Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2019-00068-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2019-00068-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2019-00068-00
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
1 de noviembre de 2023
Radicado: 11001-03-26-000-2019-00068-00 (63842)
Recurrentes: Jhon Jairo Soto Vanegas y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., primero (1°) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-26-000-2019-00068-00 (63842)
Recurrentes: JHON JAIRO SOTO VANEGAS Y OTROS
Asunto: Causal de documento recobrado
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide en única instancia el recurso extraordinario de revisión interpuesto
contra la sentencia proferida el ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018) por el
Tribunal Administrativo del Quindío, dentro del proceso de reparación directa 63001-
33-33-752-2014-00111-01.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Mediante sentencia de ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018), el Tribunal
Administrativo del Quindío confirmó la decisión de primera instancia que declaró
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio de
La Tebaida (Quindío) y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de ese municipio y negó
las pretensiones de la demanda presentada por Jhon Jairo Soto Vanegas y otros en
contra de dichas entidades, en la que solicitaban que se las declarara responsables
por la muerte de la señora Josefa de Jesús Vanegas Naranjo a causa del impacto de
una hoja de palma que cayó sobre ella cuando transitaba por una vía pública
(expediente 63001-33-33-752-2014-00111-00). Los recurrentes alegan que en dicha
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sentencia se materializó la causal de revisión prevista en el numeral 1° del artículo 250
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), esto es, “[h]aberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia
documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente
y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o
por obra de la parte contraria”.
II. ANTECEDENTES
1. Antecedentes relevantes del proceso de reparación directa
1.1. El ocho (8) de octubre de dos mil catorce (2014), en ejercicio de la acción de
reparación directa, Jhon Jairo Soto Vanegas ꟷen nombre propio y en representación
de su hijo menor Juan Carlos Soto Zapataꟷ y Fabio Hernán Soto, solicitaron que se
declararan administrativamente responsables al municipio de la Tebaida (Quindío) y al
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de ese municipio, por la muerte de la señora Josefa
de Jesús Vanegas Naranjo, junto con la correspondiente condena al pago de perjuicios
morales y patrimoniales1.
Como sustento fáctico de su demanda, narraron que el catorce (14) de septiembre de
dos mil doce (2012) la señora Vanegas Naranjo se desplazaba como pasajera en una
motocicleta que conducía su hijo Jhon Jairo Soto Vanegas, cuando fue impactada por
una hoja de palma que le cayó encima causándole la muerte. A juicio de la parte actora,
las demandadas estaban llamadas a reparar los perjuicios en cuando el accidente
ocurrió en una vía del municipio de la Tebaida y el desprendimiento de la hoja fue
ocasionado por la falta de mantenimiento de las palmeras allí ubicadas.
Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, las accionadas dieron
contestación a la demanda oponiéndose a las pretensiones formuladas y alegando la
falta de legitimación en la causa por pasiva2. Como pruebas, aportaron, entre otras,
1 Índice 19 de SAMAI, folios 3 a 9 del documento PDF descrito como “cuaderno2.pdf”, ubicado en la
carpeta RAR “Anexos_Juzgado_2_Administrativ o_Armenia_Quindio(.rar) NroAc tua 19”.
2 Índice 19 de SAMAI. A folios 76 al 87 del documento PDF descrito como “cuaderno2.pdf”, ubicado
dentro de la carpeta RAR “Anexos_Juzgado_2_Administrativ o_Armenia_Quindio(.rar) NroAc tua 19”,
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copia del contrato No. 084 del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012) suscrito
entre esas dos entidades con el objeto de acordar “la prestación del servicio por parte
del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Tebaida Quindío, en la prevención y
atención de incendios y calamidades conexas en el Municipio descrito, tanto en el área
urbana como rural”, y de su adenda del día veintiséis (26) de esos mismos mes y año3,
con la que se adicionó la actividad de “asistir en la tala de árboles a la Unidad de
Desarrollo Rural y Ambiental (UDRA)”.
1.2. El veintisiete (27) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito de Armenia dictó sentencia en la que declaró probada
la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta y negó las
pretensiones de la demanda, por considerar que quien tenía a su cargo el
mantenimiento de la vía en donde ocurrió el accidente y de los árboles circundantes
era el Departamento del Quindío y no las accionadas4.
