Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00706-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2020-00706-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-25-000-2020-00706-00
Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes
13 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá D.C., trece (13) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado: 11001-03-25-000-2020-00706-00
Nº interno: 2091-2020
Demandante: Luis Francisco Vivas Mercado
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA
Tema: Recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 23
de octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca. Causal regulada en el numeral 1º del
artículo 250 del CPACA.
La Sala decide el recurso extraordinario de revisión presentado por el señor Luis
Francisco Vivas Mercado contra la sentencia del 23 de octubre de 2019, proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que confirmó el fallo de 10 de
agosto de 2018 dictado por el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Cali que negó las pretensiones de la demanda instaurada por el señor
Luis Francisco Vivas Mercado contra el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
El señor Luis Francisco Vivas Mercado presentó demanda en ejercicio de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Servicio Nacional de
Aprendizaje- SENA, con el fin de obtener: i) la nulidad parcial de la Resolución
No. 0858 del 26 de noviembre de 1991, expedida por el Sena Regional Valle del
Cauca, mediante la cual se le reconoció una pensión de jubilación, y ii) la nulidad
del acto administrativo núm. 2-2015-0008706 del 28 de julio de 2015, por la cual
se le negó una solicitud de reliquidación de la pensión de jubilación impetrada el
13 de julio de 2015.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad a reliquidar
su pensión de jubilación con el promedio de lo devengado en el último año de
servicio, el pago del retroactivo, la indexación de las sumas, el reconocimiento de
los intereses moratorios y condenar en costas a la entidad demandada.
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Número interno: 2091-2020
Demandante: Luis Francisco Vivas Mercado
Demandado: SENA
Fallo
Como fundamento de la demanda indicó que nació el 26 de agosto de 1944 y
laboró en el Sena por un periodo de 32 años, 2 meses y 5 días. Adujo que
cumplió los requisitos para acceder a la pensión de jubilación el 26 de agosto de
1999, fecha en la que cumplió 55 años de edad y tenía más de 20 años de
servicios.
Señaló que mediante la Resolución No. 0858 del 26 de noviembre de 1999, la
directora del SENA Regional Valle del Cauca ordenó el reconocimiento de la
pensión de jubilación por un valor de $1.372.116, a partir del 30 de noviembre de
1999 (fecha de retiro del servicio), con el promedio de lo devengado entre el 1 de
abril de 1994 y el 29 de noviembre de 1999.
Refutó que la entidad no tuvo en cuenta para liquidar la pensión de jubilación
todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio.
2. Sentencia objeto de revisión1
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 23 de
octubre de 2019, confirmó el fallo de 10 de agosto de 2018 proferido por el
Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, que negó las
pretensiones de la demanda instaurada por el señor Luis Francisco Vivas
Mercado contra el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.
Indicó que el señor Vivas Mercado no tiene derecho a que su pensión sea
liquidada de acuerdo con la postura del Consejo de Estado del 4 de agosto de
2010, sino que, le es aplicable la sentencia de unificación del 28 de agosto de
2018, según la cual, los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la
pensión son únicamente aquellos sobre los cuales se hayan efectuado los
aportes o cotizaciones durante los últimos 10 años de servicios o el tiempo que le
hiciere falta para ello.
3. El recurso extraordinario de revisión2
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Número interno: 2091-2020
Demandante: Luis Francisco Vivas Mercado
Demandado: SENA
Fallo
El señor Luis Francisco Vivas Mercado interpuso recurso extraordinario de
revisión contra la sentencia dictada el 23 de octubre de 2019 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, con fundamento en la causal prevista en el
numeral 1º del artículo 250 del CPACA, que preceptúa “1. Haberse encontrado o
recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales
se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo
aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte
contraria.”.
