Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2024-00123-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2024-00123-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2024-00123-00
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
9 de diciembre de 2025
Radicado: 11001-03-26-000-2024-00123-00 (71818)
Recurrente: José Luis Noriega Mercado y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-26-000-2024-00123-00 (71818)
Recurrentes: JOSÉ LUIS NORIEGA MERCADO Y OTROS
Asunto: Causal 1ª del artículo 250 del CPACA ─ Documento Recobrado
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide en única instancia el recurso extraordinario de revisión formulado
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el veintidós
(22) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), dentro del proceso de reparación
directa No. 20001-33-33-008-2019-00292-01.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La parte actora presentó demanda de reparación directa contra la Nación - Rama
Judicial y la Fiscalía General de la Nación solicitando la indemnización de perjuicios
por la privación de la libertad de la que fue objeto el señor José Luis Noriega
Mercado. El Juzgado Octavo Administrativo Oral de Valledupar negó las
pretensiones de la demanda, decisión que fue confirmada el veintidós (22) de
septiembre de dos mil veintitrés (2023), por el Tribunal Administrativo del Cesar.
Los recurrentes alegan que se materializó la causal de revisión prevista en el
numeral 1º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), esto es,“[h]aberse encontrado o recobrado
después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera
podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al
proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”, con la
obtención de los audios de las audiencias surtidas en el proceso penal que no
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fueron aportados a la reparación por “obrar de la parte contraria” y porque las
autoridades judiciales de instancia no hicieron uso de la facultad probatoria oficiosa.
I. ANTECEDENTES
1. Antecedentes relevantes del proceso de reparación directa No. 20001-
33-33-008-2019-00292-01.
1.1. El cinco (5) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), los señores José Luis
Noriega Mercado, Aide Rosana Ortiz Rodríguez, José Luis Noriega Ortiz, Cesar
Andrés Noriega Ortiz, Luisa Fernanda Noriega Ortiz, Beatriz Elena Noriega
Mercado, Edilberto Noriega Mercado, Cesar Noriega Mercado, Eliecer Noriega
Mercado y Rosmine Noriega Mercado, a través de apoderado judicial, formularon
demanda de reparación directa en contra de la Nación - Rama Judicial y de la
Fiscalía General de la Nación, solicitando que fueran declaradas
administrativamente responsables por la privación de la libertad de la que fue objeto
el señor José Luis Noriega Mercado, la cual calificaron como injusta.
Como sustento de su demanda, indicaron que el catorce (14) de enero de dos mil
diez (2010) el señor Noriega Mercado fue imputado por el delito de concusión y se
le impuso medida de aseguramiento de detención domiciliaria que se extendió
hasta el doce (12) de mayo de dos mil catorce (2014). El diecisiete (17) de
septiembre de dos mil dieciocho (2018), el Juzgado Segundo Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Valledupar dictó sentencia en la que lo absolvió de
responsabilidad penal, por lo que la parte actora solicitó que las accionadas fueran
condenadas a pagar los perjuicios derivados de esa privación de la libertad que
tacharon de injusta1.
1.2. El dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), el Juzgado Octavo
Administrativo Oral de Valledupar negó las pretensiones de la demanda al
considerar que aunque estaba demostrado que el señor Noriega Mercado estuvo
privado de la libertad en detención domiciliaria, las pruebas obrantes en el proceso
y, en particular, el acta de la audiencia de imposición de la medida privativa de la
libertad no permitía determinar si ella fue razonable, legal y proporcional de cara al
momento procesal en la que fue decretada, sin que los interesados hubieran
1 Demanda disponible en el PDF denominado “32ED_01DEMANDAPDF” del índice 31 de SAMAI
de los Juzgados Administrativos de Valledupar, expediente 20001-33-33-008-2019-00292-00.
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aportado el registro audiovisual de dicha audiencia. En este sentido, explicó que,
de acuerdo con la jurisprudencia, la ausencia de prueba de las alegaciones de la
parte actora conducía indefectiblemente a la denegación de pretensiones, debido a
que no era posible establecer los elementos de la responsabilidad extracontractual
del Estado.
Sin embargo, indicó que, de acuerdo con el escrito a través del cual la Fiscalía
solicitó la imposición de medida de aseguramiento al juez de control de garantías,
la medida estuvo debidamente soportada tanto en la denuncia de la víctima del
ilícito como en entrevistas realizadas a los testigos del hecho, además de resultar
procedente en tanto el delito imputado tiene prevista una pena de prisión entre ocho
(8) y quince (15) años2.
