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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-33-000-2014-00128-01

Fecha
28 de abril de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 50001-23-33-000-2014-00128-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 28 de julio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Meta. SEGUNDO: CONDENAR en costas de esta instancia a la parte demandante. La liquidación se hará de manera concentrada en el Tribunal de primera instancia. Por Secretaría, una vez de ejecutoriado este proveído, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 50001-23-33-000-2014-00128-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

28 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 28 de abril de 2025

Radicación: 50001-23-33-000-2014-00128 01 (68968)
Demandantes: Efraín de Jesús Giraldo y otros
Demandados: Agencia Nacional de Hidrocarburos y otros
Referencia: Acción de reparación directa

Temas: reparación directa – daño por omisión – prevención de desastres

Síntesis del caso: se demanda por la afectación de una finca y sus bienes productivos.
Según la demanda, el acumulado de las detonaciones realizadas en actividades de
prospección sísmica afectó la estabilidad de los suelos, que no pudieron soportar el
aumento de las lluvias y causaron la avalancha.

Decide la Sala el recurso de apelación presentado por la parte
demandante en contra de la Sentencia de 28 de julio de 2022, proferida por
el Tribunal Administrativo de Meta, que negó las pretensiones de la
demanda.

Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada –
1.3. Sentencia de primera instancia – 1.4. Recurso de apelación

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 26 de febrero de 2014, Efraín de Jesús Giraldo Giraldo y otros1
presentaron demanda2, en ejercicio de la acción de reparación directa, en
contra de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (la ANH), Ecopetrol S.A., la
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial la
Macarena (Cormacarena), el municipio de Acacías (el Municipio), Montecz
S.A. y Geeko Energy S.A.S., con el fin de que se hiciera la siguiente
declaración (se trascribe):

1 La demanda fue presentada por Efraín de Jesús Giraldo Giraldo y Luz Myriam Mayorga Vega
(esposos), en nombre propio y representación de sus hijos menores Yohan Sebastián, Laura Camila y
Yenfry Carolina Giraldo Mayorga.
2 Folios 35-66 del cuaderno principal. Disponible en el expediente digital, índice 2 Samai.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 50001-23-33-000-2014-00128 01 (68968)
Demandantes: Efraín de Jesús Giraldo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Hidrocarburos y otros
Referencia: acción de reparación directa
Decisión: confirma – niega las pretensiones

“1. Se declare civil, administrativa y solidariamente responsables [a las
entidades demandadas] de la totalidad de los daños, perjuicios materiales, e
inmateriales causados a mis poderdantes como consecuencia de la
ejecución de los programas de prospección sísmica realizados en la vereda
el playón del municipio de Acacías, que dio como origen la destrucción total
de la finca La Primavera, el día 1 de diciembre de 2011, por el deslizamiento y
avalancha de tierra”.

2. Los perjuicios reclamados se resumen así:

Tipo de perjuicio Valor
Daño emergente $2.629.367.250 por el valor de la finca
Daño emergente $232.181.250 el valor de los lagos de piscicultura
Daño emergente $24.000.000 por el valor de las gallinas ponedoras
Lucro cesante $343.153.885 por lo dejado de producir mediante
la venta de pescados
Lucro cesante $97.301.299 por lo dejado de producir mediante la
venta de huevos
Lucro cesante futuro $453.749 por los pescados dejados de producir
Lucro cesante futuro $149.094 por los huevos dejados de producir
Morales 50 salarios mínimos para cada uno de los
demandantes
Alteración a las 50 salarios mínimos para cada uno de los
condiciones de demandantes
existencia

3. La parte demandante narró, en síntesis, los siguientes hechos:

4. Efraín de Jesús y su familia vivían en la finca La Primavera, en la vereda el
Playón, del municipio de Acacías, Meta, donde desarrollaban actividades
agrícolas. El 30 de noviembre de 2011, hacia la medianoche, el inmueble
fue cubierto por una avalancha que destruyó todos los bienes productivos.

5. Según la demanda, desde mediados de 1990, las entidades demandadas
realizaron o permitieron realizar actividades de prospección sísmica en el
sector, pese a la frecuente oposición de la comunidad y actores políticos
del municipio. Las repetidas detonaciones debilitaron el piedemonte
acacireño, lo que finalmente causó el deslizamiento y la pérdida de la finca.

