Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2018-00945-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2018-00945-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 05001-23-33-000-2018-00945-01
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
21 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 05001233300020180094501 (66648)
Demandante: LUZ ALBA ESPINOSA Y OTROS
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO Y OTROS
Tema: Temas: Medio de control de reparación directa - daño derivado
de graves violaciones a los derechos humanos / caso
“Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica Vs. Colombia” -
sentencia del 27 de julio de 2022 de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del
Estado colombiano por la violación de los derechos a la vida,
entre otros, de los militantes de la Unión Patriótica y de sus
familiares, entre ellos, por la muerte de José Abelardo Jiménez
Peña - alcance de la sentencia proferida por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos – no existe cosa
juzgada internacional - la Corte no incluyó a los demandantes
de este proceso, debido a que este se encontraba en trámite,
razón por la cual sus pretensiones serán resueltos en esta
providencia / Caducidad por la muerte de José Abelardo
Jiménez Peña y por el desplazamiento forzado de los
demandantes – aplicación sentencia de unificación del 29 de
enero de 2020 de la Sala Plena de la Sección Tercera del
Consejo de Estado y de la sentencia de unificación SU-429 de
2024 de la Corte Constitucional.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia del 23 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que declaró probada la caducidad del medio de control y se inhibió para
resolver de fondo.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 9 de julio de 1996 José Abelardo Jiménez Peña se encontraba en el puente
ubicado sobre la vía Panamericana del municipio de Chigorodó cuando fue
impactado por balas de arma de fuego disparadas, según la demanda, por
miembros de las “Autodefensas”, al parecer porque la víctima era militante de la
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Demandante: Luz Alba Espinosa y otros
Unión Patriótica. A partir de ese día, los demandantes, familiares del occiso,
recibieron amenazas contra su vida, razón por la cual se vieron obligados a
desplazarse de su residencia en el referido Municipio.
Los demandantes alegan que la Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional
y Policía Nacional, Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República son responsables por la muerte de José Abelardo
Jiménez Peña y el desplazamiento forzado que sufrieron, a causa de la falla en el
servicio de protección, por acción y por omisión, dada su obligación de garantes
institucionales de los derechos humanos y por permitir y auspiciar la acción de los
grupos de “Autodefensas” contra los miembros de la Unión Patriótica, con lo cual
se les causaron perjuicios materiales e inmateriales.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 27 de abril de 20181, Luz Alba Espinosa, Gonzalo Jiménez Espinosa, Marlen
Cecilia Jiménez Espinosa, Pedro Nel Jiménez Espinosa, Marco Fidel Jiménez
Espinosa y Gildardo Jiménez Peña mediante apoderado judicial y en ejercicio del
medio de control de reparación directa, presentaron demanda en contra de la
Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Policía Nacional, Ministerio del
Interior y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para
que se les declarara patrimonialmente responsables por la muerte violenta de
José Abelardo Jiménez Peña ocurrida el 9 de julio de 1996 en el municipio de
Chigorodó y el consecuente desplazamiento forzado de sus familiares.
Como pretensiones de su demanda, los accionantes solicitaron lo siguiente:
Por la muerte de José Abelardo Jiménez Peña, a título de perjuicios morales, el
equivalente a 300 SMLMV para cada uno de los demandantes Luz Alba Espinosa,
Gonzalo Jiménez Espinosa, Marlen Cecilia Jiménez Espinosa, Pedro Nel Jiménez
1 Fl. 1 a 73 y 604 a 638, C.1.
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Demandante: Luz Alba Espinosa y otros
Espinosa, Marco Fidel Jiménez Espinosa y 150 SMLMV para Gildardo Jiménez
Peña; por daño a la salud, las mismas cantidades antes señaladas para cada uno
de los demandantes; por afectación a bienes constitucional y convencionalmente
protegidos la suma de 600 SMLMV para cada uno de los demandantes; por lucro
cesante, la suma de $534’819.817 para Luz Alba Espinosa, la suma de
$182’834.196 para Gonzalo Jiménez Espinosa, la suma de $99’726.984 para
Marlen Cecilia Jiménez Espinosa, la suma de $104’171.838 para Pedro Nel
Jiménez Espinosa y la suma de $111’644.406 para Marco Fidel Jiménez
Espinosa; y, por daño emergente, la suma de $141’517.203 para Luz Alba
Espinosa.
Asimismo, como medidas de satisfacción peticionaron: i) exhortar a las
autoridades competentes para que den impulso a las investigaciones penales y se
sancione a los responsables; ii) realizar un acto púbico en el municipio de
Chigorodó en el que se reconozca la calidad de víctima de José Abelardo Jiménez
Peña, se ofrezcan disculpas públicas por la falla en el servicio de protección y las
demandadas reconozcan su responsabilidad, y; iii) las demandadas se
comprometan a evitar que su personal incurra en conductas violatorias de
derechos humanos.
En ese orden, solicitaron por el desplazamiento forzado, a título de perjuicios
morales, el equivalente a 300 SMLMV para cada uno de los demandantes; por
daño a la salud y por afectación a bienes constitucional y convencionalmente
protegidos, las mismas cantidades antes señaladas, para cada uno de los
demandantes. Finalmente, como medidas de satisfacción peticionaron que se
ordene a la Unidad de Víctimas la inclusión de los demandantes en sus programas
de asistencia, atención en salud, educación, vivienda e inclusión laboral.
En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 9 de julio de
1996, luego de terminar su jornada laboral como obrero municipal, José Abelardo
Jiménez Peña se encontraba en el puente ubicado sobre la vía Panamericana del
municipio de Chigorodó, cuando fue impactado por balas de arma de fuego
disparadas por miembros de las “Autodefensas”, debido a su condición de
militante de la Unión Patriótica, la cual ocurrió con “la ayuda directa o indirecta de
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Demandante: Luz Alba Espinosa y otros
miembros de las fuerzas armadas del Estado”.
Señala que, en fecha indeterminada y en virtud de las amenazas efectuadas por
las “Autodefensas” luego del homicidio de José Abelardo Jiménez Peña y los
antecedentes de atentados y persecución contra miembros de la Unión Patriótica y
sus familiares, se vieron obligados a desplazarse del municipio de Chigorodó para
proteger sus vidas.
Sostiene que, la Resolución del 27 de octubre de 2014, expedida por la Fiscalía 33
Especializada de la Dirección Nacional de Análisis y Contexto de Violencia Contra
Miembros de la Unión Patriótica, declaró como delitos de lesa humanidad los
cometidos contra los militantes de dicho partido y sus familiares y dejó entrever la
responsabilidad del Estado por su participación por acción o por omisión en los
hechos demandados.
Manifiesta que “esta resolución sin duda alguna establece la responsabilidad del
Estado por la participación por acción o por omisión de las autoridades legalmente
constituidas, que permitieron que se presentaran los hechos por los cuales se
demanda. Es importante advertir que, si bien es cierto no le es dable al Estado la
asignación de un agente del orden a cada ciudadano, a cada vivienda y a cada
rincón del país, para que vele por su vida y demás derechos, tampoco se entiende
que siendo la fuerza pública la encargada de velar por los derechos de las
personas y cuidarlos en su vida, honra y bienes, no lo haga, y por el contrario
actúe en connivencia con los grupos al margen de la ley para violentar los
derechos de los ciudadanos indefensos”2.
Los actores alegan que las demandadas son responsables por la muerte de José
Abelardo Jiménez Peña y el consecuente desplazamiento forzado de sus
familiares, debido a la falla en el servicio de protección, por acción y por omisión,
dada su obligación de garantes institucionales de los derechos humanos y por
permitir y auspiciar la acción de los grupos de “Autodefensas” contra los miembros
2 Hecho No. 10 de la demanda, Fl. 16, C.1.
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Demandante: Luz Alba Espinosa y otros
de la Unión Patriótica, sindicalistas y/o comunistas con lo cual se les causaron
perjuicios materiales e inmateriales.
2. Contestación
El 173 de mayo y el 254 de septiembre de 2018 el Tribunal Administrativo de
Antioquia admitió la demanda y su reforma, respectivamente, y ordenó su
notificación a las entidades demandadas y al ministerio público.
2.1. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República 5 contestó la
demanda y su reforma y se opuso a la totalidad de las pretensiones, con
fundamento en que los hechos demandados no son de su competencia. Como
excepciones formuló las de “caducidad”, “falta de legitimación material en la causa
por pasiva” y “hecho de un tercero”.
2.2. La Nación – Ministerio del Interior6 señaló que no incurrió en conducta alguna
por acción o por omisión que diera lugar a los hechos demandados. Formuló las
excepciones de “caducidad”, “falta de legitimación en la causa por pasiva”,
“inexistencia de falla o falta en el servicio”, “prohibición de doble reparación
económica” y “valoración exagerada de perjuicios morales y daños a la vida de
relación”.
2.3. La Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional7 contestó la demanda y
su reforma y señaló que la parte actora funda la causa petendi en hechos
generales de violencia en el país, sin imputar una acción u omisión en particular,
para lo cual advirtió que la obligación de protección de la fuerza pública es de
medios y no de resultado. Propuso las excepciones de “caducidad”, “inexistencia
de la obligación”, “inexistencia de medios probatorios que endilguen
responsabilidad a la entidad”, “hecho de un tercero”, “inexistencia de la posición
de garante” y “falta de legitimación en la causa por pasiva”.
3 Fl. 414 y 415, C.1.
4 Fl. 639 y 640, C.2.
5 Fl. 430 a 448, C.1 y 647 a 649, C.2.
6 Fl. 491 a 498, C.1.
7 Fl. 504 a 514, C.1 y 655 a 657, C.2.
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Demandante: Luz Alba Espinosa y otros
2.4. La Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional8 contestó la demanda y
su reforma y sostuvo que la posición de garante no tiene un alcance absoluto y
que no se probó la atribución de los hechos constitutivos de falla del servicio a esa
entidad. Formuló las excepciones de “hecho de un tercero”, “caducidad”,
“inexistencia de la obligación” y la genérica.
3. Audiencia inicial
El 13 de diciembre de 20189 el Tribunal Administrativo de Antioquia realizó la
audiencia inicial en la que declaró saneado el proceso. A continuación, resolvió las
excepciones formuladas y, frente a la de caducidad, consideró que se definiría en
la sentencia. Seguidamente, el a quo decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.
Frente a este último punto, señaló lo siguiente: “El problema jurídico principal que
deberá resolver el Tribunal en el momento de emitir sentencia de fondo consiste
en establecer si existe mérito para declarar la responsabilidad patrimonial y
solidaria de todas o algunas de las entidades demandadas, con ocasión de la
muerte del señor José Abelardo Jiménez Peña ocurrida en el municipio de
Chigorodó – Antioquia el 9 de julio de 1996 a manos de un grupo paramilitar de
las ACCU-AUC y el desplazamiento forzado posterior de los demandantes.
Asimismo, deberá determinar esta Corporación sobre la posibilidad de otorgar la
indemnización de perjuicios invocada por los actores en el escrito genitor de la
litis”.
4. Alegatos de conclusión en primera instancia
El 20 de agosto de 201910, se corrió traslado a las partes y al ministerio público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
8 Fl. 579 a 587, C.1 y 650 a 654, C.2.
9 Fl. 672 a 679, C.3.
10 Fl. 1042, C.3.
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4.1. El extremo activo11, la Policía Nacional12, el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República13, el Ejército Nacional14 y el Ministerio del Interior15
reiteraron lo expuesto en la demanda y en la contestación de la misma,
respectivamente.
4.2. El ministerio público guardó silencio en esta etapa procesal.
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 23 de octubre de 201916 el Tribunal Administrativo de
Antioquia declaró probada la caducidad del medio de control y se inhibió para
resolver de fondo, al constatar que la demanda se presentó luego de superado el
término legal para accionar, tanto respecto de la muerte de José Abelardo
Jiménez Peña, la cual no se probó que constituyera un delito de lesa humanidad,
como del desplazamiento forzado de los demandantes.
Al efecto, en la sentencia manifestó: “[…] En el sub examine se está deprecando
la responsabilidad del Estado por complicidad en los delitos contra dirigentes y
militantes de la Unión Patriótica, así como contra líderes sindicales, por acción y
omisión de las fuerzas armadas, lo que implica que sea un delito de lesa
humanidad, razón por la cual era necesario acreditar además de un orden público
alterado, la militancia de aquel en la Unión Patriótica y su calidad de dirigente
sindical y, además, que ello constituyó el móvil de su homicidio, lo cual no sucedió.
