Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04714-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-04714-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-04714-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
31 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-04714-00
Demandante LIBIA MARGARITA MONTOYA ZAPATA
Demandada CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial. Medio de control de
reparación directa. Condena en costas en sentencia de segunda
instancia. Víctimas de graves violaciones a derechos humanos.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por la señora Libia Margarita Montoya Zapata, de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 29 de julio de 2025, la señora Libia Margarita Montoya Zapata instauró acción
de tutela, mediante apoderado judicial, contra el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia
de 7 de febrero de 2025, proferida en la segunda instancia del medio de control de
reparación directa 05001-23-33-000-2018-00148-01, específicamente lo relacionado
con el numeral segundo de dicha providencia referente a la condena en costas.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«1. Solicito se tutelen los Derechos Fundamentales al debido proceso y acceso a la justicia
de los demandantes, en consecuencia, se revoque la sentencia del Consejo de Estado,
proferida el 7 de febrero de 2025 notificada en la misma fecha, en lo que se ordenó a la
parte demandantes (sic) asumir la condena en costas a la parte demandante.
2. Como consecuencia de lo anterior ruego que ordene dejar sin efectos la decisión de
segunda instancia proferida por Consejo de Estado dentro del proceso radicado número
05001-23-31-000-2018-00148-01 (71.697) en su numeral segundo del fallo, en relación
con la condena en costas».
2. Hechos
Del expediente, los hechos relevantes son los siguientes:
2.1. Los señores Libia Margarita Montoya Zapata y otros interpusieron medio de
control de reparación directa contra la Nación, Presidencia de la República,
Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y la Policía
Nacional.
Solicitaron que se declarara la responsabilidad administrativa de las
demandadas por los perjuicios materiales y morales causados a los
demandantes con el secuestro, tortura física y psicológica, tratos crueles y
degradantes y la muerte de Jorge Luis Betancur Buitrago y Carlos Mario
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Demandante: Libia Margarita Montoya Zapata
Gómez Atehortúa, así como el subsiguiente desplazamiento forzado de sus
familiares de la vereda Berracal del municipio de Guarne (Antioquia), por las
ACCU-AUC-Bloque Metro.
2.2. Del asunto conoció en primera instancia el Tribunal Administrativo de
Antioquia (Expediente 05001-23-33-000-2018-00148-00).
El 17 de abril de 2024, la Sala Sexta de Decisión del referido Tribunal profirió
sentencia de primera instancia. En esta se declaró probada la excepción de
caducidad y se desestimaron las pretensiones de la demanda porque se probó
que la muerte de Jorge Luis Betancur Buitrago y Carlos Mario Gómez
Atehortúa ocurrió el 5 de septiembre de 2002 y los habitantes conocían y eran
conscientes de las omisiones de la Fuerza Pública en el momento de los
hechos.
El tribunal consideró que el término de caducidad de dos (2) años empezó a
correr desde el día siguiente a la muerte de las víctimas y, como la demanda
fue presentada el 5 de diciembre de 2017, resultaba inoportuna pues ya se
había configurado el fenómeno de la caducidad.
Respecto de la situación de desplazamiento forzado que sufrieron los
accionantes, consideró probado que desde el año 2006 lograron una relativa
estabilidad porque los paramilitares llegaron a acuerdos de paz con el
Gobierno Nacional, razón por la cual a partir de ese momento los
demandantes tuvieron la posibilidad de acudir a la administración de justicia.
Sin embargo, presentaron la demanda en el año 2017.
Finalmente, indicó que la parte actora no acreditó la existencia de alguna
circunstancia excepcional para aplicar un término de caducidad distinto al
legalmente establecido.
2.3. Los demandantes interpusieron recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia.
2.4. El 7 de febrero de 2025, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B profirió sentencia de segunda instancia en la que confirmó la decisión
apelada por razones semejantes a las expuestas en primera instancia.
Adicionalmente, condenó en costas de la segunda instancia a la parte actora
en favor de las entidades demandadas. Al respecto, indicó lo siguiente:
«En los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 (numeral 3) del CGP, como se
desestimó el recurso de apelación de la parte demandante, esta asumirá las costas
procesales de la segunda instancia, las cuales deberán ser liquidadas en forma concentrada
por el tribunal de primera instancia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 y 366
del CGP».
3. Fundamentos de la acción
La parte actora argumentó que se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales. Específicamente sobre la
relevancia constitucional, manifestó que se vulneraron los derechos fundamentales
al acceso a la administración de justicia y al debido proceso dada la aplicación
restrictiva del artículo 188 del CPACA frente a la condena en costas. Más aún
cuando los demandantes, a quienes se les impuso dicha condena, son víctimas de
graves violaciones a los derechos humanos.