1.3. Inconforme con esta decisión, los demandantes formularon recurso de
apelación por considerar que la legalidad de la medida de aseguramiento no podía
desprenderse de los elementos que usó la Fiscalía para solicitar su imposición y
que lo que resultaba relevante analizar eran las razones esgrimidas por el juez de
conocimiento para absolver de responsabilidad penal al señor Noriega Mercado3.
1.4. Mediante sentencia de (22) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), el
Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la decisión de primera instancia.
Como fundamento de su decisión, la autoridad judicial señaló que, aunque el daño
estaba probado ⎯pues se demostró que el señor Noriega Mercado estuvo privado
de la libertad en detención domiciliaria entre el catorce (14) de enero de dos mil
diez (2010) y el doce (12) de mayo de dos mil catorce (2014), y que, posteriormente,
fue absuelto en aplicación del principio in dubio pro reo mediante sentencia de
diecisiete (17) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)⎯, en el caso concreto no
era posible analizar si la medida de aseguramiento se impuso observando los
criterios legales de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad, como lo exige la
jurisprudencia, debido a la “orfandad probatoria” sobre los fundamentos en los que
ella se sustentó.
Así, el Tribunal enlistó las pruebas obrantes en el expediente y precisó que esos
medios de convicción no resultaban útiles para establecer si la medida privativa de
2 PDF denominado “23ED_40SENTENCIA20211216P”, índice 31 de SAMAI de los Juzgados
Administrativos de Valledupar, expediente 20001-33-33-008-2019-00292-00.
3 PDF denominado “26ED_43APELACIONPDF” del índice ibidem.
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la libertad resultaba ajustada a derecho, pues la única prueba que se aportó sobre
el particular fue el acta de la audiencia donde ella se impuso, documento en el que
no estaban consignados los fundamentos que se tuvieron en cuenta para su
decreto, en tanto no se allegó el registro audiovisual de esa diligencia.
En consecuencia, el ad quem concluyó que la parte actora no demostró que la
medida de aseguramiento fuera contraria al ordenamiento jurídico, pese a que, de
conformidad con los artículos 90 de la Constitución Política y 167 del Código
General del Proceso (CGP), tenía la carga de hacerlo para lograr la prosperidad de
sus pretensiones.
Por lo demás, precisó que no era posible acudir al fallo absolutorio para establecer
la legalidad o no de la medida, como se solicitó en la apelación, debido a que el
juez de conocimiento no se refirió a la detención domiciliaria, sino que se limitó a
analizar la responsabilidad penal del señor Noriega Mercado4.
2. El recurso extraordinario de revisión
El cinco (5) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)5, a través de apoderado
judicial, los señores José Luis Noriega Mercado, Aide Rosana Ortiz Rodríguez,
José Luis Noriega Ortiz, Cesar Andrés Noriega Ortiz, Luisa Fernanda Noriega Ortiz,
Beatriz Elena Noriega Mercado, Rosmine Noriega Mercado, Edilberto Noriega
Mercado y Eliecer Noriega Mercado formularon recurso extraordinario de revisión
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el veintidós
(22) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), alegando la configuración de la
causal prevista en el numeral 1° del artículo 250 del CPACA, esto es, “[h]aberse
encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos,
con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente
no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte
contraria”.
4 Índice 16 de SAMAI del Tribunal Administrativo del Cesar, expediente 20001-33-33-008-2019-
00292-01. Se pone de presente que se allegó constancia de ejecutoria de dicha sentencia expedida
por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Cesar, en la que consta que la providencia quedó
ejecutoriada el 19 de octubre de 2023 (folio 41 del PDF denominado “6ED_RecursoExtraordinari”
del índice 2 de SAMAI).
