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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2015-00587-00

Fecha
3 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Cesar Palomino Cortes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2015-00587-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Segundo Hermenegildo Granda García contra la sentencia del 21 de junio de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: No hay lugar a condena en costas, por no haberse causado. Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link HYPERLINK "http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador" \h http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2015-00587-00

Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes

3 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022).

Radicado: 11001-03-25-000-2015-00587-00
Nº interno: 1626-2015
Demandante: Segundo Hermenegildo Granda García
Demandado: Municipio de Caldono - Cauca
Tema: Recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 21 de junio de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca. Causal regulada en el numeral 1 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011- CPACA.

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión presentado por el señor Segundo Hermenegildo Granda García contra la sentencia del 21 de junio de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca que revocó el fallo de 7 de junio de 2011 proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Popayán que accedió a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, las negó.

ANTECEDENTES

1. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el señor Segundo Hermenegildo Granda García

El señor Segundo Hermenegildo Granda García, a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de Caldono - Cauca, con el fin de obtener la nulidad de los Decretos 064 de 26 de diciembre de 2005, mediante el cual se declaró insubsistente su nombramiento y se reconoce una indemnización; 013 de 27 de enero de 2006, a través del cual se ordena el pago de una indemnización.

Como restablecimiento del derecho, solicitó que se declare la no solución de continuidad del vínculo laboral existente entre el actor y la entidad demandada, desde su retiro y hasta cuando sea efectivamente reintegrado; se ordene su inclusión en la nueva planta de personal, asignándole funciones en un cargo de igual o superior categoría al que desempeñaba al momento de su desvinculación e igualmente se ordene el pago de todos los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones debidas desde el 1 de enero de 2006, cuando se le desvinculó hasta cuando efectivamente sea reintegrado.

Como fundamentos de hecho señaló que el demandante fue vinculado al servicio del municipio de Caldono mediante Decreto 041 de 19 de octubre de 1988 en el cargo de Guardián de la Cárcel Municipal y se posesionó en dicho cargo el 1 de noviembre de 1988.

El 30 de noviembre de 1988, a través de la Resolución 297 de 30 de octubre de 1998 expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública en el Registro Público de Empleados de Carrera Administrativa, en el cargo de Auxiliar Administrativo Código 605, grado 02.

Indicó que, mediante el Decreto 046 de 7 de diciembre de 2005, expedido por la Alcaldesa Municipal de Caldono, se modificó la estructura administrativa del municipio, se determinaron las funciones generales y específicas de sus dependencias.

A través del Decreto 047 de la misma fecha, se suprimieron 28 cargos de diferentes niveles, códigos y grados, se determinó la nueva planta de personal de la entidad territorial y se efectuó la distribución de los diferentes cargos.

Que por el Decreto 066 del 26 de diciembre de 2005 se declaró la insubsistencia del nombramiento del actor como Auxiliar Administrativo, código 605, grado 02 del municipio de Caldono.

Que mediante el Decreto 011 de 27 de enero de 2006 se ordenó el pago de una indemnización laboral a su favor por la suma de $13.713.433.

Que el actor radicó solicitud el 21 de febrero de 2006, con el fin de optar por la reincorporación al cargo en virtud del artículo 44 de la Ley 909 de 2004, sin embargo, no se obtuvo respuesta por parte de la entidad.

Señaló que los Decretos 064 de 26 de diciembre de 2005 y 013 de 27 de enero de 2006 fueron proferidos en forma irregular y son violatorios del debido proceso administrativo previsto en la Ley 909 de 2004 y las normas concordantes, sobre el retiro del servicio por supresión del empleo como consecuencia de una reestructuración de la planta de personal.

2. La oposición a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

El municipio de Caldono – Cauca se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que las reformas que se hicieron en la estructura administrativa del municipio de Caldono y en la planta de personal se hicieron de acuerdo con los parámetros establecidos en el artículo 209 de la Constitución y en el artículo 46 de la Ley 909 de 2004, pues se llevó a cabo el estudio técnico requerido y con la competencia asignada por el artículo 315, numeral 7 de la Constitución.

Advirtió que la reestructuración de la entidad territorial se adoptó teniendo en cuenta las necesidades públicas y las limitaciones económicas del municipio. Agregó que, si bien el actor optó por la reubicación en la nueva planta de personal, no fue posible acceder a la misma, ya que se redujo el personal y se decidió hacer uso de la facultad discrecional, razón por la cual se reconoció el pago de una indemnización reparatoria, por lo que al demandante no se le ha vulnerado ningún derecho fundamental, pues la indemnización constituye un instrumento eficaz para resarcir el daño ocasionado al empleado público perteneciente a la carrera administrativa con ocasión de la supresión del cargo que venía desempeñando.

Indicó que la decisión del municipio no obedeció a una reforma parcial o total de a planta de personal, sino a un proceso de modernización de la estructura administrativa que implicó cambios sustantivos en la planta de personal para poder cumplir con los requerimientos técnicos que señalaban para las nuevas dependencias u oficinas.