[…] En suma, al no constatarse en el sub examine que el homicidio del señor
Jiménez Peña constituye un acto de lesa humanidad, en virtud de lo establecido
en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, los dos
años con los que contaban los demandantes para instaurar la acción (hoy medio
de control) de reparación directa empezaron a correr a partir del día siguiente al 9
de julio de 1996 (fecha del deceso), los cuales se encontraban ampliamente
11 Fl. 1058 a 1081, C.3.
12 Fl. 1045 a 1047, C.3.
13 Fl. 1048 a 1054, C.3.
14 Fl. 1055 a 1057, C.3.
15 Fl. 1083 y 1084, C.3.
16 Fl. 1086 a 1098, Cuaderno Consejo de Estado.
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vencidos para el momento de presentación de la demanda, esto es, el 27 de abril
de 2018. […] la Sala no encuentra acreditado el desplazamiento de todos los
actores y respecto de los que se hallan inscritos en el registro de víctimas, no
existen pruebas de que se hayan desplazado por las supuestas amenazas
recibidas por la señora Luz Alba de forma subsiguiente a la muerte del señor
Jiménez Peña, pues ni siquiera se comprobó la existencia de las mismas. Así las
cosas, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado antes abordada,
para los demandantes que probaron la calidad de desplazados, el término de
caducidad de dos años para instaurar la demanda comenzó a correr desde que se
dieron las condiciones de seguridad para que retornaran al municipio de
Chigorodó, que según lo confesó la señora Luz Alba, fue alrededor de 2009,
escenario en el cual para el 27 de abril de 2018 cuando se instauró el medio de
control, evidentemente se encontraba configurado el fenómeno jurídico de la
caducidad. De otro lado, es menester tener en cuenta que en la sentencia SU-254
de 2013 con efectos inter comunis, la Corte Constitucional determinó que la
caducidad de los medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo para la población desplazada solo podrá computarse a partir de la
ejecutoria del fallo […] la sentencia SU-254 de 2013 fue publicada en el diario El
Tiempo el 19 de mayo de 2013, por lo que quedó ejecutoriada el 23 de ese mes y
año. Escenario en el cual también operó la caducidad de la acción de reparación
directa, toda vez que el término para demandar venció el 24 de mayo de 2015, en
tanto, se itera, la demanda solo fue presentada hasta el 27 de abril de 2018”.
6. Recurso de apelación
El 13 de noviembre de 201917 la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual
fue concedido el 19 de noviembre de 201918 y admitido el 9 de abril de 202119.
6.1. La parte actora20 solicitó revocar la sentencia de primera instancia. En
sustento, señaló que el a quo no valoró de forma integral la prueba documental y
17 Fl. 1112 a 1139, Cuaderno Consejo de Estado.
18 Fl. 1140 Cuaderno Consejo de Estado.
19 Fl. 1148, Cuaderno Consejo de Estado.
20 Fl. 1112 a 1139, Cuaderno Consejo de Estado.
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Demandante: Luz Alba Espinosa y otros
testimonial que dio cuenta de que la muerte de José Abelardo Jiménez Peña se
dio en el marco del actuar sistemático y generalizado de un grupo armado ilegal
contra la víctima por ser militante de la Unión Patriótica, del sindicato
SINTRAOFAN y líder social. Sin embargo, no manifestó argumento de oposición
alguno frente a la decisión del a quo respecto del desplazamiento forzado.
7. Alegatos de conclusión en segunda instancia
El 24 de mayo de 202121 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
7.1. La parte actora22, el Ejército Nacional23 y la Nación – Ministerio del Interior24
reiteraron lo expuesto en los recursos de apelación y en la contestación de la
demanda, respectivamente.
7.2. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Policía
Nacional y el ministerio público guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia del 23 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, puesto que la cuantía25 supera la exigida de 500
SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 152, numeral 5, y 157, inciso 2, de la Ley
1437 de 2011.
21 Fl. 1150, Cuaderno Consejo de Estado.
22 Índice 49 Samai.
23 Índice 12 Samai.
24 Índice 16, Samai.
25 La cuantía excede de los 500 SMLMV (lo cual equivale a $390’621.000, para el 27 de abril de
2018 cuando se presentó la demanda) que se exige para que un proceso tenga vocación de doble
instancia, y la pretensión mayor es de $534’819.817 por lucro cesante.
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Demandante: Luz Alba Espinosa y otros
2. Medio de control procedente
La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir
la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 14026 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque
se reclama la reparación de un daño por hechos imputables a acciones y
omisiones en la prestación del servicio de seguridad y protección de la Nación -
Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Policía Nacional y el Ministerio del
Interior.
Ahora bien, es importante destacar que, frente al Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República, se tiene que mediante auto del 8 de abril de
202427, se aceptó el desistimiento presentado por la parte actora de las
pretensiones frente esa entidad y, en consecuencia, se dio por terminado el
trámite judicial respecto de esta.
3. Problemas jurídicos
Corresponde a la Sala determinar si: i) en el presente asunto se configuró la cosa
juzgada internacional o, de no ser así, si procede resolver de fondo sobre la
26 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la
persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por
la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado
responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación
administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o
por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado
siguiendo una expresa instrucción de la misma. Las entidades públicas deberán promover la
misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad
pública. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y
entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada
una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del
daño”
27 Índice 51, Samai.
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Demandante: Luz Alba Espinosa y otros
responsabilidad de las demandadas por la muerte de José Abelardo Jiménez
Peña por su calidad de militante de la Unión Patriótica, sindicalista y líder social; y,
ii) si la demanda se presentó de forma oportuna en cuanto al desplazamiento
forzado de los demandantes.
4. Solución de los problemas jurídicos
Antes de resolver los problemas jurídicos es menester hacer unas consideraciones
sobre: i) la compatibilidad y concurrencia entre el Sistema Interamericano de
Protección a Derechos Humanos e interno de responsabilidad patrimonial del
Estado; ii) la cosa juzgada internacional en el caso concreto; y, iii) la vigencia del
medio de control respecto de la muerte de José Abelardo Jiménez Peña y del
desplazamiento forzado de los demandantes.
5. La compatibilidad y concurrencia entre el Sistema Interamericano de
Protección a Derechos Humanos e interno de responsabilidad patrimonial
del Estado
Mediante sentencia del 27 de julio de 2022, en el caso “Integrantes y Militantes de
la Unión Patriótica Vs. Colombia”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
declaró que el Estado colombiano es responsable por las violaciones de derechos
Humanos cometidas en perjuicio de más de seis mil víctimas integrantes y
militantes del partido político Unión Patriótica (“UP”) a partir de 1984 y por más de
veinte años.
En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos constató que la
violencia sistemática contra los integrantes y los militantes de la Unión Patriótica,
la cual perduró por más de dos décadas y se extendió en la casi totalidad del
territorio colombiano, se manifestó a través de actos de distinta naturaleza como
desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos,
amenazas, atentados, actos diversos de estigmatización, judicializaciones
indebidas, torturas, desplazamientos forzados, entre otros.
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Demandante: Luz Alba Espinosa y otros
Sostuvo la Corte, que esos actos constituyeron parte de un plan de exterminio
sistemático contra el partido político Unión Patriótica, sus miembros y militantes,
los cuales contaron con la participación de agentes estatales, y con la tolerancia y
aquiescencia de las autoridades, constituyendo un crimen de lesa humanidad. A
su vez, las investigaciones sobre esos hechos de violencia no fueron efectivas y
se caracterizaron por altos índices de impunidad que operaron como formas de
tolerancia por parte de las autoridades frente a los mismos.
Sobre la responsabilidad internacional de Colombia, la Corte consideró que en la
determinación de la atribución al Estado de los hechos que vulneraron las
obligaciones internacionales, se superponen formas de responsabilidad directa
que se desprenden tanto de la participación directa de agentes estatales y de
actores no estatales en diferentes momentos de los hechos de violencia contra los
integrantes y militantes de la Unión Patriótica, como de diversos mecanismos de
tolerancia, aquiescencia y colaboración para que éstos sucedieran.
Pues bien, en cuanto a la compatibilidad y concurrencia de ambos regímenes de
responsabilidad, esto es, tanto el del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos como el interno, cabe advertir que en el primero la responsabilidad
internacional obedece a la declaratoria que hace la Corte Interamericana por el
incumplimiento del Estado colombiano de las obligaciones de respetar y garantizar
los derechos consagrados en la Convención Americana, según lo previsto en los
artículos 1.128 y 229, luego de que el caso fuera sometido a su conocimiento por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
28 “Artículo 1. Obligación de respetar los derechos.
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social”.
29 “Artículo 2. Deber de adoptar disposiciones de derecho interno.
Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1o no estuviere ya
garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a
adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta
Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos
tales derechos y libertades”.
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Por otro lado, frente a la responsabilidad estatal en el derecho interno, esta se
funda en el artículo 90 de la Constitución Política y su declaratoria por parte de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene como finalidad la reparación de
un daño antijurídico imputable a la Administración ya sea a título subjetivo u
objetivo.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos prevé la concurrencia de ambos
regímenes y por ello, en cuanto al alcance de su providencia, en la sentencia del
27 de julio de 2022 reconoció algunas indemnizaciones y medidas de reparación,
pero advirtió que lo que se decida en la jurisdicción contencioso administrativa
debe tenerse en cuenta para la reparación integral de las víctimas30.
6. No existe cosa juzgada internacional en el caso concreto
La Convención Americana sobre Derechos Humanos fue adoptada por el Estado
Colombiano mediante la Ley 16 de 1972, luego, a partir del 21 de julio de 1985,
Colombia aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, con lo cual reconoció como obligatorias las decisiones tomadas por
este Tribunal en los casos en que se declare su responsabilidad internacional por
la violación a los derechos y libertades protegidos por el Tratado, según el artículo
62 de la Convención.
De conformidad con el artículo 67 de la Convención Americana, las sentencias
proferidas por la Corte Interamericana son definitivas e inapelables, es decir, que
una vez se encuentran en firme hacen tránsito a cosa juzgada y es obligatorio su
cumplimiento; además, los Estados miembros de la Convención se
comprometieron, de acuerdo con lo dispuesto artículo 68, a cumplir los fallos de la
Corte en los procesos en que sean partes.
Como lo ha indicado la Sección Tercera de esta Corporación31, si los hechos
materia del proceso de reparación directa fueron decididos previamente por la
30 Ver párrafos 546, 629 y 631 de la sentencia del 27 de julio de 2022, “caso integrantes y
militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia”.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 19 de
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Demandante: Luz Alba Espinosa y otros
Corte Interamericana, el juez nacional deberá declarar, de oficio o petición de
parte, la excepción de cosa juzgada internacional, que implica estarse a lo
dispuesto por el fallo del juez internacional, en aras de impedir la discusión
indefinida sobre el objeto del litigio y evitar eventuales pronunciamientos
repetitivos o incluso contradictorios.
En concordancia, el artículo 303 del Código General del Proceso establece que la
“sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa
juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la
misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de
partes”.
En efecto, tanto la Corte Constitucional32 como el Consejo de Estado33 han
señalado que esta disposición procesal cobija las sentencias dictadas por
tribunales internacionales y cortes de otras jurisdicciones que el Estado
colombiano tiene la obligación de cumplir. En este sentido, han indicado que la
cosa juzgada internacional se configura en aquellos eventos en los que una
decisión de un tribunal internacional o corte extranjera resuelve de forma definitiva
una controversia que estaba siendo conocida por una autoridad judicial
colombiana. Lo anterior, siempre que se constate que entre el proceso
internacional y el proceso doméstico existe “triple identidad”, esto es, de partes,
hechos y objeto. El principal efecto de la cosa juzgada internacional es la
imposibilidad de que el juez colombiano pueda reabrir y volver a conocer de fondo
sobre la controversia que ya fue resuelta por un juez de otra jurisdicción o tribunal
internacional.
La Sección Tercera de esta Corporación también ha recordado que la declaratoria
de cosa juzgada busca garantizar la seguridad jurídica e impedir la discusión
octubre de 2007, exp. 05001-23-31-000-1998-02290-01 (29.273), CP: Enrique Gil Botero.
32 Corte Constitucional, sentencias C-694 de 2015, T-296 de 2018 y SU168 de 2023, entre otras.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 19 de octubre de 2017, exp. 29273 y sentencia del 3 de julio de 2020, exp. 54897;
Subsección B, sentencia del 23 de noviembre de 2022, exp. 63777 y Subsección C, sentencia del
21 de septiembre de 2016, exp. 51743, entre otras.
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Radicado: 05001233300020180094501 (66648)
Demandante: Luz Alba Espinosa y otros
indefinida sobre el objeto del litigio, así como evitar eventuales pronunciamientos
repetitivos o incluso contradictorios y prevenir escenarios de doble resarcimiento.34
A fin de determinar si existe identidad de causa entre el presente asunto y el
resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Sala considera
pertinente confrontar los hechos puestos a consideración de ese Tribunal
internacional35 con los que se invocaron en la demanda de la referencia, como se
hará a continuación:
6.1. Respecto de la muerte de José Abelardo Jiménez Peña
Hechos invocados en la petición Hechos invocados en la presente
presentada ante la Comisión demanda.
Interamericana de Derechos
Humanos con base en los cuales
esta presentó el informe de
admisibilidad y fondo36 ante la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos
En su informe de fondo No. 170/17 caso El 9 de julio de 1996, luego de terminar su
11.227 del 6 de diciembre de 2017, la jornada laboral como obrero municipal,
Comisión Interamericana de Derechos José Abelardo Jiménez Peña se
Humanos realizó unas determinaciones encontraba en el puente ubicado sobre la
globales de los hechos y presuntas vía Panamericana del municipio de
víctimas del caso y solo individualizó las Chigorodó, cuando fue asesinado por
víctimas directas y hechos de los casos varios impactos de arma de fuego
denominados como “representativos”, propinados por miembros de las
pero entre ellos, no se encuentra el de “Autodefensas”, debido a su condición de
José Abelardo Jiménez Peña. militante de la Unión Patriótica, la cual
ocurrió con “la ayuda directa o indirecta de
No obstante, la Corte Interamericana de miembros de las fuerzas armadas del
derechos humanos, en la sentencia del 27 Estado”.
de julio de 2022 señaló que en los anexos
I, II y III a dicha providencia se incluyó a
todas las personas indicadas como
integrantes, militantes y simpatizantes de En fecha indeterminada, ante las
la Unión Patriótica y a sus familiares amenazas proferidas por las
según los listados allegados por la “Autodefensas” luego del homicidio de José
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 3 de julio de 2020, exp. 54897; Subsección B, sentencia del 23 de noviembre de
2022, exp. 63777 y Subsección C, sentencia del 21 de septiembre de 2016, exp. 51743.