Pidió que se liquide su pensión de jubilación de conformidad con el 75% de lo
devengado en el último año de servicios por concepto de “asignación mensual,
subsidio de alimentación, gastos de transportes permanente, bonificación por servicios,
bonificación por recreación, prima de servicios de junio, prima de servicios de diciembre,
prima de navidad, prima de vacaciones, sueldo por vacaciones, viáticos, auxilios de
movilización y auxilios de manutención”, a partir del 30 de noviembre de 1999 con la
respectiva indexación.
Adujo que, en consonancia con los principios de favorabilidad, confianza legítima
y seguridad jurídica, la jurisprudencia aplicable es la sentencia del 4 de agosto de
2010 proferida por el Consejo de Estado, vigente al momento en que se agotó la
reclamación administrativa y se presentó la demanda.
Sostuvo que existían documentos decisivos mediante los cuales el Tribunal
hubiera podido proferir una decisión diferente, que son: i) el Acuerdo 40 del 09 de
junio de 1971 emanado por el Consejo Directivo Nacional del SENA “por el cual
se constituye un Fondo Especial de Reserva para Pensiones de Jubilación ” y ii)
el Decreto 1014 del 15 de junio de 1978, por medio del cual el Presidente de la
República clasificó y estableció la remuneración de los cargos para los
empleados públicos del SENA; los cuales, según indicó, no fueron aportados
porque la jurisprudencia de la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado era sólida y no generaba derechos en tensión.
Agregó que el SENA es un establecimiento público del orden nacional, con
autonomía administrativa, financiera y con presupuesto propio, el cual en virtud
del Acuerdo 40 de 1971 tiene un fondo especial de reservas para el pago de las
pensiones de jubilación de sus exservidores públicos, que es opuesto a los
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Número interno: 2091-2020
Demandante: Luis Francisco Vivas Mercado
Demandado: SENA
Fallo
fondos, entidades de previsión y administradoras de pensiones que, si reciben
aportes y cotizaciones para financiar una prestación económica de jubilación o
vejez, invalidez y muerte.
4. Trámite del recurso extraordinario de revisión
El recurso extraordinario de revisión fue admitido mediante auto del 1º de
septiembre de 20223.
A través del auto de 13 de julio de 2023 4 , se prescindió del máximo periodo
probatorio.
5. Oposición al recurso extraordinario de revisión5
El SENA, actuando mediante apoderado judicial, se opuso a las pretensiones del
recurso extraordinario de revisión, al considerar que la sentencia cuestionada que
negó la reliquidación de la pensión del señor Luis Francisco Vivas Mercado se
expidió conforme a la jurisprudencia vigente del Consejo de Estado.
6. Trámite procesal
El recurrente solicitó las siguientes pruebas documentales a cargo del SENA, que
pretende hacer valer en el trámite de este recurso: i) certificación de la existencia
del Fondo Especial de Reserva para las pensiones de Jubilación en el Servicio
Nacional de Aprendizaje- SENA, el origen de los recursos para el pago de las
pensiones de jubilación reconocidas por la Secretaría General o las Direcciones
Regionales y ii) certificación de las reservas realizadas por la entidad para el
pago de las pensiones de jubilación en la que está incluida la pensión reconocida
y pagada a partir del 30 de noviembre de 1999 en favor del señor Luis Francisco
Vivas Mercado, y demás situaciones establecidas en los artículos 1 a 4 del
referido Acuerdo 40 de 1971.
Mediante Auto de 13 de julio de 2023, el Despacho sustanciador rechazó dichas
pruebas por considerarlas inútiles,” toda vez que la finalidad del presente proceso es
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Demandado: SENA
Fallo
la revisión de la sentencia proferida el 23 de octubre de 2019 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, de la cual obra copia en el expediente, y teniendo en
cuenta que el despacho no encuentra pruebas por decretar, se prescindirá del máximo
periodo probatorio”.
