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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2018-01146-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2018-01146-01

Fecha
25 de agosto de 2022
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 05001-23-33-000-2018-01146-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR los ordinales primero, tercero y cuarto de la sentencia proferida, en primera instancia, el 23 de octubre de 2019, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal segundo de la sentencia proferida, en primera instancia, el 23 de octubre de 2019, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el cual quedará como se señala a continuación: “[…] SEGUNDO: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, SE ORDENA al Municipio de Medellín que reintegre a la Cooperativa de Trabajo Asociado Recuperar, el dinero que le entregó con el fin de dar cumplimiento al fallo de responsabilidad fiscal contenido en la Resolución Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 89 Núm. único de radicación: 050012333000201801146 01 Demandante: Cooperativa de Trabajo Asociado Recuperar núm. 011 de 6 de diciembre de 2017; confirmado mediante auto de 2 de enero de 2018, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. A título de restablecimiento del derecho, se CONDENA a la Contraloría General de Medellín, a pagar a la Cooperativa de Trabajo Asociado Recuperar, la indexación de la suma que el Municipio de Medellín entregue a la parte demandante, con ocasión del cumplimiento de lo dispuesto en esta providencia […]”. TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal Administrativo de Antioquia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 05001-23-33-000-2018-01146-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

25 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Número único de radicación: 050012333000201801146 01
Demandante: Cooperativa de Trabajo Asociado Recuperar
Demandados: Municipio de Medellín y la Contraloría General de Medellín

Asunto: Responsabilidad fiscal – inexistencia de gestión fiscal por conexidad
próxima y necesaria

SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada
contra la sentencia proferida el 23 de octubre de 2019 por el Tribunal
Administrativo de Antioquia.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. La Cooperativa de Trabajo Asociado Recuperar, en adelante la parte
demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

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Núm. único de radicación: 050012333000201801146 01
Demandante: Cooperativa de Trabajo Asociado Recuperar

derecho, previsto en el artículo 1381 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20112, en
adelante C.P.A.C.A., presentó demanda3 ante el Tribunal Administrativo de
Antioquia, contra el Municipio de Medellín y la Contraloría General de Medellín,
en adelante la parte demandada.

Pretensiones

2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] DECLARATIVAS

PRIMERO. Declarar la nulidad de la Resolución 011 de diciembre 06 de
2017, proferida por el señor Dr. PABLO ANDRÉS GARCÉS VÁSQUEZ,
contralor auxiliar de riesgo fiscal y jurisdicción coactiva de la Contraloría
General de Medellín.

SEGUNDO. Declarar la nulidad del acto administrativo del día 02 de enero
de 2018, mediante el cual la señora Dra. PATRICIA BONILLA SANDOVAL,
contralora general de Medellín resuelve el recurso de apelación y en grado
de consulta el proceso de responsabilidad fiscal radicado 021 de 2013, en el
sentido de no acceder a revocar los artículos primero y segundo del auto 011
de diciembre 06 de 2017 y por el contrario confirmar en todas sus partes la
decisión contenida en dicho auto, a través del cual de desató
desfavorablemente el recurso interpuesto.

TERCERO. Declarar la nulidad de los actos complementarios que tengan su
razón de ser en los actos administrativos declarados nulos en el punto
PRIMERO y SEGUNDO de esta solicitud.

CUARTO. Se ordene a modo de restablecimiento del derecho, a la
CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN que emita documento para
restituir los dineros pagados a favor del municipio de Medellín, Secretaría de
Hacienda, subsecretaría de ingresos, unidad de ingresos no tributarios, a

1 “[…] ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea

lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad
del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar
que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo
del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del
derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho
particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro
(4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto
general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel […]”.

2 “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

3 Por intermedio de apoderado (Folios 2 a 14 del cuaderno núm. 1 del expediente).

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favor de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO RECUPERAR, a
título de restablecimiento del derecho, por concepto de daño emergente, el
valor de trescientos treinta y seis millones ciento siete mil setecientos treinta
y seis pesos ($336'107.736) m/cte.

QUINTO. Se ordene a modo de restablecimiento del derecho, a la
CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN que la devolución de los dineros
pagados a favor del municipio de Medellín, Secretaría de Hacienda,
subsecretaría de ingresos, unidad de ingresos no tributarios, por valor de
trescientos treinta y seis millones ciento siete mil setecientos treinta y seis
pesos ($336'107.736) m/cte., sean devueltos con la actualización
correspondiente a la pérdida del poder adquisitivo del peso colombiano entre
la fecha que se hizo efectivo el pago y la fecha en que se realice la devolución
a la que se refiere la petición anterior.

DE CONDENA

PRIMERO. Como consecuencia de la anterior petición se condene a la
CONTRALORÍA GENERAL DE MEDELLÍN a pagar a la COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO RECUPERAR, a título de restablecimiento del
derecho, por concepto de perjuicios morales, la suma de 1000 SMMLV,
causados con ocasión de la remisión al Boletín de Responsables Fiscales de
la Contraloría General de la República de conformidad con lo establecido en
el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000, copia de la decisión.

SEGUNDO. Que también a título de restablecimiento del derecho, como
reparación del lucro cesante, se condene al municipio de Medellín,
Secretaría de Hacienda, subsecretaría de ingresos, unidad de ingresos no
tributarios, a pagar a la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
RECUPERAR las cantidades que corresponden al valor de los intereses
comerciales de las sumas a que se condene por concepto de daño
emergente, desde la fecha en que se realizó el pago hasta que se haga
efectiva su devolución.

TERCERO. Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del
término establecido en el artículo 195 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CUARTO. Si no se efectúa el pago en forma oportuna, la entidad liquidará
los intereses comerciales y moratorios como lo ordena el artículo 195 del C.
de P. A. y de lo C. A.