1.3. El tres (3) de octubre de dos mil diecisiete (2017) la parte demandante presentó
recurso de apelación alegando que el municipio de La Tebaida era el propietario de
las palmas que causaron el accidente, lo cual lo hacía responsable por su
mantenimiento, cuidado y conservación, conclusión que soportó en el contrato
celebrado entre el municipio y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios para esos efectos5.
1.4. El Tribunal Administrativo del Quindío profirió sentencia de segunda instancia el
ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018), confirmando la decisión del Juzgado6.
se encuentra la contestación presentada por el municipio y a folios 157 al 168 de esa misma carpeta la
radicada por el Cuerpo de Bomberos.
3 Índice 19 de SAMAI. Folios 171 al 177 del documento PDF descrito como “cuaderno2.pdf”, carpeta
RAR “Anexos_Juzgado_2_Administrativ o_Armenia_Quindio(.rar) NroAc tua 19”.
4 Índice 19 de SAMAI. Folios 145 al 167 del documento PDF descrito como “cuaderno1.pdf”, carpeta
RAR “Anexos_Juzgado_2_Administrativ o_Armenia_Quindio(.rar) NroAc tua 19”.
5 Índice 19 de SAMAI. Folios 170 al 175 del documento PDF descrito como “cuaderno1.pdf”, carpeta
RAR “Anexos_Juzgado_2_Administrativ o_Armenia_Quindio(.rar) NroAc tua 19”.
6 Índice 19 de SAMAI. Folios 203 al 226 del documento PDF descrito como “cuaderno1.pdf”, carpeta
RAR “Anexos_Juzgado_2_Administrativ o_Armenia_Quindio(.rar) NroAc tua 19”.
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Para el Tribunal, si bien de conformidad con la Ley 105 de 19937 la obligación de
mantenimiento de las vías no se limita a la conservación de la capa asfáltica sino
también al cuidado de las zonas aledañas a la calzada, incluyendo las actividades de
poda, corte y retiro de árboles, en este caso las pruebas allegadas al proceso,
especialmente el contrato de prestación de servicios No. 084 de 2012 y su adenda,
dan cuenta de que al momento de los hechos ni el municipio de La Tebaida ni el
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de ese municipio habían asumido la obligación legal
o contractual de la poda de árboles ubicados en la vía donde ocurrió el accidente,
conocida como “Cruce Ruta 40 La Tebaida – El Edén – Club Campestre”, sino que
esta pertenecía al Departamento del Quindío y hacía parte del plan vial departamental,
siendo entonces esa entidad territorial la encargada de su mantenimiento y control.
2. El recurso extraordinario de revisión
El trece (13) de febrero de dos mil diecinueve (2019), Jhon Jairo Soto Vanegas ꟷen
nombre propio y en representación de su hijo menor Juan Carlos Soto Zapataꟷ y Fabio
Hernán Soto, presentaron recurso extraordinario de revisión en contra de la sentencia
proferida el ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018) por el Tribunal
Administrativo del Quindío, alegando la configuración de la causal prevista en el
numeral 1° del artículo 250 del CPACA, esto es, “[h]aberse encontrado o recobrado
después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera
podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso
por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”8, pues, según afirman
“(…) el municipio de La Tebaida no los entregó mediante derecho de petición realizado
el día 15 de julio de 2014, en el cual se le solicitó copia de los informes sobre el
mantenimiento y cuidado de las palmas entre julio y diciembre de 2012, ni los aportó
al proceso en la contestación de la demanda. Inclusive, el cuerpo de bomberos
voluntarios de La Terbaida al contestar la demanda negó la existencia de contrato de
prestación de servicios durante el año 2012 con ese objeto jurídico (…)”.
7 “Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y
recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector
transporte y se dictan otras disposiciones”.
8 Folios 1 al 15, cuaderno principal.
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Así, indican que, con el objeto de recabar información para la demanda de reparación
directa, el quince (15) de julio de dos mil catorce (2014) presentaron un derecho de
petición ante el municipio de La Tebaida solicitando una constancia sobre cuál era la
entidad encargada del mantenimiento de las palmas ubicadas en la vía donde ocurrió
la muerte de la señora Josefa de Jesús Vanegas Naranjo así como información
relacionada con ese asunto, frente a lo cual la entidad respondió que era el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de La Tebaida, sin mencionar al Departamento del Quindío ni
hacer entrega de los informes de mantenimiento.