Sostuvo que en los eventos en que se ventile un interés público no habrá lugar a la
imposición de costas. Esto sucede en el caso, pues acorde con el Acto Legislativo
01 de 2017 es de interés público el resarcimiento a las víctimas del conflicto armado.
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La parte actora también argumentó que la autoridad judicial accionada incurrió en
los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente judicial, por las razones
que a continuación se expondrán.
3.1. Defecto sustantivo: la parte actora consideró que el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B aplicó incorrectamente las normas relativas a
la condena en costas. Reprochó que el único sustento para su interposición
fue la desestimación del recurso de apelación sin consideración de lo
dispuesto en el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso (en
adelante CGP).
También indicó que la autoridad judicial no tuvo en cuenta que el grupo familiar
demandante es víctima de graves violaciones de derechos humanos y, por lo
tanto, debía aplicar la excepción consagrada en el artículo 188 del CPACA.
Manifestó que en el expediente se aportaron diversas pruebas que
demostraban que el municipio de Guarne era controlado por el grupo al
margen de la ley victimario de los demandantes, en el marco del conflicto
armado interno, para el momento en el que tuvo lugar la masacre. Sostuvo
que se acreditó que el grupo paramilitar tenía el control en el municipio, por lo
que los demandantes debieron enfrentarse al desplazamiento forzado.
Aseguró que, aunque en este caso la decisión no fue de fondo porque operó
la caducidad del medio de control, no se desestimó la causa, no se estableció
que no había fundamento para demandar ni que la demanda fuese temeraria.
Afirmó que el juez de segunda instancia no indicó cuáles elementos de prueba
acreditaban la causación de las costas en segunda instancia y por qué, en
criterio de la autoridad judicial, en el caso no es aplicable la excepción del
artículo 188 del CPACA ni el precedente de la Corte Constitucional en la
sentencia SU-241 de 2024.
3.2. Desconocimiento del precedente judicial: la accionante consideró que en
el fallo de segunda instancia se desentendió lo determinado por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-241 de 2024. Allí se explicó que el artículo
188 del CPACA contiene una excepción a la regla general en materia de
condena en costas, la cual aplica en casos donde se ventile un interés público,
como lo son aquellos relacionados con el resarcimiento a las víctimas del
conflicto armado.
También enfatizó en el carácter vinculante de la jurisprudencia constitucional
y la prevalencia del precedente constitucional citando la sentencia T-292 de
2006, según la cual la ratio decidendi de las sentencias de la Corte
Constitucional tienen fuerza y valor de precedente para todos los jueces en
sus decisiones.
4. Trámite e intervenciones
4.1. Mediante auto del 4 de agosto de 2025, se requirió a la parte accionante para
que aclarara quiénes actuaban como accionantes en la acción de tutela y
allegara los respectivos poderes especiales, en consideración a que en el
escrito de tutela se mencionó que esta era presentada por la señora Libia
Margarita Montoya Zapata y otros.
4.2. La parte actora allegó memorial en el que aclaró que la única accionante era
la señora Libia Margarita Montoya Zapata y se allegó el poder especial
conferido.
4.3. Mediante auto del 20 de agosto de 2025, se admitió la acción de tutela
interpuesta por la señora Libia Margarita Montoya Zapata contra el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B.
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A su vez, se ordenó notificar a los demandantes del medio de control de
reparación directa, al Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y Policía
Nacional, al Ministerio del Interior y a la Presidencia de la República
(autoridades que actuaron en calidad de demandadas dentro del proceso de
reparación directa), al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de
Decisión Oral y a los demás demandantes, demandados y terceros con interés
que actuaron dentro del medio de control 05001-23-33-000-2018-00148-00/01; se
reconoció al abogado de la parte actora como su apoderado judicial; y se
dispuso efectuar las notificaciones correspondientes.
4.4. La Policía Nacional manifestó que la pretensión de la tutelante no se origina
en una acción u omisión que le sea atribuible. Por el contrario, la accionante
solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia presuntamente vulnerados por parte del
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, toda vez que tal
autoridad (i) confirmó la declaratoria del fenómeno jurídico de caducidad
dispuesto por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión
en sentencia de primera instancia del 17 de abril de 2024 y (ii) condenó en
costas, dentro del medio de control de reparación directa.
Sostuvo que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B no es una
entidad vinculada ni dependiente de la Policía Nacional y que tiene su propia
regulación. Por consiguiente, consideró que no es posible jurídicamente
subrogar la esfera de competencias de otros organismos y funcionarios del
Estado a la Policía Nacional.