5 Tal y como consta en el PDF “2ED_RECURSOEXTRAORDINARI” del índice 2 de SAMAI.
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Como sustento de su recurso, manifestaron que la prueba que se recobró es “[e]l
registro audiovisual de la audiencia de solicitud de imposición de medida de
aseguramiento”, el cual no habría podido ser aportado al proceso de reparación
directa por obra de la Rama Judicial, pues, pese a que previo a la presentación de
la demanda se solicitó copia auténtica de todo el proceso penal, el Centro de
Servicios Judiciales de los Juzgados Penales de Valledupar omitió enviar “los
audios de dicho proceso”, omisión ante la cual las autoridades judiciales de
instancia no hicieron uso de las facultades oficiosas que por ley detentan para el
recaudo de pruebas; a su juicio, “ni el Tribunal ni el Juzgado, quisieron encontrar la
verdad procesal, pero si (sic) dictar unas sentencias basadas en donde no se está
evidenciado la verdad de este caso, la cual fue una privación injusta que mi cliente
no está en obligación de soportar.”.
En ese sentido, afirmaron que la “obligación [del Tribunal] era encontrar la verdad
procesal” y no limitarse a aplicar los artículos 167, 160 y 170 del CGP, máxime
cuando la jurisprudencia ha reconocido la importancia de las facultades probatorias
de oficio del juez para resolver los asuntos judiciales.
Por lo demás, insistieron en que la privación de la libertad que sufrió el señor
Noriega Mercado fue injusta, en tanto las autoridades de instancia basaron sus
decisiones en meros formalismos y no en la realidad procesal6.
3. Trámite del recurso y oposición
3.1. Por auto de veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) se
inadmitió el recurso7; corregidos los yerros evidenciados, mediante providencia del
dos (2) de abril de dos mil veinticinco (2025) éste se admitió y se dispuso su
notificación a la Nación - Rama Judicial, a la Fiscalía General de la Nación, al
Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
(ANDJE)8.
3.2. Durante el término de traslado se presentaron las siguientes intervenciones:
6 Se referencia tanto lo indicado en el escrito inicial del recurso, obrante en el PDF
“2ED_RECURSOEXTRAORDINARI” del índice 2 de SAMAI, como en su subsanación, que consta
en el PDF “9_MemorialWeb_Otro-OFICIOCONSEJODEES”, disponible a índice 8 de SAMAI.
7 Índice 4 de SAMAI.
8 Índice 10 de SAMAI.
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3.2.1. La Fiscalía General de la Nación se opuso a la prosperidad del
recurso, bajo la consideración de que la parte actora está utilizando esta
herramienta como una tercera instancia, pues sus argumentos no están
dirigidos a probar la causal de documento recobrado sino a revivir el debate
de instancia, pretendiendo corregir los errores y omisiones probatorias en las
que incurrió en el proceso ordinario9.
3.2.2. Por su parte, la Nación - Rama Judicial también se opuso al recurso,
para lo cual sostuvo que las pruebas que la parte actora echa de menos
debieron ser aportadas al proceso de reparación, sin que esta herramienta
extraordinaria pueda ser entendida como una nueva oportunidad para mejorar
la actividad probatoria que debió ser agotada por ella y no por la autoridad
judicial que conoció de la demanda de responsabilidad10.
3.2.3. Mediante Concepto No. 055 de 2025, el Ministerio Público solicitó que
se declare infundado el recurso de revisión de la referencia. A su juicio, el
reproche presentado carece de sustento toda vez que lo que condujo a negar
las pretensiones fue la insuficiencia argumentativa y probatoria de los
demandantes, sin que fuera deber de la autoridad judicial ejercer sus
facultades probatorias oficiosas para suplir las falencias de las partes11.
3.3. Por auto de ocho (8) de julio de dos mil veinticinco (2025), el Despacho decretó
las pruebas del proceso, teniendo como tales las documentales aportadas con el
recurso. Igualmente, ordenó la remisión íntegra del expediente de reparación
directa No. 20001-33-33-008-2019-00292-0112.
3.4. Agotadas las etapas correspondientes, el proceso ingresó al Despacho para
adoptar la decisión que en derecho corresponda13.
9 Índice 20 de SAMAI.
10 Índice 21 de SAMAI.
11 Índice 14 de SAMAI.
12 El auto de pruebas obra a índice 23 de SAMAI. Con el recurso, la parte recurrente aportó copia
de las sentencias de primera y segunda instancia proferidas dentro del proceso ordinario y la
constancia de ejecutoria del fallo objeto de revisión. Por su parte, el Juzgado Octavo Administrativo
de Valledupar informó que el expediente podía ser consultado en línea a través del aplicativo SAMAI,
respuesta de la que se corrió traslado a las partes sin que efectuaran manifestación alguna (índices
29 a 31 de SAMAI).