Con ese convencimiento presentaron la demanda cuyas pretensiones fueron negadas
en las dos instancias, frente a lo cual señalan que “si hubiera existido prueba de que
para el día de los hechos el mantenimiento de las palmas hubiera estado en cabeza
del municipio de La Tebaida o el cuerpo de bomberos voluntarios, entonces, la
sentencia habría sido otra”.
Aunque con la contestación de la demanda las entidades accionadas aportaron la
copia del contrato No. 084 de veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012) y de su
adenda del día veintiséis (26) de esos mismos mes y año, en el recurso se afirma que
“una vez en firme la sentencia, a mi mandante un empleado del municipio de La
Tebaida le indicó que para el día de los hechos sí existía contrato de prestación de
servicios entre el Municipio y el cuerpo de bomberos para la poda de esas palmas y
existía todo un expediente al respecto”, por lo que mediante derecho de petición del
primero (1) de junio de dos mil dieciocho (2018), solicitaron al municipio la “copia del
contrato de prestación de servicios celebrado entre el Municipio y el cuerpo de
bomberos para el mes de septiembre del año 2012, cuyo objeto jurídico era la poda de
las palmas que ocasionaron el siniestro que nos ocupa”, en virtud de lo cual se les
entregó copia del contrato No. 084 de 2012 y de su adenda, así como 381 folios de
informes de mantenimiento y poda de árboles para el 2012.
A juicio de la parte recurrente, “con los anexos que me entregaron con los trámites
realizados entre julio de 2018 y enero de 2019, se prueba que los demandados sí
tenían la guarda jurídica de las palmas que ocasionaron el siniestro, y que dichos
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documentos no se aportaron al proceso por obra de la parte contraria” (resaltado
propio del texto).
3. Trámite del recurso y oposición
3.1. Mediante auto de veintiuno (21) de junio de dos mil diecinueve (2019), se admitió
el recurso extraordinario de revisión y se ordenó notificar del mismo a las entidades
demandadas y al Ministerio Público9.
3.2. Durante el término de traslado, solo el Procurador Delegado para la
Conciliación Administrativa intervino, mediante Concepto No. 17 de 2019,
solicitando declarar infundado el recurso extraordinario de revisión, ya que, si bien la
prueba aportada tiene el carácter de recobrada, ella no tiene la potencialidad de
cambiar el sentido de la decisión, pues no demuestra que las entidades demandadas
tuvieran la obligación legal o contractual del mantenimiento de la vía.
3.3. Posteriormente, por auto de veintiuno (21) de febrero de dos mil veintidós (2022)
el Despacho decretó como pruebas del proceso las documentales aportadas junto con
el recurso extraordinario de revisión y dispuso la remisión de la copia del expediente
contentivo del proceso de reparación directa No. 63001-33-33-752-2014-00111-01,
petición que fue atendida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial
de Armenia10.
3.4. El nueve (9) de agosto de dos mil veintitrés (2023), el expediente ingresó al
Despacho para adoptar la decisión que en derecho corresponda11.
9 Folios 100 al 102, cuaderno principal.
10 Folios 123 al 127, cuaderno principal. El expediente ordinario fue remitido en archivo digital y obra a
índice 19 de SAMAI. De las pruebas se corrió traslado a las partes el 24 de julio de 2023, según consta
en el índice 25 de SAMAI.
11 Índice 27 SAMAI.
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III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 249 del CPACA12, en concordancia con
lo establecido en el numeral 10 del artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 ꟷReglamento
Interno de la Corporación13ꟷ, esta Subsección es competente para resolver el
presente recurso extraordinario de revisión.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si la sentencia proferida el ocho (8) de febrero de
dos mil dieciocho (2018) por el Tribunal Administrativo del Quindío, dentro del proceso
de reparación directa 63001-33-33-752-2014-00111-01, se encuentra incursa en la
causal primera de revisión prevista en el artículo 250 del CPACA, esta es, “[h]aberse
encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con
los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo
aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.
