Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2013-00035-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2013-00035-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2013-00035-00
Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes
3 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022).
Radicado: 11001-03-25-000-2013-00035-00
Nº interno: 0090-2013
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
Demandado: Carlos Andrés Mesa Carrillo
Tema: Recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 19 de diciembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Causal regulada en el numeral 1 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión presentado por la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional contra la sentencia del 19 de diciembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F – Sala de Descongestión que confirmó la decisión de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el señor Carlos Andrés Mesa Carrillo contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.
ANTECEDENTES
1. La sentencia recurrida
El 19 de diciembre de 2011, la Subsección F- Sala de Descongestión de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 19 de diciembre de 2011, proferida por el Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito de Bogotá D.C., dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el señor Carlos Andrés Mesa Carrillo, en el cual buscaba obtener la nulidad del Decreto 2186 de 14 de junio de 2007, suscrito por el Presidente de la República y previo concepto de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa, mediante el cual se retiró del servicio al actor por voluntad del Gobierno Nacional, a partir del 21 de junio de 2007.
Igualmente, solicitó que se declare la nulidad del Acta 003 de 2007 de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional, mediante la cual se motivó el anterior decreto.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la entidad demandada reintegrar al actor a un grado y cargo en la Policía Nacional de superior categoría, como Mayor, como si no hubiera existido solución de continuidad, desde el retiro hasta su reintegro, así como el pago de daños morales y el daño emergente, causados como resultado de las decisiones anuladas y el pago de los valores dejados de percibir durante el tiempo en que estuvo retirado del servicio.
El demandante sustentó sus pretensiones en que prestó sus servicios en la institución policial durante 15 años, 7 meses y 12 días, tiempo durante el cual obtuvo múltiples condecoraciones, felicitaciones e innumerables anotaciones positivas, siendo retirado cuando se encontraba adscrito a la Dirección de Investigación Criminal – DIJIN.
El Tribunal consideró que, como se afirmó en el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, el acto administrativo demandado no necesitaba expresar motivo alguno justificando el retiro del servicio, pues como lo ha señalado la jurisprudencia en reiteradas oportunidades, cuando la administración se basa en la facultad discrecional no está en la obligación de motivar sus decisiones, pues las mismas, al estar cobijadas por la presunción de legalidad, se entienden expedidas en aras del mejoramiento del servicio.
Sin embargo, señaló que el Consejo de Estado ha considerado que cuando existen condiciones excepcionales de excelencia en el cumplimiento de los deberes del funcionario retirado, le corresponde a la administración demostrar las razones por las cuales tomó la decisión de retiro, invirtiéndose de esta forma la carga de la prueba.
Advirtió que, en el caso bajo estudio el actor demostró que tenía unas condiciones excepcionales de excelencia en el cumplimiento de sus funciones, pues en su folio de vida y en sus calificaciones, durante más de 15 año de trayectoria policial, se observan solamente anotaciones positivas, felicitaciones especiales, reconocimientos, condecoraciones y calificaciones excepcionales y superiores, sin que se encuentre en el material probatorio obrante en el expediente, alguna tacha o reproche por parte de la institución policial contra el demandante.
Igualmente, agregó que “en los dos últimos años anteriores a su retiro (esto es, entre los años 2005 a 2006), el actor demostró, tal y como se observa a folios 107 a 126, una conducta irreprochable, siendo objeto de múltiples felicitaciones especiales, calificaciones excepcionales y superiores, en (sic) inclusive, en el año 2005, le fue otorgada, por tercera vez por parte de la Dirección General de la Policía la Medalla por servicios Distinguidos Categoría Caballero, por su compromiso institucional, vocación de servicio, sentido de pertenencia y capacidad investigativa. Además, cuenta con múltiples estudios que contribuyen al ejercicio de sus funciones, y en reiteradas ocasiones fue comisionado tanto nacional como internacionalmente, para adelantar cursos, participar en encuentros, ejecutar casos, intercambiar y analizar información, etc.”.
En virtud de lo anterior, confirmó la decisión que declaró la nulidad del Decreto 2186 del 14 de junio de 2007 y, como consecuencia de lo anterior, condenó a la entidad demandada a reintegrar al actor, sin solución de continuidad, para todos los efectos legales, al cargo que venía desempeñando al momento del retiro, así como al pago de sueldos, prestaciones sociales, emolumentos y demás haberes causados y dejados de percibir desde la fecha en que fue retirado del servicio y hasta cuando se produzca el reintegro efectivo.
2. El recurso extraordinario de revisión
La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia dictada el 19 de diciembre de 2011 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con fundamento en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según la cual es causa de revisión: “1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.
Solicitó que se declare probada la causal de revisión invocada, teniendo en cuenta que el señor Carlos Andrés Mesa Carrillo, para el año 2007, ostentaba el grado de Mayor designado a la DIJIN y era miembro del grupo de colaboración con la DEA, Organismo Internacional de los Estados Unidos de América en la lucha contra el narcotráfico.
Indicó que, mediante el Decreto 2168 de 14 de junio de 2007, firmado por el Presidente de la República en uso de sus facultades legales y constitucionales, se retiró del servicio de la Policía Nacional por voluntad del Gobierno Nacional al Mayor Carlos Andrés Mesa Carrillo, quien demandó la nulidad de dicho acto y solicitó el reintegro al cargo y el pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir, así como unas indemnizaciones por concepto de perjuicios.
Señaló que en las sentencias de instancia se accedió a lo pretendido por el demandante; sin embargo, con posterioridad a ellas, se recibieron dos Oficios del 21 de diciembre de 2011 y del 19 de enero de 2012, suscrito por Robert Emery, Agregado Judicial Adjunto de la Embajada de los Estados Unidos de América, en los que informa a la Policía Nacional que el señor Carlos Andrés Mesa Carrillo fue arrestado en ese país por la DEA, en el año 2008, por tres cargos; (i) concierto para importar 5 kilogramos o más de cocaína a los Estados Unidos; (ii) concierto para distribuir 5 kilogramos o más de cocaína, con el conocimiento y la intención de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos; y (iii) concierto para lavar activos, los cuales involucran utilidades provenientes del tráfico de narcóticos.
Afirmó que la Policía Nacional al recibir dicha comunicación radicó el 20 de enero de 2012 solicitud ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de obtener la nulidad de la sentencia de segunda instancia, en razón a la obtención de una “prueba sobreviniente”. El Tribunal corrió traslado de dicha solicitud y posteriormente, mediante providencia del 14 de septiembre de 2012 resolvió rechazarla de plano.
La anterior causal la fundamentó en que la Policía Nacional obtuvo las pruebas y comunicaciones oficiales que dan fe de las actividades ilícitas del señor Mesa Carrillo, hasta el 21 de diciembre de 2011 y 19 de enero de 2012. Adicionalmente, hasta el mes de junio de 2012 la Policía Nacional pudo aportar a la autoridad judicial las siguientes pruebas debidamente legalizadas, conforme al artículo 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil:
“1. Apostilla, traducción oficial y legalización ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, de dos (2) certificaciones emitidas por el señor Robert Emeri, Agregado Judicial Adjunto de la Embajada de los Estados Unidos.
