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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-33-33-004-2013-00105-01

Recurso extraordinario de revisión

Fecha
2 de agosto de 2019
Consejero ponente
Martín Bermúdez Muñoz
Citada por
11 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 73001-33-33-004-2013-00105-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Lelio Valencia Pulido contra la sentencia dictada el 26 de febrero de 2015 por el Tribunal Administrativo del Tolima. SEGUNDO: Sin condena en costas por no aparecer causadas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 73001-33-33-004-2013-00105-01

Consejero ponente: Martín Bermúdez Muñoz

2 de agosto de 2019

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / CAUSAL PRIMERA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / PRUEBA RECOBRADA / IMPROCEDENCIA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

[P]rocede la Sala a resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto (…) contra la sentencia dictada (…) por el Tribunal Administrativo del Tolima, (…) con fundamento en la causal consagrada en el numeral primero del artículo 250 del CPACA.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 250 NUMERAL PRIMERO

OPORTUNIDAD DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / TÉRMINO PARA INTERPONER EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

El recurso fue interpuesto dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia recurrida, es decir dentro de la oportunidad prevista en el artículo 251 del CPACA, norma aplicable al presente caso por ser la vigente al momento de la ejecutoria de la providencia objeto del recurso.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 251

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / ALCANCE DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / PRINCIPIO DE COSA JUZGADA / EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA / EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA / EXCEPCIÓN DE LA INMUTABILIDAD DE LA SENTENCIA / OBJETO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

El recurso extraordinario de revisión, como excepción al principio de cosa juzgada, permite controvertir las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones del Consejo de Estado y por los Tribunales Administrativos, en única o segunda instancia, con fundamento en las causales previstas en el artículo 250 del CPACA y en el artículo 20 de la ley 797 de 2003.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 250 / LEY 797 DE 2003 - ARTÍCULO 20

TAXATIVIDAD DE LAS CAUSALES DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / FINALIDAD DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - Improcedente para controvertir la actividad interpretativa del juez / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - No constituye oportunidad para continuar el debate probatorio / ERROR DE DERECHO / ERROR IN IUDICANDO - Improcedencia / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL

Debido a su carácter extraordinario, la revisión no puede ser solicitada con el fin de controvertir posibles errores in iudicando en los que incurra el fallador, ni para reabrir el debate probatorio de las instancias, sino que su procedencia está delimitada a las causales taxativas consagradas por el Legislador. NOTA DE RELATORÍA: En relación con la taxatividad de las causales del recurso extraordinario de revisión, consultar providencia de la Corte Constitucional, de 4 de agosto de 2009, Exp. C-520, M.P. María Victoria Calle Correa.

CAUSALES DE REVISIÓN DE LA SENTENCIA / DOCUMENTOS DECISIVOS DESPUÉS DE LA SENTENCIA / REQUISITOS DE LA PRUEBA RECOBRADA / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL

Respecto a la causal de revisión prevista en el numeral 1º del artículo 250 del CPACA, esta Corporación ha indicado que es necesario que: i) los documentos aportados con la demanda de revisión existan antes del pronunciamiento judicial objeto del recurso; ii) que las pruebas sólo hayan podido recobrarse después de dictada la sentencia; iii) que el recurrente no las hubiere podido aportar durante el trámite del proceso por razones de fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria; y iv) que se recobren pruebas decisivas con las que se hubiera podido proferir una decisión diferente.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 250 NUMERAL 1

NEGACIÓN DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA PRUEBA RECOBRADA / PRUEBA PERICIAL / PRUEBA TESTIMONIAL / PRUEBA DOCUMENTAL / SENTENCIA / PROCESO CIVIL / INCUMPLIMIENTO DE CARGA DE LA PRUEBA