13 Índice 34 de SAMAI.
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II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 del CPACA14, en concordancia
con lo establecido en el numeral 10 del artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019,
modificado por el artículo 1º del Acuerdo 434 de 2024 ─Reglamento Interno de la
Corporación─15, esta Subsección es competente para resolver el presente recurso
extraordinario de revisión.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si la sentencia proferida el veintidós (22) de
septiembre de dos mil veintitrés (2023) dentro del proceso de reparación directa
No. 20001-33-33-008-2019-00292-01, se encuentra incursa en la causal de revisión
contenida en el numeral 1º del artículo 250 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), esto es ,“[h]aberse
encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos,
con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente
no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte
contraria”.
Para tales efectos, la Sala planteará algunas consideraciones generales
relacionadas con el recurso extraordinario de revisión y con la causal señalada por
la parte recurrente, a partir de lo cual se dará solución al asunto sub examine.
3. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión es una herramienta cuyo propósito es despojar
del carácter inmutable y de cosa juzgada que por regla general tienen las decisiones
14 “ARTÍCULO 249. COMPETENCIA. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por
las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. // De los recursos de revisión
contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las
secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. (…)”.
15 “ARTÍCULO 13.- DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos
de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán
entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así (…)
Sección Tercera: 10. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única instancia
dictados por los tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta
sección.”.
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judiciales, ante el acaecimiento de circunstancias excepcionales que permiten
sostener que determinada sentencia es contraria a derecho. Así lo definió la Corte
Constitucional en sentencia C-090 de 1998 al concluir que se trata de un
mecanismo para evitar “que persistan dentro del ordenamiento jurídico sentencias
que vulneren el debido proceso, o que no se ajusten al derecho y a la Constitución”.
En la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el recurso extraordinario de
revisión se consagró en el artículo 185 del Decreto 01 de 1984 y se mantuvo en la
Ley 1437 de 2011, con el propósito de permitir a los jueces reexaminar
determinadas sentencias a efectos de establecer si estas son contrarias al
ordenamiento jurídico16, siempre que se configure alguna de las causales
taxativamente previstas en la ley17. De acuerdo con lo consagrado en el artículo
248 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
este recurso procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las
Secciones y Subsecciones del Consejo de Estado, por los tribunales
administrativos y por los jueces administrativos.
Se trata de un proceso independiente y autónomo del que dio origen a la sentencia
cuya revisión se precisa, de forma que no puede entenderse como una instancia
adicional, pues este recurso no es la vía para corregir los yerros probatorios de las
partes, ni para reconducir el proceso en hechos, pruebas o argumentos, revivir
términos o reabrir el debate surtido en el trámite ordinario18.
Adicionalmente, como se trata de un mecanismo excepcional y extraordinario, el
análisis de este recurso tiene interpretación restrictiva. En este sentido, la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado que
“[c]omo dicho recurso afecta el carácter de inmutable de la sentencia judicial
ejecutoriada, las decisiones que se producen, con ocasión de su interposición, son
16 Sobre el punto, la Corte Constitucional en sentencia C-871 de 2003 señaló: “Con todo, el principio
de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material
del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite
en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos
o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede
afirmarse que la revisión se opone al principio ‘res iudicata pro veritate habertur’ para evitar que
prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia
injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y
verdad material, como fines esenciales del Estado”.
17 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 17 de julio de 2013, radicación 11001-03-15-000-
2012-00231-00.
18 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 27, sentencia de 3 de diciembre de 2019,
radicado 11001-03-15-000-2018-03791-00.
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de carácter excepcional, restrictivo y están sometidas a las causales taxativamente
previstas en la ley, con el fin de evitar que se convierta en una tercera instancia.”19.
De allí entonces que este solo proceda en los precisos y estrictos casos previstos
en la ley, sin que sea viable para el juez flexibilizar las exigencias para su
procedencia o crear unos requisitos o causales distintas, dado que ello no solo
desnaturalizaría la excepcionalidad del recurso, sino que atentaría directamente
contra la seguridad jurídica.
4. La causal de revisión contenida en el numeral 1° del artículo 250 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
El numeral 1° del artículo 250 del CPACA establece como causal de revisión la de
“[h]aberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con
los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no
pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte
contraria”.
