del
artículo 55 del CGP no implicaba una nueva oportunidad probatoria especial y
adicional; además, en la decisión que decretó el dictamen pericial se dispuso que el
perito debía tener en cuenta los predios de los nuevos integrantes del grupo, la parte
demandante no interpuso recurso contra esa decisión.
En ese marco, revisada la referida actuación procesal no se advierten motivos para
determinar o concluir que se configuró una irregularidad procesal, especialmente frente
al trámite dado a la presente acción de grupo, pues, se observa que se agotaron en
forma debida las etapas procesales reguladas en los artículos 53 a 64 de la Ley 472
de 1998, aunado al hecho de que se trata de un aspecto que ya fue puesto de presente
por la parte demandante ante el tribunal quien no accedió a decretar la solicitada
nulidad, decisión que no fue recurrida por la parte interesada.
3) En lo que respecta a la práctica de los testimonios requeridos por la parte
demandada, se advierte que el apelante no refiere exactamente cuáles declaraciones
en específico deberían ser excluidas del análisis probatorio, pero, del contexto se
entiende que trata de aquellas solicitadas por las entidades accionadas para
controvertir las conclusiones emitidas por el perito Wilson Efraín Cano Herrera en el
correspondiente dictamen pericial, sobre lo cual se destaca lo siguiente:
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a) El 22 de mayo de 2017, el perito Wilson Efraín Cano Herrera presentó el dictamen
denominado “Avalúo de Indemnización por Daños y Perjuicios Causados por el
Proyecto de Exploración Sísmica Llanos 36 3D”10, cuyas conclusiones fueron
explicadas posteriormente en la audiencia de pruebas del 25 de mayo de 2017 (fl. 816
cdno. 3), audiencia que fue suspendida por petición de la ANH para que se ampliara
el término de traslado del dictamen debido a la extensión y complejidad del mismo (fl.
817 cdno. 3).
b) La referida audiencia fue reanudada el 1º de agosto de 2017 en la cual los
apoderados de la ANH y de Montecz SA manifestaron que para controvertir ese
dictamen fueran recibidos seis (6) testimonios técnicos, tres por cada una de ellas; el
magistrado sustanciador de primera instancia accedió a la práctica de dichas pruebas
en los términos del numeral 1 del artículo 220 del CPACA11, razón por la que en esa
oportunidad declaró el testigo técnico Wolfgang David Moscoso Sepúlveda (traído por
Montecz SA) (fls 831 a 836 cdno. 3)12; la audiencia fue suspendida.
c) La audiencia de pruebas continuó el 18 de octubre de 2017, el apoderado de los
demandantes expresó que se presentaba una causal de nulidad constitucional sobre
algunas pruebas aportadas al proceso (fls. 980 cdno. 4); la decisión sobre esa solicitud
fue diferida hasta después de que se procediera a la vinculación de la sociedad Geeko
SA y Cormacarena en los términos del artículo 52 de la Ley 472 de 1998 y que había
sido solicitada por la ANH (fl. 981 cdno. 4).
d) Dicha reclamación de nulidad procesal propuesta por la parte actora fue igualmente
puesta de presente mediante escrito (fl. 983 a 987) en el cual se expresó que una vez
absuelto el interrogatorio realizado por las partes al perito en la audiencia del 1º de
agosto de 2017 el magistrado sustanciador del proceso de primera instancia
erróneamente accedió a escuchar a los “testigos técnicos” llevados a esa audiencia
por Montecz SA y la ANH sin que se hubiere agotado el correspondiente traslado para
aclaraciones, complementaciones y objeciones, razón por la cual “todos los
10 Archivo: ED_DICTAMENCDFL818(.pdf), índice 2 Samai.
11 En el texto vigente antes de la modificación introducida por la Ley 2080 de 2021 que preceptuaba lo siguiente:
“1. En la audiencia inicial se formularán las objeciones al dictamen y se solicitarán las aclaraciones y adiciones, que
deberán tener relación directa con la cuestión materia del dictamen. La objeción podrá sustentarse con otro
dictamen pericial de parte o solicitando la práctica de un nuevo dictamen, caso en el cual la designación del perito
se hará en el auto que abra a prueba el proceso. También podrá sustentarse solicitando la declaración de
testigos técnicos que, habiendo tenido participación en los hechos materia del proceso, tengan
conocimientos profesionales o especializados en la materia.” (negrillas adicionales).
12 Posteriormente, el 1º de agosto de 2017, la ANH presentó escrito de objeción por error grave al dictamen pericial
rendido por el ingeniero forestal Wilson Cano Barrera (fl. 851 a 873 cdno. 3).
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testimonios que en adelante se oigan, al igual que el que se oyó en la sesión pasada,
quedarían afectados de nulidad constitucional por haberse obtenido dicha prueba con
violación del debido proceso” (fl. 984 cdno. 4).
e) Esa solicitud de nulidad fue resuelta de manera negativa por el tribunal en auto del
4 de octubre de 2018, sobre la base de considerar que la contradicción de los
dictámenes debe realizarse en la audiencia de pruebas para cuyo efecto es
perfectamente viable solicitar la declaración de testigos técnicos según el texto original
del numeral 1 del artículo 220 del CPACA, sin que se contemple expresamente que
deba correrse traslado de las solicitudes de aclaración, objeción o complementación
(fls. 1131 a 1135 cdno. 4).
f) En contra de esa decisión el apoderado de los demandantes presentó recurso de
reposición y en subsidio de apelación (fl. 1148 cdno. 4); en auto del 13 de diciembre la
reposición fue negada y la apelación rechazada de plano por improcedente (fls. 1156
y 1157 cdno. 4).
De lo expuesto, la Sala concluye que no existe irregularidad procesal que invalide lo
actuado e impida fallar de fondo o que impida la valoración de los “testimonios
técnicos” decretados y practicados por la primera instancia, el cuestionamiento sobre
estos fue ampliamente debatido en la primera instancia y fueron practicados en el
marco legal vigente, sin que, por otra parte, se advierta que la parte demandante se le
hubiere impedido su contradicción en las correspondientes audiencias en las cuales
fueron recibidos.
3. Análisis del recurso de apelación
Con el propósito de resolver los argumentos del recurso de apelación, la Sala abordará
el correspondiente estudio en el siguiente orden: (i) legitimación en la causa por activa,
(ii) configuración del daño y, (iii) análisis del nexo causal.
3.1 Legitimación en la causa por activa
1) Acorde con las actuaciones que reposan en el expediente, el grupo actor está
conformado por veintiocho (28)13 demandantes quienes afirman ser propietarios y
13 A pesar de que en el cuadro siguiente aparecen relacionados 27 numerales, ello obedece a que dos de los
demandantes alegan ser copropietarios de un mismo predio.
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poseedores de algunos predios ubicados en el sector rural de Acacías (Meta) quienes
habrían sufrido afectaciones en los correspondientes terrenos consistentes en
deslizamientos, agrietamientos y procesos de erosión; razón por la cual a continuación
se describe el listado de dichas personas junto con la prueba de la calidad en la cual
afirman comparecer al proceso.
No. Demandante Predio/ Titularidad14
Vereda
1 Evangelista “Santa Ana”/ MI: 232-21293
Lavado Rincón La Pradera Anotación no. 9: compraventa mediante EP no.
801 del 23/03/2012 de la Notaría Única de
Acacías (fls. 26 y 25 cdno. 1)15
Adquirió el 58% de los derechos de cuota de
ese predio y en común con el señor Miguel
Abdón Lavado Rincón
2 Javier Archila “San Isidro”/ MI: 232-38770
Cristancho Loma del Anotación no. 4: compraventa, EP 1753 del
Pañuelo 8/6/2009 de la Notaría Única de Acacías (fl. 31
cdno. 1).
3 Carlos Alberto “La Cabaña”/ MI: 232-29191
Ternera Herrera La Pradera Anotación no. 8: compraventa a través de la EP
no. 2753 del 4/9/2010 de la Notaría Única de
Acacías (fls. 32 y 33 cdno. 1).
Propiedad común y proindiviso con Lilia Mora
de Ternera.
4 Rita Elvira Páez “Los Naranjos”/ MI: 232-11378
Garzón La Pradera Anotación no. 3: compraventa, EP no. 1088 del
30/5/1991 de la Notaría Única de Acacías (fl. 34
cdno. 1).
Adquisición común y proindiviso con Luis
Alfonso Valero.
5 Carmen Emilia “El Mirador”/ MI: 232-25807
Rodríguez El Resguardo Anotación no. 6: compraventa, EP no. 876 del
Ramírez 26/02/2008 de la Notaría Primera de
Villavicencio (fls. 29 y 30 cdno. 1).
6 Luis Alfonso “El Recreo”/ MI: 232-11143
Lavado Lavado Loma del Anotación no. 4: compraventa, EP no. 945 del
pañuelo 26/4/1996 de la Notaría Única de Acacías (fls.
27 y 28 cdno. 1).
La propiedad es en común y proindiviso con
Rosa Elvira Lavado Romero.
7 José Francisco “El Triunfo”/ MI: 232-11403
Galindo Rojas Sardinata
14 Aquí se referencian los títulos de adquisición y los datos consignados en el correspondiente certificado de
tradición y libertad. Las abreviaturas MI: refieren el número de matrícula inmobiliaria y EP la escritura pública de
adquisición. En caso de posesión, las pruebas que acreditan ese hecho.
15 Aunque la adquisición del predio fue posterior a los hechos en los que supuestamente se presentaron las
afectaciones a los terrenos, este aspecto se tendrá en cuenta para efectos de la determinación del daño, pues, la
correspondiente titularidad está acreditada, circunstancia que igualmente será examinada frente a los demás
demandantes que adquirieron los bienes de manera posterior al momento en el cual se aduce en la demanda se
advirtió el daño.
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Reparación de los perjuicios causados a un grupo
Apelación sentencia
Anotación no. 6: compraventa, EP no. 249 del
22/2/1998 de la Notaría Única de Acacías
(Meta) (fls. 21 y 22 cdno. 1).
8 José Tiberio “El Consuelo”/ MI: 232-6931
Zamora Vivas San Pablo Anotación no. 3: compraventa, EP no. 119 del
1/09/1990 de la Notaría Única de Machetá
(Cundinamarca) (fl. 23 cdno. 1).
9 Héctor Alirio “Lote Rural”/ MI: 232-35592
Torres Gómez Urbanización Anotación no. 1: compraventa, EP 2060 del
y Villa Teresa 10/09/2005 de la Notaría Cuarta de
Mario Guillermo Villavicencio (fl. 35 cdno. 1).
Torres Gómez
10 Blanca Lilia “Platanillal”/ MI: 232-20570
Murcia Ramos Sardinata Anotación no. 3: compraventa, EP no. 1192 del
13/04/2007 de la Notaría Única de Acacías (fl.
120 cdno. 1).
11 Luis Evelio Lara “Patio Bonito” No hay información sobre el título de propiedad
Rodríguez que acredite la propiedad sobre este bien
inmueble.
12 Manuel Antonio “Villa Natalia”/ MI: 232-5157
Vargas Ríos Manzanares Anotación no. 5: compraventa, EP no. 2011 del
30/5/2006 de la Notaría Segunda de
Villavicencio (fl. 554 cdno. 1).