El recurrente se limitó a señalar que, en su sentir, algunas de las pruebas testimoniales y periciales practicadas en el proceso civil. (…) Sin embargo, en el recurso no se identificaron concretamente cuáles eran dichas pruebas, la fecha en la cual fueron practicadas, ni el motivo por el cual su valoración sería decisiva para variar el sentido de la decisión recurrida. La vaguedad del recurso impide a la Sala poder determinar cuáles son las pruebas que la parte recurrente considera que son recobradas y si realmente éstas tienen dicha naturaleza. En esa medida, se considera que el recurrente no cumplió con la carga argumentativa necesaria para sustentar la causal invocada en el recurso extraordinario. (…) En cuanto a la sentencia proferida por el Juzgado Civil del Líbano, la Sala considera que no se puede considerar como una prueba recobrada toda vez que: (i) (…) esta sentencia no existía antes de que fenecieran las oportunidades para solicitar pruebas en dicha instancia judicial, razón por la cual no tiene la naturaleza de recobrada; (ii) dicha providencia es una decisión judicial (…) que de ningún modo puede considerase como una prueba de los daños reclamados por los recurrentes en el proceso de reparación directa en el cual se profirió la sentencia recurrida. (…) En consecuencia, al no satisfacerse los requisitos para la prosperidad de la causal de revisión objeto de estudio, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., dos (02) de agosto de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 73001-33-33-004-2013-00105-01(54488)

Actor: LELIO VALENCIA PULIDO

Demandado: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA

Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

Tema: Prueba recobrada

SENTENCIA

No observándose irregularidad que invalide la actuación, procede la Sala a resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Lelio Valencia Pulido contra la sentencia dictada el 26 de febrero de 2015 por el Tribunal Administrativo del Tolima, en cuya parte resolutiva se adoptaron las siguientes decisiones:

<<PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 13 de mayo de 2014 por el Juzgado Cuarto Administrativo oral del Circuito de Ibagué, mediante la cual se negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Condenar en costas de segunda instancia a la parte accionante en los términos considerados en la parte motiva de esta decisión.

TERCERO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Juzgado de origen>>.

ANTECEDENTES

Demanda de reparación directa

1.- A través de demanda presentada el 12 de diciembre de 2003, Lelio Valencia Pulido, solicitó que se declarara patrimonialmente responsable a la Corporación Autónoma Regional del Tolima-CORTOLIMA, por los perjuicios causados por permitir que la empresa MINEROS S.A. adelantara labores de exploración sobre el predio de su propiedad, ubicado en el municipio del Líbano-Tolima, sin la correspondiente licencia ambiental, y por no haber aplicado los correctivos necesarios para evitar el daño ambiental ocasionado por dicha empresa.

2.- Lo anterior, con fundamento en que: (i) Lelio Valencia Pulido recibió una comunicación por parte de la empresa MINEROS S.A., en la que se indicó que la referida empresa contaba con títulos mineros y requería acceder a parte de la zona de su propiedad para adelantar actividades de exploración minera. La empresa le advirtió que efectuaría todas las acciones para prevenir los impactos ambientales futuros y que si estos se llegaban a causar durante la ejecución, se acordarían las medidas correspondientes para la mitigación y compensación de los mismos; sin embargo el actor manifestó que la empresa no demostró los mencionados títulos mineros ni la licencia ambiental correspondiente e inició la exploración actuando de manera arbitraria; (ii) el actor indicó que como consecuencia de la <<arbitraria ocupación>> de la finca de su propiedad por parte de MINEROS S.A. se ocasionó un desastre ecológico, toda vez que el nacedero de agua se secó, murieron cafetos, matas de cacao y vegetación, lo que dejó a la finca completamente inutilizable. Agregó que la ocupación le afectó el derecho a tener una vivienda digna, lo privó de su medio de subsistencia e impactó la ecología de los alrededores; (iii) la parte actora manifestó que no se le reconoció ningún tipo de indemnización por el daño ecológico ocasionado en su predio y que la empresa MINEROS S.A. no cumplió con las normas mineras ambientales; (iv) afirmó que una vez enterados de las consecuencias de la servidumbre impuesta al demandante por parte de la empresa MINEROS S.A., el Ministerio de Medio Ambiente y la Procuraduría General de la Nación debieron adoptar las medidas conducentes para que fueran resarcidos los daños y perjuicios ocasionados.

