Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2024-00109-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2024-00109-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2024-00109-00
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
9 de diciembre de 2025
Radicado: 11001-03-26-000-2024-00109-00 (71701)
Recurrentes: Franceneth Bermúdez Salcedo y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-26-000-2024-00109-00 (71701)
Recurrentes: FRANCENETH BERMÚDEZ SALCEDO Y OTROS
Asunto: Causal 1ª del artículo 250 del CPACA ─Documento
Recobrado─
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide en única instancia el recurso extraordinario de revisión formulado
contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el
diecinueve (19) de julio de dos mil veintitrés (2023), dentro del proceso de
reparación directa No. 76001-33-33-004-2014-00458-01.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La parte actora presentó demanda de reparación directa contra el municipio de
Santiago de Cali1 y las Empresas Municipales de Cali (EMCALI E.I.C.E. – E.S.P.),
solicitando el pago de los perjuicios derivados de las lesiones sufridas por la señora
Franceneth Bermúdez Salcedo al caer en una alcantarilla. El Juzgado Cuarto
Administrativo Oral de Cali accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
y reconoció una indemnización de perjuicios, decisión que fue confirmada el
diecinueve (19) de julio de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca. Los recurrentes alegan que en dicha sentencia se materializó
la causal de revisión prevista en el numeral 1º del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), esto
es,“[h]aberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
1 La Ley 1933 de 2018 categorizó al Municipio de Santiago de Cali como Distrito Especial.
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recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra
de la parte contraria”, como consecuencia de la aparición de un nuevo dictamen
pericial que demuestra que la pérdida de la capacidad laboral que sufrió la señora
Bermúdez Salcedo fue mayor a la que se consideró en el fallo acusado.
I. ANTECEDENTES
1. Antecedentes relevantes del proceso de reparación directa No. 76001-33-
33-004-2014-00458-01.
1.1. El diez (10) de octubre de dos mil catorce (2014), los señores Franceneth
Bermúdez Salcedo, Rodolfo Riaño Jiménez, Karen Riaño Bermúdez, Fabiola
Salcedo de Bermúdez y Carlos Héctor Bermúdez Salcedo, a través de apoderado
judicial, formularon demanda de reparación directa en contra del municipio de
Santiago de Cali y las Empresas Municipales de Cali (EMCALI E.I.C.E. – E.S.P.),
solicitando que fueran declaradas administrativamente responsables por las
lesiones que sufrió la primera de ellas al caer en una alcantarilla2.
Como sustento de su demanda, indicaron que el seis (6) de abril de dos mil catorce
(2014) la señora Franceneth Bermúdez Salcedo se desplazaba sobre la carrera 1°
con calle 62 de la ciudad de Cali cuando pisó una rejilla de alcantarillado que se
encontraba en mal estado, lo que ocasionó que cayera en su interior y quedara
atascada su pierna derecha; una vez recibida la atención médica correspondiente,
le fueron diagnosticados trauma craneal y esguince de tobillo grado II.
Según adujo la parte actora, el accidente generó secuelas permanentes en la
capacidad de movilidad de la señora Bermúdez Salcedo, las cuales han afectado
sustancialmente su calidad de vida y le han impedido desarrollar con normalidad su
actividad laboral3.
1.2. El seis (6) de febrero de dos mil diecisiete (2017), el Juzgado Cuarto
Administrativo Oral de Cali declaró la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva del municipio de Santiago de Cali, al considerar que el encargado del
mantenimiento del alcantarillado de esa ciudad es EMCALI E.I.C.E. – E.S.P., y
2 Folio 126 del PDF denominado “001Contrato 104 DE 2020”, ubicado en la carpeta “Cuaderno
Principal” del archivo one drive registrado en el índice 96 de SAMAI de los Juzgados Administrativos
de Cali, expediente 76001-33-33-004-2014-00458-00.
3 Demanda disponible a folios 110 a 126 del archivo antes citado.
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condenó a esa empresa al pago de la indemnización correspondiente por los
perjuicios morales y patrimoniales causados a la afectada; además, condenó a las
llamadas en garantía (La Previsora S.A. Compañía de Seguros y Allianz Seguros
S.A.), a reembolsar a EMCALI E.I.C.E. – E.S.P la suma impuesta, hasta el límite del
valor asegurado4.
Como sustento de su decisión, el juzgado consideró que estaba demostrado tanto
el daño como la responsabilidad de EMCALI en su producción, al ser la encargada
del mantenimiento de las redes de alcantarillado de la ciudad y estar probado el mal
estado de la alcantarilla ubicada en la carrera 1° con calle 62.
Para la liquidación de perjuicios, el a quo tomó como fundamento la calificación
efectuada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca en
julio de dos mil dieciséis (2016), que obraba como prueba en el proceso, en la que
se certificó que la señora Bermúdez Salcedo presentaba una pérdida de capacidad
laboral del 18.37%. En consecuencia, reconoció los perjuicios de conformidad con
esa estimación y de acuerdo con los baremos fijados en la sentencia de unificación
de veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce (2014), expediente 311725.
1.3. Inconformes con esta decisión, tanto la parte actora como la empresa
demandada y las llamadas en garantía presentaron recursos de apelación.
Así, la parte actora cuestionó el monto reconocido por indemnización de perjuicios,
bajo el argumento de que la señora Bermúdez Salcedo no había podido recuperarse
totalmente y seguía recibiendo incapacidades médicas, lo cual le habría impedido
retomar sus actividades productivas. Por consiguiente, solicitó al Tribunal que
ordenara la práctica de una nueva prueba para establecer el porcentaje de pérdida
de capacidad laboral de la víctima directa, el cual habría variado desde que fue
calificada en julio de dos mil dieciséis (2016)6.
