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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05020-00

Fecha
27 de julio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-05020-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

27 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05020-00 (7963)
Accionante: Viviana Marcela Hernández Velásquez
Accionado: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: relación laboral encubierta. Subtema 3:
defectos fáctico y sustantivo.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por la señora Viviana Marcela Hernández
Velásquez contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

1. Síntesis del caso

La señora Viviana Marcela Hernández Velásquez, a través de apoderado, presentó
acción de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y al trabajo, que consideró vulnerados con ocasión
de la sentencia del 22 de mayo de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 05001-23-33-000-
2018-00269-01.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala considera relevantes los siguientes hechos:

2. La señora Viviana Marcela Hernández Velásquez, el 18 de julio de 2017, solicitó
al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales causadas por el periodo laborado desde el 17 de enero de
2014 hasta el 16 de diciembre de 2016, al considerar que existió una relación laboral
encubierta en el desempeño de sus funciones de instructora.

3. La anterior petición fue negada por la entidad, mediante Oficio núm. 2-2017-
001403 del 25 de julio de 2017, bajo el argumento de que las labores se dieron con
ocasión de un contrato de prestación de servicios.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05020-00 (7963)
Accionante: Viviana Marcela Hernández Velásquez
Accionado: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado

4. La señora Viviana Marcela Hernández Velásquez presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
SENA, con el fin de obtener la nulidad del referido oficio y, en consecuencia, que se
declarara la existencia de una relación laboral encubierta y se reconociera el pago
de las acreencias laborales, así como la devolución de aportes al Sistema de
Seguridad Social que corresponden al empleador.

5. El conocimiento del asunto correspondió, bajo radicado núm. 05001-33-33-000-
2018-00269-00, al Tribunal Administrativo de Antioquia. Mediante sentencia del 12
de diciembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda al considerar que no
se acreditó la subordinación continuada de la cual pudiera derivarse la existencia
una relación laboral encubierta.

6. La señora Viviana Marcela Hernández Velásquez presentó recurso de
apelación contra la anterior decisión y la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante sentencia del 22 de mayo de 2026, la confirmó en
todas sus partes.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

7. La parte actora solicitó en el escrito de tutela1 el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo. En consecuencia, pidió
lo siguiente:

SEGUNDA: DEJAR SIN VALOR Y EFECTO JURÍDICO la sentencia de segunda
instancia proferida el 22 de mayo de 2026 por el Consejo de Estado - Sala de lo
Contencioso Administrativo - Sección Segunda - Subsección A, así como la providencia
de primera instancia dictada el 12 de diciembre de 2024 por el Tribunal Administrativo
de Antioquia - Sala Sexta de Oralidad Radicado originario: 05001-33-33-000-2018-
00269-00
[…]
Se solicita que se ordene al fallador ordinario emitir un nuevo pronunciamiento purgado
de los vicios de logicidad demostrados, mediante la aplicación material y no meramente
nominal de la Sentencia de Unificación SUJ-025-CE-S2-20212.

8. Como fundamento de sus pretensiones, sostuvo que la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia del 22 de mayo de 2026,
incurrió en defecto fáctico al valorar de forma contraevidente elementos que
acreditaban la subordinación. En particular, sobre el alcance de los horarios y
cargas mensuales impuestos, la prestación personal en las instalaciones del SENA,
el uso obligatorio del aplicativo SOFIA Plus, la asignación de actividades
académicas, la presentación de informes y la supervisión institucional, al
considerarlos manifestaciones de mera coordinación contractual.

9. Señaló que no se tuvo en cuenta que las pausas contractuales coincidían con
vacaciones y recesos institucionales, circunstancia que, en su criterio, evidenciaba
una fragmentación formal del vínculo, pero no la carencia de necesidad del servicio.
Añadió que se le impuso una carga probatoria desproporcionada al exigirle pruebas
directas del poder disciplinario como sanciones, memorandos o llamados de
atención, puesto que esa facultad puede demostrarse mediante indicios.

10. De otra parte, adujo que en la providencia cuestionada se configuró un defecto
sustantivo por la «inaplicación material» de la sentencia SUJ-025-CE-S2-2021,

1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-05020-00, índice 2, certificado 31CFCBE43351B8B5
FA53641CC305B786 04AD42B9AA110368 4B23B82A9E57492E.
2 Se transcribe incluso con errores.

2

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Accionante: Viviana Marcela Hernández Velásquez
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pues desconoció criterios fijados en dicha decisión para determinar la
subordinación, concretamente por la aplicación mecánica de la subregla de los 30
días hábiles como indicador de no solución de continuidad, ya que no examinó que
las interrupciones contractuales coincidían con los recesos académicos y cierres
institucionales.