1.2. Posición de la parte demandada

6. Cormacarena contestó la demanda3. Realizó una exposición detallada
de la Ley 99 de 1993 y el Decreto 883 de 1997, en lo relativo a las licencias
ambientales. Sostuvo que la exploración sísmica no causaba factores de
deterioro grave que justificaran la exigencia de una licencia ambiental. Los

3 Folios 262-275 del cuaderno principal.

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Radicación: 50001-23-33-000-2014-00128 01 (68968)
Demandantes: Efraín de Jesús Giraldo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Hidrocarburos y otros
Referencia: acción de reparación directa
Decisión: confirma – niega las pretensiones

“permisos menores” que otorgó, asociados a la actividad, estaban
relacionados con el uso de aguas superficiales.

7. Afirmó que las pruebas aportadas no demostraban que la causa del daño
hubiera sido los trabajos sísmicos. Según el informe técnico del Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el día de los
hechos hubo una cantidad anormal de lluvia y el piedemonte llanero
estaba en alerta naranja por amenaza moderada de deslizamiento. Incluso,
con anterioridad, Cormacarena había realizado advertencias a las
autoridades territoriales en el contexto de la temporada invernal.

8. Destacó que, de acuerdo con la visita que realizó para evaluar el impacto
de los trabajos de prospección sísmica, los fenómenos de remoción en masa
fueron consecuencia de “las pendientes pronunciadas, la geología
tectónica y los depósitos superficiales presentes”, en un contexto de
“intensas lluvias y aumento en el promedio registrado”.

9. La ANH contestó la demanda4. En su concepto, no era cierto que la
prospección sísmica afectara o debilitara el suelo, ni que causara
deslizamientos. Se trataba de una apreciación “subjetiva” y sin sustento
técnico de la parte demandante que no podía “construir un nexo causal”.
Por el contrario, por el bajo impacto ambiental de la actividad no se
requería una licencia ambiental para su desarrollo, ya que las cargas
utilizadas eran pequeñas e indetectables para el ser humano. Destacó,
además, que pasaron más de cinco meses desde la finalización del
programa y la avalancha.

10. Contrario a la tesis planteada en la demanda, sostuvo que lo
demostrado era que la avalancha fue causada por la cantidad anormal de
lluvias, situación verificable en los registros meteorológicos. Lo anterior
constituía la excepción de fuerza mayor por el hecho de la naturaleza.

11. Montecz contestó la demanda5. Afirmó que la avalancha sucedió en el
marco del “fenómeno de La Niña”, que ocurrió entre el 2009 y el 2011. Este
“constituyó un desastre natural de dimensiones extraordinarias e
imprevisibles, superando todos los registros históricos de precipitaciones
conocidos para un período de retorno de cien años”.

12. A su juicio, la parte demandante planteó, sin un “estudio técnico o
científico realizado por un profesional idóneo”, que la causa del daño fueron
las actividades de prospección sísmica, cuando resultaba obvio que el
deslizamiento era atribuible únicamente “a la acción de la naturaleza
potencializada por las condiciones invernales extremas”. Lo anterior podía

4 Folios 344-367 del cuaderno 2.
5 Folios 375-425 del cuaderno 2.

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Radicación: 50001-23-33-000-2014-00128 01 (68968)
Demandantes: Efraín de Jesús Giraldo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Hidrocarburos y otros
Referencia: acción de reparación directa
Decisión: confirma – niega las pretensiones

comprobarse en la Resolución de 5 de mayo de 2015 de Cormacarena, en
la que se enlistaron como causas el aumento de la lluvia, la composición del
suelo, el terreno escarpado y la intervención antrópica intensiva.

13. El Municipio contestó la demanda6. Sostuvo que no tenía legitimación
pasiva en la causa porque las actividades de exploración sísmica fueron
realizadas por Ecopetrol a través de operadores.

14. Afirmó que el nivel de las precipitaciones el día de la avalancha era un
hecho imprevisible e irresistible, lo que configuraba la excepción de fuerza
mayor. De acuerdo con los registros del Ideam, en tres horas cayó más lluvia
que la equivalente a dos semanas en un municipio que se encuentra en el
piedemonte llanero; de ahí que los diferentes ríos arrastraran sedimentos en
una cantidad que ninguna intervención pública hubiera podido detener.

