Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2009-00602-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Recurso extraordinario de revisión: generalidades
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2009-00602-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2009-00602-00
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez
5 de junio de 2018
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Generalidades / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Causales taxativas / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Finalidad de cada una de las causales
El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación que limita la inmutabilidad de las sentencias en relación con la cosa juzgada y permite que se subsanen determinadas irregularidades o ilegalidades. La principal finalidad de este recurso es el restablecimiento de la justicia, lo cual no implica, en general, el desconocimiento de los principios de cosa juzgada y presunción de legalidad y acierto de las decisiones judiciales, sino que, excepcionalmente, en ciertas circunstancias y por las razones señaladas específicamente en la ley, es viable revisar las sentencias en aras de restablecer el imperio de la justicia y mantener el orden jurídico y social. Es precisamente en atención a lo anterior que el recurso de revisión se determinó como un medio extraordinario de impugnación. En el mismo orden de ideas, el recurso se encuentra sujeto al estricto, riguroso y ajustado cumplimiento de las causales que expresamente ha previsto el legislador, sin que sea dable ampliarlas mediante interpretación analógica, con lo cual se busca evitar que el mismo se convierta en una tercera instancia y se utilice para remediar equivocaciones en que hubiera podido incurrir alguna de las partes, o para controvertir juicios de valor del fallador. (…) El artículo 188 del Código Contencioso Administrativo enumera las causales que pueden proponerse como fundamento de este recurso, las cuales, por lo demás, dan cuenta de la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que, de conformidad con la ley, eran los únicos que permitían la revisión de la sentencia por la vía del recurso extraordinario que se analiza.(…) Las causales de los numerales 1.º, 2.º (parcial), 5.º, y 7.º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo se fundan en la necesidad de obtener una sentencia conforme a derecho frente a la ocurrencia de hechos delictivos o fraudulentos: la detección de documentos falsos o adulterados o de peritazgos fraudulentos, que fueron decisivos en la adopción de la sentencia que se busca dejar sin efectos, la aparición de documentos que no pudieron ser conocidos porque la contraparte los ocultó, o el señalamiento penal de que la sentencia fue producto de cohecho o violencia. Las causales de los numerales 2.º (parcial), 3.º, y 4.º, permiten corregir errores por circunstancias no conocidas al momento de proferir la sentencia cuestionada, que de haber sido conocidas, hubieran dado lugar a una sentencia distinta: la aparición de documentos esenciales que no pudieron ser conocidos por fuerza mayor o caso fortuito, la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada, o la desaparición, al momento del reconocimiento de las circunstancias que justificaban que se hubiera decretado una prestación periódica.(…) La causal del numeral 6.º, busca restablecer el debido proceso, al permitir corregir una nulidad originada en la sentencia que no era susceptible del recurso de apelación. Finalmente, la causal del numeral 8.º protege tanto el debido proceso como la intangibilidad de la cosa juzgada, desconocida con la sentencia que es objeto de revisión. Los requisitos de recurso están previstos en el artículo 189 del Código Contencioso Administrativo, que prevé que debe interponerse mediante demanda que reúna los requisitos del artículo 137 del mismo código, con indicación precisa y razonada de la causal en que se funda. Además, el recurrente debe allegar las pruebas que tenga en su poder y pretenda hacer valer
FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 – ARTÍCULO 137 / DECRETO 01 D 1984 – ARTÍCULO 188
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Causal segunda. Documentos recobrados después de dictada la sentencia / CAUSAL SEGUNDA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Elementos configurativos
La Sala advierte que para la configuración de la causal relacionada con la prueba recobrada se deben acreditar los siguientes supuestos: Que la prueba documental sea recobrada después de dictada la sentencia objeto de revisión. Esta Corporación ha señalado que la prueba recobrada es un elemento probatorio nuevo que existía al tiempo de dictarse la sentencia, pero no fue conocido por el fallador, porque solo llegó a poder del recurrente con posterioridad a ello, es decir, que antes de proferirse la sentencia se encontraban extraviados, perdidos o refundidos. Por este motivo, son inadmisibles en este recurso extraordinario documentos fechados con posterioridad al fallo como tampoco es válido edificar la causal con documentos que, aun siendo anteriores a ésa providencia, claramente pudieron haber sido aportados o solicitados en las oportunidades procesales correspondientes, pues el recurso extraordinario de revisión no puede aprovecharse para subsanar errores o actitudes negligentes de las partes respecto a la carga probatoria. Que la prueba no se aportó por fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria, debidamente acreditadas. Las razones para no aportar la prueba documental durante el proceso deben ser las expresamente establecidas por el legislador (fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria) y, además, deben acreditarse en el