2.Apostille emitida en los Estados Unidos de América, de la acusación en contra del señor CARLOS ANDRÉS MESA CARRILLO, con sello oficial y traducción Oficial certificada
3. Apostille emitida en los Estados Unidos de América, de la sentencia y corrección, en contra del señor CARLOS ANDRÉS MESA CARRILLO, con sello oficial y traducción Oficial certificada.
4. Transcripción de la causa Penal de Súplicas, ante el Juez magistrado de los Estados Unidos, con sello certificado de fiel copia y traducida por intérprete oficial reconocido por el Ministerio de Justicia de Colombia”.
Advirtió que la causal se configura en este caso porque los documentos recobrados eran desconocidos por la Policía Nacional, teniendo en cuenta que se dieron en un trámite ante un país extranjero, por lo que no era posible conocer en su debido momento del acontecer delictivo del Oficial Mesa Carrillo, pues en su hoja de servicio no figuran antecedentes ni investigaciones penales o disciplinarias, sin embargo, se conocían algunas noticias de las actividades que éste realizaba presuntamente en contra de la ley, razones que afectaban el buen servicio que debía prestar el Oficial y la entidad policial. Agregó que de las pruebas recobrabas se deduce que su actuar delincuencial venía desde cuando se desempeñaba como Oficial de la Policía Nacional.
Indicó que, si bien el recurso extraordinario de revisión no fue concebido para debatir nuevamente los hechos o pruebas discutidas dentro del proceso judicial, se debe resaltar que el fin primordial de la facultad discrecional lo constituyen las razones del buen servicio de policía, lo que garantiza una prestación integral y transparente hacia la comunidad, el cual exige que los miembros de la institución sean personas íntegras, que gocen de toda la confianza del alto mando y de la ciudadanía.
3. Trámite del recurso extraordinario de revisión
Mediante auto del 3 de febrero de 2015, previo a admitir el recurso extraordinario de revisión, se ordenó oficiar al Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, para que envíe la totalidad del proceso con radicación 1001-33-31-008-2007-00593. A través de auto del 26 de enero de 2016 se dispuso expedir las copias solicitadas. En providencia del 12 de julio de 2016 se admitió el recurso extraordinario de revisión. Mediante auto del 19 de noviembre de 2019 se ordenó dar cumplimiento a lo dispuesto en la anterior providencia, relacionado con la notificación a la parte demandada, so pena que opere el desistimiento tácito.
En auto del 20 de mayo de 2021 se dispuso el emplazamiento del señor Carlos Andrés Mesa Carrillo, teniendo en cuenta que no fue posible su notificación, pues de acuerdo a información suministrada por el hermano del recurrido, aquel vive en Estados Unidos. A través de providencia del 17 de febrero de 2022 se designó curador ad litem. Sin embargo, posteriormente, se logró la notificación personal a la apoderada judicial designada por el apoderado general del señor Carlos Andrés Mesa.
A través de auto del 25 de agosto de 2021, el Despacho Sustanciador prescindió del periodo probatorio, al encontrarse que en el expediente reposan pruebas suficientes para decidir de fondo el asunto.
4. Oposición al recurso extraordinario de revisión
La apoderada del señor Carlos Andrés Mesa Carrillo se opuso a las pretensiones del recurso extraordinario de revisión, al considerar que no puede constituirse en una tercera instancia y, por lo mismo, no es admisible que dentro del mismo se continúe con el debate probatorio sobre el fondo del asunto.
Advirtió que los actos acusados al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho fueron inmotivados y solo mencionaron las normas que los cobijaban, por lo que con ellos se vulneraron los derechos al debido proceso, a la defensa y de contradicción del señor Mesa Carrillo.
Asimismo, resaltó que no es cierto que el Mayor Carlos Andrés Mesa Carrillo para el año 2007 se encontraba en servicio activo adscrito a la Dirección de Investigación Judicial e Interpol – DIJIN, pues trabajó en dicha unidad hasta el 2005, cuando fue asignado como Jefe del Grupo de Investigaciones Generales, hasta su retiro, y en dicha unidad se adelantan investigaciones que tienen relación con delitos contra el patrimonio y no con narcotráfico.
Afirmó que el arresto del señor Carlos Andrés Mesa Carrillo se realizó el 30 de abril de 2009 en la ciudad de Knoxville – Tenneesse – Estados Unidos, con base en el “indictment del 29/04/2009” y señaló que antes de esa fecha no existía petición de captura formal en contra de él, por lo cual el 12 de agosto de 2007 pudo ingresar a ese país sin que fuera requerido por alguna autoridad.
Señaló que, según lo manifestado por la apoderada de la entidad, los motivos reales que originaron el retiro de la Policía Nacional fue la supuesta información que recibió la institución policial por parte del entonces Director de la DEA en Colombia, lo que implica que la institución conoció de las presuntas actividades ilegales del señor Mesa Carrillo antes del 16 de mayo de 2007 (día previo a la elaboración del Acta 003 del 17 de mayo de 2007 y solo hasta el 30 de abril de 2012, a través de petición, solicitó al Gobierno Americano la entrega formal de la información relacionada con los delitos cometidos por el policía.
En cuanto a la causal invocada, consideró que los documentos aportados como recobrados no pueden ser tenidos en cuenta como decisivos para cambiar la postura y las decisiones de instancia, pues en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se evidenció que no fueron motivados de forma alguna y, por lo mismo, vulneraron el debido proceso y el derecho a la defensa del demandante, lo cual se sustenta también en lo manifestado en sendas providencias por la Corte Constitucional, por lo que afirmó que las sentencias cuestionadas siguieron apropiadamente el precedente jurisprudencial constitucional, especialmente en lo referente a la necesidad y obligatoriedad de motivar los actos administrativos de retiro por facultad discrecional, generados dentro de la causal “por voluntad del Gobierno”.
Advirtió que no se puede considerar que las pruebas allegadas en el recurso extraordinario de revisión fueron recobradas, pues la institución policial “tenía intencionadamente ocultos los motivos de retiro del señor MESA CARRILLO, era su deber haber contestado la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y en su memorial haber informado cuales eran los motivos reales del retiro y además pedir como pruebas al Juzgado 23 Administrativo e Bogotá que se solicitara a la DEA y las autoridades judiciales de Estados Unidos la información sobre las investigaciones que se estuvieran adelantando en contra de mi Poderdante, lo cual no hizo premeditadamente”.
Igualmente, agregó que los documentos presentados como pruebas recobradas corresponden a la Audiencia de cargos adelantada por la Corte Distrital Este de Nueva York, dentro del proceso “Case 1:09-cr-00270-sj de 29 de julio de 2010”, adelantado en contra de Carlos Andrés Mesa Carrillo, es decir, que fueron producidos o elaborados con posterioridad a la fecha en que precluyó la etapa probatoria en el proceso ordinario.