15. Ecopetrol contestó la demanda de forma extemporánea.

16. Geeko Energy no contestó la demanda.

1.3. Sentencia de primera instancia

17. Mediante Sentencia de 28 de julio de 2022, el Tribunal Administrativo de
Meta negó las pretensiones de la demanda7. Indicó que el daño, consistente
en la destrucción de la finca La Primavera, como consecuencia de la
avalancha ocurrida entre la noche del 30 de noviembre y el amanecer del
1 de diciembre de 2011, fue acreditado en el proceso.

18. Se demostró que la vereda El Playón fue clasificada como una zona de
alto riesgo por el PBOT del municipio. Asimismo, que en las inmediaciones de
esta se realizaron trabajos de exploración sísmica que, de acuerdo con el
artículo 8 del Decreto 2820 de 2010, no necesitaban la aprobación de una
licencia ambiental.

19. Respecto de las posibles causas de la avalancha, el tribunal indicó que,
según los registros del Ideam, el 30 de noviembre cayeron 170 mm de lluvia,
lo que constituía “el máximo valor absoluto” para ese mes en toda “la serie
histórica de registros”. La lluvia causó “anegamientos y encharcamientos” e
incrementó considerablemente el nivel del río Acacías.

20. En la Resolución de 5 de mayo de 2015, Cormacarena destacó como
factores que contribuían a la inestabilidad del terreno la composición
arcillosa del suelo que acumulaba gran cantidad de agua, las pendientes
pronunciadas y la geología tectónica. A lo anterior se sumaba “la fuerte

6 Folios 606-631 del cuaderno 2.
7 Folios 1792-1805 del cuaderno del Consejo de Estado.

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Referencia: acción de reparación directa
Decisión: confirma – niega las pretensiones

acción antrópica” por deforestación, el mal manejo de drenajes y la
temporada invernal que atravesaba el país. De acuerdo con el documento,
si bien las actividades sísmicas “pudieron haber contribuido” al
“aceleramiento de procesos erosivos”, Montecz sustentó ante la autoridad
ambiental haber realizado las detonaciones en lugares alejados de los
deslizamientos. Por tanto, la avalancha fue causada por varios factores sin
que fuera posible afirmar con certeza qué incidencia, si alguna, pudo tener
la actividad petrolera.

21. El tribunal se apartó del documento elaborado por el geólogo Jorge
Enrique Chacón —testigo de la parte actora en la inspección judicial—
enfocado en demostrar las causas del deslizamiento. En el estudio se
señalaba que “la lluvia, los sismos naturales y las actividades antrópicas”
eran relevantes en la ocurrencia de fenómenos de remoción en masa. Sin
embargo, según el informe, la lluvia no fue el factor determinante porque no
era extraña en la zona, como si lo era la exploración sísmica. Para el tribunal,
el documento ignoraba el reporte del Ideam en el que destacó las
precipitaciones como “máximo valor absoluto” para el mes de noviembre,
sumado al incremento histórico para ese año. Por tanto, la tesis propuesta
no pasaba “de ser una simple conjetura o afirmación sin soporte probatorio
con la rigurosidad técnico-científica que la situación expuesta” ameritaba.
En consecuencia, la parte demandante no satisfizo la carga de la prueba,
lo que llevaba a negar las pretensiones de la demanda.

1.4. Recurso de apelación

22. La parte demandante interpuso recurso de apelación8. Insistió en que el
daño no podía atribuirse “a las intensas lluvias” porque en la década de 1970
hubo mayor cantidad sin que se produjeran avalanchas. Esto, a su juicio,
descartaba “de plano cualquier circunstancia atribuible al efecto de la
naturaleza” y, por el contrario, demostraba que fue el acumulado de la
exploración sísmica lo que afectó el piedemonte llanero.

23. Sostuvo que en la inspección judicial el tribunal recibió la declaración
del geólogo Jorge Enrique Chacón, quien, de forma clara e inequívoca,
explicó que la lluvia del 30 de noviembre de 2011 “fue intensa, pero de corta
duración y, por tanto, no pudo haber saturado los suelos y generar la
avalancha”. En concepto de la parte actora, el juez de primera instancia no
valoró adecuadamente esta prueba y el documento aportado en la
diligencia.