recurso interpuesto. (…) En el caso sub examine, el recurrente no probó que los documentos no hubieran sido aportados por circunstancias ajenas a su voluntad, es decir, por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte demandada, limitándose a señalar en su escrito que […] no fue posible aportarlos por la dificultad de conseguirlos […], lo cual los hace no idóneos para estimar la pretensión revisoría. En efecto, la Sala considera que el trabajo realizado como prerrequisito para obtener el título de especialista en finanzas públicas de la Escuela Superior de Administración Pública no se encontraba en poder de la parte demandada y, a aparte de su dicho, el recurrente no probó que los documentos aportados no fueron allegados en las etapas probatorias ordinarias por el actuar intencional del Departamento del Huila, ni por un imprevisto imposible de resistir. Que las pruebas deben ser de tal entidad que pueda sustentar una decisión distinta a la impugnada. Finalmente, la Sala considera que los documentos no son decisivos para infirmar la sentencia y tomar una decisión diferente, en la medida que no son pertinentes ni eficaces para probar la desviación de poder, ni el desmejoramiento del servicio alegados. En efecto, dichos documentos no llevan a la convicción de la forma ni de las condiciones en que el recurrente prestaba el servicio en el cargo del cual fue declarado insubsistente. Nótese que no probó que la elaboración del trabajo aportado fuera en ejercicio de sus funciones y, a pesar que en los escritos se exalta su labor, esta situación, tal como lo ha señalado esta Corporación, no genera fuero alguno de estabilidad ni pueden limitar la potestad discrecional que el ordenamiento le concede al nominador; mucho menos constituyen plena prueba de la desviación de poder, pues ha sido criterio de la Corporación que la idoneidad para el ejercicio de un cargo y el buen desempeño de las funciones no otorgan por sí solos a su titular prerrogativa de permanencia en el mismo, pues lo normal es el buen cumplimiento del deber por parte del funcionario.
FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE1984 – ARTÍCULO 188 NUMERAL 2
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA QUINCE ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., cinco (5) de junio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2009-00602-00(REV)
Actor: CARLOS HERNANDO CORTÉS LONDOÑO
Demandado: DEPARTAMENTO DEL HUILA
La Sala Especial de Decisión núm. 15 de lo Contencioso Administrativo resuelve el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el demandante contra la sentencia de 21 de febrero de 2006 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en segunda instancia, que confirmó la sentencia de 25 de agosto de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda que presentó en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) antecedentes; ii) recurso extraordinario de revisión; iii) consideraciones y iv) resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. El demandante, por conducto de apoderado especial, presentó ante el Tribunal Administrativo del Huila demanda, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, contra el Departamento del Huila, con el fin de que se declarara la nulidad del Decreto núm. 106 de 31 de enero de 1995 expedido por el Gobernador del Departamento del Huila, por el cual se declaró insubsistente su nombramiento en el cargo de asesor administrativo del despacho de la Secretaría de Hacienda Departamental.
2. A título de restablecimiento solicitó ordenar a la entidad demandada reintegrarlo en el cargo que venía desempeñando o en otro de igual o superior categoría, así como reconocerle y pagarle todos los salarios y prestaciones dejados de percibir desde la fecha de su desvinculación hasta su reintegro y que se declare que no ha existido solución de continuidad en la prestación de los servicios para todos los efectos legales.
Presupuestos fácticos de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
3. Indicó que, fue nombrado en el cargo de asesor administrativo del despacho de la Secretaría de Hacienda del Departamento del Huila, mediante el Decreto 536 de 21 de septiembre de 1984, cargo de libre nombramiento y remoción que desempeñó de forma ininterrumpida hasta el 31 de diciembre de 1995, cuando su nombramiento fue declarado insubsistente, mediante el Decreto 106 de la misma fecha.
4. Señaló que la declaratoria de insubsistencia no obedeció al mejoramiento del servicio sino a móviles políticos, en la medida que desde que se posesionó el Gobernador del Departamento del Huila, removió a todo el personal de dirección, confianza y manejo, para sustituirlos por recomendados de su partido político.
5. Finalmente, manifestó que la persona que en principio fue nombrada en su remplazo no se posesionó por no reunir los requisitos para el ejercicio del cargo y, quien finalmente lo remplazó tampoco reunía los requisitos exigidos en el Decreto 454 de 1994, toda vez que no contaba con estudios superiores de ninguna de las profesiones ni la experiencia exigida para desempeñar el cargo.
Normas violadas y concepto de violación
6. El demandante invocó en su escrito como normas violadas los artículos 2.º, 6.º, 25 y 58 de la Constitución Política.
7. Señaló que se transgredieron las anteriores disposiciones, teniendo en cuenta que el acto administrativo demandado fue expedido con desviación de poder, en la medida que la declaratoria de insubsistencia de su nombramiento no obedeció al mejoramiento del servicio sino a móviles políticos, con lo cual, el nominador desbordó los límites constitucionales y legales para ejercer la facultad discrecional en la declaratoria de insubsistencia de los cargos de libre nombramiento y remoción.