3. La sentencia de primera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Popayán, mediante sentencia dictada el 7 de junio de 2011, decidió: (i) declarar la nulidad del Decreto 064 de 26 de diciembre de 2006; (ii) declarar la nulidad del Decreto 013 de 27 de enero de 2006; (iii) condenar al ente territorial a reintegrar al actor a un cargo equivalente de igual o superior jerarquía al que venía desempeñando y pagar todos los salarios, prestaciones, bonificación y demás prestacionales que correspondan; (iv) ordenar la actualización de la condena.

Previa cita de sendas decisiones judiciales sobre el tema objeto de estudio y análisis de las pruebas allegadas al proceso, consideró que los actos acusados están viciados de nulidad porque desconoció los derechos de carrera administrativa alegados por el demandante, los cuales aunque no constituyen un fuero para el actor para que no sea retirado del servicio, sí regula la conducta de la administración a seguir cuando se trate de reestructuraciones de la planta de personal, supresión de empleos y demás procedimientos propios de esta clase de procesos o actuaciones administrativas, como por ejemplo la posibilidad que debe otorgar al empleado de optar por la continuidad en otro cargo o por la indemnización.

Advirtió que la entidad demandada no probó que el procedimiento ordenado por el artículo 44 de la Ley 909 de 2004 se hubiera cumplido en el caso del actor, por lo que se desconoció el debido proceso administrativo, el cual tiene un carácter fundamental constitucional.

Por otro lado, afirmó que el municipio siempre le respetó la naturaleza jurídica del cargo ocupado por el actor, es decir, el de Auxiliar Administrativo código 605, grado 02, en carrera administrativa, siendo así que fue calificado e indemnizado como empleado de carrera, por lo que los derechos emanados de tal condición no podían escindirse sin que ello trajera consecuencias jurídicas a la entidad territorial.

4. Recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

El apoderado del municipio de Caldono presentó recurso de apelación contra el anterior fallo. Consideró que, en la decisión recurrida no se tuvo en cuenta que la demanda se presentó con incongruencia, pues se pidió la nulidad del Decreto 064 de 26 de diciembre de 2005, pero en la demanda se hace referencia también al Decreto 066 de la misma fecha, último que corresponde a otro empleado de la misma entidad.

Indicó que la parte demandante no demostró que los actos administrativos mediante los cuales se llevó a cabo la reestructuración de la planta de personal de entidad estuvieran viciados o que fueron expedidos de forma irregular, pues los mismos se expidieron en virtud de las facultades otorgadas por el Concejo Municipal de Caldono y se realizó el estudio técnico exigido por la norma para ello.

Señaló que en la sentencia C-527 de 1994, expedida por la Corte Constitucional, se consideró que el derecho a la estabilidad laboral no impide que la administración municipal, por razones de interés general ligadas a la propia eficacia y eficiencia de la función pública, pueda suprimir determinados cargos, por cuanto ello puede ser necesario para que el Estado cumpla sus cometidos, por lo que cuando existen motivos de interés general que justifiquen la supresión del cargo, no se puede dar prelación a los derechos de carrera de los funcionarios, quienes deben ceder ante el interés general.

Afirmó que en el evento en que el funcionario opte por la reubicación y no fuere posible incorporarlo a la nueva planta, como en el caso bajo estudio porque se suprimieron cargos que redujo la planta de personal, es legalmente posible en uso de la facultad discrecional del nominador, reconocer y pagar la indemnización reparatoria.

5. Sentencia objeto de revisión

El Tribunal Administrativo del Cauca mediante sentencia del 21 de junio de 2013, revocó el fallo de primera instancia; y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

Indicó que en el proceso está probado el proceso de reestructuración adelantado por el municipio de Caldono y que se declaró insubsistente el nombramiento del actor como consecuencia del mismo, por supresión del cargo.

Advirtió que, aunque no hay constancia en el expediente que al actor se le hubiera brindado la posibilidad de optar por la reincorporación, se constató que el actor el 21 de febrero de 2006 manifestó su deseo de optar por aquella, para lo cual invocó el artículo 44 de la Ley 909 de 2004, sin embargo, según el actor, no obtuvo respuesta de la entidad.

La anterior circunstancia fue tenida en cuenta por el juez de primera instancia, para determinar que, al omitir lo previsto en el artículo 44 de la Ley 909 de 2004, la entidad violó el derecho de defensa del actor, quien no tuvo la posibilidad de escoger y hacer uso del derecho preferencial a la reincorporación.

No obstante, indicó que no comparte esa interpretación, ya que aunque la norma indicada prevé el derecho preferencial de incorporación de los empleados de carrera a los que se les suprime el cargo y la posibilidad de optar por la reincorporación o indemnización, tal garantía de reincorporación sólo puede hacerse efectiva cuando exista disponibilidad de cargos en la nueva planta acorde con el perfil del servidor de carrera y sobre los que demuestre tener un mejor derecho, o mejores condiciones frente al personal seleccionado.

Consideró que, si bien en la demanda se planteó que el derecho preferencial de incorporación se había podido materializar porque en la nueva planta de personal se crearon los cargos de Auxiliar Administrativo código 407, grado 02 y Auxiliar de Servicios Generales código 470, grado 01; no se probó en el proceso que tales cargos corresponden funcionalmente al que ocupaba el actor antes de la reestructuración (Auxiliar código 605, grado 02, nivel administrativo), pues a esa conclusión solo se puede arribar a partir de un ejercicio de contrastación del conjunto de las funciones, deberes y responsabilidades, que correspondían al cargo desempeñado por él, con las establecidas para los cargos de la nueva planta de personal, sin embargo, los elementos necesarios para efectuar dicha comparación no fueron allegados al plenario, ni pedidos por la parte interesada.