24. Afirmó que, si bien la vereda el Playón no fue incluida como zona de
riesgo en el POT del año 2010, sí había sido identificada así en el PBOT del
año 2000. Así, las entidades demandadas debieron impedir la prospección

8 Documento “ED_32_AGREGARMEMORIAL_I(.pdf) NroActua 2” del expediente digital.

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Referencia: acción de reparación directa
Decisión: confirma – niega las pretensiones

sísmica en la zona. De hecho, la comunidad se opuso a este tipo de
proyectos y la alcaldía municipal realizó una mesa de trabajo con el fin de
evaluar los impactos de la actividad. En ese sentido, no podía liberarse de
responsabilidad a las entidades demandadas únicamente por el hecho de
que no se requiriera una licencia ambiental, sino que debieron realizar un
estudio “riguroso y extenso sobre las causas y efectos que produce la misma
sísmica en un terreno inestable como lo es el área de influencia de estos
proyectos”.

25. Finalmente, destacó los argumentos contenidos en el salvamento del
magistrado Héctor Enrique Rey Moreno, según el cual, la zona era de alto
riesgo y pese a esto se permitió realizar la prospección sísmica, “el factor
climático no fue determinante”, y la explotación agrícola del predio “era
lícita” y contaba con los permisos correspondientes.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Síntesis de la controversia – 2.2. Análisis sustantivo – 2.3. Condena en costas.

2.1. Síntesis de la controversia

26. La decisión de primera instancia será confirmada porque la Sala
comparte integralmente el análisis realizado por el tribunal. La parte
demandante no demostró que la causa eficiente del daño hubiera sido el
efecto acumulado de las actividades de prospección sísmica. Por el
contrario, está acreditado que en el año 2011 hubo una emergencia
invernal en gran parte del territorio nacional, lo que provocó avalanchas y
deslizamientos en diferentes regiones. También está acreditado que la
composición de los suelos y la topografía del piedemonte llanero lo hacen
propenso a estos fenómenos.

27. La demanda presentada el 26 de febrero de 2014 fue oportuna. El
deslizamiento ocurrió entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2011.
Por tanto, en principio, el término para demandar vencía el 2 de diciembre
de 2013. La solicitud de conciliación extrajudicial9 fue radicada el 28 de
noviembre de 2013, esto es, cuando faltaban 5 días para el vencimiento del
plazo. El trámite se declaró fallido el 26 de febrero de 2014.

2.2. Análisis sustantivo

2.2.1. El daño

28. El daño, consistente en la destrucción de los bienes productivos de la
finca La Primavera, fue acreditado en el proceso. Sobre el hecho, el comité

9 Folios 338-339 del cuaderno 2.

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Referencia: acción de reparación directa
Decisión: confirma – niega las pretensiones

local para la prevención y atención de desastres certificó10 lo siguiente (se
trascribe):

“Efraín Giraldo Giraldo (…) ha sido afectado por el fenómeno de la NIÑA 2010-
2011 por el desbordamiento del río Caño La Unión vereda El Playón, ocurrida
el día 01 de diciembre de 2011, conforme a la visita efectuada por el CLOPAD
al predio identificado con nombre Finca la Primavera (…)
El predio de visita se encuentra ubicado dentro de una de las zonas altamente
afectadas por dicho fenómeno climático (…)
El predio estuvo bajo lámina de agua: SÍ
El predio sufrió una pérdida superior al 95% del área total productiva: SÍ.
(…)”.

29. La afectación reseñada coincide con los testimonios rendidos en la
audiencia de pruebas11 y con el registro video fotográfico de la inspección
judicial12. No obstante, no está demostrado que la causa hubiera sido el
efecto acumulado de la prospección sísmica y que, por tanto, el daño sea
imputable a las entidades y sociedades demandadas.

2.2.2. La temporada invernal del año 2011

30. Está probado que en el año 2011 hubo un aumento muy significativo de
las precipitaciones en el territorio nacional, denominado como El fenómeno
de la Niña. El 20 de mayo de 2011, Cormacarena remitió un informe
preventivo al gobernador “sobre la temporada invernal en el departamento
del Meta”13. En el documento destacó que en el primer semestre ocurrieron
“fenómenos de erosión de gran magnitud, al igual que procesos de
remoción en masa en estado potencial de reactivación”. Que los
deslizamientos no podían predecirse, pero que se reunían “todas las
condiciones para que se generara su reactivación: altas pendientes, suelo
residual expuesto y lluvias copiosas”. Por lo anterior, pidió que se elevara “el
grado de alerta en los municipios” del piedemonte llanero.