6. Concepto del Ministerio Público6
El Procurador Tercero Delegado solicitó se declare infundado el recurso
extraordinario de revisión interpuesto, por considerar que esta no es la
oportunidad para alegar hechos y pruebas que debieron haber sido aportadas en
el trámite del proceso ordinario.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
El presente recurso extraordinario de revisión se rige por el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de
20117, y esta Subsección es competente para conocer del recurso contra la
sentencia del 23 de octubre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, de conformidad con lo establecido en el inciso 2º del artículo 249
ídem.
2. Oportunidad en la presentación del recurso extraordinario de revisión
Respecto de la oportunidad para interponer el recurso extraordinario de revisión,
la Sala advierte que el inciso primero del artículo 251 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone que
podrá presentarse dentro del año siguiente a la ejecutoria del fallo respectivo.
En el sub lite la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca se
profirió el 23 de octubre de 2019, esta decisión fue notificada a las partes
mediante correo electrónico el 12 de noviembre de 2019, quedó ejecutoriada el
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El recurso extraordinario de revisión se presentó con anterioridad a la modificación de la Ley 2080 de 2021, de allí que la
competencia recae en la Sección Segunda del Consejo de Estado.
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Demandante: Luis Francisco Vivas Mercado
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Fallo
18 de noviembre de 20198 y el recurso extraordinario de revisión se interpuso el
16 de junio de 20209., esto es, en el término previsto.
3. Problema Jurídico
En los términos del recurso extraordinario de revisión presentado, la Sala debe
establecer si procede infirmar la sentencia del 23 de octubre de 2019 proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que confirmó el fallo de 10 de
agosto de 2018 dictado por el Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Cali, mediante el cual se negó las pretensiones de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho.
Por consiguiente, la Sala debe determinar si la referida sentencia incurrió en la
causal de revisión alegada por el recurrente, contenida en el numeral primero del
artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo; esto es si las pruebas documentales indicadas por el recurrente
son decisivos para establecer que el señor Luis Francisco Vivas Mercado tiene
derecho a la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de todos los
factores salariales devengados en el último año de servicio.
Para resolver el problema jurídico, se analizará el objeto del recurso
extraordinario de revisión, el alcance de la causal invocada por la entidad
demandante, para descender al caso concreto.
3.1. Objeto y alcance del recurso extraordinario de revisión
La jurisprudencia de esta Corporación, de manera pacífica, ha considerado que el
propósito del recurso extraordinario de revisión es permitir que se garantice una
justicia material en un caso que ya se ha decidido; un caso que si bien ha hecho
tránsito a cosa juzgada y respecto del cual se pregona su certeza y
ejecutoriedad, por razones distintas al debate mismo de la instancia que dio lugar
a la decisión judicial, se permite que esa fuerza de cosa juzgada se rompa y
pueda dar paso a la protección, en algunos asuntos, de derechos fundamentales
que fueron desconocidos o amenazados por el operador judicial.
Con ese objetivo el artículo 250 del CPACA regula los eventos, de manera
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Fallo
taxativa, que, al configurarse en el caso concreto den lugar al quiebre de la cosa
juzgada y permita restablecer materialmente el derecho quebrantado por la
decisión recurrida, en virtud del principio de tutela efectiva judicial y de la justicia
material el legislador prevé que en casos excepcionales una sentencia
ejecutoriada pueda ser objeto del recurso extraordinario de revisión, que
constituye en proceso independiente, como lo ha señalado la jurisprudencia
constitucional al indicar “mediante la revisión se pretende estudiar asuntos nuevos que
afectan la decisión adoptada y su sentido de justicia. 10 Más que un recurso, es un
verdadero proceso 11 sobre eventos que no pudieron ser conocidos al momento de
proferir la sentencia cuestionada12”13.