Igualmente, resaltó que el actor tampoco probó que dichos cargos estuvieran vacantes o que se hubiera incorporado a otros de carrera frente a los que podía alegar mejor derecho.

Concluyó que, si bien la entidad no acreditó que le hubiere dado al actor la posibilidad de optar por la reincorporación en un cargo igual o similar en la nueva planta de personal, ello no vicia el acto de retiro, pues no está demostrada la existencia de cargos en la planta de personal para concretar esa posibilidad.

6. Actuación posterior a la sentencia recurrida

El señor Segundo Hermengildo Granda presentó acción de tutela contra la anterior decisión, la cual fue resuelta en primera instancia por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B mediante sentencia del 6 de marzo de 2014, en la cual se accedió al amparo invocado y se ordenó al Tribunal Administrativo del Cauca dictar una nueva decisión.

En cumplimiento de lo anterior, el Tribunal Administrativo del Cauca profirió una nueva decisión el 19 de junio de 2014, en la cual se confirmó el fallo de primera instancia y se adicionó en cuanto al descuento de las sumas pagadas por concepto de indemnización.

Posteriormente, la Sección Cuarta del Consejo de Estado revocó la providencia de tutela de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda. En virtud de esta última decisión, mediante providencia del 2 de octubre de 2014 el Tribunal Administrativo del Cauca dejó sin efectos la providencia del 19 de junio de 2014, razón por la cual quedó en firme la sentencia proferida el 21 de junio de 2013.

7. El recurso extraordinario de revisión

El señor Segundo Hermenegildo Granda García, a través de apoderada judicial, interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia dictada el 21 de junio de 2013, por el Tribunal Administrativo del Cauca, con fundamento en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que establece: “1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.

Señaló que el cargo de Auxiliar Administrativo código 605, grado 02 del municipio de Caldono, ocupado por el actor al momento de la supresión, estaba clasificado como de carrera administrativa, por lo que la entidad desconoció arbitrariamente las prerrogativas otorgadas por la ley para esa clase de empleo, pues el retiro del servicio no podía declararse sin antes darse cumplimiento al procedimiento establecido en el inciso primero del artículo 35 del Código Contencioso Administrativo, es decir, que se permitiera al interesado ejercer su derecho de defensa, previa expedición del acto que suprimió el cargo, en especial porque en la nueva planta de personal “mantiene” cargos de Auxiliar Administrativo código 407, grado 02 y Auxiliar de Servicios Generales código 470, grado 01, razón por la cual no podía declararse insubsistente el nombramiento, en la medida en que dicha decisión solo procede cuando resulta no satisfactorio en la evaluación del desempeño laboral.

Advirtió que el retiro del servicio fue arbitrario, ilegal y vulnera principios constitucionales que orientan y regulan la función pública y la aplicación de la carrera administrativa en materia de permanencia y retiro del personal consagradas en la ley y no dejan duda que se profirieron vulnerando el debido proceso administrativo.

Señaló que, para realiza la modificación de la estructura administrativa del municipio de Caldono se realizaron unos estudios técnicos que incluían manuales de funciones, los cuales fueron “reiteradamente solicitados por el actor, tanto a la Alcaldía Municipal, como al Consejo (sic) municipal que concedió las facultades a la Alcadesa de la época para efectuar la restructuración, como al Personero Municipal, que debía ser informado del proceso de reforma, sin tener éxito ya que nunca entregaron la documentación”. Igualmente, señaló que dichas pruebas tampoco fueron aportadas al proceso por obra de la entidad, que se negó a entregarlos.

Afirmó que dichas pruebas eran importantes, toda vez que con ellas el Tribunal en segunda instancia pudo haber sido diferentes, pues así se podía establecer si la demandada había procedido de conformidad con lo previsto en la ley.

7. Trámite del recurso extraordinario de revisión

El señor Segundo Hermenegildo Granda interpuso el recurso extraordinario de revisión ante el Tribunal Administrativo del Cauca, que mediante auto del 24 de marzo de 2015 remitió el expediente al Consejo de Estado para que se surta su trámite.

Previo a continuar con el trámite, a través de auto del 29 de febrero de 2016, el despacho sustanciador solicitó al recurrente que aclarara las pretensiones de la demanda. Cumplido lo anterior, a través de auto del 29 de septiembre de 2017 se inadmitió el recurso para que el apoderado del señor Segundo Granda indicara de forma precisa la causal y precisara cuáles fueron los documentos encontrados con posterioridad a que se dictó el fallo de segunda instancia.

En auto del 2 de diciembre de 2019 se admitió el recurso ya se ordenó notificar a la contraparte y al Ministerio Público. A través de providencia del 20 de mayo de 2021 se dictó auto de pruebas.