13 Ángel María “El Cámbulo”/ MI: 232-27592
Ardila Celis San Pablo No aparece como titular del derecho de
dominio, pues según el folio de matrícula
inmobiliaria el predio es de propiedad de la
señora María Leonor Ardila Celis, según la
anotación no. 7 a quien le fue adjudicado
mediante sentencia del 22 de junio de 2010 del
Juzgado Civil del Circuito de Acacías (fls. 558 y
559 Cdno. 2)
Aporta declaraciones extraproceso de terceros
para demostrar el hecho de la posesión (fl. 560
cdno. 1).
14 Marcos Baquero “Las Lajas”/ MI: 232-39225
Velásquez La Pradera Anotación no. 1: adjudicación del bien baldío
(fallecido antes mediante la Resolución no. 05382 del 8/4/1969
de la del INCORA, en favor de Marcos Baquero
presentación de Velásquez.
la demanda)
Anotación no. 2: EP no. 5136 del 16/8/2014,
Actúa como venta de derechos de cuota a Erika Johana
representante la Durán Mora, José Miguel González Parrado y
sucesión ilíquida Soraida Mora Rodríguez (fl. 564 cdno. 2).
Bertilda Cruz de
Baquero
15 Blanca Estela “El Porvenir”/ MI: 232-32893
Bolaños Porras Loma de San Anotación no. 3: compraventa, EP 3848 del
Juan 29/11/2007 de la Notaría Única de Acacías (fl.
569 cdno. 2).
16 Rosa María “Bellavista”/ MI: 232-20979
Porras de Loma de San Anotación no. 2: compraventa, EP 2588 del
Bolaños Juan 14/12/1993 de la Notaría Única de Acacias (fl.
580 cdno. 2
17 Felisa Carrillo “Bellavista”/ MI: 232-7034
Téllez
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Reparación de los perjuicios causados a un grupo
Apelación sentencia
Loma del Anotación no. 10: compraventa, EP 1096 del
Pañuelo 13/3/2007 de la Notaría Tercera de
Villavicencio (fl. 588 cdno. 2).
18 José Ernesto “Villa Carolina”/ MI: 232-18743
Díaz Rojas Loma del Anotación no. 3: aparece la titularidad en
Pañuelo cabeza de la señora Luz Elsa Rojas González
por haberlo adquirido mediante liquidación de la
sociedad conyugal mediante la EP 6.465 del
20/09/1995 de la Notaría Primera de
Villavicencio (fl. 597 cdno. 2).
Se aporta igualmente un contrato de promesa
de compraventa del inmueble del 10 de
noviembre de 2008, suscrito entre José Ernesto
Díaz Rojas y Luz Esla Rojas González (fls. 592
y 593 cdno. 2)
19 María Inés “El Descanso”/ MI: 232-25809: Es propietaria del 40% de los
Pulido de La Pradera derechos de cuota del inmueble, lo cual se
Santana corrobora con lo siguiente:
Anotación no. 2: mediante EP no. 490 del
12/4/2013 de la Notaría 36 de Bogotá, le fue
adjudicado un 20% mediante sucesión (fl. 620
a 626 cdno. 2).
Anotación no. 3: a través de la EP no. 3336 del
13/10/2015 de la Notaría Única de Acacías,
compró un 20% de derechos de cuota (fl. 617
cdno. 2).
20 Flor Mercedes “Buena Vista”/ MI: 232-38483
Mora Rodríguez Vista Hermosa Anotación no. 4: compraventa, EP no. 3244 del
15/09/2008 de la Notaría Única de Acacias
Demanda por 2
predios En común y proindiviso con Fideligno Mora
Rodríguez (fls. 633 cdno. 1).
“El Chircal”/ MI: 232-38485
Vista Hermosa Anotación no. 3: a través de la EP no. 1701 del
19/05/ 2005 el predio fue adjudicado por
sucesión a Nohemí Gutiérrez de Porras, Jorge
Edgar Gutiérrez Guevara y Mario Luis Gutiérrez
Guevara (fl. 632 cdno. 2).
21 Gustavo Varila “La Selva”/ MI: 232-3132
Vista Hermosa Anotación no. 3: compraventa, EP no. 2047 del
27/06/12 de la Notaría Única de Acacías (fls.
641 cdno. 2).
22 Euclides Villamil “La Loma”/ MI: Sin información
Vista Hermosa Aporta contrato de compraventa de posesión y
mejoras del 15 de octubre de 2013 firmado con
Gloria Inés Daza Villamil quien dijo ejercer
derecho de posesión por compra de esta a José
Gregorio Quevedo Reina el 9 de julio de 2010
(fls. 646 y 647 cdno. 2).
23 Rosaura Peña “La Palma 1” MI: 232-18363
Riveros Vista Hermosa Anotación no. 6: compraventa, EP no. 4561 del
18 de noviembre de 2013 de la Notaría Tercera
Demanda por 2 de Villavicencio (fl. 658 y 659 cdno. 1).
inmuebles “El Mirador” MI: 232-18364
La Pradera
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Apelación sentencia
Anotación no. 5: compraventa, EP no. 191 del
1/2/2007 de la Notaría Única de Acacías (fl. 660
cdno. 2).
24 Deciderio Celis “Buenavista”/ MI: Sin información
Gordillo Loma del Contrato de compraventa de derechos de
Pañuelo posesión con Deciderio Celis Baquero fechado
el 23 de julio de 2016 (fl. 664 cdno. 2).
25 Luis Octavio “El Yarumito”/ MI: 232-7465
Real Gómez San Pablo Anotación no. 5: adquirió la propiedad mediante
EP de compraventa no. 575 del 6/03/2002 de la
Notaría Segunda de Villavicencio.
En común y proindiviso con Ana Sofía Méndez
Real (fl 671 cdno. 2).
26 Guillermo “El Líbano”/ MI: 232-29330
Contreras Loma del Anotación no. 2: le fue adjudicado mediante
Pulido Pañuelo sucesión el 9% del inmueble mediante EP no.
779 del 16/06/2000 de la Notaría Cuarta de
Villavicencio. (fl. 675 cdno. 2).
27 Luz Elsa Rojas “Daissy MI: 232-18743
González Yohana”/ Anotación no. 3: compraventa, EP 6465 del
San Pablo 20/09/1996 de la Notaría Primera de
Villavicencio (fls. 595 a 597 cdno. 2).
2) De conformidad con lo expuesto es preciso aclarar, en primer lugar, que si bien los
demandantes Evangelista Lavado Rincón, Carlos Alberto Ternera Herrera, Rita Elvira
Páez Garzón, Luis Alfonso Lavado Lavado, María Inés Pulido de Santana y Flor
Mercedes Mora (en relación con el predio “Buena Vista”), así como también Luis
Octavio Real Gómez y Guillermo Contreras Pulido, acreditan la condición de
propietarios de los inmuebles respecto de los cuales alegan afectaciones derivadas de
la exploración sísmica, lo cierto es que, según los respectivos títulos de adquisición no
tienen el derecho de dominio sobre la totalidad de dichos predios; en consecuencia,
su interés solo puede ser considerado en proporción al porcentaje de copropiedad que
les corresponde en cada caso.
3) En segundo término, la Sala encuentra que no se demostró la legitimación en la
causa por activa de las siguientes personas:
a) Ángel María Ardila Celis -ordinal 13-, este demandante, según el poder allegado,
demanda en condición de propietario del predio “El Cámbulo” o “Los Cámbulos”
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria no. 232-27592; no obstante, en el
correspondiente certificado de tradición la titularidad del mismo aparece en cabeza de
la señora María Leonor Ardila Celis por haberlo adquirido el 15 de mayo de 2004, así
aparece en la anotación no. 4 (fl. 558 cdno 2); de manera que no es posible constatar
el derecho de dominio que este asegura detentar.
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Apelación sentencia
Ahora bien, ese accionante también aportó al expediente una declaración extraproceso
rendida el 11 de julio de 2016 por los señores Rosa Virginia León Rodríguez y
Evangelista Lavado Rincón ante la Notaría Única de Acacías (Meta), en la cual
expresaron que conocían al señor Ángel María Ardila Celis y que les constaba que
esta persona ejercía posesión quieta y pacífica del predio “Cámbulos” en la vereda
Loma del Pañuelo en jurisdicción del municipio de Acacías (Meta) de una extensión de
49 hectáreas desde hacía más de sesenta (60) años (fl. 560 cdno. 2).
A pesar de que respecto de dicha declaración la contraparte no pidió ratificación en los
términos del artículo 222 del CGP, lo cierto es que, por una parte, ese medio de prueba
no es el idóneo para acreditar la propiedad sobre bienes raíces y, por otra, los hechos
allí descritos sobre el derecho de posesión que ejercería el actor sobre el terreno no
pueden tenerse por ciertos porque no existe otra prueba que así lo corrobore y,
principalmente, porque del folio de matrícula inmobiliaria se desprende que la
titularidad del bien fue un aspecto que se sometió a discusión en dos procesos
ordinarios, a saber: (i), el primero, a través de una demanda en acción de simulación
ante el Juzgado Civil del Circuito de Acacías (Meta) desde el 7 de diciembre de 2006
(anotación 5) cuyas pretensiones no habrían prosperado porque posteriormente la
correspondiente inscripción de la demanda fue levantada el 25 de junio de 2010
(anotación 7), conservándose la titularidad en cabeza de la señora María Leonor
Ardinal Celis, persona distinta del demandante (fl. 558 cdno. 2) y, (ii) el segundo,
mediante demanda en un proceso civil ordinario el 22 de junio de 2010 ante el Juzgado
Civil de Circuito de Acacías (Meta) -al parecer por prescripción adquisitiva del dominio-
, sin que se advierta que al menos hasta la fecha de la presentación de la demanda el
segundo proceso se hubiere resuelto de manera definitiva (fl. 588 cdno. 2).
b) Luis Evelio Rodríguez -ordinal11-, en el poder conferido al representante judicial de
la parte actora afirma que acciona por los daños causados en el inmueble “Patio
Bonito” de su propiedad, sin embargo, no hay prueba alguna que acredite la titularidad
sobre ese bien.
Aunque aporta el certificado de tradición referente a la matrícula inmobiliaria no. 232-
25682 (fl. 545 cdno. 2), este refiere a un predio diferente al mencionado en el
respectivo poder, dado que lleva por nombre “San Isidro”, sin que por otra parte se
explique que corresponda al mismo enunciado en el poder.
22
Expediente 50001-23-33-000-2013-00280-01(68.793)
Actor: Evangelista Lavado Rincón y Otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo
Apelación sentencia
c) José Ernesto Díaz Rojas -ordinal 18-, en el poder otorgado al apoderado
representante de la parte actora expresó actuar en condición de propietario del predio
conocido como “Villa Carolina” y se anexó el certificado de tradición del inmueble con
matrícula inmobiliaria no. 232-18743 en cuya anotación no. 3 aparece como titular del
derecho de dominio una persona distinta, la señora Luz Elsa González Rojas por el
hecho de haberlo adquirido luego de la liquidación de una sociedad conyugal mediante
la escritura pública no. 6465 del 20 de septiembre de 1996 la Notaría Primera de
Villavicencio (fls. 589 a 593 cdno. 2).