Sentencia de 25 de agosto de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila en primera instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con número único de radicación 41001 23 31 003 1995 8134 01
8. El Tribunal Administrativo del Huila, en la parte resolutiva de la sentencia, decidió:
[…] Primero: Se niegan las pretensiones de la demanda. […]
9. Para el efecto, consideró que el actor no demostró la desviación de poder alegada ni el desmejoramiento del servicio, en la medida que:
9.1 El señor Rigoberto Sánchez Tamayo, persona que reemplazó al demandante en el cargo, reunía los requisitos académicos y de experiencia profesional para ser nombrado en el cargo de asesor administrativo del despacho de la Secretaría de Hacienda del Departamento del Huila, señalados en el Decreto 454 de 1994. El Tribunal, señaló:
“[…] En el caso del señor Rigoberto Sánchez Tamayo, y con fundamento en la hoja de vida aportada, se tiene que, ostenta el título de Administrador de Empresas, adicionándole los cursos y seminarios realizados, entre ellos el de Relaciones Industriales, compensando el título de formación avanzada o de postgrado con los años de experiencia profesional adquiridos en la Asamblea Departamental cuando ejerció como Diputado durante el período 1992 a 1994.
El apoderado de la parte demandante en el escrito de adición de los alegatos, cambia el nexo conjuntivo “o” (nexo disyuntivo) contenido en el Artículo 28 del Decreto 454 de 1994 por “y” (nexo copulativo), lo que genera un cambio en el significado y sentido del citado artículo. El nexo conjuntivo “o” es facultativo, por el contrario el nexo conjuntivo “y” implica obligatoriedad en relación con el requisito de la experiencia profesional. Efectuada esta claridad, se corrobora el cumplimiento de los requisitos mínimos por parte del citado Sánchez Tamayo en el desempeño del cargo de Asesor código 3000 grado 10 […]”.
9.2 No se probó que el Gobernador del Departamento del Huila con la declaratoria de insubsistencia del cargo del demandante tuviera móviles políticos o burocráticos, es decir, el demandante no demostró que con su retiro, el nominador tuvo en cuenta intereses particulares y caprichosos y que por tal razón se apartó del buen servicio. Textualmente, consideró:
“[…] De lo que se observa que no hay fundamento (sic) alguno pues de un lado son apreciaciones personales pero que no tienen un soporte fáctico que relaciones la real intención del Gobernador en un criterio eminentemente partidista para haber expedido el acto de insubsistencia, y se desconocen esas motivaciones […]”
9.3 Finalmente, consideró que el Gobernador del Departamento del Huila al expedir el acto administrativo demandado no se apartó de los mandatos constitucionales y legales, toda vez que su actuación se efectuó en desarrollo de sus funciones y conforme sus facultades de nombrar y remover libremente a los funcionarios de las respectivas dependencias, sin que la preparación académica del demandante le otorgara algún tipo de estabilidad.
Sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión
10. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia de 21 de septiembre de 2006 proferida en segunda instancia, confirmó la sentencia proferida, en primera instancia, con fundamento en los siguientes argumentos.
11. Consideró que el cargo que desempeñaba el demandante era de libre nombramiento y remoción y, en esa medida, su nombramiento podía declararse insubsistente en cualquier momento sin motivación alguna, de acuerdo a la facultad discrecional que para el efecto confiere la ley al nominador. Asimismo, indicó que el demandante no probó la desviación de poder alegada ni el desmejoramiento del servicio. Al respecto, estableció:
“[…] La Sala comparte la apreciación del a quo en cuanto que el señor Rigoberto Sánchez Tamayo, compensa el título de formación avanzada o de postgrado con los años de experiencia relacionada que se acredita con su hoja de vida, para tener así por cumplidos los requisitos para el ejercicio del cargo de acuerdo con el Manual de Funciones de la entidad.
Por último, como se ha sostenido en otras ocasiones, la idoneidad profesional para el ejercicio de un cargo y el buen desempeño de las funciones, no otorgan por si solos prerrogativas de permanencia en el mismo. Lo normal es el cumplimiento del deber por parte del funcionario, pero pueden darse otras circunstancias que a juicio del nominador no constituyan plena garantía de la eficiente prestación del servicio y que no está obligado a explicitar en el acto administrativo por medio del cual, haciendo uso de la facultad legal, declara la insubsistencia […]”.
II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
La solicitud
12. El demandante, por conducto de apoderado especial, presentó el 2 de febrero de 2009 recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de 21 de septiembre de 2006 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en segunda instancia, e invocó la causal establecida en el numeral 2.º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, que señala:
“[…] Artículo 188. Son causales de revisión
[…]
2.- Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria […]”.
13. Aportó como pruebas recobradas: a) el trabajo realizado como prerrequisito para obtener el título de especialista en finanzas públicas de la Escuela Superior de Administración Pública, presentado en mayo de 1985, denominado “Lineamientos generales para la elaboración de un código de rentas del Departamento del Huila” y b) Memorandos expedidos por el Secretario de Hacienda Departamental del Huila en los años 1990, 1991, 1992 y 1994, reconociendo la labor desempeñada por el demandante en el cargo de asesor administrativo del despacho de la Secretaría de Hacienda, con las cuales, a su juicio, se hubiera proferido una decisión diferente.