3.- En la demanda formularon las siguientes pretensiones:

<<1. SE DECLARE QUE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA, CORTOLIMA, es responsable del daño antijurídico causado a mi poderdante LELIO VALENCIA PULIDO, al permitir que la empresa MINEROS S.A., adelantara labores de exploración sobre el predio de propiedad de mi mandante ubicado en el municipio de el Líbano—Tolima, sin la correspondiente licencia ambiental, y por no haber aplicado los correctivos necesarios para evitar el daño ambiental ocasionado a mi poderdante por dicha empresa.

2. TENIENDO EN CUENTA LA ANTERIOR DECLARACIÓN y lo NORMADO POR LOS ARTÍCULOS 6, 25, 49, 51, Y 90, de la Constitución Nacional, SE CONDENE A LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA, CORTOLIMA, a indemnizar a mi poderdante por los perjuicios materiales que le han sido ocasionados con motivo del DAÑO ambiental ocasionado a la finca de su propiedad, que inutilizó por completo la finca de su propiedad, al secarse el nacedero de agua que en ella había y por la muerte de cafetos, matas de cacao, y vegetación diversa, como consecuencia de la actividad desplegada por la empresa MINEROS S.A., con domicilio en la ciudad de Medellín, la cual ingresó a la finca de propiedad de mi mandante estableciendo de manera arbitraria, y desconociendo el debido proceso, la obligación de permitir en ella su exploración causando UN GRAVE DAÑO AMBIENTAL, absteniéndose de pagar cualquier tipo de indemnización, sin contar con licencia ambiental y sin que CORTOLIMA adoptada (sic) medidas de ninguna índole, conociendo, como era su deber, las actividades que estaba desplegando la firma mencionada

3. SE CONDENE IGUALMENTE A LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA, CORTOLIMA, A INDEMNIZAR A MI MANDANTE POR EL DAÑO MORAL OCASIONADO con motivo de los hechos que alude la anterior pretensión.

4. Se declare que LA CORPORACIÓN AJUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA, CORTOLIMA (sic), deberá dar cumplimiento a la sentencia en los términos establecidos por los artículos 192, 193 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

5. Se condene a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA, CORTOLIMA, al pago de las costas y agencias en derecho>> (fls. 63-64 c.1).

Sentencia recurrida

4.- En sentencia dictada el 26 de febrero del 2015 (fls 63-83 c.ppal), el Tribunal Administrativo del Tolima confirmó el fallo de primera instancia que había negado las pretensiones de la demanda, por los siguientes motivos:

5.- De conformidad con los documentos allegados, el Tribunal advirtió que no existía prueba que demostrara de manera cierta y fehaciente que la finca propiedad del demandante hubiera quedado completamente inutilizable por el secamiento del nacedero de agua y por el contrario, según los informes de visita técnica realizados en el lugar, corría agua por algunos de los afluentes allí existentes. En consecuencia, no resultaba ser cierta la afirmación del actor.

6.- En lo relacionado con los daños a las plantas y árboles productivos, se encontraba evidencia en el expediente, lo que fue ratificado por la parte actora en la audiencia de pruebas, que por dicha situación ya había sido indemnizado por la empresa MINEROS S.A. En consecuencia, el Tribunal indicó que no resultaba plausible que se pretendiera un doble pago por el mismo hecho.

7.- Finalmente consideró que no se encontraba acreditado el daño antijurídico causado al accionante, por lo que el Tribunal se relevó de analizar los demás presupuestos de la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada.

8.- Según constancia secretarial obrante en el expediente, esta decisión quedó ejecutoriada el 5 de marzo del 2015 (fl. Vto. 88 c.ppal).

Recurso extraordinario de revisión

9.- En escrito presentado el 11 de junio de 2015, Lelio Valencia Pulido interpuso recurso extraordinario de revisión contra la anterior sentencia, con fundamento en la causal prevista en el numeral primero del artículo 250 del CPACA, consistente en <<[H]aberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria>> (fls 1-30 c.ppal.).