QUINTO. La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo
previsto en el artículo 195 del código de procedimiento administrativo y de lo
contencioso, aplicando los ajustes de valor (indexación) desde la fecha del
pago realizado hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que le ponga fin
al proceso […]”.

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Presupuestos fácticos

3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:

3.1. Informó que La Contraloría General de Medellín trasladó al Contralor Auxiliar
de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, unos presuntos hallazgos en
el contrato núm. 4600026771.

3.2. Expresó que la ejecución del contrato citado supra inició el 18 de mayo de
2010 y, en principio, debía finalizar el 31 de diciembre de 2010; sin embargo, este
se adicionó hasta el 30 de abril de 2011.

3.3. Comunicó que el contrato se celebró entre la parte demandante y la
Secretaría de Educación del Municipio de Medellín, por una cuantía de
$7.682’587.265.

3.4. Indicó que la auditoría fiscal concluyó que existía un detrimento patrimonial
de $595’036.370.

3.5. Expresó que el señor Armando Montoya Baena, representante legal de la
Cooperativa de Trabajo Asociado Recuperar, fue vinculado al proceso de
responsabilidad fiscal; lo anterior, porque el contralor auxiliar estimó que este “[…]
contribuyó con su acción a la configuración del supuesto detrimento patrimonial
[…] al presentar factura de cobro para obtener el pago de los primeros diez días
del mes de enero de 2011, lapso en el cual el contrato se encontraba suspendido
[…]”.

3.6. Explicó que la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín, para enero
de 2011, no había adelantado la licitación pública para contratar el servicio de
aseo a las instituciones educativas de la entidad territorial para el año 2011; fue
por esa circunstancia que, en consecuencia, el 18 de octubre de 2010 el Sub-
Secretario de Educación de Medellín, le solicitó al gerente de la parte

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demandante que, con ocasión del contrato núm. 4600026771 de 2010, la
cooperativa continuara prestando el servicio de aseo hasta el 30 de abril de 2011.

3.7. Manifestó que, como se acercaba el fin de año y la parte demandante no
podía despedir sus trabajadores únicamente por los primeros 10 días de enero
de 2011, las partes convinieron en que la solución era que la cooperativa no
terminara los contratos de trabajo de su personal; en consecuencia, para dar
continuidad a los convenios de asociación de los trabajadores, se determinó que
estos compensaran los 10 días que dejarían de trabajar.

3.8. Afirmó que durante la ejecución del contrato, se presentó la necesidad de
atender una mayor cantidad de servicios para cumplir con el objeto de aquel; en
consecuencia, los trabajadores prestaron esos servicios; para tal fin, lo hicieron
mediante la compensación del tiempo que descansarían entre: i) el 1.° y el 10 de
enero de 2010; ii) noviembre y diciembre de 2010; iii) las tres últimas semanas
de enero de 2011; y iv) febrero de 2011; por tanto, ese tiempo debía reconocerse
y pagarse, sin que, por esa circunstancia, implicara una disminución del
patrimonio público.

3.9. Adujo que, no obstante, la parte demandada concluyó que se hizo un pago
con menoscabo al erario por 10 días que no fueron laborados, tiempo que no se
compensó.

3.10. Destacó que el período de pruebas en el proceso de responsabilidad fiscal
finalizó en el 2014, momento en que entró al despacho para fallo sin que existiera
justificación del retraso; hecho que causó un perjuicio grave a la parte
demandante porque los demás responsables fiscales, no obstante ser solidarios,
le dejaron la carga del pago al único imputado.

3.11. Informó que mediante la Resolución núm. 011 de 6 de diciembre de 2017,
la parte demandada resolvió fallar con responsabilidad fiscal, entre otros, contra
la Cooperativa de Trabajo Asociado Recuperar, representada legalmente por el
señor Armando de Jesús Montoya Baena, por haber ocasionado un detrimento

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patrimonial al Municipio de Medellín por la suma de $331’068,714, debidamente
indexada.

3.12. Indicó que la parte demandada, mediante auto de 2 de enero de 2018,
resolvió el recurso de apelación interpuesto dentro del proceso de
responsabilidad fiscal; igualmente el grado de consulta en el sentido de confirmar
el fallo con responsabilidad fiscal.

3.13. Señaló que, con ocasión de la inclusión de la parte demandante en el
Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría, esta estuvo a punto de tener
que ceder el contrato de prestación de servicios que tenía con el metro de
Medellín, causándole perjuicios de hasta 1000 s.m.l.m.v.

Normas violadas y concepto de violación

4. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

• Artículos 2.° y 29 de la Constitución Política.
• Artículos 1.°, 2.° y 3.° de la Ley 610 de 15 de agosto de 20004.
• Artículo 97 de la Ley 1474 de 12 de julio de 20115.

5. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de
violación así:

Primer cargo: Configuración del daño

5.1. Expresó que el detrimento patrimonial solo puede presentarse cuando no
haya duda sobre la configuración del daño; de manera que, cuando en la
ejecución de un contrato, se presenta la necesidad de atender una mayor

4 “Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las

contralorías”.
5 “[…] Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y

sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública […]”.

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cantidad de los servicios que se vienen prestando, con el fin de cumplir con su
objeto, esas prestaciones adicionales de servicios, que de manera efectiva se
materializaron, tienen que reconocerse y pagarse, sin que ello implique
disminución del patrimonio público.

5.2. Aseguró que no se presentó detrimento por sobrecostos en el contrato núm.
4600026771 de 2010, con ocasión de los valores que se reconocieron y pagaron,
los cuales se derivaron de su liquidación.

5.3. Afirmó que la ejecución del contrato núm. 4600026771 de 2010, se vio
afectada por eventos ajenos que, finalmente, derivaron en el pago de unas sumas
adicionales por servicios que sí se prestaron y que causaron el reconocimiento al
contratista de un mayor valor a aquel que se pactó en el acuerdo inicial; sin
embargo, insistió, esa diferencia no es constitutiva de detrimento patrimonial.