13.1 Indicó que no fue posible aportarlos en las instancias “por la dificultad de conseguirlos”.
14. Para sustentar la causal, argumentó que la sentencia recurrida no realizó una valoración probatoria ajustada a la realidad y a las necesidades de la entidad, reiterando que la persona que en principio fue nombrada no se posesionó por no reunir los requisitos para el ejercicio del cargo y, quien finalmente lo remplazó en el cargo no contaba con el título de formación avanzada y la experiencia exigida como equivalente en el manual de funciones de la entidad, con lo cual, a su juicio, el Gobernador del Departamento del Huila desbordó los límites constitucionales y legales para ejercer la facultad discrecional en la declaratoria de insubsistencia de los cargos de libre nombramiento y remoción, configurándose la desviación de poder alegada y el desmejoramiento del servicio.
Contestación al recurso extraordinario de revisión
15. El Departamento del Huila, por intermedio de apoderado especial, se opuso a las pretensiones del recurso extraordinario de revisión, por considerar que los documentos aportados como pruebas recobradas, no cumplen con ninguna de las condiciones señaladas por el legislador para que se configure la causal segunda de revisión y en esa medida, señaló que el recurrente pretende continuar el debate probatorio propio de las instancias, lo cual desborda la naturaleza del recurso extraordinario de revisión. Textualmente, señaló:
“[…] Los documentos a que hemos hecho referencia pudieron haberse aportado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que se adelantó ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila oportunamente, sin embargo no se hizo, y tampoco aparece acreditado la razón de fuerza mayor o caso fortuito, o la maniobra del Departamento del Huila, pues es entendible claramente que estos documentos debían estar en manos del mismo actor, por lo que no es aceptable que se utilicen ahora para replantear nuevamente el litigio decidido, ni menos para subsanar omisiones, ni tampoco para mejorar las pruebas, que no fueron alegados en el debate original […]”
16. Finalmente, señaló que el Gobernador de la época cumplió con la exigencia constitucional y legal de hacer un nuevo nombramiento en una persona que reunía los requisitos legales, sin que dicha exigencia se vea afectada por la no aceptación del cargo por parte de la persona nombrada.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
17. Vistos el artículo 186 del Código Contencioso Administrativo y el parágrafo 2.º, numeral 2.º, del artículo 2.º del Acuerdo núm. 321 de 2014, esta Sala es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión de la referencia, con la exclusión del Consejero de la Sección Segunda doctor Carmelo Perdomo Cuéter que conforma esta Sala Especial de Decisión.
Procedencia y término para interponer el recurso extraordinario de revisión.
18. Vistos los artículos 185 y 187 del Código Contencioso Administrativo, modificados por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, en el presente caso el recurso extraordinario de revisión es procedente atendiendo a que la sentencia recurrida fue proferida el 21 de septiembre de 2006 por la Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación. Asimismo, la sentencia quedó ejecutoriada el 2 de febrero de 2007 y el recurso extraordinario de revisión fue interpuesto el 2 de febrero de 2009; es decir, dentro del término legal señalado por el Código Contencioso Administrativo.
Problema jurídico
19. En el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en determinar si se configura la causal de revisión señalada en el numeral 2.º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo; es decir, si los documentos aportados reúnen los requisitos de ser: a) recobrados; b) decisivos para proferir una decisión diferente y c) que no hubieran podido ser aportado por el recurrente por caso fortuito, fuerza mayor o por obra de la parte contraria.
20. Para resolver el problema jurídico planteado esta Sala analizará los siguientes temas: i) generalidades del recurso extraordinario de revisión; ii) generalidades de la causal señalada en el numeral 2.º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo y iii) análisis del caso en concreto.
Marco normativo y generalidades del recurso extraordinario de revisión
21. Vistos los artículos 185, 186, 187, 188 y 189 del Código Contencioso Administrativo, modificados por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998 contienen el marco normativo del recurso extraordinario de revisión, que se desarrollará infra.
22. El recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación que limita la inmutabilidad de las sentencias en relación con la cosa juzgada y permite que se subsanen determinadas irregularidades o ilegalidades.
23. La principal finalidad de este recurso es el restablecimiento de la justicia, lo cual no implica, en general, el desconocimiento de los principios de cosa juzgada y presunción de legalidad y acierto de las decisiones judiciales, sino que, excepcionalmente, en ciertas circunstancias y por las razones señaladas específicamente en la ley, es viable revisar las sentencias en aras de restablecer el imperio de la justicia y mantener el orden jurídico y social. Es precisamente en atención a lo anterior que el recurso de revisión se determinó como un medio extraordinario de impugnación.