10.- En la sustentación del recurso el demandante alegó que con posterioridad a la decisión del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Ibagué, el Juzgado Civil del Circuito del Líbano profirió sentencia condenatoria en contra de MINEROS S.A. y SEGUROS COLPATRIA S.A., tercero llamado en garantía, <<al encontrar probados dicho Juzgado los hechos sobre los cuales se soportó el medio de control REPARACIÓN DIRECTA ante la Jurisdicción contencioso administrativa; como también que el predio dentro del cual se produjo el daño ambiental, era de propiedad del demandante>>.

11.- Agregó que con posterioridad a la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Ibagué se recaudaron dentro del proceso ordinario adelantado ante el Juzgado Civil del Circuito del Líbano en contra de MINEROS S.A., diferentes pruebas que para el momento de instaurar la demanda de reparación directa no existían, tales como estudios técnicos y testimonios, que habrían permitido al juez de lo contencioso administrativo llegar a una conclusión diferente.

12.- Manifestó que el Tribunal Administrativo del Tolima consideró suficiente el pago de una suma de cuatro millones setecientos mil pesos que le hiciera MINEROS S.A. a Lelio Valencia Pulido al terminar los trabajos de exploración, lo que en su criterio quedó desvirtuado con la condena impuesta a la empresa MINEROS S.A. en el proceso civil.

13.- Aunado a lo anterior, el actor puso de presente que la responsabilidad de CORTOLIMA surgió del hecho de no haber adoptado las medidas pertinentes para evitar el daño ambiental, mientras que la responsabilidad de MINEROS S.A. se refería a los daños ocasionados por la empresa, lo que significaba que el agravio de la empresa por el cual ha sido indemnizado el demandante no sustituía ni compensaba la omisión en la que incurrió CORTOLIMA.

Oposición al recurso extraordinario de revisión

14.- Durante el término para contestar la demanda, la Corporación Autónoma Regional del Tolima-CORTOLIMA, guardó silencio. Reposa en el expediente constancia de entrega de la notificación del auto admisorio a la entidad demandada (fl. 110 c.ppal.).

CONSIDERACIONES

Competencia

15.- El Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección “B” es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el Lelio Valencia Pulido contra la sentencia dictada el 26 de febrero de 2015 por el Tribunal Administrativo del Tolima, de conformidad con el artículo 249 del CPACA, norma vigente al momento de su presentación.

Oportunidad

16.- El recurso fue interpuesto dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia recurrida, es decir dentro de la oportunidad prevista en el artículo 251 del CPACA, norma aplicable al presente caso por ser la vigente al momento de la ejecutoria de la providencia objeto del recurso.

Caso concreto

17.- La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Lelio Valencia Pulido contra la sentencia dictada el 26 de febrero de 2015 por el Tribunal Administrativo del Tolima, con fundamento en la causal consagrada en el numeral primero del artículo 250 del CPACA, por las siguientes razones:

18.- El recurso extraordinario de revisión, como excepción al principio de cosa juzgada, permite controvertir las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones del Consejo de Estado y por los Tribunales Administrativos, en única o segunda instancia, con fundamento en las causales previstas en el artículo 250 del CPACA y en el artículo 20 de la ley 797 de 2003.

19.- Debido a su carácter extraordinario, la revisión no puede ser solicitada con el fin de controvertir posibles errores in iudicando en los que incurra el fallador, ni para reabrir el debate probatorio de las instancias, sino que su procedencia está delimitada a las causales taxativas consagradas por el Legislador.

20.- Respecto a la causal de revisión prevista en el numeral 1º del artículo 250 del CPACA, esta Corporación ha indicado que es necesario que: i) los documentos aportados con la demanda de revisión existan antes del pronunciamiento judicial objeto del recurso; ii) que las pruebas sólo hayan podido recobrarse después de dictada la sentencia; iii) que el recurrente no las hubiere podido aportar durante el trámite del proceso por razones de fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria; y iv) que se recobren pruebas decisivas con las que se hubiera podido proferir una decisión diferente.