5.4. Destacó que estudiar el asunto, de la manera en que lo hizo el Contralor
Auxiliar de Medellín; es decir, sin escuchar las razones que expusieron los
imputados con responsabilidad fiscal y sin atender las pruebas que demostraban
porqué se presentaron cantidades adicionales al servicio, llevaron a concluir que
la responsabilidad fiscal y el daño sí existieron; sin embargo, si se hubieran
practicado todas las pruebas solicitadas o estudiado con buen juicio las aportadas
el procedimiento administrativo, con seguridad se hubiera podido advertir que no
existió detrimento patrimonial o, por lo menos, que existían dudas sobre la
configuración del daño.

5.5. Resaltó que la actuación de la administración y del contratista fue correcta
cuando durante la ejecución del contrato se presentó la necesidad de atender
una mayor cantidad de servicios de enero a abril de 2011 y, así, cumplir con el
objeto contratado, circunstancia que implicó una modificación del contrato inicial
mediante un acuerdo para aumentar la cantidad de servicios; pacto que,
igualmente, implicó la compensación económica del tiempo de descanso
comprendido entre el 1.° y el 10 de enero de 2011.

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Segundo cargo: Inexistencia de daño

5.6. Insistió que la ejecución del contrato núm. 4600026771 de 2010 se afectó
por eventos que derivaron en prestaciones adicionales de servicios
efectivamente realizados, lo que causó que se reconociera a la parte demandante
un mayor valor a aquel que se pactó inicialmente; sin embargo, no existió daño
porque el servicio se prestó mediante la compensación con trabajo físico por los
trabajadores quienes laboraron 1 hora adicional de lunes a viernes y 8 horas los
sábados desde el 22 de noviembre de 2010 al 26 de febrero de 2011.

5.7. Informó que el representante legal de la parte demandante no contribuyó a
la materialización del daño porque está demostrado que ejecutó el contrato y
emitió las facturas en los términos exigidos en los pliegos de condiciones, los
estudios previos y el contrato.

Tercer cargo: Inexistencia de dolo o culpa grave de la Cooperativa de Trabajo
Asociado Recuperar

5.8. Destacó que, de los hechos expuestos por la Contraloría General de
Medellín, no se puede predicar dolo o culpa grave de la parte demandante porque
no existió daño ni detrimento patrimonial; su conducta fue la de presentar una
factura de cobro por los servicios que prestó en enero de 2011; circunstancia que
no se puede tildar de conducta dirigida a causar un daño; además, emitir una
factura por servicios prestados es legal para el cobro de lo debido.

5.9. Sostuvo que la parte demandada emitió el fallo con responsabilidad fiscal,
contra de la parte demandante con argumentos falsos; insistió que no estaba
demostrado el daño o detrimento patrimonial en contra de la Secretaría de
Educación de Medellín por el hecho de haber cobrado los servicios que se le
prestaron en enero de 2011.

5.10. Aceptó que el contrato estuvo suspendido entre el 1.° y el 10 de enero de
2011; sin embargo, reiteró que la parte demandante prestó el servicio que facturó

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para ese período porque compensó el tiempo entre noviembre de 2010 y febrero
de 2011, de lo cual existían pruebas dentro del expediente.

5.11. Explicó que el contrato se inició el 18 de mayo de 2010 con un plazo inicial
de 7 meses y 14 días, por tanto, debía terminar el 31 de diciembre de 2010, pero
como fue adicionado en el valor y en el plazo, aquel terminó en junio de 2011.

Cuarto cargo: Falsa motivación

5.12. Expresó que la falsa motivación se relaciona con el principio de legalidad
de los actos y el control de los hechos determinantes de la decisión
administrativa; así las cosas, en el presente asunto se presentan dos elementos:
i) los hechos que la administración tuvo en cuenta como motivos determinantes
de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación
administrativa; y ii) la administración omitió tener en cuenta hechos que sí
estaban demostrados y que de haberse considerado habrían conducido a una
decisión sustancialmente diferente.

5.13. Comunicó que la parte demandante le solicitó a la Contraloría General de
Medellín recibir varias declaraciones; no obstante, determinó que con dos
testimonios que había recibido era suficiente para tomar la decisión; ahora bien,
en el 2014, sin motivación, el proceso se suspendió durante 3 años, tiempo
durante el cual se presentaron dos situaciones: i) el valor del daño pasó de
$259'000.000 a $300’000.000; y iii) se resolvió el recurso de apelación y el grado
de consulta donde se confirmó el fallo de responsabilidad fiscal.

5.14. Adujo que se violaron: i) el artículo 2.° de la Constitución porque la parte
demandada no estudió con seriedad las pruebas, ni tuvo en cuenta los
argumentos expuestos por los testigos y los imputados; tampoco consideró los
documentos que demostraban que el servicio sí se prestó; ii) el artículo 29 de la
Constitución porque se juzgó a la parte demandante con fundamento en leyes
posteriores al acto que se le imputó; y iii) los artículos 1.°, 2.° y 3.° de Ley 610 de

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2000, por ser las disposiciones aplicables al acto que se imputó a la parte
demandante.

Contestación de la demanda

De la Contraloría General de Medellín

6. La parte demandada6 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones
formuladas, así:

6.1. Aceptó que el contrato núm. 4600026771 de 2010 se adicionó hasta el 30
de abril de 2011; sin embargo, se realizaron unos pagos no obstante que aquel
estaba suspendido, tanto que la parte demandante mediante una circular le
informó a las directivas de las instituciones educativas que el personal de aseo
suspendía sus actividades el 17 de diciembre de 2010 y retornaba el 11 de enero
de 2011; además, que en aquellos colegios sin personal docente y alumnos, no
se requería servicio, motivo por el cual se suspendía la continuidad del contrato
entre las fechas citadas supra; es decir, resulta contradictorio que la parte
demandada avise que no va a prestar el servicio y ahora alegue que sí lo prestó.