Planteó que la actuación de la institución policial ha sido totalmente reprochable, por cuanto en forma mal intencionada, a pesar de conocer los motivos de retiro, ocultó información y no motivó los actos administrativos que fueron proferidos para desencadenar el retiro del Mayor Mesa Carrillo en ejercicio de la facultad discrecional; y aseguró que después de más de cuatro años y medio, al ver que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo accedió a las pretensiones de la demanda, dos días después de la notificación de la decisión “aparece la información que fue ocultada intencionadamente desde el mes de mayo de 2007”.
5. Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público no conceptuó de fondo en el presente asunto.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia y oportunidad
El presente recurso extraordinario de revisión se rige por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, y esta Subsección es competente para conocer del recurso contra la sentencia del 19 de diciembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca de conformidad con lo establecido en el artículo 249 ídem.
El recurso fue presentado de forma oportuna el 15 de noviembre de 2012, toda vez que la sentencia proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca es del 19 de diciembre de 2011; y en virtud del artículo 187 del Código Contencioso Administrativo, el recurso debe interponerse dentro de los 2 años siguientes a la ejecutoria de la sentencia.
Se advierte que, si bien el recurso extraordinario de revisión se interpuso en vigencia de la Ley 1437 de 2011, el término para la interposición del recurso inició a correr mientras todavía era aplicable el CCA, razón por la cual se debe tener en cuenta lo dispuesto en este último código frente a la oportunidad del recurso, en virtud de lo establecido en el régimen de transición previsto en el artículo 308 del CPACA.
2. Problema Jurídico
En los términos del recurso extraordinario de revisión, la Sala debe establecer si procede infirmar la sentencia del 19 de diciembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que confirmó la decisión que accedió a las pretensiones de la demanda.
Por consiguiente, la Sala debe determinar si se configura la causal prevista en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA, en cuanto a juicio del recurrente, se encontraron o recobraron unos documentos decisivos después de dictada la sentencia, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, los cuales no pudieron aportarse porque las mismas se realizaron en un país extranjero.
Para resolver el problema jurídico, se analizará el objeto del recurso extraordinario de revisión, el alcance de la causal invocada por la entidad demandante, para, finalmente, descender al caso concreto.
2.1. Objeto y alcance del recurso extraordinario de revisión
La jurisprudencia de esta Corporación, de manera pacífica, ha considerado que el propósito del recurso extraordinario de revisión es permitir que se garantice una justicia material en un caso que ya se ha decidido; un caso que si bien ha hecho tránsito a cosa juzgada y respecto del cual se pregona su certeza y ejecutoriedad, por razones distintas al debate mismo de la instancia que dio lugar a la decisión judicial, se permite que esa fuerza de cosa juzgada se rompa y pueda dar paso a la protección, en algunos asuntos, de derechos fundamentales que fueron desconocidos o amenazados por el operador judicial.
Con ese objetivo el artículo 250 del CPACA regula los eventos, de manera taxativa, que, al configurarse en el caso concreto den lugar al quiebre de la cosa juzgada y permita restablecer materialmente el derecho quebrantado por la decisión recurrida, en virtud del principio de tutela efectiva judicial y de la justicia material el legislador prevé que en casos excepcionales una sentencia ejecutoriada pueda ser objeto del recurso extraordinario de revisión, que constituye en proceso independiente, como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional al indicar “mediante la revisión se pretende estudiar asuntos nuevos que afectan la decisión adoptada y su sentido de justicia. Más que un recurso, es un verdadero proceso sobre eventos que no pudieron ser conocidos al momento de proferir la sentencia cuestionada”.
Las causales del recurso extraordinario de revisión propenden por la protección de los derechos de acceso a la administración de justicia y al debido proceso, pese a que el trámite judicial haya finalizado, y salvo la causal 4ª del artículo 250, “ninguno de los yerros que se relacionan en los numerales del mencionado artículo se refiere de modo directo a la actividad analítica del juez, dado que ninguno cuestiona la labor intelectual de juzgamiento, sino que todos involucran, bien sea una irregularidad de carácter procesal (numeral 5°, referido a la existencia de causal de nulidad originada en la sentencia, y numeral 8°, referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o bien, aspectos que atañen a la validez intrínseca o insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron el sentido de la decisión, numerales 1°, 2°, 3°, 4° y 7°”.
Dada la excepcionalidad del recurso extraordinario de revisión, la parte está obligada a invocar las causales de procedencia del recurso, que no comprenden el replanteamiento del debate surtido en instancia y tampoco la corrección de errores ‘in judicando’. Nótese entonces que es improcedente acudir al recurso extraordinario de revisión para enmendar errores y omisiones de la parte dentro del proceso ordinario.
De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que la rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco permite convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello desnaturalizaría la función de esta clase de instrumentos extraordinarios.
2.2. Causal regulada en el numeral primero del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
La causal contenida en el numeral primero del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que el recurso extraordinario de revisión resulta procedente cuando se han “(…) encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.
En efecto, los supuestos de hecho contenidos en la causal invocada exigen la presencia de tres realidades: i) que se recobren pruebas decisivas después de dictada la sentencia; ii) que con ellas se hubiere podido proferir una decisión diferente; iii) que el recurrente no las hubiere podido aportar al proceso, por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria.
Con el fin de aclarar el alcance de esta causal se realizará un análisis del tratamiento que la jurisprudencia le ha dado a los requisitos contenidos en la misma, para luego, entrar a resolver el caso concreto.
Sobre el concepto de “recobrado” o “encontrado” y el carácter documental de la prueba, el Consejo de Estado ha sido enfático en señalar:
“(…) En cuanto a la causal segunda de revisión invocada, es viable hablar de prueba recobrada cuando ésta inicialmente se encuentra extraviada o refundida y luego se recupera y, por ello, el demandante no estuvo en condiciones de aportarla al proceso. El verbo “recobrar” implica que se hubiere perdido algo que más tarde se recupera. Así las cosas, es indispensable para la prosperidad del recurso, entre otros requisitos, invocarse esta causal, que el recurrente hubiere estado durante todo el proceso en imposibilidad de aportar la prueba respectiva por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. (…)”.
En similar sentido esta Corporación dijo:
“Que “recobrado”, es el documento que como tal existía antes del pronunciamiento judicial objeto del recurso, pero estaba extraviado, perdido o refundido y solo pudo recuperarse o rescatarse después de la sentencia”.
De esta manera, una prueba encontrada o recobrada es aquella que existía al momento de la sentencia pero que estuvo refundida o extraviada para el tiempo en que había que aportarla al proceso o se dictó la decisión. Por lo tanto, no son admisibles aquellos elementos probatorios documentales que existan o surjan después del fallo.
