Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2023-00052-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2023-00052-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2023-00052-00
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
28 de octubre de 2024
Radicado: 11001-03-26-000-2023-00052-00 (69697)
Recurrentes: Alberto Rafael González Meléndez y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-26-000-2023-00052-00 (69697)
Recurrentes: ALBERTO RAFAEL GONZÁLEZ MELÉNDEZ, FLORALBA
DEL SOCORRO GRANADOS DOMÍNGUEZ, YARIANNIS DE
JESÚS GONZÁLEZ GRANADOS, ALBERTO GABRIEL
GONZÁLEZ GRANADOS Y GLADYS YOLANDA DOMÍNGUEZ
GRANADOS
Asunto: Causal 1ª artículo 250 CPACA – documento recobrado.
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide en única instancia el recurso extraordinario de revisión interpuesto
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena el nueve
(9) de febrero de dos mil veintidós (2022), dentro del proceso de reparación directa
de radicado No. 47001-33-33-001-2016-00166-01.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Mediante providencia de nueve (9) de febrero de dos mil veintidós (2022), el
Tribunal Administrativo del Magdalena confirmó la sentencia proferida por el
Juzgado Primero Administrativo de Santa Marta, a través de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda de reparación directa que buscaba que el
Departamento del Magdalena fuera declarado administrativamente responsable por
la muerte del menor Marco José González Granados, ocurrida en inmediaciones
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Recurrentes: Alberto Rafael González Meléndez y otros
de la Institución Educativa Departamental San José Puebloviejo (Magdalena). Los
recurrentes alegan que se materializó la causal de revisión contenida en el numeral
1º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), esto es, “[h]aberse encontrado o recobrado después de
dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido
proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por
fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.
II. ANTECEDENTES
1. Antecedentes relevantes del proceso de reparación directa (radicado No.
47001-33-33-001-2016-00166-01).
1.1. El primero (1°) de abril de dos mil dieciséis (2016), los señores Alberto Rafael
González Meléndez, Floralba del Socorro Granados Domínguez, Yariannis de
Jesús González Granados, Alberto Gabriel González Granados y Gladys Yolanda
Domínguez Granados formularon demanda de reparación directa contra el
Departamento del Magdalena, solicitando que se declarara a dicha entidad
administrativamente responsable de la muerte del menor Marco José González
Granados1.
Como sustento fáctico de sus pretensiones, indicaron que el tres (3) de abril de dos
mil catorce (2014) el menor González Granados, de quince (15) años de edad, se
dirigió a la Institución Educativa Departamental San José Puebloviejo (Magdalena)
donde se encontraba matriculado para el grado octavo. Igualmente sostuvieron
que, dado que llegó a la institución después de la hora en que comenzaba la jornada
escolar, cuando la puerta principal ya estaba cerrada y no contaba con vigilancia,
el menor intentó ingresar escalando un muro de cerramiento que rodeaba las
instalaciones, en cuya parte superior estaba instalada una concertina de seguridad.
1 Folio 15 del PDF denominado “expediente digitalizado”, contenido en el archivo
“RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_RESPUESTAJ_SEGUNDAINSTANCIA”
del índice 28 de SAMAI.
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Según se afirmó en la demanda, al realizar esta acción el joven perdió el equilibrio
y cayó golpeándose la cabeza; pese a que fue remitido a un centro hospitalario, el
menor finalmente murió.
La parte actora alegó que el deceso del joven González Granados resultaba
atribuible a la Institución Educativa accionada, a título de falla en el servicio, por el
incumplimiento de los deberes de protección, cuidado y custodia frente a sus
alumnos. Dicho incumplimiento se concretó, según indicaron, en el hecho de que
se le impidiera al estudiante la entrada al plantel, en la falta de vigilantes o de
personal docente en la puerta del colegio y en la ausencia de señalización en el
muro de cerramiento sobre la existencia de una concertina de seguridad y respecto
de los riesgos que suponía escalar tal estructura2.
1.2. Mediante sentencia de dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinte (2020),
el Juzgado Primero Administrativo de Santa Marta negó las pretensiones de la
demanda, bajo la consideración de que el daño ⎯esto es, la muerte del menor
González Granados⎯, no podía ser atribuido a la entidad demandada, toda vez
que estaba demostrado el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la
víctima, por el “actuar descuidado e imprudente” del directamente afectado.
