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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2025-00323-00

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-24-000-2025-00323-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS al demandante y en favor de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, en la suma equivalente a 1 salario mínimo legal mensual vigente, según lo explicado en la parte motiva de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-24-000-2025-00323-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

10 de septiembre de 2026

1

Radicado: 11001 03 24 000 2025 00323 00
Demandante: Miguel Ángel Cardozo Cisneros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicación núm.: 11001 03 24 000 2025 00323 00
Actor: Miguel Ángel Cardozo Cisneros
Demandado: Contraloría Departamental del Valle del Cauca
Tesis: No procede el recurso extraordinario de revisión fundado en la causal relativa
a la existencia de documentos decisivos hallados o recobrados con posterioridad a la
sentencia, en contra del fallo de segunda instancia que negó las pretensiones en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se resolvió la declaratoria
de responsabilidad fiscal en contra del accionante, si este último alega que no se
valoró el manual de funciones allegado en el trámite ordinario.
No procede el recurso extraordinario de revisión fundado en la causal relativa a
haberse dictado el fallo con fundamento en documentos falsos o adulterados, el cual
fue impetrado contra la sentencia de segunda instancia que denegó las pretensiones
en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se decidió la
declaratoria de responsabilidad fiscal del recurrente, si se reprocha que se omitió
revisar el manual de funciones del cargo del actor.
No procede el recurso extraordinario de revisión fundado en la causal concerniente a
existir una nulidad originada en la sentencia y que fue instaurado contra el fallo de
segunda instancia que negó las pretensiones en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se resolvió la declaratoria de responsabilidad
fiscal del recurrente, si se reprocha que: (i) se omitió revisar el manual de funciones
del cargo del actor, (ii) se le impuso una sanción con base en la responsabilidad
objetiva, (iii) se le impidió alegar verbalmente en el trámite de segunda instancia y (iv)
no se respetó su uso de la palabra en las audiencias practicadas en el proceso.
No procede el recurso extraordinario de revisión, fundado en la causal relativa a no
tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica la aptitud necesaria
para su reconocimiento, si fue instaurado contra el fallo de segunda instancia que

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Radicado: 11001 03 24 000 2025 00323 00
Demandante: Miguel Ángel Cardozo Cisneros

negó las pretensiones en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ajeno
a prestaciones periódicas.

SENTENCIA

La Sala procede a resolver el recurso extraordinario de revisión formulado por el señor
Miguel Ángel Cardozo Cisneros contra la sentencia del 31 de enero de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

1. El señor Miguel Ángel Cardozo Cisneros, interpuso demandada de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del Auto 136 del 23 de enero de 2014 y del
Auto 113 del 26 de junio de ese año, a través de los cuales la Contraloría
Departamental del Valle del Cauca lo declaró responsable fiscalmente por la pérdida
de unos títulos valores (cheques) en la tesorería del Hospital Departamental San
Rafael ESE de Zarsal.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó la eliminación de su nombre del
boletín de responsables fiscales y la restitución de su situación laboral y profesional
en idénticas condiciones o superiores a las existentes antes de su desvinculación.

3. Como causales de nulidad formuló la vulneración de normas superiores.

4. De la demanda identificada con el número de radicado 76001 33 33 002 2014
00375 00 conoció en primera instancia el Juzgado Segundo Administrativo de Cali
que, en sentencia del 16 de diciembre de 2021, negó las pretensiones del libelo
introductorio.

5. En contra de la precitada decisión la parte actora interpuso recurso de apelación.

II. LA SENTENCIA OBJETO DEL RECURSO DE REVISIÓN

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Demandante: Miguel Ángel Cardozo Cisneros

6. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia de 31 de enero
de 2025, confirmó la decisión de primera instancia bajo las siguientes
consideraciones:

7. Señaló que el demandante, como subgerente administrativo del Hospital
Departamental San Rafael de Zarzal ESE, incumplió sus funciones de supervisión y
control sobre los recursos financieros de la institución, lo que facilitó la sustracción y
cobro fraudulento de los cheques y ocasionó el detrimento patrimonial. Precisó que,
si bien no tenía custodia directa de la chequera ni de la caja fuerte, conforme a los
artículos 3 a 6 de la Ley 610 de 2000 y al manual de funciones vigente, estaba obligado
a identificar anomalías, proponer correctivos y garantizar el uso adecuado de los
recursos, sin que así lo hiciera.

8. Mencionó que no se vulneró el debido proceso del actor ya que tuvo oportunidad
de ejercer su defensa, aportar pruebas y presentar recursos, y que las decisiones de
la Contraloría se fundamentaron en pruebas valoradas conforme a las reglas de la
sana crítica, según lo exige el artículo 26 de la Ley 610 de 2000.

III. EL RECURSO DE REVISIÓN

3.1. El señor Miguel Ángel Cardozo Cisneros, por medio de apoderado judicial
invocó las causales previstas en los numerales 1, 2, 5 y 7 artículo 250 del CPACA,
bajo las siguientes consideraciones:

9. Sostuvo que el Tribunal omitió valorar el manual de funciones del cargo de
subgerente administrativo, documento que fue aportado oportunamente al proceso y
que demostraba que no tenía competencia sobre la custodia o manejo de los cheques
sustraídos, lo cual configuró una falta de valoración de prueba determinante, una
violación al debido proceso y la convalidación de una responsabilidad objetiva.

10. Argumentó que la sentencia recurrida incurrió en un error de hecho manifiesto
al atribuirle en su calidad de subgerente administrativo, funciones que legal y
reglamentariamente corresponden de manera exclusiva al cargo de tesorero, tales

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como la custodia y manejo de cheques, la supervisión directa del movimiento de caja
y la detección oportuna de anomalías en los procesos financieros. Reprochó que
cualquier valoración de una norma o documento distinto al manual de funciones era
falsa o adulterada.

11. Cuestionó que se le hubiera exigido identificar riesgos financieros y proyectar
el comportamiento financiero de la entidad ya que dicha función carecía de
fundamento legal y no corresponde al manual de funciones ni al organigrama de la
entidad, y que no resulta jurídicamente admisible convertirlo en garante de actos
ajenos sin que tuviera facultades sobre el manejo de los cheques. Agregó que se
vulneró el principio de legalidad de la función pública consagrado en el artículo 122 de
la Constitución Política, conforme al cual no existe empleo público sin funciones
detalladas en la ley o el reglamento.

12. Expresó que se desconoció su derecho de defensa ya que se impuso una
responsabilidad fiscal objetiva y que no se acreditaron los elementos exigidos por la
jurisprudencia del Consejo de Estado para su configuración, esto es, la existencia del
daño patrimonial, la conducta dolosa o gravemente culposa, el nexo causal entre la
conducta y el daño, y la competencia funcional del servidor sobre los hechos
generadores del daño.

13. Indicó que la sentencia está viciada de nulidad ya que se le impidió alegar
verbalmente. Agregó que en las audiencias efectuadas en el proceso no se respetó
su uso de la palabra por cuanto fue interrumpido de forma reiterada en sus
intervenciones y que la sentencia recurrida incurrió en fraude en su emisión ya que
sus argumentos se sustentaron en razonamientos jurídicos falsos.

