Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-00269-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2018-00269-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2018-00269-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 05001 33 33 000 2018 00269 01 (0466-2025)
Demandante: Viviana Marcela Hernández Velásquez
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Tema: Relación laboral encubierta. Contratos de prestación de
servicios-instructor. CONFIRMA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia proferida el doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro
(2024) por el Tribunal Administrativo del Antioquia, por medio de la cual negó las
pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora Viviana Marcela Hernández Velasquez instauró demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, en contra del Servicio Nacional de
Aprendizaje (en adelante, SENA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad del Oficio 2-2017-001403 del 25 de julio de
2017, mediante el cual, la entidad accionada le negó los derechos laborales y
a título de restablecimiento del derecho:
3. Que se declare la existencia de una relación legal y reglamentaria -laboral-
desde el 17 de enero de 2014 al 16 de diciembre de 2016.
4. Reconocer y pagar todos los emolumentos salariales y prestacionales
dejados de percibir, conforme a lo devengado por docentes e instructores de
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la entidad demandada; así como los aportes al sistema de seguridad social
durante el tiempo que se mantuvo la vinculación; subsidio familiar; sanción
moratoria por la no consignación de las cesantías; y la indemnización por
despido injusto.
HECHOS
5. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
6. Que prestó sus servicios como instructora del SENA en las instalaciones
de esta, en el Centro de Servicios y Gestión Empresarial y/o Centro de la
Tecnología y la Manufactura Avanzada; desde el 17 de enero de 2014 al 16
de diciembre de 2016.
7. Que la prestación de servicios la realizó en forma personal, subordinada
y recibiendo un salario como contraprestación; cumpliendo un horario, siendo
dirigida, supervisada y coordinada por el SENA; por lo que se trató de una
relación laboral. Afirmó además que, entre la terminación de un contrato y el
inicio del siguiente seguía trabajando, y a los quince días o al mes se firmaba
el nuevo contrato de prestación de servicios.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
8. La demanda fue admitida el 12 de febrero de 2018, la demandada afirmó
que la vinculación de la demandante se dio a través de contratos de prestación
de servicios y no hubo subordinación, sino una coordinación de actividades
necesaria para la ejecución, pues nunca estuvo vinculada como servidora
pública ni como trabajadora oficial.
9. Que entre varios de los contratos hubo espacios temporales de más de
30 días, es decir, se dio solución de continuidad; no existe algún acto
administrativo de despido del contratista; los pagos realizados
correspondieron al concepto de honorarios; y operó la prescripción para la
mayoría de los contratos al no haberse reclamado oportunamente a la
terminación de cada uno.
10. Propuso como excepciones cobro de lo no debido, buena fe, inexistencia
de una sola relación laboral y prescripción.
11. Se celebró audiencia inicial el 14 de agosto de 2019, se decretaron las
pruebas y posteriormente, agotado el periodo probatorio se dio traslado a las
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partes para que alegaran de conclusión y se dictó sentencia, la cual fue
apelada por la parte demandante.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
12. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad, mediante
sentencia del 12 de diciembre de 2024, negó las pretensiones luego de
analizar con base en el acervo probatorio cada uno de los elementos de la
relación laboral, de donde concluyó que no se acreditó el elemento
subordinación, entendido este como las actividades de control, vigilancia,
imposición o seguimiento por parte de la entidad contratante que se alejen de
un ejercicio normal de coordinación entre contratante y contratista.
13. Expresó que las pruebas aportadas carecen de la asertividad,
razonabilidad y completitud que permitan inferir la manera en que se exigía el
cumplimiento de un horario, la forma en que se daban las presuntas órdenes
e instrucciones y las consecuencias de su incumplimiento, entre otras. Que
estas evidenciaron que el Sena solo realizaba las supervisiones necesarias
para el correcto y eficaz cumplimiento del objeto contractual convenido.
RECURSO DE APELACIÓN
14. El demandante interpuso recurso de apelación por considerar que no se
tuvo en cuenta la sentencia de unificación de 2021 del Consejo de Estado,
Sentencia de 27/1/2011 expediente 05001-23-31 000-1998-03542-01 en
cuanto a los indicios sobre la subordinación; insistió en que no hubo solución
de continuidad porque las interrupciones entre los contratos fueron debidas al
calendario académico del SENA; que hubo subordinación porque tenía jefes
organizados jerárquicamente y tenía a su cargo inventarios.