Sobre el alcance de esta causal el Consejo de Estado ha establecido que su
procedencia está supeditada a que se logre acreditar20:
a. Que se trata de una prueba documental, lo que, de suyo, excluye otros medios
de prueba, “comoquiera que por tratarse de un recurso extraordinario la
interpretación debe hacerse con un criterio restrictivo”21.
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de diciembre de 2020,
radicación 08001-23-31-000-2011-00639-01 (52456).
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de junio de 2014, radicación
27001-23-31-000-2002-00927-01 (34504); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 2 de agosto de 2019, radicación 73001-33-33-004-2013-00105-01 (54488); Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de agosto de 2019, radicación 08001-
33-31-010-2007-00210-01 (49965); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia
del 5 de octubre de 2020, radicación 68679-33-31-001-2009-00117-01 (57131); Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de mayo de 2020, radicación 68679-33-31-001-
2009-00117-01, (57131); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de
mayo de 2020, radicación 68001-33-31-002-2007-00142-01 (51419); Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, sentencia del 15 de diciembre de 2021, radicación 11001-03-26-000-2018-
00082-00 (61674); Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 16, sentencia del 18 de junio
de 2025, radicación 11001-03-15-2022-02799-00.
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 9 de mayo de 2012, radicación
11001-03-26-000-2005-00025-00 (30095). En el mismo sentido consultar: Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de septiembre de 2022, radicación 11001-03-26-
000-2019-00087-00 (64087).
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b. Que el documento existía al momento de proferirse la sentencia, solo que no
se aportó al proceso porque se encontraba extraviada o refundida. Lo anterior,
bajo el entendido de que “[e]l verbo “recobrar” implica que se hubiere perdido
algo que más tarde se recupera”22, de manera que “no resultan admisibles
aquellos documentos fechados posteriormente”23.
c. Que la prueba no haya sido aportada al trámite del proceso ordinario por
fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria, lo cual debe ser
debidamente acreditado por el interesado. Respecto a los dos primeros
eventos, la jurisprudencia de esta Corporación ha dicho que “no basta con una
dificultad por grave que pueda parecer, por cuanto la ley exige una verdadera
‘imposibilidad’ apreciada objetivamente (…)”24, de manera que debe tratarse
de hechos imprevisibles e irresistibles que excluyan la conducta culposa, la
negligencia o el error como causa del impedimento para aportar la prueba 25.
En cuanto al obrar de la parte contraria, el Consejo de Estado ha indicado que
debe entenderse “como la conducta de la parte que ganó el proceso, quien
con su actuar intencional logró que el documento que le daría el triunfo a su
contraparte no se pudiera aportar al expediente en razón de que lo retuvo u
ocultó, precisamente con el propósito de que no sirviera como prueba”26.
En ese sentido, el documento no debe haber estado en poder del recurrente,
pues de ser así bien hubiera podido ser aportado dentro del trámite ordinario.
Y es que, se insiste, esta no es una oportunidad para enmendar la inactividad
o negligencia probatoria, sino para corregir la causa insuperable para hacer
valer la prueba dentro del proceso27.
22 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 8, sentencia del 2 de junio de 2015, radicación
11001-03-15-000-2007-00879-00.
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de agosto de 2019, radicación 08001-33-
31-010-2007-00210-01 (49965). En el mismo sentido, consultar: Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, sentencia del 18 de febrero de 2022, radicación 11001-03-26-000-2020-
00046-00 (66026); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de
septiembre de 2022, radicación 11001-03-26-000-2018-00083-00 (47247); Consejo de Estado,
Sección Tercera Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2023, radicación: 11001-03-26-
000-2019-00119-00 (64422).
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 18 de octubre de
2005, Radicación. 1998-00173.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 31 de mayo de 2018,
radicación 11001-03-25-000-2014-00629-00.
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de diciembre de
2005, radicación 11001-03-15-000-1999-00218-01.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 4 de junio de 2021, radicado 08001-23-31-000-2009-00989-01 (46989), citando la
sentencia del 8 de octubre de 1994 de Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, radicado 043.
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d. Finalmente, esta Corporación ha considerado que debe tratarse de un
documento transcendental o decisivo, al punto que su incorporación al
proceso hubiere derivado en una decisión totalmente distinta a la que se
adoptó en la sentencia a revisar28.