3.2. Posteriormente, en memorial del 3 de septiembre de 2025, la parte actora
indicó:

14. Sobre la causal primera del artículo 250 del CPACA, mencionó que los jueces
de primera y segunda instancia profirieron sus decisiones con fundamento en
documentos falsos, toda vez que el manual de funciones nunca fue valorado. Afirmó
que se desconoció el principio de legalidad consagrado en los artículos 6 y 122 de la

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Constitución Política y 23 de la Ley 909 de 2004, conforme a los cuales los servidores
públicos únicamente pueden ejercer las funciones expresamente asignadas por la ley,
los reglamentos, los decretos o el manual específico de funciones.

15. Cuestionó que el juez de segunda instancia hubiera atribuido al subgerente
administrativo la función de custodiar la chequera, por considerar que dicha atribución
carece de fundamento legal y desconoce los principios de legalidad, tipicidad funcional
y competencia administrativa.

16. Adujo que la jurisprudencia ha señalado que los jueces no pueden crear
funciones públicas por vía interpretativa ni atribuir responsabilidades no conferidas
expresamente por una norma legal o reglamentaria, para lo cual citó pronunciamiento
del Consejo de Estado en el proceso con radicado 11001 03 24 000 2009 00567 00.

IV. CONTESTACIÓN

17. La Contraloría Departamental del Valle del Cauca respondió el recurso
extraordinario de revisión bajo estas consideraciones:

18. Indicó que el señor Cardozo Cisneros, en su calidad de subgerente
administrativo, tenía como funciones las de garantizar la debida coordinación,
integración y autonomía de las secciones administrativas y logísticas, proyectar el
comportamiento financiero de la entidad e identificar sus anomalías, y controlar los
procesos de administración de los recursos de conformidad con la Resolución 012 del
13 de octubre de 2005. Reprochó que esas funciones no se ejercieron respecto de la
tesorería.

19. Citó la Sentencia C-840 de 2001 de la Corte Constitucional para sostener que
el control fiscal comprende la vigilancia del manejo y administración de los bienes y
recursos públicos y faculta a las contralorías para investigar, imputar cargos y deducir
responsabilidades a quienes en el manejo de tales haberes o con ocasión de su
gestión, causen daño al patrimonio del Estado, tanto por conducta dolosa como
culposa.

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20. Calificó de temeraria la afirmación del recurrente sobre la existencia de una
falsedad en las decisiones judiciales, y argumentó que las actuaciones surtidas dentro
del expediente CAIF 120-2009 gozan de presunción de legalidad. Precisó que en la
investigación fiscal: i) se cuantificó el daño al patrimonio económico del Hospital
Departamental San Rafael ESE de Zarzal; ii) se identificaron plenamente los
responsables, cuya gestión fiscal inadecuada e incorrecta ocasionó o contribuyó a
afectar dicho patrimonio; y iii) se determinó el grado de responsabilidad y el nexo de
causalidad entre la conducta y el resultado.

21. Advirtió que el señor Cardozo Cisneros ha acudido en reiteradas ocasiones a
la acción de tutela ante distintas instancias con el fin de detener el proceso coactivo
en su contra, sin que dichos intentos hayan prosperado.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

22. El Ministerio Público se abstuvo de rendir concepto en este asunto.

VI. CONSIDERACIONES

6.1. Jurisdicción y competencia

23. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y
con lo previsto en los artículos 248 y 249 del CPACA, esta Sala es competente para
conocer del asunto de la referencia

6.2. Cuestión previa

24. La Sala advierte que el 3 de septiembre de 2025 la parte actora presentó un
memorial en el que precisó los argumentos expuestos en la demanda. Sin embargo,
dicho escrito resulta extemporáneo, por cuanto fue radicado con posterioridad a la
presentación del recurso, sin que el artículo 253 del CPACA prevea una oportunidad
para ampliar o modificar sus fundamentos. Por consiguiente, la Sala examinará
exclusivamente los cargos planteados en el libelo introductorio, los cuales permiten

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abordar integralmente los cuestionamientos desarrollados posteriormente por el
recurrente

6.3. El recurso extraordinario de revisión

25. El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal que implica una
excepción a la cosa juzgada, pues constituye un medio de impugnación de las
sentencias que han producido plenos efectos jurídicos.

26. Ahora, como dicho recurso afecta el carácter de inmutable de la sentencia
judicial ejecutoriada, las decisiones que se producen con ocasión de su interposición
son de carácter excepcional, restrictivo, y están sometidas a las causales
taxativamente previstas en la ley, con el fin de evitar que la utilización de este recurso
se convierta en una tercera instancia1; motivo por el cual el mismo no comporta
entonces una nueva oportunidad procesal para reabrir el debate judicial, suplir la
omisión probatoria de las partes, corregir yerros en la interpretación o la aplicación del
derecho o en la valoración de las pruebas.

27. En tal sentido, el recurrente debe cumplir los requisitos para presentar la
demanda consagrados en el artículo 252 del CPACA, en los que, además de designar
las partes y su representante, el nombre y domicilio del recurrente y los hechos y
omisiones que el sirven de fundamento, deberá señalar con precisión la causal y
exponer los motivos que justifican su procedencia.2

6.4. De la causal prevista en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA

28. La Sala determinará si procede el recurso extraordinario de revisión fundado
en la causal relativa a la existencia de documentos decisivos hallados o recobrados
con posterioridad a la sentencia, en contra del fallo de segunda instancia que negó las
pretensiones en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se

1 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de febrero de 1993,

Rad. 1992-00037-00 (Rev).
2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de 2013,

Rad. 2012-00231-00 (Rev).

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resolvió la declaratoria de responsabilidad fiscal en contra del accionante, si este
último alega que no se valoró el manual de funciones allegado en el trámite ordinario.

29. La causal que es objeto de debate en este punto prevé:

«Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que
el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por
obra de la parte contraria»

30. Esta Corporación, respecto del alcance de esa causal, mediante sentencia del
15 de diciembre de 2021, señaló:

«La causal de revisión contenida en el numeral 1º del artículo 250 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

El numeral 1° del artículo 250 del CPACA establece como causal de revisión la de
“[h]aberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que
el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por
obra de la parte contraria (…)”.

Sobre el alcance de esta causal, el Consejo de Estado ha establecido que su
procedencia está supeditada a que se logre acreditar3:

a. Que se trata de una prueba documental, lo que, de suyo, excluye otros medios
de prueba, “comoquiera que por tratarse de un recurso extraordinario la
interpretación debe hacerse con un criterio restrictivo”4.

b. Que el documento existía al momento de proferirse la sentencia, solo que no
se aportó al proceso porque se encontraba extraviado o refundido. Lo anterior,
bajo el entendido de que “[e]l verbo ‘recobrar’ implica que se hubiere perdido algo

3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de octubre de 2020, radicación

68679-33-31-001-2009-00117-01 (57131); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 5 de mayo de 2020, radicación 68679-33-31-001-2009-00117-01 (57131) y 68001-33-31-
002-2007-00142-01 (51419); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de
agosto de 2019, radicación 08001-33-31-010-2007-00210-01 (49965); Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, sentencia del 2 de agosto de 2019, radicación 73001-33-33-004-2013-00105-
01 (54488), y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de junio de 2014,
radicación 27001-23-31-000-2002-00927-01 (34504).
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 9 de mayo de 2012,

radicación 01820.