2.3. Trámite procesal

11. El despacho ponente, mediante auto del 2 de julio de 20263, admitió la solicitud
de amparo, ordenó la notificación de la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado y puso en conocimiento el escrito de tutela al Tribunal
Administrativo de Antioquia, al SENA y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado en condición de terceros con interés.

2.4. Intervenciones

12.El Tribunal Administrativo de Antioquia4 remitió copia digital del expediente núm.
05001-23-33-000-2018-00269-00/01 y manifestó que «se atiene a los argumentos
expuestos en la decisión que se ataca vía tutela».

13. El SENA5 solicitó que se declare improcedente o, en subsidio, se niegue el
amparo porque la accionante busca convertir la tutela en una tercera instancia para
controvertir un asunto que ya fue resuelto por el juez natural a través de la sentencia
acusada. Refirió que la autoridad judicial accionada realizó una valoración
adecuada de las pruebas obrantes en el expediente, así como una interpretación
razonable de los parámetros fijados por la sentencia de unificación.

14. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado6 pidió su desvinculación
por falta de legitimación la causa por pasiva, debido a que no se advierte una
omisión atribuible a la entidad.

15. Los demás vinculados guardaron silencio.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

16. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por la señora Viviana Marcela Hernández
Velásquez contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

3.2. Legitimación en la causa

17. La legitimación en la causa por activa de la señora Viviana Marcela Hernández
Velásquez está acreditada, porque actuó como demandante en el proceso en el que
fue expedida la providencia que, a su juicio, desconoció sus derechos
fundamentales.

18. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, debido a que fue la autoridad que
profirió la sentencia objeto de tutela.

3 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2026-05020-00, índice 4.
4 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2026-05020-00, índice 11.
5
Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2026-05020-00, índice 14.
6
Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2026-05020-00, índice 15.

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19. Por otro lado, se advierte que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado solicitó su desvinculación del trámite constitucional, al estimar que no está
llamada a responder por la vulneración de los derechos fundamentales alegada por
la parte accionante.

20. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de tercero, en atención a los argumentos expuestos por la parte actora en el escrito
de amparo, por lo que su llamado se hizo en aras de garantizar sus derechos de
defensa y contradicción con la decisión que resuelva la tutela. Por lo anterior, se
negará su solicitud de desvinculación.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

21. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado7 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional8.

22.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y
proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis
y que afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

23. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales9 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

24. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución10.

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado

núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
8 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
9 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
10 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.

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3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

25. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional11 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa y con claridad en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

26. Así pues, la Corte Constitucional12 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o
económico» lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental»;

ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga únicamente
un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de
interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la controversia versa
sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia para los particulares
más no para el interés general; y

iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió
en una afectación grave de derechos fundamentales.

27. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada se configuró una indebida valoración probatoria que, a su
juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.

28. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.

29. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia objeto de reparos, proferida el 22 de mayo de 2026 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, se notificó el 9 de junio siguiente13 y la demanda de
tutela se presentó en esta corporación el 30 de junio del mismo año14, esto es,
dentro del plazo de seis meses previsto por la jurisprudencia constitucional 15 y del
Consejo de Estado16 como razonable.

30.En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora

11 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
12 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
13 Samai, exp. núm. 05001-23-33-000-2018-00269-01, índice 16.
14 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2026-05020-00, índice 1.
15 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
16Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
resultaba posible que hubiera alegado la vulneración reclamada en sede del
proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido
en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.

31. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

32. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con los defectos fáctico y sustantivo, en ese
orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte
actora.

3.4. Problema jurídico

33. La Sala debe determinar si ¿la autoridad judicial accionada, al proferir la
sentencia del 22 de mayo de 2026, mediante la cual confirmó la decisión de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda por considerar no acreditado el
elemento subordinación necesario para derivar la existencia de una relación laboral
encubierta, incurrió en los defectos fáctico y sustantivo alegados y, en
consecuencia, vulneró los derechos fundamentales invocados por la accionante?

34. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y
ii) el caso concreto.

3.4.1. El defecto fáctico

35. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»17. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión»18 objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.

36. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia
y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa
una valoración por “completo equivocada”»19. Por su parte, la dimensión negativa
se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran
los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución
del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes
que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en
aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»20.

37. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio
el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se
abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en

17 Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
18 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
19 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
20 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.

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la hipótesis de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se
adoptan decisiones en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico
claro; (iv) cuando el funcionario judicial valora pruebas manifiestamente
inconducentes respecto de los hechos y pretensiones debatidos en un proceso
ordinario, no por tratarse en estricto sentido de pruebas viciadas de nulidad sino
porque se trata de elementos probatorios que no guardaban relación con el asunto
debatido en el proceso; y (v) cuando el juez de conocimiento da por probados hechos
que no cuentan con soporte probatorio dentro del proceso21.

38. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial22, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez
que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»23.

39. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas
en cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]

51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]24.