8. Oposición al recurso extraordinario de revisión y concepto del Ministerio Público

El municipio de Caldono no presentó escrito de oposición y el Ministerio Público no conceptuó en el asunto de la referencia.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia y oportunidad

El presente recurso extraordinario de revisión se rige por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, y esta Subsección es competente para conocer del recurso contra la sentencia del 21 de junio de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, de conformidad con lo establecido en el inciso 2º del artículo 249 ídem.

Respecto de la oportunidad para interponer el recurso extraordinario de revisión, la Sala advierte que el inciso primero del artículo 251 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone que podrá presentarse dentro del año siguiente a la ejecutoria del fallo respectivo.

En el sub lite la sentencia del Tribunal Administrativo de Risaralda se profirió el 21 de junio de 2013, quedando ejecutoriada el 17 de julio de 2013 y el recurso extraordinario de revisión se interpuso el 16 de julio de 2014. Por consiguiente, el recurso se interpuso de forma oportuna.

2. Problema Jurídico

En los términos del recurso extraordinario de revisión presentado, la Sala debe establecer si procede infirmar la sentencia del 21 de abril de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca que revocó el fallo dictado el 7 de junio de 2011 por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Popayán y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

Por consiguiente, la Sala debe determinar si en la sentencia proferida el 21 de junio de 2013 por el Tribunal Administrativo del Cauca, se incurrió en la causal de revisión alegada por el recurrente, contenida en el numeral primero del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que, en criterio del recurrente, en la providencia dictada en segunda instancia no fue posible valorar unas pruebas que fueron solicitadas en varias ocasiones al municipio de Caldono (manual de funciones antes de la reestructuración y con posterioridad a la misma) y que no fueron allegadas por obra de la entidad demandada.

Con el propósito de desatar el problema jurídico se abordarán los siguientes aspectos: 2.1. Objeto y alcances del recurso extraordinario de revisión; 2.2 Causal regulada en el numeral primero del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 2.3 Caso concreto.

2.1. Objeto y alcances del recurso extraordinario de revisión

La jurisprudencia de esta Corporación, de manera pacífica, ha considerado que el propósito del recurso extraordinario de revisión es permitir que se garantice una justicia material en un caso que ya se ha decidido; un caso que si bien ha hecho tránsito a cosa juzgada y respecto del cual se pregona su certeza y ejecutoriedad, por razones distintas al debate mismo de la instancia que dio lugar a la decisión judicial, se permite que esa fuerza de cosa juzgada se rompa y pueda dar paso a la protección, en algunos asuntos, de derechos fundamentales que fueron desconocidos o amenazados por el operador judicial.

Con ese objetivo el artículo 250 del CPACA regula los eventos, de manera taxativa, que, al configurarse en el caso concreto den lugar al quiebre de la cosa juzgada y permita restablecer materialmente el derecho quebrantado por la decisión recurrida, en virtud del principio de tutela efectiva judicial y de la justicia material el legislador prevé que en casos excepcionales una sentencia ejecutoriada pueda ser objeto del recurso extraordinario de revisión, que constituye en proceso independiente, como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional al indicar “mediante la revisión se pretende estudiar asuntos nuevos que afectan la decisión adoptada y su sentido de justicia. Más que un recurso, es un verdadero proceso sobre eventos que no pudieron ser conocidos al momento de proferir la sentencia cuestionada”.

Las causales del recurso extraordinario de revisión propenden por la protección de los derechos de acceso a la administración de justicia y al debido proceso, pese a que el trámite judicial haya finalizado, y salvo la causal 4ª del artículo 250, “ninguno de los yerros que se relacionan en los numerales del mencionado artículo se refiere de modo directo a la actividad analítica del juez, dado que ninguno cuestiona la labor intelectual de juzgamiento, sino que todos involucran, bien sea una irregularidad de carácter procesal (numeral 5°, referido a la existencia de causal de nulidad originada en la sentencia, y numeral 8°, referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o bien, aspectos que atañen a la validez intrínseca o insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron el sentido de la decisión, numerales 1°, 2°, 3°, 4° y 7°”.

Dada la excepcionalidad del recurso extraordinario de revisión, la parte está obligada a invocar las causales de procedencia del recurso, que no comprenden el replanteamiento del debate surtido en instancia y tampoco la corrección de errores ‘in judicando’. Nótese entonces que es improcedente acudir al recurso extraordinario de revisión para enmendar errores y omisiones de la parte dentro del proceso ordinario.

De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que la rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco permite convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello desnaturalizaría la función de esta clase de instrumentos extraordinarios.

2.2. Causal regulada en el numeral primero del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

La causal contenida en el numeral primero del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que el recurso extraordinario de revisión resulta procedente cuando se han “(…) encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.

En efecto, los supuestos de hecho contenidos en la causal invocada exigen la presencia de tres realidades: i) que se recobren pruebas decisivas después de dictada la sentencia; ii) que con ellas se hubiere podido proferir una decisión diferente; iii) que el recurrente no las hubiere podido aportar al proceso, por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria.

Con el fin de aclarar el alcance de esta causal se realizará un análisis del tratamiento que la jurisprudencia le ha dado a los requisitos contenidos en la misma, para luego, entrar a resolver el caso concreto.