35 Solo se destacarán los hechos relativos a José Abelardo Jiménez Peña, pues cabe advertir que
la petición también fue elevada en relación con otras víctimas.
36 Informe de fondo No. 170 del 6 de diciembre de 2017, caso 11.227, Integrantes y Militantes de la
Unión Patriótica vs. Colombia, consultado en:
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/2018/11227FondoEs.pdf
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Radicado: 05001233300020180094501 (66648)
Demandante: Luz Alba Espinosa y otros
Comisión “sin necesidad de una Abelardo Jiménez Peña y los antecedentes
comprobación individualizada de de atentados y persecución contra
hechos violatorios para cada una de miembros de la Unión Patriótica y sus
ellas, tomando en cuenta que en los familiares, los demandantes se vieron
capítulos precedentes la Corte: obligados a desplazarse para proteger sus
vidas.
a) Pudo comprobar la existencia de un
plan de exterminio sistemático de los
militantes e integrantes de la UP llevado a
cabo por actores estatales y/o terceros
con la tolerancia o aquiescencia del
Estado (supra párr. 243);
(…).
c) Declaró improcedentes los argumentos
del Estado respecto a la falta de
determinación de una plataforma fáctica o
de pruebas individualizadas para cada
víctima (supra párrs. 145 a 149). Al
respecto, se indicó que, tomando en
cuenta las circunstancias específicas
propias de este caso, resultaba razonable
que no se exija a la Comisión ni a los
intervinientes comunes que precisen
todas y cada una de las circunstancias
fácticas relativas a las miles de víctimas
de este caso, puesto que todos serían
hechos constitutivos de un único
emprendimiento que se materializaron de
distintos modos, que tienen en común el
exterminio de los integrantes, militantes y
simpatizantes de la Unión Patriótica y que
se produjeron a lo largo de dos décadas
en casi todo el territorio colombiano (supra
párr. 148);
(…).
f) Al pronunciarse sobre la atribución de
responsabilidad del Estado, explicó las
razones por las cuales en este caso aquel
incurrió en una violación del deber de
respetar los derechos humanos de todos
los integrantes, militantes y simpatizantes
de la UP indicados por la Comisión y los
representantes, sin necesidad de una
comprobación individualizada de hechos
violatorios para cada uno de ellos (supra
párrs. 217 y ss).
De conformidad con lo anterior, esta Corte
considera que existen diversos elementos
que permiten concluir que en el caso
existe una responsabilidad internacional
del Estado por incumplimiento de su
deber de respetar los derechos humanos
de los integrantes y militantes de la Unión
Patriótica, aún en las situaciones en las
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Radicado: 05001233300020180094501 (66648)
Demandante: Luz Alba Espinosa y otros
cuales solo se ha podido comprobar una
falta al deber de prevención y/o de
investigación. En la determinación de la
atribución al Estado de los hechos que
vulneraron las obligaciones
internacionales, se superponen formas
responsabilidad directa que se
desprenden tanto de la participación
directa de agentes estatales y de actores
no estatales, en diferentes momentos de
los hechos de violencia contra los
integrantes y militantes de la Unión
Patriótica, como de diversos mecanismos
de tolerancia, aquiescencia y
colaboración, en los términos expuestos
supra (supra párrs 215 y 216).
En la misma providencia la Corte agregó:
“Tomando en cuenta la información
proporcionada por los representantes
sobre los autores presuntos de los hechos
y su eventual conexión con la fuerza
pública, y la prueba presentada por los
mismos, así como la falta de controversia
por parte del Estado, para esta Corte
existen suficientes indicios que se suman
a un contexto general (supra Capítulo
VIII.A) para concluir que el Estado es
también responsable por la vulneración al
derecho a la vida por una falta al deber
del respeto en los términos del artículo 1.1
de la Convención Americana, de las
personas ejecutadas extrajudicialmente
que se encuentran nombradas en los
Anexos I y III”37.
Se observa que en el anexo I de dicha
sentencia se encuentran incluido José
Abelardo Jiménez Peña como víctima
directa de ejecución extrajudicial (casilla
319) y en el anexo III en la casilla 2.400
por el mismo hecho ocurrido el 9 de julio
de 1996 en el municipio de Chigorodó,
Antioquia.
Asimismo, en el anexo IV38 de la misma
sentencia, la Corte se refirió
37 Párrafos 289, 290 y 362.
38 En el párrafo 221 de la sentencia del 27 de julio de 2022, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos señaló que “Los hechos particulares relacionados con las privaciones a los derechos a la
vida, las desapariciones forzadas, los desplazamientos forzados, las amenazas, las torturas y otras
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Radicado: 05001233300020180094501 (66648)
Demandante: Luz Alba Espinosa y otros
expresamente al caso de José Abelardo
Jiménez Peña en los siguientes términos:
“José Abelardo Jiménez Peña fue
reconocido localmente como un líder
comunitario, siendo nombrado presidente
de su Junta de Acción Comunal durante
varios períodos; fundador y presidente de
la cooperativa encargada del
mantenimiento vial de la carretera
Chigorodó - océano Atlántico; ocupó
varios cargos en la dirección del PCC y a
comienzos de los años 80 en el
movimiento político de la UP a nivel
municipal, llegando a ser escogido como
candidato al concejo municipal en el año
1986. Finalmente fue concejal de
Chigorodó en representación de la UP,
período 1990- 1992.
El 9 de julio de 1996, cuando José
Abelardo trabajaba junto a otros obreros
adscritos al municipio de Chigorodó, en la
construcción del puente sobre el río
Chigorodó, fue sorprendido por varios
paramilitares que actuaban en la región
bajo la etiqueta de Comandos Populares,
quienes después de identificarlo le
dispararon asesinándolo”.39
Examinado lo anterior se observa que, si bien ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos no se formularon los hechos específicos de este caso, esa
Corporación consideró que no era necesaria una comprobación individualizada de
los hechos violatorios para cada una de las víctimas y declaró la responsabilidad
internacional del Estado por la ejecución extrajudicial de quienes se encuentran
nombrados en los anexos de dicha providencia, entre ellos, José Abelardo
Jiménez Peña, quien se encuentra enlistado en los anexos I, III y IV de la referida
sentencia del 27 de julio de 2022, lo cual permite predicar la existencia de una
identidad de causa.
Igualmente, tanto en el caso sometido ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos como en el proceso de la referencia, se pretendió la responsabilidad del
afectaciones a la integridad personal y a la libertad personal que fueron presentados tanto por la
Comisión como por los representantes, se exponen en el Anexo IV a la presente sentencia”.
39 Párrafos 495 y 496.
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Radicado: 05001233300020180094501 (66648)
Demandante: Luz Alba Espinosa y otros
Estado por el homicidio de José Abelardo Jiménez Peña40 y el juez internacional
declaró que el Estado colombiano era responsable por ello, mediante la sentencia
del 27 de julio de 202241, decisión que se encuentra en firme42 y es de obligatorio
cumplimiento, como antes se anotó.
No obstante, en cuanto a la identidad de partes, cabe advertir que los
demandantes del proceso no acudieron ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en el caso “Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica (UP)
Vs. Colombia” resuelto por la Corte en la sentencia del 27 de julio de 2022, pues
en el anexo II de dicha providencia en el que se relaciona a los familiares de las
víctimas que concurrieron ante la justicia interamericana, no aparecen ninguno de
los demandantes de este proceso, por lo que debe concluirse que las partes no
son exactamente las mismas.
Si bien la Sección Tercera del Consejo de Estado43, en casos similares, en los
cuales se ha presentado identidad de causa y objeto –aunque no de partes–, ha
declarado la existencia del fenómeno de cosa juzgada material y, en
consecuencia, ha acogido los planteamientos y fundamentos expuestos en las
oportunidades para declarar la responsabilidad del Estado frente a esos mismos
hechos ya debatidos y decididos, lo cierto es que, en la sentencia del 27 de julio
de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso lo siguiente:
40 Así puede leerse en la demanda (se transcribe de forma literal): “1.1. Que la Nación Presidencia
de la República – Ministerio del Interior – Ministerio de Defensa – Ejército y Policía Nacional son
administrativa y solidariamente responsables de la totalidad de los perjuicios irrogados a los
demandantes con la muerte de José Abelardo Jiménez Peña […] en hechos ocurridos en
jurisdicción del municipio de Chigorodó, Antioquia el 9 de julio de 1996 […]”. (Fls. 11 y 12 del
cuaderno 1, expediente digital, índice 2 Samai).
41 La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del 27 de julio de 2022 declaró:
“(…) 7. El Estado es responsable por la violación al derecho a la vida reconocido en el artículo 4
de la Convención Americana, en relación con lo dispuesto en el artículo 1.1 de ese Tratado en
perjuicio de las personas ejecutadas que son mencionadas en los Anexos I y III, en los
términos de los párrafos 355 a 363 de la presente Sentencia”. (Punto resolutivo 7, página 181).
José Abelardo Jiménez Peña fue incluido en los Anexos I y III como víctima directa de ejecución
extrajudicial (casillas 319 y 2.400).
42 Tal como se desprende de lo señalado en la Resolución de 21 de noviembre de 2023, proferida
por la Corte IDH con ocasión de la supervisión de cumplimiento de la sentencia de 27 de julio de
2022, la cual se puede consultar en:
https://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/integrantes_militantesUP_21_11_2023.pdf
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de
mayo de 2011, exp. 19355; sentencia del 12 de mayo de 2016, exp. 36350; Subsección A,
sentencia del 1 de diciembre de 2023, exp. 63381 y sentencia del 27 de septiembre de 2024, exp.
68929, entre otras.
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Radicado: 05001233300020180094501 (66648)
Demandante: Luz Alba Espinosa y otros
“[…] 531. La Corte nota que tanto la Comisión Interamericana como los
intervinientes comunes de los representantes solicitaron que se ordene la creación
de un mecanismo que permita buscar e identificar a más víctimas directas o a más
familiares de víctimas, adicionales a las personas incluidas por la Comisión en el
Informe de Fondo. Asimismo, la Comisión señaló que ese mecanismo podría ser
utilizado para ‘resolver posibles discrepancias en los Listados de Víctimas anexos a
[su] informe de fondo, así como situaciones en las cuales surja información objetiva
y fundamentada que pudiera poner en duda la existencia de una persona o su
vínculo con la Unión Patriótica’. 532. El Tribunal considera improcedente acceder a
tales solicitudes en cuanto a la pretensión de ampliar la cantidad de víctimas en el
marco de este proceso internacional, más allá de las personas incluidas en los
listados de la Comisión y los representantes de las víctimas y los poderes de
representación aportados por estos últimos (supra párr. 529). Sin perjuicio de ello, el
Estado puede aceptar la existencia de víctimas adicionales. […] 540. Lo dispuesto
en este acápite no excluye que aquellas personas que también hayan sufrido
posibles violaciones como integrantes, militantes y simpatizantes de la Unión
Patriótica y sus familiares, que no están incluidas en los Anexos I, II y III de víctimas
de esta Sentencia, puedan demandar sus derechos conforme a la normativa interna.
[…]”
En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se pronunció
respecto de los demandantes Luz Alba Espinosa, Gonzalo Jiménez Espinosa,
Marlen Cecilia Jiménez Espinosa, Pedro Nel Jiménez Espinosa, Marco Fidel
Jiménez Espinosa y Gildardo Jiménez Peña como víctimas indirectas, dado que
estas no fueron incluidas en ninguno de los anexos de la sentencia del 27 de julio
de 2022, de ahí que no se configuró la cosa juzgada internacional por no existir
identidad de partes.
De modo que, como los demandantes decidieron acudir a la justicia interna, la
Sala deberá pronunciarse sobre sus pretensiones en relación con la muerte de
José Abelardo Jiménez Peña, como ya lo ha hecho esta Sección en asuntos
similares44.
6.2. Respecto del desplazamiento forzado de los demandantes
Frente a las pretensiones derivadas del desplazamiento forzado alegado por los
demandantes, se observa que en la sentencia del 27 de julio de 2022, la Corte
44Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia delñ 12 de abril de 2024, exp. 68852 y Subsección C, sentencia del 11 de agosto de
2025, exp. 72350.
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Radicado: 05001233300020180094501 (66648)
Demandante: Luz Alba Espinosa y otros
Interamericana de Derechos Humanos no señaló hechos específicos de
desplazamiento forzado como consecuencia de la muerte de José Abelardo
Jiménez Peña, por los que se reconociera como víctimas a los hoy actores, como
tampoco se declaró la responsabilidad internacional del Estado por el
desplazamiento forzado de los accionantes como víctimas directas.
Siendo así, no se cumplen los presupuestos para declarar la cosa juzgada
material por el hecho del desplazamiento forzado que se alega en la demanda, por
lo que deberá proseguirse con el estudio de los demás presupuestos procesales y,
solo en el evento en que todos ellos se encuentren acreditados, se procederá al
análisis del fondo del asunto.