Dada la excepcionalidad del recurso extraordinario y sus precisas condiciones de
procedencia, es menester que todos estos elementos concurran de manera
simultánea para entender configurada la causal.
Con fundamento en las anteriores consideraciones, pasa la Sala a realizar el
análisis del caso concreto.
5. Caso concreto
Aplicadas las anteriores consideraciones al caso concreto, la Sala encuentra que
el recurso debe declararse infundado, toda vez que la prueba en la que éste se
sustenta ─registro audiovisual de la audiencia de imposición de medida de
aseguramiento, que, por demás, ni siquiera fue adjuntado a este recurso─ no tiene
el carácter de recobrada, pues no estaba extraviada ni refundida, ni tampoco fue
obtenida después de la expedición del fallo objeto de revisión, descartando con ello
la configuración de los elementos previstos en la ley para la prosperidad de la
causal de revisión invocada.
En efecto, de la revisión del proceso ordinario se desprende que este documento
no estaba extraviado ni tampoco vino a ser encontrado después de proferido el fallo
de veintidós (22) de septiembre de dos mil veintitrés (2023), pues lo cierto es que
el registro de la audiencia ⎯como lo advierten los propios recurrentes⎯ hace parte
del proceso penal que se siguió en contra del señor Noriega Mercado, expediente
al que tenía acceso la parte actora y que tuvo a disposición para ser aportado al
trámite de reparación directa por ellos promovido.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de agosto de 2018,
radicación 47001-23-31-000-2000-00851-01; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 13 de julio de 2017, radicación 11001-03-25-000-2013-00520-00; Consejo de Estado,
Sala Especial de Decisión No. 4, sentencia del 1 de marzo de 2016, radicación 11001-03-15-000-
2015-01917-00; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 20, sentencia del 7 de junio de
2016, radicación 11001-03-15-000-2007-00958-00; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, sentencia del 17 de julio de 2013, radicación 11001-03-15-000-02009-00062-00, y Consejo
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de noviembre de 2005,
radicación 11001-03-15-000-1999-00218-01.
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No obstante, lo que se advierte es que los demandantes solo adjuntaron al escrito
introductorio algunos documentos relacionados con el proceso penal, tales como
solicitudes de traslados y permisos de salida del detenido, la sentencia penal
absolutoria, actas de las diversas audiencias surtidas como la de imputación y la
de imposición de medida de aseguramiento, notificaciones, etc.29, sin incluir las
grabaciones de la audiencia donde se impuso la medida de aseguramiento, a pesar
de que, de conformidad con lo reglado en el artículo 212 del CPACA30, la
interposición de la demanda es el momento procesal en el que el extremo activo
debe plantear las peticiones de prueba que estime necesarias para dar sustento a
su reclamación. Además, aunque en el acápite de pruebas del libelo introductorio
la parte actora indicó “en el evento, solicitare (sic) ante el juzgado administrativo las
siguientes pruebas (…) 3. copia del expediente contentivo de la investigación
penal”31, no obra en el plenario prueba de que efectivamente se hubiere elevado
solicitud probatoria en ese sentido.
Consta también que mediante auto de treinta y uno (31) de octubre de dos mil
veintiuno (2021) el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Valledupar dispuso
“[t]éngase como pruebas hasta donde la Ley lo permita todos los documentos
aportados con la demanda y sus contestaciones, conforme al valor probatorio que
la ley les asigna.”, dejando constancia de que “[l]as partes no solicitaron la práctica
de pruebas.”32, y de que, por tanto, resultaba procedente dictar sentencia
anticipada. Contra esa providencia, no se interpuso recurso alguno.
Por su parte, en segunda instancia tampoco se solicitaron y/o aportaron pruebas
adicionales.
Así las cosas, es claro que fue la parte actora la que omitió allegar las grabaciones
en audio y video de la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, pese
a que esos elementos obraban en el proceso penal y resultaban imprescindibles a
29 Tal y como consta a folios 63 a 365 del PDF “33ED_02ANEXOSDEMANDAPDF”, índice 31 de
SAMAI de los Juzgados Administrativos de Valledupar, expediente 20001-33-33-008-2019-00292-
00.
30 “ARTÍCULO 212. OPORTUNIDADES PROBATORIAS. Para que sean apreciadas por el juez las
pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y
oportunidades señalados en este Código. // En primera instancia, son oportunidades para aportar o
solicitar la práctica de pruebas: la demanda (…)”.