De acuerdo con lo que el juzgado encontró acreditado en el proceso, la institución
educativa no impedía la entrada a los estudiantes que llegaran tarde, sino que estos
podían ingresar a la segunda hora de clase, luego de reunirse con las directivas del
colegio, procedimiento que la víctima quiso evadir entrando irregularmente a las
instalaciones. Además, para el fallador la edad del menor le permitía comprender
el riesgo que comportaba el escalar el muro, en tanto no era una obligación de la
institución señalizarlo, pues, como lo determinó el perito nombrado dentro de este
asunto, no se encontró que la concertina de seguridad estuviere electrificada y que,
por ello, fuera necesario hacer una advertencia de seguridad3.
2 Folios 2 a 15 del PDF denominado “expediente digitalizado”, contenido en el archivo
“RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_RESPUESTAJ_SEGUNDAINSTANCIA”
del índice 28 de SAMAI.
3 Folios 290 a 306 del PDF ibidem.
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1.3. Inconforme con lo anterior, el veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno
(2021) la parte actora presentó recurso de apelación, insistiendo en la
responsabilidad de la institución educativa, para lo cual reiteró que el daño sí puede
ser atribuido a la demandada, debido a que aquella tenía el deber de custodia sobre
el menor Marco José González Granados4.
1.4. Mediante sentencia de nueve (9) de febrero de dos mil veintidós (2022), el
Tribunal Administrativo del Magdalena confirmó la decisión de primera instancia.
En cuanto a las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento del joven, el
Tribunal puso se presente las conclusiones del dictamen pericial rendido dentro de
este proceso por un ingeniero, en el que se determinó que: “se logra identificar las
características del muro desde donde cae el menor, en donde se concluye por parte
del experto, que tiene una altura de 2,75 Metros y que se encontraba rodeando la
totalidad del centro educativo, de igual forma el especialista certifica que el alambre
de púas nunca había estado electrificado ni cuando se dieron los hechos, ni antes
de ellos ni aun cuando se realiza la inspección al lugar Esta prueba deja ver que el
joven no pudo recibir ninguna descarga eléctrica, por lo tanto, esto no generó que
perdiera el equilibrio y cayera”. En el mismo sentido, resaltó lo consignado en el
informe de la necropsia practicada al cuerpo del menor, donde se indicó que «el
Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencia Forense, certifica que la causa
de la muerte del menor es el golpe contundente que sufre al caer desde la altura
del muro que rodea el colegio San José de PuebloViejo, el cual le generó: "trauma
contundente en cabeza y fallece por Shock Neurogénico, debido a contusión de
tallo y cerebelo, secundario a trauma contundente, por caída de altura. La manera
de muerte es consistente con la planteada en el acta de levantamiento corno (sic)
accidental.”».
Establecido lo anterior, el Tribunal sostuvo que la muerte del menor no puede ser
atribuida a la entidad demandada, no solo porque al momento de los hechos el
joven no se encontraba en custodia de la institución educativa ⎯pues ni siquiera
4 Folio 309 y siguientes del PDF denominado “01expediente digitalizado” contenido en el archivo
“RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_RESPUESTAJ_SEGUNDAINSTANCIA”
del índice 28 de SAMAI.
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había logrado ingresar a la misma⎯, sino, porque, además, se probó que fue él
quien de manera libre, consiente y voluntaria decidió ingresar irregularmente al
plantel, precisando sobre esto último que el deber de protección de las entidades
educativas es inversamente proporcional a la edad del estudiante, de manera que
debe tenerse en cuenta que en los alumnos de mayor edad el grado de libertad de
decisión aumenta y la carga de vigilancia disminuye5.
2. El recurso extraordinario de revisión6
El quince (15) de marzo de dos mil veintitrés (2023), a través de apoderado judicial,
los señores Alberto Rafael González Meléndez, Floralba del Socorro Granados
Domínguez, Yariannis de Jesús González Granados, Alberto Gabriel González
Granados y Gladys Yolanda Domínguez Granados formularon recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia proferida el nueve (9) de febrero de
dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo del Magdalena, alegando la
configuración de la causal prevista en el numeral 1° del artículo 250 del CPACA,
esto es, “[h]aberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia
documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión
diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso
fortuito o por obra de la parte contraria”7.