6.2. Informó que de los hechos y pruebas no es cierto, creíble, razonable o
aceptable que el Sub-secretario de Educación de Medellín le pidiera al gerente
de la parte demandante que continuara prestando el servicio de aseo hasta el 30
de abril de 2011; esto, porque lo que se demostró en la audiencia de decisión
celebrada el 16 de diciembre de 2017, es que el 17 de diciembre de 2010 se
firmó un acta de suspensión del servicio entre el día citado supra y el 11 de enero
de 2011; entonces, que tan verosímil es que al día siguiente de haber iniciado la
suspensión, la entidad territorial le haya solicitado verbalmente a la parte
demandante que continuara prestando el servicio.

6.3. Refirió que, en el evento de que sí haya existido la solicitud verbal, esa

6 Por intermedio de apoderado (Folio 101 del cuaderno núm. 1 del expediente).

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actuación no puede aceptarse porque el artículo 39 de la Ley 80 de 28 de
octubre de 19937, reglamenta las formas del contrato estatal el que debe constar
por escrito, de lo contrario, la modificación del contrato no existe y no puede
producir efectos jurídicos; es decir, el “[…] hecho de que existan en el expediente
documentos, testimonios que prueben que el servicio se prestó, es irrelevante si
el municipio no lo autorizó y no fue pactado […]”.

6.4. Destacó que la afirmación de la parte demandante, según la cual, sus
trabajadores recuperaron el tiempo que descansarían en enero no era posible
por las siguientes razones: i) el contrato se suspendió; ii) no existe autorización
de recuperación de tiempo; iii) tampoco se aprobó; y iv) no se podía reconocer y
pagar; es decir, en el evento de que el servicio se haya prestado antes de la
suspensión del contrato, tal situación se encuadra en un hecho cumplido que no
se podía reconocer por carecer de sustento legal.

6.5. Insistió que lo que sí se probó en el proceso de responsabilidad fiscal, es
que el contrato núm. 4600026771, se suspendió entre el 17 de diciembre de 2010
y el 10 de enero de 2011; sin embargo, la parte demandante, el 1.° de julio de
2011, radicó la factura de cobro núm. 179121 por la suma de $869’913.076 por
concepto de servicios prestados entre el 1.° y el 25 de enero de 2011; esto es,
incluyó los días comprendidos entre el 1.° y el 10 de enero de 2011 a pesar que
para esas fechas el contrato estaba suspendido y no existía autorización de
compensación escrita que respaldara el cobro; esa es la circunstancia por la cual
el ente de control adelantó el procedimiento de responsabilidad fiscal por la suma
indexada de $331.068.774, atendiendo a que la cuantía del daño al patrimonio
ascendió a $259’123.322, ocasionado por la parte demandante, el Secretario de
Educación de Medellín y el interventor del contrato.

6.6. Expresó que el Municipio de Medellín incurrió en un gasto o gestión fiscal
sin soporte legal; el que por omisión injustificada y negligente del Secretario de
Educación de Medellín y del interventor produjo un pago; pago que la parte

7 “[…] Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública […]”.

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demandante sabía que carecía de autorización por no existir permiso escrito para
prestar un servicio; sin embargo, incurriendo en una conducta inexcusable,
radicó una cuenta de cobro que contribuyó de manera eficaz a la materialización
del daño.

6.7. Indicó, luego de referirse a lo que se demostró y no se acreditó en el
procedimiento de responsabilidad fiscal, que el daño sí existió y se originó en el
pago de $259’123.322 por 10 días durante los cuales el contrato estuvo
suspendido y dentro de los que no se prestó ningún servicio.

6.8. Explicó que los pliegos de condiciones únicamente autorizaban que los
tiempos en que no había escolarización, se podían emplear para brigadas de
aseo y para labores que no se pudieran realizar mientras la comunidad educativa
estuviera en el interior de las instalaciones; es decir, no existía autorización de
compensar tiempo; actuar en contrario violaba las reglas fijadas en el pliego de
condiciones y en el contrato.

6.9. Insistió que la parte demandante contribuyó de manera directa en la
materialización del daño al patrimonio de manera gravemente culposa por
radicar una factura de cobro por una compensación que jamás se acordó entre
las partes; es más, en la cláusula quinta del contrato se estableció que la forma
de pago era mensual previa la presentación de la factura con la totalidad de los
soportes que aseguraran que el servicio se recibió a entera satisfacción por el
interventor; no obstante, del 1.° al 10 de enero de 2011, no existe prueba de esos
documentos; pese a ello, la parte demandante radicó y recibió el pago por un
servicio del cual no existe prueba respecto a que el Municipio de Medellín recibió
alguna contraprestación.

6.10. Señaló, respecto de la falsa motivación, que la parte demandada, en la
audiencia de decisión y en el Auto núm. 001 de 2018, realizó una amplia
motivación para determinar, con grado de certeza, la existencia de
responsabilidad fiscal.

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6.11. Subrayó que, si la parte demandante realizó trabajo físico o pagó con
tiempo extra una compensación de tiempo, sin que mediara documento que así
lo dispusiera, lo hizo por su propia cuenta y riesgo y desatendió las obligaciones
contractuales pactadas; además, porque contractualmente “[…] en los tiempos
muertos era viable, no compensar, sino ejecutar las labores de brigadas de aseo.
Pero como el municipio suspendió el contrato, no era viable ejecutar ninguna
brigada de aseo, y menos compensar con trabajo. En otras palabras no existió
ningún tiempo muerto, por lo que no era viable ni compensar ni hacer brigadas
de aseo, salvo modificación al contrato vigente […]”; en concreto, “[…] si el
contrato estuvo suspendido, ninguna causación de gasto podría sobrevenir, y si
se autorizó y pagó contrariando dicha suspensión, se pagó ilegalmente, además
con violación de los principios de la gestión fiscal, pues se hizo un gasto
innecesario con despilfarro de recursos, pudiéndose ahorrar o evitar, lo cual
constituye un detrimento patrimonial del Estado […]”.

