Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2019-00119-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2019-00119-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2019-00119-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
7 de septiembre de 2023
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023).
Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-26-000-2019-00119-00 (64.422)
Demandantes: LUIS ÁNGEL ZULUAGA QUINTERO Y OTROS
Demandado: MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO (ANTIOQUIA) Y
OTRO
Medio de control: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Asunto: PRUEBA RECOBRADA – DECLARA INFUNDADO
Síntesis: la parte actora, con fundamento en la causal 1 del artículo 250 del CPACA, esto
es, haberse recobrado documentos decisivos con posterioridad a la sentencia que no
pudieron ser aportados, solicita la revisión de un fallo proferido por el Tribunal
Administrativo de Antioquia que confirmó la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda por el fallecimiento de una persona en un accidente de
tránsito.
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte
demandante en contra de la sentencia de 12 de julio de 2018 proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia que confirmó el fallo del 31 de marzo del
2017 del Juzgado Treinta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
que negó las súplicas de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda inicial
Mediante escrito radicado el 14 de junio de 2012 (fls. 1 a 11 cdno. ppal.), el señor
Luis Ángel Zuluaga Quintero y otros, por intermedio de apoderado judicial,
presentaron demanda en ejercicio del medio de control jurisdiccional de
reparación directa para que se accediera, entre otras pretensiones, a las
siguientes:
“PRIMERA: Que se declaren solidariamente responsables a
CORNARE y al MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO por los daños y
perjuicios causados a los demandantes con el fallecimiento de su
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Recurso extraordinario de revisión
cónyuge, padre, hijo y hermano acaecido el 5 de diciembre de 2010,
luego del accidente de tránsito ocurrido el día 26 de noviembre de 2010
en el Municipio de San Francisco Antioquia, conforme lo explicado
anteriormente.
SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, se condene de forma
solidaria a CORNARE y al MUNICPIO DE SAN FRANCISCO a pagarle
a los demandantes las siguientes sumas de dinero tal y como se
sustentó en los hechos de la demanda, sin perjuicio de que se
demuestre un mayor valor del daño.
(…).” (fl. 6 cdno. ppal. – negrillas y mayúsculas sostenidas del original).
Como fundamento fáctico de las pretensiones se expuso que el 26 de noviembre
de 2010 el vehículo de placa ITM-641, tipo camión de estacas, se encontraba
estacionado en frente de la alcaldía municipal de San Francisco (Antioquia) y
presentó una falla mecánica al quedar sin frenos en el momento en que iba a
iniciar su marcha sobre la calle pendiente, lo que ocasionó que el vehículo rodara
en descenso hasta golpear con una garita de la estación de policía municipal,
vehículo que se había dispuesto para la realización de trabajos para el municipio
de San Francisco (Antioquia) y de la Corporación Autónoma Regional de las
Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) y en él se encontraban, entre otras
personas, el señor Wílmar de Jesús Zuluaga Giraldo, contratista de Cornare,
quien salió expulsado del vehículo y sufrió una contusión cerebral grave que le
causó posteriormente la muerte el 5 de diciembre de 2010.
La parte actora adujo que hubo falla en el servicio por cuanto el vehículo no
contaba con una revisión técnica mecánica idónea que garantizara su uso en
condiciones de seguridad, el cual estaba bajo la guarda de las entidades públicas
y era usado para prestar servicios a su cargo, por lo cual estas entidades omitieron
el deber de realizar el mantenimiento del vehículo para evitar un peligro real
consistente en el indebido funcionamiento del camión, sin perjuicio además que
se trata de una actividad peligrosa.