31. El 27 de mayo de 2011, Cormacarena remitió una comunicación al
alcalde de Acacías en la que indicó que los municipios del departamento
habían sufrido “emergencias considerables” como consecuencia de la
temporada invernal, la cual era previsible que se prolongara. Por tanto, que
podían realizarse las obras de protección necesarias para “el control de
emergencias o la mitigación de los riesgos”, con la posibilidad de solicitar los
permisos ambientales con posterioridad a su finalización14.

32. El 1 de septiembre de 2011, Cormacarena envió una nueva
comunicación al alcalde de Acacías. El documento reseñó, de acuerdo

10 Folio 217 del cuaderno principal.
11 CDs a folios 881 y 950 del cuaderno 3.
12 CD del folio 849 del cuaderno 3.
13 Folios 296-297 del cuaderno principal.
14 Folio 300 del cuaderno principal.

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con el pronóstico del Ideam, que iniciaría una segunda temporada de lluvias
en septiembre, que “podría superar los niveles o valores medios de la
época”. Que el fenómeno afectaría “sobretodo al piedemonte llanero”, por
lo que debía priorizarse las obras de mitigación y los sistemas de alerta
temprana “en las zonas susceptibles a riesgo por inundación o
deslizamiento”15.

33. Tras la avalancha que inundó el inmueble de los demandantes, el
alcalde profirió el Decreto 23816 de 1 de diciembre de 2011, mediante el cual
declaró la urgencia manifiesta. En la motivación del acto destacó que la
noche del 30 de noviembre y el amanecer del 1 de diciembre de 2011 “un
fuerte aguacero” afectó “notoriamente las cuencas de los ríos Sardinata,
Acaciitas, Acacías, el Playón y las quebradas las Blancas”. Que, como
consecuencia, se produjo el desbordamiento de quebradas en la zona alta
del municipio y avalanchas por represamientos. Que hubo inundaciones en
muchos barrios y veredas, árboles caídos, colapso de la infraestructura del
acueducto y destrucción de cultivos y lagos.

34. El 1 de diciembre de 2011, Cormacarena realizó un informe de los daños
ocurridos en el departamento, especialmente en el municipio de
Villavicencio y Acacías, como consecuencia de “las fuertes precipitaciones
presentadas en la madrugada del 1 de diciembre de 2011”17. En el
documento registró en imágenes el estado del casco urbano, las veredas y
los ríos. Respecto del municipio de Acacías identificó como causa de las
afectaciones las fuertes lluvias del 1 de diciembre de 2011.

35. Los documentos referidos son contrastables con los informes técnicos del
Ideam, de 30 de noviembre y 1 de diciembre de 201118, en los que se hizo el
pronóstico de lluvias para las diferentes regiones y el alto riesgo en que se
encontraba buena parte del país. En el primero, publicado antes del
deslizamiento, se calificó en alerta naranja el departamento de Meta, con
pronosticó de “amenaza moderada a alta por deslizamientos de tierra en
áreas inestables en [el municipio] de Acacías”.

36. Sobre el registro pluviométrico del día de los hechos, el Ideam presentó
un informe19 en este proceso. Según el documento, el 30 de noviembre de
2011 “se registró una precipitación de 170 mm, la cual, además de ser de
gran valor, pasó a ser el máximo valor absoluto para el mes de noviembre
de toda la serie histórica de registros de la estación de Acacías, superando
un registro de 160 mm” de 1975. Lo anterior causó “anegamientos y
encharcamientos en varios sectores del municipio” lo que, sumado a las

15 Folio 838 del cuaderno 3.
16 Folios 134-138 del cuaderno principal.
17 Folios 801-814 del cuaderno 3.
18 Folios 910-913 del cuaderno 3.
19 Folios 884-886 del cuaderno 3.

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precipitaciones acumuladas en el mes, provocaron el crecimiento del río
Acacías y fenómenos de “lluvia escorrentía (esto es, el escurrimiento de
agua sobre la superficie del terreno, la cual no se infiltra debido al estado de
saturación)”.