4 Esta última decisión se fundó en la existencia de un contrato de seguro válido y vigente al momento
de los hechos (folios 1 a 19 del PDF “39_DemandaWeb_Anexos_SENTENCIASAUTENTICAS” del
índice 2 de SAMAI).
5 Específicamente se reconocieron los siguientes valores: i) por perjuicios materiales, la suma de
$37.230.858; ii) por perjuicios morales, 20 smlmv para la victima directa, su cónyuge, su hija y su
madre y 10 smlmv para su hermano; y iii) por concepto de daño a la salud, 20 smlmv para la señora
Bermúdez Salcedo. Sentencia disponible en los folios 1 a 19 del PDF
“39_DemandaWeb_Anexos_SENTENCIASAUTENTICAS” del índice 2 de SAMAI.
6 Folios 528 a 532 del PDF denominado “001Contrato 104 DE 2020” ubicado en la carpeta “Cuaderno
Principal” del archivo one drive registrado en el índice 96 de SAMAI de los Juzgados Administrativos
de Cali, expediente 76001-33-33-004-2014-00458-00.
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Por su parte, EMCALI E.I.C.E. – E.S.P. sostuvo que estaba acreditada la culpa
exclusiva de la víctima, dado que la señora Bermúdez Salcedo se desplazaba en
horas de la noche sobre una vía vehicular, no peatonal, poco iluminada y con
presencia arbórea, sin que la existencia de irregularidades en el sistema de
alcantarillado pudiera ser, por sí sola, fundamento de la declaratoria de
responsabilidad7.
En el mismo sentido, la llamada en garantía La Previsora S.A. Compañía de
Seguros también alegó la configuración de la culpa exclusiva de la víctima, así
como el hecho de que el dictamen de pérdida de capacidad laboral no consignó que
las lesiones fueran definitivas; además, puso de presente la circunstancia de que,
en todo caso, su obligación solo asciende al monto asegurado después del pago de
los deducibles8. En similares términos, Allianz Seguros S.A. fundó su oposición a
la prosperidad de las pretensiones en la culpa exclusiva de la víctima, en la ausencia
de prueba entre el daño y la supuesta omisión de EMCALI E.I.C.E. – E.S.P. y en los
límites del contrato de seguro y coaseguro9.
1.4. Mediante sentencia de diecinueve (19) de julio dos mil veintitrés (2023) el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó en su integridad la decisión de
primera instancia.
Luego de advertir demostrado el daño y su producción como consecuencia del mal
estado de la alcantarilla situada en la calle 62 con carrera primera de la ciudad de
Cali, el Tribunal precisó que no se había probado el actuar imprudente de la víctima
directa, quien simplemente transitaba por las calles de la ciudad.
Además, resaltó que en el dictamen de la Junta Regional de Calificación de
Invalidez aportado al proceso se consignó que la incapacidad determinada para la
señora Bermúdez Salcedo era permanente parcial, concepto que, de acuerdo con
el Decreto 1507 de 2017, corresponde a una disminución de carácter definitivo.
Sin embargo, el Tribunal precisó que si bien el porcentaje determinado por la Junta
podía aumentar o disminuir “por circunstancias colaterales como nuevos
7 Folios 488 a 506 del PDF antes referenciado.
8 Folios 18 a 27 del PDF denominado “008Contrato 104 DE 2020”, carpeta “no asociado a cuaderno”
del archivo one drive registrado en el índice 96 de SAMAI de los Juzgados Administrativos de Cali,
expediente 76001-33-33-004-2014-00458-00.
9 Folios 507 a 527 del PDF denominado “001Contrato 104 DE 2020” ubicado en la carpeta “Cuaderno
Principal” del archivo one drive registrado en el índice 96 de SAMAI de los Juzgados Administrativos
de Cali, expediente 76001-33-33-004-2014-00458-00.
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tratamientos, o empeoramiento de las condiciones derivadas de la misma
enfermedad”, ello no resultaba predecible para el juzgador, razón por la que la
liquidación efectuada en primera instancia, sustentada en una prueba válidamente
aportada al expediente y sujeta a contradicción entre las partes, debía ser
confirmada.
Por lo demás, precisó que las condenas por perjuicios morales y por daño a la salud
determinadas en primera instancia respondieron a los parámetros fijados en la
sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado sobre la materia, sin
que se evidenciaran circunstancias que ameritaran reconocer un monto mayor, y
que la decisión respecto de las llamadas en garantía adoptada por el a quo fue
respetuosa de los términos pactados en los contratos de seguros10.
2. El recurso extraordinario de revisión
El diecinueve (19) de julio de dos mil veinticuatro (2024), a través de apoderado
judicial, los señores Franceneth Bermúdez Salcedo, Rodolfo Riaño Jiménez, Karen
Riaño Bermúdez, Fabiola Salcedo de Bermúdez y Carlos Héctor Bermúdez Salcedo
formularon recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el diecinueve (19) de julio de dos mil
veintitrés (2023), alegando la configuración de la causal prevista en el numeral 1°
del artículo 250 del CPACA, esto es, “[h]aberse encontrado o recobrado después
de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido
proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por
fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”11.