7. Vigencia del medio de control respecto del desplazamiento forzado de los
demandantes
Dado que la sentencia de primera instancia declaró probada la caducidad del
medio de control y se inhibió para resolver de fondo, resulta necesario verificar si
la demanda se presentó en tiempo por cuanto el ejercicio oportuno de la acción es
un presupuesto procesal que, por ende, debe examinarse de oficio45.
Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general46, estableció unos plazos para poder ejercer
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 23 de
junio de 2011, Exp. 21093: “[…] respecto a la oportunidad para pronunciarse respecto a este
fenómeno jurídico ha de decirse, en primer lugar, que, por tratarse de un presupuesto procesal de
la acción, ha de examinarse de manera oficiosa al momento de admitirse la demanda por manera
que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del Código Contencioso Administrativo, habrá de
rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurrido,, o bien podrá ser propuesta por el demandado
mediante el recurso de reposición propuesto contra el auto admisorio de la demanda, o en la
contestación de la misma, formulada como excepción de fondo- artículo 144 ordinal 3- e incluso
declararla de oficio el Juez en la sentencia definitiva si se encuentra probada, conforme a los
mandatos del artículo 164 del C.C.A.”
46 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico
procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita
en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener
pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado
social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida,
la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de
un interés general.
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Radicado: 05001233300020180094501 (66648)
Demandante: Luz Alba Espinosa y otros
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan
ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la
solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la
consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia
procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción47, ofrecer
estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que
requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con
ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la
salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su
ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
La caducidad, en la segunda de sus manifestaciones, tal vez la que menos se
considera en la doctrina y jurisprudencia pero que es de la esencia y naturaleza de
la figura, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su
advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio
cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores
jurídicos que discuten alguna situación, lo que implica que en tal concepción surta
efectos para ambas partes indistintamente de quien realiza la proposición judicial,
en tanto se refiere es a la situación jurídica en concreto; sin embargo, en el
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada
referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la
posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
47 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a
la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una
restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo
oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la
seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos
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Radicado: 05001233300020180094501 (66648)
Demandante: Luz Alba Espinosa y otros
anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter
irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso
iure48 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del
aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o
protección de la justicia49, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo
concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de
accionar. Esta concepción de límite temporal de la figura en comento, sin
embargo, opera en favor del accionado y en contra del accionante que acude
tarde a hacer efectivo su derecho de acción, pues implica reconocer que el
derecho a demandar se perdió, en tanto el accionado lo puede proponer como
medio exceptivo o el juez reconocer o declarar de oficio.
Ahora bien, el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, vigente para la
época de los hechos, señalaba que la acción de reparación directa caducaría al
vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del
acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la
ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de
trabajo público o por cualquiera otra causa.
A su turno, artículo 164.2.i del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo – CPACA, vigente para la fecha de presentación de la
demanda, determinó que “La demanda deberá ser presentada: […] so pena de
que opere la caducidad: […] Cuando se pretenda la reparación directa, […] dentro
48 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de
los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las
partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no
hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su
derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es
decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta
inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
49 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados
por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho,
por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de
protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por
la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno
indicado”.
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Radicado: 05001233300020180094501 (66648)
Demandante: Luz Alba Espinosa y otros
del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia
de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o
debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.”.
Ahora bien, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio
de 201250, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales
contenidas en el CPACA51; así como las disposiciones del CGP52, en virtud de la
integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos
mencionados53.
Con relación a la caducidad, debe tenerse en cuenta que los términos que
hubiesen empezado a correr en vigencia de una ley anterior deben computarse de
conformidad con ella, en atención a lo consagrado en el artículo 624 del CGP 54,
que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, de ahí que al sub lite, en este
puntual aspecto, le resulte aplicable el numeral 8º artículo 136 del Decreto 01 de
1984 (CCA)55, comoquiera que los supuestos de hecho constitutivos del daño
50 La demanda se presentó el 27 de abril de 2018.
51 “Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2)
de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con
posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así
como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y
culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.
52 Lo anterior, teniendo en cuenta que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, mediante auto del veinticinco (25) de junio de dos mil catorce (2014), unificó su
jurisprudencia para indicar que el CGP entró a regir a partir del primero (1º) de enero de dos mil
catorce (2014), “salvo las situaciones que se gobiernen por la norma de transición (…) las cuales
se resolverán con la norma vigente al momento en que inició el respectivo trámite (…)”. Ver:
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de
junio de 2014, expediente 49.299.
53 “Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se
seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.
54 Artículo 624. Modifíquese el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedará así:
“Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre
las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Sin embargo, los recursos
interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias
iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las
notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr
los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. La
competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de
formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad”.
55 “Artículo 136. Caducidad de las acciones. “(…)
25
Radicado: 05001233300020180094501 (66648)
Demandante: Luz Alba Espinosa y otros
antijuridico alegado en la demanda habrían ocurrido entre los años 1996 y 2014,
según se acredita más adelante.
Finalmente, debe resaltarse que la caducidad no se suspende, salvo con la
presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el
conciliador, en los términos del artículo 21 de la Ley 640 de 200156, y sólo se
interrumpe con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y
formalidades previstas en la Ley57.
8. Caducidad del medio de control de reparación directa frente a presuntas
conductas de lesa humanidad, incluido el desplazamiento forzado
Mediante sentencia del 29 de enero de 2020, la Sala Plena de la Sección Tercera
del Consejo de Estado58 unificó su jurisprudencia en lo concerniente al cómputo
del término de caducidad, en tratándose de pretensiones indemnizatorias cuando
se persigue el resarcimiento de los daños provenientes de delitos de lesa
humanidad, entre ellos, el desplazamiento forzado, crímenes de guerra y cualquier
otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad
patrimonial del Estado. Así, frente al caso concreto, en aquella oportunidad, se
decidió declarar probada la excepción de caducidad de la pretensión de
“8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir
del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la
ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o
por cualquiera otra causa”.
56 “Artículo 21. Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de
conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de
caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de
conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que
se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza
el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta
suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”.
57 Esto de conformidad con lo establecido en el artículo 94 del Código General del Proceso,
aplicable por remisión normativa del artículo 306 del CPACA: “Artículo 94. Interrupción de la
prescripción, inoperancia de la caducidad y constitución en mora. La presentación de la demanda
interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad siempre que el
auto admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del
término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al
demandante. Pasado este término, los mencionados efectos solo se producirán con la notificación
al demandado. (…)”.
58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera,
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, radicado 61033, C.P. Marta Nubia Velásquez
Rico.
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reparación directa promovida el 23 de mayo 2014, por hechos ocurridos en abril
del año 2007, con lo cual aplicó la regla de unificación establecida de forma
inmediata, sin consideración alguna respecto de la fecha de presentación de la
demanda.
En dicha decisión la Sección Tercera precisó que salvo para el caso de
desaparición forzada, que cuenta con regulación legal expresa59, en virtud de la
cual la caducidad se cuenta desde la fecha en que aparece la víctima o, en su
defecto, desde el momento en el que quedó ejecutoriado el fallo definitivo
adoptado en el proceso penal, el conteo del plazo para acceder a la jurisdicción de
lo contencioso administrativo inicia desde el momento en que los afectados
conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y
advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial a éste, excepto
que existan situaciones objetivas que impidan materialmente el ejercicio del
derecho de acción.
Así las cosas, el juez de lo contencioso administrativo deberá contar el plazo de
los dos (2) años para el ejercicio oportuno del medio de control de reparación
directa a partir del momento en que el interesado sabía o tuvo posibilidad de
advertir "que el Estado tuvo alguna injerencia en la controversia y era susceptible
de ser demandado en los términos del artículo 90 de la Constitución Política". La
referida regla, como fue explicada en la mencionada sentencia de unificación,
también se encuentra contenida en la Ley 1437 de 2011.
Por otra parte, el término de caducidad no es exigible cuando se verifique la
afectación ostensible de los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, lo cual ocurre en eventos en que se constate la
ocurrencia de situaciones objetivas como secuestros, enfermedades o cualquier
otro supuesto que obstaculice materialmente el ejercicio del derecho de acción,
pues este término preclusivo no puede discurrir contra quien no goza del acceso
efectivo a la administración de justicia.
59 Regulado expresamente por el inciso 2º del literal i) del numeral 2o del artículo 164 de la Ley
1437 de 2011 y antes por el numeral 8º del artículo 136 del Decreto No. 1 de 1984, adicionado por
el artículo 8º de la Ley 589 de 2000.
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Demandante: Luz Alba Espinosa y otros
De conformidad con lo expuesto, de manera excepcional, el juez de lo contencioso
administrativo deberá inaplicar el plazo de los dos (2) años para el ejercicio
oportuno del derecho de acción o iniciar su contabilización desde un momento
distinto a la ocurrencia del hecho dañoso, cuando advierta que la no
comparecencia ante la jurisdicción contenciosa administrativa dentro del plazo
previsto, es resultado de que el interesado: (i) no sabía o no tenía la posibilidad de
advertir que el Estado tuvo alguna injerencia en los hechos, o (ii) estaba impedido
materialmente para el ejercicio del derecho de acción.
Igualmente, respecto del cómputo del término de caducidad en los eventos de
desplazamiento forzado desde la ejecutoria de la sentencia SU - 254 de 201360, en
autos del 1 de octubre de 2021 y 7 de septiembre de 2023 61, esta Corporación
aclaró que la Corte Constitucional otorgó efectos inter comunis a dicha
providencia, con el fin de cobijar situaciones jurídicas similares tramitadas ante los
jueces de tutela, así como para garantizar una respuesta uniforme que garantizara
el derecho a la igualdad de personas que se encuentran en la misma situación
fáctica.
Como se consideró en los referidos autos, la decisión de la Corte Constitucional
obedeció a que, por primera vez, en dicha sentencia se fijó la interpretación del
artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, en el sentido de prohibir que los jueces de
tutela por esa vía ordenaran la indemnización en abstracto, toda vez que, para ese
efecto, las personas desplazadas cuentan con la posibilidad de iniciar procesos
judiciales y solicitar así las indemnizaciones que correspondan. En esa medida, al
impedir que los afectados acudan a la acción de tutela por la existencia de otro
mecanismo, se decidió que no debían tenerse en cuenta transcursos de tiempo
anteriores a la ejecutoria de esa sentencia, con el fin de privilegiar el derecho de
acceso a la administración de justicia de las víctimas de desplazamiento forzado.
60
La sentencia SU - 254 de 2013 proferida por la Corte Constitucional, Sala Plena, con ponencia
del Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, fue notificada el diecinueve (19) de mayo de dos mil
trece (2013) y, por ende, quedó en firme el veintidós (22) del mismo mes y año.
61 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, auto
del 1 de octubre de 2021, exp. 63260 y auto del 7 de septiembre de 2023, exp. 63042.
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Posteriormente, en la sentencia SU-312 de 202062 la Sala Plena de esta Corte fijó
la siguiente regla de unificación: el plazo de caducidad de dos años consagrado en
el CPACA para obtener una reparación por un delito de lesa humanidad atribuible
al Estado no se cuenta, necesariamente, a partir del momento en el que ocurrió el
daño, sino a partir de la fecha en que el afectado: (i) conoció que ese daño era
atribuible al Estado, (ii) se encuentre en capacidad material de imputarle el daño
en sede judicial, y (iii) la procedencia de la demanda que busca reparar ese daño
debe analizarse caso a caso, considerando las particularidades del demandante.
A continuación, en la sentencia T-044 de 202263, la Corte reiteró la regla de
unificación sobre el conteo de la caducidad contenida en la Sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020 del Consejo de Estado y complementó la regla
fijada por la anotada sentencia, al definir que el juez de la causa debe readecuar
su proceso de manera tal que se le permita al demandante exponer las razones
por las que no acudió a la justicia dentro del término legal establecido. Esto, en
aplicación de la regla consagrada en la Sentencia SU-406 de 2016 según la cual,
pese a que un cambio de jurisprudencia tiene efectos generales y automáticos, el
juez respectivo debe valorar las particularidades de cada caso con el fin de
determinar si la vinculatoriedad automática del precedente unificado pone en
riesgo las garantías procesales de las partes.
Asimismo, en la sentencia T-210 de 202264, la Corte Constitucional reiteró la regla
jurisprudencial establecida en la sentencia SU-312 de 2020 y en la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020 del Consejo de Estado, sobre el conteo de la
caducidad.
Posteriormente, en la sentencia SU-167 de 202365 la Sala Plena de esa
Corporación estableció la siguiente regla sobre el conteo de la caducidad para
62 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-312 del 13 de agosto de 2020, MP: Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
63 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, sentencia T-044 del 14 de febrero de 2022, MP:
Paola Andrea Meneses Mosquera.
64 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, sentencia T-210 del 10 de junio de 2022, MP:
Paola Andrea Meneses Mosquera.
65 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-167 del 18 de mayo de 2023, MP: Diana Fajardo
Rivera.