Aparte de dicho documento, se anexó al proceso la minuta de un contrato de promesa
de compraventa firmada el 10 de noviembre de 2008 en el cual se expresa que la
señora Luz Elsa Rojas González se comprometió a transferirle al señor José Ernesto
Díaz Rojas el derecho de dominio sobre el inmueble con matrícula inmobiliaria no. 232-
1874, cuya enajenación debía realizarse el 25 de noviembre de 2008 en la Notaría
Única de Acacías (fls. 592 a 593 cdno. 2); empero, no aparece acreditado que la
respectiva escritura pública de compraventa haya sido efectivamente suscrita y
registrada en el registro inmobiliario, con lo cual no es posible ni suficiente demostrar
la condición de propietario con la que dice comparecer dicho demandante16.
d) Flor Mercedes Mora -ordinal 20-, esta demandante otorgó poder en el cual expresó
ser propietaria de los predios “Buena Vista” y “El Chircal”; aunque sobre esta persona
se acreditó la legitimación en la causa en relación con el primer predio mencionado,
esa condición no se predica respecto del segundo inmueble que se identifica con la
matrícula inmobiliaria no. 213-38485 en cuyo certificado de tradición y libertad
aparecen como titulares del derecho de dominio los señores Nohemy Gutiérrez de
Porras, Jorge Édgar Gutiérrez Guevara y Mario Luis Gutiérrez Guevara por cuanto les
fue adjudicado mediante sucesión protocolizada a través de la escritura pública no.
1701 del 19 de mayo de 2008 de la Notaría Única de Acacías conforme figura en la
anotación no. 3 (fl. 632 cdno. 2), razón por la cual será declarada la correspondiente
falta de legitimación en la causa por activa de dicha demandante en relación con el
inmueble denominado “El Chircal”.
16 Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha expresado: “por lo tanto, si los signatarios de la promesa de
compraventa deciden anticipar el cumplimento del negocio proyectado y no pactan expresa e inequívocamente que
se hace entrega antelada de la posesión sobre el bien prometido en venta, la secuela jurídica es que la cosa “se
entiende entregada y recibida a título de mera tenencia, porque al prometerse con la celebración del definitivo,
transferir y adquirir la propiedad de su dueño, se reconoce dominio ajeno, y tal reconocimiento, excluye la posesión”,
sentencia STC5900 de 2023.
23
Expediente 50001-23-33-000-2013-00280-01(68.793)
Actor: Evangelista Lavado Rincón y Otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo
Apelación sentencia
e) Euclides Villamil -ordinal 22-, solicitó la vinculación a este proceso en condición de
poseedor del predio “La Loma” situado en el área rural de Acacías (Meta); para
demostrar esa relación sustancial el demandante aportó un contrato firmado con Gloria
Inés Daza Villamil el 15 de octubre de 2013 a través del cual la vendedora expresó
que transfería en favor del demandante los derechos plenos de posesión que ejercía
sobre el predio en cuestión, posesión que, a su turno, había sido adquirida de manos
del señor José Gregorio Quevedo Reina el 9 de julio de 2010 quien venía ejerciendo
posesión desde hacía 10 años (fls. 646 y 647 cdno. 2).
Para la Sala, el referido contrato, de manera aislada, carece de entidad probatoria
suficiente para demostrar la posesión alegada por el demandante, por cuanto dicho
medio de prueba no se encuentra respaldado por otros elementos de convicción que
permitan corroborar el ejercicio real, continuo y pacífico de actos posesorios ni mucho
menos el “ánimus domini”, esto es, la conducta propia de quien se comporta como
señor y dueño del bien, aunado al hecho de que tal documento aparece fechado de
manera posterior al mes de septiembre de 2011, es decir, a la de la ocurrencia de los
daños alegados en la demanda.
En tal sentido, es preciso reiterar que la sola existencia de un título no resulta suficiente
para acreditar la posesión si no se acompaña de pruebas que evidencien el
aprovechamiento material del inmueble y la exteriorización del dominio; a esto se suma
que no es posible establecer con certeza si el predio cuenta con matrícula inmobiliaria,
como tampoco ni si hace parte del dominio privado o, por el contrario, si corresponde
a un bien baldío de propiedad de la Nación, circunstancia que impide otorgar pleno
valor probatorio al documento aportado.
f) Deciderio Celis Gordillo -ordinal 24-, en el poder otorgado al representante judicial
de la parte actora afirma que lo hace en condición de “propietario” del predio
denominado “Bella Vista” y para corroborar el referido hecho aportó al proceso un
contrato en el cual se afirma que fue celebrado el 15 de mayo de 2007 con el señor
Deciderio Celis Baquero, a través del cual este último afirmó transferir en favor del
referenciado demandante “en venta real y material (…) el derecho de propiedad que
tiene de una parte de una finca en la vereda “LOMA DEL PAÑUELO” en el Municipio
de Acacías (Meta) (…) EL VENDEDOR manifiesta que dicho terreno lo adquiere luego
de la repartición de dicha finca a los herederos de CELIS BAQUERO, según la
24
Expediente 50001-23-33-000-2013-00280-01(68.793)
Actor: Evangelista Lavado Rincón y Otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo
Apelación sentencia
escritura pública a nombre de MARÍA DEL CARMEN BAQUERO su señora madre” (fl.
665 cdno. 2).
Frente a lo expuesto debe señalarse que, si el objeto del contrato consistía en la
transferencia del derecho de propiedad, el documento privado no resulta idóneo para
perfeccionar su enajenación; en efecto, el artículo 1857 del Código Civil exige para la
existencia del negocio jurídico que este se celebre mediante escritura pública.
A lo anterior debe agregarse que, conforme al Estatuto Registral vigente17 y a la
sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 13
de mayo de 2014 (Exp. No. 23.128), el derecho real de dominio sobre un bien inmueble
solo se acredita válidamente a través del correspondiente certificado del Registro de
Instrumentos Públicos, en el que conste que el inmueble objeto de controversia
pertenece a quien pretende hacerlo valer dentro del proceso judicial ante la jurisdicción
contenciosa administrativa, “para efectos de tener por verificada la legitimación en la
causa por activa”18.
En esos términos, no es posible tener por acreditada la legitimación en la causa por
activa del señor Deciderio Celis Gordillo en el presente proceso.
g) Bertilda Cruz de Baquero -ordinal 14-, actúa en condición de heredera de la
sucesión ilíquida del señor Marcos Baquero Velásquez en cabeza de quien figura la
finca “Las Lajas” identificada con la matrícula inmobiliaria no. 232-39225; según el
certificado de tradición y libertad (fl. 564 cdno. 2) el predio que le fue adjudicado a este
último mediante la Resolución no. 05382 del 8 de abril de 1969 proferida por el
INCORA (anotación 1) y del cual posteriormente enajenó el 39% de los derechos de
cuota en favor de los señores Érika Johana Durán Mora, José Miguel González
Parrado y Soraida Mora Rodríguez (anotación 2).
Sin embargo, no se evidencia que dicha accionante hubiere aportado el registro de
defunción del señor Marcos Cruz Baquero, así como tampoco la prueba que la acredite
como heredera, cónyuge o albacea de esa sucesión ilíquida según se desprende de
los artículos 1297, 1327 del Código Civil, 57, 54 y 496 del Código General del Proceso.
17 La Ley 1579 de 2012, que derogó el Decreto-ley 1250 de 1970, en el artículo 47 prevé: “Oponibilidad. Por regla
general, ningún título o instrumento sujeto a registro o inscripción surtirá efectos respecto de terceros, sino desde
la fecha de su inscripción o registro”
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 13 de mayo de 2014, radicación no. 76001-23-
31-000-1996-05208-01 (23.128), CP Mauricio Fajardo Gómez.
25
Expediente 50001-23-33-000-2013-00280-01(68.793)
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Apelación sentencia
Con fundamento en lo anterior debe concluirse que la mencionada demandante carece
de la titularidad exigida para comparecer al proceso y, por ende, debe declararse
igualmente la consecuente falta de legitimación en la causa por activa.
4) En ese orden de ideas, en uso de la facultad expresamente consagrada en el inciso
segundo del artículo 187 del CPACA como en el artículo 282 del Código General del
Proceso según la cual el juez deberá declarar oficiosamente en la sentencia las
excepciones que encuentre probadas – con excepción de las de prescripción,
compensación y nulidad relativa-, se declarará en la parte resolutiva de este fallo la
excepción de falta de legitimación en la causa por activa de los demandantes Ángel
María Ardila Celis, Luis Evelio Lara Rodríguez, Bertilda Cruz de Baquero, José Ernesto
Díaz Rojas, Flor Mercedes Mora (respecto del inmueble “El Chircal”), Euclides Villamil
y Deciderio Celis Gordillo.
3.2 Configuración del daño
1) Acerca de este elemento cuya demostración es necesaria para la declaración de la
responsabilidad patrimonial extracontractual, es preciso aclarar que será estudiado
con exclusión de los demandantes referidos en el acápite anterior frente a los cuales
se declarará de oficio la excepción de ausencia de legitimación en la causa por activa.
2) De acuerdo con lo expuesto en la demanda, los perjuicios cuya reparación se
solicita consisten en la afectación de los terrenos donde se encuentran ubicados los
inmuebles de propiedad de los demandantes, manifestada principalmente en
deslizamientos, agrietamientos y hundimientos del suelo, así como, en algunos casos,
en daños estructurales a las edificaciones allí construidas.
3) Para ese propósito se decretaron y practicaron dos (2) medios de prueba
específicos:
a) El dictamen pericial presentado el 22 de mayo de 201719 por el auxiliar de la justicia
Wilson Cano Herrera, ingeniero forestal y miembro de Corpolonjas; el propósito
19 Decretado en la audiencia llevada a cabo el 5 de agosto de 2016 en los siguientes términos “se decreta la práctica
de un Dictamen Pericial a costa de los demandantes, designación que recae en cabeza del Auxiliar de la Justicia
WILSON EFRAÍN CANO HERRERA, a fin de que informen lo siguiente: 1.- Descripción general de los predios
afectados; 2.- Descripción de las afectaciones materiales de cada predio y concepto acerca de si las áreas
afectadas pueden volver a utilizarse para los fines que naturalmente estaban destinadas; 3.- Valor de los eventuales
perjuicios causados (daños materiales en modalidades de daño emergente y lucro cesante), de conformidad con
los precios de las hectáreas y el uso del suelo de cada predio.” (fl. 534 cdno. 2).
26
Expediente 50001-23-33-000-2013-00280-01(68.793)
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Apelación sentencia
principal de esta pericia consistió en la verificación individual de las afectaciones
sufridas en cada uno de los bienes de quienes integran la parte actora.
Sobre el punto, la experticia describe que la información se obtuvo luego de realizar
sendas visitas a los predios cuya afectación se alega, de manera que los datos
insertados corresponden a lo advertido visualmente por el perito.
b) La inspección judicial practicada el 21 febrero de 2020, en la cual se visitaron
algunos predios objeto de la demanda, tales como “La Selva”, “Bellavista”, “El
Porvenir”, “San Isidro” y “Los Naranjos” (fl. 1298 cdno 4).
A partir del contenido de esas pruebas, especialmente de lo reseñado en el dictamen
pericial, se consigna la respectiva información en el siguiente cuadro:
No. Demandante Predio/ Tipo de afectación descrita
Vereda
1 Evangelista “Santa Ana”/ Deslizamientos y hundimientos en toda la finca
Lavado Rincón La Pradera que afectó 1 hectárea de cultivo de cacao20.