La parte actora refirió que en el recurso de apelación formulado contra la sentencia
de primera instancia solicitó que se efectuara una nueva calificación de invalidez a
la señora Bermúdez Salcedo y que, posteriormente, aportó como “prueba
sobreviniente” un dictamen que, en cumplimiento de una orden de tutela, expidió
Colpensiones en diciembre de dos mil diecisiete (2017), en el que se aumentó
considerablemente el porcentaje de pérdida de capacidad laboral inicialmente
fijado. Pese a ello, el Tribunal decidió confirmar la sentencia de primera instancia,
desconociendo el derecho a la reparación integral reconocido en la jurisprudencia
10 PDF denominado “001SETENCIACONFIRMADA” ubicado en la carpeta “Cuaderno Principal” del
archivo one drive registrado en el índice 96 de SAMAI de los Juzgados Administrativos de Cali,
expediente 76001-33-33-004-2014-00458-00.
11 Índice 2 SAMAI.
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del Consejo de Estado, así como el principio de vinculatoriedad de las decisiones
judiciales expedidas por las Altas Cortes y el precedente jurisprudencial12.
Para los recurrentes, ese dictamen constituye una “prueba sobreviviente” sobre la
condición de la señora Bermúdez Salcedo ⎯pues fue expedido mucho tiempo
después de iniciado el trámite ordinario⎯, y resulta decisivo para obtener una
decisión más favorable en el proceso de responsabilidad; además, afirmaron que
su “aparición” constituyó una fuerza mayor o caso fortuito, comoquiera que su
práctica obedeció a la orden dictada por un juez de tutela en una fecha en la que ya
no era posible aportarlo al plenario.
3. Trámite del recurso y oposición
3.1. Por auto de veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) se
admitió el recurso y se dispuso su notificación al Distrito Especial de Santiago de
Cali, a las Empresas Municipales de Cali (EMCALI E.I.C.E. - E.S.P.) y al Ministerio
Público13.
3.2. Durante el término de traslado se presentaron las siguientes intervenciones:
3.2.1. El Distrito Especial de Santiago de Cali se opuso a la prosperidad de
esta herramienta, bajo la consideración de que la prueba alegada no tiene el
carácter de recobrada, pues ella sí fue solicitada en el marco del proceso de
reparación solo que no fue integrada a la litis por decisión del Tribunal.
Además, reprochó que la parte actora no haya impugnado el auto que admitió
el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, en el que
nada se dijo sobre la práctica de la prueba solicitada, y que luego haya
intentado incorporarla al plenario en los alegatos de conclusión presentados
ante el ad quem14.
3.2.2. Mediante Concepto No. 128 de 2024, el Ministerio Público solicitó que
se declare infundado el recurso de revisión de la referencia, ya que la prueba
en la que éste se sustenta no tiene el carácter de recobrada pues su
incorporación fue solicitada en el marco del proceso ordinario. En ese sentido,
afirmó que lo que pretenden los recurrentes es reabrir el periodo probatorio,
12 Índice 2 de SAMAI, PDF denominado “_DemandaWeb_Demanda_RECURSOEXTRAORDINARI”.
13 Índice 6 de SAMAI.
14 Índice 18 de SAMAI.
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en aras de obtener una indemnización mayor a la que fue reconocida por los
jueces naturales, lo que escapa al ámbito de esta herramienta judicial 15.
3.3. Por auto de doce (12) de marzo de dos mil veinticinco (2025), el Despacho
decretó las pruebas del proceso, teniendo como tales las documentales aportadas
con el recurso. Igualmente, ordenó la remisión íntegra del expediente de reparación
directa No. 76001-33-33-004-2014-00458-01, el cual fue enviado de manera digital
por el Juzgado Cuarto Administrativo de Cali16.
3.4. Agotadas las etapas correspondientes, el proceso ingresó al Despacho para
adoptar la decisión que en derecho corresponda17.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 del CPACA18, en concordancia
con lo establecido en el numeral 10 del artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019,
modificado por el artículo 1º del Acuerdo 434 de 2024 ─Reglamento Interno de la
Corporación─19, esta Subsección es competente para resolver el presente recurso
extraordinario de revisión.
15 Índice 16 de SAMAI.
16 El auto de pruebas obra a índice 21 de SAMAI. Con el recurso, la parte recurrente aportó copia
de los siguientes documentos: i) comunicado emitido por las Altas Cortes el 8 de marzo de 2022; ii)
Circular No. 4 de 29 de febrero de 2024 de la ANDJE; iii) sentencias de primera y segunda instancia
del trámite ordinario, así como copia del recurso de apelación y de los alegatos de conclusión
presentados en segunda instancia; iv) acción de tutela No. 76001-31-05-0015-2017-00530-00
promovida por la parte recurrente en contra de Colpensiones; v) formulario de calificación de pérdida
de capacidad laboral de la señora Bermúdez Salcedo, elaborado por Colpensiones el 7 de diciembre
de 2017; y vi) sentencia de 4 de mayo de 2011 proferida por la Sección Tercera del Consejo de
Estado, expediente 76001-23-25-000-1996-02231-01 (19355). El expediente digital del proceso de
reparación directa (índice 96 de SAMAI de los Juzgados Administrativos de Cali), fue puesto en
conocimiento de las partes sin que efectuaran manifestación alguna (índices 28 y 29 de SAMAI).
17 Índice 30 de SAMAI.
18 “ARTÍCULO 249. COMPETENCIA. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por
las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. // De los recursos de revisión contra
las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones
y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. (…)”.
19 “ARTÍCULO 13.- DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos
de repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán
entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así (…)
Sección Tercera: 10. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única instancia
dictados por los tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta
sección.”.
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2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si la sentencia proferida el diecinueve (19) de julio
de dos mil veintitrés (2023), dentro del proceso de reparación directa No. 76001-33-
33-004-2014-00458-01, se encuentra incursa en la causal de revisión contenida en
el numeral 1º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), esto es ,“[h]aberse encontrado o recobrado
después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera
podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al
proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.