2. La sentencia de primera instancia
Mediante providencia de 31 de marzo de 2017, el Juzgado 39 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá negó las súplicas de la demanda por considerar que
no se encuentra probado que el vehículo fue contratado por las entidades
demandadas para prestar el servicio de transporte de cosas o personas, sin
perjuicio de que contaba con certificación de revisión técnico mecánica y de gases
con anterioridad a la ocurrencia de los hechos, además, declaró probadas las
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Recurso extraordinario de revisión
excepciones de culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero e inexistencia
del nexo causal ya que, la víctima tenía plena autonomía para el desarrollo de sus
funciones como contratista de Cornare y asumía el desplazamiento para sus
labores, de manera que abordó el vehículo por su propia cuenta y riesgo, también,
que según los testimonios, se pudo constatar que fue la propia víctima quien se
lanzó del vehículo en movimiento lo cual aumentó el peligro de accidente y fue la
causa eficiente de la muerte, sumado al hecho de que como no hay prueba de
que Cornare y el municipio de San Francisco (Antioquia) contrataron el servicio
de transporte el día de los hechos el daño podía ser atribuible al dueño y al
conductor del camión quienes no son parte en el proceso (fls. 41 a 100 cdno.
recurso).
3. La sentencia de segunda instancia
Mediante sentencia de 12 de julio de 2018, el Tribunal Administrativo de Antioquia
confirmó la sentencia de primera instancia, concluyó que está probado que el
señor Wílmar de Jesús Zuluaga Giraldo viajaba en la carrocería del camión y al
notar la falla del vehículo se asustó, abrió la puerta, se lanzó y al caer sufrió un
golpe que posteriormente le ocasionó la muerte, asimismo, no existe prueba que
acredite que el municipio de San Francisco (Antioquia) tuviera la obligación de
transportar al técnico de Cornare o garantizar su traslado a otro lugar, como
tampoco que la guarda material o jurídica del camión estuviera a cargo del
municipio de San Francisco o de Cornare, lo único que está acreditado es que en
ese vehículo de carga se iban a transportar unas semillas que el municipio
suministraría para un proyecto productivo ejecutado por Cornare, la actividad
peligrosa era realizada por un particular quien transportaba carga y no pasajeros,
y fue la víctima quien de manera personal y voluntaria convino con el conductor
su propia movilización por cuanto este se desplazaba al mismo lugar de destino,
adicionalmente, la actividad peligrosa fue ejercida por un particular y no fueron
demandados el propietario del vehículo ni el conductor (fls. 135 a 141 vlto. cdno.
recurso).
4. El recurso extraordinario de revisión
El 24 de julio de 2019, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso
extraordinario de revisión (fls. 1 a 9 vlto. cdno. recurso) contra la sentencia de
segunda instancia con fundamento en la causal prevista en el numeral 1 del
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Recurso extraordinario de revisión
artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA)1, la cual sustentó así:
1) Se obtuvo como prueba sobreviniente el oficio número 142-10.0001862019 de
27 de marzo de 2019, en el cual el municipio de San Francisco (Antioquia) en
respuesta a un derecho de petición aclaró que los insumos transportados el día
de los hechos eran para un proyecto de la Nación y la Corporación Cornare,
además, se evidencia que el coordinador de las Unidades Municipales de
Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) conoció y autorizó el cargamento de
las semillas y su transporte en el camión para ser descargado en un hogar juvenil,
información que de no haber sido ocultada por el municipio hubiese permitido
probar la existencia del nexo causal entre el accidente y la guarda del vehículo, y
las omisiones de las entidades demandadas sobre la correcta ejecución del
proyecto en cuanto a la seguridad del personal contratado.
2) También se pudo obtener el documento de fecha de 7 de enero de 2011
elaborado por Colmena Vida y Riesgos Profesionales en el cual la ARL aprobó
como evento mortal de origen profesional la muerte del señor Wílmar de Jesús
Zuluaga Giraldo, y la prueba igualmente elaborada por Colmena Vida y Riesgos
Profesionales denominada “informe de accidente de trabajo del empleador o
contratante”, número 2230285, de fecha de 27 de noviembre de 2010, en el cual
se indica que la víctima actuó según lo que su juicio dictaba afectado por los
hechos y lo que le pareció correcto, igualmente, vinculan las actividades que se
desarrollaban en el transporte con las funciones de la víctima, lo cual permite
establecer el nexo causal, todos estos documentos fueron ocultados por Cornare
quien los entregó a través de oficio no. CS-140-5998-2018 de 27 de noviembre
de 2018, previa solicitud de estos a través de derecho de petición.