Las causales del recurso extraordinario de revisión propenden por la protección
de los derechos de acceso a la administración de justicia y al debido proceso,
pese a que el trámite judicial haya finalizado14, y salvo la causal 4ª del artículo
25015, “ninguno de los yerros que se relacionan en los numerales del mencionado artículo
se refiere de modo directo a la actividad analítica del juez, dado que ninguno cuestiona la
labor intelectual de juzgamiento, sino que todos involucran, bien sea una irregularidad de
carácter procesal (numeral 5°, referido a la existencia de causal de nulidad originada en la
sentencia, y numeral 8°, referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o bien, aspectos
que atañen a la validez intrínseca o insuficiencia de los elementos de prueba que
determinaron el sentido de la decisión, numerales 1°, 2°, 3°, 4° y 7°”16.
Dada la excepcionalidad del recurso extraordinario de revisión, la parte está
obligada a invocar las causales de procedencia del recurso, que no comprenden
el replanteamiento del debate surtido en instancia y tampoco la corrección de
errores ‘in judicando’17. Nótese entonces que es improcedente acudir al recurso
extraordinario de revisión para enmendar errores y omisiones de la parte dentro
del proceso ordinario.
De forma consistente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que
la rigurosidad de esta clase de asuntos no permite que el juzgador se aproxime a
alguna causal que no fue debidamente planteada y soportada, ni tampoco
10
C-680 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
11
C-269 de 1998. M.P. (E) Carmenza Isaza de Gómez.
12
C-520 de 2009. M.P. María Victoria Calle Correa.
13
Corte Constitucional, sentencia C-450 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
14
Corte Constitucional, sentencia T-649 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
15
“4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia”.
16
Consejo de Estado, Sala Plena de Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, M.P. Alberto Yepes
Barreiro, sentencia del 2 de febrero de 2016, proceso con radicado 11001-03-15-000-2015-02342-00 (REV).
17
Corte Constitucional, sentencia C-450 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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Fallo
permite convertir esta vía en una tercera instancia, pues ello desnaturalizaría la
función de esta clase de instrumentos extraordinarios18.
3.2. Causal regulada en el numeral uno del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
La censura frente al fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, objeto del presente recurso extraordinario, consiste en alegar la
existencia de pruebas recobradas después de dictada la sentencia, con los
cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente.
Pues bien, bajo el mismo criterio restrictivo que demanda el recurso
extraordinario de revisión, es necesario examinar la causal prevista en el numeral
1º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, que establece que el recurso extraordinario de
revisión resulta procedente por “haberse encontrado o recobrado después de dictada
la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una
decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o
caso fortuito o por obra de la parte contraria”.
En efecto, los supuestos de hecho contenidos en la causal invocada exigen: i)
que se traten de documentos recobrados con posterioridad a la sentencia; ii) que
las pruebas sean decisivas para proferir una decisión diferente y iii) la
imposibilidad de aportarlas al proceso ya sea por alguna circunstancia de fuerza
mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria.
Sobre el concepto de “recobrado” o “encontrado” y el carácter documental de la
prueba, el Consejo de Estado ha sido enfático en señalar que es viable hablar de
prueba recobrada cuando ésta inicialmente se encuentra extraviada o refundida y
luego se recupera y, por ello, el demandante no estuvo en condiciones de
aportarla al proceso, pues el verbo recobrar implica que se hubiere perdido algo
que más tarde se recupera. “Así las cosas, es indispensable para la prosperidad del
recurso, entre otros requisitos, invocarse esta causal, que el recurrente hubiere estado
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 24 de febrero
de 2004, exp. 15001-03-15-000-00793-00 y Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alberto
Yepes Barreiro, 26 de febrero de 2013, exp. 15001-03-15-000-01027-00.
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Demandante: Luis Francisco Vivas Mercado
Demandado: SENA
Fallo
durante todo el proceso en imposibilidad de aportar la prueba respectiva por fuerza
mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. (…)”19.
En similar sentido esta Corporación ha indicado que una prueba recobrada hace
referencia al documento que como tal existía antes del pronunciamiento judicial
objeto del recurso, pero estaba extraviado, perdido o refundido y solo pudo
recuperarse o rescatarse después de la sentencia 20 .Por lo tanto, no son
admisibles aquellos elementos probatorios documentales que surjan después del
fallo.