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que más tarde se recupera”5, de manera que “no resultan admisibles aquellos
documentos fechados posteriormente”6.

c. Que la prueba no haya sido aportada al trámite del proceso ordinario por fuerza
mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria, lo cual debe ser debidamente
acreditado por el interesado.

Respecto a los dos primeros eventos, la jurisprudencia de esta Corporación ha
dicho que “no basta con una dificultad por grave que pueda parecer, por cuanto la
ley exige una verdadera ‘imposibilidad’ apreciada objetivamente (…)”7, de manera
que debe tratarse de hechos imprevisibles e irresistibles que excluyan la conducta
culposa, la negligencia o el error como causa del impedimento para aportar la
prueba8. En cuanto al obrar de la parte contraria, el Consejo de Estado ha indicado
que debe entenderse “como la conducta de la parte que ganó el proceso, quien
con su actuar intencional logró que el documento que le daría el triunfo a su
contraparte no se pudiera aportar al expediente en razón de que lo retuvo u ocultó,
precisamente con el propósito de que no sirviera como prueba”9.

En ese sentido, el documento no debe haber estado en poder del recurrente, pues
de ser así bien hubiera podido ser aportado dentro del trámite ordinario. Y es que,
se insiste, esta no es una oportunidad para enmendar la inactividad o negligencia
probatoria, sino para corregir la causa insuperable para hacer valer la prueba
dentro del proceso10.

d. Finalmente, esta Corporación ha considerado que debe tratarse de un
documento transcendental o decisivo, al punto que su incorporación al proceso
hubiere derivado en una decisión totalmente distinta a la que se adoptó en la
sentencia a revisar11.

5 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 8, sentencia del 2 de junio de 2015, radicación

11001-03-15-000-2007-00879-00.
6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de agosto de 2019, radicación 08001-33-31-

010-2007-00210-01 (49965).
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 18 de octubre de 2005,

radicación 1998-00173.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 31 de mayo de 2018, radicación

11001-03-25-000-2014-00629-00.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de diciembre de

2005, radicación 11001-03-15-000-1999-00218-01.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia

del 4 de junio de 2021, radicación 08001-23-31-000-2009-00989-01(46989), citando la sentencia del
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de octubre de 1994,
radicación 043.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de noviembre de

2005, radicación 11001-03-15-000-1999-00218-01; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, sentencia del 17 de julio de 2013, radicación 11001-03-15-000-02009-00062-00; Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N° 4, sentencia del 1
de marzo de 2016, radicación 11001-03-15-000-2015-01917-00; Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 1 de agosto de 2018, radicación 47001-23-31-000-2000-00851-01 (1234-
11); Consejo de Estado, Sección Segunda, subsección B, sentencia del 13 de julio de 2017, radicación
11001-03-25-000-2013-00520-00(1025-13; y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sala Especial de Decisión N° 20, sentencia del 7 de junio de 2016, radicación 11001-
03-15-000-2007-00958-00.

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Dada la excepcionalidad del recurso extraordinario y sus precisas condiciones de
procedencia, es menester que todos estos elementos concurran de manera
simultánea para entender configurada la causal»12 (Subrayas de la Sala)

31. Así, la Sala resalta que la causal en comento exige que el documento haya sido
encontrado o recobrado con posterioridad a la sentencia, en el entendido de que se
trata de una prueba que existía al momento de proferirse la decisión pero que no pudo
ser aportada al proceso por alguna de las circunstancias expresamente previstas en
la norma. Por tanto, esta causal no permite cuestionar la valoración que el juez hizo
de una prueba que ya obraba en el expediente, pues para ello el recurso extraordinario
de revisión no puede convertirse en una instancia adicional.

32. Debe precisarse que la causal prevista en el numeral 1.º del artículo 250 del
CPACA no fue concebida para corregir eventuales errores de apreciación probatoria,
ni para revisar el análisis que el juez atribuyó a los medios de prueba regularmente
incorporados al proceso. En consecuencia, aun si el recurrente estimara que el manual
de funciones fue insuficientemente analizado o que se le otorgó un alcance jurídico
equivocado, tales cuestionamientos corresponderían al ámbito de la valoración judicial
de la prueba y no al supuesto excepcional de hallazgo o recobro de documentos
decisivos.

33. Lo anterior resulta determinante en el caso concreto, toda vez que el manual
de funciones invocado por el recurrente no tiene la condición de documento recobrado
ya que, como el mismo accionante reconoce, dicho documento fue aportado
oportunamente durante el trámite ordinario y por tanto estuvo a disposición del
Tribunal al momento de adoptar la decisión controvertida. Así se desprende de lo
señalado por el propio recurrente

«Todo lo argumentado por el alto tribunal carece de legalidad y si utilizo otros
documentos son falsos o adulterados. Así mismo se debela una serie de nulidades
procesales que entre todo lo revisado en el desarrollo del proceso, se nota la grave
injerencia del juez de primera instancia al no dar respeto al uso de la palabra al
accionante como se puede constatar en las audiencias no daba el uso de la
palabra adecuadamente, siempre quiso interrumpir y no dar uso al respeto de sus
intervenciones. Se le insistió al tribunal de segunda instancia que el manual
de funciones existía, y que fue aportado oportunamente y no fue tenido en

12Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C.
Sentencia del 15 de diciembre de 2021. Proceso radicado 41001 23 31 000 2006 00436 01. Consejero
ponente: Nicolás Yepes Corrales.

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cuenta, se puede alegar que de tantas irregularidades y nulidades que
presenta ese fallo nunca tuvo como prueba preexistente no valorada y que
como documento oficial es una prueba que evidencia que la persona no tenía
funciones relacionadas con el manejo de los cheques, en ese caso el sr.
MIGUEL ANGEL CARDOZO CISNEROS. Se puede alegar que el tribunal incurrió
en un error de hecho, al suponer que el funcionario tenía obligaciones que en
realidad no estaban dentro de su cargo. Y así se le ha dejado manifestado que el
tribunal está y ha incurrido en nulidad procesal por ese grave error puede que se
ha invocado y demuestra que el tribunal ignoró prueba documental objetiva (como
es el manual) y nombramiento del accionante MIGUEL ANGEL CARDOZO
CISNEROS que habría cambiado sustancialmente el sentido del fallo. Como se
sustentó en el expediente existía el manual de funciones, y el acto del
nombramiento del accionante y este demostraba que el funcionario no tenía
responsabilidad en la guarda o control de los cheques, se puede afirmar que el
fallo fue dictado en contra de prueba evidente que desvirtuaba la responsabilidad
fiscal. En su fallo el tribunal convalidó una responsabilidad objetiva (sin dolo o
culpa debidamente demostrada ni vínculo funcional), esto puede ser contrario a la
jurisprudencia del Consejo de Estado, que exige culpa grave o dolo»13 (Subrayas
y negrillas de la Sala)

34. En esas condiciones, no se configura la causal invocada, por cuanto el
recurrente no plantea el hallazgo de un documento que hubiera estado fuera de su
alcance durante el proceso ordinario, sino que cuestiona que el Tribunal, en la
sentencia proferida en segunda instancia no hubiera valorado adecuadamente una
prueba que ya obraba en el plenario. En consecuencia, el reproche se dirige contra la
valoración probatoria efectuada en la sentencia recurrida, cuestión que excede el
alcance de la causal prevista en el numeral 1.º del artículo 250 del CPACA.