3) De las anteriores pruebas sobrevinientes se puede concluir que para el
momento de ocurrencia de los hechos el señor Wílmar de Jesús Zuluaga, como
contratista de CORNARE, ejercía actividades de apoyo logístico determinadas en
un contrato estatal, esto es, cargue, descargue y transporte de insumos agrícolas,
asimismo, está acreditada la transferencia de la tenencia del vehículo destinado
a la ejecución del proyecto estatal “RESA” que era financiado por la Nación y
CORNARE, de modo que la obligación de las entidades públicas era vigilar,
1 “1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales
se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.”.
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controlar, supervisar y exigir que el vehículo tuviera las condiciones de seguridad
requeridas para su circulación, omisión que generó el accidente que causó el
deceso del señor Wílmar de Jesús Zuluaga Giraldo.
4) Las pruebas sobrevinientes desacreditan las excepciones declaradas en la
sentencia y desvirtúan las causales exonerativas de responsabilidad, ya que sí
está probado el nexo causal, además, son pruebas indefectibles, ineludibles y
contundentes, pues, hubieran cambiado el sentido de la decisión, sin embargo,
fue imposible aportarlas porque las entidades demandadas las ocultaron y
refundieron.
5. Oposición al recurso
El municipio de San Francisco (Antioquia) se opuso a la prosperidad del recurso
extraordinario de revisión por improcedencia de la causal invocada toda vez que
los documentos a que hace referencia el numeral 1 del artículo 250 de la Ley 1437
de 2011 son documentos existentes antes de las sentencias atacadas y no
producidos con posterioridad, como en el presente caso, además, estos no
demuestran el nexo causal ni aportan nada nuevo al proceso, de modo que lo que
la parte actora pretende es provocar nuevos pronunciamientos (fls. 163 a 167
cdno. recurso).
Por su parte, la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos
Negro y Nare (Cornare) también se opone a la prosperidad del recurso
extraordinario de revisión debido a que el oficio del 27 de marzo de 2019 generado
por el municipio de San Francisco (Antioquia) es un documento nuevo y no
recobrado, los documentos de Colmena Vida y Riesgos Laborales si bien son
anteriores a la sentencia no fueron solicitados con antelación, por lo cual se
pidieron con la intención de atribuir el ocultamiento, sin embargo, no se demostró
que no pudieron ser aportados por obra de Cornare, y, finalmente, no se trata de
documentos decisivos (fls. 181 a 200 cdno. recurso).
6. Pruebas
Mediante auto de 9 de mayo de 2022 (índice 19 SAMAI) el despacho sustanciador
decidió sobre las pruebas aportadas y solicitadas por las partes, entre las cuales,
se decretó, a solicitud de la parte actora, el testimonio del señor Adrián Correa
Gil, Coordinador de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria para
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la época de los hechos objeto de la acción de reparación directa, para que
declarara sobre la información consignada en el oficio de 27 de marzo de 2019
suscrito por el señor Honildeny Alberto Aisales Ciro, Coordinador Agroambiental
del municipio de San Francisco (Antioquia), testimonio que fue recepcionado en
la audiencia de pruebas realizada el 15 de junio de 2022 (índice 41 SAMAI), en la
cual concluyó la etapa probatoria.
II. CONSIDERACIONES
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de
nulidad que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) el recurso extraordinario de revisión y características de la causal
invocada, 3) el caso concreto, 4) conclusión y, 5) condena en costas.
1. Objeto de la controversia y sentido de la decisión
El recurso extraordinario de revisión fue presentado en forma oportuna2.