3.4.2. El defecto sustantivo

40. Conforme con la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o, porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado 25.

41. De este modo, para que se predique tal defecto es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, ya que los jueces son autónomos
para escoger entre diversas interpretaciones de una disposición legal, la que
consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo dispuesto en
el artículo 230 de la Constitución Política.

21 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
22 Corte Constitucional, sentencia SU-289 de 2019.
23 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.
24 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
25 Corte Constitucional, sentencia SU-214 de 2023.

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42. En este sentido, la Corte ha precisado que la interpretación que hace el juez de
las normas que aplica a un caso concreto, encuentra límite en el carácter normativo
de la Constitución (artículo 4º de la CP), en la obligación de dar eficacia a los
derechos fundamentales (artículo 2º superior), en la primacía de los derechos
humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad contenido en el
derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP), y en la garantía al
acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior)26.

3.5. Caso concreto

43. En el caso bajo estudio, la señora Viviana Marcela Hernández Velásquez
pretende que se deje sin efectos la sentencia del 22 de mayo de 2026 proferida por
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm.
05001-33-33-000-2018-00269-01.

44. A juicio de la actora, la providencia objeto de tutela incurrió en defecto fáctico al
descartar la acreditación del elemento de la subordinación. Afirmó que la autoridad
judicial accionada no valoró el alcance de los horarios y cargas mensuales
impuestos, la prestación personal en las instalaciones del SENA, el uso obligatorio
del aplicativo SOFIA Plus, la asignación de actividades académicas, la presentación
de informes y la supervisión institucional, al considerarlos manifestaciones de mera
coordinación contractual.

45. Expuso que la falta de continuidad en la suscripción de contratos se daba por
las vacaciones institucionales, por lo que existía una fragmentación formal de la
vinculación, pero no la ausencia de necesidad del servicio. Además, refirió que se
le impuso una carga probatoria desproporcionada al exigirle pruebas directas del
poder disciplinario ejercido por la entidad, lo cual puede ser demostrado
indiciariamente.

46. Al respecto, se observa que la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado efectuó un análisis de los medios probatorios recaudados en el
proceso y, conforme a los criterios definidos por la Sección Segunda del Consejo
de Estado en la sentencia SUJ-025-CE-S2-202127, realizó un estudio con el fin de
determinar si efectivamente existió una relación laboral encubierta entre la señora
Hernández Velásquez y el SENA.

47. Pues bien, para resolver la controversia la autoridad judicial accionada analizó
el clausulado de los contratos 966 del 17 de enero de 2014, 297 del 19 de enero de
2015, 4264 del 17 de julio de 2015 y 410 de 2016 que la señora Hernández
Velásquez celebró con el SENA y concluyó que se dio la prestación personal del
servicio y la remuneración, pero que de las actividades desarrolladas por la
demandante entre 2014 y 2016 no se podía advertir la subordinación. Al respecto,
de manera textual precisó lo siguiente:

29. La Subsección considera que le asiste razón al Tribunal Administrativo de
Antioquia, al no tener por probada la configuración de una relación laboral encubierta;
pues de los elementos recaudados logra determinarse la prestación personal del
servicio y la remuneración; mas no la subordinación o ausencia de autonomía en el
desarrollo de las labores por parte de la contratista.

26 Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de septiembre de 2021, radicado 05001-23-33-000-

2013-01143-01 (1317-2016), M.P., Juan Enrique Bedoya Escobar.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05020-00 (7963)
Accionante: Viviana Marcela Hernández Velásquez
Accionado: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado

30. De los antecedentes contractuales en los que reposan las garantías de
cumplimiento, certificados de idoneidad de la contratista, los pagos de seguridad social,
algunas actas de inicio o de liquidación e informes de supervisión o interventoría, en
los que se certifica que la demandante cumplió satisfactoriamente las actividades, no
puede extraerse con certeza que la contratista, para el cumplimiento del objeto
contractual, estuviera sometida a unas condiciones de tiempo y modo impuestas por la
entidad.

31. Se concluye de esos documentos, que la demandante fue contratada por el Centro
de Tecnología y de la Manufactura Avanzada del SENA mediante diferentes contratos
por un lapso de dos años y medio aproximadamente, para prestar sus servicios de
manera temporal como instructora, con plazos definidos y con algunas prórrogas.

48. En efecto, la autoridad judicial accionada advirtió que los contratos tenían un
promedio de duración de 2 años y medio y que los respectivos informes de
supervisión, así como las actas de inicio y liquidación daban cuenta del
cumplimiento de las obligaciones pactadas entre las partes, pero de esa sola
circunstancia no era posible establecer una subordinación laboral.

49. Además, valoró el interrogatorio de la demandante, en el que esta manifestó
que debía atender la programación académica, elaborar guías, acompañar a los
aprendices, cumplir horarios variables, asistir a reuniones y presentar informes de
gestión, además de utilizar aulas y elementos suministrados por el SENA. No
obstante, consideró que esas afirmaciones solamente reiteraban los hechos en que
se fundamentó la demanda, pero, no demostraban subordinación.