Para tales efectos, la Sala planteará algunas consideraciones generales
relacionadas con el recurso extraordinario de revisión y con la causal señalada por
la parte recurrente, a partir de lo cual se dará solución al asunto sub examine.
3. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión es una herramienta cuyo propósito es despojar
del carácter inmutable y de cosa juzgada que por regla general tienen las decisiones
judiciales, ante el acaecimiento de circunstancias excepcionales que permiten
sostener que determinada sentencia es contraria a derecho. Así lo definió la Corte
Constitucional en sentencia C-090 de 1998 al concluir que se trata de un mecanismo
para evitar “que persistan dentro del ordenamiento jurídico sentencias que vulneren
el debido proceso, o que no se ajusten al derecho y a la Constitución”.
En la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el recurso extraordinario de
revisión se consagró en el artículo 185 del Decreto 01 de 1984 y se mantuvo en la
Ley 1437 de 2011, con el propósito de permitir a los jueces reexaminar
determinadas sentencias a efectos de establecer si estas son contrarias al
ordenamiento jurídico20, siempre que se configure alguna de las causales
20 Sobre el punto, la Corte Constitucional en sentencia C-871 de 2003 señaló: “Con todo, el principio
de la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material
del caso concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite
en casos excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos
o circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede
afirmarse que la revisión se opone al principio ‘res iudicata pro veritate habertur’ para evitar que
prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia
injusta y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y
verdad material, como fines esenciales del Estado”.
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taxativamente previstas en la ley21. De acuerdo con lo consagrado en el artículo 248
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, este
recurso procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y
Subsecciones del Consejo de Estado, por los tribunales administrativos y por los
jueces administrativos.
Se trata de un proceso independiente y autónomo del que dio origen a la sentencia
cuya revisión se precisa, de forma que no puede entenderse como una instancia
adicional, pues este recurso no es la vía para corregir los yerros probatorios de las
partes, ni para reconducir el proceso en hechos, pruebas o argumentos, revivir
términos o reabrir el debate surtido en el trámite ordinario22.
Adicionalmente, como se trata de un mecanismo excepcional y extraordinario, el
análisis de este recurso tiene interpretación restrictiva. En este sentido, la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado que
“[c]omo dicho recurso afecta el carácter de inmutable de la sentencia judicial
ejecutoriada, las decisiones que se producen, con ocasión de su interposición, son
de carácter excepcional, restrictivo y están sometidas a las causales taxativamente
previstas en la ley, con el fin de evitar que se convierta en una tercera instancia.”23.
De allí entonces que este solo proceda en los precisos y estrictos casos previstos
en la ley, sin que sea viable para el juez flexibilizar las exigencias para su
procedencia o crear unos requisitos o causales distintas, dado que ello no solo
desnaturalizaría la excepcionalidad del recurso, sino que atentaría directamente
contra la seguridad jurídica.
4. La causal de revisión contenida en el numeral 1° del artículo 250 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo
El numeral 1° del artículo 250 del CPACA establece como causal de revisión la de
“[h]aberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con
los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no
21 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de 17 de julio de 2013, radicación 11001-03-15-000-
2012-00231-00.
22 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 27, sentencia de 3 de diciembre de 2019,
radicado 11001-03-15-000-2018-03791-00.
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 18 de diciembre de 2020,
radicación 08001-23-31-000-2011-00639-01 (52456).
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pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte
contraria”.
Sobre el alcance de esta causal el Consejo de Estado ha establecido que su
procedencia está supeditada a que se logre acreditar24:
a. Que se trata de una prueba documental, lo que, de suyo, excluye otros medios
de prueba, “comoquiera que por tratarse de un recurso extraordinario la
interpretación debe hacerse con un criterio restrictivo”25.
b. Que el documento existía al momento de proferirse la sentencia, solo que no
se aportó al proceso porque se encontraba extraviada o refundida. Lo anterior,
bajo el entendido de que “[e]l verbo “recobrar” implica que se hubiere perdido
algo que más tarde se recupera”26, de manera que “no resultan admisibles
aquellos documentos fechados posteriormente”27.
c. Que la prueba no haya sido aportada al trámite del proceso ordinario por
fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria, lo cual debe ser
debidamente acreditado por el interesado. Respecto a los dos primeros
eventos, la jurisprudencia de esta Corporación ha dicho que “no basta con una
dificultad por grave que pueda parecer, por cuanto la ley exige una verdadera
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de junio de 2014, radicación
27001-23-31-000-2002-00927-01 (34504); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 2 de agosto de 2019, radicación 73001-33-33-004-2013-00105-01 (54488); Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de agosto de 2019, radicación 08001-
33-31-010-2007-00210-01 (49965); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia
del 5 de octubre de 2020, radicación 68679-33-31-001-2009-00117-01 (57131); Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de mayo de 2020, radicación 68679-33-31-001-
2009-00117-01, (57131); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de
mayo de 2020, radicación 68001-33-31-002-2007-00142-01 (51419); Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, sentencia del 15 de diciembre de 2021, radicación 11001-03-26-000-2018-
00082-00 (61674); Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 16, sentencia del 18 de junio
de 2025, radicación 11001-03-15-2022-02799-00.
25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 9 de mayo de 2012, radicación
11001-03-26-000-2005-00025-00 (30095). En el mismo sentido consultar: Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de septiembre de 2022, radicación 11001-03-26-
000-2019-00087-00 (64087).
26 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 8, sentencia del 2 de junio de 2015, radicación
11001-03-15-000-2007-00879-00.