2 Javier Archila “San Isidro”/Deslizamiento en 2 hectáreas con afectación de
Cristancho Loma del 8.000 plantas de cacao, 40 de mango Tommy, 25
Pañuelo árboles de aguacate y 900 de café21.
3 Carlos Alberto “La Cabaña”/ Caída y deterioro de un establo, vivienda con
Ternera Herrera La Pradera agrietamientos, hundimiento sobre el 30% de un
potrero, caída de un cedro.22
4 Rita Elvira Páez “Los Naranjos”/ Hundimiento del terreno, vivienda con
Garzón23. Brisas de agrietamientos. Afectación de 2500 m2 de cultivo
Guayibura de cacao por deslizamiento del terreno24.
5 Carmen Emilia “El Mirador”/ Agrietamiento y hundimiento en pendientes entre
Rodríguez Brisas de el 5% y 20% de inclinación
Ramírez Guayibura Casa con agrietamientos en los cimientos –
secuencia de huecos cárcamos en el potrero25.
6 Luis Alfonso “El Recreo”/ Agrietamiento de la vivienda y la cochera,
Lavado Lavado Loma del deslizamiento de 30m de largo por 2m de ancho26.
pañuelo
7 José Francisco “El Triunfo”/ Hundimientos e inestabilidad del terreno en 1.2
Galindo Rojas27 Sardinata ha28.
20 Página 78, archivo: ED_DICTAMENCDFL818(.pdf), índice 2 Samai.
21 Página 86, archivo: ED_DICTAMENCDFL818(.pdf), índice 2 Samai.
22 Página 75, archivo: ED_DICTAMENCDFL818(.pdf), índice 2 Samai.
23 El dictamen refiere que la titular del predio, la señora Rita Elvira Páez Garzón había fallecido para el momento
de la visita, pero que en su representación la inspección había sido atendida por su hijo el señor José Daniel Valero
Páez (página 76, archivo: ED_DICTAMENCDFL818(.pdf), índice 2 Samai).
24 Página 76, archivo: ED_DICTAMENCDFL818(.pdf), índice 2 Samai.
25 Página 73, archivo: ED_DICTAMENCDFL818(.pdf), índice 2 Samai.
26 Página 82, archivo: ED_DICTAMENCDFL818(.pdf), índice 2 Samai.
27 El dictamen refiere que la correspondiente visita fue atendida por Luz Marina Galindo, hija del propietario, señor
José Francisco Galindo Rojas (página 77, archivo: ED_DICTAMENCDFL818(.pdf), índice 2 Samai).
28 Página 77, archivo: ED_DICTAMENCDFL818(.pdf), índice 2 Samai.
27
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Reparación de los perjuicios causados a un grupo
Apelación sentencia
8 José Tiberio “El Consuelo”/ Daños en la vivienda, deslizamiento de 1.5
Zamora Vivas San Pablo hectáreas en un costado del predio29.
9 Héctor Alirio “Lote Rural”/ Deslizamiento de tierra de 20 m de ancho por 40
Torres Gómez Brisas de m de largo y 5 m de profundidad30.
y Guayuriba
Mario Guillermo
Torres Gómez
10 Blanca Lilia “Platanillal”/ Derrumbe de 3.5 hectáreas, se formó un cárcamo
Murcia de Sardinata cerca donde hizo la detonación de la carga
Ramos sísmica31.
11 Manuel Antonio “Villa Natalia”/ Presenta 11 deslizamientos, 4 de ellos de mayor
Vargas Ríos Manzanares severidad32.
12 Blanca Estela “El Porvenir”/ Hundimiento de cultivo de cacao en 2ha,
Bolaños Porras Loma de San deslizamientos en potreros en 20ha. Afectación de
Juan un nacedero con disminución en su cauce33.
13 Rosa María “Bellavista”/ Deslizamientos y agrietamiento de la vivienda34.
Porras de Loma de San
Bolaños Juan
14 Felisa Carrillo “Bellavista”/ Daños en espacio de 1.5 hectáreas, daños a
Téllez Loma del cultivos de Cacao. En una parte hubo un
Pañuelo deslizamiento de tierra de 20 m de largo, 40m de
ancho y profundidad de 6m. En otra un
deslizamiento de 6m de ancho, 30m de largo que
afectó 20 plantas de café35.
15 María Inés “El Descanso”/ Sobre el punto el dictamen expresa “no hubo
Pulido de La Pradera puntos de detonación sísmica dentro del área de
Santana la finca, pero se presentan algunas
afectaciones”.36
16 Flor Mercedes “Buena Vista”/ No hace referencia el dictamen a este predio.
Mora Rodríguez Vista Hermosa
17 Gustavo Varila “La Selva”/ Siete deslizamientos que afectaron pasturas y la
Vista Hermosa pérdida de 7 semovientes. La estructura de la casa
presenta agrietamientos en pisos y paredes37.
18 Rosaura Peña “La Palma 1” No hace referencia el dictamen a este predio
Riveros Vista Hermosa
“El Mirador” Cuatro deslizamientos en áreas de potreros. Uno
La Pradera de ellos tiene 300 , de largo por 80 de ancho38.
19 Luis Octavio “El Yarumito”/ Deslizamiento de 50m de largo por 7m de ancho
Real Gómez San Pablo en la cima. Tres deslizamientos más en la parte
baja del predio39.
20 Guillermo “El Líbano”/ Cuatro derrumbes, uno de ellos de 80m de ancho
Contreras Loma del por 200m de largo. Hay rastrojos suprimidos40.
Pulido Pañuelo
21 Luz Elsa Rojas “Daissy No refiere el dictamen visita a este predio ni
González Yohana”/ describe sus daños específicos.
San Pablo
29 Página 81, archivo: ED_DICTAMENCDFL818(.pdf), índice 2 Samai.
30 Página 78, archivo: ED_DICTAMENCDFL818(.pdf), índice 2 Samai.
31 Página 78, archivo: ED_DICTAMENCDFL818(.pdf), índice 2 Samai.
32 Página 93, archivo: ED_DICTAMENCDFL818(.pdf), índice 2 Samai.
33 Página 89, archivo: ED_DICTAMENCDFL818(.pdf), índice 2 Samai.
34 Página 90, archivo: ED_DICTAMENCDFL818(.pdf), índice 2 Samai.
35 Folio 80, archivo: ED_DICTAMENCDFL818(.pdf), índice 2 Samai.
36 Página 74, archivo: ED_DICTAMENCDFL818(.pdf), índice 2 Samai.
37 Página 92, archivo: ED_DICTAMENCDFL818(.pdf), índice 2 Samai.
38 Página 94, archivo: ED_DICTAMENCDFL818(.pdf), índice 2 Samai.
39 Página 84, archivo: ED_DICTAMENCDFL818(.pdf), índice 2 Samai.
40 Página 88, archivo: ED_DICTAMENCDFL818(.pdf), índice 2 Samai.
28
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Reparación de los perjuicios causados a un grupo
Apelación sentencia
4) A partir del listado antes referido, es claro que en varios de los inmuebles, según lo
observado por el perito, se advirtieron afectaciones tales como deslizamientos de
tierra, reptaciones, hundimientos, daños a cultivos y a diferentes estructuras
construidas en los correspondientes predios, razón por la cual el daño sí se encuentra
demostrado para la mayoría de los demandantes.
5) Empero, merecen especial mención algunos casos puntuales en los cuales las
afectaciones aducidas no aparecen debidamente probadas, son los siguientes:
a) Flor Mercedes Rodríguez -ordinal 16-, demandó por los daños padecidos a los
bienes inmueble denominados “El Chircal” y “Buena Vista”, respecto del primero ya se
expresó que se declararía la falta de legitimación en la causa por activa y, en relación
con el segundo no se advierte que el perito haya efectuado visita a este predio respecto
del cual no es posible establecer el daño aducido, motivo suficiente para que las
pretensiones de la demanda no prosperen frente a esta accionante.
b) Rosaura Peña Riveros -ordinal 18-, accionó para que se repararan los daños
padecidos a dos (2) predios, “La Palma 1” y “El Mirador”, sin embargo, en el dictamen
pericial solo se advierte que se practicó visita a la finca “El Mirador”, circunstancia por
la cual el respectivo análisis de la imputación solo es posible en relación con este último
y no con el primero frente al cual no se hizo referencia alguna en cuanto a que si este
inmueble fue visitado y si en este se advirtió daño alguno que fuera objeto de
reparación.
c) Luz Esla Rojas González – ordinal 21-, esta demandante alega daños causados al
predio “Daissy Johana” pero, como en los otros casos previamente referidos, no
aparece que el perito designado para verificar los daños ocurridos en este inmueble
hubiere efectuado visita para su constatación, tampoco se señala específicamente en
qué consistieron.
Como consideración adicional, frente a los tres (3) casos previamente analizados,
resulta pertinente anotar que en uno de los apartes del dictamen pericial rendido por
el señor Wilson Cano Herrera se incorporó un cuadro denominado “Avalúo de
Indemnización por Perjuicios Causados por Exploración Sísmica de Hidrocarburos” 41,
en el cual se fijó un valor equivalente al supuesto daño emergente asociado a la
reparación de las afectaciones en los inmuebles; en dicho cuadro se asigna un monto
41 Paginas 152 y 153 archivo: ED_DICTAMENCDFL818(.pdf), índice 2 Samai.
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Apelación sentencia
individual a cada demandante, con inclusión de las personas anteriormente referidas
con sus respectivos predios.
No obstante, dicha prueba no puede ser tenida en cuenta para la demostración del
daño, en la medida en que se refiere a perjuicios cuya indemnización solo sería
procedente con posterioridad a una eventual declaración de responsabilidad; además,
porque la noción de perjuicio es distinta de la de daño: mientras el daño constituye la
afectación o menoscabo de un bien jurídicamente protegido, efectivamente alegado y
que debe ser acreditado — en este caso la existencia de deslizamientos, grietas o
fisuras en el terreno o en las edificaciones-, el perjuicio corresponde a sus
consecuencias patrimoniales, cuya cuantificación resulta jurídicamente improcedente
si previamente no se ha demostrado la existencia del daño; en ese sentido, la
valoración económica consignada en el dictamen carecería de sustento probatorio
suficiente frente a los casos previamente aludidos ante la ausencia de verificación del
daño reclamado.
6) De otro lado, es necesario resaltar que en la demanda se especifica que los daños
padecidos en los predios fueron visibles luego de seis (6) meses a partir del momento
en el cual finalizaron los trabajos de exploración sísmica de la sociedad Montecz SA,
es decir, en el mes de septiembre de 2011, fecha que se tuvo como referente para el
cómputo de la caducidad; sin embargo los siguientes demandantes adquirieron los
respectivos inmuebles en fechas posteriores: (i) Evangelista Lavado Rincón el 23 de
marzo de 2012 mediante la escritura pública no. 801 de la Notaría Única de Acacías
(Meta) (fls. 25 y 26 cdno. 1), (ii) María Inés Pulido Santana el 12 de abril de 2013 a
través de la escritura pública no. 490 de la Notaría 36 de Bogotá (fls. 620 a 626 cdno.
2) y, (iii) Gustavo Varilla el día 27 de junio de 2012 mediante la escritura pública no.