24. En el mismo orden de ideas, el recurso se encuentra sujeto al estricto, riguroso y ajustado cumplimiento de las causales que expresamente ha previsto el legislador, sin que sea dable ampliarlas mediante interpretación analógica, con lo cual se busca evitar que el mismo se convierta en una tercera instancia y se utilice para remediar equivocaciones en que hubiera podido incurrir alguna de las partes, o para controvertir juicios de valor del fallador. Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha sostenido lo siguiente:
[…] El [recurso extraordinario de revisión] no constituye una instancia adicional, la tercera en este caso, en la que los interesados pueden replantear el asunto objeto del litigio original para que el Juez de la Revisión lo reexamine o analice una vez más […].
En efecto, con la demanda de revisión se inicia una instancia que cuenta con trámite propio y diferentes etapas procesales que se enmarcan dentro del debido proceso, hasta culminar con un fallo que define sobre la legalidad de una sentencia ejecutoriada […].
25. En efecto, el artículo 188 del Código Contencioso Administrativo enumera las causales que pueden proponerse como fundamento de este recurso, las cuales, por lo demás, dan cuenta de la naturaleza eminentemente procedimental de los vicios o errores que, de conformidad con la ley, eran los únicos que permitían la revisión de la sentencia por la vía del recurso extraordinario que se analiza. Textualmente, señala como causales:
“[…] 1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
2. Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
3. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia, o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
5. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.
6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
7. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada […]”
26. Esta Corporación ha señalado que las causales de los numerales 1.º, 2.º (parcial), 5.º, y 7.º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo se fundan en la necesidad de obtener una sentencia conforme a derecho frente a la ocurrencia de hechos delictivos o fraudulentos: la detección de documentos falsos o adulterados o de peritazgos fraudulentos, que fueron decisivos en la adopción de la sentencia que se busca dejar sin efectos, la aparición de documentos que no pudieron ser conocidos porque la contraparte los ocultó, o el señalamiento penal de que la sentencia fue producto de cohecho o violencia.
27. Las causales de los numerales 2.º (parcial), 3.º, y 4.º, permiten corregir errores por circunstancias no conocidas al momento de proferir la sentencia cuestionada, que de haber sido conocidas, hubieran dado lugar a una sentencia distinta: la aparición de documentos esenciales que no pudieron ser conocidos por fuerza mayor o caso fortuito, la existencia de un tercero con mejor derecho que el beneficiado con la sentencia cuestionada, o la desaparición, al momento del reconocimiento de las circunstancias que justificaban que se hubiera decretado una prestación periódica.
28. La causal del numeral 6.º, busca restablecer el debido proceso, al permitir corregir una nulidad originada en la sentencia que no era susceptible del recurso de apelación. Finalmente, la causal del numeral 8.º protege tanto el debido proceso como la intangibilidad de la cosa juzgada, desconocida con la sentencia que es objeto de revisión.
29. Los requisitos de recurso están previstos en el artículo 189 del Código Contencioso Administrativo, que prevé que debe interponerse mediante demanda que reúna los requisitos del artículo 137 del mismo código, con indicación precisa y razonada de la causal en que se funda. Además, el recurrente debe allegar las pruebas que tenga en su poder y pretenda hacer valer.
30. Así pues, es claro que la interposición del recurso extraordinario de revisión constituye el inicio de un nuevo proceso para cuestionar la sentencia proferida dentro de un proceso ordinario, el que solo resulta procedente en determinadas y especiales circunstancias taxativamente consagradas en la ley.
Generalidades de la causal señalada en el numeral 2.º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, modificada por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998
31. Visto el numeral 2.º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, y siguiendo la jurisprudencia de esta Corporación, la Sala advierte que para la configuración de la causal relacionada con la prueba recobrada se deben acreditar los siguientes supuestos:
31.1 Que la prueba documental sea recobrada después de dictada la sentencia objeto de revisión.
31.1.1. Esta Corporación ha señalado que la prueba recobrada es un elemento probatorio nuevo que existía al tiempo de dictarse la sentencia, pero no fue conocido por el fallador, porque solo llegó a poder del recurrente con posterioridad a ello, es decir, que antes de proferirse la sentencia se encontraban extraviados, perdidos o refundidos.
31.1.2. Por este motivo, son inadmisibles en este recurso extraordinario documentos fechados con posterioridad al fallo como tampoco es válido edificar la causal con documentos que, aun siendo anteriores a ésa providencia, claramente pudieron haber sido aportados o solicitados en las oportunidades procesales correspondientes, pues el recurso extraordinario de revisión no puede aprovecharse para subsanar errores o actitudes negligentes de las partes respecto a la carga probatoria .
31.2. Que la prueba no se aportó por fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria, debidamente acreditadas.
31.2.1. Las razones para no aportar la prueba documental durante el proceso deben ser las expresamente establecidas por el legislador (fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria) y, además, deben acreditarse en el recurso interpuesto. Cabe resaltar lo sostenido por esta Corporación en relación con la fuerza mayor, el caso fortuito y la obra de la parte contraria:
"[…] En cuanto a la primera circunstancia, esto es, la fuerza mayor o el caso fortuito, es preciso anotar que para la legislación colombiana se trata de expresiones sinónimas, conforme al artículo 1º de la Ley 95 de 1890, norma según la cual es el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.