2.2.3. Actuaciones administrativas relativas al impacto de la exploración
sísmica en la región

37. El 17 de septiembre de 2013, Cormacarena realizó una “visita técnica de
control y seguimiento con el fin de evaluar los procesos erosivos causados
presuntamente por el proyecto de exploración sísmica Llanos 36-3D de la
empresa MONTECZ S.A.”20. Tras realizar el recuento de los antecedentes del
trámite administrativo y ubicar geográficamente los lugares en donde se
realizaron las detonaciones, el documento precisó que los riesgos naturales
de la zona estaban asociados a “fenómenos de inundación, remociones en
masa y sismos, que son los de mayor ocurrencia en el departamento del
Meta". Otros factores de riesgo en la cordillera eran “el deterioro ambiental
como deforestación en detrimento de la vegetación primaria, y erosión,
debido a las actividades humanas (tala y quema) principalmente”.
Asimismo, suelos con pendientes elevadas (de 25% a 75%), que, “privados
de su cubierta vegetal quedan expuestos a la escorrentía causada por
abundante lluvia y son afectados por escurrimientos difusos y concentrados
que tienden a remover la fracción fina, y generan surcos y cárcavas”.

38. Posteriormente, en la visita realizada el 28 de enero de 2015 21,
Cormacarena concluyó que Montecz había cumplido con las distancias
mínimas para realizar los trabajos de exploración sísmica. Sin embargo, que
no era posible verificar si estos causaron fenómenos erosivos. Finalmente,
mediante la Resolución 609 de 5 de mayo de 2015, declaró cumplidas las
obligaciones ambientales que había impuesto a Montecz en lo relativo al
uso de aguas y otros permisos menores para la actividad de prospección
sísmica22. En el acto acogió el concepto técnico de 28 de enero de 2015,
elaborado por la Subdirección de Gestión y Control Ambiental a raíz de las
quejas presentadas por la comunidad. En el documento se reiteraron todas
las características del suelo que lo hacían propenso a fenómenos de
remoción en masa, así (se trascribe):

“Geológicamente, en la zona se presentan rocas del paleozoico,
correspondientes al grupo Güejar, constituidas por lulitas, limolitas, arcillolitas,
calizas y areniscas, rocas del cretáceo; así como depósitos de laderas y suelos
residuales. Esta situación hace que se presenten condiciones de inestabilidad
de laderas asociadas a la condición litológica.
Geomorfológicamente, se presentan laderas degradaciones con frecuencia
de coluviones; igualmente, las precipitaciones mantienen el suelo saturado,

20 Folios 455-474 del cuaderno 2.
21 Documento 47 del CD del folio 846 del cuaderno 3.
22 Folios 481-497 del cuaderno 2.

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siendo el suelo otro factor determinante y potencial generador de
inestabilidad.
En virtud de lo anterior, se determina entonces que la zona donde se llevó a
cabo el proyecto de exploración sísmica, debido a sus condiciones
intrínsecas: presencia de pendientes pronunciadas, a la geología tectónica,
geomorfología y a los depósitos superficiales presentes, es susceptible de
generar fenómenos de inestabilidad. Ahora bien, la fuerte acción antrópica
contribuye de manera negativa acelerando y/o generando nuevos procesos
de inestabilidad; como acción antrópica se entiende la deforestación, el uso
inadecuado del suelo, y el mal manejo de drenajes”.

2.2.3. Inspección judicial

39. En la inspección judicial realizada en el proceso23, consistente en la visita
a la finca La Primavera, la parte demandante, la ANH y Montecz designaron,
cada uno, un testigo. Si bien el tribunal les atribuyó la calidad de testigos
técnicos, lo cierto es que no lo son porque no tuvieron conocimiento directo
de los hechos. En ese sentido, la Sala valorará las declaraciones de estas
personas como opiniones expertas24 realizadas en el marco de la diligencia.

40. Los tres testigos reconocieron como “factor detonante” o inmediato del
deslizamiento el aumento de las lluvias. Sin embargo, el geólogo Jorge
Chacón, designado por la parte demandante, reiteró la tesis de la
demanda, en el sentido de que la exploración sísmica fue el factor más
relevante en la producción del resultado. A su juicio, las repetidas
detonaciones modificaron la composición de los acuíferos causando
filtraciones de agua, lo que generaba movimientos de suelo. Además,
afirmó que en la década de 1970 hubo una mayor cantidad de
precipitaciones sin causar avalanchas. Por tanto, en su criterio, debía
concluirse que fue la introducción de esa práctica la que modificó las
condiciones del suelo y determinó el resultado.