6.5. De la causal dispuesta en el numeral 2 del artículo 250 del CPACA

35. Se verificará si procede el recurso extraordinario de revisión fundado en la
causal consistente en haberse dictado el fallo con fundamento en documentos falsos
o adulterados, el cual fue impetrado contra la sentencia de segunda instancia que
denegó las pretensiones en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en
el que se decidió la declaratoria de responsabilidad fiscal del recurrente, si se reprocha
que se omitió revisar el manual de funciones del cargo del actor.

«Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

(…)

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2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o
adulterados»

36. Al respecto, esta Corporación en fallo del 16 de septiembre de 2021, manifestó:

«La causal contenida en el numeral segundo del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que el
recurso extraordinario de revisión resulta procedente cuando se han “(…) Haberse
dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados”.

Los pronunciamientos emitidos por la Sección Segunda del Consejo de Estado14,
en armonía con el criterio general de la corporación15, ha considerado que dicha
causal solo se configura cuando la calificación de falsedad, o de adulteración,
recae sobre el documento o documentos que sirvieron de fundamento principal
para la decisión recurrida16. Por ello, no puede tratarse de cualquier documento;
debe ser aquel o aquellos que, por su importancia y trascendencia, tuvieron una
incidencia directa en el sentido de la decisión de la sentencia.

Adicionalmente, es preciso señalar que esta condición no admite matices, por lo
que si se tachan de falsos otros documentos sin incidencia, se abre la posibilidad
de negar la prosperidad de la causal porque, precisamente, existen otros medios
diferentes al cuestionado que soportan la determinación adoptada en el fallo a
revisar.17De igual manera, se requiere, en principio, que la prueba de la falsedad
o adulteración sea documental, lo que excluye la irregularidad en los demás
medios probatorios autorizados por el ordenamiento jurídico.18

Ahora bien, para demostrar esa falsedad o adulteración no se requiere de
sentencia penal que declare su existencia, pues “al juez de lo Contencioso le
corresponde esa labor a la luz de la llamada “falsedad civil”, en virtud de la cual
se ocupa de definir, objetivamente, la existencia de una adulteración total o parcial,
material o ideológica del documento, mediante el examen de su contenido o
integridad material”19. De ahí que en la actualidad no se establece la
prejudicialidad penal en el recurso extraordinario de revisión, pues la norma del
CPACA no exige de un pronunciamiento penal previo, como sí ocurre en la
jurisdicción ordinaria, donde existe un precepto con esa condición.20

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; sentencia de 7 de febrero de 2019; radicado:

2002-00579-01(0387-12); C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
15 Ver, entre otras, la sentencia de la Sección Cuarta, de 1 de agosto de 2016, radicado 2015-00027-

00(21635), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16 Así los sostuvo la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de 15 de julio de 2010. Expediente

52001-23-31-000-2007-00267-01.
17 C.fr., entre otros, Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 6

de agosto de 2013. Radicado: 11001-03-15-000-2004-01210-00 (REV). C.P.: Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas.
18 Aspecto que excluye la falsedad en medios de prueba diferentes al documental. C.fr., Consejo de

Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 26 de febrero de 2013. Radicado: 11001-
03-15-000- 2008-00638-00 (REV). C.P.: Alberto Yepes Barreiro.
19 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 1 de agosto de 2016, radicado 2015-00027-

00(21635), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
20 Es el caso del numeral 2 del artículo 355 del Código General del Proceso (en adelante CGP) según

el cual es causal de revisión el «[h]aberse declarado falsos por la justicia penal documentos que fueron
decisivos para el pronunciamiento de la sentencia recurrida».

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Sobre el particular, esta Corporación ha señalado lo siguiente21:

“Con fundamento en lo anterior, para la configuración de esta causal
concurren dos elementos: (i) la falsedad o adulteración de uno o más
documentos y (ii) que haya o hayan sido fundamental(es) para proferir el
fallo recurrido, al punto que, sin su consenso o su incidencia, el fallo se
hubiera tomado en otro sentido22.

En cuanto al elemento de la falsedad o adulteración del documento, la
jurisprudencia originada en los años noventa de esta Corporación exigía su
demostración, bien con sentencia penal que la declarara23 o bien con la
tacha de falsedad en un proceso judicial24.

Hoy, la posición al respecto es que el juez del recurso extraordinario de
revisión determina la falsedad o adulteración documental mediante un
análisis riguroso de los documentos anunciados por el recurrente y, por ello,
no se requiere declaración del juez penal en ese sentido25.

Con relación al alcance del análisis que corresponde al juez de este recurso
extraordinario frente a los documentos falsos o adulterados, señaló la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, lo siguiente:

El examen que efectúa en estos casos el Juez de lo Contencioso
Administrativo, en torno a los documentos que se aducen como falsos o
adulterados, es de carácter puramente objetivo, sin que en manera alguna
se detenga a discurrir sobre la responsabilidad del actor, aspecto que le
corresponderá determinar al Juez Penal competente.

Así las cosas, una vez establecida la falsedad o adulteración de los
documentos citados como tales, deberá el Consejo de Estado dar traslado
a la justicia ordinaria para que sea esta la que adelante la correspondiente
investigación respecto de la responsabilidad personal del autor del ilícito26.

Igualmente, para determinar si un documento aportado como prueba a un
proceso es falso o ha sido adulterado, ha de tenerse en cuenta que la
falsedad documental siempre será dolosa y que puede ser material o
ideológica, siendo la primera la mutación física del documento y
correspondiendo la segunda a la alteración intelectual de su contenido.”
(Destacado por la Sala)

De acuerdo con lo anterior, la jurisprudencia de la corporación se ha
apoyado en los conceptos de falsedad ideológica y falsedad material de la

21 Consejo de Estado. Sala Veintiuno Especial de Decisión. Sentencia del 3 de diciembre de 2019.

Expediente: 11001-03-15-000-2014-01303-00(REV). Magistrado ponente: Rafael Francisco Suarez
Vargas.
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 21 de octubre de

1993, radicación núm: REV-040.”
23 “Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de febrero de

1993, radicación núm:. REV-037.”
24 “Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 19 de diciembre de

1995, radicación núm:. REV-076.”
25 “Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias del 25 de septiembre

de 2001, Radicación núm: REVPI-003 y del 12 de julio de 2005, radicación núm:. REV-1998-00161.”
26 “Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 19 de mayo de 2009,

radicación núm:. REV-039.”

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ciencia penal para abordar el estudio de la causal en mención27. Con base
en ellos ha precisado que “la estructuración de la causal por falsedad
ideológica requiere de la acreditación del dolo, so pena de que la alteración
intelectual del contenido del documento pueda imputarse a un simple error
o imprecisión involuntaria de su autor”.28

En ese orden de ideas, la falsedad material exige el cotejo de distintos documentos
con miras a establecer la afectación de su integridad material, sea porque se crea
uno nuevo, o porque se altera alguno de los elementos que conforman su
contenido. De ahí que “no es necesaria la prueba del dolo o intención falsaria, en
tanto lo que debe establecerse es la denominada “falsedad civil”.29 Asimismo, esta
falsedad -la material- “no debe sustentarse en irregularidades conocidas o que
debieron conocerse en instancias previas al recurso extraordinario de revisión, ya
que para su resolución se debieron agotar los mecanismos dispuestos por el
ordenamiento en el proceso y en la instancia respectiva”.30

De esta manera, en el recurso extraordinario de revisión solo es procedente
ventilar los hechos constitutivos de falsedad que sean conocidos con posterioridad
a la sentencia que se revisa, pues no existiría otro medio o mecanismo procesal
para cuestionar la autenticidad del documento y obtener la justicia material de la
providencia proferida con base en él.