La segunda causa obra de la parte contraria ha de entenderse como la conducta de la parte que ganó el proceso, quien con su actuar intencional logró que el documento que le daría el triunfo a su contraparte no se pudiera aportar al expediente en razón de que lo retuvo u ocultó, precisamente con el propósito de que no sirviera como prueba […]".
31.2.2 Al haber calificado expresamente la ley los motivos de la falta de la prueba documental en el proceso, "el simple olvido, incuria o abandono de la parte" que habría sido beneficiada de la prueba no constituye razón válida para promover la revisión extraordinaria de una sentencia. También se ha dicho que "no basta con una dificultad por grave que pueda parecer, por cuanto la ley exige una verdadera, 'imposibilidad' apreciada objetivamente”.
31.2.3. La jurisprudencia advierte que la fuerza mayor, el caso fortuito o la obra de la parte contraria, según el caso, deben probarse y, además, que la prueba debe establecer que verdaderamente fueron esas circunstancias las que hicieron imposible el aporte oportuno de los documentos, de tal forma que no pueda el recurrente suplir su falta de actividad probatoria a través de un medio extraordinario de impugnación, como es el recurso de revisión.
31.3 Que la prueba debe ser de tal entidad que pueda sustentar una decisión distinta a la impugnada.
31.3.1 La disposición consagra que la prueba debe ser de tal entidad que el juez, con fundamento en ella, hubiera proferido una decisión diferente. A partir de ello, la jurisprudencia ha resaltado la trascendencia de la prueba y su relación directa con lo debatido.
31.3.2 Considerando lo expuesto en la ley y conforme lo ha expresado esta Corporación en el caso de la causal relacionada con el recobro de pruebas, se debe tratar de aquellas con las cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente; de lo contrario, los documentos que aclaren o complementen lo que se intentó probar en el proceso no cumplen la característica para poner en marcha el recurso de revisión, pues se trataría de una extensión del ejercicio probatorio desarrollado en segunda instancia. El requisito hasta ahora referido alude, específicamente, a documentos que aporten nuevo conocimiento al sentenciador, de manera que si hubiera considerado las pruebas recobradas su decisión habría variado.
32. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis de la causal invocada para, posteriormente en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
Análisis de la causal de revisión
33. El demandante en el recurso extraordinario de revisión de la referencia, invoca la causal señalada en el numeral 2.º del artículo 188 del CCA.
34. Atendiendo a que el escrito que contiene el recurso extraordinario de revisión considera como pruebas recobradas las siguientes:
34.1 El trabajo realizado como prerrequisito para obtener el título de especialista en finanzas pública de la Escuela Superior de Administración Pública, presentado en mayo de 1985, denominado “Lineamientos generales para la elaboración de un código de rentas del Departamento del Huila” y,
34.2 Escritos dirigidos al señor Carlos Hernando Cortés Londoño, expedidos por el Secretario de Hacienda Departamental del Huila, en los siguientes términos:
34.2.1 Escrito de 14 de noviembre de 1990
“[…] Al término de la labor desarrollada al frente de este Despacho, me permito expresarle mi sentimiento de gratitud por la colaboración recibida por parte del equipo humano de esta Secretaría […]”.
34.2.2 Escrito de 23 de diciembre de 1991
“[…] Al finalizar la misión que eme encomendara la señora Gobernadora del Departamento […] como Secretario de Hacienda, quiero expresarle mi sentimiento de gratitud por la colaboración que me prestara durante este lapso de tiempo […]”.
34.2.3 Memorando de 24 de septiembre de 1992
“[…] Conforme a las facultades que me otorga el artículo 233 del Decreto 1310 de 1990, quiero en nombre propio y de la Secretaría de Hacienda dar a usted sinceras felicitaciones por sus diez (10) años de servicios en el Departamento del Huila […]”.
34.2.4 Oficio 017 de 2 de enero de 1994
“[…] Quiero expresar en mi nombre y el de mi familia, mi más sincero reconocimiento por su valioso apoyo y colaboración durante mi permanencia como Secretario de Hacienda.
Es importante resaltar que en los logros realizados jugó usted un papel preponderante y que sin su concurso no hubiéramos llegado a una feliz culminación.
Solo me resta desearle éxitos en el desempeño de sus labores con el nuevo gobierno, como los proyectos a desarrollar en el año 1995. […]”
34.2.5 Escrito de 21 de febrero de 1995
“[…] Como considero una obra de trascendental importancia para el Departamento la actualización del Código de Rentas, como resultado de un estudio serio y acorde con las normas jurídicas, financieras y rentísticas que determinan la estructura presupuestal de los ingresos de nuestra región y al observar que hubo una decidida participación e interés de parte de ustedes para lograr dicho objetivo, me permito exaltar la labor, por ustedes desempeñadas y felicitarlos por su acertado desempeño […]”.