Es así, como la creación de documentos posteriores al fallo no pueden calificarse como recobrados, porque no es posible recuperar o encontrar aquello que no existía o que no estaba oculto para las partes. Sobre el particular, el Consejo de Estado estableció:
“Resulta inadmisible aportar al proceso, a través del recurso extraordinario de revisión, documentos generados con posterioridad al fallo, al tiempo que tampoco resulta válido que la causal se funde en medios que pudieron ser aportados o solicitados en las oportunidades procesales correspondientes (periodo probatorio), por cuanto el recurso no fue establecido con esa finalidad. Lo anterior se explica en tanto que de aceptarse la procedencia de dichos medios de prueba se quebrantaría el principio de seguridad jurídica, el derecho de contradicción y la misma institución procesal de la cosa juzgada, pues bastaría que, la parte afectada con la decisión de instancia, intente producir o mejorar el medio probatorio existente para así reabrir el debate nuevamente.”
Tampoco tendrá el carácter de prueba documental recobrada, aquella o aquellas piezas que fueron incorporados al proceso, pero que no fueron controvertidas por las partes.
De acuerdo con lo anterior, es claro que el simple olvido o abandono de la parte que habría sido beneficiada de la prueba no constituye razón válida para interponer el recurso de revisión, puesto que, este medio de impugnación no pretende corregir las deficiencias probatorias de las partes. De ahí que no sea viable producir o mejorar las pruebas del proceso, porque no habría cosa juzgada en las decisiones.
No obstante, excepcionalmente esta Corporación ha admitido pruebas posteriores a la fecha de la decisión cuando son decisivas y no tienen nada que ver con una desidia probatoria que pretenda subsanarse por la vía del recurso extraordinario, como en el caso de las pruebas de ADN. El fundamento de esto reside en la necesidad de remediar la injusticia que se derivó para la parte afectada al verse en la imposibilidad de aportarla.
Con relación al carácter documental de la prueba recobrada o encontrada, la jurisprudencia ha manifestado que para entender el concepto de documento es necesario acudir al artículo 243 del Código General del Proceso, que establece las características de este medio probatorio. Por tanto, para la configuración de la causal no se admite otro tipo de pruebas como los testimonios, las experticias, los informes técnicos o los exámenes médicos especializados por regla general.
Respecto al segundo requisito para estructurar la causal, es indispensable que la prueba no haya sido aportada al proceso por razones de fuerza mayor, caso fortuito u obrar de la parte contraria. En consecuencia, no cualquier justificación es válida, pues el recurrente tiene la carga de demostrar los supuestos que generaron la imposibilidad que se alega. Sobre este aspecto, el Consejo de Estado expresó:
“(…) Presupuesto esencial para que se configure la causal aquí invocada, además de que el documento se halle después de que se dicte la sentencia y que éste sea decisivo, es que la prueba documental que se pretende hacer valer y que no pudo ser tenida en cuenta por el juzgador, no haya sido aportada al proceso por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
(…)
Cuando la causal en comentario exige que al recurrente le haya sido imposible aportar el documento recuperado o recobrado por fuerza mayor o caso fortuito, con mucha más razón se requiere que no haya habido culpa, negligencia o error de conducta alguno de su parte. Si esto ocurre, así el documento que no se allegó pueda tener influencia suficiente para cambiar el sentido del fallo, no tiene la naturaleza de “recobrado” y, por ende, no es idóneo para estimar la pretensión revisoría. (…)” (Negrilla fuera de texto)
Posteriormente, se dijo:
“(…) que el elemento probatorio que se invoca como prueba recobrada, existía al tiempo de dictarse la sentencia, pero, que sólo llegó a poder del impugnante con posterioridad a ello, pues están excluidas en esta causal, pruebas que hubieran debido y podido aportarse oportunamente, ya que no se trata con este recurso extraordinario, de remediar una inactividad o negligencia en el diligenciamiento de la prueba, sino de corregir la causa insuperable en que estuvo el recurrente de hacer valer la prueba dentro del proceso.
De manera que, la debida justificación de las razones o motivos por los cuales las pruebas no pudieron ser tenidas en cuenta en el proceso ordinario, es un presupuesto para la prosperidad de la causal invocada que no cumple la prueba aportada dentro del presente recurso.
En efecto, si la falta en el expediente del documento no obedeció a fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte demandada, sino al simple descuido de quien debía hacerlo oportunamente, no se puede a través del recurso extraordinario de revisión subsanar esa omisión, alegando como pruebas “recuperadas" las que de ninguna manera tienen esa característica. (…)” .
De lo expuesto se infiere que el recurrente debe acreditar los hechos que sustentan el recurso, no puede limitarse a señalar que existió una dificultad, sino que debe hacer un análisis juicioso de las razones que le imposibilitaron obtener las pruebas documentales al momento de proferir la decisión.
En relación con el tercer requisito, el legislador estableció que la prueba documental debía tener un carácter decisivo, pues el fundamento de la causal lo constituye la recuperación de documentos trascendentales para el proceso, es decir, que tengan la capacidad suficiente, en caso de haberse allegado, para que el fallador tomara una decisión diferente. Por tanto, a este medio probatorio se le exige una determinación alta, toda vez que, debe tener la potencialidad de cambiar el sentido del fallo. Sobre el particular, la jurisprudencia ha señalado:
“(…) Que la prueba debe ser de tal entidad que pueda sustentar una decisión distinta a la impugnada. La disposición consagra que la prueba debe ser de tal entidad que el juez, con fundamento en ella, hubiera proferido una decisión diferente. A partir de ello, la jurisprudencia ha resaltado la trascendencia de la prueba y su relación directa con lo debatido.”
Así las cosas, el impugnante debe justificar las razones por las que dicha prueba tiene la entidad para cambiar el sentido de la decisión recurrida, toda vez que, no cualquier elemento probatorio tiene la capacidad de influir en la parte resolutiva de una decisión, principalmente, porque hay pruebas que inciden sobre el fallo con menor intensidad o que son intranscendentes. Al respecto, el Consejo de Estado sostuvo:
“(…) que la prueba con la cual se pretende invalidar la sentencia recurrida en revisión debe tener la virtualidad suficiente para que en el caso de haber sido aducida oportunamente, el fallador hubiera resuelto en un sentido totalmente diferente, es decir, fallando favorablemente a las peticiones o a la defensa planteada en el proceso, según el caso, por quien recurre el fallo en vía extraordinaria.
Así las cosas, no es procedente una prueba que, de ser considerada, podría invalidar uno de los argumentos en los cuales se funda el fallo recurrido, pues se dejarían incólumes las demás razones que tuvo en cuenta el juez para tomar la decisión”
En efecto, el documento decisivo no puede desvirtuar solamente uno de los motivos que sustentan el fallo, sino que, debe cambiar el sentido de la decisión. Por esto, le corresponde al recurrente el deber de explicar en el recurso la manera en que dicha prueba modifica la decisión recurrida.
En este orden, todos los presupuestos que configuran las causales de revisión, cualquiera sea la que se invoque, deben ser probados por quien persigue que le sea estimada su pretensión.
3. Caso concreto
La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional interpuso el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia dictada el 19 de diciembre de 2011 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con fundamento en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al considerar que con posterioridad a la expedición de la sentencia recurrida, el Gobierno de Estados Unidos de América comunicó a la Policía Nacional que el señor Carlos Andrés Mesa Carrillo fue arrestado en ese país por la DEA en el año 2008, ante lo cual se solicitó que se allegara la información de forma oficial.