31 Demanda disponible en el PDF denominado “32ED_01DEMANDAPDF”, índice 31 de SAMAI de
los Juzgados Administrativos de Valledupar, expediente 20001-33-33-008-2019-00292-00.
32 PDF denominado “60ED_29AUTOEXCEPCIONESPRU”, índice 31 de SAMAI de los Juzgados
Administrativos de Valledupar, expediente 20001-33-33-008-2019-00292-00.
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efectos de mostrar los fundamentos de la medida ⎯que, según indicaron las
autoridades judiciales, no fueron consignados en el acta de esa diligencia⎯, y como
parámetro de juicio para el análisis de responsabilidad planteado, tal y como lo
pusieron de presente tanto el Juzgado de primera instancia como el Tribunal.
Esa omisión no puede serle atribuida a la Rama Judicial, como se alega en el
recurso, no solo porque la responsabilidad de demostrar los supuestos de hecho
de la demanda, incluyendo los defectos endilgados a la medida de aseguramiento,
era de la parte actora, sino en tanto tampoco se acreditó que la judicatura hubiere
negado la entrega de tales documentos al proceso o que hubiere acudido a
maniobras inequívocas tendientes al ocultamiento de la prueba.
Incluso bajo el supuesto que alegan los recurrentes, según el cual antes de la
presentación de la demanda de reparación directa solicitaron copia del proceso
penal al Centro de Servicios correspondiente y aquél no les fue entregado de
manera completa, lo cierto es que eran los demandantes los llamados a advertir tal
situación en cumplimiento de los deberes mínimos de diligencia que le resultaban
exigibles y como parte de la obligación prevista en el artículo 167 del CGP respecto
de la carga de la prueba33.
Bajo ese mismo derrotero tampoco resulta de recibo el argumento planteado en el
recurso según el cual los jueces de instancia debieron hacer uso de la facultad
oficiosa en materia de pruebas para recabar las grabaciones. En primer lugar,
porque, se insiste, era la parte demandante la que tenía la responsabilidad de llevar
al proceso todos los elementos necesarios para demostrar los supuestos fácticos y
jurídicos de su reclamo, y, en segundo término, porque en todo caso esa situación
no se relaciona de manera alguna con la causal de documento recobrado.
Pero, además, dicha censura desconoce que la facultad de decretar pruebas de
manera oficiosa es una atribución que el juez puede ejercer bajo determinados
supuestos legales, de forma autónoma, discrecional y atendiendo a las
particularidades del caso concreto34, en tanto, como lo puso de presente el
33 “ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de
las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. (…)”.
34 Al respecto consultar, entre otros: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto de 4
de noviembre de 2025, radicación 27001-23-31-000-2008-00062-01 (42683); Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, auto de 1 de septiembre de 2025, radicación 05001-23-33-000-
2018-00945-01 (66648); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 19 de
agosto de 2025, radicación 76001-23-33-000-2022-00581-01 (72726), y Consejo de Estado,
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Ministerio Público, aquella no está prevista para conjurar las omisiones de las
partes o reemplazarlas en las cargas a ellas impuestas, de manera que dicha
potestad no “puede esgrimirse para suplir la ritualidad probatoria de las partes
desequilibrando la relación jurídico procesal entre ambos extremos procesales,
pues al juez corresponde guardar la debida neutralidad dentro del proceso, salvo
condiciones excepcionales que le exijan hacer uso de las atribuciones oficiosas en
materia probatoria.”35.
Por todo lo anterior, debe concluirse que los documentos que se alegan como
recobrados no tienen realmente tal carácter, pues nunca estuvieron refundidos o
extraviados sino que, por el contrario, siempre estuvieron a disposición de la parte
demandante sin que ella adelantara las actuaciones necesarias para incorporarlos
al proceso ordinario como era su obligación.
En consecuencia, es claro que este recurso no está llamado a prosperar, ya que la
parte actora intenta abrir, por esta vía, una nueva oportunidad para que se ordene
la incorporación de una prueba que no aportó al proceso ordinario y cuya ausencia
condujo a la negativa de las pretensiones resarcitorias, propósito que resulta ajeno
a la finalidad de esta herramienta extraordinaria, tal y como lo ha establecido de
manera reiterada la jurisprudencia de esta Corporación:
“están excluidas en esta causal, pruebas que hubieran debido y podido
aportarse oportunamente, ya que no se trata con este recurso
extraordinario, de remediar una inactividad o negligencia en el
diligenciamiento de la prueba, sino de corregir la causa insuperable en que
estuvo el recurrente de hacer valer la prueba dentro del proceso.