La controversia planteada consiste en determinar si el oficio número 142-
10.0001862019 de 27 de marzo de 2019 expedido por el Coordinador
Agroambiental del municipio de San Francisco (Antioquia), el documento con
fecha de 7 de enero de 2011 y el informe del 27 de noviembre de 2010
denominado “informe de accidente de trabajo del empleador o contratante”,
número 2230285, estos dos últimos elaborados por Colmena Vida y Riesgos
Profesionales, allegados con el recurso extraordinario de revisión, son
documentos encontrados y/o recobrados después de la sentencia impugnada que
no pudieron ser aportados por el recurrente y si estos tenían la capacidad de
cambiar el sentido de la decisión atacada.
El recurso se declarará infundado, porque los documentos allegados no son
pruebas recobradas después de la sentencia impugnada ni tampoco se acredita
2 Con antelación a decidir el recurso, se verifica que este fue oportuno toda vez que la sentencia objeto de
revisión quedó ejecutoriada el 30 de julio de 2018 (fl. 729 cdno. ppal.), por lo cual el recurso formulado el 24
de julio de 2019 fue presentado a tiempo (fl. 1 cdno. recurso.).
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que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o, caso fortuito
o, por obra de la parte contraria.
2. El recurso extraordinario de revisión y características de la causal
invocada
1) El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio
de inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa
juzgada ya que con este se abre la posibilidad de controvertir un fallo en firme,
siempre que se configure alguno de los supuestos consagrados en el artículo 250
de la Ley 1437 de 2011-CPACA.
2) El objeto del recurso es procurar el restablecimiento de la justicia material,
cuando se advierte que esta ha sido afectada por situaciones o circunstancias
exógenas que no pudieron plantearse en el proceso correspondiente y que
revisten tal gravedad que autorizan al juez a romper el principio de la cosa
juzgada: “(...) la revisión, más que un recurso, es un medio para conseguir la
realización de la justicia, pero no de la justicia formal propia de las sentencias en
firme contrarias a derecho, sino de aquella verdadera que demandan el
Preámbulo y los artículos 1º, 228 y 230 del estatuto superior”3.
3) El legislador estableció de manera taxativa las causales que habilitan la
procedencia del recurso extraordinario de revisión, contenidas en los artículos
250 de la Ley 1437 de 2011 y 20 de la Ley 797 de 2003 4.
4) El artículo 252 del CPACA dispone que el recurso debe interponerse mediante
escrito que deberá contener i) la indicación de las partes y sus representantes, ii)
el nombre y domicilio del recurrente, iii) los hechos u omisiones que le sirvan de
fundamento y, iv) la indicación precisa y razonada de la causal invocada.
5) En atención a su carácter extraordinario, este medio de impugnación no es una
“tercera instancia” en la que puedan plantearse nuevamente argumentos de fondo
3 Corte Constitucional, sentencia C-739 de 2001, MP Álvaro Tafur Galvis.
4
En este caso, el recurso procede frente a las providencias que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza,
en los supuestos contenidos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, cuando el reconocimiento
se haya obtenido con violación al debido proceso y/o cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables. Al respecto,
ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión,
sentencia de 5 de marzo de 2019, exp 2018-00394-00, MP Rocío Araújo Oñate.
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en relación con la sentencia que se pretende revisar, por tal razón las
pretensiones y fundamentos deben limitarse a demostrar la configuración de
alguno de los supuestos expresa y taxativamente contemplados como causales
para su procedencia5.
6) Ahora bien, los vicios o errores en los que se debe fundamentar el recurso son
eminentemente procedimentales, pues, ninguno está dirigido a cuestionar la labor
intelectual de juzgamiento “sino que todos involucran, bien sea una irregularidad
de carácter procesal (numeral 5, referido a la existencia de causal de nulidad
originada en la sentencia, y numeral 8, referido al desconocimiento de la cosa
juzgada), o bien, aspectos que atañen a la validez intrínseca o insuficiencia de los
elementos de prueba que determinaron el sentido de la decisión (numerales 1, 2,
3, 6 y 7), a excepción de la causal del numeral 4, referida a la violencia o cohecho
en que se pudo incurrir en el pronunciamiento del fallo”6, con excepción de las
causales consagradas en el artículo 20 de la Ley 797 de 1993 que habilitan un
nuevo juicio de valor.