A juicio de la entidad recurrente, lo anterior constituye una prueba sobreviniente que, de haberse conocido por los jueces de instancia, pudo llevar a que se negaran las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
Allega al expediente como pruebas recobradas los siguientes documentos:
Certificado del 19 de enero de 2012, dirigido a la Secretaría General de la Policía Nacional, suscrito por Robert Emery, Agregado Judicial Adjunto de la Embajada de Estados Unidos:
“Como Agregado Judicial Adjunto de la Embajada de los Estados Unidos en conjunto con la Administración Federal Antidrogas (DEA) de los Estados Unidos, me permito informar que Carlos Andrés Mesa Carrillo fue arrestado en los Estados Unidos por la DEA en el año 2008 por tres cargos (1) concierto para importar cinco kilogramos o más de cocaína a los Estados Unidos; (2) Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con el conocimiento y la intención de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a los Estados Unidos; y (3) concierto para lavar activos, los cuales involucran utilidades provenientes del tráfico de narcóticos.
Últimamente y después de declararse culpable por cargos relacionados al soborno de un funcionario público y represalias contra un testigo, Mesa Carrillo fue sentenciado a once meses de presión por (sic) en el Distrito Este de Nueva York”.
Certificado del 21 de diciembre de 2011, dirigido al Director de la Policía Nacional de Colombia, suscrito por Robert Emery, Agregado Judicial Adjunto de la Embajada de Estados Unidos:
“Como Agregado Judicial Adjunto de la Embajada de los Estados Unidos en conjunto con la Administración Federal Antidrogas (DEA) de los Estados Unidos, me permito informar que Carlos Andres Mesa Carrillo fue arrestado en los Estados Unidos por la DEA en el año 2008.
Después de declararse culpable por cargos relacionados al soborno de un funcionario público y represalias contra un testigo, Mesa Carrillo fue sentenciado a once meses de prisión por el Distrito Este de Nueva York”.
Acta de juicio adelantado contra el señor Carlos Andrés Mesa Carrillo y otros documentos dentro del mismo asunto.
Traducción de causa penal de súplicas ante el Honorable Marilyn D. Go, Juez Magistrado de Estados Unidos, del 29 de julio de 2010, contra el señor Carlos Andrés Mesa Carrillo:
“LA Corte: Sr. Mesa Carrillo, usted acaba de hacer un juramento de decir la verdad. ¿Entiende que, si cualquiera de mis preguntas responde falsamente, sus respuestas pueden utilizarse posteriormente contra usted en otro proceso penal por perjurio o hacer una declaración falsa?
El demandado: Sí, su Señoría.
LA Corte: ¿Cuál es su nombre completo?
El demandado: Carlos Andrés Mesa Carrillo.
[…]
LA Corte: La Sra. DeBlasio, ha usted discutido la admisión de culpabilidad con su cliente?
Sra. DeBlasio: Sí, su Señoría.
LA Corte: En su opinión el entiende los derechos a que renuncia al declararse culpable.
Sra. DeBlasio: Sí, su Señoría.
[…]
LA Corte: Ahora, sé que usted me dijo que han discutieron (sic) la información del caso con su abogado, pero permítame recordarle los cargos, los dos cargos que usted será (sic) procesado son.
Usted tiene un cargo de soborno de funcionarios públicos y más específicamente los siguientes: entre el 01 de enero de 1995 y el 21 de enero de 2007, usted, también conocido como Ricardo, un funcionario público y más concretamente un oficial colombiano actuando por y en nombre de los Estados Unidos, consciente y deliberadamente y corruptamente demandó, buscó, recibió y aceptó, las cosas de valor, de acuerdo y más específicamente, moneda de los Estados Unidos y Colombia, relojes y un vehículo de motor; y lo hizo actos así a cambio de ser influido en el rendimiento de uno o más actuaciones oficiales(sic) y fue inducido a hacer u omitir uno o más actos. Y todas estas conductas constituyen una violación de su deber oficial.
Entiende usted el cargo número uno?
El demandado: Sí, su Señoría.
LA Corte: En el cargo número dos, está acusado de represalias contra un testigo; y, específicamente, que los cargos se relacionan con el mismo periodo entre 1995 y 2007. Y usted está acusado de haber deliberadamente y participado intencionadamente en conducta y así causando daño corporal a una persona sin nombre, cuya identidad se conoce a la Fiscalía de Estados Unidos, con la intención de tomar represalias contra esta mujer desconocida que iba a proporcionar a una (sic) información de a (sic) oficiales federales sobre la comisión o la posición comisión de delitos federales.
Entiende usted ese cargo?
El demandado: Sí, su Señoría.
[…]
LA Corte: Entonces quisiera que usted describa brevemente con sus propias palabras lo que hizo en relación con los delitos acusados. Iniciar el cargo 1 relacionado con soborno.
El demandado: Siendo funcionario de la Policía colombiano que trabajaba en una fuerza de tarea especial contra el tráfico, conocí a un traficante y recibí de él diferentes regalos como relojes, joyas, un ordenador, un carro y dinero.
LA Corte: Ahora, fue esta fuerza de tarea de una fuerza de tarea de Estados Unidos? (sic).
El demandado: Estábamos trabajando en coordinación con la DEA y con la Embajada Estadounidense en Colombia.
LA Corte: Hizo usted algo a cambio de la propiedad que recibió?
El demandado: A cambio de dinero, prometí no detenerlos y darles información en lo que respecta a cualquier investigación que estaba llevando a cabo.
El demandado (sic) [LA Corte]: Estas transacciones con el traficante se llevaron a cabo entre el 1 de enero, 1995 y 31 de enero de 2007?
El demandado: Sí, su Señoría.
LA Corte: Cualquiera de las transacciones involucran el Distrito Oriental de Nueva York?
Sra. Pokorny: Sí, su señoría. La organización de tráfico de drogas a la que se refiere el acusado es una que estaba bajo investigación y que estaba en el Distrito Oriental de Nueva York.
LA Corte: Está de acuerdo que la organización con la que el traficante estaba involucrado realizaba sus actividades en el Distrito Oriental de Nueva York?
El demandado: Sí, su Señoría.
LA Corte: Dígame lo que hizo en relación con el cargo número 2.
El demandado: Di información al traficante en el cargo anterior, información relativa a las personas que visitaban a otro traficante, quien daba información aquí en los Estados Unidos. Sabiendo que a la persona a la que di esta información, es una persona de violencia y que podía haber adoptado algunas medidas de represalia contra esa persona.
LA Corte: Ahora, permítame hacer algo claro. ¿Proporciona información acerca de una mujer que fue a proporcionar información a los agentes de la ley?
El demandado: Yo me enteré que una hembra iba a viajar a los Estados Unidos posiblemente a cooperar con otro traficante que estaba dando información al Gobierno Estadounidense.
La Corte: Okay. ¿Y proporcionó información acerca de esta mujer que viajaba a Estados Unidos?