Como sustento de su recurso, los recurrentes afirman que fueron recobradas unas
“entrevistas” que dan cuenta de que la concertina del muro de la Institución
Educativa Departamental San José Puebloviejo (Magdalena) sí estaba
electrificada. Estas entrevistas fueron rendidas a un investigador privado por dos
alumnos de esa institución, “YAIDER ANTONIO TORRES LÓPEZ y (…) VICENTE
SEGUNDO GRANADOS CEBALLOS”, los días once (11) y doce (12) de octubre
5 Folios 309 del PDF denominado “08SentenciadeSegundaInstanciaConfirma”, archivo
RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_RESPUESTAJ_SEGUNDAINSTANCIA” del
índice 28 de SAMAI. También puede consultarse en el índice 8 de SAMAI del Tribunal Administrativo
del Magdalena, expediente: 47001-33-33-001-2016-00166-01.
6 Se precisa que en este acápite se referencian tanto los argumentos del escrito inicialmente
presentado (disponible en el PDF denominado “ED_RECURSOEXTRAORDINARI”, índice 2 de
SAMAI), como los planteados en la subsanación del recurso (PDF
“RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_SUBSANANDORECURSORP”, índice 8 de
SAMAI).
7 PDF denominado “ED_COMUNICACI_GMAIL1” visible en el índice 2 de SAMAI.
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de dos mi veintidós (2022), para ser aportadas al proceso penal seguido por la
Fiscalía 22 Seccional de Ciénaga, Magdalena (radicado
471896001023201400276), por la muerte del menor González Granados8.
Argumentan que estas declaraciones no pudieron ser aportadas o rendidas en el
marco del proceso de responsabilidad contencioso administrativo, por obra de la
parte contraria, dado que, para esa época, los alumnos eran menores de edad y,
según le manifestaron al investigador privado, habían sido amedrentados y
presionados por la otrora parte demandada para no rendir declaración alguna, lo
que llevó a los demandantes a abstenerse de solicitar su práctica.
Señalan que aunque las entrevistas fueron recaudadas después de proferido el fallo
objeto de revisión, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado el
recurso debe prosperar9, pues estas pruebas tienen la potencialidad de variar la
decisión en tanto dan cuenta de que “la causa de la muerte de MARCO JOSÉ
GONZÁLEZ GRANADOS (Q.E.P.D.), se produjo por electrocución sufrida por la
corriente recibida”, dejando sin piso la conclusión del dictamen pericial practicado.
En este contexto, solicitaron que se “nulite” la sentencia acusada y que, en su lugar,
se expida un fallo favorable a sus pretensiones.
3. Trámite del recurso y oposición
3.1. Por auto de dos (2) de junio de dos mil veintitrés (2023) el Despacho inadmitió
el recurso extraordinario de revisión10. Subsanadas las falencias evidenciadas,
mediante providencia de catorce (14) de julio de ese mismo año se admitió y se
ordenó notificar esa decisión al Departamento del Magdalena, Secretaría de
Educación, y al Ministerio Público11.
8 Específicamente en el recurso de apelación alegaron: “Como se observa, el ente investigador no
realizó las entrevistas a los compañeros de MARCO JOSE GONZALEZ GRANADOS (Q.E.P.D.),
por este motivo fueron allegadas por la representación de las victimas dentro la investigación seguida
por la Fiscalía Seccional 22 del Municipio de Ciénaga, Magdalena.” (Negritas y mayúsculas en
original).
9 Al efecto, los recurrentes citaron la providencia proferida el 29 de abril de 2015, radicación: 25000-
23-26-000-1999-00319-01 (26239).
10 Índice 4 de SAMAI.
11 Índice10 de SAMAI.
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3.2. Dentro del término de traslado, únicamente intervino el Procurador Delegado
para la Conciliación Administrativa quien, mediante Concepto No. 120 de 2023,
solicitó que se declare infundado el recurso extraordinario.
Para el Ministerio Público no están acreditados los requisitos exigidos por la
jurisprudencia para la prosperidad de la causal de documento recobrado invocada,
debido a que las entrevistas aportadas no fueron recobradas ni son preexistentes
al fallo cuya revisión se solicita, ya que mientras éste fue proferido el nueve (9) de
febrero de dos mil veintidós (2022), las declaraciones fueron rendidas los días once
(11) y doce (12) de octubre de ese mismo año. Además, tampoco encuentra
justificado el por qué la parte actora no las pudo recabar y aportar al proceso de
reparación.
En todo caso, en criterio de la Procuraduría esos documentos no tienen la
potencialidad de modificar la decisión de instancia que estuvo apoyada en las
conclusiones del dictamen pericial, respecto de las características del muro de
contención, y de la necropsia, elementos en los que se descartó que la cerca
estuviera electrificada y que el menor hubiere recibido una descarga eléctrica12.