Excepciones

Inepta demanda por ausencia de requisitos formales

6.12. Adujo que el Municipio de Medellín, como ente jurídico, no fue demandado,
tanto que no se le convocó a la conciliación extrajudicial celebrada ante la
Procuraduría General de la Nación; en consecuencia, se incumplió el requisito
de procedibilidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

6.13. Expresó que, de acuerdo con las pretensiones de la demanda, la entidad
territorial puede ser condenada; en esa medida, se le debió convocar a la
audiencia de conciliación extrajudicial.

No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios

6.14. Indicó que en la segunda pretensión se pidió condenar al Municipio de
Medellín - Secretaría de Hacienda, “[…] a pagar a la COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO RECUPERAR las cantidades que corresponden al valor

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de los intereses comerciales de las sumas a que se condene por concepto de
daño emergente, desde la fecha en que se realizó el pago hasta que se haga
efectiva su devolución […]”; lo que demuestra que el municipio es un litisconsorte
necesario, pero como la entidad territorial no fue demandada ni se le notificó la
demanda, se presenta indebida integración del contradictorio.

Intervención del Municipio de Medellín

7. El tercero con interés directo8, expresó que “[…] los actos administrativos que
dieron origen a la presente demanda fueron expedidos por la Contraloría
General de Medellín, en virtud de su potestad sancionatoria, Órgano de control
con autonomía, que no depende del Municipio de Medellín […]”.

8. Manifestó su oposición a las pretensiones de la demanda, para lo cual señaló:
“[…] no puede este despacho pronunciarse sobre las pretensiones de nulidad
de los actos administrativos […] expedidos por la Contraloría General de
Medellín […]”; además, indicó que “[…] no puede este despacho pronunciarse
frente a la sanción impuesta a la Cooperativa Recuperar por cuanto la
Contraloría General de Medellín no hace parte y/o depende de la Administración
Central […]”.

Sentencia proferida en primera instancia9

9. El a quo, en sentencia proferida el 23 de octubre de 2019, resolvió:

“[…] PRIMERO. SE DECLARA la nulidad parcial del fallo de responsabilidad
fiscal radicado N° 021 de 2013, contenido en el Acta N° 11 del 6 de diciembre
de 2017, suscrita por el Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y
Jurisdicción Coactiva, y del Auto N° 001 del 2 de enero de 2018, por el cual
se resolvieron los recursos de apelación y el grado de consulta, emitido por
la Contralora General de Medellín, en lo que respecta a la decisión de
declarar fiscalmente responsable por la suma de trecientos treinta y un mil
millones sesenta y ocho mil setecientos catorce pesos m.l. ($331.068.714),
a la Cooperativa de Trabajo Asociado Recuperar, atendiendo a la
argumentación vertida previamente..

8 Por intermedio de apoderado (Folio 113 del cuaderno núm. 1 del expediente)

9 Folios 180 a 190 del cuaderno núm. 1 del expediente.

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SEGUNDO: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, SE
ORDENA al Municipio de Medellín, reintegrar a la Cooperativa de Trabajo
Asociado Recuperar, las sumas canceladas por ésta con ocasión del fallo de
responsabilidad fiscal radicado N° 021 de 2013, emitido en su contra,
debidamente actualizadas en su valor, dando aplicación a la fórmula indicada
en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: SE DENIEGAN las demás pretensiones de la demanda.

CUARTO: Se condena en costas a la Contraloría General de Medellín,
entidad demandada, de conformidad con los parámetros definidos en la parte
motiva de la presente decisión […]”.

10. El a quo, después de hacer referencia a la demanda y a las pruebas legal y
oportunamente allegadas al proceso; concluyó lo siguiente:

“[…] De conformidad con las consideraciones que se expondrán en líneas
siguientes, concluirá esta Corporación que RECUPERAR, no fungió como
gestor fiscal en la ejecución del contrato N° 4600026771 de 2010,
celebrado con el Municipio de Medellín - Secretaría de Educación, y en el
cual fungió como contratista, razón por la cual, no era dable que la contraloría
municipal adelantara en su contra el proceso de responsabilidad fiscal objeto
de la Litis. Circunstancia que, permitirá a la Sala concluir la ilegalidad de los
actos administrativos censurados, por lo que, en virtud del postulado de
economía procesal, la Sala se relevará de analizar los demás cargos de
violación, pese a que otros de ellos podrían así mismo tener vocación de
prosperidad.

[…]

Pues bien, conforme se describe en los actos administrativos demandados,
y se constata en el expediente administrativo arribado por la contraloría
municipal con su respuesta a la demanda, mediante radicado N° 047729-
20130000487 del 18 de mayo de 2013, la Contraloría Auxiliar de Educación
de Medellín, remitió unos hallazgos fiscales determinados en una Auditoría
Especial, relacionados con presuntas irregularidades presentadas en la
ejecución del contrato N° 4600026771 de 2010, suscrito por el Municipio de
Medellín -Secretaría de Educación, y la Cooperativa de Trabajo Asociado
Recuperar, cuantificándose el daño en $531.946.025.