El demandado: Sí, su Señoría.
LA Corte: A alguien que podía tomar represalias contra ella?
El demandado: No entiendo.
LA Corte: Usted ha dicho que dio información a alguien que podría tomar medidas contra esta mujer?
El demandado: No.
LA Corte: Okay. Dígame qué- -
El demandado: Di información a un traficante colombiano sobre el hecho de que esa mujer podía ayudar al Gobierno Estadounidense en el futuro con alguna información, sabiendo que a la persona a quien di esa información, teniendo en cuenta que esa persona era una persona violenta, podría haber tenido represalias contra esta mujer.
LA Corte: Podría tomar represalias contra ella. Muy bien ahora, esta actividad llevó a cabo entre el 1 de enero de 1995 y el 31 de enero de 2007?
El demandado: Sí, su Señoría.
[…]”.
Con el fin de establecer si esta causal tuvo ocurrencia, la Sala analizará si se cumplen los requisitos que se desprenden de la norma jurídica y que la jurisprudencial del Consejo de Estado ha precisado así:
La prueba debe ser documental
Indudablemente las pruebas a que se refiere el recurrente son documentos, pues se trata de la transcripción de la audiencia adelantada el 29 de julio de 2010 contra el señor Carlos Andrés Mesa Carrillo, en el Tribunal del Distrito Oriental de Nueva York, aportada en inglés y debidamente traducida al español, así como otros documentos que se dictaron dentro del mismo asunto penal, en los que constan la condena impuesta y el juicio adelantado en su contra.
La prueba documental se recobra después de la sentencia objeto de revisión
Este presupuesto hace referencia a la preexistencia del documento, es decir, que el elemento probatorio existía al tiempo de dictarse la sentencia, pero que no fue conocido por el fallador. Esto implica que no se admiten documentos (i) con fecha posterior al fallo o, (ii) que, aun siendo anteriores a esa providencia, podían ser aportados por la parte interesada en las oportunidades procesales correspondientes, pero que no lo hizo por razones diferentes a una fuerza mayor, un caso fortuito o por obra de la parte contraria.
En este caso, y frente al concepto de “recobrar”, se tiene que la audiencia en la que el señor Carlos Andrés Mesa Carrillo aceptó su culpabilidad se llevó a cabo el 29 de julio de 2010, es decir, es preexistente a la sentencia proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, hoy recurrida, que tiene como fecha 19 de diciembre de 2011, luego para la Sala la causal invocada cumple con el segundo presupuesto, pues contrario a lo indicado por la abogada del señor Mesa Carrillo, no es necesario que la prueba sea anterior al momento en que se cerró la etapa probatoria, pues ello desconocería el sentido mismo de la norma y la posibilidad de recobrar pruebas que se presenten con posterioridad y que sirven para demostrar o desvirtuar hechos acaecidos después de fenecer la etapa probatoria en primera instancia.
Ahora bien, junto al concepto de “recobrar el documento” se debe analizar las razones por las cuales, siendo preexistente, no se pudo aportar al proceso en las oportunidades procesales pertinentes, lo cual procede a efectuar la Sala a continuación.
Las razones para no aportar la prueba documental durante el proceso son expresamente las que dice la ley (fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria) y deben acreditarse en el recurso.
La entidad recurrente aduce que no pudo aportar al proceso el mencionado documento por causas ajenas a su voluntad, como es el hecho que la audiencia, en la que el señor Carlos Andrés Mesa Carrillo confesó la comisión de unos delitos, se realizó en el Distrito Oriental de Nueva York, Estados Unidos de América, es decir, en otro país, por lo que el contenido de dicha audiencia, así como lo adelantado con posterioridad a la misma, fue comunicado por el Agregado Judicial Adjunto de la Embajada de Estados Unidos hasta el 21 de diciembre de 2011, fecha en la cual se tuvo conocimiento oficial de dicha situación, siendo así que a partir de allí fue que la institución policial solicitó la expedición de copias, traducciones y demás, con el fin de poder allegar las pruebas al proceso, el cual ya había finalizado con sentencia de segunda instancia.
Pues bien, para la Sala este requisito se cumple para la prosperidad de la causal, toda vez que no se advierte que de forma oficial la entidad tuviera conocimiento con anterioridad al 19 de diciembre de 2011 de las actuaciones judiciales adelantadas ante un juez extranjero y, pese a que enunció en la solicitud de nulidad de la sentencia de segunda instancia y en el recurso extraordinario de revisión que había tenido información sobre el posible actuar delictivo del Oficial de la Policía Nacional, ello no conlleva a afirmar que sabía sobre todo el proceso adelantado en los Estados Unidos, así como tampoco de la información suministrada por el recurrido en dicho país.
Así las cosas, para la Sala no resulta de recibo lo indicado por la apoderada del señor Mesa Carrillo, pues no se evidencia que la entidad tuviera conocimiento de la audiencia celebrada el 29 de julio de 2010, ni de los demás trámites adelantados contra el señor Carlos Andrés Mesa Carrillo en Estados Unidos, por lo que la supuesta falta de lealtad procesal que busca atribuirle a la entidad recurrente no se encuentra justificada y al no encontrarse prueba que acredite que la Policía Nacional conocía sobre el proceso adelantado en el país extranjero antes de la fecha en que recibió el comunicado oficial con dicha información, debe tomarse esta última como el momento en que la Policía Nacional de Colombia tuvo conocimiento de ello.
En este orden de ideas, el argumento expuesto en el recurso extraordinario de revisión para no haber aportado la prueba recobrada resulta válido, razón por la cual se analizará el siguiente presupuesto.
d) La prueba documental debe ser de tal entidad que pueda sustentar una decisión distinta a la impugnada
Según la entidad recurrente, las pruebas recobradas habrían incidido radicalmente en la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues con ellas se evidencia que las “actividades delincuenciales en los EEUU venían desde cuando se desempeñaba como oficial de la Policía Nacional”, por lo que el retiro del servicio del Oficial Mesa Carrillo se dio por motivos del “buen servicio”, de conformidad con las normas constitucionales y legales que rigen la facultad discrecional.
En primer lugar, la Sala advierte que la abogada del señor Mesa Carrillo alega en el escrito de oposición del recurso extraordinario de revisión que, en todo caso, las pruebas allegadas como “recobradas” no tienen tal entidad para que la decisión del Tribunal sea diferente, pues a su juicio, la misma se adoptó porque el acto de retiro del Oficial de la Policía Nacional no estaba motivado.
Al respecto, la Sala advierte que la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se adoptó el 19 de noviembre de 2011 y se sustentó en lo siguiente:
“[…] Como lo establece la anterior jurisprudencia, el retiro del servicio por voluntad de la Dirección General, al igual que por voluntad del Gobierno Nacional, es discrecional, y atiende a las razones del buen servicio, permitiendo disponer en cualquier momento de la separación absoluta de un miembro activo, siempre y cuando se cuente con la recomendación previa de la Junta de Evaluación y Clasificación.