2047 de la Notaría Única de Acacias (Meta) (fl. 641 cdno. 2).
Lo anteriormente referido implica que las personas antes mencionadas debieron
conocer el estado de los bienes con anterioridad a su adquisición y que, en
consecuencia, los recibieron en las condiciones en que estos se encontraban; en tal
sentido, únicamente podría acreditarse la existencia de un daño antijurídico si se
demostrara que los defectos surgieron con posterioridad a la adquisición en esos
casos puntuales o que se produjo un agravamiento de los mismos, circunstancia que
no fue debidamente probada en el presente proceso con el nivel de detalle requerido;
por esta razón, tampoco se tendrá por demostrado el daño alegado en relación con los
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señores Evangelista Lavado Rincón -ordinal 1-, María Inés Pulido Santana -ordinal 18-
y Gustavo Varila -ordinal 18-.
7) Así las cosas, el análisis del siguiente elemento necesario para la declaración de la
responsabilidad patrimonial extracontractual exigida respecto de los entes
demandados y que constituye el fundamento principal de la apelación, esto es, el nexo
causal, solamente se predicará en relación con los predios de los señores Javier
Archila Cristancho, Carlos Alberto Ternera Herrera, Rita Elvira Páez Garzón, Carmen
Emilia Rodríguez Ramírez, Luis Alfonso Lavado Lavado, José Francisco Galindo
Rojas, José Tiberio Zamora Vivas, Héctor Alirio Torres Gómez, Mario Guillermo Torres
Gómez, Blanca Lilia Murcia de Ramos, Manuel Antonio Vargas Ríos, Blanca Estela
Bolaños Porras, Rosa María Porras de Bolaños, Felisa Carrillo Téllez, Rosaura Peña
Riveros (solo respecto del predio “El Mirador”), Luis Octavio Real Gómez y Guillermo
Contreras Pulido.
3.3 Análisis del nexo causal
En cuanto a la imputación, en los términos de la apelación el aspecto central de
discusión consiste en determinar si las actividades de exploración sísmica realizadas
en jurisdicción del municipio de Acacías (Meta) fueron determinantes en la producción
del daño, frente a lo cual es necesario realizar el correspondiente estudio en el
siguiente orden: (i) hechos probados y (ii) análisis puntual de los argumentos de la
apelación.
3.3.1 Hechos probados
1) Acerca de las actividades de exploración sísmica, el documento denominado Guía
de Exploración Sísmica Terrestre emitido por el Ministerio de Medio Ambiente explica
que consiste en lo siguiente:
“La sísmica es un método geofísico utilizado en la exploración de
hidrocarburos, basado en la reflexión de ondas sonoras. Consiste en
la generación artificial de ondas acústicas que se desplazan a través
de las capas del subsuelo y son reflejadas hacia la superficie por las
interfases (p.e. discontinuidades estratigráficas y estructurales)
encontradas en su recorrido. Al llegar a la superficie son captadas y
registradas mediante detectores especiales (geófonos).
Las señales recibidas por los equipos de superficie se interpretan geofísica
y geológicamente por personal experto, para producir mapas del subsuelo
31
Expediente 50001-23-33-000-2013-00280-01(68.793)
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Reparación de los perjuicios causados a un grupo
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que muestran las diversas estructuras que pueden estar presentes en el
área de interés y que potencialmente pueden contener hidrocarburos.
La prospección sísmica se puede realizar en dos o tres dimensiones
(sísmica 2D o 3D). La primera aporta información en un solo plano (vertical),
mientras que la segunda lo hace, como su nombre lo indica, en tres
dimensiones permitiendo determinar con mayor exactitud el tamaño, forma
y posición de las estructuras geológicas” (CD fl. 138 cdno. 1 – resalta la
Sala).
Se trata entonces de una actividad que se realiza de manera previa y es distinta de la
perforación exploratoria y de la extracción de hidrocarburos.
2) En el marco de esa actividad, el 17 de febrero de 2009 entre la Agencia Nacional
de Hidrocarburos (ANH) y la sociedad Montecz SA fue celebrado el “Contrato de
Exploración y Producción No. 15 de 2009 – Minironda 2008 – Llanos Orientales Bloque
Lla – 36” con el objeto de explorar y producir hidrocarburos de propiedad del Estado
en un área de 33.356 hectáreas denominado “Bloque Lla 36”, área que comprende
las jurisdicciones de los municipios de Guayabetal (Cundinamarca), Villavicencio
(Meta) y Acacías (Meta), el periodo de exploración se pactó un término de seis (6)
años (fls. 41 a 78 cdno. 1).
3) Para el adelantamiento de la primera etapa de ejecución de ese contrato,
especialmente para la exploración sísmica, la sociedad Montecz SA solicitó la
correspondiente habilitación la cual fue otorgada por Cormacarena a través de la
Resolución no. PMGJ 1.2.6.010.715 del 29 de abril de 2010 que “ Otorga Permiso de
Concesión de Aguas Superficiales en una caudal de 0.38 L/Seg, para Uso Industrial y
Autorización de disposición al suelo de Aguas residuales Domésticas a la empresa
MONTECZ SA (…) para llevar a cabo el Proyecto de Exploración Sísmica Llanos 36
– 3D en jurisdicción de los municipio de Acacías y Villavicencio”, por un tiempo de 24
meses, con la limitación de realizar la detonación de cargas explosivas en las
distancias mínimas allí establecidas respecto del perímetro del Parque Natural
Sumapaz, de cuerpos de agua, acueductos, asentamientos, viviendas, carreteras,
remociones en masa, asentamientos rurales, pozos de petróleo, entre otros
elementos, así también evitar puntos de disparo en pendientes superiores a 45
grados. (fls. 874 a 882 cdno. 3)
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Expediente 50001-23-33-000-2013-00280-01(68.793)
Actor: Evangelista Lavado Rincón y Otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo
Apelación sentencia
4) Igualmente se conoce con certeza que la referida actividad exploratoria tuvo lugar
entre los meses de enero y mayo de 2011, “la cual cubrió 97 km2 distribuidos en 33
líneas receptoras y 32 líneas fuente, para el desarrollo del proyecto” 42.
5) Durante los días 11, 12, 18 de junio de 2011 las firmas Montecz SA y Geeko Eneegy
SA suscribieron con los representantes de las respectivas juntas de acción comunal
de las veredas de Brisas de Guayuriba, Loma del Pañuelo, San Isidro Alto de la
Cumbre, San Pablo, Laberinto, Loma de San Juan, Portachuelo, Vista Hermosa y La
Pradera del municipio de Acacías (Meta), los documentos denominados “Paz y Salvo
Socio-Ambiental” en los cuales se declaró que se informó del cierre de las actividades
operativas de campo realizadas en el marco del programa de exploración sísmica
Llanos 36-3D y la verificación del cumplimento de las medidas de manejo
socioambiental exigidas por Cormacarena (fls. 338 a 400 cdno. 1).
6) El 16 de septiembre de 2011, la sociedad Montecz SA presentó el documento
denominado “informe de actividades medio ambiente” del programa de exploración
sísmica “Llanos 36 3D” donde afirmó que las áreas de influencia directa del proyecto
en el municipio de Acacías (Meta) fueron las veredas La Pradera, Loma de San Juan,
San Pablo, Loma del Pañuelo, Brisas de Guayuriba, Vista Hermosa, Portachuelo,
Manzanares, Líbano y Laberinto; sobre la exploraciones sísmicas expresó que se
cumplieron los parámetros fijados en el correspondiente plan de manejo ambiental y
la Guía de Exploración Sísmica Terrestre expedida por el Ministerio de Medio
Ambiente (fls. 909 a 922 cdno. 3).
7) Asimismo, es relevante destacar que el 1º de diciembre de 2011 el Área de Manejo
Especial de Cormacarena emitió el documento denominado “Informe de los Sitios
Críticos Identificados por la Emergencia Ambiental”, del cual se extrae que en la
madrugada de ese día en los municipios Villavicencio y Acacías (Meta) ocurrieron
precipitaciones de gran magnitud y duración que provocaron la creciente de varios
ríos que desencadenaron en avalanchas y deslizamientos de tierra (fls. 1046 a 1059).
8) Ese documento se complementa con la certificación allegada al proceso por la
subdirectora de meteorología del IDEAM en la cual se hizo constar que de acuerdo
con la información disponible en el banco de datos de la estación meteorológica de
Acacías (Meta), durante el 30 de noviembre de 2011 cayó una lluvia torrencial
equivalente a 170 mm (fl. 926 cdno. 3).
42 Tal como se describe en el contenido de la Resolución PS.GJ – 1.2.6.15.0690 del 5 de mayo de 2015 (fl. 890
cdno. 3).
33
Expediente 50001-23-33-000-2013-00280-01(68.793)
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Reparación de los perjuicios causados a un grupo
Apelación sentencia
9) El 8 de febrero de 2012, la Asociación Comunal de Juntas “ASOJUNTAS” presentó
una queja ante Cormacarena debido a unos deslizamientos de tierra aparentemente
ocasionados por virtud de la actividad de exploración sísmica realizada en el
piedemonte acacireño, razón por la cual el ente de control ambiental procedió a la
realización de las correspondientes visitas técnicas y seguimiento de los permisos de
concesión de aguas previamente concedidos a Montecz SA43.
10) El 12 de julio de 2013, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)
expidió la Resolución no. 0679 por medio de la cual negó la licencia ambiental
solicitada por la empresa Montecz SA para el proyecto denominado “Área de
Perforación Exploratoria Llanos 36” localizado en jurisdicción de los municipios de
Acacías y Villavicencio en el departamento del Meta (fls. 888 y 896 cdno. 3).
11) El 13 de julio de 2014, luego de una visita técnica realizada el 17 de septiembre
de 2013 en el área de influencia directa de programa sísmico Llanos 36-3D, la
Subdirección de Gestión y Control Ambiental de Cormacarena emitió el Concepto
Técnico no. PM.GA.3.44.14.391 en el cual se realizó el siguiente análisis:
“La empresa acató y respetó las distancias mínimas ambientales para la
detonación de cargas explosivas para el desarrollo de la actividad sísmica
Bloque Llanos 36 - 3D. Tal y como se puede verificar en la Tabla No. 6. Lo
que indica que la actividad sísmica no tuvo incidencia en los procesos
erosivos en cuestión (…).
La empresa Montecz S.A., sustenta que se levantaron y aprobaron un total de
182 actas de vecindad y actas viales para el programa sísmico Llanor 36 – 3D,
reportadas a lo largo de las 32 líneas sísmicas y la malla vial presente en el
área ; sin emnargo, hasta la fecha de realización del presente concepto técnico
existen quejas posteriores de la comunidad por procesos de deslizamientos de
tierra en la zona de influencia del proyecto sísmico, como se pudo comprobar
en la visita técnica (…).