Es así, como la creación de documentos posteriores al fallo no pueden calificarse
como recobrados, porque no es posible recuperar o encontrar aquello que no
existía o que no estaba oculto para las partes. Sobre el particular, el Consejo de
Estado21 estableció:
“Resulta inadmisible aportar al proceso, a través del recurso extraordinario de
revisión, documentos generados con posterioridad al fallo, al tiempo que tampoco
resulta válido que la causal se funde en medios que pudieron ser aportados o
solicitados en las oportunidades procesales correspondientes (periodo probatorio),
por cuanto el recurso no fue establecido con esa finalidad. Lo anterior se explica en
tanto que de aceptarse la procedencia de dichos medios de prueba se
quebrantaría el principio de seguridad jurídica, el derecho de contradicción y la
misma institución procesal de la cosa juzgada, pues bastaría que, la parte afectada
con la decisión de instancia, intente producir o mejorar el medio probatorio
existente para así reabrir el debate nuevamente.”
Tampoco tendrá el carácter de prueba documental recobrada, aquella o aquellas
piezas que fueron incorporados al proceso, pero que no fueron controvertidas por
las partes22.
De acuerdo con lo anterior, es claro que el simple olvido o abandono de la parte
que habría sido beneficiada de la prueba no constituye razón válida para
interponer el recurso de revisión, puesto que, este medio de impugnación no
pretende corregir las deficiencias probatorias de las partes23. De ahí que no sea
viable producir o mejorar las pruebas del proceso, porque no habría cosa juzgada
en las decisiones.
19
Consejo de Estado, sentencia de 18 de junio de 1993, expediente 5614, C.P. Álvaro Lecompte Luna
20
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 8 Especial de Decisión, Sentencia de 7 de julio
de 2015, Radicado 11001-03-15-000-2008-01048-00(REV). También se puede ver: sentencias de 16 de septiembre de
2011 (Expediente núm. 2009-00600-01 REV (17850), de 8 de noviembre de 2005 (Expediente núm. 1999-00218-01
(REV), de 2 de junio de 2015 (Expedientes núms. 2000-00237-01 y 2005-00560-01,
21
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, Sentencia de 14 de
agosto de 2018, Radicado 11001-03-15-000-2008-00534-00(REV)
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de 18 de julio de 2018, Radicado
05001-33-31-025-2009-00082-01(22402).
23
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 15 Especial de Decisión, Sentencia de 5 de junio
de 2018, Radicado 11001-03-15-000-2009-00602-00(REV)
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Demandante: Luis Francisco Vivas Mercado
Demandado: SENA
Fallo
Con relación al carácter documental de la prueba recobrada o encontrada, la
jurisprudencia24 ha manifestado que para entender el concepto de documento es
necesario acudir al artículo 243 del Código General del Proceso 25, que establece
las características de este medio probatorio. Por tanto, para la configuración de la
causal no se admite otro tipo de pruebas como los testimonios, las experticias,
los informes técnicos o los exámenes médicos especializados por regla general26.