Así las cosas, para que prospere la causal, el recurrente debe haber obtenido la
prueba o certeza de la falsedad de los documentos con posterioridad a la
sentencia atacada y no durante el trámite del proceso ordinario, toda vez que, en
dicho evento, pues deberá poner en conocimiento del juez natural de la causa
dicha situación antes de que se profiera sentencia.

Es decir, el recurso extraordinario de revisión no puede ser utilizado para subsanar
la falta de actividad probatoria o gestión procesal de las partes, sino para cuando
aparezcan situaciones o evidencias posteriores a la decisión definitiva que no
pudieron ser puestas en conocimiento del juez antes de que fallara»31 (Subrayas
de la Sala).

37. En ese orden, para la configuración de la causal en comento se exige la
concurrencia de dos elementos: de un lado, que uno o varios documentos que
sirvieron de fundamento principal a la sentencia recurrida sean falsos o hayan sido
adulterados y de otro, que dicha falsedad o adulteración haya sido determinante en el
sentido de la decisión, de manera que su exclusión hubiera conducido a un fallo
distinto. A ello se suma que el recurrente debe haber conocido la falsedad con

27 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 1 de agosto de 2016, radicado 2015-00027-
00(21635), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
28 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 1 de agosto de 2016, radicado 2015-00027-

00(21635), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez
29 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 1 de agosto de 2016, radicado 2015-00027-

00(21635), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
30 Ibidem.
31 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 16 de

septiembre de 2021. Proceso radicado 11001 03 25 000 2015 00423 00. Consejero Ponente: César
Palomino Cortés

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posterioridad a la sentencia atacada, pues de haberlo hecho durante el trámite
ordinario, correspondía ponerla en conocimiento del juez natural antes de que se
profiriera el fallo, sin que el recurso extraordinario pueda emplearse para suplir esa
inactividad procesal.

38. En ese contexto, se observa que el demandante alega que la anotada causal
se configuró por las razones que se transcriben enseguida:

« El manual de funciones es clave para establecer si el funcionario tenía realmente
competencia, deber u obligación de custodiar o controlar los cheques extraviados.
Por lo cual se desarrolla la sustentado como causal 2 ya que ningún documento
legal ni formal, que haya usado el tribunal utilizo para constatar en su instancia
para sustentar ese fallo que en todo omitió revisar el manual de funciones del
funcionario declarado responsable, podría haber incurrido en una falta de
valoración de prueba determinante, lo que puede constituir una violación al debido
proceso. El manual de funciones es clave para establecer si el funcionario tenía
realmente competencia, deber u obligación de custodiar o controlar los cheques
extraviados. Todo lo argumentado por el alto tribunal carece de legalidad y si utilizo
otros documentos son falsos o adulterados»32 (Subrayas de la Sala).

39. Así, lo que advierte la Sala es que el recurrente no identificó un documento
concreto que haya sido calificado de falso o adulterado y que hubiera servido de
fundamento a la sentencia recurrida. Por el contrario, sus reparos se centran en
reprochar que en la sentencia de segunda instancia se omitió valorar el manual de
funciones de su cargo.

40. En consecuencia, dicha circunstancia resulta insuficiente para satisfacer las
exigencias jurisprudenciales reseñadas, puesto que la causal exige la identificación
objetiva del documento falso y su incidencia determinante en el sentido del fallo.

41. Por ende, el cargo no prospera.

6.6. De la causal contemplada en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA

42. Se determinará si procede el recurso extraordinario de revisión fundado en la
causal concerniente a existir una nulidad originada en la sentencia y que fue
instaurado contra el fallo de segunda instancia que negó las pretensiones en el

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proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se resolvió la declaratoria
de responsabilidad fiscal del recurrente, si se reprocha que: (i) se omitió revisar el
manual de funciones del cargo del actor, (ii) se le impuso una sanción con base en la
responsabilidad objetiva, (iii) se le impidió alegar verbalmente en el trámite de segunda
instancia y (iv) no se respetó su uso de la palabra en las audiencias practicadas en el
proceso.

43. La causal invocada se transcribe a continuación:

«Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

(…)

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que
no procede recurso de apelación»

44. Los elementos de configuración de esta causal invocada son, de un lado, la
existencia de una nulidad que se origina en una sentencia ejecutoriada que puso fin
al proceso y de otro, que contra dicha decisión no proceda recurso de apelación.
Adicionalmente, la jurisprudencia la ha entendido configurada cuando se evidencie
vulneración del derecho al debido proceso. El siguiente pronunciamiento recoge su
alcance:

«De la lectura de la norma se desprende que la configuración de la causal
necesita, de un lado, que haya tenido lugar una nulidad originada en la sentencia
y, del otro, que contra ella no proceda el recurso de apelación. Sin embargo,
debido a que el legislador no determinó cuáles son los eventos en los que se
considera que se ha configurado una “nulidad originada en la sentencia”, ha sido
la jurisprudencia del Consejo de Estado la que ha dotado de contenido esta
disposición33.

Así, esta Corporación ha señalado que esa condición se refiere a situaciones
“originadas en la misma sentencia recurrida o en circunstancias sobrevinientes
con influencia en la decisión, por desconocimiento grave o insaneable de alguna
ritualidad sustantiva propia de la actuación”34.

En ese sentido, de acuerdo con la posición pacífica del Consejo de Estado, esto
implica corroborar que: i) el vicio alegado se originó en la sentencia, es decir, que
se materializó con la adopción misma del fallo y no antes, y ii) la anomalía es de

33 Cfr. Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 16. Sentencia del 5 de mayo de 2020. Radicado

11001031500020170251900.
34 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 7 de octubre de 2019, Radicado

11001333103520080018001.

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tal magnitud que configura un defecto insaneable de la actuación, al punto que,
de no presentarse ese yerro, la decisión adoptada hubiese sido distinta35.

En cuanto a la segunda exigencia, esta Corporación ha señalado que son dos los
grupos de anomalías que pueden dar lugar a un defecto insaneable derivado de
la sentencia36: el primero, relacionado con irregularidades que constituyen causal
de nulidad del proceso y que solo pudieron ser advertidas en la sentencia, y, el
segundo, relativo a los vicios que contiene la propia sentencia y que pueden
derivar en la vulneración del artículo 29 Superior37.

El primer grupo estaría referido entonces a las causales de nulidad procesal
previstas en el CPACA, en el Código de Procedimiento Civil (CPC) o en el Código
General del Proceso, siempre y cuando solo hayan podido advertirse en la
sentencia. El segundo, a la inobservancia de aspectos procesales de tal
transcendencia que tengan impacto en la garantía del debido proceso38, lo cual
excluye la posibilidad de formular, por esta vía, cuestionamientos que
conciernan al contenido de la motivación, a la valoración probatoria o a la
forma de aplicación de una determinada norma.