Finalmente, solicitó su desvinculación de la presente acción de tutela por falta
de legitimación en la causa por pasiva.
4.5. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B manifestó que en la
forma y términos en los que se formuló la petición de amparo esta es
manifiestamente improcedente e infundada. Indicó que no se cumple con la
exigencia jurisprudencial de relevancia constitucional, puesto que uno de sus
elementos es que la acción de tutela verse sobre un asunto constitucional,
pero no meramente económico o legal y no se use para discutir la simple
inconformidad o discrepancia que el actor tenga frente a una determinada
decisión judicial.
Afirmó que la controversia propuesta por la actora gira en torno a la forma en
que se debía interpretar y aplicar los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP
por considerar que no había lugar a la imposición de condena en costas.
Sostuvo que la discusión propuesta se circunscribe a aspectos de mera
legalidad sobre las normas que rigen la condena en costas y atañe a
repercusiones de contenido meramente económico, puesto que lo pretendido
por la actora es ser exonerada de la obligación de pagar los gastos y expensas
en los que incurrieron las entidades demandadas en el proceso ordinario. Tal
discusión no trasciende al plano constitucional ni se relaciona con una
afectación directa de derechos fundamentales.
Hizo alusión a las sentencias SU-573 de 2019 y SU- 215 de 2022 para señalar
que el asunto carece de trascendencia constitucional por tener un carácter
eminentemente patrimonial y económico que ya fue tratado por el juez natural
de la causa. Por lo que no se vulneraron los derechos fundamentales de la
actora y debe declararse la improcedencia de la acción ejercida.
4.6. El Ministerio de Defensa sostuvo que en la providencia atacada no se
configura ninguno de los vicios o defectos de procedencia excepcional de la
acción de tutela contra providencias judiciales. Afirmó que se trata de una
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decisión judicial ajustada a postulados legales y que por modo alguno puede
asemejarse a un error o desconocimiento jurídico.
Aseguró que no es posible interpretar el artículo 188 del CPACA en la forma
en que la actora lo pretende, pues este dispone efectivamente una excepción
y es cuando se ventile un interés público, lo cual se traduce en asuntos como
acciones populares o procesos de nulidades simples, donde no se persigue
un interés particular. Indicó que los procesos de reparación directa no buscan
la satisfacción de un interés público, sino la reparación de perjuicios
particulares, personales y directos causados por una acción, omisión o
extralimitación de un agente del Estado.
Señaló que la parte accionante equivocadamente entiende que la excepción
reseñada le resulta aplicable. Aquella busca que se revoque vía tutela la
condena en costas en su contra, aduciendo una inexistente vulneración de
sus derechos fundamentales, pues ni el tenor literal ni la interpretación
jurisprudencial eximen de su imposición por condiciones particulares de tipo
económico.
Describió brevemente la no configuración de los defectos pues el funcionario
sí era competente para emitir la decisión, se actuó conforme las etapas
previstas en la Ley 1437 de 2011, hubo un total apoyo y valoración del
material probatorio allegado al expediente, no se presentó error inducido por
ninguna de las partes, la decisión está suficientemente motivada y se
emplearon las normas del CPACA y CGP en relación con la imposición de
condena en costas.
Añadió que la accionante busca reabrir debates culminados que estuvieron
enmarcados en el respeto y observancia del debido proceso, a fin de lograr
una tercera instancia, lo cual se encuentra proscrito por la misma Corte
Constitucional en cada uno de sus pronunciamientos.
Finalmente, solicitó no revocar la decisión de segunda instancia y que se
declare la improcedencia de la acción de tutela.
4.7. El Tribunal Administrativo de Antioquia manifestó que se abstiene de efectuar
pronunciamiento respecto de la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la justicia de los demandantes,
por la condena en costas en la sentencia de segunda instancia. Señaló que
solo le corresponde revisar y eventualmente aprobar la liquidación de costas
que realice la Secretaría del Tribunal. Adicionalmente, allegó el enlace del
expediente ordinario.
4.8. El Ministerio del Interior sostuvo que no es la entidad pública que
presuntamente vulneró los derechos fundamentales que alegan los
accionantes. Indicó que se configura su falta de legitimación en la causa por
pasiva, pues no existe nexo causal entre la presunta vulneración y alguna
acción u omisión de su parte.
Asimismo, manifestó que las decisiones judiciales son competencia exclusiva
de la Rama Judicial, conforme al principio de separación de poderes
consagrado constitucionalmente. Por lo que no tiene competencia para
revisar, revocar o intervenir en determinaciones judiciales, que desborden sus
competencias. Por lo expuesto, solicitó que se le desvinculara de este trámite
ante su ausencia de responsabilidad.