41. Por el contrario, los testigos de la ANH y Montecz afirmaron que la causa
principal fue el aumento de las lluvias y la geomorfología propia del lugar,
incluidos los sismos frecuentes. Señalaron que estos eran los elementos
“constatables”, aunque, por supuesto otra serie de factores podían
acumularse en el tiempo, en especial los relacionados con la acción
antrópica, como la deforestación, el tráfico de vehículos, el uso
agropecuario del suelo, entre otros. Así, aunque era posible mediante un
encadenamiento lógico realizar una “conjetura” o “elucubración” respecto
de la incidencia de la prospección sísmica, lo cierto es que lo único
verificable eran los factores inicialmente anotados.

23 CD del folio 849 del cuaderno 3.
24En el desarrollo de la inspección judicial los declarantes se identificaron ante el tribunal como
geólogos mediante la presentación de su tarjeta profesional.

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Radicación: 50001-23-33-000-2014-00128 01 (68968)
Demandantes: Efraín de Jesús Giraldo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Hidrocarburos y otros
Referencia: acción de reparación directa
Decisión: confirma – niega las pretensiones

42. El testigo de Montecz expuso, además, que cada vez que la empresa
causaba un daño en la actividad, respondía con base en un registro
fotográfico previo a la detonación. Refirió que los trabajos de sísmica se
realizaban con un explosivo denominado Sismigel, que reemplazó la
dinamita, y reducía el impacto ambiental porque concentraba mejor la
energía. Añadió que en los llanos el suelo tenía “muy buena respuesta”, por
lo que se utilizaban cargas relativamente pequeñas.

43. Las versiones ofrecidas por los testigos de las demandadas fueron claras
y coherentes con los demás documentos aportados al proceso sobre la
temporada invernal y las particularidades geológicas de la región. Asimismo,
con el artículo científico denominado “Exploración geofísica y medio
ambiente”25, elaborado por el ingeniero civil Alberto Sarria Molina26, en el
que se indica que la exploración sísmica es una actividad de bajo impacto
(se trascribe):

“La carga de sismigel que se emplea como fuente de perturbación rara vez
llega a 5 kg, con valores más frecuentes en el orden de los 3.5 kg (…) estos
datos son muy importantes pues dan una idea de que tan pequeñas cargas
detonadas en perforaciones con profundidades similares a 10m no pueden
producir daños como los que se mencionan en algunos ambientes críticos del
tema, porque simplemente no disponen de la energía para ello”.

44. Respecto de potenciales deslizamientos, precisó (se trascribe)

“Han surgido inquietudes sobre el efecto de los disparos de exploración en la
estabilidad local de laderas empinadas. Se sabe que suelos mal consolidados
y muy húmedos en condiciones estáticas tienen un coeficiente de seguridad
al deslizamiento que resulta crítico frente a una determinada pendiente con
respecto a la horizontal. Si dicho ángulo se sobrepasa hay posibilidades de
desplazamientos en masa de proporciones de la ladera. Laderas con ángulos
similares pero inferiores al crítico son potencialmente inestables frente al
sacudimiento inducido por sismos localmente intensos, como lo demostró el
sismo de Páez de junio de 1994, en el cual ocurrieron deslizamientos
generalizados que generaron avalanchas con elevado saldo de víctimas y
una impresionante destrucción.
Es posible que en condiciones de equilibrio similar al crítico una perturbación
puramente local como el disparo genere un pequeño deslizamiento si se
toma en cuenta que el relativamente pequeño espesor de los suelos como
los anotados posiblemente no favorezca la ejecución de perforaciones con
profundidad similar a 10m. Una profundidad menor ayuda a confirmar el
riesgo de deslizamiento local. Lo que no puede presuponerse es que el disparo
sirva de generador a un deslizamiento de grandes proporciones”.

45. Por lo expuesto hasta aquí, la Sala concluye, en idéntico sentido del
tribunal, que la parte demandante no demostró que los trabajos de
exploración sísmica hubieran sido la causa de la avalancha que destruyó los

25 Folios 475-480 del cuaderno 2.
26 La hoja de vida que acredita la experiencia en la materia fue aportada junto con el artículo en

mención. Folios 431-451 del cuaderno 2.