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demandas indemnizatorias por delitos de lesa humanidad atribuibles al Estado: (i)
el plazo de dos años establecido en la ley no se cuenta desde el momento en el
que se produce el daño, sino desde cuando las víctimas conocieron o debieron
saber de la participación del Estado y advirtieron que podían atribuirle
responsabilidad patrimonial; (ii) la caducidad de una demanda de reparación debe
analizarse, por parte del juez respectivo, a partir de las barreras de acceso al
derecho a la administración de justicia que se adviertan de cada caso en
particular, y (iii) para la aplicación del fallo de unificación del Consejo de Estado
del 29 de enero de 2020, el juez competente debe readecuar el proceso a su
cargo de manera tal que se les brinde a las partes la oportunidad de ajustar sus
planteamientos para argumentar por qué no se acudió de manera oportuna a la
justicia. En esa oportunidad, la Corte estimó que la providencia atacada en la
tutela había incurrido en defecto fáctico, por no valorar en su integridad el acervo
probatorio, al momento de establecer si en el expediente obraban elementos de
juicio que evidenciaran la presencia de situaciones que hubiesen impedido
materialmente el ejercicio oportuno del derecho de acción de los demandantes.
Igualmente, concluyó que la providencia atacada había incurrido en defecto
procedimental absoluto, pues no se readecuó el proceso en curso para permitirle a
las partes que actualizaran sus planteamientos conforme a las reglas sobre el
conteo de la caducidad establecidas en la sentencia de unificación del 29 de enero
de 2020 del Consejo de Estado.
Más tarde, en la sentencia T-024 de 202466 la Corte respaldó la aplicación de las
reglas para el conteo de la caducidad establecidas en la sentencia de unificación
del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020. Indicó que, a partir de lo dicho en
las sentencias T-044 y T-210 de 2022, la mencionada sentencia de unificación del
Consejo de Estado tenía efectos retrospectivos, por lo que su aplicación es
general e inmediata. La Corte reiteró que, debido a la variación en el precedente
aplicable, los demandantes en los procesos de reparación deben contar con una
oportunidad procesal para manifestarse frente al cambio de precedente, para
proteger su derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia,
66 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, sentencia T-024 del 6 de febrero de 2024, MP:
Paola Andrea Meneses Mosquera.
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lo cual implica incluso readecuar el proceso judicial, si se advierte que la sentencia
del 29 de enero de 2020 se profirió cuando la parte demandante ya no contaba
con un momento procesal (como lo es, por ejemplo, el alegato de conclusión) para
referirse a ella.
Finalmente, mediante sentencia SU-429 del 10 de octubre de 202467, la Corte
Constitucional unificó su jurisprudencia para la aplicación del término de caducidad
en delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, lo cual incluye el
desplazamiento forzado, en los siguientes criterios:
i) El plazo de caducidad definido por el legislador en el artículo 164 de la Ley 1437
de 2011 aplica para las demandas dirigidas a obtener el reconocimiento y pago de
una indemnización por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.
Sin embargo, ese plazo de dos años no se cuenta desde el momento en el que se
produce el daño, sino desde cuando las víctimas conocieron o debieron saber de
la participación del Estado y advirtieron que podían atribuirle responsabilidad
patrimonial.
ii) El juez competente debe analizar la caducidad de una demanda de reparación,
a partir de las barreras de acceso al derecho a la administración de justicia que
pudo enfrentar el demandante, en cada caso particular.
iii) Además, para los casos en los que quien demanda es una persona víctima del
desplazamiento forzado, el juez de la causa debe considerar en su análisis las
barreras de acceso a la administración de justicia que pudo enfrentar la parte
demandante, todos los factores de vulnerabilidad que se asocian al flagelo del
desplazamiento forzado y que padecen quienes son víctimas de ese fenómeno.
iv) Para la aplicación del fallo de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sala
Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, el juez competente debe readecuar el proceso a su cargo de
67Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-429 del 10 de octubre de 2024, MP: Jorge
Enrique Ibáñez Najar.
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manera tal que se cerciore que las partes tengan o tuvieron la oportunidad de
ajustar sus planteamientos para argumentar por qué no se acudió de manera
oportuna a la justicia. Esta regla toma como base lo establecido por la Sala Plena
de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado en la sentencia del 29 de enero de 2020. Así, esta regla comprende tanto
las demandas de reparación directa como las de grupo.
En la providencia citada, la Corte advirtió que sí aplica el término de caducidad
fijado en la ley, para las demandas dirigidas a obtener una reparación del Estado
por su participación en un crimen de lesa humanidad, de guerra o de genocidio, lo
cual incluye el desplazamiento forzado. Además, como en dicha providencia se
seleccionaron para estudio dos acciones de grupo, la Corte aclaró que, en el caso
particular de la acción o medio de control de grupo, se debe aplicar el término
consagrado en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 (en principio, el literal h del
numeral 2º) y, en el caso de las acciones que se presentaron antes de la entrada
en vigencia de dicha ley, lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 472 de 1998.
Asimismo, esa Corporación hizo énfasis en la posibilidad de que quienes
pretendan acudir a la jurisdicción para obtener una indemnización de parte del
Estado por su acción u omisión respecto de tales delitos, puedan exponer las
situaciones que enfrentaron y que, a la postre, les impidieron materialmente acudir
a tiempo a la administración de justicia.
La Corte también aprovechó para reiterar, de conformidad con su propia
jurisprudencia y la de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que la
imprescriptibilidad de la acción penal para los delitos de lesa humanidad, no se
extiende a procesos judiciales dirigidos a reclamar una indemnización de parte del
Estado.
9. Caso concreto
En el sub lite la parte demandante pretende que se declare patrimonialmente
responsables a las entidades demandadas por la muerte de José Abelardo
Jiménez Peña y el desplazamiento forzado de que fueron víctimas los
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accionantes, como consecuencia de la muerte de José Abelardo Jiménez Peña,
ocurrida el 9 de julio de 1996 en el municipio de Chigorodó.
Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si el medio de control de reparación directa se presentó en
tiempo.
9.1. Hechos probados
Así pues, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados
oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:
9.1.1. Se constató que, entre 1994 y 1998, se documentó sobre lo que se tildó
como la persecución que sufrió la población del Urabá Antioqueño, del municipio
de Chigorodó y los militantes de la Unión Patriótica en esa época por parte de
grupos armados ilegales y de entidades del Estado para esa época. De ello dan
cuenta los Boletines de “Justicia y Paz” de la Comisión Inter congregacional de
Justicia y Paz (1994-1996); las “Revistas Noche y Niebla” del Centro de
Investigación y Educación Popular CINEP (1996-1998), con referencia a la Unión
Patriótica en la región de Urabá, así como seis artículos de prensa del Fondo
Mario de Jesús Agudelo Velásquez sobre la Unión Patriótica en Urabá y la
persecución de la sociedad civil en Chigorodó, y un documento del Fondo The
National Security Archive, NSA, con información sobre la detención preventiva por
parte de la Fiscalía General de la Nación, de algunos miembros de la Unión
Patriótica en la investigación sobre la masacre de la Chinita, entre otros, allegados
por el Centro Nacional de Memoria Histórica, mediante oficio del 28 de diciembre
de 2018.68
9.1.2. Se demostró que, para 1996, en el municipio de Chigorodó delinquían los
grupos denominados “Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá”, las cuadrillas
“Manuel Hernández” y la “Orden de Batalla Milicias Bolivarianas de las FARC” y el
68 Fl. 743, C. 2. También se pueden consultar dichos documentos en
www.archivodelosddhh.gov.co
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Demandante: Luz Alba Espinosa y otros
bloque Noroccidental de las FARC. De ello dan cuenta el oficio del 31 de mayo de
2014 suscrito por un oficial de inteligencia de la Décimo séptima Brigada del
Ejército Nacional69 y el oficio del 21 de marzo de 2019, suscrito por el director de
apoyo a la investigación y análisis contra la criminalidad de la Fiscalía General de
la Nación.70
9.1.3. Consta que, el 9 de julio de 1996, José Abelardo Jiménez Peña falleció por
heridas causadas por proyectil de arma de fuego, en el municipio de Chigorodó.
De ello dan cuenta la copia auténtica de su registro civil de defunción71 y del
protocolo de necropsia.72
9.1.4. Se acreditó que, mediante Resolución del 28 de febrero de 2013, el fiscal 91
especializado de Medellín decretó medida de aseguramiento de detención
preventiva en contra de Bernardo de Jesús Díaz Alegre, Javier Ocaris Correa
Alzate y Raúl Emilio Hasbún Mendoza por el homicidio de José Abelardo Jiménez
Peña, ocurrido el 9 de julio de 1996 y los de otras víctimas. De ello da cuenta
copia de la providencia d ela mima fecha.73
9.1.5. Se comprobó que, desde el 18 de julio de 2013, Gildardo Jiménez Peña se
encuentra incluido en el Registro Único de Víctimas por los hechos victimizantes
de amenazas y desplazamiento forzado, en calidad de victima directa, por hechos
ocurridos el 16 y 18 de julio de 1996, respectivamente, en el municipio de
Chigorodó. De ello da cuenta el oficio del 20 de septiembre de 2018, suscrito por
la coordinadora de Defensa Judicial de la Unidad para las Víctimas.74
9.1.6. Consta que, mediante sentencia del 30 de noviembre de 2013, el Tribunal
Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, condeno a Hebert Veloza García, en
du calidad de comandante del desmovilizado “Bloque Bananero de las
Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá ACCU” por diferentes delitos
69 Fl. 392 a 394, C. 1.
70 Fl. 851 y 852, C. 2
71 Fl. 30, C. 1.
72 Fl. 844 a 847, C. 2
73 Fl. 142 a 203, C. 1.
74 Fl. 682 a 689, C.2.
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Demandante: Luz Alba Espinosa y otros
cometidos, entre ellos, contra miembros de la Unión Patriótica, aunque entre las
víctimas mencionadas en dicha sentencia no se encuentra José Abelardo Jiménez
Peña. De ello da cuenta copia de dicha providencia anexada con el oficio del 16
de enero de 2019 por ese Tribunal75. Decisión que fue confirmada el 20 de
noviembre de 2014 por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal y
adicionada el 30 de noviembre por esa misma Sala, según lo certificó la juez penal
de circuito con funciones de ejecución de sentencia para la Sala de Justicia y Paz
del territorio nacional en oficio del 17 de enero de 2019.76
9.1.7. Se demostró que, desde el 4 de diciembre de 2013, Marco Fidel Jiménez
Espinosa se encuentra incluido en el Registro Único de Víctimas por el hecho
victimizante de desplazamiento forzado, en calidad de victima directa, por hechos
ocurridos el 12 de febrero de 2005, en el municipio de Riosucio, Chocó. De ello da
cuenta el oficio del 20 de septiembre de 2018, suscrito por la coordinadora de
Defensa Judicial de la Unidad para las Víctimas.77
9.1.8. Consta que, desde el 6 de febrero de 2014, Luz Alba Espinosa se encuentra
incluida en el Registro Único de Víctimas por el hecho victimizante de
desplazamiento forzado, en calidad de victima directa, por hechos ocurridos el 9
de noviembre de 2010, en el municipio de Turbo, Antioquia. De ello da cuenta el
oficio del 20 de septiembre de 2018, suscrito por la coordinadora de Defensa
Judicial de la Unidad para las Víctimas.78
9.1.9. Se probó que, mediante Resolución del 27 de octubre de 2014, el fiscal 33
especializado de Bogotá dispuso que la investigación que adelantaba por
crímenes contra miembros de la Unión Patriótica, entre ellos, el homicidio de José
Abelardo Jiménez Peña, se enmarcaba en la categoría de “crímenes de sistema,
75 Fl. 738 y 739, C. 2 y consultada en
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/6342228/0/HEBERT+VELOZA+GARC%C3%8DA+%28
30+10+2013.pdf/7309e8ea-0441-4db7-aa87-f8c2f24d3748
76 Fl. 740, 741 y 848 a 850 C. 2.
77 Fl. 682 a 689, C.2.
78 Fl. 682 a 689, C.2.
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Demandante: Luz Alba Espinosa y otros
representados en delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra”. De ello da
cuenta la copia de dicha Resolución.79
9.1.10. Se constató que, el 30 de octubre de 2017, la personera municipal de
Chigorodó certificó que en ese despacho no existía registro de quejas, denuncias
o solicitudes de protección para Luz Alba Espinosa ni su grupo familiar. De ello da
cuenta el oficio de la misma fecha.80
9.1.11. Se demostró que, mediante Resolución del 16 de marzo de 2018, el fiscal
7º especializado de Bogotá profirió acusación contra Dionisio Palacio Ramírez
alias “NUR” y o “Mico Sucio” por el homicidio de José Abelardo Jiménez Peña, a
quien se identificó como obrero y miembro del sindicato de trabajadores del
municipio de Chigorodó, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio
Camilo Torres de esa localidad y militante de la Unión Patriótica. Igualmente, el
procesado fue acusado de otros delitos contra otras personas. De ello da cuenta
copia de la referida providencia.81
9.1.12. Se acreditó que Marlen Cecilia Jiménez Espinosa no se encuentra incluida
en el Registro Único de Víctimas, tal como lo certificó la coordinadora de Defensa
Judicial de la Unidad para las Víctimas, mediante el oficio del 20 de septiembre de
2018.82
9.1.13. Se probó que Pedro Nel Jiménez Espinosa no se encuentra incluido en el
Registro Único de Víctimas, tal como lo certificó la coordinadora de Defensa
Judicial de la Unidad para las Víctimas, mediante el oficio del 20 de septiembre de
2018.83
79 Fl. 98 a 141 a , C. 1.
80 Fl. 601, C.1.
81 Fl. 300 a 391, C. 1.
82 Fl. 682 a 689, C.2.
83 Fl. 682 a 689, C.2.
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Radicado: 05001233300020180094501 (66648)
Demandante: Luz Alba Espinosa y otros
9.2. Análisis de la caducidad del medio de control de reparación directa
Pues bien, de conformidad con los fundamentos expuestos frente al fenómeno de
la caducidad de la reparación directa en el capítulo 8 de esta providencia, se tiene
que, en este caso, el aspecto determinante para establecer el término inicial del
cómputo de la caducidad del medio de control es, en principio, la ocurrencia del
hecho causante del daño, tal como lo dispone el artículo 136 del CCA84.