3.3. Por auto de dos (2) de octubre de dos mil veintitrés (2023), el Despacho decretó
las pruebas del proceso, teniendo como tales las aportadas con el recurso y
negando la prueba por informe solicitada por los recurrentes. Igualmente, ordenó la
remisión íntegra del expediente de reparación directa No. 47001-33-33-001-2016-
00166-01, el cual fue enviado de manera digital por el Juzgado Primero
Administrativo de Santa Marta13.
12 Índice 15 de SAMAI.
13 El auto de pruebas obra a índice 20 de SAMAI. Con el recurso, la parte actora aportó la sentencia
objeto de revisión, junto con su constancia de ejecutoria, y las “entrevistas” realizadas de forma
privada a Yaider Antonio Torres López y a Vicente Segundo Granados Ceballos, para ser aportadas
a la investigación penal No. 471896001023201400276 adelantada por la Fiscalía 22 Seccional de
Ciénaga. Además, los recurrentes solicitaron que se oficiara a la referida Fiscalía para que rindiera
informe sobre la investigación penal surtida por la muerte del menor González Granados, petición
que fue negada por carecer de pertinencia y utilidad. Finalmente, una vez recibido el expediente
digital del proceso ordinario, éste fue puesto en conocimiento de las partes sin que se efectuara
manifestación alguna (índices 28, 29 y 30 de SAMAI).
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3.4. Agotadas las etapas correspondientes, el proceso ingresó al Despacho para
adoptar la decisión que en derecho corresponda14.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 del CPACA15, en concordancia
con lo establecido en el numeral 10 del artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019
ꟷReglamento Interno de la Corporación16⎯, esta Subsección es competente para
resolver el recurso extraordinario de revisión de la referencia.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena el nueve (9) de febrero de dos mil veintidós (2022),
dentro del proceso de reparación directa No. 47001-33-33-001-2016-00166-01, se
encuentra incursa en la causal de revisión contenida en el numeral 1º del artículo
250 del Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), esto es, “[h]aberse encontrado o recobrado después de dictada la
sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una
decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.”.
14 Índice 31 de SAMAI.
15 “ARTÍCULO 249. COMPETENCIA. (…) De los recursos de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones
del Consejo de Estado según la materia. (…)”.
16 “ARTÍCULO 13.- DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos
de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán
entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así (…)
Sección Tercera: 10. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única instancia
dictados por los tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta
sección.”.
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Para tales efectos, la Sala planteará algunas consideraciones generales
relacionadas con el recurso extraordinario de revisión y la causal señalada por la
parte recurrente, a partir de lo cual se dará solución al asunto sub examine.
3. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión es una herramienta cuyo propósito es despojar
del carácter inmutable y de cosa juzgada que por regla general tienen las decisiones
judiciales, ante el acaecimiento de circunstancias excepcionales que permiten
sostener que determinada sentencia es contraria a derecho. Así lo definió la Corte
Constitucional en sentencia C-090 de 1998 al concluir que se trata de un
mecanismo para evitar “que persistan dentro del ordenamiento jurídico sentencias
que vulneren el debido proceso, o que no se ajusten al derecho y a la Constitución”.
En la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el recurso extraordinario de
revisión se consagró en el artículo 185 del Decreto 01 de 1984 y se mantuvo en la
Ley 1437 de 2011, con el propósito de permitir a los jueces reexaminar
determinadas sentencias a efectos de establecer si estas son contrarias al
ordenamiento jurídico17, siempre que se configure alguna de las causales
taxativamente previstas en la ley18. De acuerdo con lo consagrado en el artículo
248 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
este recurso procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las
Secciones y Subsecciones del Consejo de Estado, por los tribunales
administrativos y por los jueces administrativos.
17 Sobre el punto, la Corte Constitucional en sentencia C-871 de 2003 señaló: “Con todo, el principio
de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material
del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite
en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos
o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede
afirmarse que la revisión se opone al principio ‘res iudicata pro veritate habertur’ para evitar que
prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia
injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y
verdad material, como fines esenciales del Estado”.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de 2013,
radicación 11001-03-15-000-2012-00231-00.