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Radicación: 50001-23-33-000-2014-00128 01 (68968)
Demandantes: Efraín de Jesús Giraldo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Hidrocarburos y otros
Referencia: acción de reparación directa
Decisión: confirma – niega las pretensiones

bienes productivos de los demandantes. La tesis propuesta por la parte
actora —en la demanda, en la inspección judicial y en un documento
aportado como soporte por el testigo tras la diligencia27— se funda en una
larga elaboración causal que atribuye un peso desproporcionado y no
acreditado a la prospección sísmica, relegando a un segundo plano
factores cuya incidencia inmediata se encuentra demostrada, como la
temporada invernal, la composición y la morfología del suelo. En un caso en
que se demandó por daños causados por la misma avalancha, la
Subsección concluyó (se trascribe):

“En esos términos, la Sala no evidencia que exista un nexo causal
debidamente comprobado entre la actividad de exploración sísmica
atribuida a Montecz SA, Geeko Energy SAS y Ecopetrol SA y los daños
alegados en la demanda, por el contrario, existen relevantes y específicas
dudas sobre la influencia de dicha actividad respecto del hecho de la
avalancha del 1 de diciembre de 2011 que provocó la desestabilización de
los terrenos del inmueble ‘Las Delicias’, esto es aún más relevante
considerando que la causa más probable y detonante del siniestro se refiere
a la intensidad de las lluvias que cayeron sobre el sector como resultado del
fenómeno de La Niña que tuvo lugar a finales de ese año”28.

46. En relación con los reparos fundados en el salvamento de voto de uno
de los magistrados en primera instancia, basta reiterar, de acuerdo con las
pruebas reseñadas hasta aquí: i) que la parte recurrente no demostró que
la actividad de prospección sísmica tuviera el impacto que le atribuye; ii)
que el factor climático sí fue determinante como consta en los registros del
Ideam y en el contexto de emergencia climática que atravesaba todo el
país, y; iii) que la licitud de una actividad agrícola no implica que no tenga
un impacto ambiental o que sea invulnerable ante los fenómenos de la
naturaleza.

47. La Sala no pasa por alto que las actividades petroleras generan
impactos ambientales y, con frecuencia, resistencia de la comunidad29. Sin
embargo, el hecho de que se formulen peticiones y denuncias relativas a
una actividad podría probar, en el mejor de los supuestos, una falla del
servicio por omisión, en cuanto se acredite que la administración no atendió
oportunamente los requerimientos. No puede, en cambio, demostrar la
causalidad, que en este caso requería de un elevado rigor técnico y, en su
ausencia, impone negar las pretensiones de la demanda.

27 Folios 951-959 del cuaderno 3.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia

de 7 de febrero de 2025, exp. 68723. Con aclaración de voto del magistrado Martín Bermúdez Muñoz.
29 En el presente asunto, algunos concejales del municipio presentaron peticiones y solicitudes ante

las autoridades ambientales y mineras en oposición al proyecto. Folios 108-110 del cuaderno principal.
También un ciudadano presentó una queja ante Cormacarena, que llevó a la entidad a realizar la
evaluación de la forma en que se estaba realizando la exploración sísmica (documento 20 del CD
del folio 846 del cuaderno 3). Algunas juntas de acción comunal acudieron a la Procuraduría
Ambiental Agraria del Meta con similares preocupaciones (folios 122-123 del cuaderno principal).

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Radicación: 50001-23-33-000-2014-00128 01 (68968)
Demandantes: Efraín de Jesús Giraldo y otros
Demandado: Agencia Nacional de Hidrocarburos y otros
Referencia: acción de reparación directa
Decisión: confirma – niega las pretensiones

2.3. Condena en costas

48. De acuerdo con el artículo 188 del CPACA, y el artículo 365.3 del CGP,
se condenará a la parte demandante, pues se confirmará integralmente la
decisión de primera instancia. El tribunal de origen liquidará la condena en
costas de manera concentrada de acuerdo con el artículo 366 del CGP.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 28 de julio de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Meta.

SEGUNDO: CONDENAR en costas de esta instancia a la parte demandante.
La liquidación se hará de manera concentrada en el Tribunal de primera
instancia.

Por Secretaría, una vez de ejecutoriado este proveído, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado

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