Así, según la jurisprudencia de esta Corporación39 y a modo enunciativo, una
nulidad originada en la sentencia por circunstancias distintas a las causales de
nulidad procesal previstas en el CPACA o en el Código General del Proceso puede
acaecer en los siguientes eventos: i) cuando se dicta sentencia en un proceso que
terminó por desistimiento, transacción, perención o estando legalmente
suspendido o interrumpido y antes de la oportunidad para reanudarlo; ii) cuando
el fallo aparece firmado por menor o mayor número de magistrados o cuando es
adoptado con un número de votos diferente al previsto en la ley; iii) cuando la
sentencia carece totalmente de motivación; iv) cuando el fallo viola el principio de
non reformatio in pejus; v) cuando la sentencia condena a quien no es parte dentro

35 Cfr. Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 26. Sentencia del 14 de agosto de 2018,

Radicado 11001031500020140309300; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N°22. Sentencia
del 3 de diciembre de 2019, Radicado 11001031500020140309300; Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A. Sentencia del 18 de noviembre de 2018, Radicado
11001032500020150099600.
36 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 26. Sentencia del 3 de febrero de 2015, Rad.:

11001031500019980015701; Consejo de Estado, Sala Especial No. 26. Sentencia del 3 de febrero de
2015 Rad.: 11001031500020110163900; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 22.
Sentencia del 2 de febrero de 2016, Rad.: 11001031500020150234200 y Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión N°2. Sentencia del 1° de octubre de 2019, Rad.: 11001031500020130221600.
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 16 de julio de 2007, Rad.:

11001031500020070065300. Se toma el resumen de la causal contenido en el radicado No
110010315000201300702-00 y reiterado en la sentencia del 1° de noviembre de 2016 proferida por la
Sala Especial de Decisión N° 10, Rad.: 11001031500020120023000.
38 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N°15. Sentencia del 5 de noviembre de 2019.

Radicado 11001031500020180141500.
39 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 3 de febrero de

2015, Rad.: 11001031500020090049400; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 26.
Sentencia del 14 de agosto de 2018, Rad.: 11001031500020140309300; Consejo de Estado, Sala
Plena, Sala Especial de Decisión N° 22. Sentencia del 3 de diciembre de 2019, Rad.:
11001031500020140309300; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de 29 de
abril de 2015, Rad.: 20083531900; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
24 de octubre de 2019, Rad.: 11001032500020130023300; Consejo de Estado, Sala Especial de
Decisión N°15, Sentencia del 5 de noviembre de 2019, Rad.: 11001031500020180141500; Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 24 de octubre de 2019, Rad.:
11001032500020140032500; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 22. Sentencia del 2 de
febrero de 2016, Rad.: 110010315000201502342; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 4.
Sentencia del 23 de julio de 2019, Rad.: 11001031500020180434500.

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del proceso; vi) cuando el fallo se profiere con falta de competencia o de
jurisdicción; vii) cuando se dicta sentencia con pretermisión de las instancias
procesales previas; viii) cuando el demandado es condenado por cantidad
superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente
de la invocada en ésta; o ix) cuando la sentencia carece de congruencia interna o
externa.

La congruencia interna se refiere a la correspondencia que debe existir entre la
parte motiva y la resolutiva de la sentencia, mientras que la externa propende
porque la decisión contenida en parte resolutiva se encuentre en concordancia
con lo pedido en la demanda y en su contestación40, es decir, que haya identidad
jurídica entre lo resuelto y las pretensiones y excepciones oportunamente
presentadas, salvo por las competencias oficiosas que la ley otorga al juzgador41.
Lo anterior encuentra fundamento en el artículo 281 del CGP42 ꟷque reformó el
artículo 305 del CPCꟷ, aplicable por remisión normativa del artículo 306 de la Ley
1437 de 2011.

Cuando falta esa congruencia externa, se habla de decisiones ultrapetita, que
tienen lugar cuando se reconoce un mayor derecho al pretendido, extrapetita
cuando se reconoce un derecho no reclamado o que siendo reclamado se
concede por una causa distinta al supuesto fáctico y jurídico de la demanda, o
infrapetita cuando no se resuelve algún asunto debidamente planteado43. De
fondo, la razón por la cual procede la nulidad originada en la sentencia cuando se
desconoce el principio de congruencia, es porque el fallador excede su
competencia, la que, como se ha dicho, está determinada por las pretensiones y
los fundamentos de la demanda, y por la contestación y las excepciones
propuestas44.

En conclusión, la procedencia de la causal de nulidad originada en la sentencia
de que trata el numeral 5° del artículo 250 del CPACA impone acreditar, de un
lado, que el recurso se interpone contra una sentencia respecto de la cual no
procede el recurso de apelación y, del otro, que el fallo a infirmar dio origen a una
nulidad procesal de las que tratan las codificaciones procesales o a un defecto con
implicaciones graves en la garantía del debido proceso».

40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 1 de marzo de 2018. Radicado

11001-03-25-000-2013-00838-00.
41 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 13 de agosto de 2021. Radiado

11001-03-26-000-2019-00100-00(64246).
42 “ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las

pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con
las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial
sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca
probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o
que la ley permita considerarlo de oficio. (…)”.
43 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 16 de

agosto de 2002. Radicado 760012324000199704345-01(12668).
44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A.

Sentencia de 13 de agosto de 2021. Radiado 11001-03-26-000-2019-00100-00(64246).

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45. Como quedó expresado, también procede esta causal cuando la sentencia viola
el debido proceso constitucional, esto es, cuando se afecta el núcleo esencial del
derecho fundamental al debido proceso que está integrado por las siguientes
garantías mínimas: i) el principio de legalidad; ii) el principio del juez natural; iii) el
derecho a la observancia de las formas propias de cada juicio; iv) el principio de
favorabilidad; v) el derecho a la presunción de inocencia; vi) el derecho a la defensa;
vii) derecho a la publicidad de las actuaciones procesales y la no dilatación
injustificada de las mismas; viii) el derecho a presentar y controvertir pruebas; ix) el
derecho a impugnar las providencias; x) el principio de non reformatio in pejus; xi) el
derecho a no declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente
o ciertos parientes; xii) el principio de independencia judicial; xiii) el derecho de acceso
a la administración de justicia. Así lo ha reconocido la jurisprudencia de esta
Corporación45:

«En efecto, sobre la nulidad originada en la sentencia como causal de revisión,
esta corporación, en sentencia del 5 de abril de 201646, explicó que, igualmente,
se ha aceptado que pueden existir otros motivos no contemplados en los códigos
procesales como causales de nulidad, pero que surgen de la vulneración directa
del artículo 29 Constitucional, evento en el cual corresponderá al juez determinar
si el hecho que se dice contrario a este derecho, puede configurar la causal de
revisión en comento, circunstancia que se deriva de la exigencia de actuar como
juez de constitucionalidad y de convencionalidad en garantía de los derechos
fundamentales de quienes intervienen en un proceso judicial47.

(…)

Así lo entendió también la Sala Especial de Decisión Veintiséis (26) de esta
Corporación, al indicar que “… las causales de nulidad de la sentencia son las
previstas en el estatuto procesal civil, en las condiciones que establece el art. 142
del mismo y las que se originen en la sentencia por violación del debido proceso
constitucional, contemplado en el artículo 29”48.