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Se trata de un proceso independiente y autónomo del que dio origen a la sentencia
cuya revisión se precisa, de forma que no puede entenderse como una instancia
adicional, pues este recurso no es la vía para corregir los yerros probatorios de las
partes, ni para reconducir el proceso en hechos, pruebas o argumentos, revivir
términos o reabrir el debate surtido en el trámite ordinario19.
Adicionalmente, como se trata de un mecanismo excepcional y extraordinario, el
análisis de este recurso tiene interpretación restrictiva. En este sentido, esta
Subsección ha señalado que “[c]omo dicho recurso afecta el carácter de inmutable
de la sentencia judicial ejecutoriada, las decisiones que se producen, con ocasión
de su interposición, son de carácter excepcional, restrictivo y están sometidas
a las causales taxativamente previstas en la ley, con el fin de evitar que se
convierta en una tercera instancia.”20 (Se resalta).
De allí entonces que este solo proceda en los precisos y estrictos casos previstos
en la ley, sin que sea viable para el juez flexibilizar las exigencias para su
procedencia o crear unos requisitos o causales distintas, dado que ello no solo
desnaturalizaría la excepcionalidad del recurso, sino que atentaría directamente
contra la seguridad jurídica.
4. La causal de revisión contenida en el numeral 1° del artículo 250 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
El numeral 1° del artículo 250 del CPACA establece como causal de revisión la de
“[h]aberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con
los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no
pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte
contraria”.
19 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 27, sentencia de 3 de diciembre de 2019,
radicado 11001-03-15-000-2018-03791-00.
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de diciembre de 2020,
radicación 08001-23-31-000-2011-00639-01 (52456).
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Sobre el alcance de esta causal el Consejo de Estado ha establecido que su
procedencia está supeditada a que se logre acreditar21:
a. Que se trata de una prueba documental, lo que, de suyo, excluye otros medios
de prueba, “comoquiera que por tratarse de un recurso extraordinario la
interpretación debe hacerse con un criterio restrictivo”22.
b. Que el documento existía al momento de proferirse la sentencia, solo que no
se aportó al proceso porque se encontraba extraviada o refundida. Lo anterior,
bajo el entendido de que “[e]l verbo “recobrar” implica que se hubiere perdido
algo que más tarde se recupera”23, de manera que “no resultan admisibles
aquellos documentos fechados posteriormente”24.
c. Que la prueba no haya sido aportada al trámite del proceso ordinario por
fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria, lo cual debe ser
debidamente acreditado por el interesado. Respecto a los dos primeros
eventos, la jurisprudencia de esta Corporación ha dicho que “no basta con una
dificultad por grave que pueda parecer, por cuanto la ley exige una verdadera
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de junio de 2014, radicación
27001-23-31-000-2002-00927-01 (34504); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 2 de agosto de 2019, radicación 73001-33-33-004-2013-00105-01 (54488); Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de agosto de 2019, radicación 08001-
33-31-010-2007-00210-01 (49965); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia
del 5 de octubre de 2020, radicación 68679-33-31-001-2009-00117-01 (57131); Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de mayo de 2020, radicación 68679-33-31-001-
2009-00117-01, (57131); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de
mayo de 2020, radicación 68001-33-31-002-2007-00142-01 (51419) y Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, sentencia del 15 de diciembre de 2021, radicación 11001-03-26-000-2018-
00082-00 (61674).
22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 9 de mayo de 2012, radicación
11001-03-26-000-2005-00025-00 (30095). En el mismo sentido consultar: Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de septiembre de 2022, radicación 11001-03-26-
000-2019-00087-00 (64.087).
23 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 8, sentencia del 2 de junio de 2015, radicación
11001-03-15-000-2007-00879-00.
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de agosto de 2019, radicación 08001-33-
31-010-2007-00210-01 (49965). En el mismo sentido, consultar: Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, sentencia del 18 de febrero de 2022, radicación 11001-03-26-000-2020-
00046-00 (66.026); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de
septiembre de 2022, radicación 11001-03-26-000-2018-00083-00 (47247); Consejo de Estado,
Sección Tercera Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2023, radicación: 11001-03-26-
000-2019-00119-00 (64.422).
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Radicado: 11001-03-26-000-2023-00052-00 (69697)
Recurrentes: Alberto Rafael González Meléndez y otros
‘imposibilidad’ apreciada objetivamente (…)”25, de manera que debe tratarse
de hechos imprevisibles e irresistibles que excluyan la conducta culposa, la
negligencia o el error como causa del impedimento para aportar la prueba 26.