Por otra parte, como se expuso en el análisis de información, a lo evidenciado
en campo y de acuerdo la PBOT del municipio de Acacías (Acuerdo No. 21 de
junio de 2000) y el Instituto Geográfico Agustí Codazzi; se concluye el sector
que involucra los sitios visitados relacionados en la tabla No. 3 se caracterizan
por presentar una topografía moderadamente empinada con pendientes entre
34 y 56% con alta amenaza sísmica (…). Así las cosas se conforman colinas
de escarpe fuertes y cuyos drenajes contribuyen al arrastre y posterior
deposición de materiales nuevos sobre estos sitios. Generalmente los
coluviones de carácter arcilloso tienen baja permeabilidad pero alta
porosidad y pueden acumular grandes cantidades de agua. Aunado a ello,
el factor hidrogeológico predominante en el área, el cual es considerado
por el PBOT Acacías (Acuerdo No. 21 del 21 de junio de 2000), como el de
mayor intensidad de lluvias en la región (desde 7500 a 9766 mm/año),
43 Esta información es extraída del acápite de antecedentes contenido en el Concepto Técnico no. PM-GA
3.44.14.391 del 13 de febrero de 2014 de la Subdirección de Gestión y Control Ambiental de Cormacarena (fl. 1060
cdno. 4).
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sumado al incremento histórico reportado durante el año 2011 (…)
hicieron que se presentaran procesos erosivos potenciales en la región
(…).
Así mismo, la masa de suelo ve afectada su condición de esfuerzos y por
ende de deformaciones por la acción del peso propio de estructuras o
sobrecargas ya sea por el uso inadecuado del recurso suelo, la
presentación de niveles bajos de fertilidad de poca materia orgánica
nutrientes, alta acidez con altos contenidos de aluminio y la carencia de
minerales o en su defecto por las edificaciones, actividades ganaderas,
mineras y/o turísticas de la zona. Por ende la ejecución de actividades
sísmicas en el Bloque Llanos 36 3D pudieron haber contribuido en el
aceleramiento potencial de procesos erosivos, sin embargo, la empresa
MONTECZ SA sustenta que dichos procesos se presentaron a distancias
lejanas a la colocación de los salvos detonados, por lo tanto no tuvieron
ninguna incidencia en los deslizamientos (…)”
En virtud a lo anterior, se determinan entonces que la zona donde se llevó
a cabo el proyecto de exploración sísmica debido a sus condiciones
intrínsecas presencia de pendientes pronunciadas, a la geología
tectónica, geomorfología y a los depósitos superficiales presentes, es
suceptible de generar fenómenos de inestabilidad. Ahora bien, la fuerte
acción antrópica contribuye de manera negativa acelerando y/o
generando nuevos procesos de inestabilidad; como acción antrópica se
entiende la deforestación el uso inadecuado del suelo y el mal manejo de
los drenajes.” (fls. 1069 a 1070 cdno. 4 – negrillas adicionales).
12) Ese concepto técnico fue acogido por el jefe la Oficina Jurídica de Cormacarena
a través del Auto no. PS.GJ.1.2.64.014.0694 del 20 de marzo de 2014 en el cual se le
solictió a Montecz SA que aportara las coordenadas de todos y cada uno de los
“salvos” instalados en los predios con el fin de determinar si hubo incumplimiento frente
a las distancias respecto de los sitios donde se habían reportado afectaciones (fls. 883
a 886 .509 cdno. 2).
13) Esa actuación administrativa realizada por Cormacarena culminó con la
Resolución no. PS.GJ – 1.2..6.15. 0609 del 05 de mayo de 2015 por medio de la cual
se dieron por cumplidas las obligaciones emanadas de la Resolución no. PMGJ
1.2.6.010.715 del 29 de abril de 2010 y de los requerimientos realizados por causa del
desarrollo del proyecto de exploración sísmica Llanos 36-3D (fls. 1085 a 1093, cdno.
4).
14) De otra parte, en la audiencia llevada a cabo el 5 de agosto de 2016, el tribunal
decretó como prueba la práctica de un dictamen pericial a costa de los demandantes
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Expediente 50001-23-33-000-2013-00280-01(68.793)
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con el objeto de realizar una descripción general de los predios afectados, de las
afectaciones materiales sufridas y el valor de los eventuales perjuicios causados44.
El dictamen fue rendido por el señor Wilson Efraín Cano Herrera quien dijo ser
ingeniero forestal con especialización en gestión ambiental y maestría en gestión
ambiental, quien, no solamente se refirió a la experticia encomendada, sino que,
también a la causa de los deslizamientos, sobre lo cual expresó:
“Los deslizamientos reportados se encontraban en una zona en donde las
condiciones no son muy favorables para la estabilidad de los taludes, ya que la
combinación de los diferentes factores analizados anteriormente generan una
alta probabilidad de presentar movimientos de tierras que puede generar
grandes pérdidas económicas para los afectados.
La combinación de una pendiente alta y un clima cálido superhúmedo genera
una escorrentía superficial pronunciada de alta velocidad, este tipo de drenaje
afecta fuertemente la estabilidad de los taludes ya que la erosión que genera
es alta.
Asi mismo, las formaciones presentes en los deslizamientos en su mayoría son
arcillas, las cuales en épocas secas tienden a generar grietas y en las épocas
húmedas el agua entea por estas aumentando la presión y el riesgo de
presentar deslizamientos. Así mismo, este tipo de material geológico no
favorece la estabilidad de taludes por su tipo de microestrcutura.
Toda la combinación de estos factores se ve reflejada en la evaluación y
clasificación realizada por el Servicio Geológico de Colombiano, que determinó
que esta zona presenta un alto riesgo de experimentar deslizamientos. Así
mismo todos los deslizamcinetos observados se encuentran en zona que van
desde muy alto a alto riesgo de movimiento en masa.
El acuerdo con lo soportado por Sarria Molina, dada la condición crítica
del terreno, y teniendo en cuenta que los disparos se hicieron entre los 6
y 12 m de profundidad, es posible que los disparos hayan generado los
deslizamientos locales de los predios.
Adicionalmente tampoco se puede descartar que las detonaciones
efectuadas en estos predios pudieron haber intensificado los riesgos de
deslizamientos en zonas con cárcavas, reptaciones o remociones en
masa, ya que la norma de Cormacarena exige que no se realicen
detonaciones de cargas a menos de un radio de 50 , a cualquier cárcava,
reptación, remoción en masa y barranco, poque el que MONTECZ haya
cumplido con esta condición no se puede comprobar, porque no se
conoce un levantamiento previo de este tipo de movimientos en masa en
las zona donde se realizaron los disparos (…).
Por medio de la herramienta SIG se realizó un cálculo de la distancia de cada
una de las infreastrcutucturas dañadas, al punto de disparo más cercano. Con
44 Específicamente la orden fue la siguiente: “se decreta la práctica de un dictamen pericial a costa de los
demandantes, designación que recae en cabeza del Auxiliar de la Justicia Wilson Efraín Cano Herrera, a fin de que
informe lo siguiente: 1.- Descripción general de los predios afectados, con área aproximada de los mismos. 2.-
Descripción de las afectaciones materiales de cada predio y concepto acerca de si las áreas afectadas pueden
volver a utilizarse para los fines que naturalmente estaban destinadas. 3.- Valor de los eventuales perjuicios
causados (daños materiales en modalidades de daño emergente y lucro cesante), de conformidad con los predios
de las hectáreas y el uso del suelo de cada predio” (fl. 534 cdno. 2).
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lo que se encontró que dos estaban entre los 100 y 130 metros, 4 entre los 130
y 150 metros, y 4 a más de 150 metros (…).
Las distancia mínimas para la detonación de cargas exigidas por Cormacarena
no puede ser menos de 100 metros de cualquier vivienda de concreto,
bahareque o de madera, por lo que en la actividad se cumplió la norma. Sin
embargo, dada la inestabilidad de estos terrenos, los disparos realizados por la
actividad de explotación sísmica pudieron haber aumentado la probabilidad de
movimientos locales en masa y afecta las estrcuturas (…)
Se registran los nacederos que los propietarios dicen que fueron afectados por
las actividades sísmicas y para cada uno de estos, por herramientas SIG, se
calcúló la distancia al punto de disparo más cercano. Los propietarios de los
predios reportaron que varios de estos nacederos han disminuido sus caudales,
y algunos ya están secos.
Se enconró que en solo 10 de los 22 nacederos reportados en todos los
predios se cumplió la distancia mínima exigida por Cormacarena. El resto
de nacederos pudieron haber sido afectados por la actividad sísmica
realizada en esta zona, debido a que las fracturas generadas por la
detonación pueden generar un aumento de la infiltración, disminuyendo
la disponibilidad de agua superficial. No obstante para asegurar si esto
(sic) se requiere estudios más específicos y realizar balances hídricos” 45.
(negrillas adicionales).
En ese mismo dictamen se transcribió el concepto rendido por Luis Enrique Bernal,
geólogo que habría colaborado igualmente con su elaboración, en el correspondiente
extracto expresó:
“En mi concepto al superponer la información tectónica de la zona con la
cartografía geológica que no fue levantada por un geólogo con experticia en el
tema, junto con el mapa de amenazas evidencia la fragilidad de cualquier
vibración de los materiales superficiales tanto antropogénica como natural dada
las condiciones geológicas y sísmicas del Piedemonte de la Cordillera oriental
en donde se ubica la zona de interés.
Por lo tanto, en mi concepto la sísmica adelantada en la zona es en buena
parte responsable de la inestabilidad de las laderas”46. (negrillas
adicionales)
15) Ese dictamen fue objeto de contradicción en audiencia de pruebas del 25 de mayo
de 201747, oportunidad en la cual el perito Wilson Efraín Cano ratificó lo allí expresado,
de lo afirmado por el auxiliar de la justicia se destaca lo siguiente:
“El tema de la sísmica terminó siendo un proceso gatillo, un proceso
detonante, yo tengo esta condición, la conozco y si yo le agrego una
gota más, se me regó el vaso, hoy no le puedo decir a este auditorio
que yo voy a dar la certeza, yo estoy estableciendo lo que encontré con
los documentos que encuentro, con la información aportada antes del
2011, posterior la 2011, es más, tengo que llamar la atención sobre algo
INGEOMINAS lleva haciendo la identificación de que nuestra cordillera
45 Páginas 127 y 128, archivo: ED_DICTAMENCDFL818(.pdf), índice 2 Samai.
46 Pagina 180, archivo: ED_DICTAMENCDFL818(.pdf), índice 2 Samai.
47 Disponible en: https://sistemagrabaciones.ramajudicial.gov.co/share/a65f4c36-3073-4f6d-bb04-eebdda9a275b.
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oriental, todo el pie de monte llanero es de formación reciente (…) que la
cordillera oriental fue la última que se levantó (…) en esa condición, lo que
estructuralmente se encuentra son estructuras no consolidadas, es decir
que si usted las toca, se van a mover”48. (negrillas adicionales)
Igualmente es importante destacar que en la audiencia de pruebas que tuvo
continuación el 1º de agosto de 201749 el apoderado de la ANH le preguntó al perito
Wilson Efraín Cano si este contaba con experiencia en temas de exploración sísmica,
el auxiliar de la justicia expresó que no había laborado en ese tema en específico50.
16) Con el propósito de controvertir las conclusiones que sobre el nexo causal se
expresaron en el dictamen pericial del perito Wilson Efraín Cano, los apoderados de
la ANH y de Montecz SA solicitaron que fueran recibidos seis (6) “testimonios
técnicos”, tres (3) por cada uno de esos entes accionados, a lo cual accedió el tribunal.