Atendiendo a lo anterior, por Auto de Apertura e Imputación 986 del 25 de
octubre de 2013, se dio inicio al proceso de responsabilidad fiscal N° 021 de
2013, mediante el procedimiento verbal, en el cual se tuvieron como
imputados, a título de culpa grave, a los señores Felipe Andrés Gil Barrera -
Secretario de Educación; Mario Antonio Muñoz Pimienta, Interventor; y a la
Cooperativa de Trabajo Asociado Recuperar Contratista, representada
legalmente por el señor Armando Montoya Baena. El daño al patrimonio
público se cuantificó en $595.036.370, y se entendió conformado por tres
ítems: i) sobrecostos por incrementos del 0.5% en el pago de una pensión:
$22.371.901; ii) sobrecostos por pago de seguridad social en el período

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comprendido del 18 al 24 de abril de 2011, correspondiente a semana santa:
$40.718.444; y iii) sobrecosto por pago de servicios de aseo durante el
tiempo comprendido del 18 al 24 de abril de 2011: $531.946.025.

Surtida la etapa probatoria, el 19 de noviembre de 2013, se instaló la
audiencia de decisión, la cual culminó el 6 de diciembre de 2017, fallándose
sin responsabilidad fiscal en relación con los ítems i) y ii), y con
responsabilidad fiscal respecto al iii).

En relación con esto último, que es lo que interesa al caso concreto, se
consideró, previa modificación del monto del detrimento a $259.123.322, lo
siguiente:

“observa el Despacho que en efecto se dio el pago por estos diez días, lapso
en el cual el contrato estuvo suspendido, ello se dispuso desde la Secretaría
de Educación... pago que inicialmente está contenido en el acta de
terminación y liquidación del contrato referido, acta suscrita por las partes,
donde expresamente se hace alusión al pago contenido en la factura 179121
de Julio 01 de 2011... donde como ya se explicó se ajustó el pago
correspondiente del 01 al 25 de Enero de 2011, es decir, en ese pago se
incluyó los primeros 10 días del mes de Enero de 2011, lapso en el cual se
encontraba suspendido el Contrato.

Del análisis del material probatorio referido obrante en el plenario se
concluye que no hubo compensación en horas laborales del 11 de Enero al
26 de Febrero de 2011, como lo pregonan los presuntos responsables, por
tanto queda probado lo dicho por la Auditoría, en el sentido de que en el
lapso del 1 al 10 de Enero de 2011, el contrato se encontraba suspendido
por consiguiente en ese lapso no se prestó el servicio y se pagó sin tener en
cuenta dicha suspensión, ello produjo un daño patrimonial, que conforme a
la aclaración en cuanto al valor pagado por este tiempo, se hizo en cuantía
de $259.123.322.

Esto es, el ente de control tuvo como acreditado que, del 1 al 10 de enero de
2011, el contrato N° 4600026771 estaba suspendido, sin embargo, la
contratista RECUPERAR, facturó cuenta de cobro, y la entidad contratante
Secretaría de Educación del Municipio de Medellín, la pagó mediante factura
N° 179121. Por ende, el daño patrimonial, se estimó originado en dicho pago,
en cuantía de $259.123.322.

En lo que concierne a la condición de gestores fiscales de los declarados
responsables, el Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción
Coactiva de la Contraloría General de Medellín, en el fallo proferido el 6 de
diciembre de 2017, consideró lo siguiente:

"[…] En este orden de ideas, no le cabe duda a este operador jurídico de la
condición de gestor fiscal del señor FELIPE ANDRÉS GIL BARRERA -
Secretario de Educación del Municipio de Medellín para la época de los
hechos, desarrolló y ejecutó acciones inherentes a su cargo, ello con ocasión
de sus funciones... del cual vale la pena destacar la que se enuncia a
continuación:

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"Controlar el manejo de los recursos financieros para que éstos se ejecuten
de conformidad con los planes y programas establecidos y con las normas
de la Ley 715 de 2001".

Por otra parte, en cuanto a los demás presuntos responsables fiscales
vinculados señores MARIO ANTONIO MUÑOZ PIMIENTA, quien fungió en
calidad de Interventor dentro del cumplimiento del Contrato Nro. 4600026771
cuya designación se dispuso dentro del contexto del mismo contrato, y el
señor ARMANDO MONTOYA BAENA en representación legal de
RECUPERAR, quien fungió como contratista para la época de los hechos;
esta instancia de conocimiento entrara a auscultar de manera rigurosa su
participación o contribución en la gestión fiscal con ocasión de su proximidad
necesaria e imperiosa, lo que también comprende el tópico objeto de esta
causa fiscal... Es así como lo establece la Corte Constitucional en la
Sentencia C-840 de 2001, son igualmente sujetos pasivos de la
responsabilidad fiscal, los particulares que, por conexidad próxima y
necesaria a la gestión fiscal, concurren al hecho dañoso, esto es, al
detrimento patrimonial.

Por último en cuanto al Contratista para el caso la Cooperativa de Trabajo
Asociado RECUPERAR... representada legalmente por el señor ARMANDO
MONTOYA BAENA... el cual conforme a lo expuesto está llamado a ser
sujeto pasivo de la acción fiscal en tanto que como tal hace parte de los
particulares que por conexidad próxima y necesaria a la gestión fiscal,
concurren al hecho dañoso, esto es, al detrimento patrimonial determinado
en este proceso.

En virtud de lo anterior, vale la pena argüir que si bien es cierto en estricto
sensu el señor ARMANDO MONTOYA BAENA... no puede ser catalogado
como gestor fiscal, tal circunstancia no lo libera de responsabilidad fiscal por
cuanto este operador jurídico en consonancia con la Sentencia C-840 de
2001, considera que no solo los gestores fiscales son sujetos pasivos de la
acción fiscal, esto es, los particulares también son susceptibles de ser
responsabilizados fiscalmente por conexidad próxima y necesaria con la
gestión fiscal. Es así, pues, que ARMANDO MONTOYA BAENA, dada su
calidad de Contratista y teniendo en cuenta su comportamiento, el cual
estribó en disponer los cobros mensuales del contrato N° 4600026771 de
2010... entre los cuales se encuentra la factura N° 179121 del 1 de julio de
2010, que incluyó los días del 1 al 10 de Enero de 2011, lapso para el cual
el contrato 4600026771 se encontraba suspendido... y tiempo conforme al
análisis probatorio ut-supra no se compensó, igualmente se suscribe el acta
de terminación y liquidación, donde se incluye el pago de aludido, no
obstante que como quedó acreditado no se compensó laboralmente, son
estás pruebas las que contribuyeron a la configuración del detrimento
patrimonial... y configuran sin lugar a dudas una relación de conexidad
próxima y necesaria con la gestión fiscal, circunstancia que lo erige en
presunto responsable de segundo orden o indirecto.