4.9. La Presidencia de la República solicitó (i) que se desvincule del proceso por
falta de legitimación en la causa por pasiva; (ii) que se declare improcedente
la acción por inexistencia de vulneración a los derechos fundamentales
invocados por la accionante; y (iii) que se nieguen las pretensiones respecto
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suyo, en razón a que no puede interferir en las decisiones tomadas por el
despacho judicial accionado ni realizar ninguna gestión en cuanto a las
sentencias que narra la accionante.
A su vez, afirmó que no hace parte, ni ha realizado actuaciones en el medio
de control que suscitó la tutela. Señaló que los poderes del Estado están
separados y equilibrados para evitar la concentración de poder en una sola
persona o institución. La Rama Judicial es independiente y tiene la autoridad
para interpretar y aplicar las leyes; sus decisiones son vinculantes y deben ser
respetadas por todos los ciudadanos, incluida la Presidencia. Aseguró que la
independencia judicial es fundamental para garantizar el Estado de Derecho
y la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos.
Indicó que no tiene ninguna función en el asunto, razón por lo cual existe una
falta de legitimación por pasiva. Finalmente, sostuvo que no se observa
alguna acción u omisión que vulnere derechos fundamentales en el presente
caso.
5. Del sorteo de conjuez
Por auto del 10 de octubre de 2025 el despacho ponente ordenó el sorteo de un
conjuez para integrar el cuórum decisorio, considerando que proyecto de sentencia
no alcanzó la mayoría requerida para su aprobación1.
Para tal fin, en diligencia del 14 de octubre de 20252 fue designada como conjuez
la Dra. Adriana María Guillén Arango. No obstante lo anterior, en nueva discusión
de la Sala se dispuso desplazar a la mencionada conjuez por lograr acuerdo
mayoritario sobre la decisión a adoptar.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas cortes
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales
y especiales que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen
de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para
no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de
1
Samai, índice 31.
2
Samai, índice 35.
3
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
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legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al
debido proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales
exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes.
Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte
Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la acción de
amparo es más restrictiva debido a que estas corporaciones son las encargadas de
unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que los principios
de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Es así como, la
Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional para admitir la
procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada debe contener un
error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con la
Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.
Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales
especiales de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia
judicial acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución
Política y sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.
3. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, y por tratarse de una acción de
tutela contra providencia judicial, corresponde a la Sala establecer si se cumple a
cabalidad con los requisitos generales de procedibilidad.
En caso de superar dicho análisis, se determinará si el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento del
precedente judicial al proferir la sentencia del 7 de febrero de 2025 en el medio de
control de reparación directa 05001-23-33-000-2018-00148-01.
4. Sobre la acreditación de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales
Se estima pertinente indicar que el caso bajo estudio reviste relevancia
constitucional, en la medida en que se invoca la protección de los derechos
fundamentales de los accionantes, quienes afirmaron ser víctimas de graves
violaciones de derechos humanos.
Lo anterior se fundamenta en el presunto desconocimiento de normas y del
precedente jurisprudencial en cuanto a la condena en costas aplicable a estos
casos. Situación que incide de manera directa en la garantía de acceso a la
administración de justicia y el derecho al debido proceso.
Adicionalmente, no podría entenderse que la tutela se está empleando como una
instancia adicional pues, si bien fue la tutelante quien ejerció el recurso de apelación
contra la decisión de primera instancia, en lo referente a las costas no hubo reproche
alguno en tal recurso, ya que en tal providencia no se condenó en costas. De
manera que los presuntos errores de la sentencia de segunda instancia sobre la
imposición de costas no pudieron ser alegados en el curso del medio de control,
pues solo hasta que se profirió esa decisión estos fueron advertidos.
Por otra parte, la acción de tutela también satisface los demás presupuestos
generales de procedibilidad en tanto que: (i) fue interpuesta dentro de un plazo
razonable, considerando que a efectos de notificar la providencia acusada se remitió
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a las partes correo electrónico el 26 de febrero de 2025 y la acción se radicó el 29
de julio de 2025; (ii) la parte actora no cuenta con otro mecanismo judicial ordinario
o extraordinario idóneo para la protección efectiva de sus derechos; (iii) en el escrito
de tutela se describen de manera clara y suficiente los hechos, las pretensiones y
los argumentos que la respaldan; y (iv) no se trata de una acción de tutela contra
sentencia de tutela.
5. Alcance del defecto sustantivo y del desconocimiento del precedente
judicial
5.1. Los cargos por defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial
serán estudiados de manera conjunta, porque refieren a la aplicación e
interpretación de los artículos que regulan la condena en costas para la
pretensión de reparación directa y a la jurisprudencia que le ha dado alcance.