Sin embargo, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección y de la
Corte Constitucional, como regla general, cuando los hechos involucran la
presunta comisión de delitos de lesa humanidad, como el desplazamiento forzado,
en el marco de un ataque generalizado contra la población civil 85, el término debe
computarse a partir del momento en que el interesado conoció o debió conocer la
participación del Estado en los hechos que generaron el daño antijurídico. No
obstante, de manera excepcional, es posible extender el inicio del término de
caducidad de la acción o del medio de control cuando se demuestre que los
demandantes estaban materialmente impedidos para ejercer su derecho de
acción, por circunstancias que, de no ser valoradas por el juez, afectarían
gravemente el derecho al debido proceso y el acceso a la administración de
justicia. En tales casos, el término deberá contarse a partir del momento en que
cesen dichos impedimentos.
De conformidad con lo anterior, la Sala pasa a estudiar si operó o no la caducidad
en el sub judice.
84
Normativa que, como ya se dijo, es la aplicable a este caso por la fecha de ocurrencia del daño.
85 La Corte Constitucional, en Sentencia C-579 de 2013, indicó: “Los delitos de lesa humanidad,
tienen las siguientes características: i) causar sufrimientos graves a la víctima o atente contra su
salud mental o física; ii) inscribirse en el marco de un ataque generalizado y sistemático; iii) estar
dirigidos contra miembros de la población civil y iv) ser cometidos por uno o varios motivos
discriminatorios especialmente por razones de orden nacional, político, étnico, racial o religioso”.
En el mismo sentido, el Consejo de Estado ha dicho: “elementos contextuales que cualifican y
hacen que tal crimen derive en uno de lesa humanidad, a saber: que se ejecute i) contra la
población civil y ii) en el marco de un ataque generalizado o sistemático”. Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 17 de septiembre de 2013, CP: Jaime Orlando
Santofimio Gamboa, exp. 45092. Reiterado por esta Sala de Subsección en sentencia del 11 de
diciembre de 2024, exp. 68282, CP. William Barrera Muñoz.
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9.2.1. La caducidad de las pretensiones respecto de la muerte de José
Abelardo Jiménez Peña
En el caso de autos se tiene acreditado que José Abelardo Jiménez Peña falleció
el 9 de julio de 1996 en el municipio de Chigorodó (hecho probado 9.1.3.).
Para la Sala no queda duda que los demandantes se enteraron de dicha muerte
en la misma fecha en que esta ocurrió, pues no alegan ni se probó en modo
alguno que se hubieran enterado en un momento distinto.
A ello se suma que, al menos, desde la Resolución del 27 de octubre de 2014
proferida por el fiscal 33 especializado de Bogotá (hecho probado 9.1.9.), los
demandantes conocieron de la posible omisión y/o participación de agentes del
Estado en el homicidio de su pariente antes mencionado, pues así lo confirman las
afirmaciones que se hacen en el líbelo, las cuales pueden interpretarse como una
confesión.
En efecto, la confesión se encuentra enlistada como un medio probatorio en el
artículo 165 del C.G.P.86. En relación con la confesión por medio de apoderado
judicial, el artículo 193 ejusdem prevé que esta “valdrá cuando para hacerla haya
recibido autorización de su poderdante, la cual se entiende otorgada para la
demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la audiencia
inicial y la audiencia del proceso verbal sumario. Cualquier estipulación en
contrario se tendrá por no escrita”.
Así las cosas, en virtud de las disposiciones que regulan la confesión judicial, las
manifestaciones hechas por los apoderados de las partes en la demanda, en las
excepciones y en las respectivas contestaciones ostentan valor probatorio,
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 191 del C.G.P.87.
86 “Artículo 165. Medios de prueba. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el
juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los
indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del
convencimiento del juez”.
87 “Artículo 191. Requisitos de la confesión. La confesión requiere:
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Demandante: Luz Alba Espinosa y otros
Pues bien, el apoderado de la parte demandante afirma en la demanda que
“dentro del proceso penal con número de radicado 073, se expidió Resolución de
fecha 27 de octubre de 2014, en la cual declaró como delito de lesa humanidad y
crimen de guerra las conductas tendientes a la victimización a nivel nacional de
miembros y simpatizantes de la Organización Política Unión Patriótica. De acuerdo
a lo anterior, para dichas infracciones al ordenamiento jurídico determinó que no
aplicaba la prescripción de la acción penal para su persecución, juzgamiento y
sanción y en dicha Resolución se deja entrever la responsabilidad del Estado
en dichos hechos”88 (Se destaca).
Igualmente, en el libelo se afirma que “esta Resolución sin duda alguna
establece la responsabilidad del Estado por la participación por acción o por
omisión de las autoridades legalmente constituidas, que permitieron que se
presentaran los hechos por los cuales se demanda. Es importante advertir
que, si bien es cierto no le es dable al Estado la asignación de un agente del orden
a cada ciudadano, a cada vivienda y a cada rincón del país, para que vele por su
vida y demás derechos, tampoco se entiende que siendo la fuerza pública la
encargada de velar por los derechos de las personas y cuidarlos en su vida, honra
y bienes, no lo haga, y por el contrario actúe en connivencia con los grupos al
margen de la ley para violentar los derechos de los ciudadanos indefensos”89 (Se
destaca).
Tales afirmaciones corresponden a una confesión y así deben valorarse en los
términos de los artículos 191 y 193 del C.G.P.
“1. Que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que
resulte de lo confesado.
“2. Que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que
favorezcan a la parte contraria.
“3. Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba.
“4. Que sea expresa, consciente y libre.
“5. Que verse sobre hechos personales del confesante o de los que tenga o deba tener
conocimiento.
“6. Que se encuentre debidamente probada, si fuere extrajudicial o judicial trasladada (…)”.
88 Hecho No. 8, fl. 14, C.1.
89 Hecho No. 10 de la demanda, Fl. 16, C.1.
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Demandante: Luz Alba Espinosa y otros
En efecto, como antes se precisó, por disposición de la ley, las manifestaciones
hechas por los apoderados judiciales en la demanda vinculan a sus poderdantes,
de ahí que se encuentre acreditado el presupuesto de capacidad para confesar.
De otro lado, el hecho confesado trae consecuencias jurídicas adversas al
confesante y, a su vez, favorecen a la parte contraria, pues permiten determinar el
momento a partir del cual se debe analizar el presupuesto de oportunidad en el
ejercicio del derecho de acción.
Frente al supuesto que se deduce de la confesión, la ley no exige un medio de
prueba específico para acreditarlo, por manera que se debe dar mérito probatorio
a la afirmación enunciada.
Finalmente, la confesión fue expresa, consciente y libre y versa sobre hechos
personales del confesante o de los que tenía conocimiento, tales como que los
delitos cometidos contra miembros de la Unión Patriótica, entre ellos el de José
Abelardo Jiménez Peña, quien se encuentra incluido en la Resolución del 27 de
octubre de 2014 del fiscal 33 especializado de Bogotá, ocurrieron con la omisión
de protección, connivencia o posible participación de agentes del Estado, pues así
lo interpretaron los demandantes sobre dicha Resolución en la demanda.
En este contexto, se advierte que la sentencia de unificación del 29 de enero de
2020 de la Sala Plena de esta Sección aclaró y, así lo reiteró la Sección Tercera
en un asunto similar90, que mientras no se cuente con elementos de juicio para
inferir que el Estado estuvo implicado en la acción u omisión causante del daño y
que le era imputable el daño, el plazo de caducidad de la reparación directa no
resulta exigible, pero si el interesado estaba en condiciones de inferir tal situación
y, pese a ello no acudió a esta jurisdicción, el juez de lo contencioso administrativo
debe declarar que el derecho de acción no se ejerció en tiempo, supuesto se
configura en el sub judice.
90Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 12 de abril de 2024, exp. 68852.
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Demandante: Luz Alba Espinosa y otros
Lo anterior, dado que, al menos desde 2014, los demandantes tenían
conocimiento de la posible participación de agentes del Estado en la muerte de
José Abelardo Jiménez Peña, sin que se hubiera acreditado que supieron de la
participación de agentes del Estado en una fecha distinta, ni circunstancia alguna
que establezca la imposibilidad de estos para acudir a la Jurisdicción Contencioso
Administrativa mediante el ejercicio de la reparación directa.
Igualmente, siguiendo el criterio fijado en la sentencia SU-429 de 2024 de la Corte
Constitucional, en cuanto a la posibilidad de exponer las situaciones que pudieron
enfrentar los demandantes y que, a la postre, les hubieran impedido materialmente
acudir a tiempo a la administración de justicia, se observa que, si bien la demanda
se presentó el 27 de abril de 2018, cuando aún no se había proferido la sentencia
de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera de esta Corporación,
se advierte que, en esta instancia, el 24 de mayo de 202191 se corrió traslado a las
partes y al ministerio público para alegar de conclusión.
Es así como la parte demandante en su escrito de alegatos de conclusión insistió
en que, al calificarse la muerte de José Abelardo Jiménez Peña como un acto de
lesa humanidad por formar parte del “genocidio contra la Unión Patriótica, por ello
no hay lugar a la caducidad de la acción contenciosa”92, pero sin manifestar
impedimento o limitación alguna para haber demandado dentro del término legal.
De modo que la parte actora tuvo la oportunidad procesal de exponer si los
demandantes se encontraban todos, o alguno de ellos, en alguna situación que les
hubiera impedido materialmente acudir a la administración de justicia dentro del
plazo establecido en la ley, tal como lo dispuso la Corte Constitucional en la
sentencia SU-429 de 2024; sin embargo, no señaló circunstancia particular alguna
que no le hubiera permitido demandar dentro del término legal.
91 Fl. 1150, Cuaderno Consejo de Estado.
92 Índice 49 Samai.
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Demandante: Luz Alba Espinosa y otros
Bajo ese entendido, no se demostraron las razones objetivas expuestas por la
Sala Plena de esta Sección en la sentencia de unificación del 29 de enero de
2020, Rad. 61033, tales como secuestros o enfermedades, tampoco se demostró
que los actores denunciaron amenazas o cualquier otro supuesto que
obstaculizara materialmente el ejercicio del derecho de acción, para que el término
de caducidad se compute a partir de un momento distinto al del conocimiento que
tuvieron los demandantes de la posible participación de agentes del Estado en la
muerte de José Abelardo Jiménez Peña, a partir de la Resolución del 27 de
octubre de 2014 proferida por el fiscal 33 especializado de Bogotá (hecho probado
9.1.9.) como lo afirman en la demanda.
Así las cosas, se estima que la acción de reparación directa se presentó por fuera
de los 2 años legalmente establecidos, toda vez que, el término de caducidad para
demandar la responsabilidad del Estado por la muertes de José Abelardo Jiménez
Peña vencía en octubre de 2016, dado el conocimiento de los demandantes de la
posible participación de agentes del Estado en dicha muerte a partir de la
Resolución del 27 de octubre de 2014 del fiscal 33 especializado de Bogotá, tal
como lo afirmaron en la demanda.
Lo anterior, no obstante, que la parte actora presentó solicitud de conciliación
extrajudicial el 27 de septiembre de 2017 y que la audiencia se declaró fallida el 26
de octubre de 2017, misma fecha en que se expidió la constancia de agotamiento
del requisito de procedibilidad del medio de control93, pues tanto dicha solicitud
como la demanda radicada el 27 de abril de 2018 se impetraron cuando el término
de caducidad se encontraba vencido.
Por tanto, el medio de control por el daño consistente en la muerte de José
Abelardo Jiménez Peña se encuentra caducado.
93 Fl. 75, C.1.
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Demandante: Luz Alba Espinosa y otros
9.2.2. La caducidad de las pretensiones respecto del desplazamiento forzado
de los demandantes
Los demandantes alegan la responsabilidad de las demandadas por el
desplazamiento forzado que sufrieron como consecuencia del homicidio de José
Abelardo Jiménez Peña, ocurrido el 9 de julio de 1996.
Al respecto, se demostró que Gildardo Jiménez Peña se encuentra incluido en el
Registro Único de Víctimas desde el 18 de julio de 2013, por los hechos
victimizantes de amenazas y desplazamiento forzado, en calidad de victima
directa, por hechos ocurridos el 16 y 18 de julio de 1996, respectivamente, en el
municipio de Chigorodó (hecho probado 9.1.1).
Igualmente, se comprobó que Marco Fidel Jiménez Espinosa se encuentra
incluido en el Registro Único de Víctimas desde el 4 de diciembre de 2013, por el
hecho victimizante de desplazamiento forzado, en calidad de victima directa, por
hechos ocurridos el 12 de febrero de 2005, en el municipio de Riosucio, Chocó
(hecho probado 9.1.2.).
Asimismo, consta en este proceso que Luz Alba Espinosa se encuentra incluida
en el Registro Único de Víctimas desde el 6 de febrero de 2014, por el hecho
victimizante de desplazamiento forzado, en calidad de victima directa, por hechos
ocurridos el 9 de noviembre de 2010, en el municipio de Turbo, Antioquia (hecho
probado 9.1.3).