Para tales efectos, la Sala planteará algunas consideraciones generales relacionadas
con el recurso extraordinario de revisión y la causal señalada por la parte recurrente,
a partir de lo cual se dará solución al asunto sub examine.
12 “ARTÍCULO 249. COMPETENCIA. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las
secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales
Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. (…)”.
13 “ARTÍCULO 13.- DISTRIBUCIÓN DE LOS PROCESOS ENTRE LAS SECCIONES. Para efectos de
repartimiento, los asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre
sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así (…) Sección
Tercera: 10. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única instancia dictados por
los tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección.”.
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3. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión es una herramienta prevista en las diferentes
jurisdicciones que tiene como propósito despojar del carácter inmutable y de cosa
juzgada que, por regla general, tienen las decisiones judiciales, ante el acaecimiento
de circunstancias excepcionales que permiten sostener que determinada sentencia es
contraria a derecho. Así lo definió la Corte Constitucional al concluir que se trata de un
mecanismo para evitar “que persistan dentro del ordenamiento jurídico sentencias que
vulneren el debido proceso, o que no se ajusten al derecho y a la Constitución”14.
En la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el recurso extraordinario de revisión
se consagró en el artículo 185 del Decreto 01 de 1984 y se mantuvo en la Ley 1437
de 2011, con el propósito de permitir a los jueces reexaminar determinadas sentencias
a efectos de establecer si estas son contrarias al ordenamiento jurídico 15, siempre que
se configure alguna de las causales taxativamente previstas en la ley16. De acuerdo
con lo consagrado en el artículo 248 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, este recurso procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones del Consejo de Estado, por
los tribunales administrativos y por los jueces administrativos.
Se trata, además, de un proceso independiente y autónomo del que dio origen a la
sentencia cuya revisión se precisa, de forma que no puede entenderse como una
instancia adicional. En consecuencia, este recurso no es la vía para corregir los yerros
14 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-090 de 1998.
15 Sobre el punto la Corte Constitucional en sentencia C-871 de 2003 señaló: “Con todo, el principio de
la cosa juzgada no tiene carácter absoluto pues puede llegar a colisionar con la justicia material del caso
concreto. Para enfrentar tal situación se ha consagrado la acción de revisión, la cual permite en casos
excepcionales dejar sin valor una sentencia ejecutoriada en aquellos casos en que hechos o
circunstancias posteriores a la decisión judicial revelan que ésta es injusta. En este sentido puede
afirmarse que la revisión se opone al principio “res iudicata pro veritate habertur” para evitar que
prevalezca una injusticia, pues busca aniquilar los efectos de la cosa juzgada de una sentencia injusta
y reabrir un proceso ya fenecido. Su fin último es, entonces, buscar el imperio de la justicia y verdad
material, como fines esenciales del Estado”.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 17 de julio de 2013,
radicado 11001031500020120023100.
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probatorios de las partes, ni para reconducir el proceso en hechos, pruebas o
argumentos, revivir términos o reabrir el debate surtido en el trámite ordinario17.
4. La causal de revisión contenida en el numeral 1º del artículo 250 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
El numeral 1° del artículo 250 del CPACA establece como causal de revisión la de
“[h]aberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de
la parte contraria”.
Sobre el alcance de esta causal, el Consejo de Estado ha establecido que su
procedencia está supeditada a que se logre acreditar18:
a. Que se trata de una prueba documental, lo que, de suyo, excluye otros medios
de prueba, “comoquiera que por tratarse de un recurso extraordinario la
interpretación debe hacerse con un criterio restrictivo”19.
b. Que el documento existía al momento de proferirse la sentencia, solo que no se
aportó al proceso porque se encontraba extraviada o refundida. Lo anterior, bajo
el entendido de que “[e]l verbo “recobrar” implica que se hubiere perdido algo que
17 Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia del 3 de diciembre de 2019,
radicado 11001-03-15-000-2018-03791-00 (REV).
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de junio de 2014, radicación
27001-23-31-000-2002-00927-01 (34504); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 2 de agosto de 2019, radicación 73001-33-33-004-2013-00105-01 (54488); Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de agosto de 2019, radicación 08001-33-31-
010-2007-00210-01 (49965); Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de
mayo de 2020, radicación 68001-33-31-002-2007-00142-01 (51419); y Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de octubre de 2020, radicación 68679-33-31-001-2009-00117-
01 (57131).