En cuanto al obrar de la parte contraria, el Consejo de Estado ha indicado que
debe entenderse “como la conducta de la parte que ganó el proceso, quien
con su actuar intencional logró que el documento que le daría el triunfo a su
contraparte no se pudiera aportar al expediente en razón de que lo retuvo u
ocultó, precisamente con el propósito de que no sirviera como prueba”27.
En ese sentido, el documento no debe haber estado en poder del recurrente,
pues de ser así bien hubiera podido ser aportado dentro del trámite ordinario.
Y es que, se insiste, esta no es una oportunidad para enmendar la inactividad
o negligencia probatoria, sino para corregir la causa insuperable para hacer
valer la prueba dentro del proceso28.
d. Finalmente, esta Corporación ha considerado que debe tratarse de un
documento transcendental o decisivo, al punto que su incorporación al
proceso hubiere derivado en una decisión totalmente distinta a la que se
adoptó en la sentencia a revisar29.
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 18 de octubre de
2005, Radicación. 1998-00173.
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 31 de mayo de 2018,
radicación 11001-03-25-000-2014-00629-00.
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de diciembre de
2005, radicación 11001-03-15-000-1999-00218-01.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 4 de junio de 2021, radicado 08001-23-31-000-2009-00989-01 (46989), citando la
sentencia del 8 de octubre de 1994 de Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, radicado 043.
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, subsección A, sentencia del 1 de agosto de 2018,
radicación 47001-23-31-000-2000-00851-01; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 13 de julio de 2017, radicación 11001-03-25-000-2013-00520-00; Consejo de Estado,
Sala Especial de Decisión N° 4, sentencia del 1 de marzo de 2016, radicación 11001-03-15-000-
2015-01917-00; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 20, sentencia del 7 de junio de
2016, radicación 11001-03-15-000-2007-00958-00; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, sentencia del 17 de julio de 2013, radicación 11001-03-15-000-02009-00062-00 y Consejo
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de noviembre de 2005,
radicación 11001-03-15-000-1999-00218-01.
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Dada la excepcionalidad del recurso extraordinario y sus precisas condiciones de
procedencia, es menester que todos estos elementos concurran de manera
simultánea para entender configurada la causal.
Con fundamento en las anteriores consideraciones, pasa la Sala a realizar el
análisis del caso concreto.
5. Caso concreto
Según se indicó en el acápite de antecedentes de esta providencia, los recurrentes
afirman que en este caso se configuró la causal prevista en el numeral 1° del
artículo 250 del CPACA, puesto que surgieron como pruebas recobradas dos
“entrevistas” realizadas por un investigador privado, en el mes de octubre de dos
mil veintidós (2022), a Yaider Antonio Torres López y a Vicente Segundo Granados
Ceballos, quienes para la época de los hechos eran alumnos de la institución
educativa; de acuerdo con su dicho, estas entrevistas fueron practicadas para ser
aportadas como prueba dentro de la investigación penal que adelantó la Fiscalía
22 Seccional de Ciénaga (Magdalena) por la muerte del menor Marco José
González Granados30.
Pues bien, analizado el material probatorio que obra en el expediente, la Sala
advierte que, al margen de que los citados elementos realmente puedan ser
considerados como “documentos” ⎯pues, por su naturaleza, parecen responder de
manera más precisa a la figura del testimonio sin citación de la contraparte de que
trata el artículo 188 del Código General del Proceso31⎯, lo cierto es que al rompe
se advierte el incumplimiento de un requisito esencial para la prosperidad de esta
30 Folios 1 a 5 del PDF denominado “ED_PRUEBASYANEXOS” del índice 2 de SAMAI.
31 “ARTÍCULO 188. TESTIMONIOS SIN CITACIÓN DE LA CONTRAPARTE. Los testimonios
anticipados para fines judiciales o no judiciales podrán recibirse por una o ambas y se entenderán
rendidos bajo la gravedad del juramento, circunstancia de la cual se dejará expresa constancia en el
documento que contenga la declaración. Este documento, en lo pertinente, se sujetará a lo previsto
en el artículo 221. // Estos testimonios, que comprenden los que estén destinados a servir como
prueba sumaria en actuaciones judiciales, también podrán practicarse ante notario o alcalde. // A los
testimonios anticipados con o sin intervención del juez, rendidos sin citación de la persona contra
quien se aduzcan en el proceso, se aplicará el artículo 222. Si el testigo no concurre a la audiencia
de ratificación, el testimonio no tendrá valor.”