5.2. El defecto sustantivo es un vicio relacionado con la interpretación y aplicación
de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico para decidir un caso
concreto, que debe analizarse por el juez de tutela si tiene una incidencia
directa en la decisión y lesiona derechos fundamentales.
La jurisprudencia constitucional ha considerado que este defecto se produce
cuando: (i) la providencia carece por completo de fundamento jurídico, por
ejemplo, si toma una decisión con base en normas inexistentes o
inconstitucionales4; (ii) la norma aplicada requería una interpretación
sistemática con otras normas, pero el juez soslayó su estudio5; (iii) la norma
que se empleó es constitucional, pero inaplicable al caso concreto6; (iv) la
providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la
decisión7; (v) la interpretación de la norma aplicada, desconoce sentencias con
efectos erga omnes8; (vi) la normas no son interpretadas con enfoque
constitucional9; (vii) el precedente judicial fue desconocido sin ofrecer
explicación razonable10; y (viii) el juez de la causa se abstiene de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad ante una norma que desconoce de manera
flagrante y evidente la Constitución Política, siempre que se solicite la
aplicación de esta figura por algunas de las partes11.
A su vez, el precedente judicial alude a que un caso similar ya ha sido resuelto
en el pasado y sirve como referente para que se decidan otros conflictos
semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el
juez al momento de decidir el nuevo caso.
Para la Sala es posible plantear la transgresión del precedente si se
demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan
identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación
(existencia del precedente); (ii) que tales decisiones (precedentes) sean
vinculantes para la autoridad judicial demandada, tanto por ser el precedente
vigente, como por tener la fuerza vinculante suficiente (vinculatoriedad); (iii)
que la decisión judicial que se cuestiona en sede de tutela sea contraria al
precedente vinculante (contradicción con el precedente vinculante); (iv) que el
juez de instancia no presente una justificación razonable para apartarse del
precedente vinculante.
4
Corte Constitucional. Sentencia SU 159 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
5
Corte Constitucional. Sentencia T-510 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio.
6
Corte Constitucional. Sentencia T-510 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio.
7
Corte Constitucional. Sentencia T-100 de 1998. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
8
Corte Constitucional. Sentencia T- 790 de 2010. M.P. Jorge Ignacio Pretelt.
9
Corte Constitucional. Sentencia SU- 632 de 2017. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
10
Corte Constitucional. Sentencias T-292 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda), SU-640 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes
Muñoz) y T-462 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre)
11
Corte Constitucional. Sentencia T-047 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
8
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Demandante: Libia Margarita Montoya Zapata
A partir de lo anterior, debe considerarse que, por regla general, los jueces de
lo contencioso administrativo deben guiarse en la solución de sus asuntos, por
la jurisprudencia vinculante. Este concepto cobija tanto el precedente vertical,
que proviene de la autoridad encargada de unificar jurisprudencia en cada
jurisdicción, como el precedente horizontal que es el emitido por el mismo
funcionario o autoridades del mismo nivel jerárquico y que está cimentado en
los principios de igualdad y seguridad jurídica.
6. Análisis del caso concreto
6.1. Como punto de partida, la Sala encuentra que el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B en la sentencia del 7 de febrero de 2025 únicamente
incluyó las siguientes consideraciones respecto de la condena en costas:
«4. Condena en costas
En los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 (numeral 3) del CGP, como se
desestimó el recurso de apelación de la parte demandante, esta asumirá las costas
procesales de la segunda instancia, las cuales deberán ser liquidadas en forma concentrada
por el tribunal de primera instancia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 y 366
del CGP».
Con ocasión de tal decisión, la parte actora consideró vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia
por indebida aplicación de las normas y reglas jurisprudenciales en cuanto a
la condena en costas para los casos de crímenes de lesa humanidad y graves
violaciones a derechos humanos. Evidenció que, al imponerse condena en
costas a la parte actora en segunda instancia, el único sustento de esta
condena fue la desestimación del recurso de apelación.
La parte actora enfatizó que no se tuvo en cuenta que el grupo familiar
demandante es víctima de graves violaciones de derechos humanos
originadas en los homicidios relatados y en el subsiguiente desplazamiento
forzado del círculo familiar, las cuales fueron perpetradas por uno de los
actores del conflicto armado colombiano: las Autodefensas Bloque Metro. Por
lo tanto, concluyó que para la condena en costas la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado debió verificar aspectos como la
calidad de las partes y la naturaleza del litigio, además de la real causación y
comprobación de las costas en el expediente.