Así las cosas, la norma autorizó el retiro discrecional, el cual no exige más requisitos que la autorización de la junta. No requiere motivación adicional alguna y se presume que la decisión atiende a las razones del buen servicio, cuyo motivo se presume.
Así también lo ha entendido el H. Consejo de Estado, en reciente jurisprudencia, en la que señaló:
[…]
Así mismo, esta clase de retiro no se fundamenta en cargos por actuaciones indebidas o inadecuadas del uniformado, por lo que no requiere formulación de cargos, descargos, y otras actuaciones propias de un proceso disciplinario, cuyo fin, dista de la decisión administrativa discrecional, y busca analizar la conducta del servidor que puede ameritar algún tipo de sanción. Es decir que el proceso disciplinario tiene una causa y fines distintos a la decisión discrecional, pues en el primero de ellos, con fundamento en la comisión de una falta, se adelanta la investigación tendiente a determinar si hay mérito para sanción; mientras que en la decisión discrecional se presume que la decisión persigue la garantía del buen servicio.
[…] Es así como, del análisis normativo que antecede, se colige sin dificultad que el actor, en un principio, podía ser retirado del servicio activo de la Policía como en efecto lo fue, toda vez, que del acervo probatorio es posible colegir la existencia de la recomendación de retiro expedida por la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional (Acta No. 003 del 17 de mayo de 2007 fls. 9 a 11) y el acto administrativo de retiro fue proferido por el Ministro del Interior y de Justicia, delegatario de funciones presidenciales, competente par ejercer dicha función, únicos requisitos exigidos por la norma para este tipo de retiros, como se extrae de la normatividad traía a colación en precedencia.
Alega el apoderado de la parte demandada en su recurso de alzada que el acto administrativo demandado no necesitaba expresar motivo alguno justificando el retiro del servicio. En efecto, tal y como lo ha sentado la jurisprudencia de esta jurisdicción, cuando de facultad discrecional se trata, la administración no está en la obligación de motivar sus decisiones, pues las mismas, al estar cobijadas por la presunción de legalidad, se entienden expedidas en aras del mejoramiento del servicio, sin que ello signifique que carezcan de motivación. […]
No obstante las anteriores consideraciones, encuentra esta Sala que el H. Consejo de Estado, contrario a lo manifestado por el apoderado de la entidad demandada en su recurso de alzada, ha establecido que cuando existen condiciones excepcionales de excelencia en el cumplimiento de los deberes del funcionario retirado, es a la administración a quien corresponde demostrar las razones por las cuales tomó la decisión de retiro, invirtiéndose de esta forma la carga de la prueba. Fue así como el máximo órgano de lo contencioso administrativo estableció:
“La Sala ha señalado que cuando existen condiciones excepcionales de excelencia en el cumplimiento de sus deberes es a la administración a quien le compete demostrar las razones por las cuales tomó la decisión de retirar al empleado…”
En el cao de autos, el actor demostró contar con condiciones excepcionales de excelencia en el cumplimiento de sus funciones, pues en su folio de vida y en sus calificaciones, durante sus más de quince (15) años de trayectoria policial, sólo se observan anotaciones positivas, felicitaciones especiales, reconocimientos y condecoraciones, y calificaciones excepcionales y superiores, sin que esta Sala pudiese hallar dentro del material probatorio obrante dentro del expediente, tacha o reproche alguno por parte de la Institución policial contra el demandante. […]”.
Pues bien, al revisar el contenido de la sentencia recurrida se evidencia que, contrario a lo indicado por la apoderada del señor Carlos Mesa el Tribunal no fundamentó su decisión en que el acto acusado carecía de motivación, sino que consideró que como el Oficial demostró que tenía unas condiciones excepcionales de excelencia en el cumplimiento de sus funciones, se desvirtuaba la presunción que el retiro del servicio se generó por razones del “buen servicio”.
Lo anterior, teniendo en cuenta que para la época en que se dictó la sentencia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (19 de diciembre de 2011), no existía una posición unificada sobre la motivación de los actos de retiro del servicio de miembros de la Fuerza Pública en ejercicio de la facultad discrecional, por el contrario, la tesis que para ese momento predominaba fue la aplicada por el Tribunal en la decisión recurrida.
Al respecto, recientemente el Consejo de Estado profirió sentencia de unificación jurisprudencial por importancia jurídica CE-SUJ-SII-26-2022 del 7 de abril de 2022, en la cual fijó las siguientes reglas:
“1.1 La recomendación de retiro del servicio de la respectiva junta asesora o de evaluación y clasificación, que sirve de sustento al acto administrativo definitivo, deberá estar respaldada en razones objetivas (sin visos de arbitrariedad o capricho), dejando plasmado el estudio pertinente y completo que fundamente la sugerencia de desvinculación, de acuerdo con los documentos que permitan entrever su correlación con los principios de proporcionalidad y razonabilidad.
1.2 En la diligencia de notificación del acto de retiro del servicio al interesado, la correspondiente institución deberá entregarse copia de la referida recomendación y sus soportes; y de comportar carácter reservado, de igual modo, se deberá garantizar su acceso a ellos, con la obligación de preservar tal condición. Lo anterior no habilita al retirado para recurrir la decisión en sede administrativa.
1.3 En caso de incumplimiento de los parámetros enunciados, el juez administrativo en el respectivo proceso deberá determinar si se satisfacen las condiciones de proporcionalidad y razonabilidad de la decisión administrativa, que le permitan conservar su presunción de legalidad, en armonía con las reglas de la sana crítica en la valoración probatoria de los documentos relevantes que despejen cualquier duda de arbitrariedad”.
Sin embargo, como ya se indicó, para la fecha en que se dictó la decisión recurrida la posición de esta Corporación fue la aplicada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, razón por la cual se fundamentó en la excepcionalidad del caso al encontrar que con las pruebas allegadas al proceso se demostró que el señor Carlos Andrés Mesa Carrillo desempeñaba sus funciones con alta responsabilidad, compromiso y tenía el reconocimiento de la institución por ello.
No obstante, con las pruebas recobradas y allegadas al recurso extraordinario de revisión, se advierte que, de haber sido conocidas por alguno de los jueces al momento de resolver el asunto, la decisión habría sido totalmente diferente, pues con ellas se evidencia que, en efecto como plantea la institución policial, el retiro del servicio del Mayor Carlos Andrés Mesa Carrillo se dio por razones del servicio.
Al respecto, la Sala resalta que el recurso extraordinario de revisión está concebido para que en casos como el presente se pueda afectar el fenómeno jurídico de la cosa juzgada en un asunto que claramente muestra una situación especial, pues con la prueba recobrada se evidencia que el señor Carlos Andrés Mesa Carrillo entre 1995 y 2007, tiempo en el que estuvo al servicio de la Policía Nacional, valiéndose de la información obtenida como Oficial de la institución policial, proporcionó datos sobre las mismas personas que investigaba, con el fin de obtener una retribución económica o en especie, lo cual fue confesado ante una autoridad extranjera.