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causal de revisión, relacionado con que la prueba tenga carácter de recobrada o
encontrada.
En efecto, como atrás se indicó, la jurisprudencia ha entendido que el carácter de
recobrado implica que “se trat[e] de un documento preexistente al momento de
proferir la sentencia pero que el demandante solo lo obtuvo después de vencido el
término de ejecutoria32, es decir, para considerar que una prueba es recobrada es
necesario tener como referente temporal la sentencia atacada respecto de la cual
la prueba debe preexistir pero, que el demandante solo la obtuvo con
posterioridad.”33.
Estas exigencias no están acreditas en el sub examine, como quiera que las
pruebas alegadas no existían al momento de dictar el fallo objeto de revisión ⎯que
data del nueve (9) de febrero de dos mil veintidós (2022)⎯, pues fueron elaboradas
el once (11) y doce (12) de octubre de ese mismo año, cuando, según lo narraron
los propios recurrentes, ellos acudieron a los servicios de un investigador privado34.
En este escenario, es claro que las “entrevistas” aportadas no son preexistentes al
fallo acusado, pues fueron obtenidas después de su expedición.
En este escenario, no resulta de recibo la interpretación que la parte actora
pretende darle a la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado el veintinueve (29) de abril de dos mil quince (2015),
radicación 25000-23-26-000-1999-00319-01(26239), a partir de la cual sería
32 Cita en original: «La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 8 de octubre
de 1994, exp 043 expresó: “El art. 185 del C.C.A., dispone que hay lugar a este medio de
impugnación extraordinario contra sentencias ejecutoriadas, es decir, cuando ya no son susceptibles
de recurso ordinario alguno, sin distinguir entre las que hacen tránsito a cosa juzgada material, de
las que no lo hacen. De manera que la única condición que impone la ley es que la sentencia se
halle ejecutoriada, y como las sentencias inhibitorias cuando no son susceptibles de recursos,
adquieren ejecutoria, de conformidad con la norma citada pueden ser impugnadas a través del
recurso extraordinario de revisión.”».
33 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 7 de septiembre de 2023,
radicación: 11001-03-26-000-2019-00119-00 (64.422).
34 Sobre el origen de estas declaraciones, los recurrentes indicaron que, pese a que desde el año
2015 se había realizado varias entrevistas a los familiares del menor, “(...) el ente investigador no
realizó las entrevistas a los compañeros de MARCO JOSE GONZALEZ GRANADOS (Q.E.P.D.),
por este motivo fueron allegadas por la representación de las victimas dentro la investigación seguida
por la Fiscalía Seccional 22 del Municipio de Ciénaga, Magdalena.”.
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posible entender configurada la causal aunque la prueba se obtenga de forma
posterior a la expedición de la providencia acusada.
En esa providencia, la Sala analizó un caso donde el medio de prueba aportado
como fundamento del recurso no existía para el momento de la expedición de la
sentencia cuya revisión se solicitaba, pues se trataba de una prueba de ADN que
no se realizaba ni estaba disponible para ser practicada o solicitada en el país.
Aplicando la jurisprudencia de la Corte Constitucional referida específicamente a
las pruebas de ADN y a su valor como medio para probar la filiación, la Sala
consideró que en ese caso en concreto resultaba procedente la revisión de la
sentencia acusada. Sin embargo, expresamente se indicó que ello de ninguna
manera implicaba reevaluar o eliminar el requisito de preexistencia que exige la
causal de revisión de documento recobrado, reafirmando que en todos los casos
es indispensable, tal y como lo ordena la ley, acreditar que el documento en el que
se funda el recurso existía antes del fallo correspondiente y que éste únicamente
pudo recuperarse u obtenerse después de la expedición del fallo.
Lo anterior lleva a desestimar la interpretación extensiva que pretenden plantear
los recurrentes, interpretación que iría en desmedro del principio de seguridad
jurídica, pues implicaría que la producción de pruebas con posterioridad a la
expedición de una sentencia judicial, tiene la virtualidad de despojar el fallo de su
carácter de cosa juzgada y de reabrir los debates que fueron debidamente zanjados
por los jueces de instancia35.
Por lo demás, la Sala advierte relevante señalar que en este caso tampoco se probó
que la prueba no hubiere podido ser aportada al proceso por obra de la parte
contraria, como se adujo en el recurso, pues nada impedía que los demandantes
del proceso de responsabilidad solicitaran la declaración de Yaider Antonio Torres
López y de Vicente Segundo Granados Ceballos, como sí lo hicieron respecto de
otros menores también compañeros de clase del joven González Granados36.