7) En el presente asunto, la parte actora invocó la causal de revisión contenida
en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA cuyo tenor literal es el siguiente:
“Artículo 250. Causales de revisión. Son causales de revisión:
(…).
1. Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente,
y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso
fortuito o por obra de la parte contraria (…).”.
8) La causal primera de revisión solo se configura cuando estén presentes todos
sus elementos, a saber: i) que se recobre, encuentre o halle una prueba
documental, ii) que esta sea decisiva para cambiar el sentido del fallo, iii) que el
documento se haya encontrado o recobrado después de ejecutoriada la
sentencia y, iv) que la imposibilidad de aportación por parte del recurrente
obedezca a una causa extraña de fuerza mayor, caso fortuito u obra de la
contraparte.
5 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de diciembre de 1997,
exp REV 117, MP Libardo Rodríguez Rodríguez. Consultar, igualmente: Consejo de Estado, Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, Sala 13 Especial de Decisión, sentencia del 7 de abril de 2015, exp REV 2006-
00318, MP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 7 de mayo de 2013, exp.
2010-00038, MP Mauricio Torres Cuervo.
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Recurrentes: Luis Ángel Zuluaga Quintero y otros
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3. El caso concreto
1) En el presente caso no se cumplen los presupuestos para estructurar la causal;
en el recurso se hace referencia a las siguientes pruebas documentales
supuestamente recobradas: i) el oficio número 142-10.0001862019 de 27 de
marzo de 2019 expedido por el Coordinador Agroambiental del municipio de San
Francisco (Antioquia) (fl. 15 cdno. recurso), ii) el documento de fecha de 7 de
enero de 2011 elaborado por Colmena Vida y Riesgos Profesionales (fl. 14 cdno.
recurso) y, iii) el informe del 27 de noviembre de 2010 denominado “informe de
accidente de trabajo del empleador o contratante”, número 2230285, realizado
por Colmena Vida y Riesgos Profesionales (fls. 19 a 40 ibidem).
En primer lugar, el citado oficio número 142-10.0001862019 de 27 de marzo de
2019 expedido por el Coordinador Agroambiental del municipio de San Francisco
(Antioquia) no es una prueba documental recuperada sino de una prueba
documental nueva, que no existía en el momento en el cual fue proferido el fallo
cuestionado, es decir, no se cumple con el primero de los requisitos, esto es, que
se trate de una prueba encontrada o recobrada que, por supuesto, ya existía, y,
en segundo lugar, aunque el documento de fecha de 7 de enero de 2011 y el
informe del 27 de noviembre de 2010 elaborados por Colmena Vida y Riesgos
Profesionales son pruebas que existían previamente a que se emitiera la
sentencia del 12 de julio de 2018 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, no
se acreditó que estos no hubiesen podido ser aportados al proceso por fuerza
mayor o caso fortuito, o por obra de la parte contraria, por lo cual no se cumple
con el cuarto requisito exigido para la configuración de la causal invocada de
revisión extraordinaria.
2) Al respecto, la jurisprudencia ha entendido que se trata de un documento
preexistente al momento de proferir la sentencia pero que el demandante solo lo
obtuvo después de vencido el término de ejecutoria7, es decir, para considerar
que una prueba es recobrada es necesario tener como referente temporal la
7
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 8 de octubre de 1994, exp 043 expresó:
“El art. 185 del C.C.A., dispone que hay lugar a este medio de impugnación extraordinario contra sentencias
ejecutoriadas, es decir, cuando ya no son susceptibles de recurso ordinario alguno, sin distinguir entre las
que hacen tránsito a cosa juzgada material, de las que no lo hacen. De manera que la única condición que
impone la ley es que la sentencia se halle ejecutoriada, y como las sentencias inhibitorias cuando no son
susceptibles de recursos, adquieren ejecutoria, de conformidad con la norma citada pueden ser impugnadas
a través del recurso extraordinario de revisión.”.