Respecto al segundo requisito para estructurar la causal, es indispensable que la
prueba no haya sido aportada al proceso por razones de fuerza mayor, caso
fortuito u obrar de la parte contraria. En consecuencia, no cualquier justificación
es válida, pues el recurrente tiene la carga de demostrar los supuestos que
generaron la imposibilidad que se alega. Sobre este aspecto, el Consejo de
Estado expresó:
“(…) Presupuesto esencial para que se configure la causal aquí invocada, además
de que el documento se halle después de que se dicte la sentencia y que éste sea
decisivo27, es que la prueba documental que se pretende hacer valer y que no
pudo ser tenida en cuenta por el juzgador, no haya sido aportada al proceso por
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
(…)
Cuando la causal en comentario exige que al recurrente le haya sido imposible
aportar el documento recuperado o recobrado por fuerza mayor o caso fortuito, con
mucha más razón se requiere que no haya habido culpa, negligencia o error de
conducta alguno de su parte. Si esto ocurre, así el documento que no se allegó
pueda tener influencia suficiente para cambiar el sentido del fallo, no tiene la
naturaleza de “recobrado” y, por ende, no es idóneo para estimar la pretensión
revisoría. (…)”28
Posteriormente, se dijo:
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 4 Especial de Decisión, Sentencia de 1 de marzo de
2016, Radicado 11001-03-15-000-2015-01917-00(REV)
25
Ley 1564 de 2012, “Artículo. 243. DISTINTAS CLASES DE DOCUMENTOS. Son documentos los escritos, impresos,
planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas,
videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que
tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares.
Los documentos son públicos o privados. Documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus
funciones o con su intervención. Así mismo, es público el documento otorgado por un particular en ejercicio de funciones
públicas o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es
instrumento público; cuando es autorizado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo
protocolo, se denomina escritura pública.”
26
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión, Sentencia de 14 de
agosto de 2018, Radicado 11001-03-15-000-2008-00534-00(REV).
27
Afirmar que un documento es decisivo “significa que tiene un valor y eficacia bastante para resolver en sentido contrario
o diferente del fallo recurrido; de influencia tan notoria en el pleito que si el juzgador hubiera podido apreciarlo al dictar su
fallo lo hubiera pronunciado en sentido contrario; capaz por sí mismo de contradecir el resultado probatorio a que se llegó
al fallar el pleito; ha de poderse estimar que se encontraba provisto de eficacia probatoria tal que destruía la posibilidad de
que las demás pruebas la contrariasen”. Juan de Dios Doval de Mateo, La revisión civil, Barcelona, 1979, pág. 156.
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de noviembre de 2005, expediente No. 1999-
00218, C.P. Dr. Héctor Romero Díaz.
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Número interno: 2091-2020
Demandante: Luis Francisco Vivas Mercado
Demandado: SENA
Fallo
“(…) que el elemento probatorio que se invoca como prueba recobrada, existía al
tiempo de dictarse la sentencia, pero, que sólo llegó a poder del impugnante con
posterioridad a ello, pues están excluidas en esta causal, pruebas que hubieran
debido y podido aportarse oportunamente, ya que no se trata con este recurso
extraordinario, de remediar una inactividad o negligencia en el diligenciamiento de
la prueba, sino de corregir la causa insuperable en que estuvo el recurrente de
hacer valer la prueba dentro del proceso.
De manera que, la debida justificación de las razones o motivos por los cuales las
pruebas no pudieron ser tenidas en cuenta en el proceso ordinario, es un
presupuesto para la prosperidad de la causal invocada que no cumple la prueba
aportada dentro del presente recurso.
En efecto, si la falta en el expediente del documento no obedeció a fuerza mayor,
caso fortuito u obra de la parte demandada, sino al simple descuido de quien debía
hacerlo oportunamente, no se puede a través del recurso extraordinario de revisión
subsanar esa omisión, alegando como pruebas “recuperadas" las que de ninguna
manera tienen esa característica. (…)” 29.
De lo expuesto se infiere que el recurrente debe acreditar los hechos que
sustentan el recurso, no puede limitarse a señalar que existió una dificultad30,
sino que debe hacer un análisis juicioso de las razones que le imposibilitaron
obtener las pruebas documentales al momento de proferir la decisión 31.