Es importante aclarar que en estos casos, el juez no está creando una causal
diferente a las legalmente reconocidas, en la medida en que la nulidad originada
en el fallo se deriva del desconocimiento de un mandato constitucional, en donde
el operador judicial es el encargado de determinar si lo que se alega tiene la

45 Cfr radicado 2021-00012-00 del 6 de mayo de 2021; CP Rocío Araujo Oñate.
46 Consejo de Estado, Sala Catorce Especial de Decisión, M.P. Danilo Rojas Betancourth, Rad.
Radicación: 110010315000 2008 00320 00
47 La posición sostenida en la citada Ob.Cit. 26 fue ratificada por el Consejo de Estado, Sala Plena de

lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sentencia del 8.05.2018, M.P. Alberto Yepes
Barreiro Rad. Rad. 1998-153-01 (REV), en la que se unificó el criterio sobre el alcance de la causal,
precisando que puede configurarse cuando se evidencia una violación del artículo 29 Constitucional –
debido proceso.
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial No. 26., M.P. Olga Mélida

Valle de De la Hoz. Rad: 11001-03-15-000-2011-01639-00. En la citada Sala, se aprobaron otras dos
decisiones en igual sentido.

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entidad suficiente para invalidar el fallo de instancia, pues no toda irregularidad
tiene la capacidad de afectar la inmutabilidad de la providencia que ha puesto fin
al proceso, sino únicamente aquellas que tengan un carácter sustancial en la
medida en que incidan en el sentido de la decisión, por afectar el núcleo esencial
o contenido constitucionalmente vinculante del derecho al debido proceso».

46. En síntesis, para que prospere el recurso extraordinario de revisión se debe
verificar: (i) que no proceda recurso de apelación contra la sentencia objeto del
recurso, (ii) que el vicio se refleje en la sentencia misma o en circunstancias
sobrevinientes con influencia en la decisión, (iii) que se alegue y demuestre alguna de
las causales consagradas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil o 133
del Código General del Proceso, dependiendo de cuál sea la norma aplicable al
momento de presentar el recurso extraordinario de revisión, o que se alegue y
demuestre la vulneración al debido proceso constitucional, consistente en que se haya
proferido sentencia con fundamento en una prueba obtenida con violación al debido
proceso u otro motivo que derive expresamente del artículo 29 de la Carta Política, y
(iv) que la anomalía sea de tal entidad que configure un defecto insaneable, al punto
que de no presentarse ese yerro, la decisión a adoptar hubiese sido distinta.

47. En ese orden, en cuanto al primer reproche, relativo a la omisión de revisar el
manual de funciones, la Sala reitera que se trata de un cuestionamiento a la valoración
probatoria efectuada por el Tribunal, aspecto que no se connota dentro de la causal
de nulidad originada en la sentencia.

48. Idéntica conclusión se impone frente al segundo reproche, relacionado con la
imposición de la sanción a partir de la responsabilidad objetiva ya que allí no se
denunció ningún vicio originado en la sentencia recurrida, sino un desacuerdo con el
criterio jurídico adoptado por el Tribunal para determinar la responsabilidad fiscal del
recurrente, cuestión que atañe al fondo del asunto que fue desatado por el Juez
natural de la causa y que por tanto, excede igualmente el alcance de la causal
invocada.

49. En otras palabras, la tesis del recurrente según la cual se le atribuyó
responsabilidad objetiva o funciones no previstas en el manual específico de funciones
plantea un reproche de interpretación jurídica de la sentencia recurrida. Sin embargo,
aun en el escenario hipotético de que dicho entendimiento fuese equivocado, ello no

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constituiría un asunto de una nulidad originada en la sentencia para efectos del
recurso extraordinario de revisión.

50. Finalmente, frente a los reparos tercero y cuarto, referidos a la imposibilidad de
alegar verbalmente en el trámite de segunda instancia y a la falta de respeto al uso de
la palabra en las audiencias practicadas, la Sala advierte que dichas circunstancias,
de haber ocurrido, no constituirían una nulidad originada en la sentencia, sino, en todo
caso, irregularidades ocurridas durante el trámite procesal, esto es, con anterioridad
a la decisión que se recurre. Ello es relevante, pues como se explicó en la
conceptualización del numeral 5º del artículo 250 del CPACA, dicha causal exige que
el vicio se materialice con la adopción misma del fallo y no antes, de manera que las
anomalías ocurridas en el curso de las audiencias y en la forma en la que se ordenó
la práctica de los alegatos en segunda instancia, resultan extrañas al objeto de la
causal invocada.

51. Se agrega que el recurrente tampoco invocó ninguna de las causales de nulidad
taxativamente previstas en el artículo 133 del CGP49, presupuesto indispensable para
que pueda entenderse configurada una irregularidad con entidad suficiente para
afectar la validez de la actuación. Ahora, aun si se admitiera que los hechos alegados

49 «Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los

siguientes casos:
1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.
2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente
concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.
3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de
suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida.
4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su
apoderado judicial carece íntegramente de poder.
5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite
la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.
6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer
su traslado.
7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la
sustentación del recurso de apelación.
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas
determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban
ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes,
cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona
o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.
Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del
auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la
notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que
se haya saneado en la forma establecida en este código.
Parágrafo. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan
oportunamente por los mecanismos que este código establece»

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se subsumen en alguna de esas causales, lo cierto es que habrían quedado saneadas
por no haberse alegado oportunamente, de conformidad con el numeral 1º del artículo
136 del CGP50, según el cual la nulidad se sanea cuando la parte que podía alegarla
no lo hizo y actuó dentro del trámite.

52. Con todo, la Sala advierte que el Tribunal prescindió del traslado para alegar
de conclusión en segunda instancia en virtud de lo previsto en el artículo 247 del
CPACA51 modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 ya que no se solicitó
pruebas en segunda instancia, decisión que valga señalar, no fue objeto de recursos
por parte del actor. Sobre el particular, en proveído del 25 de agosto de 2022, se
indicó:

« El artículo 673 (Sic) de la Ley 2080 de 2021 modificó el artículo 247 de la Ley
1437 de 2011, eliminando la audiencia de alegaciones y juzgamiento, disponiendo
además la posibilidad de alegatos a las partes únicamente cuando en el trámite
de segunda instancia se hubiere decretado pruebas.

En el presente caso no es necesario practicar pruebas en consecuencia no se
dispondrá de alegaciones por las partes, pero se informará que podrán
pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado hasta la ejecutoria
del presente auto. Por su parte el Agente del Ministerio Público podrá emitir
concepto, desde que se admite el recurso y hasta antes de que ingrese el proceso
al despacho para sentencia»52 (Subrayas de la Sala).