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sentencia atacada respecto de la cual la prueba debe preexistir pero, que el
demandante solo la obtuvo con posterioridad.
Sobre este punto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia
del 8 de octubre de 1994, expediente 043 puso de presente: “Al referirse la norma
a prueba recobrada, significa que debe ser un elemento probatorio que ya existía
al tiempo de dictarse la sentencia, pero que llegó a poder del impugnante con
posterioridad. No están incluidas en esta causal pruebas que obrando en poder
del impugnante hubieran debido y podido aportarse oportunamente, pues no se
trata de remediar una inactividad o negligencia en el diligenciamiento de la
prueba, sino de corregir la causa insuperable en que estuvo el recurrente de
hacer valer la prueba dentro del proceso”.
3) En consecuencia, la utilización del término “recobrar” contiene una intención
clara, esto es, asegurar que el recurso de revisión no se utilice como mecanismo
para subsanar errores cometidos durante la etapa probatoria y evitar que el nuevo
proceso de revisión se convierta en una nueva instancia en la que se reabra el
debate probatorio.
4) En desarrollo de lo anterior, le corresponde al demandante en el recurso
extraordinario de revisión acreditar que el documento que sustenta la causal fue
recobrado después de proferida la sentencia impugnada y que no lo pudo aportar
por fuerza mayor, caso fortuito u obra de la contraparte, por tanto, se excluyen la
culpa, la negligencia o la desidia como justificaciones de procedencia del recurso.
Contrario sensu, la prueba que se encuentra en poder del demandante en
revisión antes de proferirse la sentencia no cumple con el requisito de ser
recobrada pues, se reitera, se limita a que sea recuperada después de proferida
la sentencia.
5) En ese contexto, se tiene que la providencia que se pretende infirmar fue
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 12 de julio de 2018 la cual
quedó ejecutoriada el 30 de esos mismos mes y año (fl. 729 cdno. ppal.), en tanto
que la prueba documental contenida en el oficio número 142-10.0001862019
expedido por el Coordinador Agroambiental del municipio de San Francisco
(Antioquia), con la cual se pretende probar que se configura la causal 1 del artículo
250 de la Ley 1437 de 2011 es del 27 de marzo de 2019 (fl. 15 cdno. recurso), no
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Recurso extraordinario de revisión
es una prueba recobrada sino una prueba nueva, huelga decir, que no existía
para la fecha que se dictó la sentencia de segunda instancia dentro del respectivo
proceso de reparación directa.
Tampoco se configura la causal 1 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 en
cuanto a las demás pruebas contenidas en el documento de fecha de 7 de enero
de 2011 y el informe del 27 de noviembre de 2010 elaborados por Colmena Vida
y Riesgos Profesionales, debido a que la parte actora no acreditó que estas no se
hubiesen podido aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito, o por culpa
de la parte contraria, tan solo se limita a afirmar que fueron “ocultadas” por el
municipio de San Francisco (Antioquia) y por Cornare pero, no demostró haberlas
solicitado a dichas entidades antes de la presentación de la demanda a través del
ejercicio del derecho de petición y que estos documentos hubiesen sido ocultados
o negados de una forma amañada o de mala fe como para no poderlos aportar al
proceso, inclusive, no fueron pedidas al juzgador de conocimiento en las
oportunidades probatorias pertinentes en el curso de la primera o segunda
instancias del proceso de reparación directa, situación que denota una clara
conducta procesal omisiva de la parte interesada que no puede ser suplida ahora
con el recurso extraordinario de revisión, pues, tal como se observa en el oficio
número CS-140-5898-2018 del 27 de noviembre de 2018 expedido por la
Subdirectora Administrativa y Financiera de Cornare (fl. 24 cdno. recurso), tan
solo después de la ejecutoria de la sentencia del 12 de julio de 2018 proferida por
el Tribunal Administrativo de Antioquia fue que la parte actora a través de derecho
de petición solicitó los referidos documentos.