6.2. Frente a tales reproches, en primer lugar, debe decirse que las costas
procesales corresponden a las erogaciones económicas que debe efectuar la
parte que resulte vencida en un proceso judicial y que se corresponden con
las expensas asumidas por la contraparte (pagos por honorarios de peritos,
traslado de testigos, publicaciones, emplazamientos, etcétera) y las agencias
en derecho (honorarios de abogados).
La condena en costas busca, entre otras, «evitar el crecimiento desmesurado de la
litigiosidad, impedir que los ciudadanos arrojen sobre audiencias y juzgados una masa de
pleitos insostenibles que harían insostenible la misma administración de justicia; por esta
razón las legislaciones mantienen la onerosidad de los procesos, pero dentro de este sistema
hay que buscar una fórmula que haga posible el acceso a la justicia de quienes no pueden
pagar las costas»12.
El artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, relativo a la condena en costas, dispone:
«Artículo 188. – Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
12
De Casso Alberto, Las Litis Expensas, Ed. Nauta, Barcelona, 1964, páginas 16 y 17.
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En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
Esta norma establece, entonces, que la condena en costas debe ser un asunto
sobre el cual el juez disponga en la sentencia, de acuerdo con las normas del
Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso.
Por su parte, el artículo 365 del CGP fija las reglas a las que se sujetará la
condena en costas, en los siguientes términos:
«Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que
haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la
formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio
de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se
condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en
costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en
proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas
por partes iguales entre ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les
reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de
su comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo
podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción.»
Es del caso resaltar que en la Corporación actualmente no existe un criterio
unificado ni una línea decisoria pacífica en cuanto a la imposición de costas
en el proceso contencioso administrativo, a partir de la interpretación del
artículo 188 del CPACA. Por el contrario, existen varias interpretaciones
actuales y divergentes, respecto del contenido de ese artículo que regula la
condena en costas en el proceso contencioso administrativo, de las cuales se
destacan dos:
(i) la que defiende la tesis según la cual, la imposición de costas en los procesos
contencioso administrativo se rige por el criterio objetivo, esto es, que al juez le
corresponde imponer las costas a la parte vencida; y
(ii) la interpretación que defiende el criterio objetivo valorativo, según el cual,
corresponde al juez disponer de la condena en costas, esto es, si las impone o
no en el respectivo proceso, y además lo habilita para analizar aspectos como
la conducta y calidad de las partes en el proceso y la real causación y
acreditación de las costas en el expediente.
6.3. Con base en lo expuesto, la Sala mayoritaria ha considerado que las
controversias por vía de tutela sobre costas no trascienden al plano
constitucional, pues se circunscriben a discusiones de naturaleza legal y
económica, con excepción de ciertos casos puntuales.
Específicamente tratándose de asuntos que persiguen el resarcimiento a las
víctimas del conflicto armado colombiano, en la sentencia SU-241 de 2024 la
Corte Constitucional fijó una regla puntual para la condena en costas en esos
asuntos. En esa sentencia los accionantes, quienes fueron víctimas de
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desplazamiento forzado, alegaron la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso efectivo a la administración de
justicia y a la reparación integral. Controvirtieron la decisión de segunda
instancia que revocó el fallo en el que se había accedió parcialmente a las
pretensiones formuladas. Y respecto de la condena en costas, los accionantes
de dicha tutela consideraron que su imposición en segunda instancia
estructuraba un defecto sustantivo, porque la autoridad judicial no hizo ningún
análisis material de su procedencia en el asunto. En la referida sentencia SU-241 de 2024, la Corte Constitucional consideró
que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo al condenar
a la parte actora al pago de las costas procesales, puesto que pasó por alto la
excepción contenida en el artículo 188 del CPACA, según la cual no habrá
lugar a disponer sobre costas en asuntos que ventilen un interés público. Con
base en esa premisa, la Corte reprochó la condena en costas en los asuntos
que versan sobre el resarcimiento a las víctimas del conflicto armado, pues
según el Acto Legislativo 01 de 2017 estos constituyen casos de interés
público y, por ende, estarían exceptuados de condena en costas. En consecuencia, se concluyó que el análisis normativo efectuado por la
autoridad judicial accionada debió tener en consideración la calidad de las
partes. Veamos lo expuesto por la Corte:
«5.13.2. En la acción de tutela los actores alegaron que la condena en costas no procede de