Análisis del caso en concreto
35. En este contexto, la Sala pasa a considerar si en el presente caso se estructuran los presupuestos que la ley establece y que el Consejo de Estado ha precisado a través de los criterios jurisprudenciales arriba citados, para la configuración de la causal señalada en el numeral 2.º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, de la siguiente manera:
35.1 Que las pruebas documentales sean recobradas después de dictada la sentencia objeto de revisión
La Sala considera que la pruebas documentales presentadas como recobradas no tienen tal entidad en la medida que, si bien existían al momento en que se profirió la sentencia recurrida, se trata de elementos probatorios que eran conocidos por el demandante desde el momento de la presentación de la demanda, que no fueron solicitadas en las instancias como prueba, ni sirvieron de fundamento en su defensa en las instancias ordinarias. Asimismo, no se probó que dichos documentos se encontraran extraviados, perdidos o refundidos, requisitos indispensables para considerarlos recobrados.
35.2 Que las pruebas no se aportaron por fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria, debidamente acreditadas.
35.2.1 En el caso sub examine, el recurrente no probó que los documentos no hubieran sido aportados por circunstancias ajenas a su voluntad, es decir, por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte demandada, limitándose a señalar en su escrito que […] no fue posible aportarlos por la dificultad de conseguirlos […], lo cual los hace no idóneos para estimar la pretensión revisoría.
35.2.2 En efecto, la Sala considera que el trabajo realizado como prerrequisito para obtener el título de especialista en finanzas públicas de la Escuela Superior de Administración Pública no se encontraba en poder de la parte demandada y, a aparte de su dicho, el recurrente no probó que los documentos aportados no fueron allegados en las etapas probatorias ordinarias por el actuar intencional del Departamento del Huila, ni por un imprevisto imposible de resistir.
35.3 Que las pruebas deben ser de tal entidad que pueda sustentar una decisión distinta a la impugnada.
35.3.1 Finalmente, la Sala considera que los documentos no son decisivos para infirmar la sentencia y tomar una decisión diferente, en la medida que no son pertinentes ni eficaces para probar la desviación de poder, ni el desmejoramiento del servicio alegados.
35.3.2 En efecto, dichos documentos no llevan a la convicción de la forma ni de las condiciones en que el recurrente prestaba el servicio en el cargo del cual fue declarado insubsistente.
35.3.3 Nótese que no probó que la elaboración del trabajo aportado fuera en ejercicio de sus funciones y, a pesar que en los escritos se exalta su labor, esta situación, tal como lo ha señalado esta Corporación, no genera fuero alguno de estabilidad ni pueden limitar la potestad discrecional que el ordenamiento le concede al nominador; mucho menos constituyen plena prueba de la desviación de poder, pues ha sido criterio de la Corporación que la idoneidad para el ejercicio de un cargo y el buen desempeño de las funciones no otorgan por sí solos a su titular prerrogativa de permanencia en el mismo, pues lo normal es el buen cumplimiento del deber por parte del funcionario.
35.3.4 Asimismo, no prueban que la persona que lo remplazó en el cargo no cumplía con los requisitos exigidos en el manual de funciones de la entidad ni las condiciones en que fue desmejorado el servicio; es decir, no logran demostrar que la declaratoria de insubsistencia de su nombramiento se encontraban justificadas en causas diferentes al buen servicio que se presumen inmersas en el acto administrativo demandado.
36. En las anteriores condiciones, no es de recibo pretender, como lo hace el demandante, que mediante el recurso extraordinario de revisión se obtenga el decreto de pruebas que por su negligencia o culpa no fueron solicitadas, decretadas y practicadas dentro del proceso ordinario y, mucho menos, que se pretenda perfeccionar, mejorar, o simplemente repetir, para volver a valorar en sede del recurso extraordinario de revisión, aquellas pruebas que fueron oportunamente practicadas y valoradas, pero cuyo alcance no resultó favorable para sus pretensiones.
37. El recurso extraordinario de revisión no es un medio idóneo para suplir deficiencias de la actuación procesal que corresponde a las partes dentro de la tramitación de la instancia, ni tampoco para pretender que en él se haga una nueva valoración del acervo probatorio.
Condena en costas
38. Visto el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 sobre la condena en costas y considerando que en el presente caso no se advierte temeridad o mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre los gastos y costas en el curso de la actuación, no se condenará en costas al señor Carlos Hernando Cortés Londoño.
Conclusiones de la Sala
39. Por las razones expuestas, para la Sala es claro que en el presente asunto no se configuró la causal de revisión señalada en el numeral 2.º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, en tanto que los documentos aportados para sustentar la causal no cumplen la connotación de prueba recobrada, en la medida que no se encontraban refundidos o extraviados, y no se presentó una imposibilidad de aportarla por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria.