Sobre el concepto de “recobrado” o “encontrado” y el carácter documental de la prueba, el Consejo de Estado ha sido enfático en señalar:

“(…) En cuanto a la causal segunda de revisión invocada, es viable hablar de prueba recobrada cuando ésta inicialmente se encuentra extraviada o refundida y luego se recupera y, por ello, el demandante no estuvo en condiciones de aportarla al proceso. El verbo “recobrar” implica que se hubiere perdido algo que más tarde se recupera. Así las cosas, es indispensable para la prosperidad del recurso, entre otros requisitos, invocarse esta causal, que el recurrente hubiere estado durante todo el proceso en imposibilidad de aportar la prueba respectiva por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. (…)”.

En similar sentido esta Corporación dijo:

“Que “recobrado”, es el documento que como tal existía antes del pronunciamiento judicial objeto del recurso, pero estaba extraviado, perdido o refundido y solo pudo recuperarse o rescatarse después de la sentencia”.

De esta manera, una prueba encontrada o recobrada es aquella que existía al momento de la sentencia pero que estuvo refundida o extraviada para el tiempo en que había que aportarla al proceso o se dictó la decisión. Por lo tanto, no son admisibles aquellos elementos probatorios documentales que existan o surjan después del fallo.

Es así, como la creación de documentos posteriores al fallo no pueden calificarse como recobrados, porque no es posible recuperar o encontrar aquello que no existía o que no estaba oculto para las partes. Sobre el particular, el Consejo de Estado estableció:

“Resulta inadmisible aportar al proceso, a través del recurso extraordinario de revisión, documentos generados con posterioridad al fallo, al tiempo que tampoco resulta válido que la causal se funde en medios que pudieron ser aportados o solicitados en las oportunidades procesales correspondientes (periodo probatorio), por cuanto el recurso no fue establecido con esa finalidad. Lo anterior se explica en tanto que de aceptarse la procedencia de dichos medios de prueba se quebrantaría el principio de seguridad jurídica, el derecho de contradicción y la misma institución procesal de la cosa juzgada, pues bastaría que, la parte afectada con la decisión de instancia, intente producir o mejorar el medio probatorio existente para así reabrir el debate nuevamente.”

Tampoco tendrá el carácter de prueba documental recobrada, aquella o aquellas piezas que fueron incorporados al proceso, pero que no fueron controvertidas por las partes.

De acuerdo con lo anterior, es claro que el simple olvido o abandono de la parte que habría sido beneficiada de la prueba no constituye razón válida para interponer el recurso de revisión, puesto que, este medio de impugnación no pretende corregir las deficiencias probatorias de las partes. De ahí que no sea viable producir o mejorar las pruebas del proceso, porque no habría cosa juzgada en las decisiones.

No obstante, excepcionalmente esta Corporación ha admitido pruebas posteriores a la fecha de la decisión cuando son decisivas y no tienen nada que ver con una desidia probatoria que pretenda subsanarse por la vía del recurso extraordinario, como en el caso de las pruebas de ADN. El fundamento de esto reside en la necesidad de remediar la injusticia que se derivó para la parte afectada al verse en la imposibilidad de aportarla.

Con relación al carácter documental de la prueba recobrada o encontrada, la jurisprudencia ha manifestado que para entender el concepto de documento es necesario acudir al artículo 243 del Código General del Proceso, que establece las características de este medio probatorio. Por tanto, para la configuración de la causal no se admite otro tipo de pruebas como los testimonios, las experticias, los informes técnicos o los exámenes médicos especializados por regla general.

Respecto al segundo requisito para estructurar la causal, es indispensable que la prueba no haya sido aportada al proceso por razones de fuerza mayor, caso fortuito u obrar de la parte contraria. En consecuencia, no cualquier justificación es válida, pues el recurrente tiene la carga de demostrar los supuestos que generaron la imposibilidad que se alega. Sobre este aspecto, el Consejo de Estado expresó:

“(…) Presupuesto esencial para que se configure la causal aquí invocada, además de que el documento se halle después de que se dicte la sentencia y que éste sea decisivo, es que la prueba documental que se pretende hacer valer y que no pudo ser tenida en cuenta por el juzgador, no haya sido aportada al proceso por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

(…)

Cuando la causal en comentario exige que al recurrente le haya sido imposible aportar el documento recuperado o recobrado por fuerza mayor o caso fortuito, con mucha más razón se requiere que no haya habido culpa, negligencia o error de conducta alguno de su parte. Si esto ocurre, así el documento que no se allegó pueda tener influencia suficiente para cambiar el sentido del fallo, no tiene la naturaleza de “recobrado” y, por ende, no es idóneo para estimar la pretensión revisoría. (…)” (Negrilla fuera de texto)

Posteriormente, se dijo:

“(…) que el elemento probatorio que se invoca como prueba recobrada, existía al tiempo de dictarse la sentencia, pero, que sólo llegó a poder del impugnante con posterioridad a ello, pues están excluidas en esta causal, pruebas que hubieran debido y podido aportarse oportunamente, ya que no se trata con este recurso extraordinario, de remediar una inactividad o negligencia en el diligenciamiento de la prueba, sino de corregir la causa insuperable en que estuvo el recurrente de hacer valer la prueba dentro del proceso.

De manera que, la debida justificación de las razones o motivos por los cuales las pruebas no pudieron ser tenidas en cuenta en el proceso ordinario, es un presupuesto para la prosperidad de la causal invocada que no cumple la prueba aportada dentro del presente recurso.