manera automática, sino que debe analizarse el actuar de la parte vencida en el proceso con
el fin de determinar si existió mala fe o temeridad por no existir un fundamento legal para
ejercer el medio de control. En esa medida, la parte accionante le estarían solicitando a la
Corte valorar la procedencia de la condena en costas con fundamento en un criterio subjetivo
que, tal como quedó expuesto en la parte motiva, era el que se aplicaba antes de la entrada
en vigencia de la Ley 1437 de 2011. Por lo tanto, no es posible aplicar el criterio subjetivo que
regía bajo la aplicación del Código Contencioso Administrativo. 5.13.3. No obstante, observa la Sala plena que, aunque la autoridad judicial aplicó un criterio
objetivo- valorativo para la imposición de la condena en costas ya que dispuso sobre las costas
procesales y explicó por qué fueron causadas y efectivamente probadas, a juicio de esta
Corporación dadas las particularidades del caso bajo estudio dicha condena resulta
irrazonable y desproporcionada. Lo anterior, porque el ordenamiento jurídico consagra
excepciones para la aplicación de dicha figura procesal a las que hubiese podido acudir la
autoridad judicial, en aras de asegurar el respeto y la realización de los principios, derechos y
deberes constitucionales a favor de las víctimas de graves violaciones a los derechos
humanos, como es el caso de los demandantes, quienes tienen la calidad de apelantes únicos
en segunda instancia. 5.13.4. Cabe enfatizar que el artículo 188 del CPACA, contiene una excepción a la regla
general de disponer sobre la condena en costas, en aquellos casos donde “se ventile
un interés público”. Y, también señala que, en todo caso, se decidirá sobre su imposición
cuando la demanda se presentó con manifiesta carencia de fundamento legal»
5.13.5. Específicamente, en el caso objeto de análisis el defecto sustantivo se configuró
porque el Juzgado 4º al realizar el proceso interpretativo de las normas aplicables para
imponer la condena en costas no tomó en consideración la calidad de sujetos de
protección constitucional reforzada de la actora y de su familia. Circunstancia que daba
lugar a aplicar la excepción contemplada en el artículo 188 del CPACA.
Esto porque en
este caso se ventila una cuestión de interés público en la medida en que, en virtud de
lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2017, es de interés público el resarcimiento a
las víctimas del conflicto armado y porque, de las pruebas obrantes en el plenario, se
observa que la demanda no se presentó con manifiesta carencia de fundamento legal. 5.13.6. Así las cosas, la Corte coincide con el argumento expuesto por los demandantes y
las demás integrantes de la Sala que salvaron su voto en segunda instancia como jueces de
tutela, en el sentido de que la fijación en costas debe guardar un criterio de razonabilidad y
proporcionalidad sobre todo atendiendo la calidad de víctimas de graves violaciones a los
derechos humanos que ostentan los accionantes, pues puede desincentivar el ejercicio de la
acción de reparación directa de otras víctimas ante el temor de ser condenados en costas por
los jueces administrativos» (énfasis propio).
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Se considera, entonces, que la sentencia SU-241 de 2024 es un precedente
judicial vinculante para la interpretación de las normas sobre costas en el
medio de control de reparación directa instaurado por víctimas de graves
violaciones a derechos humanos.
De tal providencia se desprende que tratándose de víctimas de crímenes de
lesa humanidad, crímenes de guerra o graves violaciones de derechos
humanos, para la condena en costas no basta la simple constatación de quién
resultó vencido en el juicio. Por el contrario, es necesario analizar si el caso
supone una cuestión de interés público, como sucede en los asuntos
relacionados con el resarcimiento de víctimas de graves violaciones a los
derechos humanos.
Imponer una condena en costas a una víctima de esta clase de delitos, dadas
las circunstancias que rodean los hechos por los cuales pretenden ser
indemnizados, y ante las dificultades probatorias que enfrentan quienes
pretenden endilgar responsabilidad al Estado por su acción u omisión producto
de la confrontación interna, puede significar un sacrificio grave de los derechos
al acceso a la administración de justicia, a la justicia misma y a la reparación
integral.
Una interpretación restrictiva en ese tipo de asuntos puede hacer nugatorio su
derecho a reclamar la reparación de perjuicios, ante el temor a ser condenados
al pago de costas por una eventual sentencia denegatoria de sus
pretensiones, sin ningún análisis distinto del éxito o fracaso de las
pretensiones o apelación.
Así las cosas, es imprescindible enfatizar que la tesis mayoritaria de esta Sala
consiste en que, por regla general, la discusión sobre costas es un asunto de
naturaleza legal y económico, salvo contadas excepciones. Entre estas se
encuentra el precepto establecido por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-241 de 2024, referente a casos de reparación de víctimas, como
justamente sucede en el presente asunto.
6.4. Así las cosas, si bien se reconoce la pluralidad de interpretaciones existentes
en materia de costas, se encuentra que el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B pasó por alto la regla jurisprudencial de la Corte
Constitucional aplicable en asuntos que versen sobre el resarcimiento de
víctimas del conflicto armado.