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 9 de mayo de 2012,
radicación 01820.
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más tarde se recupera”20, de manera que “no resultan admisibles aquellos
documentos fechados posteriormente”21.
c. Que la prueba no haya sido aportada al trámite del proceso ordinario por fuerza
mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria, lo cual debe ser debidamente
acreditado por el interesado.
Respecto a los dos primeros eventos, la jurisprudencia de esta Corporación ha dicho
que “no basta con una dificultad por grave que pueda parecer, por cuanto la ley exige
una verdadera ‘imposibilidad’ apreciada objetivamente (…)” 22, de manera que debe
tratarse de hechos imprevisibles e irresistibles que excluyan la conducta culposa, la
negligencia o el error como causa del impedimento para aportar la prueba23. En cuanto
al obrar de la parte contraria, el Consejo de Estado ha indicado que debe entenderse
“como la conducta de la parte que ganó el proceso, quien con su actuar intencional
logró que el documento que le daría el triunfo a su contraparte no se pudiera aportar
al expediente en razón de que lo retuvo u ocultó, precisamente con el propósito de que
no sirviera como prueba”24.
En ese sentido, el documento no debe haber estado en poder del recurrente, pues de
ser así bien hubiera podido ser aportado dentro del trámite ordinario. Y es que, se
insiste, esta no es una oportunidad para enmendar la inactividad o negligencia
probatoria, sino para corregir la causa insuperable para hacer valer la prueba dentro
del proceso25.
20 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 8, sentencia del 2 de junio de 2015, radicación
11001-03-15-000-2007-00879-00.
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de agosto de 2019, radicación 08001-33-31-
010-2007-00210-01 (49965).
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 18 de octubre de 2005,
radicación 1998-00173.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 31 de mayo de 2018, radicación
11001-03-25-000-2014-00629-00.
24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de diciembre de
2005, radicación 11001-03-15-000-1999-00218-01.
25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 4 de junio de 2021, radicación
08001-23-31-000-2009-00989-01(46989), citando la sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de octubre de 1994, radicación 043.
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d. Finalmente, esta Corporación ha considerado que debe tratarse de un
documento transcendental o decisivo, al punto que su incorporación al proceso
hubiere derivado en una decisión totalmente distinta a la que se adoptó en la
sentencia a revisar26.
Dada la excepcionalidad del recurso extraordinario y sus precisas condiciones de
procedencia, es menester que todos estos elementos concurran de manera simultánea
para entender configurada la causal.
5. Caso concreto
Conforme con lo explicado en el acápite que precede, corresponde establecer si en la
situación objeto de estudio se materializan los supuestos para la procedencia de la
causal de revisión contenida en el numeral 1° del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Al respecto, la parte recurrente afirma que después de proferida la sentencia de
segunda instancia tuvo conocimiento de la existencia de documentos que, de haber
sido tenidos en cuenta para resolver la reclamación de responsabilidad, hubieran
llevado al Tribunal a un fallo condenatorio.
A pesar de que el escrito del recurso no es claro frente a cuáles son específicamente
esos documentos que tendrían la calidad de haber sido recobrados ꟷlo cual puede
explicarse por el hecho de que la parte actora mezcla argumentos propios de esta
instancia con otros que parecen estar más relacionados con el debate del trámite
ordinarioꟷ la Subsección entiende que se trata de: i) el contrato de prestación de
servicios No. 084 del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012); ii) la adenda del
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de noviembre de
2005, radicación 11001-03-15-000-1999-00218-01; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, sentencia del 17 de julio de 2013, radicación 11001-03-15-000-02009-00062-00; Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión N° 4, sentencia del 1
de marzo de 2016, radicación 11001-03-15-000-2015-01917-00; Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 1 de agosto de 2018, radicación 47001-23-31-000-2000-00851-01 (1234-
11); Consejo de Estado, Sección Segunda, subsección B, sentencia del 13 de julio de 2017, radicación
11001-03-25-000-2013-00520-00(1025-13; y Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 20,
sentencia del 7 de junio de 2016, radicación 11001-03-15-000-2007-00958-00.