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de agosto de 2019, radicación 08001-33-
31-010-2007-00210-01 (49965). En el mismo sentido, consultar: Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, sentencia del 18 de febrero de 2022, radicación 11001-03-26-000-2020-
00046-00 (66026); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 12 de
septiembre de 2022, radicación 11001-03-26-000-2018-00083-00 (47247); Consejo de Estado,
Sección Tercera Subsección B, sentencia del 7 de septiembre de 2023, radicación: 11001-03-26-
000-2019-00119-00 (64422).
10
Radicado: 11001-03-26-000-2024-00109-00 (71701)
Recurrentes: Franceneth Bermúdez Salcedo y otros
‘imposibilidad’ apreciada objetivamente (…)”28, de manera que debe tratarse
de hechos imprevisibles e irresistibles que excluyan la conducta culposa, la
negligencia o el error como causa del impedimento para aportar la prueba 29.
En cuanto al obrar de la parte contraria, el Consejo de Estado ha indicado que
debe entenderse “como la conducta de la parte que ganó el proceso, quien
con su actuar intencional logró que el documento que le daría el triunfo a su
contraparte no se pudiera aportar al expediente en razón de que lo retuvo u
ocultó, precisamente con el propósito de que no sirviera como prueba”30.
En ese sentido, el documento no debe haber estado en poder del recurrente,
pues de ser así bien hubiera podido ser aportado dentro del trámite ordinario.
Y es que, se insiste, esta no es una oportunidad para enmendar la inactividad
o negligencia probatoria, sino para corregir la causa insuperable para hacer
valer la prueba dentro del proceso31.
d. Finalmente, esta Corporación ha considerado que debe tratarse de un
documento transcendental o decisivo, al punto que su incorporación al
proceso hubiere derivado en una decisión totalmente distinta a la que se
adoptó en la sentencia a revisar32.
Dada la excepcionalidad del recurso extraordinario y sus precisas condiciones de
procedencia, es menester que todos estos elementos concurran de manera
simultánea para entender configurada la causal.
28 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 18 de octubre de
2005, Radicación. 1998-00173.
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 31 de mayo de 2018,
radicación 11001-03-25-000-2014-00629-00.
30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de diciembre de
2005, radicación 11001-03-15-000-1999-00218-01.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 4 de junio de 2021, radicado 08001-23-31-000-2009-00989-01 (46989), citando la
sentencia del 8 de octubre de 1994 de Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, radicado 043.
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, subsección A, sentencia del 1 de agosto de 2018,
radicación 47001-23-31-000-2000-00851-01; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 13 de julio de 2017, radicación 11001-03-25-000-2013-00520-00; Consejo de Estado,
Sala Especial de Decisión N° 4, sentencia del 1 de marzo de 2016, radicación 11001-03-15-000-
2015-01917-00; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 20, sentencia del 7 de junio de
2016, radicación 11001-03-15-000-2007-00958-00; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, sentencia del 17 de julio de 2013, radicación 11001-03-15-000-02009-00062-00 y Consejo
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de noviembre de 2005,
radicación 11001-03-15-000-1999-00218-01.
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Radicado: 11001-03-26-000-2024-00109-00 (71701)
Recurrentes: Franceneth Bermúdez Salcedo y otros
Con fundamento en las anteriores consideraciones, pasa la Sala a realizar el
análisis del caso concreto.
5. Caso concreto
Según se indicó en el acápite de antecedentes de esta providencia, los recurrentes
afirman que en este caso se configuró la causal de revisión prevista en el numeral
1° del artículo 250 del CPACA, como consecuencia del surgimiento de una nueva
calificación de pérdida de la capacidad laboral de la señora Bermúdez Salcedo,
emitida por Colpensiones en el mes de diciembre de dos mil diecisiete (2017),
calificación que estableció un porcentaje mayor al consignado por la Junta de
Calificación Regional en el dictamen emitido en el año dos mil dieciséis (2016), que
fue el que sirvió de referente a los jueces de instancia para la liquidación de los
perjuicios reconocidos en el proceso ordinario.
Pues bien, en este escenario, la Sala advierte que, como lo reconocen los propios
recurrentes, la prueba que se aduce como recobrada no es en realidad una prueba
documental, tal y como se exige para la prosperidad de la causal prevista en el
numeral 1° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.
En efecto, el Decreto 1352 de 2013, “Por el cual se reglamenta la organización y
funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez, y se dictan otras
disposiciones”, establece que el estudio que adelantan las entidades encargadas
de administrar el riesgo de invalidez para determinar la pérdida de la capacidad
laboral de una persona se concreta en la expedición de un dictamen, para el que
debe tenerse en cuenta el estudio previo del expediente y la valoración del
paciente33. En esa condición han sido valorados por el Consejo de Estado los
33 El artículo 41 de la Ley 100 de 1993 establece que “Corresponde al Instituto de Seguros Sociales,
Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos
Profesionales ARP-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a
las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de
capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias. En caso de que
el interesado no esté de acuerdo con la calificación deberá manifestar su inconformidad dentro de
los diez (10) días siguientes y la entidad deberá remitirlo a las Juntas Regionales de Calificación de
Invalidez del orden regional dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será apelable ante
la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco (5) días. Contra
dichas decisiones proceden las acciones legales”. A su turno, el parágrafo 2 de ese mismo artículo
denomina esas calificaciones como “dictámenes” y establece una regla de responsabilidad solidaria
cuando con ellos se causen perjuicios debidamente comprobados, al tiempo que el artículo 5 del
Decreto 2463 de 2001 dispone que para rendir estos dictámenes las entidades deberán tener un
equipo interdisciplinario, compuesto por un médico con experiencia específica en medicina laboral,
un médico especialista en medicina física y rehabilitación, y un profesional diferente a las áreas de
12
Radicado: 11001-03-26-000-2024-00109-00 (71701)
Recurrentes: Franceneth Bermúdez Salcedo y otros
informes de las empresas promotoras de salud, de las administradoras de riesgos
profesionales y de las Juntas de Calificación de Invalidez aportados en el marco de
los procesos contencioso administrativos a su cargo34.