En efecto, si la falta en el expediente del documento no obedeció a fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte demandada, sino al simple descuido de quien debía hacerlo oportunamente, no se puede a través del recurso extraordinario de revisión subsanar esa omisión, alegando como pruebas “recuperadas" las que de ninguna manera tienen esa característica. (…)” .

De lo expuesto se infiere que el recurrente debe acreditar los hechos que sustentan el recurso, no puede limitarse a señalar que existió una dificultad, sino que debe hacer un análisis juicioso de las razones que le imposibilitaron obtener las pruebas documentales al momento de proferir la decisión.

En relación con el tercer requisito, el legislador estableció que la prueba documental debía tener un carácter decisivo, pues el fundamento de la causal lo constituye la recuperación de documentos trascendentales para el proceso, es decir, que tengan la capacidad suficiente, en caso de haberse allegado, para que el fallador tomara una decisión diferente. Por tanto, a este medio probatorio se le exige una determinación alta, toda vez que, debe tener la potencialidad de cambiar el sentido del fallo. Sobre el particular, la jurisprudencia ha señalado:

“(…) Que la prueba debe ser de tal entidad que pueda sustentar una decisión distinta a la impugnada. La disposición consagra que la prueba debe ser de tal entidad que el juez, con fundamento en ella, hubiera proferido una decisión diferente. A partir de ello, la jurisprudencia ha resaltado la trascendencia de la prueba y su relación directa con lo debatido.”

Así las cosas, el impugnante debe justificar las razones por las que dicha prueba tiene la entidad para cambiar el sentido de la decisión recurrida, toda vez que, no cualquier elemento probatorio tiene la capacidad de influir en la parte resolutiva de una decisión, principalmente, porque hay pruebas que inciden sobre el fallo con menor intensidad o que son intranscendentes. Al respecto, el Consejo de Estado sostuvo:

“(…) que la prueba con la cual se pretende invalidar la sentencia recurrida en revisión debe tener la virtualidad suficiente para que en el caso de haber sido aducida oportunamente, el fallador hubiera resuelto en un sentido totalmente diferente, es decir, fallando favorablemente a las peticiones o a la defensa planteada en el proceso, según el caso, por quien recurre el fallo en vía extraordinaria.

Así las cosas, no es procedente una prueba que, de ser considerada, podría invalidar uno de los argumentos en los cuales se funda el fallo recurrido, pues se dejarían incólumes las demás razones que tuvo en cuenta el juez para tomar la decisión”

En efecto, el documento decisivo no puede desvirtuar solamente uno de los motivos que sustentan el fallo, sino que, debe cambiar el sentido de la decisión. Por esto, le corresponde al recurrente el deber de explicar en el recurso la manera en que dicha prueba modifica la decisión recurrida.

En este orden, todos los presupuestos que configuran las causales de revisión, cualquiera sea la que se invoque, deben ser probados por quien persigue que le sea estimada su pretensión.

2.3. Caso concreto

El señor Segundo Hermenegildo Granda García presentó recurso extraordinario de revisión contra la sentencia proferida el 21 de junio de 2013 por el Tribunal Administrativo del Cauca, al considerar que se incurrió en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

La parte recurrente considera que se configuró esta causal toda vez que, pese a los diferentes requerimientos, la entidad territorial no allegó copias del manual de funciones del municipio, previo a la reestructuración de la planta de personal, así como el posterior a la misma, por lo que el Tribunal no pudo analizar dichos documentos, para que pudiera confirmar la decisión de primera instancia.

Con el fin de establecer si esta causal tuvo ocurrencia, la Sala analizará si se cumplen los requisitos que se desprenden de la norma jurídica y que la jurisprudencial del Consejo de Estado ha precisado así:

La prueba debe ser documental

Indudablemente las pruebas a que se refiere el recurrente son documentos, pues se trata de los Manuales de Funciones de la planta de personal antes y después de la reestructuración administrativa adelantada en diciembre de 2005, razón por la cual se encuentra acreditado el primer presupuesto.

La prueba documental se recobra después de la sentencia objeto de revisión

Este presupuesto hace referencia a la preexistencia del documento, es decir, que el elemento probatorio existía al tiempo de dictarse la sentencia, pero que no fue conocido por el fallador. Esto implica que no se admiten documentos (i) con fecha posterior al fallo o, (ii) que, aun siendo anteriores a esa providencia, podían ser aportados por la parte interesada en las oportunidades procesales correspondientes, pero que no lo hizo por razones diferentes a una fuerza mayor, un caso fortuito o por obra de la parte contraria.

En este caso, y frente al concepto de “recobrar”, se tiene que los manuales de funciones existían desde antes de la interposición del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que también se encuentra acreditado este segundo presupuesto.

Ahora bien, junto al concepto de “recobrar el documento” se debe analizar las razones por las cuales, siendo preexistente, no se pudo aportar al proceso en las oportunidades procesales pertinentes, lo cual procede a efectuar la Sala a continuación.

Las razones para no aportar la prueba documental durante el proceso son expresamente las que dice la ley (fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria) y deben acreditarse en el recurso.