Según esta última, cuando se alega la existencia de hechos que pueden ser
calificados como crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o graves
violaciones de derechos humanos, la imposición de costas debe tener en
consideración un tratamiento diferenciado, a fin de brindar las mayores
garantías posibles de acceso a la administración de justicia y de protección a
las víctimas.
Justamente, en la providencia cuestionada de la Sección Tercera se indicó
que el caso involucra un delito de lesa humanidad. Veamos:
«las pruebas obrantes en el expediente dan cuenta que sus fallecimientos ocurrieron como
consecuencia de una masacre perpetrada en la vereda Berracal del municipio de Guarne
(Antioquia), tales como la certificación suscrita por el Personero Municipal de Guarne
(Antioquia) (fl. 137 ibidem), el certificado suscrito por el secretario de la Unidad Seccional de
Fiscalías de Guarne (fl. 138 ibidem), el oficio suscrito por la oficina asesora jurídica de la
Unidad para la Atención de Víctimas (fls 1145 a 1154 expediente digital 3 – archivo
“001ContestacionDeLaDemanda” índice 2 SAMAI) y el registro de hechos atribuibles al grupos
organizados al margen de la ley del proceso de justicia transicional de la Fiscalía General de
la Nación (fls. 1177 a 1184 ibidem), lo cual acredita que se trató de un daño causado por delito
de lesa humanidad».
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De ahí que el caso bajo estudio constituye una de las excepciones a las que
se hizo alusión previamente. Por ende, al margen de las distintas posturas
existentes respecto de la condena en contas, en el caso de la accionante se
deben considerar las circunstancias específicas del asunto y la regla fijada en
la sentencia SU-241 de 2024.
El desconocimiento del precedente constitucional es una causal autónoma y
específica de procedibilidad, que se configura, entre otros motivos: (i) cuando
se contraría la ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad y/o (ii)
cuando se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado a
través de la ratio decidendi de sus sentencias de tutela, mucho más cuando
se trata de sentencias de unificación.
Entonces, por regla general, corresponde a las autoridades judiciales, en
garantía del derecho a la igualdad, seguir el principio o reglas de decisión
establecidas previamente en casos similares; no obstante, es posible que los
jueces se aparten del precedente vigente siempre que cumplan con las cargas
de transparencia y suficiencia para tal fin.
La carga de transparencia exige exponer de manera clara, precisa y detallada
cual es y en qué consiste el precedente del que se aparta. De otra parte, la
carga de suficiencia argumentativa supone que el operador judicial presente
razones «especialmente poderosas», que no simples desacuerdos que
justifiquen el apartamiento y la afectación de los principios de seguridad
jurídica, igualdad, buena fe y coherencia. Asimismo, la jurisprudencia
constitucional exige que el juez justifique por qué la tesis disidente desarrolla
de mejor manera el contenido de los derechos fundamentales en litigio. Lo cual
no aconteció en el caso sub examine.
6.5. Por lo expuesto, se considera que el Consejo de Estado Sección Tercera,
Subsección B incurrió en defecto sustantivo y por desconocimiento del
precedente judicial al (i) apartarse del precedente contenido en la sentencia
SU-241 de 2024 sin justificación alguna, según el cual para la imposición de
costas debe tenerse en cuenta que el resarcimiento a las víctimas del conflicto
armado es un asunto de interés público, (ii) pasar por alto la excepción
contenida en el artículo 188 del CPACA referente a la condena en costas en
asuntos de interés público, y (iii) no tomar en consideración la calidad de
víctimas de graves violaciones de derechos humanos alegada por los
demandantes, quienes gozan de especial protección constitucional. En suma,
la interpretación adoptada por la autoridad judicial accionada significa un
sacrificio grave del derecho al acceso a la administración de justicia de la
tutelante.
7. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala concluye que el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B incurrió en defecto sustantivo y por desconocimiento del
precedente judicial en lo relacionado con la condena en costas.
En consecuencia, la Sala amparará el derecho fundamental al acceso a la
administración de justicia. Por lo anterior, se dejará sin efectos el numeral segundo
de la sentencia de del 7 de febrero de 2025, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, relativo a la condena en costas, de acuerdo con
las consideraciones expuestas.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
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FALLA
1. Amparar el derecho al acceso a la administración de justicia de la señora Libia
Margarita Montoya Zapata.
2. En consecuencia, dejar sin efectos el numeral segundo de la sentencia de
segunda instancia de 7 de febrero de 2025, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B en el medio de control de reparación directa
05001-23-33-000-2018-00148-00/01, relativo a la condena en costas, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
5. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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