Esta circunstancia impide, de suyo, que pueda entenderse configurada la causal de
documento recobrado alegada pues, como se explicó, la procedencia del recurso
extraordinario bajo esa causal exige, como primera medida, que la prueba que se
alega como ‘recobrada’ tenga carácter documental, en tanto la naturaleza restrictiva
de esta herramienta judicial impide extenderla a medios probatorios distintos.
Pero, además, dicha prueba tampoco cumple con la condición de haber sido
recobrada, lo que, en los términos de la jurisprudencia del Consejo de Estado,
implica que “se trat[e] de un documento preexistente al momento de proferir la
sentencia pero que el demandante solo lo obtuvo después de vencido el
término de ejecutoria35, es decir, para considerar que una prueba es recobrada es
necesario tener como referente temporal la sentencia atacada respecto de la cual
la prueba debe preexistir pero, que el demandante solo la obtuvo con
posterioridad”36 (se resalta).
Esta exigencia tampoco está acreditada en el sub examine, pues si bien la prueba
fue producida en fecha anterior a la expedición del fallo reprochado, lo cierto es que
los recurrentes no la obtuvieron con posterioridad a la sentencia de segunda
instancia sino desde el momento mismo en que ella se generó.
En efecto, la revisión del proceso de reparación directa No. 76001-33-33-004-2014-
00458-01 y de los elementos aportados a esta causa evidencian que el dictamen
la medicina con formación en áreas afines a la salud ocupacional, dejando así su producción a cargo
de profesionales con conocimientos técnicos específicos.
34 Sobre el punto, entre muchas otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia
del 19 de septiembre de 2025, radicación 15001-23-31-000-2011-00208-03 (70.455); Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 29 de febrero de 2024, radicación 18001-
23-33-000-2016-00033-01, y Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23
de agosto de 2018, radicación 13001-23-31-000-2004-01246-01.
35 Cita en original: «La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 8 de octubre
de 1994, exp 043 expresó: “El art. 185 del C.C.A., dispone que hay lugar a este medio de
impugnación extraordinario contra sentencias ejecutoriadas, es decir, cuando ya no son susceptibles
de recurso ordinario alguno, sin distinguir entre las que hacen tránsito a cosa juzgada material, de
las que no lo hacen. De manera que la única condición que impone la ley es que la sentencia se
halle ejecutoriada, y como las sentencias inhibitorias cuando no son susceptibles de recursos,
adquieren ejecutoria, de conformidad con la norma citada pueden ser impugnadas a través del
recurso extraordinario de revisión.”».
36 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 7 de septiembre de 2023,
radicación: 11001-03-26-000-2019-00119-00 (64.422).
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Radicado: 11001-03-26-000-2024-00109-00 (71701)
Recurrentes: Franceneth Bermúdez Salcedo y otros
que se alega como recobrado no estaba realmente refundido o extraviado, pues se
trata de una prueba cuya práctica fue solicitada y promovida por la propia parte, solo
que su incorporación al trámite del proceso ordinario no fue aceptada por el Tribunal.
Así, en el proceso ordinario consta que la parte actora solicitó en el recurso de
apelación presentado contra la sentencia de primera instancia que se ordenara la
práctica de una nueva calificación de la pérdida de capacidad laboral sufrida por la
señora Bermúdez Salcedo, “que permita establecer en términos porcentuales si su
afectación o pérdida de capacidad laboral ha variado negativamente, ya que su
última valoración data del mes de julio del año 2016, tal como está acreditado en la
historia clínica aportada al presente.”37. No obstante, en el auto de dieciocho (18)
de abril de dos mil diecisiete (2017), mediante el cual se admitió la impugnación
formulada, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no se pronunció
expresamente sobre esta solicitud, decisión que quedó en firme y no fue objeto de
recurso alguno38.
Paralelamente, según consta en esta causa, la señora Bermúdez Salcedo presentó
acción de tutela contra Colpensiones y la Nueva E.P.S., con el propósito de que le
fueran reconocidas y pagadas las incapacidades generadas por el accidente,
trámite en el que también solicitó que se practicara una nueva calificación de la
pérdida de su capacidad laboral39; el Juzgado Quince Laboral de Cali y la Sala
Laboral del Tribunal Superior de Cali accedieron a esa petición40, lo que llevó a que
el siete (7) de diciembre de dos mil diecisiete (2017) Colpensiones expidiera la
calificación correspondiente, asignando un porcentaje 30.6% de pérdida de
capacidad laboral y ocupacional41.
37 Folio 536 del PDF denominado “001Contrato 104 DE 2020”, ubicado en la carpeta “cuaderno
principal” del archivo one drive registrado en el índice 96 de SAMAI de los Juzgados Administrativos
de Cali, expediente 76001-33-33-004-2014-00458-00.
38 Folio 2 del PDF denominado “002 Contrato 104 DE 2020”, ubicado en la carpeta “cuaderno
principal” del archivo one drive registrado en el índice 96 de SAMAI de los Juzgados Administrativos
de Cali, expediente 76001-33-33-004-2014-00458-00.