50 « Artículo 136. Saneamiento de la nulidad. La nulidad se considerará saneada en los siguientes

casos:
1. Cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla»
51 «Artículo 247. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación

contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente
procedimiento:
1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, dentro de
los diez (10) días siguientes a su notificación. Este término también aplica para las sentencias dictadas
en audiencia.
2. Cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio, total o parcialmente, y contra este
se interponga el recurso de apelación, el juez o magistrado ponente citará a audiencia de conciliación
que deberá celebrarse antes de resolverse sobre la concesión del recurso, siempre y cuando las partes
de común acuerdo soliciten su realización y propongan fórmula conciliatoria.
3. Si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales, se concederá
mediante auto en el que se dispondrá remitir el expediente al superior. Recibido el expediente por el
superior, este decidirá sobre su admisión si encuentra reunidos los requisitos.
4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en
segunda instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de apelación
formulado por los demás intervinientes.
5. Si fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de
alegatos por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá
lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia
dentro de los diez (10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que
admite el recurso» (Subrayas de la Sala).
52 Visible en el índice 3 del Sistema de Gestión Samai del proceso objeto de controversia.

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53. De lo anterior se sigue que la ausencia de alegatos en segunda instancia no
obedeció a una decisión arbitraria del Tribunal ni a la vulneración del derecho de
defensa del recurrente, sino a la aplicación de una norma legal expresa, conforme a
la cual el traslado para alegar solo procede cuando se han decretado pruebas en esa
instancia, supuesto que no se presentó en el caso concreto.

54. Por ende, al no acreditarse ninguno de los presupuestos exigidos para la
procedencia de la causal objeto de controversia, el cargo no está llamado a prosperar.

6.7. De la causal contemplada en el numeral 7 del artículo 250 del CPACA

55. Por último, se absolverá si procede el recurso extraordinario de revisión,
fundado en la causal relativa a no tener la persona en cuyo favor se decretó una
prestación periódica la aptitud necesaria para su reconocimiento, si fue instaurado
contra el fallo de segunda instancia que negó las pretensiones en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho en el que se discutió la declaratoria de
responsabilidad fiscal del recurrente.

56. La causal objeto de controversia se transcribe enseguida:

«Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

(…)

7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo
del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con
posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su
pérdida»

57. Esta Corporación, respecto de esa causal, mediante fallo del 4 de marzo de
2021 indicó:

« El numeral séptimo del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo regula la causal del recurso extraordinario de
revisión por “7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación
periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa
aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales
legales para su pérdida (…)”.

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Sobre el particular, esta Corporación, en sendos pronunciamientos, ha indicado
los elementos estructurales que componen la causal señalada en el numeral
séptimo del artículo 250 del CPACA, a saber53:

(i) Que el objeto del recurso sea una sentencia mediante la cual se decrete la
pérdida o se reconozca a favor de determinada persona una prestación periódica,
dentro de las cuales cabe mencionar las pensiones de jubilación, de vejez, de
invalidez, de sustitución, y la asignación de retiro de los miembros de la fuerza
pública, principalmente. En cuanto al carácter de la prestación decretada, se
aclara que la causal no se refiere únicamente a pensiones, sino que se extiende
a prestaciones periódicas.

Lo anterior significa que no son susceptibles de esa causal las sentencias que
niegan dicha clase de prestación periódica, como tampoco las que resuelvan
sobre aspectos posteriores a su reconocimiento, en particular los concernientes a
su reliquidación, factores dejados de incluir y, en general, modificación o discusión
de su monto.

(ii) Que la cuestión decidida en dicha sentencia haya sido la «aptitud legal» para
acceder o perder el derecho de gozar de esa prestación periódica. Los supuestos
señalados por la norma pueden resumirse así:

a) Cuando la persona obtuvo el reconocimiento sin tener derecho a él. Esto puede
ocurrir, por ejemplo, en el evento en el que la sentencia reconoce una pensión a
quien no reúne los requisitos;
b) Cuando la persona que ha obtenido el reconocimiento pierde su aptitud legal
por cuestiones de hecho. Tal es el caso de quien recibe una pensión de invalidez
y recupera su salud, con la consecuente posibilidad de reintegrarse a la vida
laboral;
c) Cuando sobrevenga una causal legal para la pérdida de la prestación»54

58. En ese orden, resulta evidente que la anotada causal no es procedente en este
asunto, pues su ámbito de aplicación se circunscribe a las sentencias que deciden
sobre el reconocimiento o la pérdida de una prestación periódica (como las pensiones
de jubilación, de vejez, de invalidez o de sustitución, o la asignación de retiro de los
miembros de la fuerza pública) y exige que lo controvertido sea, precisamente la
aptitud legal de una persona para acceder a dicha prestación o para conservarla. La
sentencia objeto del recurso, sin embargo, no versó sobre una prestación de esa
naturaleza, sino que negó las pretensiones formuladas en el proceso de nulidad y

53 Ver la sentencia del 7 de diciembre de 2010. Expediente 11001-03-15-000-2005-00297-01(REV).

M.P.: Rafael E. Ostau de Lafont Pianetta; la sentencia del 13 de febrero de 2020 con número de
radicado: 11001-03-25-000-2016-00287-00 (1637-16), M.P.: Rafael Francisco Suárez Vargas y la
sentencia del 29 de octubre de 2020 con Radicación número: 11001-03-25-000-2015-00138-00(0287-
15), M.P.: William Hernández Gómez.
54Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B.
Sentencia del 4 de marzo de 2021. Proceso radicado 11001 03 25 000 2013 01223 00. Consejero
Ponente: César Palomino Cortés.

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restablecimiento del derecho en el que se discutió la declaratoria de responsabilidad
fiscal del recurrente.

59. En suma, al no existir prestación periódica alguna reconocida o denegada en
la providencia atacada, el cargo no prospera.

6.8. Costas

60. Vistos los artículos 18855 y 25556 del CPACA, así como el artículo 365 del
CGP57, en especial su numeral 8, la Sala considera que hay lugar a imponer una
condena en costas a la parte demandante, como quiera se declarará infundado el

55 «Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil.»
56 «Artículo 255. Sentencia. Vencido el período probatorio se dictará sentencia.

Si el competente encuentra fundada alguna de las causales de los numerales 1 a 4 y 6 a 8 del
artículo 250 de este código, o la del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, invalidará la
sentencia revisada y dictará la que en derecho corresponde.
En la sentencia que invalide la decisión revisada se resolverá sobre las restituciones, cancelaciones,
perjuicios, frutos, mejoras, deterioros y demás consecuencias de dicha invalidación. Si en el expediente
no existiere prueba para imponer la condena en concreto, esta se hará en abstracto y se dará
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 193 de este código.
Si halla fundada la causal del numeral 5 del señalado artículo 250, o la del literal a) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, declarará la nulidad de la sentencia o de la actuación afectada con la causal que
dio lugar a la revisión, y devolverá el proceso a la autoridad judicial de origen para que rehaga lo actuado
o dicte sentencia de nuevo, según corresponda.
Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente.
57 «Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en

que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente
el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además,
en los casos especiales previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la
formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de
lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará
al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas
o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en
proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por
partes iguales entre ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les
reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán
renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción».

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recurso extraordinario de revisión. Por lo tanto, se dará aplicación al Acuerdo PSAA
16- 10554 del 5 de agosto de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura,
y se impondrá a favor de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, por este
concepto y a cargo del demandante la suma equivalente a 1 salario mínimo legal
mensual vigente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS al demandante y en favor de la Contraloría
Departamental del Valle del Cauca, en la suma equivalente a 1 salario mínimo legal
mensual vigente, según lo explicado en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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