6) Así las cosas, la Sala advierte, en forma evidente, que el propósito del
recurrente es reabrir el debate probatorio y jurídico para cuestionar la valoración
del juzgador de segunda instancia, lo cual está vedado por la naturaleza
extraordinaria del recurso de revisión.
En este caso concreto, el escrito del recurso de revisión denota una clara
intención de atacar y controvertir, indebidamente, las conclusiones contenidas en
el fallo de segunda instancia a modo de una tercera instancia y, tratar de remediar
una inactividad o negligencia procesal de la parte demandante dentro del proceso
ordinario de reparación directa.
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7) La revisión extraordinaria tiene como finalidad y propósito, como ya se indicó,
amparar las garantías de justicia y verdad material en aras de que se tengan en
cuenta circunstancias o supuestos que no pudieron ventilarse oportunamente en
el proceso ordinario original.
3. Conclusión
No prospera el recurso extraordinario de revisión, porque no se acreditaron los
supuestos de hecho que configuran la causal de revisión invocada.
4. Condena en costas
En relación con el contenido y alcance de los artículos 188 y 255 del CPACA en
materia de costas y agencias en derecho, la Sala reitera la jurisprudencia
contenida en la sentencia del 11 de octubre de 2021 proferida por esta
Subsección en el expediente 63.217; en esta decisión la Sala definió la
hermenéutica de las citadas disposiciones luego de las modificaciones
introducidas por la Ley 2080 de 2021.
En el asunto de la referencia, el recurrente será condenado en costas, no con
fundamento en el artículo 255 del CPACA sino con apoyo en el artículo 188 de la
misma codificación y los artículos 365 y 366 del CGP, toda vez que para la fecha
de presentación del recurso8 -lo cual se hace a través de una nueva demanda- no
había sido expedida la Ley 2080 de 2021 que, expresamente estableció que la
sentencia que lo declare infundado condenará en costas y perjuicios al recurrente.
En este caso concreto se fijarán agencias en derecho en seis (6) salarios mínimos
legales mensuales vigentes a favor de cada entidad demandada, esto es, del
municipio de San Francisco (Antioquia) y de la Corporación Autónoma Regional
de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare), porque designaron
apoderados para que atendieran el proceso y procedieran a dar contestación a la
demanda contentiva del recurso.
8 El 24 de julio de 2019; es importante precisar que el recurso extraordinario de revisión se activa con la
presentación de una nueva demanda que da origen a un nuevo proceso y, por consiguiente, no se tiene en
cuenta la fecha del proceso primigenio sino la de este nuevo trámite.
13
Exp. 11001-03-26-000-2019-00119-00 (64.422)
Recurrentes: Luis Ángel Zuluaga Quintero y otros
Recurso extraordinario de revisión
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
FALLA:
1º) Declárase infundado el recurso extraordinario de revisión promovido en contra
de la sentencia del 12 de julio de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia.
2º) Condénase en costas a la parte recurrente, por Secretaría liquídense con
inclusión de agencias en derecho equivalente a seis (6) SMLMV en favor de cada
entidad demandada, esto es, del municipio de San Francisco (Antioquia) y de la
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare
(Cornare).
3º) Cumplido lo anterior y ejecutoriada la presente sentencia, por Secretaría
archívese el expediente, previas las correspondientes constancias secretariales
de rigor.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección
(Firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los
Magistrados integrantes de la Sala de Decisión de la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en la plataforma digital SAMAI, en consecuencia,
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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