39 Folios 1 a 7 del PDF denominado “33_DemandaWeb_Anexos_PROCESODEACCIONDETUT”,
índice 2 de SAMAI.
40 Folios 112 a 119 del PDF antes referenciado. Específicamente, el juez de tutela ordenó: “CUARTO:
INSTAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES y a la NUEVA
EPS, por intermedio de sus representantes legales o quienes hagan sus veces, para que dentro del
término de quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de la presente sentencia, tramiten una
nueva calificación del estado de salud de la accionante a fin de determinar su real capacidad laboral,
de acuerdo con los términos expuestos en la parte motiva de esta sentencia.”.
41 PDF denominado “31_DemandaWeb_Anexos_DICTAMENDEPERDIDADEC” del índice 2 de
SAMAI.
14
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Recurrentes: Franceneth Bermúdez Salcedo y otros
Mediante memorial de enero de dos mil dieciocho (2018), el apoderado de los
entonces demandantes solicitó al Tribunal: “(…) considero muy respetuosamente
su señoría, que por haberse mencionado en el recurso y en los alegatos, la
necesidad de una nueva valoración, que surge ante el empeoramiento de la salud
de la afectada, como protección constitucional, ordenada por el Juez 15 Laboral del
Circuito de Cali, practicada por la NUEVA EPS, por profesional adscrito a dicha
entidad, dicha prueba pericial puede ser tenida en cuenta, porque acredita que la
condición de mi representada ha empeorado, tal como lo concluye la profesional
adscrita que la practicó, lo que conlleva a que se revalore la indemnización que le
debe ser concedida a la señora BERMÚDEZ SALCEDO, por lo CRÓNICO Y
PROGRESIVO DE SU CONDICIÓN MÉDICA, que aumenta su pérdida de
capacidad laboral significativamente del 19,37% (sic) al 30,6%, luego del accidente
sufrido que motivó la formulación de este medio de control, y que finalmente permita
que la víctima sea indemnizada conforme a su verdadera situación actual. // Adjunto
al presente copia de la sentencia de tutela referida, y del dictamen de pérdida de
capacidad laboral y ocupacional, Decreto 1507 del 12 de agosto de 2014,
Resolución 3745 del 2015, realizado el 21-12-2017 (sic) y notificado el 03-01- 2018,
que se encuentra en firme, a fin de que se agregue a los autos y sea tenido en
cuenta en el presente asunto, documentos que constan de 15 folios útiles.”42
(mayúsculas en original).
Aunque el Tribunal no se pronunció en providencia separada respecto de esta
solicitud, al momento de dictar sentencia dio respuesta al debate planteado
alrededor de los alegados cambios en el porcentaje de pérdida de capacidad laboral
de la demandante:
“Ahora bien, frente a la configuración de la pérdida de capacidad laboral
certificada por la Junta Nacional y Regional de Calificación de Invalidez
en un 18,37%, encuentra la Sala discrepancia de la parte pasiva, al
señalar que tal dictamen no es definitivo, que existe la posibilidad de
mejoría por parte de la demandante y que no es conclusivo; y de la parte
demandada (sic) al señalar que los padecimientos de salud de la
demandante persisten y van incrementando, por lo que no está de
acuerdo con la tasación de perjuicios atendiendo el porcentaje
señalado por la Junta.
Para resolver lo anterior, encuentra la Sala que dichas juntas en primera
y segunda instancia analizaron la historia clínica de la demandante,
teniendo de presente el pronóstico desfavorable después de casi dos
42 Folio 54 del PDF denominado “008 Contrato 104 DE 2020” ubicado en la carpeta “No asociado a
Cuaderno” del archivo one drive registrado en el índice 96 de SAMAI de los Juzgados Administrativos
de Cali, expediente 76001-33-33-004-2014-00458-00.
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Radicado: 11001-03-26-000-2024-00109-00 (71701)
Recurrentes: Franceneth Bermúdez Salcedo y otros
años de ocurrencia del accidente y de recibir tratamientos médicos;
además de una revisión a la calificada donde hicieron examen médico
actualizado de sus lesiones llevándolos a emitir una Pérdida de la
capacidad laboral y ocupacional del 18,37%, estructurada el 17/11/2015 y
declarada el 05/02/2016, con un nivel de pérdida: Incapacidad
permanente parcial.
Dicho nivel de pérdida en manera alguna configura una invalidez, pero si
tiene el carácter de definitiva, tal como se advierte del Manual Único para
la Calificación de la Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional del
Ministerio del Trabajo Decreto 1507 de 2014, al definir el concepto así:
‘Incapacidad Permanente Parcial: Es la disminución definitiva, igual o
superior al cinco por ciento (5%) e inferior al cincuenta por ciento (50%)
de la capacidad laboral u ocupacional de una persona, como
consecuencia de un accidente o de una enfermedad de cualquier origen’.
Por lo que dicho dictamen si (sic) tiene una connotación definitiva, sin que
lógicamente pueda establecer si en el futuro dicha merma
incremente o disminuya, pues a pesar de que ya se ha culminado un
tratamiento que ha llevado a un pronóstico desfavorable, pueden
ocurrir circunstancias colaterales como nuevos tratamientos, o
empeoramiento de las condiciones derivadas de la misma
enfermedad; que hagan que dicho porcentaje fluctué, sin que se
pueda predecir por parte de la Junta o del juzgador, dicha situación.