De las declaraciones que se practicaron es preciso destacar la de Wolfang David
Moscoso Sepúlveda (ingeniero ambiental de Montecz SA) -recibida en audiencia de
pruebas del 17 de agosto de 2017, y lo expresado por Carlos Alberto Rey (geólogo de
la ANH) y Roberto Carlos Aguilera Vaca (geólogo de Montecz SA) en la inspección
judicial realizada el 21 de febrero de 2020 (fls. 1208 y 1209 cdno. 4).
Sobre ese punto debe advertirse que, si bien tales personas en estricto sentido no
reúnen la condición de “testigos técnicos”, pues, aunque el ordenamiento procesal
permite a los declarantes emitir valoraciones o conceptos técnicos, científicos o
artísticos, solamente pueden hacer afirmaciones acerca de aquellos aspectos
puntuales sobre los cuales tienen conocimiento directo51, condición esta última que
no se cumple en el caso concreto porque es claro que tales expertos no pudieron
haber presenciado de manera directa la ocurrencia de todas las afectaciones alegadas
por los demandantes.
No obstante, sus apreciaciones serán valoradas como opiniones de expertos sobre la
materia de exploración sísmica, elementos de convicción que no pueden ser ignorados
48 Disponible en: https://sistemagrabaciones.ramajudicial.gov.co/share/a65f4c36-3073-4f6d-bb04-eebdda9a275b.
49 Disponible en: https://sistemagrabaciones.ramajudicial.gov.co/share/66ab3b98-5044-4cdf- b64f-fce418a60af2.
50 Específicamente manifestó: “he participado de manera privada formando parte de equipos de interventoría y
consultoría en materia ambiental (…) he tenido además temas relacionados no específicamente en proyectos de
sísmica, pero si he tenido que valorar daños de esta índole (…) he trabajado con Cormacarena, con Corporinoquia,
con la Alcaldía de Villavicencio y el departamento del Meta (…) he trabajado con muchos más expertos en la
materia”
51 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 13 de septiembre de 2021, radicación no.
05001-23-31-000-2000-002590-01 (44.931), CP Guillermo Sánchez Luque.
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dado que fueron solicitados por la ANH y Montecz SA y decretados en la debida
oportunidad, además, revisten especial relevancia para resolver el aspecto central de
la apelación consistente en la existencia o no de un nexo causal entre el daño alegado
y la conducta de las entidades demandadas.
Las intervenciones fueron las siguientes:
a) Wolfang David Moscoso Sepúlveda, dijo ser ingeniero ambiental y sanitario,
especialista en derecho y medio ambiente, coordinador del programa de exploración
ambiental desarrollado por Montecz SA en el primer semestre del año 2011 en el
marco de la actividad de exploración sísmica52.
Expresó que de acuerdo con diversos estudios geofísicos —entre ellos uno realizado
por la Universidad de los Andes, a cargo del profesor Alberto Sarria— los impactos
derivados de la exploración sísmica son puntuales, tanto en el tiempo como en su
localización espacial; señaló que la zona es geológicamente activa y que los procesos
erosivos se vieron acelerados por las intensas lluvias ocurridas en el año 2011
sumadas al cambio en la cobertura vegetal, factores que provocaron la pérdida de
consistencia del suelo y favorecieron la generación de dichos procesos erosivos.
Dijo sustentar esa aseveraciones en un análisis multitemporal realizado por Montecz
SA y en la comparación de fotografías satelitales con una diferencia de trece (13) años
que evidenciaba una modificación significativa de la cobertura vegetal: mientras que
en 1997 se registraba un 67,62 % de bosque denso, para el año 2010 —esto es, antes
del desarrollo de la actividad sísmica— dicho porcentaje se redujo al 59 %, con un
incremento correspondiente de áreas destinadas a pastos limpios; este cambio
reflejaba la ampliación de la frontera agrícola y ganadera y se traducía en una pérdida
aproximada de 900 hectáreas de bosque denso.
Ante la pregunta acerca de si la exploración sísmica podía considerarse un “efecto
gatillo” de las afectaciones al terreno alegadas manifestó puntualmente que no era
posible atribuir a la sísmica la causación de los procesos erosivos; aunque las lluvias
constituían un factor incidente, que dichos procesos obedecían a una concurrencia de
causas, entre las cuales le dio especial relevancia a la pérdida de la cobertura vegetal;
52 Disponible en: https://sistemagrabaciones.ramajudicial.gov.co/share/66ab3b98-5044- 4cdf-b64f-fce418a60af2.
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agregó, además, que los impactos de la actividad sísmica no superaban un radio de
dos (2) metros, afirmación que sustentó en referencias bibliográficas especializadas.
Adicionalmente, puso de presente haber tenido conocimiento directo del predio del
señor Tiberio Zamora, en el cual existía un nacedero de agua documentado mediante
acta de vecindad del año 2011, indicó que realizó una nueva visita al predio en el año
2014 y constató que dicho nacimiento de agua aún existía tres años después de
ejecutada la actividad sísmica y que se encontraba a una distancia superior a los cien
(100) metros, circunstancia que afirmó haber verificado personalmente durante una de
sus salidas de campo.
b) Por su parte, Roberto Carlos Aguilera Vaca53 declaró en la inspección judicial
realizada el 21 de febrero de 2020 mientras se realizaba un recorrido en el predio
denominado “La Selva”; luego de observar las afectaciones sufridas en ese inmueble
consideró que no era posible determinar que los daños producidos fueran producto de
la exploración sísmica, por cuanto advirtió la presencia de cicatrices en las montañas
que era provocadas por la geodinámica de la zona por tratarse de una pendiente alta
en la cual se presentan movimientos en masa de manera natural y por efecto de las
temporadas invernales.
Una vez consultado el dictamen pericial del auxiliar de la justicia Wilson Efraín Cano
Herrea expresó:
“La sísmica no genera estos efectos puesto que el terreno es un
piedemonte donde confluyen varias características que hace que la
geodinámica sea visible en el sector, ya que es una zona por donde
pasan grandes fallas con la de Guaicaramo que se extiende de sur a
norte por todo el piedemonte y es una falla muy activa producto de
muchos de los sismos reportados en la historia de Colombia.
Por otra parte la pluviometría es otro factor que interviene debido a que
la zona donde se desarrolló la sísmica es un lugar en el que llueve
mucho. Está la parte de toda la geomorfología de una zona con unas
pendientes de estas, que naturalmente generan todos los movimientos
en masa, movimiento de reptación como huellas transversales a la
montaña en movimientos de flujo más dinámicos porque son producto
de las pendiente de las laderas porque cuando hay lluvias repentinas y
fuertes ocasionan que por los llamados cauces juveniles que se están
formando baje más agua y el material que está sobre las paredes se
arrastra, entonces lo que yo veo es un panorama producto de una
dinámica natural en un piedemonte”54. (negrillas adicionales)
53 Geólogo con 20 años experiencia en la industria petrolera y minera en Colombia, en geofísica, estratigrafía y
prospección de hidrocarburos, asesor de Montecz SA.
54 Disponible en: https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/stectadminmet_cendoj_ramajudicial_gov_
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Apelación sentencia
c) A su turno, Carlos Alberto Rey González55, en la misma diligencia de inspección
judicial expuso que los daños advertidos no se pueden atribuir a una única causa en
la medida que finalmente es la gravedad la fuerza que genera los deslizamientos,
aunado al hecho de que la socavación de los ríos, los tipos de roca con condiciones
de permeabilidad y porosidad que generan superficies deslizantes que sumadas a la
inclinación de la superficies de la zona generan los movimientos en masa que son
comunes en el piedemonte llanero y no solamente en la zona donde se desarrolló la
actividad de exploración sísmica Llanos 36 – 3D, a lo cual agregó la siguiente
consideración:
“Lo que me llama la atención con los testimonios dados por los dueños de
los predios y el perito es que para ellos el momento en que ocurren los
fenómenos es en la temporada de lluvias como es de esperar, cuando
aumenta la fuerza de las quebradas por el mayor caudal, socavan más los
fondos de las laderas y adcionalemente esa agua percola y encuentra este
tipo de superficies”.56
3.3.2 Análisis puntual de los argumentos de la apelación
1) Sobre los argumentos puntuales de la impugnación objeto de decisión debe
resaltarse que parte de ellos se refirieron a supuestas irregularidades procesales sobre
los cuales la Sala ya se pronunció en los acápites precedentes.
2) Ahora bien, en cuanto a la tesis del “efecto gatillo” atribuida a la exploración sísmica
y sobre la cual insiste la parte recurrente debe resaltarse, en primer lugar, que la única
prueba que respalda de manera directa esa aseveración es el dictamen pericial
rendido por el señor Wilson Efraín Cano Herrera, empero, este adolece de deficiencias
sustanciales que impiden otorgarle la entidad probatoria pretendida por el apelante,
por las siguientes razones:
a) Extralimitación del objeto del dictamen, el peritaje fue decretado con el propósito
específico de verificar las afectaciones materiales de los predios y realizar una
estimación preliminar de eventuales perjuicios, no para establecer la causa geológica
o geotécnica de los deslizamientos, aspecto que exige un análisis altamente
co/EjqpeX2vroBLgXqQbjKqjrcBbRdPRLpugiK3OdJz11Yt7Q?e=aLxGHc.
55 Refirió ser licenciado en matemáticas, geólogo con una maestría en geofísica, haber laborado la mayor parte del
tiempo en el Insitituto Geológico Colombiano y en los últimos 20 años en la Agencia Nacional de Hidrocarburos
(ANH), con amplia experiencia en sismología y sísmica
56 Disponible en: https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/stectadminmet_cendoj_ramajudicial_gov_
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Expediente 50001-23-33-000-2013-00280-01(68.793)
Actor: Evangelista Lavado Rincón y Otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo
Apelación sentencia
especializado; empero, el perito extendió sus conclusiones hacia la determinación del
nexo causal, pronunciándose sobre un objeto distinto y más amplio al fijado en el auto
que decretó la prueba, es decir, sobre un preciso aspecto para el cual no fue designado
no tampoco decretada esa prueba en particular.
b) Falta de idoneidad técnica para emitir conclusiones definitivas en materia geológica,
si bien el señor Wilson Efraín Cano Herrera manifestó ser ingeniero ambiental con
conocimientos en ingeniaría forestal, no acreditó formación ni experiencia
especializada en geología, geotecnia o sismología, disciplinas indispensables para
establecer científicamente la génesis de procesos de remoción en masa en el
piedemonte llanero; incluso, durante la audiencia de pruebas reconoció expresamente
no tener experiencia específica en exploración sísmica, lo cual debilita de manera
significativa la solvencia técnica de sus conclusiones.
c) Colaboración no acreditada del geólogo Luis Enrique Bernal; aunque el perito
Wilson Efraín Cano Herrea sostuvo haber contado con el apoyo de dicho experto, en
el expediente no obra prueba alguna que acredite la formación académica, experiencia
profesional o idoneidad técnica de esa persona ni su vinculación formal al dictamen
como auxiliar o consultor, circunstancia que impide otorgar valor probatorio autónomo
a sus apreciaciones.
iv) Carácter hipotético y no concluyente de las conclusiones causales; el propio
dictamen reconoce que la sísmica “es posible”, “no se puede descartar” o “pudo haber
aumentado la probabilidad” de los deslizamientos, expresiones que evidencian un
enfoque meramente probabilístico y conjetural; además, el perito fue explícito en
expresar que no podía ofrecer certeza sobre la causalidad y que para confirmarla
serían necesarios estudios más específicos, en consecuencia, no se configura una
prueba técnica clara, precisa y concluyente del nexo causal.