40. En suma, la Sala denegará el recurso extraordinario de revisión, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia, no sin antes señalar que no procede la condena en costas por cuanto no se advierte temeridad o mala fe de la parte demandada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión Núm. 15 de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
IV. RESUELVE:
PRIMERO: DENEGAR el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el apoderado especial del señor Carlos Hernando Cortés Londoño contra la sentencia proferida, en segunda instancia, por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 21 de septiembre de 2006, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVAR el expediente del recurso extraordinario de revisión.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión celebrada en la fecha.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera de Estado
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Ausente en comisión
RAMIRO PAZOS GUERRERO
Consejero de Estado
Folios 290 a 305
Título de formación universitaria o profesional y título de formación avanzada o de postgrado, los cuales podrán compensarse aplicando las equivalencias que se establecen a continuación: Título de formación avanzada o de postgrado y su correspondiente formación académica, por tres (3) años de experiencia profesional específica o relacionada y viceversa, siempre que se acredite el título de formación universitaria o profesional avanzada o de postgrado y su correspondiente formación académica
El citado artículo señala: De los recursos contra las sentencias dictadas por las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo con la exclusión de los Consejeros de la Sección que profirió la decisión, sin perjuicio de que estos puedan ser llamados a explicarlas
Por medio del cual se reglamenta la integración y funcionamiento de las Salas Especiales de Decisión de que trata el artículo 107 de la Ley 1437 de 2011. La citada norma dispone […] Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: […] Parágrafo 2. Cuando se trate del estudio y aprobación de los recursos extraordinarios de súplica y de los recursos extraordinarios de revisión, interpuestos en vigencia del Decreto 01 de 1984, se hará por las Salas Especiales de Decisión, con exclusión del integrante de la Sección que profirió la sentencia impugnada. La Sala podrá oír a cualquiera de los integrantes de la Sección excluida. […]”
El citado artículo señala: El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas
El citado artículo señala: El recurso deberá interponerse dentro de los dos (2) años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia. El citado artículo señala: El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas
De los recursos contra las sentencias dictadas por las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala plena de lo Contencioso Administrativo con exclusión de los Consejeros de la Sección que profirió la decisión, sin perjuicios de que estos puedan ser llamados a explicarlas. El citado artículo señala: El recurso deberá interponerse dentro de los dos (2) años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia. Son causales de revisión [….]
El recurso debe interponerse mediante demanda que reúna los requisitos prescritos en el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, con indicación precisa y razonada de la causal en que se funda, acompañada de los documentos necesarios. El recurrente deberá presentar con la demanda las pruebas documentales que tenga en su poder y pretenda hacer valer. Corte Constitucional, sentencias C-418 de 1994 y C-247 de 1997, M. P. Jorge Arango Mejía y José Gregorio Hernández Galindo. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 27 de abril de 2004, C.P. María Inés Ortiz Barbosa Rev. 194. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 12 de agosto de 2014, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, número único de radicación 2013-02110,
Vigente para la época de interposición del recurso extraordinario de revisión
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 20 Especial de Decisión, providencia de 3 de mayo de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-000-1999-00212-01
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, sentencia de 30 de julio de 2015, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, número único de radicación: 2000 – 1287. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 26 de febrero de 2013. C.P. Alberto Yepes Barreiro, número único de radicación 11001-03-15-000-2008-00638-00. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 1º de diciembre de 1997, Rad. REV-117 y 12 de julio de 2005, Rad. 2000-00236
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de mayo de 1994, Rad. REV-054, 1o de diciembre de 1997, Rad. REV-117, 26 de julio de 2005, Rad. 1998- 00177. Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 7 de abril de 2011, Rad. 0242-09. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 8 de noviembre de 2005. Rad.: 1999 - 00218. Ibídem. Ver entre otras las sentencias del Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, de: 12 de julio de 2005. Rad.: 1997-00143; 12 de julio de 2005. Rad.: 2000-00236; y 26 de febrero de 1986. Rad.: 004. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativa. Sala Especial Veintiséis. Sentencia de 3 de febrero de 2015. C.P. Olga Mélida Valle De la Hoz, número único de radicación 11001 03 15 000 1997 00138 00
Folios 12 a 282
Folio 2
Folio 3
Folio 4
Folio 5
Folio 6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B sentencia de 29 de noviembre de 2012, C.P Víctor Hernando Alvarado Ardila, número único de radicación: 66001 23 31 000 2008 02; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección B, sentencia de 26 de abril de 2012, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, número único de radicación 25000 23 25 000 2003 06984 01; iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección B, sentencia de 10 de diciembre de 2015, C. P.
Sandra Lisset Ibarra Vélez, número único de radicación 17001 23 33 000 2013 00109 01; iv) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 30 de marzo de 2017, C.P William Hernández Gómez, número único de radicación 41001 23 33 000 2012 00142 01 v) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 12 de julio de 2017, C.P William Hernández Gómez, número único de radicación interno 76001 23 33 000 2013 00358 01
El citado artículo señala. En todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el Juez, teniendo en cuenta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil
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