15. Reiteró los argumentos expresados en la demanda relativos a la
obligación de cumplir horarios; dijo que estos excedían las 8 horas diarias y
40 semanales, que existían instructores de planta y que estuvo contratado
«por más de 2 años» mediante un proceso de selección para ocupar dicho
cargo.
16. Agregó que el contrato para el cargo de instructor se justificó en la falta de
personal de planta para desarrollar esa labor y se disfrazó la relación
abusando de esa justificación.
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TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
17. El 9 de julio de 2025 fue admitido el recurso de apelación. En dicha
providencia se ordenó pasar el expediente a despacho para sentencia una
vez ejecutoriada la decisión y se dijo que el ministerio público podría emitir
concepto hasta antes de que el proceso ingresara al despacho para fallo.
Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
18. La Sala deberá determinar si entre el señor Hernán Darío Solano Salgado
y el SENA existió un vínculo laboral derivado de la prestación de servicios y,
si como consecuencia de ello, la parte demandante tiene derecho al
reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de percibir con ocasión de
esa relación. Finalmente, deberá resolver sobre la condena en costas.
Marco normativo y jurisprudencial
19. Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las
figuras del contrato de prestación de servicios y del concepto de relación
laboral.
20. El contrato estatal de prestación de servicios se encuentra consagrado en
la Ley 80 de 1993 artículo 32.3, y está definido como aquel que celebran las
entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la
administración o funcionamiento de la entidad y solo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso
estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable.
21. Por su parte, la relación laboral comprende los siguientes elementos: la
actividad humana que debe ser realizada personal, libre y conscientemente,
la relación de dependencia o subordinación de una persona física a otra
natural o jurídica y, el elemento de la remuneración.
22. Es la subordinación o dependencia el elemento que diferencia ambos
contratos, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de servicios,
demostrando la subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho al pago
de prestaciones sociales en aplicación del principio de primacía de la realidad
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sobre las formas en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo 53 de
la Constitución.
23. El Consejo de Estado ha establecido ciertas pautas frente a las relaciones
laborales que se encubren mediante contratos de prestación de servicios, de
las cuales se destacan las siguientes:
• El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el
Estado es de tres años contados a partir de la terminación del vínculo
contractual, y pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar las
prestaciones que se deriven de aquella.
• En los casos donde existe interrupción entre los contratos de prestación
de servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción frente a
cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización.
• Para tales efectos, la solución de continuidad está orientada por un
término de treinta días hábiles entre la finalización de un contrato y la
ejecución del siguiente, el cual puede flexibilizarse según las
circunstancias especiales de cada caso.
• Las reclamaciones sobre los aportes pensionales con destino al Sistema
General de Seguridad Social no están sujetas a la caducidad ni al requisito
de procedibilidad de conciliación extrajudicial y no hay lugar a la
devolución de los dineros que haya pagado el contratista por este
concepto o por el de salud.
• Una vez establecida la existencia del vínculo laboral, el juez debe
pronunciarse sobre los aportes al Sistema General de Seguridad Social
en Pensiones, así no lo haya solicitado la parte interesada.
• El término estrictamente indispensable es el que aparece expresamente
en los estudios previos y el objeto del contrato, el cual es esencialmente
temporal.
• Corresponde, por regla general a la parte actora demostrar, que en la
ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una
relación laboral.
24. Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia
de unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce
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la existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago
de prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que
por ello se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que
concurran los elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.
Resolución al caso concreto
25. De conformidad con las pruebas, se puede establecer que la señora
Viviana Marcela Hernández Velásquez prestó sus servicios al SENA, como
instructora, mediante los siguientes contratos de prestación de servicios.
26. Número 966 de 17 de enero de 2014 con prórroga de 22 de agosto, del
17 de enero al 30 de agosto de 2014, con el objeto de «Prestar servicios
personales como Instructor[a] para el programa de diseños e integración de
automatismos mecatrónicos de la cadena de automatización del Centro de
Tecnología de la Manufactura Avanzada».
27. Número 297 de 19 de enero de 2015, del 19 de enero de 2015 al 19 de
julio del mismo año, con el objeto de «Prestar los servicios personales de
carácter temporal como instructor[a] para atender los programas de formación
profesional en la cadena de automatización de acuerdo con los requerimientos
del área que se imparten en el centro».