La parte recurrente aduce que no pudo aportar al proceso el mencionado documento por causas ajenas a su voluntad, como es el hecho que el municipio de Caldono no allegó los Manuales de Funciones con la contestación de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, ni en la etapa probatoria, pese a los diferentes requerimientos y solicitudes efectuadas por la parte interesada y por el juez.

Pues bien, para la Sala este presupuesto no se encuentra acreditado toda vez que, aunque se encuentra demostrado que el señor Segundo Hermenegildo Granda solicitó a la administración la expedición de las copias que “constituyen la Reforma de la Planta de Personal de la Alcaldía”, en el proceso de nulidad y restablecimiento no allegó ni solicitó que se oficiara al municipio para que allegara los manuales de funciones que hoy pretende invocar como prueba recobrada.

Al respecto, la Sala advierte que, en el capítulo de pruebas de la demanda del proceso ordinario, el hoy recurrente solicitó lo siguiente:

“8.2 DOCUMENTALES SOLICITADAS

8.2.1. Sírvase el honorable Magistrado ordenar que se oficie al señor Alcalde Municipal de Caldono Cauca con sede en ese Municipio, con el fin de que se sirva remitir con destino al proceso los siguientes documentos:

Copia auténtica de los Decretos Nos. 064 del 26 de diciembre de 2005 y 013 del 27 de enero de 2006 con constancias de su comunicación o notificación al interesado.
Copias de los folios útiles contenidos en la hoja de vida de la actora (sic) que reposan en los archivos de la Entidad en su sede de la Alcaldía Municipal de Caldono – Cauca.

8.2.2. Sírvase el Honorable Magistrado ordenar que se oficie al señor Personero Municipal de Caldono cauca con sede en la Alcaldía de ese Municipio, con el fin de que se sirva remitir con destino al proceso los siguientes documentos:

Informe de la Personería, acompañada de la documentación pertinente relacionada con el proceso de reestructuración, supresión de cargos e incorporación de empleados de carrera a la nueva planta de personal del municipio.

8.2.3. Sírvase el Honorable Magistrado ordenar que se oficie al Departamento Administrativo de la Función Pública, con sede en la ciudad de Bogotá D.C., para que se remitan certificaciones relacionadas con la inscripción, registro, actualización, vigencia, evaluaciones de desempeño, y calificaciones del servicio público del actor SEGUNDO HERMENEGILDO GRANDA GARCÍA, inscrito mediante Resolución No. 297 del 30 de octubre de 1998 en la carrera administrativa desde el 21 de enero de 1985, hasta la fecha”.

A su vez, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Popayán, mediante auto del 25 de febrero de 2008 decretó las pruebas solicitadas por el señor Segundo Hermenegildo Granda García, en los términos indicados anteriormente, sin que se observe que en las pruebas se pida oficiar al municipio para que allegue los manuales de funciones o alguna prueba adicional a las enlistadas.

En virtud de lo anterior, la Sala considera que, contrario a lo afirmado por la parte recurrente, no se evidencia que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho el demandante solicitara o aportara las pruebas con las cuales pretendía sustentar sus pretensiones o demostrar que el retiro del servicio por la supresión del cargo que ocupaba en el municipio de Caldono estaba viciado de nulidad, por lo que no puede pretender a través de este mecanismo excepcional mejorar los argumentos o pruebas que no fueron presentadas o pedidas en la oportunidad procesal correspondiente, por lo que aceptar que se traigan o soliciten en este trámite contraría la finalidad de la causal invocada, pues no se acredita alguna de las razones establecidas por el legislador para invocar esta causal.

A juicio de la Sala, la inconformidad del demandante se centra en la valoración de la situación fáctica y jurídica realizada por el Tribunal y lo pretendido por el recurrente es que se emita un nuevo pronunciamiento sobre el fondo del asunto porque considera que en la sentencia recurrida no se realizó un análisis correcto, ya que debió concluirse que los actos estaban viciados y que era procedente el reintegro del actor; sin embargo, estudiar lo alegado por el señor Segundo Granda conlleva a que el recurso extraordinario de revisión se convierta en una “tercera instancia” para debatir la posición que en criterio de la parte vencida debió adoptarse en el proceso, sin que se evidencie que dicha situación se encuentra enmarcada en la causal invocada en el presente asunto, pues los argumentos demuestran la inconformidad frente al análisis efectuado por el Tribunal, y no un error de tal magnitud que haga procedente el análisis de lo alegado a través de este mecanismo.

Ahora bien, se debe resaltar que el recurso extraordinario de revisión no constituye una instancia adicional del proceso contencioso que se ha adelantado ante los jueces competentes, sino que se trata de un mecanismo extraordinario, que se funda en la configuración de alguna de las causales taxativamente señaladas por el legislador, con el fin de revisar una decisión judicial y evitar la afectación de los derechos fundamentales de alguno de los sujetos procesales y no se puede emplear como una oportunidad de alguna de las partes para discutir nuevamente un aspecto de la litis, cuestionar el sustento jurisprudencial aplicado por el juez o la valoración efectuada por el mismo sobre las pruebas obrantes en el proceso o las que no fueron allegadas, solicitadas o decretadas.