Por su parte, en cuanto a Pedro Nel Jiménez Espinosa y Marlen Cecilia Jiménez
Espinosa no se encuentran incluidos en el Registro Único de Víctimas por
desplazamiento forzado (hechos probados 9.1.6 y 9.1.7) y del demandante
Gonzalo Jiménez Espinosa, no se tiene constancia de que se encuentre incluido
en tal Registro.
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Demandante: Luz Alba Espinosa y otros
Aunado a los elementos de prueba señalados en los hechos probados, en el
plenario se escucharon los testimonios de Andrés Pérez Berrío94, Beatriz Helena
Gómez Pérez95 y Régulo Cuadrado Palencia96, quienes declararon sobre la
pertenencia de José Abelardo Jiménez Peña a la Unión Patriótica y su trabajo en
ese movimiento político y como líder social y sindical, pero ninguno hizo referencia
al desplazamiento forzado de los demandantes.
A su turno, Ana Joaquina Duque de Rúa97, vecina de los demandantes, señaló
que Luz Alba Espinosa “quedó mal”, pues quedó viuda con 5 hijos. Indicó que
escuchó que luego de la muerte de José Abelardo Jiménez Peña la demandante
Luz Alba Espinosa recibió amenazas, pero no le constó directamente. Indicó que
la demandante se fue de su casa, pero “al tiempo” regresó a su residencia en el
barrio Camilo Torres en el municipio de Chigorodó, aunque no precisó fechas de
salida ni de retorno.
Por su parte, la testigo Mardori Guisao Úsuga98 declaró que era amiga cercana de
José Abelardo Jiménez Peña y de su esposa porque eran vecinos y el esposo de
la testigo también era miembro de la Unión Patriótica y miembro de la Junta de
Acción Comunal del barrio Camilo Torres, al igual que José Abelardo Jiménez
Peña. Manifestó que los vecinos le dijeron que Luz Alba Espinosa y sus hijos se
trasladaron al municipio de Apartadó porque la habían amenazado, pero no
precisó la fecha o época en que habrían abandonado su hogar. Señaló que no
sabía si Luz Alba Espinosa había denunciado amenazas o solicitado protección a
las autoridades, pero que ella no podía denunciar las amenazas que sufrió luego
de la muerte de José Abelardo Jiménez Peña pues era “objetivo militar”, que
“había que pasar escondido, yo al menos me la pasaba más bien escondida”,
dado que la gente en la calle decía que todos los miembros de la Unión Patriótica
eran objetivo militar. Aseguró que Luz Alba Espinosa fue amenazada por ser la
94 Acta de audiencia del 18 de febrero de 2019, Fl. 757 a 760, C.2. y vídeo de audiencia en índice
25 Samai.
95 Acta de audiencia del 18 de febrero de 2019, Fl. 757 a 760, C.2. y vídeo de audiencia en índice
25 Samai.
96 Acta de audiencia del 18 de febrero de 2019, Fl. 757 a 760, C.2. y vídeo de audiencia en índice
25 Samai.
97 Acta de audiencia del 1 de marzo de 2019 y CD, Fl. 764 a 770, C.2.
98 Acta de audiencia del 18 de febrero de 2019, Fl. 757 a 760, C.2. y vídeo de audiencia en índice
25 Samai.
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Demandante: Luz Alba Espinosa y otros
esposa de José Abelardo Jiménez Peña, que supo esto porque la demandante le
contó antes de irse que “yo me voy a tener que ir porque me han ido a buscar a la
casa, me están amenazando, yo me voy”. Señaló que los demandantes vivían en
su casa propia en Chigorodó y luego de la muerte de José Abelardo Jiménez Peña
se fueron, pero “con el tiempo ella regresó otra vez” a vivir en esa misma casa,
aunque la testigo no pudo precisar en qué año Luz Alba Espinosa regresó a su
domicilio. También manifestó que la demandante vendió su casa y “ahora vive en
una vereda”, pero tampoco precisó desde cuándo.
Ahora bien, a juicio de la Sala y en los términos del artículo 21199 del Código
General del Proceso, se observa que los testimonios de Andrés Pérez Berrío,
Beatriz Helena Gómez Pérez, Régulo Cuadrado Palencia y Mardori Guisao Úsuga,
no resultan sospechosos, pues si bien conocían a la víctima y a su familia, los tres
primeros se limitaron a señalar lo que conocieron respecto de la vida de José
Abelardo Jiménez Peña como miembro de la Unión Patriótica y como líder social y
sindical y, Mardori Guisao Úsuga se limitó a mencionar lo que supo del
desplazamiento de Luz Alba Espinosa y sus hijos, sin evidenciar contradicciones o
apreciaciones subjetivas en sus relatos. De modo que los testigos no presentan
sospechas de parcialidad ni hay indicios de una relación especial que pueda
interpretarse como un posible conflicto de intereses, por lo que pueden ser
apreciados.
Finalmente, en declaración de parte, la demandante Luz Alba Espinosa100 declaró
el 1 de marzo de 2019 ante el a quo, respecto de su desplazamiento forzado, que
luego de la muerte de José Abelardo Jiménez Peña recibió “muchas” amenazas,
que se quedó 4 meses en su casa con sus 5 hijos y luego se fue a casa de su
mamá. Manifestó que hacía 10 años había regresado al municipio de Chigorodó,
99 “Artículo 217. Imparcialidad del testigo. cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las
personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en
razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus
apoderados, antecedentes personales u otras causas. La tacha deberá formularse con expresión
de las razones en que se funda. El juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo
con las circunstancias de cada caso.”
100 Acta de audiencia del 1 de marzo de 2019 y CD, Fl. 764 a 770, C.2.
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esto es, en el 2009, pero sin precisar la fecha exacta. Señaló que después vendió
su casa y que actualmente vivía en una vereda del municipio de Chigorodó.
De las pruebas antes referidas, observa la Sala que no es claro que los
demandantes inscritos en el Registro Único de Víctimas lo fueron por un
desplazamiento forzado a raíz del homicidio de José Abelardo Jiménez Peña,
pues Luz Alba Espinosa declaró su desplazamiento forzado el 6 de febrero de
2014 por hechos ocurridos el 9 de noviembre de 2010 en el municipio de Turbo y,
Marco Fidel Jiménez Espinosa hizo su declaración el 4 de diciembre de 2013
también por desplazamiento forzado generado por un suceso del 12 de febrero de
2005 ocurrido en el municipio de Riosucio, Chocó, es decir, ninguno por hechos
relacionados con la muerte de José Abelardo Jiménez Peña u ocurridos en el
municipio de Chigorodó donde la víctima falleció.
Solo Gildardo Jiménez Peña declaró el 18 de julio de 2013 su desplazamiento
forzado por hechos ocurridos el 16 y 18 de julio de 1996 en el municipio de
Chigorodó, es decir, ocurridos pocos días después de la muerte de su hermano
José Abelardo Jiménez Peña acaecida el 9 de julio de 1996.
Por su parte, la testigo Mardori Guisao Úsuga, quien fue la única que se refirió al
desplazamiento forzado de los demandantes se limitó a señalar que luego de la
muerte de José Abelardo Jiménez Peña, la demandante Luz Alba Espinosa se
tuvo que ir de su casa al municipio de Apartadó, pero no precisó cuándo ocurrió
esto ni cuándo regresó al municipio de Chigorodó.
Con todo, lo que puede apreciarse de las pruebas directas, es que los
demandantes que declararon su desplazamiento forzado ante la Unidad para las
Víctimas, tuvieron la posibilidad material de hacerlo el 18 de julio de 2013
(Gildardo Jiménez Peña), el 4 de diciembre de 2013 (Marco Fidel Jiménez
Espinosa) y el 6 de febrero de 2014 (Luz Alba Espinosa), es decir, para esas
fechas no tuvieron impedimento alguno para acudir ante las autoridades, sin
embargo, aguardaron hasta el 27 de abril de 2018 para presentar la demanda de
reparación directa de la referencia.
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Incluso, la demandante Luz Alba Espinosa confesó en su declaración de parte que
desde el 2009 había regresado al municipio de Chigorodó, de donde se infiere que
cesaron las condiciones generadas por la muerte de su esposo José Abelardo
Jiménez Peña, que habían provocado su desplazamiento forzado.
Además, en cuanto a los demandantes Gonzalo Jiménez Espinosa, Pedro Nel
Jiménez Espinosa y Marlen Cecilia Jiménez Espinosa, solo se cuenta con lo
afirmado en la demanda de que, en fecha indeterminada, ante las amenazas
proferidas por las “Autodefensas” y luego del homicidio de José Abelardo Jiménez
Peña, se vieron obligados a desplazarse para proteger sus vidas.
Igualmente, para la Sala no queda duda que desde el 2014 los demandantes
conocieron de la posible omisión y/o participación de agentes del Estado en el
homicidio de José Abelardo Jiménez Peña que habría dado lugar a su
desplazamiento forzado, pues así lo confirman las aseveraciones que se hacen en
el líbelo, las cuales pueden interpretarse como una confesión.
Es así como en la demanda, el apoderado de los accionantes afirmó que la
Resolución del 27 de octubre de 2014, expedida por la Fiscalía 33 Especializada
de la Dirección Nacional de Análisis y Contexto de Violencia Contra Miembros de
la Unión Patriótica, declaró como delitos de lesa humanidad los cometidos contra
los militantes de dicho partido y sus familiares y dejó entrever la responsabilidad
del Estado por su participación por acción o por omisión en los hechos
demandados.
Textualmente, manifestó que “esta resolución sin duda alguna establece la
responsabilidad del Estado por la participación por acción o por omisión de
las autoridades legalmente constituidas, que permitieron que se presentaran
los hechos por los cuales se demanda. Es importante advertir que, si bien es
cierto no le es dable al Estado la asignación de un agente del orden a cada
ciudadano, a cada vivienda y a cada rincón del país, para que vele por su vida y
demás derechos, tampoco se entiende que siendo la fuerza pública la encargada
de velar por los derechos de las personas y cuidarlos en su vida, honra y bienes,
no lo haga, y por el contrario actúe en connivencia con los grupos al margen
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Demandante: Luz Alba Espinosa y otros
de la ley para violentar los derechos de los ciudadanos indefensos”101. (Se
resalta).
Tales afirmaciones corresponden a una confesión y así deben valorarse en los
términos de los artículos 191 y 193 del C.G.P.
En efecto, la confesión se encuentra enlistada como un medio probatorio en el
artículo 165 del C.G.P.102. En relación con la confesión por medio de apoderado
judicial, el artículo 193 ejusdem prevé que esta “valdrá cuando para hacerla haya
recibido autorización de su poderdante, la cual se entiende otorgada para la
demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la audiencia
inicial y la audiencia del proceso verbal sumario. Cualquier estipulación en
contrario se tendrá por no escrita”.
Así las cosas, en virtud de las disposiciones que regulan la confesión judicial, las
manifestaciones hechas por los apoderados de las partes en la demanda, en las
excepciones y en las respectivas contestaciones ostentan valor probatorio,
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 191 del
C.G.P.103.
De ahí que, por disposición de la ley, las manifestaciones hechas por los
apoderados judiciales en la demanda vinculan a sus poderdantes, por ello se
encuentra acreditado el presupuesto de capacidad para confesar.
101 Hecho No. 10 de la demanda, Fl. 16, C.1.
102 “Artículo 165. Medios de prueba. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el
juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los
indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del
convencimiento del juez”.
103 “Artículo 191. Requisitos de la confesión. La confesión requiere:
“1. Que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que
resulte de lo confesado.
“2. Que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que
favorezcan a la parte contraria.
“3. Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba.
“4. Que sea expresa, consciente y libre.
“5. Que verse sobre hechos personales del confesante o de los que tenga o deba tener
conocimiento.
“6. Que se encuentre debidamente probada, si fuere extrajudicial o judicial trasladada (…)”.
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Demandante: Luz Alba Espinosa y otros
De otro lado, el hecho confesado trae consecuencias jurídicas adversas al
confesante y, a su vez, favorecen a la parte contraria, pues permiten determinar el
momento a partir del cual se debe analizar el presupuesto de oportunidad en el
ejercicio del derecho de acción.
Frente al supuesto que se deduce de la confesión, la ley no exige un medio de
prueba específico para acreditarlo, por manera que se debe dar mérito probatorio
a la afirmación enunciada.
Finalmente, la confesión fue expresa, consciente y libre y versa sobre hechos
personales del confesante o de los que tenía conocimiento, tales como la omisión
de protección y/o connivencia o posible participación de agentes del Estado en los
hechos en que se funda la demanda, estos son, tanto la muerte de José Abelardo
Jiménez Peña – respecto del cual ya se ocupó esta Sala en capítulo precedente –
como del desplazamiento forzado de los demandantes.