(…) En efecto, si la falta en el expediente del documento no obedeció a
fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte demandada, sino al simple
descuido de quien debía hacerlo oportunamente, no se puede a través del
recurso extraordinario de revisión subsanar esa omisión, alegando como
pruebas ´recuperadas´ las que de ninguna manera tienen esa
característica”36
Y, en el mismo sentido, esta Subsección de manera reciente concluyó que “la
autoridad judicial debe ser minuciosa al analizar las circunstancias que sustentan
Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de mayo de 2025, radicación 25000-23-26-000-
2005-00694-02 (71060).
35 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11 de agosto de 2025,
radicación 25000-23-36-000-2020-00149-01 (71520).
36 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de diciembre de 2021,
radicación 11001-03-26-000-2018-00014-00 (52302) reiterada por esa misma Subsección en
sentencia del 24 de octubre de 2025, radicación 11001-03-26-000-2019-00190-00 (65511).
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la causal 1ª, toda vez que los documentos que se pretenden hacer valer no pueden
ser aquellos que los recurrentes tuvieron todo el tiempo a su disposición y que no
aportaron al proceso ordinario debido a su negligencia”37, tal y como acaece en el
caso concreto.
Por todo lo anterior, la Sala debe concluir que el presente recurso extraordinario de
revisión resulta infundado, pues no se acreditaron los elementos requeridos para la
prosperidad de la causal prevista en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA.
6. Costas
Teniendo en cuenta que el recurso extraordinario de revisión de la referencia se
formuló cuando ya estaba en vigencia la Ley 2080 de 2021, para resolver sobre las
costas debe darse aplicación al texto del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo con las modificaciones que introdujo dicha
legislación, en concordancia con lo que sobre el punto dispone el Código General
del Proceso.
Así, el inciso final del artículo 255 del CPACA dispone que “[s]i se declara infundado
el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente.”
Bajo este entendido, esta Sala condenará en costas a la parte recurrente y ordenará
a la Secretaría de la Sección Tercera que proceda con la respectiva liquidación,
teniendo en cuenta las reglas previstas en los artículos 365 y 366 del Código
General del Proceso, en particular, aquella que establece que en el expediente
debe aparecer que se causaron “y en la medida de su comprobación”38.
En lo que respecta a las agencias en derecho y al encontrarse acreditada la labor
defensiva en la que incurrieron la Nación - Rama Judicial y la Fiscalía General de
la Nación, de conformidad con los parámetros establecidos en el Acuerdo No.
PSAA16-10554 de 2016, “[p]or el cual se establecen las tarifas de agencias en
derecho” proferido por el Consejo Superior de la Judicatura39, la Sala condenará
por ese concepto a la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual
37Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11 de agosto de 2025,
radicación 11001-03-26-000-2024-00051-00 (71119).
38 Numeral 8, artículo 365 del Código General del Proceso.
39 “ARTÍCULO 5o. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: // (…) 9. RECURSOS
EXTRAORDINARIOS. Entre 1 y 20 S.M.M.L.V”.
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Radicado: 11001-03-26-000-2024-00123-00 (71818)
Recurrente: José Luis Noriega Mercado y otros
vigente (smlmv) para cada una de las referidas entidades, atendiendo a la
naturaleza, duración y complejidad del proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
formulado contra la sentencia proferida el veintidós (22) de septiembre de dos mil
veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo del Cesar, dentro del proceso de
reparación directa No. 20001-33-33-008-2019-00292-01.
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS a la parte recurrente, las cuales deberán
ser liquidadas por la Secretaría de la Sección, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 188 y 255 del CPACA, 365 y 366 del CGP. Para el efecto, inclúyase
por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a dos (2)
salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv), uno (1) para cada una de
las entidades que intervino en este trámite, es decir, para la Nación - Rama
Judicial y para la Fiscalía General de la Nación.
TERCERO: En firme esta decisión, ARCHÍVESE el expediente previas las
anotaciones pertinentes.
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
VF
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