Así las cosas, se colige del Artículo 119 de la Ley 1474 de 2011, que los
procesos de responsabilidad fiscal, no solamente están dirigidos a quienes
realizan en estricto sentido gestión fiscal, sino también a quienes contribuyen
o concurran a la materialización del daño de tal suerte que para este
operador fiscal, con fundamento en los Artículos 1° y 6° de la Ley 610 de

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2000 y especialmente en la Sentencia C-840 de 2001, es indudable que el
(sic) señores, MARIO ANTONIO MUÑOZ PIMIENTA Y ARMANDO
MONTOYA BAENA, en sus funciones de Interventor y Contratista
respectivamente, en el caso que nos ocupa, son sujetos de responsabilidad
fiscal.

De acuerdo con lo anterior, a juicio del ente de control aunque el
representante legal de RECUPERAR no podía ser catalogado como gestor
fiscal, en todo caso, ello no lo liberaba de responsabilidad, por cuanto, hacía
parte de los particulares que, por conexidad próxima y necesaria a la gestión
fiscal, contribuyó a la configuración del detrimento patrimonial.

A su vez, en el Auto N° 001 del 2 de enero de 2018, emitido por la Contralora
General de Medellín, se concluyó que "el resultado dañino fue producto de
la infracción al deber objetivo de cuidado y que debió haberlo previsto por
ser previsible; pues siendo consciente de que no prestó ningún servicio en la
primera semana de enero de 2011, procedió a realizar su cobro, sin ningún
soporte legal o contractual, obteniendo su representada un lucro no
merecido. Esa conducta no pude calificarse de otra manera que grosera y
gravemente culposa".

La Sala no comparte lo previamente reseñado, porque, tal como se
sustentará a continuación, la contratista RECUPERAR no ejerció actos
propios de la gestión fiscal (como incluso Io acepta expresamente el ente de
control) y, en consecuencia, no era sujeto pasivo de este tipo de control.

Se recuerda, conforme al marco normativo y jurisprudencial antes planteado,
para deprecar responsabilidad fiscal a un particular, se requiere que éste
haya cometido una conducta dolosa o culposa en el ejercicio de su gestión
fiscal, que ocasionó un daño patrimonial al erario público (sic), producto del
nexo causal entre la conducta y el daño.

Ha considerado el Consejo de Estado10, que la gestión fiscal constituye un
presupuesto estructurante de la responsabilidad fiscal cuyo alcance fija un
límite en cuanto a la competencia de los entes de control fiscal, en virtud de
lo consagrado en el artículo 268 de la Constitución Política, numeral 5°11. Por
ende, nadie podrá ser perseguido fiscalmente «sin antes verificar gue se
haya comportado como un gestor fiscal.

En efecto, de acuerdo la Ley 670 de 2000, la responsabilidad fiscal estará
integrada por una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que
realiza gestión fiscal; un daño patrimonial al Estado; y un nexo causal entre
los dos elementos anteriores (canon 5°). Entendiéndose por gestión fiscal el
conjunto de actividades económicas, jurídicas y_tecnológicas, que realizan
los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o
administren recursos o fondos públicos (artículo 30) y, por daño patrimonial
la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución,

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 6 de setiembre

de 2018. C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Radicado NO 05001-23-31-000-2003-01891-01.

11 "ARTÍCULO 268. El Contralor General de la República tendrá las siguientes atribuciones: «5. Establecer

la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso,
recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma.»

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perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o
recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por
una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna (artículo
6°).

En lo atinente, la Corte Constitucional en la sentencia C-840 del 9 de agosto
de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería, a la que se hace referencia en el fallo
de responsabilidad fiscal objeto de este proceso, se estableció el alcance de
"gestión fiscal", en los siguientes términos:

"Con arreglo a la nueva Carta Política la gestión fiscal no se puede reducir a
perfiles económico-formalistas, pues, en desarrollo de los mandatos
constitucionales y legales el servidor público y el particular, dentro de sus
respectivas esferas, deben obrar no solamente salvaguardando la integridad
del patrimonio público, sino ante todo, cultivando y animando su específico
proyecto de gestión y resultados.

Proceder éste que por entero va con la naturaleza propia de las cosas
públicas, por cuanto la efectiva realización de los planes y programas de
orden socio-económico, a tiempo que se sustenta y fortalece sobre cifras
fiscales, funge como expresión material de éstas y de la acción humana, por
donde la adecuada preservación y utilización de los bienes y rentas del
Estado puede salir bien librada a instancias de la vocación de servicio
legítimamente entendida, antes que de un plano y estéril cumplimiento
normativo, que no por obligatorio garantiza sin más la realización práctica de
las tareas públicas.

Se podría agregar que: el servidor público o el particular -dentro de una
dimensión programática-, con apoyo en los bienes fondos estatales puestos
a su cuidado pueden alcanzar los objetivos y resultados de la gestión
proyectada, al propio tiempo que dichos bienes y fondos despliegan su
eficiencia económica manteniendo la integralidad patrimonial que la vida útil
y la circulación monetaria les permite. Se trata de abogar por la integridad y
fortalecimiento de un patrimonio público dinámico, eficiente y eficaz, en la
senda de la gestión estatal que por principio debe privilegiar el interés
general sobre el interés particular; lo que equivale a decir que: la mejor
manera de preservar y fortalecer el patrimonio público se halla en la acción
programática, que no en la mera contemplación de unos haberes
"completos" pero inertes" (subrayas fuera de texto).