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día veintiséis (26) de esos mismos mes y año, y iii) los informes de mantenimiento y
poda de árboles correspondientes al año 2012.
Pues bien, en relación con el contrato y su adenda, la Sala advierte que, de
conformidad con el material probatorio obrante en este asunto y como lo reconoce el
propio recurrente, esos documentos no tienen realmente la condición de recobrados
pues ellos fueron aportados por las entidades accionadas al proceso de reparación
directa 63001-33-33-752-2014-00111-01 e hicieron parte de los elementos de prueba
que se analizaron en esa causa27, razón más que suficiente para determinar que ellos
no se encontraban perdidos o extraviados y que tampoco fueron extraños o ajenos al
conocimiento de la parte interesada dentro del presente proceso. De hecho, en la
sentencia que aquí se acusa el Tribunal expresamente indicó:
“(…) es menester estudiar los contratos anexos:
• Contrato de prestación de servicios No. 084 del 22 de marzo de
2012. Este tiene dentro de su objeto la prevención y atención de
incendios.
• Adenda al contrato, en donde se adiciona la obligación de tala de
árboles, de fecha de 26 de marzo de 2012.
• En comunicación DA-477-2013 del 31 de diciembre de 2013, el
alcalde aclara el alcance de las obligaciones de poda de árboles, en
el sentido (sic) las mismas se adicionaron por requerimientos de la
CRQ del 6 de diciembre de 2012 y de la profesional universitaria de
la UDRA municipal del 25 de julio de 2013.
• Estudios previos de agosto de 2013, enero de 2014, enero de 2013,
todos los que hacen alusión a los requerimientos de la CRQ y de la
UDRA entes (sic) mencionados.
Del análisis integral de los anteriores documentos se infiere que a la fecha de
ocurrencia del accidente (14 de septiembre de 2012) ni el municipio, ni el
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Tebaida, habían asumido obligación
alguna en torno a la poda de los árboles ubicados alrededor de la vía objeto del
presente proceso.” (Resaltado fuera de texto).
En consecuencia, es claro que estos documentos no reúnen las condiciones para ser
considerados como recobrados, pues no solo obraron en el proceso ꟷincluso desde
el trámite de la primera instanciaꟷ, sino que fueron debidamente valorados por el
27 Índice 19 de SAMAI. Folios 171 al 177 del documento PDF descrito como “cuaderno2.pdf”, carpeta
RAR “Anexos_Juzgado_2_Administrativ o_Armenia_Quindio(.rar) NroAc tua 19”.
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Tribunal al adoptar la decisión que aquí se causa, solo que, con base en ellos y en el
conjunto de elementos probatorios allegados a ese asunto, esa autoridad judicial
decidió declarar la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva,
descartando así la responsabilidad de las demandadas.
Y, en cuanto a los informes de mantenimiento y poda de árboles correspondientes al
año 2012, esta Subsección encuentra que tampoco se cumplen los presupuestos de
procedencia de la causal de revisión alegada como quiera que: i) no se demostró que
efectivamente se tratara de pruebas encontradas o recobradas; ii) no se comprobó que
ellos no hubieran podido ser aportados al proceso por fuerza mayor, caso fortuito o por
obra de la parte contraria, y, finalmente, iii) tampoco se logró acreditar que su presencia
en el proceso hubiera llevado al Tribunal a adoptar una decisión diferente.
En efecto, es claro que esos documentos no estaban perdidos o extraviados, pues se
encontraban en poder de las autoridades que los expidieron y eran de fácil
consecución, de manera que, aunque la parte no los tuviera en su poder para el
momento en que presentó la demanda, ello no implica que se encontraran realmente
perdidos. En ese sentido, no puede afirmarse que esos informes tengan la calidad de
prueba recobrada en tanto, como lo ha indicado esta Corporación, “no se puede
recobrar aquello que pudo ser solicitado por las partes durante las oportunidades
procesales correspondientes”28.