21.- Las reglas precedentes excluyen cualquier conducta culposa, de negligencia o error por parte del recurrente, por cuanto el objeto de la causal invocada es solventar el hecho de que una parte en el proceso se haya visto afectada en sus intereses como consecuencia de haber estado en la imposibilidad de aportar una prueba que ya existía y que si hubiera sido apreciada por el juzgador podría haber determinado que la decisión adoptada fuera diferente.

22.- En el presente caso, dichos requisitos no se satisfacen toda vez que:

22.1.- El recurrente se limitó a señalar que, en su sentir, algunas de las pruebas testimoniales y periciales practicadas en el proceso civil No. 2013-00190 <<(…) de haberse aportado al proceso adelantado ante la Jurisdicción contencioso administrativa, habrían permitido llegar a una conclusión diferente (…)>>. Sin embargo, en el recurso no se identificaron concretamente cuáles eran dichas pruebas, la fecha en la cual fueron practicadas, ni el motivo por el cual su valoración sería decisiva para variar el sentido de la decisión recurrida. La vaguedad del recurso impide a la Sala poder determinar cuáles son las pruebas que la parte recurrente considera que son recobradas y si realmente éstas tienen dicha naturaleza. En esa medida, se considera que el recurrente no cumplió con la carga argumentativa necesaria para sustentar la causal invocada en el recurso extraordinario, lo que impide determinar si el recurrente no pudo aportar estas pruebas durante el trámite del proceso ordinario por razones de fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria.

22.2.- En cuanto a la sentencia proferida por el Juzgado Civil del Líbano, la Sala considera que no se puede considerar como una prueba recobrada toda vez que: (i) esta providencia se dictó el 10 de noviembre de 2014, fecha para la cual había fenecido el plazo para solicitar pruebas en segunda instancia dentro del proceso de reparación directa, que venció el 16 de julio de 2014, fecha en la cual quedó ejecutoriado el auto que admitió el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia. En consecuencia, esta sentencia no existía antes de que fenecieran las oportunidades para solicitar pruebas en dicha instancia judicial, razón por la cual no tiene la naturaleza de recobrada; (ii) dicha providencia es una decisión judicial que solamente demuestra que la sociedad MINEROS S.A. fue condenada a indemnizar unos perjuicios a favor de Lelio Valencia Pulido, pero que de ningún modo puede considerase como una prueba de los daños reclamados por los recurrentes en el proceso de reparación directa en el cual se profirió la sentencia recurrida.

23.- En consecuencia, al no satisfacerse los requisitos para la prosperidad de la causal de revisión objeto de estudio, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario.

Costas

24.- En atención a lo dispuesto en el artículo 40 de la ley 153 de 1887, modificado por el artículo 624 del CGP, el presente recurso extraordinario de revisión, incluida la determinación de las costas, se deberá regir por la ley vigente al momento de su presentación, es decir el CPACA, el cual a su vez remite al CGP.

25.- Como la causal de revisión alegada en el recurso no tiene vocación de prosperidad y por lo tanto el mismo se declarará infundado, el recurrente debe ser condenado en costas, en la medida de su comprobación, de conformidad con lo ordenado en los artículos 188 del CPACA, 365 y 366 del CGP, y el Acuerdo No. PSSAA16-10554 de 2016 del C.S.J. “por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho” – artículo 2.

26.- En el presente caso no está comprobada la causación de costas, toda vez que las demás partes del proceso ordinario guardaron silencio durante el trámite del recurso extraordinario.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Lelio Valencia Pulido contra la sentencia dictada el 26 de febrero de 2015 por el Tribunal Administrativo del Tolima.

SEGUNDO: Sin condena en costas por no aparecer causadas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RAMIRO PAZOS GUERRERO
Presidente

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado

Proyectó: SABF/7C.
Revisó: SUR
Ver Corte Constitucional. Sentencia C-520 de 2009. M.P.: Dra. María Victoria Calle Correa.

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