En relación con el tercer requisito, el legislador estableció que la prueba
documental debía tener un carácter decisivo, pues el fundamento de la causal lo
constituye la recuperación de documentos trascendentales para el proceso, es
decir, que tengan la capacidad suficiente, en caso de haberse allegado, para que
el fallador tomara una decisión diferente. Por tanto, a este medio probatorio se le
exige una determinación alta, toda vez que, debe tener la potencialidad de
cambiar el sentido del fallo. Sobre el particular, la jurisprudencia ha señalado:
“(…) Que la prueba debe ser de tal entidad que pueda sustentar una decisión
distinta a la impugnada. La disposición consagra que la prueba debe ser de tal
entidad que el juez, con fundamento en ella, hubiera proferido una decisión
diferente. A partir de ello, la jurisprudencia ha resaltado la trascendencia de la
prueba y su relación directa con lo debatido.”32
Igualmente, el recurrente debe justificar las razones por las que dicha prueba
tiene la entidad para cambiar el sentido de la decisión recurrida, toda vez que, no
cualquier elemento probatorio tiene la capacidad de influir en la parte resolutiva
29
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 18 de octubre de 2005, rad. 11001-03-15-000-1999-00226-
01(REV), C.P. María Nohemí Hernández Pinzón.
30
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 15 Especial de Decisión, Sentencia de 5 de junio
de 2018, Radicado 11001-03-15-000-2009-00602-00(REV)
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 4 Especial de Decisión, Sentencia de 1 de marzo de
2016, Radicado 11001-03-15-000-2015-01917-00(REV)
32
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 8 Especial de Decisión, Sentencia de 2 de junio
de 2015, Radicado 11001-03-15-000-2007-00879-00(REV)
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Número interno: 2091-2020
Demandante: Luis Francisco Vivas Mercado
Demandado: SENA
Fallo
de una decisión33, principalmente, porque hay pruebas que inciden sobre el fallo
con menor intensidad o que son intranscendentes34. Al respecto, el Consejo de
Estado sostuvo:
“(…) que la prueba con la cual se pretende invalidar la sentencia recurrida en
revisión debe tener la virtualidad suficiente para que en el caso de haber sido
aducida oportunamente, el fallador hubiera resuelto en un sentido totalmente
diferente, es decir, fallando favorablemente a las peticiones o a la defensa
planteada en el proceso, según el caso, por quien recurre el fallo en vía
extraordinaria.
Así las cosas, no es procedente una prueba que, de ser considerada, podría
invalidar uno de los argumentos en los cuales se funda el fallo recurrido, pues se
dejarían incólumes las demás razones que tuvo en cuenta el juez para tomar la
decisión”35
En efecto, el documento decisivo no puede desvirtuar solamente uno de los
motivos que sustentan el fallo, sino que, debe cambiar el sentido de la decisión.
Por esto, le corresponde al recurrente el deber de explicar en el recurso la
manera en que dicha prueba modifica la decisión recurrida.
En este orden, todos los presupuestos que configuran las causales de revisión,
cualquiera sea la que se invoque, deben ser probados por quien persigue que le
sea estimada su pretensión.
4. Caso concreto
El señor Luis Francisco Vivas Mercado solicita que se revoque en su integridad la
sentencia del 23 de octubre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, que confirmó la decisión del Juzgado Once Administrativo Oral
del Circuito de Cali, que negó las pretensiones de la demanda.
Considera que se configuró la causal prevista en el numeral 1º del artículo 250
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
toda vez que existían documentos decisivos mediante los cuales el Tribunal
hubiera podido proferir una decisión diferente, a saber, el Acuerdo 40 del 09 de
junio de 1971 emanado por el Consejo Directivo Nacional del SENA “por el cual
se constituye un Fondo Especial de Reserva para Pensiones de Jubilación” y el
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Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Ocho Especial de Decisión, Sentencia de 7 de
julio de 2015, Radicado 11001-03-15-000-2008-01048-00(REV)
34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 16 de agosto
de 2018, Radicado 23001-33-31-003-2007-00107-01(47300)
35
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 18 de octubre de 2005, Radicación
número: 11001-03-15-000-1999-00226-01(REV).