35 Así consta en los fundamentos jurídicos 11.1 a 11.4 de la sentencia del 29 de abril de 2015,
radicación 25000-23-26-000-1999-00319-01(26239).
36 En este caso, está demostrado que en la demanda de reparación la parte actora solicitó que se
escuchara la declaración de los menores Lorena Luz Rivera Montenegro, Keiver Moreno Ortiz,
Carlos Andrés Fernández y Oswaldo Ávila Cobos, compañeros de clase del menor Marco José
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Sobre este punto, cabe señalar que la jurisprudencia ha sostenido que “no se puede
recobrar aquello que pudo ser solicitado por las partes durante las oportunidades
procesales correspondientes”37, que es precisamente lo que ocurrió en el caso
concreto, aunado al hecho de que el recurso extraordinario de revisión no puede
ser usado para mejorar la actividad probatoria que no se agotó debidamente en las
instancias, ni tampoco para reabrir un debate que ya se encuentra finiquitado por
las decisiones adoptadas en el trámite ordinario.
Finalmente, debe indicarse que, tal y como señaló atinadamente el Ministerio
Público, tampoco se acreditó que las pruebas que los recurrentes califican como
recobradas tengan la virtualidad de variar la decisión objeto de revisión, pues no es
claro que ellas resultaran suficientes para probar que la concertina realmente se
encontraba electrificada, cuando en el expediente del trámite ordinario obran
pruebas de carácter técnico que determinaron que ello no era así y que la causa
final de la muerte del joven fue “el golpe contundente que sufre al caer desde la
altura del muro que rodea el colegio San José de PuebloViejo”38.
En consecuencia, en tanto no se cumplen los requisitos que tanto la ley como la
jurisprudencia han dispuesto para la procedencia de la causal de revisión alegada,
el recurso extraordinario presentado debe declararse infundado.
6. Costas
Teniendo en cuenta que este recurso se formuló cuando ya estaba en vigencia la
Ley 2080 de 2021, para resolver sobre las costas debe darse aplicación al texto del
González Granados, petición probatoria a la que la autoridad de primera instancia accedió en
audiencia inicial del 10 de octubre de 2017. Sin embargo, en la audiencia de pruebas de 27 de febrero
de 2018, la parte actora desistió de dichas declaraciones (folios 11, 140, 141 y 235 del PDF
denominado “expediente digitalizado” del archivo rar
“RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_RESPUESTAJ_SEGUNDAINSTANCIA”,
índice 28 de SAMAI).
36 Folio 140 y 141 del PDF ibidem.
36 Folio 235 del archivo ibidem.
37 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 14, sentencia del 4 de febrero de 2020,
radicación 11001-03-15-000-2017-02615-00.
38 Folio 238 del PDF denominado “expediente digitalizado”, archivo rar
“RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_RESPUESTAJ_SEGUNDAINSTANCIA”
del índice 28 de SAMAI.
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Recurrentes: Alberto Rafael González Meléndez y otros
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo con las
modificaciones que introdujo dicha legislación, en concordancia con lo que sobre el
punto dispone el Código General del Proceso.
Así, el inciso final del artículo 255 del CPACA dispone que “[s]i se declara infundado
el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente.”
Bajo este entendido, esta Sala condenará en costas a la parte recurrente y ordenará
a la Secretaría de la Sección Tercera que proceda con la respectiva liquidación,
teniendo en cuenta las reglas previstas en los artículos 365 y 366 del Código
General del Proceso, en particular, aquella que establece que en el expediente
debe aparecer que se causaron “y en la medida de su comprobación”39. En lo que
respecta a las agencias en derecho, como no se encuentra acreditada labor
defensiva de la otrora autoridad demandada, no se impondrá condena por este
concepto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena el nueve (9) de febrero de dos mil veintidós (2022), dentro del proceso
de reparación directa de radicado No. 47001-33-33-001-2016-00166-01.
SEGUNDO. CONDENAR EN COSTAS a la parte recurrente, las cuales deberán
ser liquidadas por la Secretaría de la Sección, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 188 y 255 del CPACA, 365 y 366 del CGP.
39 Numeral 8, artículo 365 del Código General del Proceso.
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TERCERO: En firme esta decisión, ARCHÍVESE el expediente previas las
anotaciones pertinentes.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
VF
18
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