Por las anteriores razones, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión, como quiera que no se evidencia la configuración de la causal prevista en el artículo 250, numeral 1 de la Ley 1437 de 2011.

Finalmente, no hay lugar a condenar en costas debido a que en virtud de lo establecido en el artículo 365, numeral 8, del CGP, aplicable al caso por expresa remisión del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, “Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”, lo cual no ocurre en el sub lite.

III. DECISIÓN

Así las cosas, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión presentado por el señor Segundo Hermenegildo Granda García y no condenará en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el señor Segundo Hermenegildo Granda García contra la sentencia del 21 de junio de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: No hay lugar a condena en costas, por no haberse causado.

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link HYPERLINK "http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador" \h http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia se discutió y aprobó por la Sala en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS

(Firmado electrónicamente)
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CARMELO PERDOMO CUÉTER
AUSENTE CON EXCUSA

Inicialmente el actor fue inscrito en el escalafón de carrera como Guardián de Cárcel, pero posteriormente en el año 1999 fue incorporado a la planta de personal del municipio en carrera administrativo como Auxiliar Administrativo código 605, grado 02 y en el acto de incorporación se indicó que no se podían pedir requisitos adicionales para los empleados allí incorporados. Folios 92-102 reverso. Folios 105-108. Folios 173-188. Folios 196-213. Folios 245-246. Folios 216-235. Folios 250-251. Folios 257-258. Folios 268-reverso. Folios 287-reverso. Folios 295-reverso. Folio 216. C-680 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz. C-269 de 1998. M.P. (E) Carmenza Isaza de Gómez. C-520 de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa. Corte Constitucional, sentencia C-450 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional, sentencia T-649 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
“4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia”. Consejo de Estado, Sala Plena de Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, M.P. Alberto Yepes Barreiro, sentencia del 2 de febrero de 2016, proceso con radicado 11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV). Corte Constitucional, sentencia C-450 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00. Consejo de Estado, sentencia de 18 de junio de 1993, expediente 5614, C.P. Álvaro Lecompte Luna
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 8 Especial de Decisión, Sentencia de 7 de julio de 2015, Radicado 11001-03-15-000-2008-01048-00(REV). También se puede ver: sentencias de 16 de septiembre de 2011 (Expediente núm. 2009-00600-01 REV (17850), de 8 de noviembre de 2005 (Expediente núm. 1999-00218-01 (REV), de 2 de junio de 2015 (Expedientes núms. 2000-00237-01 y 2005-00560-01,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, Sentencia de 14 de agosto de 2018, Radicado 11001-03-15-000-2008-00534-00(REV)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de 18 de julio de 2018, Radicado 05001-33-31-025-2009-00082-01(22402). Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 15 Especial de Decisión, Sentencia de 5 de junio de 2018, Radicado 11001-03-15-000-2009-00602-00(REV)
Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 29 de abril de 2015. Radicado 25000-23-26-000-1999-00319-01(26239). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 4 Especial de Decisión, Sentencia de 1 de marzo de 2016, Radicado 11001-03-15-000-2015-01917-00(REV)
Ley 1564 de 2012, “Artículo. 243. DISTINTAS CLASES DE DOCUMENTOS. Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares. Los documentos son públicos o privados. Documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Así mismo, es público el documento otorgado por un particular en ejercicio de funciones públicas o con su intervención.

Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es autorizado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública.”
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, Sentencia de 14 de agosto de 2018, Radicado 11001-03-15-000-2008-00534-00(REV). Afirmar que un documento es decisivo “significa que tiene un valor y eficacia bastante para resolver en sentido contrario o diferente del fallo recurrido; de influencia tan notoria en el pleito que si el juzgador hubiera podido apreciarlo al dictar su fallo lo hubiera pronunciado en sentido contrario; capaz por sí mismo de contradecir el resultado probatorio a que se llegó al fallar el pleito; ha de poderse estimar que se encontraba provisto de eficacia probatoria tal que destruía la posibilidad de que las demás pruebas la contrariasen”. Juan de Dios Doval de Mateo, La revisión civil, Barcelona, 1979, pág. 156. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de noviembre de 2005, expediente No. 1999-00218, C.P. Dr. Héctor Romero Díaz. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 18 de octubre de 2005, rad. 11001-03-15-000-1999-00226-01(REV), C.P. María Nohemí Hernández Pinzón. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 15 Especial de Decisión, Sentencia de 5 de junio de 2018, Radicado 11001-03-15-000-2009-00602-00(REV)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 4 Especial de Decisión, Sentencia de 1 de marzo de 2016, Radicado 11001-03-15-000-2015-01917-00(REV)
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 8 Especial de Decisión, Sentencia de 2 de junio de 2015, Radicado 11001-03-15-000-2007-00879-00(REV)
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Ocho Especial de Decisión, Sentencia de 7 de julio de 2015, Radicado 11001-03-15-000-2008-01048-00(REV)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 16 de agosto de 2018, Radicado 23001-33-31-003-2007-00107-01(47300)
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 18 de octubre de 2005, Radicación número: 11001-03-15-000-1999-00226-01(REV). Folio 239. Folios 27-28. Folios 71 -72.

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Número interno:1626-2015
Demandante: Segundo Hermenegildo Granda García
Demandado: Municipio de Caldono - Cauca
Fallo

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