De acuerdo con lo anterior, los demandantes, se enteraron, al menos desde la
Resolución del 27 de octubre de 2014, expedida por la Fiscalía 33 Especializada
de la Dirección Nacional de Análisis y Contexto de Violencia Contra Miembros de
la Unión Patriótica, de la posible participación del Estado en el hecho que
desencadenó su desplazamiento forzado. Si bien no se estableció en este proceso
la fecha precisa en que los demandantes conocieron dicha providencia, debe
entenderse que, al menos, desde el mismo año 2014 conocieron su contenido,
como se desprende de la afirmación hecha en la demanda, pues no se demostró
que supieran de ella en fecha distinta, ni circunstancia alguna que establezca la
imposibilidad de estos para acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa
mediante el medio de control de reparación directa toda vez que, como antes se
advirtió, los demandantes Gildardo Jiménez Peña, Marco Fidel Jiménez Espinosa
y Luz Alba Espinosa tuvieron la posibilidad material de acudir a las autoridades el
18 de julio de 2013, el 4 de diciembre de 2013 y el 6 de febrero de 2014,
respectivamente y los demandantes Gonzalo Jiménez Espinosa, Pedro Nel
Jiménez Espinosa y Marlen Cecilia Jiménez Espinosa, conocieron de la posible
participación y/o connivencia de agentes del Estado en el año 2014 a través de la
referida Resolución de la Fiscalía, sin que tampoco se haya demostrado
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Demandante: Luz Alba Espinosa y otros
impedimento alguno para acudir antes del 27 de abril de 2018 con el fin de
presentar la demanda de la referencia.
Igualmente, siguiendo el criterio fijado en la sentencia SU-429 de 2024 de la Corte
Constitucional, en cuanto a la posibilidad de exponer las situaciones que pudieron
enfrentar los demandantes y que, a la postre, les hubieran impedido materialmente
acudir a tiempo a la administración de justicia, se observa que, si bien la demanda
se presentó el 27 de abril de 2018, cuando aún no se había proferido la sentencia
de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera de esta Corporación,
se advierte que, en esta instancia, el 24 de mayo de 2021 se corrió traslado a las
partes y al ministerio público para alegar de conclusión.
Es así como la parte demandante presentó sus alegatos de conclusión104 en los
que señaló que las pruebas generales y concretas practicadas en el sub judice,
sumado a la sentencia del 27 de julio de 2022 de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, demostraban que existía responsabilidad por omisión de las
entidades demandadas en el homicidio de José Abelardo Jiménez Peña, pero no
hizo referencia alguna a la oportunidad de la acción respecto del desplazamiento
forzado también demandado, ni a los criterios objetivos que, al respecto, señala la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera de esta
Corporación.
De modo que la parte actora tuvo la oportunidad procesal de exponer si se
encontraba en alguna situación que le hubiera impedido materialmente acudir a la
administración de justicia dentro del plazo establecido en la ley, tal como lo
dispuso la Corte Constitucional en la sentencia SU-429 de 2024, sin que hubiera
manifestado ni acreditado alguna, pues ni siquiera se refirió a la aplicación de la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, ni señaló circunstancia
particular alguna que no le hubiera permitido demandar dentro del término legal,
cuando tuvo la oportunidad de hacerlo al alegar de conclusión.
104 Índice 49, Samai.
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Radicado: 05001233300020180094501 (66648)
Demandante: Luz Alba Espinosa y otros
De hecho, se reitera, se acreditó en este proceso que los demandantes Gildardo
Jiménez Peña, Marco Fidel Jiménez Espinosa y Luz Alba Espinosa tuvieron la
posibilidad material de declarar su situación de desplazamiento forzado y, de
hecho, así lo hicieron entre 2013 y 2014, ante la Unidad para las Víctimas, sin que
se probara circunstancia material alguna que les hubiera impedido hacerlo antes o
acudir dentro del término legal ante esta jurisdicción en ejercicio del medio de
control de reparación directa, de la misma forma en que declararon su
desplazamiento forzado.
Incluso, la demandante Luz Alba Espinosa retornó en el 2009 al municipio de
Chigorodó, de donde puede inferirse que su desplazamiento forzado cesó y que
estaba en condiciones de acudir a las autoridades para denunciarlo o demandar
las reparaciones legales por este concepto.
Por su parte, en cuanto a los demandantes Gonzalo Jiménez Espinosa, Pedro Nel
Jiménez Espinosa y Marlen Cecilia Jiménez Espinosa, tampoco se demostró por
qué razón, luego del 2014, cuando conocieron de la posible participación de
agentes del Estado en el hecho que provocó su desplazamiento forzado, no
acudieron en el término legal a la vía judicial y solo hasta el 27 de abril de 2018
decidieron demandar en reparación directa.
Con todo, se advierte que tanto los demandantes que sí declararon el
desplazamiento forzado, como los que no lo hicieron, demandaron este suceso
como fuente de reparación, porque habría sido provocado por el homicidio de José
Abelardo Jiménez Peña ocurrido el 9 de julio de 1996, respecto del cual
conocieron de la posible participación y/o connivencia de agentes del Estado en el
año 2014; no obstante, solo acudieron a esta jurisdicción el 27 de abril de 2018.
Bajo ese entendido, no resultan aplicables las razones objetivas expuestas por la
Sala Plena de esta Sección en la sentencia de unificación del 29 de enero de
2020, tales como secuestros o enfermedades, tampoco se demostró que los
actores denunciaron amenazas o cualquier otro supuesto que obstaculizara
materialmente el ejercicio del derecho de acción, para que el término de caducidad
se compute a partir de un momento distinto al del conocimiento de la Resolución
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Demandante: Luz Alba Espinosa y otros
del 27 de octubre de 2014, expedida por la Fiscalía 33 Especializada de la
Dirección Nacional de Análisis y Contexto de Violencia Contra Miembros de la
Unión Patriótica, al margen de que algunos declararon ante la Unidad de Víctimas
sobre su desplazamiento forzado entre 2013 y 2014, pues la afirmación sobre el
conocimiento de la referida Resolución cobija a todos los demandantes.
Así las cosas, se estima que el medio de control de reparación directa se presentó
por fuera de los 2 años legalmente establecidos, toda vez que, el término de
caducidad para demandar la responsabilidad del Estado por el desplazamiento
forzado de los demandantes vencía en el año 2016, dado su conocimiento previo
en el año 2014 de la posible participación y/o connivencia de agentes del Estado
en los hechos demandados; pese a ello, la demanda se presentó el 27 de abril de
2018, cuando el termino legal para accionar había fenecido.
Lo mismo se predica de iniciar el cómputo del término de caducidad a partir de
2009 cuando la demandante Luz Alba Espinosa retornó al municipio de Chigorodó,
pues la presentación de la demanda el 27 de abril de 2018 también estaría
caducada.
Lo anterior, no obstante, que la parte actora presentó solicitud de conciliación
extrajudicial el 27 de septiembre de 2017 y que la audiencia se declaró fallida el 26
de octubre de 2017, misma fecha en que se expidió la constancia de agotamiento
del requisito de procedibilidad del medio de control105, pues tanto dicha solicitud
como la demanda radicada el 27 de abril de 2018 se impetraron cuando el término
de caducidad se encontraba vencido.
De hecho, tampoco es posible revivir el término de caducidad con la inscripción de
los demandantes en el Registro Único de Víctimas realizada entre 2013 y 2014,
como se describió arriba para algunos de los actores, pues de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 1448 de 2011, la inscripción en el Registro Único de Víctimas
tiene como objetivo garantizar el reconocimiento formal de las víctimas, permitir su
acceso a medidas de asistencia y atención integral, asegurar su derecho a la
105 Fl. 75, C.1.
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Demandante: Luz Alba Espinosa y otros
justicia y la verdad, y facilitar el seguimiento por parte del Estado para la correcta
implementación de políticas públicas, tal como lo reiteró recientemente la Corte
Constitucional en la sentencia SU-429 de 2024106.
No obstante, este hecho solo afectaría el cómputo de la caducidad de la acción si
se demuestra la existencia de situaciones que imposibilitan el acceso a la
administración de justicia, tal como lo establece la sentencia de unificación del 29
de enero de 2020, cuyos criterios fueron reiterados por la Corte Constitucional en
la sentencia SU-429 del 10 de octubre de 2024. En dicha sentencia se señala
expresamente que el término de caducidad no es exigible cuando se verifica una
afectación ostensible a los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, lo cual ocurre en casos donde se comprueban
situaciones objetivas como secuestros, enfermedades o cualquier otra
circunstancia que impida materialmente el ejercicio del derecho de acción. En
estos casos, el término preclusivo no puede contarse en contra de quien no tiene
acceso efectivo a la administración de justicia, pero en el sub judice no se probó
ninguno de tales eventos u otro semejante que les impidiera a los demandantes
acudir a la justicia dentro del plazo legal para accionar.
Además, aun cuando se tomaran en cuenta las fechas de inclusión de algunos
demandantes en el Registro Único de Víctimas como punto de partida para
establecer el término de caducidad, esto es, los años 2013 y 2014, la demanda
radicada el 27 de abril de 2018 también estaría caducada.
Por tanto, el medio de control por el daño consistente en el desplazamiento
forzado de los demandantes se encuentra caducado.
106 En esta providencia, respecto de uno de los expedientes analizados, la Corte declaró que
existía defecto factico en la providencia objeto de tutela, por cuanto “la inscripción en el Registro
Único de Víctimas no tiene la vocación ni la función legal de servir como el momento, a partir del
cual debe contarse la caducidad de una demanda de reparación dirigida a obtener una
indemnización del Estado, por la comisión de un delito de lesa humanidad, crimen de guerra o
genocidio, lo cual incluye al desplazamiento forzado. Aunado a lo anterior, el RUV tampoco es la
prueba conducente o pertinente para establecer si los demandantes en un proceso de la naturaleza
anotada enfrentaron barreras materiales que les impidieron acudir a tiempo a la administración de
justicia”.
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Demandante: Luz Alba Espinosa y otros
Finalmente, cabe agregar que, a pesar de que el a quo declaró probada la
caducidad del medio de control y se inhibió para resolver de fondo las
pretensiones tanto por la muerte de José Abelardo Jiménez Peña como por el
desplazamiento forzado de los demandantes, la parte actora solo expuso
argumentos frente a la decisión de primera instancia en relación con la muerte de
la víctima antes mencionada, mas no manifestó oposición alguna respecto de lo
decidido en cuanto al desplazamiento forzado, de lo cual se deduce que no tuvo
inconformidad sobre la caducidad declarada por dicha pretensión.
Por todo lo anterior, la Sala confirmará la sentencia proferida el 23 de octubre de
2019 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró probada la
caducidad del medio de control.
10. Condena en costas
De conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con
el artículo 365 numeral 1 del CGP, sería del caso emitir condena en costas a
cargo de la parte actora y en favor de las entidades demandadas, dado que se
resolvió desfavorablemente el recurso de apelación; no obstante, y como ya lo ha
hecho la Sala en situaciones similares107, no se impondrá erogación alguna según
lo previsto en el artículo 154 del CGP, dado que a los demandantes Marco Fidel
Jiménez Espinosa, Gonzalo Jiménez Espinosa y Marlen Cecilia Jiménez Espinosa
se les reconoció amparo de pobreza, mediante auto del 1 de septiembre de
2025108.
En cuanto a los demás demandantes Luz Alba Espinosa, Pedro Nel Jiménez
Espinosa y Gildardo Jiménez Peña de conformidad con el artículo 365 numeral 1
del CGP, la Sala en la parte resolutiva los condenará en costas, toda vez que el
recurso de apelación que interpusieron no prosperó. La liquidación de las costas la
hará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 del Código
107 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 9 de
abril de 2025, exp. 66983.
108 Índice 56, Samai.
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Demandante: Luz Alba Espinosa y otros
General del Proceso, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8
ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha liquidación las expensas que
aparezcan efectivamente probadas en el proceso.
Ahora, en relación con las agencias en derecho109 en segunda instancia, es
menester poner de presente que se entienden causadas en razón de la
naturaleza, calidad, la cuantía del proceso y la actuación desplegada por la parte
vencedora110. A su turno, el Acuerdo 10554 de 2016111 proferido por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, determina que, en los
procesos declarativos, en general, en segunda instancia, podrán fijarse entre 1 a 6
SMLMV112.
En este sentido, comoquiera que la actuación desplegada por la Nación –
Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y Ministerio del Interior en segunda
instancia comprendió la presentación de alegatos de conclusión, habrá lugar al
pago de las agencias en derecho a cargo de los referidos demandantes, las cuales
se fijan en suma equivalente a 1 SMLMV que se dividirá en partes iguales para
ambas demandadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
109 Cfr. Art. 365 y ss. CGP.
110
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034
111 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.
112 “Artículo 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: Procesos declarativos en general.
En única instancia. a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario,
entre el 5% y el 15% de lo pedido. b. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de
pretensiones pecuniarias, entre 1 y 8 S.M.M.L.V. En primera instancia. a. Por la cuantía. Cuando
en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario: (i) De menor cuantía, entre el
4% y el 10% de lo pedido. (ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido. b. Por la
naturaleza del asunto. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones
pecuniarias, entre 1 y 10 S.M.M.L.V. En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V”.
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Demandante: Luz Alba Espinosa y otros
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 23 de octubre de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró probada la caducidad del medio
de control, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a los demandantes Luz Alba Espinosa, Pedro
Nel Jiménez Espinosa y Gildardo Jiménez Peña, las cuales serán liquidadas de
manera concentrada por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Antioquia, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en
consideración lo dispuesto en los artículos 366 y 365.8 del Código General del
Proceso.
TERCERO: CONDENAR en agencias en derecho a los demandante Luz Alba
Espinosa, Pedro Nel Jiménez Espinosa y Gildardo Jiménez Peña en la suma
equivalente a 1 SMLMV, la cual corresponderá en partes iguales a la Nación –
Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y Ministerio del Interior.
CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
Aclaración de voto
FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
Aclaración de voto
VF
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