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Número interno: 2091-2020
Demandante: Luis Francisco Vivas Mercado
Demandado: SENA
Fallo
Decreto 1014 de 1978 fija el sistema de nomenclatura, clasificación y
remuneración de cargos para los empleados públicos del SENA.
Ahora bien, el recurrente no acreditó la configuración de la causal alegada porque
los documentos que pretende hacer valer no constituyen pruebas recobradas,
pues no se avizora que estos hayan estado extraviados o refundidos y tampoco
se acreditó la existencia de circunstancias ajenas para ser aportados en el trámite
del proceso ordinario.
Aunado a lo anterior, los mentados documentos no reúnen la condición de ser
decisivos, en la medida que solo pretenden probar que el SENA cuenta con un
fondo especial de reservas para el pago de las pensiones, inadvirtiendo la
normativa aplicable.
En efecto, en la demanda se censura la decisión del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca por cuanto negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, al considerar que tiene derecho a la reliquidación
de la pensión de jubilación con el promedio de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio.
Entonces, nótese que el señor Luis Francisco Vivas Mercado invocó como causal
el numeral 1º del artículo 250 del CPACA, pero no aportó documentos decisivos
que hubiere encontrado o recuperado, por el contrario, en el escrito de revisión
pidió se oficiara a la entidad aportar las pruebas que pretendía hacer valer en el
presente recurso, sin demostrar su imposibilidad de obtenerlas con anterioridad a
la decisión proferida por el Tribunal.
Al respecto, se evidencia que lo pretendido por el accionante es que se surta otra
instancia para debatir nuevamente sus argumentos teniendo en cuenta unos
documentos que no fueron aportadas en el momento procesal respectivo que, en
su decir, permite proferir una decisión diferente respecto a la legalidad del acto
administrativo que le negó la reliquidación de su pensión.
A juicio de la Sala, esta causal invocada no puede ser estudiada bajo los
argumentos expuestos en el recurso, pues los documentos que se relacionan no
tienen la calidad de ser recobrados o recuperados después de proferir el fallo
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Número interno: 2091-2020
Demandante: Luis Francisco Vivas Mercado
Demandado: SENA
Fallo
recurrido, toda vez que el recurrente pudo haberlos solicitados y aportados antes
de la expedición de la citada sentencia, sin que le esté permitido con el recurso
extraordinario, pretender remediar su negligencia. Lo anterior determina que no
se probó el supuesto fáctico previsto en la causal de revisión en estudio.
Ahora bien, se debe resaltar que el recurso extraordinario de revisión no
constituye una instancia adicional del proceso contencioso que se ha adelantado
ante los jueces competentes, sino que se trata de un mecanismo extraordinario,
que se funda en la configuración de alguna de las causales taxativamente
señaladas por el legislador, con el fin de revisar una decisión judicial y evitar la
afectación de los derechos fundamentales de alguno de los sujetos procesales y
no se puede emplear como una oportunidad de alguna de las partes para discutir
nuevamente un aspecto de la litis o la valoración efectuada por el juez de
instancia sobre las pruebas obrantes en el proceso.
Por las anteriores razones, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario
de revisión, como quiera que no se evidencia la configuración de la causal
invocada.
Para finalizar, sobre la condena en costas, es importante destacar que no
procede de manera automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del
artículo 365 del Código General del Proceso, “(…) solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación (…)”. Siendo así, como en el trámite del presente recurso no se
observa su causación, esta Sala no condenará en costas a la UGPP.
III. DECISION
Así las cosas, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión
presentado por el señor Luis Francisco Vivas Mercado y no se condenará en
costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
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Número interno: 2091-2020
Demandante: Luis Francisco Vivas Mercado
Demandado: SENA
Fallo
PRIMERO: DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor Luis Francisco Vivas Mercado contra la sentencia del
23 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: No hay lugar a condena en costas.
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la
integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia se discutió y aprobó por la Sala en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
(Ausente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
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