50. En ese orden, la autoridad judicial accionada aclaró que la actividad de
instructor, si bien es indispensable para adelantar el objeto misional de la entidad,
puede desarrollarse a través de una relación legal y reglamentaria o mediante
contratos de prestación de servicios, sin que ello implique la desnaturalización de
esta última figura. Frente a lo anterior, refirió lo siguiente:

34. El interrogatorio de parte practicado a la demandante, tal como lo expresó la
primera instancia, nada aporta en ese sentido, pues como es apenas lógico, solo
refuerza los hechos expuestos en la demanda, al decir que le correspondía impartir
formación de acuerdo con la programación académica entregada por los coordinadores
del área, que debía desarrollar guías de aprendizaje, asesorar y acompañar a los
aprendices, cumplir horarios que eran variables de acuerdo con las finalidades de la
institución, asistir a reuniones y debía entregar informes de gestión. Que no tenía
ausencias y si por alguna razón llegaba tarde avisaba y los aprendices la esperaban.
El SENA le suministraba aulas y algunos otros elementos para el desarrollo de su labor.

35. Como lo ha expresado esta Subsección en otras oportunidades, la vinculación de
instructores, por ser indispensable para la ejecución de su objeto principal, puede darse
a través de una relación legal y reglamentaria o, mediante contrato de prestación de
servicios, lo que ha sido permitido y reglamentado por el Estatuto General de
Contratación y los manuales de funciones y circulares expedidos por el SENA; sin
desbordar las características de cada tipo de contrato.

51. Así las cosas, se destaca que la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado consideró que la demandante no desvirtuó la naturaleza
contractual de la vinculación, pues no logró demostrar el elemento diferenciador del
contrato de prestación de servicios y la relación laboral, esto es, la subordinación.

52. En efecto, se destaca que la autoridad judicial accionada analizó en conjunto
los documentos contractuales suscritos entre las partes, así como la declaración de
la demandante, para concluir que efectivamente no existió una relación laboral

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05020-00 (7963)
Accionante: Viviana Marcela Hernández Velásquez
Accionado: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado

encubierta entre la señora Hernández Velásquez y el SENA, comoquiera que no se
probó el presupuesto de la subordinación que en últimas resulta determinante para
la prosperidad de las pretensiones en eventos como el presente.

53. Sobre el punto, la Corte Constitucional ha precisado que: «las diferencias en la
apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico, pues precisamente la
práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en circunstancias en las
que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables”.
En esos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se presume de buena fe
y puede valorar los elementos materiales probatorios y decantarse por el que le
resulte convincente»28.

54. En lo que respecta al defecto sustantivo, la parte actora adujo que este se
configuró por la «inaplicación material» de la sentencia SUJ-025-CE-S2-2021, ya
que la providencia objeto de tutela desconoció criterios fijados en dicha decisión
para determinar la subordinación, pues aplicó mecánicamente los 30 días hábiles
como indicador de no solución de continuidad, por tanto, no examinó que las
interrupciones contractuales coincidían con los recesos académicos y cierres
institucionales.

55. Frente a lo anterior, se advierte que la autoridad judicial accionada no resolvió
los argumentos de la apelación sobre dicho criterio. No obstante, la Sala considera
pertinente aclarar que esa omisión no tiene la virtualidad de configurar un defecto
sustantivo, pues, como quedó en evidencia a través del análisis que precede, la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado descartó la existencia
de una relación laboral encubierta por la falta de subordinación, por lo que cualquier
consideración que hiciera en torno a la no solución de continuidad de los contratos
suscritos no variaría la negativa de las pretensiones de la demanda.

56. En consecuencia, la Sala advierte que la autoridad accionada, no incurrió en el
defecto sustantivo alegado, toda vez que el hecho que la sentencia objeto de tutela
no haya sido favorable a sus intereses no significa que se hayan desconocido sus
garantías constitucionales.

4. Conclusión

La providencia del 22 de mayo de 2026, dictada por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, no vulneró los derechos fundamentales invocados
por la parte actora, por cuanto no se advierte en su contenido un análisis probatorio
y/o legal arbitrario o caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional,
que constituya una vía de hecho por los defectos fáctico y sustantivo que exija la
intervención del juez de tutela. Por tal motivo, se negará la solicitud de amparo
invocada por la entidad accionante.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

28 Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05020-00 (7963)
Accionante: Viviana Marcela Hernández Velásquez
Accionado: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado

Falla:

Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo: Negar las pretensiones de la acción de tutela presentada por la señora
Viviana Marcela Hernández Velásquez, conforme a la parte considerativa de esta
decisión.

Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Ausente con permiso

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

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