Por lo anterior, es claro que el tribunal actuó correctamente al otorgar valor probatorio
restringido al aludido dictamen pericial, en especial para efectos del análisis del nexo
de causalidad como elemento de la responsabilidad patrimonial extracontractual.
3) Para efectos de lo anterior, también cobra especial relevancia el contenido y las
conclusiones de los conceptos técnicos proferidos por Cormacarena, autoridad
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ambiental competente, pues, estos descartaron de manera expresa que la exploración
sísmica hubiera sido la causa determinante de los deslizamientos.
De dichas actuaciones administrativas se desprende que (i) Montecz SA acató y
respetó las distancias mínimas ambientales para la detonación de cargas explosivas
conforme a la resolución que otorgó los permisos de concesión de aguas y
vertimientos, (ii) las visitas técnicas realizadas por la autoridad ambiental no
evidenciaron incumplimientos técnicos ni infracciones ambientales atribuibles a la
sísmica y, (iii) los procesos erosivos observados se relacionan principalmente con
condiciones intrínsecas del terreno, tales como pendientes pronunciadas, alta
susceptibilidad geológica, depósitos coluviales, clima húmedo y saturación de suelos.
Estas conclusiones, provenientes de la autoridad ambiental también desvirtúan la tesis
de la parte actora y constituyen un elemento objetivo y especializado de alto valor
probatorio.
4) En cuanto a la relevancia del fenómeno meteorológico de La Niña y de las lluvias
extraordinarias, contrario a lo sostenido por la parte actora, este hecho sí emerge como
un factor altamente relevante y probado en el proceso para explicar los deslizamientos
ocurridos en la zona.
En efecto, el informe meteorológico del IDEAM acredita que el 30 de noviembre de
2011 se registraron precipitaciones extraordinarias (170 mm) en el municipio de
Acacías; adicionalmente, los informes de Cormacarena sobre la emergencia invernal
de noviembre de 2011 dan cuenta de avalanchas, crecientes súbitas y remociones en
masa generalizadas en amplios sectores de los municipios de Villavicencio y Acacías
(Meta).
Se trata entonces de un evento climático extremo, probado documentalmente, que
coincide temporalmente con la ocurrencia de los deslizamientos y que resulta
plenamente idóneo para explicarlos; llama la atención que el perito prácticamente no
profundizó en el análisis técnico de este fenómeno, pese a su evidente relevancia
causal, omisión que fue advertida y razonadamente cuestionada por los expertos
traídos a declarar por la ANH y Montecz SA.
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5) En esa línea de comprensión, también debe destacarse que las conclusiones del
dictamen pericial fueron severamente cuestionadas por los expertos que rindieron
declaración por solicitud de la ANH y Montecz SA, quienes, muy a diferencia del perito,
acreditaron formación especializada y amplia experiencia en geología, geofísica y
exploración sísmica; si bien estos expertos manifestaron haber laborado con las
entidades demandadas, esa sola circunstancia no desvirtúa por sí solo su idoneidad
técnica, máxime cuando (i) explicaron con solvencia argumentativa y lógica científica
las causas reales de los movimientos en masa, (ii) coincidieron en señalar la
imposibilidad física y técnica de que las detonaciones sísmicas, dadas sus magnitudes
y distancias, actuaran como “efecto gatillo” de procesos erosivos de gran escala y, (iii)
sustentaron sus afirmaciones en la geodinámica natural del piedemonte llanero, la
actividad tectónica y la pluviometría extrema.
En ese contexto, esas declaraciones, valoradas en conjunto con los informes
administrativos de Cormacarena y climáticos del IDEAM, refuerzan la inexistencia del
nexo causal alegado por la parte actora.
6) En relación con la carga de la prueba y la supuesta exigencia desproporcionada
impuesta a la parte actora por el a quo debido a su condición económica el argumento
no resulta de recibo, es claro que los accionantes contaron con plenas oportunidades
procesales para solicitar y aportar desde el inicio del proceso pruebas técnicas
idóneas, incluidos estudios geológicos o geotécnicos especializados orientados a la
demostración del nexo causal; en ese marco, la falta de acreditación de dicho elemento
—cuya carga recae en quien lo alega, conforme a lo dispuesto en el artículo 167 del
Código General del Proceso— no puede trasladarse ni flexibilizarse en detrimento de
los principios de contradicción, seguridad jurídica y equilibrio procesal, ni justificar una
alteración de las reglas probatorias aplicables al caso objeto de análisis.
7) Desde otro punto de vista, en cuanto al hecho consistente en que la ANLA mediante
la Resolución no. 0679 del 12 de julio de 2013 denegó la licencia ambiental solicitada
por Montecz SA para las actividades de perforación del bloque Llanos 36, es
importante resaltar que esta se refirió a una etapa posterior, autónoma y técnicamente
diferenciada dentro del ciclo de los proyectos de hidrocarburos.
Ello se desprende del propio contenido del acto administrativo en cuestión, en el cual
la autoridad ambiental sustentó su decisión, exclusivamente, en criterios de carácter
prospectivo y preventivo, asociados a la alta susceptibilidad del área a fenómenos de
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remoción en masa, a las condiciones geotécnicas propias del piedemonte llanero y a
la aplicación del principio de precaución ambiental; en ningún apartado de dicha
resolución se afirmó que la exploración sísmica previamente ejecutada hubiese sido
ilegal, irregular o causante de los daños alegados por los demandantes.
En ese sentido, como lo señaló acertadamente el tribunal de primera instancia —y lo
ratifica esta Sala—, la negativa de una licencia ambiental no constituye, por sí sola,
prueba suficiente del nexo causal entre una actividad previamente ejecutada y un daño
determinado.
En el presente caso, debe resaltarse que la licencia fue negada aproximadamente dos
años después de culminada la exploración sísmica, que se trató de una decisión
administrativa de naturaleza preventiva y no sancionatoria y que el acto administrativo
no incorporó un análisis causal concreto que permitiera vincular la actividad sísmica
con las afectaciones prediales reclamadas; por consiguiente, dicho acto administrativo
no desvirtúa las conclusiones técnicas emitidas por Cormacarena ni mucho menos
releva a la parte actora de la carga probatoria que le corresponde de demostrar,
mediante estudios o dictámenes especializados e idóneos, que la exploración sísmica
fue la causa eficiente de los daños cuya reparación se pretende.
8) De otra parte, en cuanto a la crítica relativa a la aplicación del título jurídico de riesgo
excepcional y no el de falla del servicio, debe precisarse que dicho debate carece de
relevancia práctica en el presente caso, por cuanto el análisis debe culminar
legítimamente en el estadio previo del nexo causal; en ausencia de prueba suficiente
que vincule causalmente la actividad sísmica con los daños alegados no es posible
avanzar hacia el examen de la imputación, ambos títulos jurídicos de imputación
presuponen, como mínimo, la existencia de una relación causal demostrada.
9) De igual manera, si bien es cierto que el otorgamiento de permisos para la
ocupación temporal de los predios no exonera automáticamente de responsabilidad
por eventuales daños, lo verdaderamente relevante para la prosperidad de las
pretensiones era demostrar la existencia de un nexo causal entre la actividad sísmica
y las afectaciones alegadas, aspecto que, como se ha expuesto, no fue acreditado de
manera idónea ni suficiente en el proceso.
10) Finalmente, debe destacarse que esta Subsección ya ha tenido la oportunidad de
pronunciarse sobre casos similares a los aquí debatidos, es decir, respecto de daños
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consistentes en afectaciones a terrenos situados en el piedemonte llanero por causa
de las actividades de exploración sísmica realizada por Montecz SA; en esos casos
también se negaron las pretensiones de la demanda por la no demostración del nexo
causal, específicamente en las sentencias del 7 de febrero de 2025, expediente no.
50001-23-33-000-2014-00126-01 (68.723) CP Fredy Ibarra Martínez y del 28 de abril
de 2025 con radicación no. 50001-23-33-000-2014-00128-01 (68.968) CP Alberto
Montaña Plata.
4. Conclusión
No prospera el recurso de apelación presentado por la parte actora, conforme a lo
anunciado, si bien respecto de algunos demandantes se logró acreditar la legitimación
en la causa por activa y la existencia material de ciertas afectaciones, no se demostró
de manera idónea y suficiente el nexo causal entre los daños alegados y la actividad
de exploración sísmica atribuida a la ANH y Montecz SA; en ausencia de este
presupuesto esencial de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado,
no resulta jurídicamente viable acceder a las pretensiones.
5. Condena en costas
De conformidad con el artículo 365, numeral 1, del CGP57, “se condenará en costas
(…) a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación”; no obstante,
es preciso señalar que, en materia de costas, el medio de control de reparación de los
perjuicios causados a un grupo se rige por la norma especial del artículo 65 de la Ley
472 de 199858; con fundamento en esta disposición, esta Subsección ha entendido59
que solo procede la condena en costas cuando la sentencia acoge las pretensiones,
razón por la cual en los fallos absolutorios no hay lugar a su imposición y como en el
presente asunto la decisión se orienta a negar las pretensiones de la demanda, no
habrá lugar a condena en costas en segunda instancia.
57 Norma aplicable en atención a lo decidido por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en
auto del 14 de noviembre de 2024, exp. 69.376, MP José Roberto Sáchica Méndez, en el cual se estableció que,
respecto del trámite de apelación de las sentencias proferidas en el marco del medio de control jurisdiccional de
reparación de los perjuicios causados a un grupo de personas rigen las normas contenidas en el CGP y en la Ley
2213 de 2022 (salvo en lo que atañe a la oportunidad para sustentar el recurso de apelación y la notificación al
Ministerio Público).
58 El artículo 65 de la Ley 472 de 1998, dispone: “La sentencia que ponga fin al proceso se sujetará a las
disposiciones generales del Código de Procedimiento Civil y, además, cuando acoja las pretensiones incoadas,
dispondrá: (…) 5. La liquidación de las costas a cargo de la parte vencida, teniendo en cuenta las expensas
necesarias para la publicación del extracto de la sentencia” (negrillas adicionales).
59 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 17 de octubre de 2025, radicación no. 25000-
23-41-000-2013-01191-01 (70.460), CP Fredy Ibarra Martínez.
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Expediente 50001-23-33-000-2013-00280-01(68.793)
Actor: Evangelista Lavado Rincón y Otros
Reparación de los perjuicios causados a un grupo
Apelación sentencia
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Modifícase la sentencia de primera instancia proferida el 7 de julio de 2022 por el
Tribunal Administrativo del Meta, Sala Sexta Oral, la cual queda así:
“Primero: Declárase de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa
por activa de los demandantes Ángel María Ardila Celis, Luis Evelio Lara
Rodríguez, Bertilda Cruz de Baquero, José Ernesto Díaz Rojas, Flor Mercedes
Mora respecto del inmueble “El Chircal”, Euclides Villamil y Deciderio Celis
Gordillo.
“Segundo: Respecto de los demás demandantes que integran el grupo actor,
niegánse las pretensiones de la demanda.
“Tercero: Sin condena en costas”
2º) Abstiénese de condenar en costas en segunda instancia.
3º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al Tribunal
de origen con las correspondientes constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección
(Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
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