Por lo anterior, la Sala acogerá la posición adoptada en primera
instancia, pues dicha prueba técnica ha señalado que la demandante
con motivo de la lesión esguince de tobillo grado II, que está probado
sufrió al caer debido a una alcantarilla en malas condiciones, tuvo
una pérdida de capacidad laboral, es decir una disminución en las
aptitudes para realizar una tarea o acción, merma que como ha
señalado ampliamente la jurisprudencia del Consejo de Estado es
indemnizable.” (negritas fuera de texto).
En ese sentido, para el Tribunal el dictamen que podía ser tenido en cuenta era el
que ya obraba en el expediente, con independencia de que el porcentaje allí
consignado pudiera o no variar en el futuro.
El anterior recuento de lo ocurrido en este caso muestra claramente que la prueba
en la que se fundamenta la alegación de la recurrente no tiene realmente el carácter
de recobrada, pues ella no fue hallada o encontrada por la parte actora con
posterioridad al fallo de segunda instancia, como se exige para la procedencia de la
causal, sino producida bajo su auspicio en el curso del proceso ordinario. En ese
sentido, es claro que de lo que se trata es de lograr que, ante su no validación en el
trámite de la segunda instancia, por esta vía extraordinaria ese dictamen sea
incorporado como prueba, mejorando así la actividad probatoria que debió agotar
debidamente en las oportunidades procesales correspondientes.
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Radicado: 11001-03-26-000-2024-00109-00 (71701)
Recurrentes: Franceneth Bermúdez Salcedo y otros
Pero, además, la misma parte recurrente reconoce que se no se trata de una prueba
recobrada, sino de una con carácter sobreviniente, lo que denota la confusión en
los elementos de la causal prevista en el numeral 1° del artículo 250 del CPACA,
que no contempla esa clase de pruebas como constitutivas de revisión de una
decisión judicial.
Finalmente, se advierte relevante señalar que en este caso tampoco se probó que
existieran razones de fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria que
impidieran que la prueba fuera incorporada al proceso ordinario dentro de las
oportunidades que correspondían, pues, de conformidad con lo atrás indicado, lo
que se acreditó es que, aunque se intentó su aportación al debate planteado en la
acción de reparación directa, no se logró el resultado esperado.
En este escenario, debe recordarse que el recurso extraordinario de revisión no
puede ser usado para reabrir una discusión que ya fue definida en el trámite
ordinario, tal y como lo pretende la parte actora al querer mejorar su actividad
probatoria e incorporar pruebas que le permitan obtener una indemnización más
alta a la que ya le fue reconocida por los jueces de instancia. Como lo ha
establecido el Consejo de Estado, “[n]o es admisible que a través de este recurso
de naturaleza excepcional se pretenda perfeccionar el material probatorio, ni mucho
menos una nueva valoración de este”43, lo cual lleva a descartar también los
argumentos relacionados con el alegado desconocimiento del derecho a la
reparación integral o de las decisiones adoptadas por las Altas Cortes, pues esta
no es una instancia adicional que permita reabrir el debate de responsabilidad.
Por todo lo anterior, la Sala debe concluir que el presente recurso extraordinario de
revisión resulta infundado, pues no se acreditaron los elementos requeridos para la
prosperidad de la causal prevista en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA.
6. Costas
Teniendo en cuenta que el recurso extraordinario de revisión de la referencia se
formuló cuando ya estaba en vigencia la Ley 2080 de 2021, para resolver sobre las
costas debe darse aplicación al texto del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo con las modificaciones que introdujo dicha
43 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 19, sentencia del 5 de febrero de 2019,
radicación: 11001-03-15-000-2017-01278-00.
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Radicado: 11001-03-26-000-2024-00109-00 (71701)
Recurrentes: Franceneth Bermúdez Salcedo y otros
legislación, en concordancia con lo que sobre el punto dispone el Código General
del Proceso.
Así, el inciso final del artículo 255 del CPACA dispone que “[s]i se declara infundado
el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente.”
Bajo este entendido, esta Sala condenará en costas a la parte recurrente y ordenará
a la Secretaría de la Sección Tercera que proceda con la respectiva liquidación,
teniendo en cuenta las reglas previstas en los artículos 365 y 366 del Código
General del Proceso, en particular, aquella que establece que en el expediente debe
aparecer que se causaron “y en la medida de su comprobación”44.
En lo que respecta a las agencias en derecho y al encontrarse acreditada la labor
defensiva en la que incurrió el Distrito Especial de Santiago de Cali, de conformidad
con los parámetros establecidos en el Acuerdo No. PSAA16-10554 de 2016, “[p]or
el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho” proferido por el Consejo
Superior de la Judicatura45, la Sala condenará por ese concepto a la suma
equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente (smlmv) en favor de esa
entidad, atendiendo a la naturaleza, duración y complejidad del proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
formulado contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca el diecinueve (19) de julio de dos mil veintitrés (2023), dentro del proceso de
reparación directa No. 76001-33-33-004-2014-00458-01.
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS a la parte recurrente, las cuales deberán
ser liquidadas por la Secretaría de la Sección, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 188 y 255 del CPACA, 365 y 366 del CGP. Para el efecto, inclúyase
por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario mínimo
legal mensual vigente (smlmv) en favor del Distrito Especial de Santiago de Cali
44 Numeral 8, artículo 365 del Código General del Proceso.
45“ARTÍCULO 5o. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: // (…) 9. RECURSOS
EXTRAORDINARIOS. Entre 1 y 20 S.M.M.L.V”.
18
Radicado: 11001-03-26-000-2024-00109-00 (71701)
Recurrentes: Franceneth Bermúdez Salcedo y otros
TERCERO: En firme esta decisión, ARCHÍVESE el expediente previas las
anotaciones pertinentes.
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
VF
19
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