28. Números 4264 de 17 de julio de 2015, del 17 de julio al 15 de diciembre
del de 2015 y 410 de 22 de enero de 2016, prorrogado el 13 de septiembre
del mismo año, del 25 de enero de 2016 al 16 de diciembre del mismo año,
con igual objeto del anterior.
29. La Subsección considera que le asiste razón al Tribunal Administrativo de
Antioquia, al no tener por probada la configuración de una relación laboral
encubierta; pues de los elementos recaudados logra determinarse la
prestación personal del servicio y la remuneración; mas no la subordinación o
ausencia de autonomía en el desarrollo de las labores por parte de la
contratista.
30. De los antecedentes contractuales en los que reposan las garantías de
cumplimiento, certificados de idoneidad de la contratista, los pagos de
seguridad social, algunas actas de inicio o de liquidación e informes de
supervisión o interventoría, en los que se certifica que la demandante cumplió
satisfactoriamente las actividades, no puede extraerse con certeza que la
contratista, para el cumplimiento del objeto contractual, estuviera sometida a
unas condiciones de tiempo y modo impuestas por la entidad.
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31. Se concluye de esos documentos, que la demandante fue contratada por
el Centro de Tecnología y de la Manufactura Avanzada del SENA mediante
diferentes contratos por un lapso de dos años y medio aproximadamente, para
prestar sus servicios de manera temporal como instructora, con plazos
definidos y con algunas prórrogas.
32. Cabe resaltar que esta Subsección1 ha sido consistente al señalar que,
en el caso de los formadores del SENA, estos tienen la carga de probar que
se encontraban bajo una continua subordinación y dependencia respecto de
los funcionarios de la entidad.
33. En este caso, no existen elementos probatorios que demuestren la
inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario, es decir, la actividad
de control, vigilancia, imposición y seguimiento sobre la manera en que la
demandante desarrolló sus actividades y, de esta forma, que se desbordó la
coordinación que existe en materia de contratación.
34. El interrogatorio de parte practicado a la demandante, tal como lo expresó
la primera instancia, nada aporta en ese sentido, pues como es apenas lógico,
solo refuerza los hechos expuestos en la demanda, al decir que le
correspondía impartir formación de acuerdo con la programación académica
entregada por los coordinadores del área, que debía desarrollar guías de
aprendizaje, asesorar y acompañar a los aprendices, cumplir horarios que
eran variables de acuerdo con las finalidades de la institución, asistir a
reuniones y debía entregar informes de gestión. Que no tenía ausencias y si
por alguna razón llegaba tarde avisaba y los aprendices la esperaban. El
SENA le suministraba aulas y algunos otros elementos para el desarrollo de
su labor.
35. Como lo ha expresado esta Subsección en otras oportunidades2, la
vinculación de instructores, por ser indispensable para la ejecución de su
objeto principal, puede darse a través de una relación legal y reglamentaria o,
mediante contrato de prestación de servicios, lo que ha sido permitido y
reglamentado por el Estatuto General de Contratación y los manuales de
funciones y circulares expedidos por el SENA; sin desbordar las
características de cada tipo de contrato.
1 En ese sentido se pronunció la Subsección, entre otras, en las sentencias del 7 de julio de 2022,
expediente 5743-2019 y, del 3 de octubre de 2022, expediente 2611-2016
2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencias del 11 de marzo de 2021, expediente
2016-00214, y del 7 de julio de 2022, expediente 2018-00033.
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36. Se precisa que la demandada ofrece programas de formación en sus
líneas técnicas y tecnológicas específicas y, también desarrolla otro tipo de
instrucción, la cual se adecua a las necesidades sobrevinientes de los grupos
sociales de interés cuya atención gestiona conforme a los requerimientos de
la comunidad, como es el caso de los cursos o capacitaciones temporales o
esporádicos.
37. Por lo tanto, para la Sala, en este caso, no se demostró la subordinación
a la que se hubiera sometido a la señora Viviana Marcela Hernández
Velasquez y con ello, la relación laboral; por lo tanto, se confirmará la
sentencia objeto de apelación.
De la condena en costas
38. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
39. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile
un interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual
no procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose
de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se
mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.
40. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo
en cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del
CPACA.
41. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, a quien se
le está resolviendo desfavorablemente el recurso. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 de la misma norma, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia del doce (12) de diciembre de dos mil
veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
Segundo. Se condena en costas al demandante.
Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente
sesión.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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