De otra parte, tampoco se acreditó que existieran motivos de fuerza mayor, caso
fortuito u obra de la contraparte que hubieran impedido su aportación al proceso; al
respecto, lo único que se indicó en el recurso es que ello obedeció a que no le fueron
entregados en respuesta al derecho de petición que presentó la parte recurrente en el
mes de julio del año 2014, circunstancia que, evidentemente, no puede entenderse
como una “verdadera ‘imposibilidad’ apreciada objetivamente” para su aportación29,
pues bien se hubiera podido insistir en su entrega ante las autoridades encargadas o
28 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 14, sentencia del 4 de febrero de 2020, radicación
11001-03-15-000-2017-02615-00.
29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 18 de octubre de 2005,
Rad. 1998-00173. Citada en Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 31 de
mayo de 2018, radicación 11001-03-25-000-2014-00629-00.
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ser pedidos como prueba por oficio para que los jueces ordenaran que fueran
allegados al expediente de reparación30.
En este punto, debe recordarse que, de conformidad con el artículo 177 del Código de
Procedimiento Civil, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, así como velar por sus intereses,
impulsar el proceso y prestar su colaboración para que sea posible recaudar el material
probatorio necesario para la resolución del asunto sub lite en las instancias
correspondientes, sin que pueda acudirse al escenario excepcional del recurso
extraordinario de revisión para subsanar omisiones o errores cometidos durante la
etapa probatoria, en aplicación del principio nemo propriam turpitudinem allegans
potest, según el cual, nadie puede alegar y beneficiarse de su propia culpa.
Por último, en relación con estos documentos, la Sala advierte que los recurrentes,
más allá de una genérica afirmación, no señalaron de manera expresa las razones por
las cuales ellos resultaban decisivos al punto que, de haber estado en el plenario,
habrían llevado al ad quem a una conclusión distinta. Sin embargo, lo que se encuentra
es que realmente estos informes resultaban intrascendentes teniendo en cuenta que
lo que concluyó el Tribunal fue que no había legitimación en la causa por pasiva de las
entidades demandadas, pues no se había logrado demostrar su responsabilidad en
relación con el mantenimiento de una vía secundaria del orden departamental.
En este escenario, las alegaciones de los recurrentes pretenden insistir en un
argumento que ya fue decidido por el juez natural de la causa, cuando es claro que
esta herramienta extraordinaria no permite reabrir el debate probatorio o cuestionar la
valoración efectuada en el trámite ordinario a modo de una tercera instancia31.
En consecuencia, por todo lo anterior, la Sala concluye que en este caso no se
cumplen los requisitos que la ley ha dispuesto para la procedencia del recurso
extraordinario de revisión, de manera que este deberá declararse infundado.
30 Ibídem.
31 Consejo de Estado, Sala Quince Especial de Decisión, sentencia de 5 de junio de 2018, radicado
11001-03-15-000-2009-00602-00 (REV).
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6. Costas
Teniendo en cuenta que este recurso se formuló antes de la expedición de la Ley 2080
de 202132, para resolver sobre las costas debe darse aplicación al texto del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo vigente antes de la
modificación introducida por dicha ley, en concordancia con lo que sobre el punto
dispone el Código General del Proceso (CGP).
Así, de conformidad con el artículo 188 CPACA, salvo en aquellos procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas. Y, según
lo establece el numeral 1° del artículo 365 del CGP, se condenará en costas “a la parte
vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto” (se
resalta).
Bajo este entendido, esta Sala condenará en costas a la parte recurrente y ordenará
a la Secretaría de la Sección que proceda con la respectiva liquidación, teniendo en
cuenta las reglas previstas en los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso,
en particular, aquella que establece que en el expediente debe aparecer que se
causaron “y en la medida de su comprobación”33. En lo que respecta a las agencias
en derecho y al no encontrarse acreditada labor defensiva alguna de la contraparte,
no se impondrá condena por este aspecto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
32 El inciso final del artículo 86 de la Ley 2080 de 2021 contempla: “En estos mismos procesos, los
recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias
iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones
que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se
decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se
promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.”
33 Numeral 8, artículo 365 del Código General del Proceso.
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RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia proferida el ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho
(2018) por el Tribunal Administrativo del Quindío, dentro del proceso de reparación
directa 63001-33-33-752-2014-00111-01.
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS a la parte recurrente, las cuales deberán ser
liquidadas por la Secretaría de la Sección, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 188 del CPACA, 365 y 366 del CGP.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRONICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrado Magistrado (E)
VF
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