La anterior situación sorprende a la Sala, pues habiendo confesado dicha conducta delictiva ante un Juez en Nueva York, guardó silencio y con deslealtad procesal continuó reclamando el reintegro y el pago económico de los valores dejados de percibir desde su retiro y hasta que se hiciera efectivo su reintegro, a sabiendas que había incurrido en actuaciones que son ajenas al buen servicio que se demanda de los miembros de la institución policial y debido a dicho silencio los jueces de instancia resolvieron favorablemente las súplicas de la demanda, confiando en que, en efecto como lo planteó el señor Carlos Andrés Mesa Carrillo, su desempeño en la Policía Nacional fue excepcional.
En virtud de lo anterior, la Sala considera que se debe declarar fundado el recurso extraordinario de revisión presentado por la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y, como consecuencia, se debe infirmar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, revocar el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Veintitrés Administrativo de Bogotá.
Adicionalmente, la Sala considera que, de haberse dado cumplimiento por parte de la Policía Nacional a lo ordenado por los jueces de instancia, deberá hacer uso de los medios de control procedentes con el fin de obtener la devolución de los dineros pagados, toda vez que los mismos fueron recibidos por el señor Carlos Andrés Mesa Carrillo de mala fe y con deslealtad procesal, sumas que deberán ser indexadas.
Finalmente, no hay lugar a condenar en costas debido a que en virtud de lo establecido en el artículo 365, numeral 8, del CGP, aplicable al caso por expresa remisión del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, “Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”, lo cual no ocurre en el sub lite.
DECISION
Así las cosas, la Sala declarará fundado el recurso extraordinario de revisión presentado por la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, infirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, revocará el fallo proferido en primera instancia, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda. Igualmente, se ordenará a la Policía Nacional para que, de haberse pagado la condena impuesta a la entidad, haga uso de los medios de control procedentes para obtener la devolución de los dineros pagados, así como la debida indexación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional contra la sentencia de 19 de diciembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2007-00593-01, por la causal prevista en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA.
SEGUNDO: En consecuencia, se INFIRMA la sentencia del 19 de diciembre de 2011, proferida por Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar, se dispone: REVOCAR el fallo dictado por el Juzgado Veintitrés Administrativo de Bogotá el 24 de septiembre de 2010; y, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda instaurada por el señor Carlos Andrés Mesa Carrillo.
TERCERO: ORDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional que, de haberse dado cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia recurrida, haga uso de los medios de control a su alcance para obtener la devolución de las sumas pagadas por concepto de la condena, sumas que deberán ser indexadas.
CUARTO: No hay lugar a condena en costas, por no haberse causado.
QUINTO: DEVOLVER al Despacho de origen el expediente enviado en calidad de préstamo a esta Corporación. Cumplido lo anterior, archivar el expediente.
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link HYPERLINK "http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador" \h http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia se discutió y aprobó por la Sala en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente)
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CARMELO PERDOMO CUÉTER
AUSENTE CON EXCUSA
Folios 9-39 del cuaderno del recurso. Folios 190-209. Folio 217. Folio 225. Folio 228. Folios 243-reverso
Folios 258-reverso. Folio 261-reverso. Folios 262-268. Folio 104. Visible en el índice 49 de Samai, al consultar el expediente de la referencia. C-680 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz. C-269 de 1998. M.P. (E) Carmenza Isaza de Gómez. C-520 de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa. Corte Constitucional, sentencia C-450 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Corte Constitucional, sentencia T-649 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
“4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia”. Consejo de Estado, Sala Plena de Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, M.P. Alberto Yepes Barreiro, sentencia del 2 de febrero de 2016, proceso con radicado 11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV). Corte Constitucional, sentencia C-450 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00. Consejo de Estado, sentencia de 18 de junio de 1993, expediente 5614, C.P. Álvaro Lecompte Luna
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 8 Especial de Decisión, Sentencia de 7 de julio de 2015, Radicado 11001-03-15-000-2008-01048-00(REV). También se puede ver: sentencias de 16 de septiembre de 2011 (Expediente núm. 2009-00600-01 REV (17850), de 8 de noviembre de 2005 (Expediente núm. 1999-00218-01 (REV), de 2 de junio de 2015 (Expedientes núms. 2000-00237-01 y 2005-00560-01,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, Sentencia de 14 de agosto de 2018, Radicado 11001-03-15-000-2008-00534-00(REV)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de 18 de julio de 2018, Radicado 05001-33-31-025-2009-00082-01(22402). Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 15 Especial de Decisión, Sentencia de 5 de junio de 2018, Radicado 11001-03-15-000-2009-00602-00(REV)
Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 29 de abril de 2015. Radicado 25000-23-26-000-1999-00319-01(26239). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 4 Especial de Decisión, Sentencia de 1 de marzo de 2016, Radicado 11001-03-15-000-2015-01917-00(REV)
Ley 1564 de 2012, “Artículo. 243. DISTINTAS CLASES DE DOCUMENTOS. Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares. Los documentos son públicos o privados. Documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Así mismo, es público el documento otorgado por un particular en ejercicio de funciones públicas o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es autorizado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública.”
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, Sentencia de 14 de agosto de 2018, Radicado 11001-03-15-000-2008-00534-00(REV).
Afirmar que un documento es decisivo “significa que tiene un valor y eficacia bastante para resolver en sentido contrario o diferente del fallo recurrido; de influencia tan notoria en el pleito que si el juzgador hubiera podido apreciarlo al dictar su fallo lo hubiera pronunciado en sentido contrario; capaz por sí mismo de contradecir el resultado probatorio a que se llegó al fallar el pleito; ha de poderse estimar que se encontraba provisto de eficacia probatoria tal que destruía la posibilidad de que las demás pruebas la contrariasen”. Juan de Dios Doval de Mateo, La revisión civil, Barcelona, 1979, pág. 156. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de noviembre de 2005, expediente No. 1999-00218, C.P. Dr. Héctor Romero Díaz. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 18 de octubre de 2005, rad. 11001-03-15-000-1999-00226-01(REV), C.P. María Nohemí Hernández Pinzón. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 15 Especial de Decisión, Sentencia de 5 de junio de 2018, Radicado 11001-03-15-000-2009-00602-00(REV)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 4 Especial de Decisión, Sentencia de 1 de marzo de 2016, Radicado 11001-03-15-000-2015-01917-00(REV)
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 8 Especial de Decisión, Sentencia de 2 de junio de 2015, Radicado 11001-03-15-000-2007-00879-00(REV)
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Ocho Especial de Decisión, Sentencia de 7 de julio de 2015, Radicado 11001-03-15-000-2008-01048-00(REV)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 16 de agosto de 2018, Radicado 23001-33-31-003-2007-00107-01(47300)
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 18 de octubre de 2005, Radicación número: 11001-03-15-000-1999-00226-01(REV). La Sala advierte que los documentos enlistados a continuación cuentan con traducción oficial y están debidamente apostillados. Folio 54. Folio 58. Folios 82 y siguientes. Folios 142-168.
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Número interno: 0090-2013
Demandante: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
Demandado: Carlos Andrés Mesa Carrillo
Fallo
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