En la misma sentencia se declaró la exequibilidad de la expresión "con
ocasión de ésta", contenida en el artículo 1 de la ley 610 de 2000, bajo el
entendido de que los actos que la materialicen comporten una relación de
conexidad próxima y necesaria para con el desarrollo de la gestión fiscal.
Indicándose en la parte motiva, que en cada caso se impone examinar si la
respectiva conducta guarda alguna relación para con la noción específica de
gestión fiscal, bajo la comprensión de que ésta tiene una entidad material y
jurídica propia que se desenvuelve mediante planes de acción, programas,
actos de recaudo, administración y inversión, disposición y gasto, entre otros,
con miras a cumplir las funciones constitucionales y_legales que en sus
respectivos ámbitos convocan la atención de los servidores públicos los
particulares responsables del manejo de fondos o bienes del Estado.

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En concordancia, en cuanto al control y la gestión fiscal, la Corte
Constitucional expuso lo siguiente:

"Cuando alguna contraloría del país decide crear y aplicar un programa de
control fiscal en una entidad determinada, debe actuar con criterio selectivo
frente a los servidores públicos a vigilar, esto es, tiene que identificar
puntualmente a quienes ejercen gestión fiscal dentro de la entidad, dejando
al margen de su órbita controladora a todos los demás servidores. Lo cual es
indicativo de que el control fiscal no se puede practicar in sólidum (sic) o con
criterio universal, tanto desde el punto de vista de los actos a examinar, como
desde la óptica de los servidores públicos vinculados al respectivo ente. La
esfera de la gestión fiscal constituye el elemento vinculante determinante de
las responsabilidades inherentes al manejo de fondos y bienes del Estado
por parte de los servidores públicos y de los particulares. Siendo por tanto
indiferente la condición pública o privada del respectivo responsable, cuando
de establecer responsabilidades fiscales se trata".

Con base en lo anterior, el Consejo de Estado ha considerado, que la
responsabilidad fiscal tiene como requisito sine qua non, el ejercicio de una
conducta que causó un daño al patrimonio Estatal producto de la gestión
fiscal, que para que le pueda ser imputada a un particular, debe tener bajo
su órbita de desempeño, la administración o manejo sobre los recursos
públicos que le hayan sido entregados, de lo contrario no procede.

En el caso concreto, el contrato N° 4600026771 de 2010, celebrado entre el
Municipio de Medellín - Secretaría de Educación, y la Cooperativa de Trabajo
Asociado Recuperar (ver Cd. 1, fl. 105), tuvo como objeto la prestación de
servicios generales de aseo para 227 instituciones educativas oficiales y
centros educativos oficiales del Municipio de Medellín con sus respectivas
secciones, por un valor de $5.583.688.354.

En cuanto a la forma de pago se pactó, que la cancelación del valor total del
contrato se haría mediante pagos parciales mensuales de acuerdo a la
presentación de la factura o documento equivalente con todos los soportes
que aseguraran que los servicios fueron recibidos a entera satisfacción por
el interventor.

Así entonces, el detrimento patrimonial que se le pudo causar al Municipio
de Medellín, fue como consecuencia del pago que se hizo a la contratista,
pero no por el manejo o la administración de recursos públicos. En efecto,
en el Acta N° 011 de 2017, contentiva del fallo con responsabilidad fiscal, se
indicó que: “es así, pues, que ARMANDO MONTOYA BAENA, dada su
calidad de Contratista y teniendo en cuenta su comportamiento, el cual
estribo en disponer los cobros mensuales del contrato No. 4600026771 de
2010... entre los cuales se encuentra la factura No 179121 del 1 de julio de
2010, que incluyó los días del 1 al 10 de Enero de 2011, lapso para el cual
el contrato 4600026771 se encontraba suspendido... y tiempo conforme al
análisis probatorio ut-supra no se compensó, igualmente se suscribe el acta
de terminación y liquidación, donde se incluye el pago aludido, no obstante
que como quedó acreditado no se compensó laboralmente, son estás
pruebas las que contribuyeron a la configuración del detrimento patrimonial
y configuran sin lugar a dudas una relación de conexidad próxima y necesaria

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con la gestión fiscal, circunstancia que lo erige en presunto responsable de
segundo orden o indirecto." (fl. 28 vto.).

De forma alguna controvierte la Sala la procedencia de la gestión fiscal que
atañía adelantar a la Contraloría General de Medellín en relación con el
contrato objeto del proceso de responsabilidad fiscal N° 021 de 2013, pues
es claro, que aquel era de naturaleza estatal y, que su valor fue pagado con
recursos del Municipio de Medellín, dado lo cual, el ente de control debía
cumplir su cometido constitucional y legal. Lo que se cuestiona es si la parte
contratista, según las cláusulas contractuales, se comportó como gestor
fiscal.

Ahora bien, en el fallo con responsabilidad fiscal se estimó, que al tenor de
lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley 1474 de 2011, los procesos de
responsabilidad no están dirigidos a quienes realizan en estricto sentido
gestión fiscal, sino también a quienes contribuyan o concurran a la
materialización del daño, "de tal suerte que para este operador fiscal, con
fundamento en los artículos 1° y 60 de la Ley 610 de 2000 y especialmente
en la Sentencia C-840 de 2001, es indudable que el (sic) señores...
ARMANDO MONTOYA BAENA, en sus funciones de, contratista, en el caso
que nos ocupa, son sujetos (sic) de responsabilidad fiscal." (fl. 33).

[…]

La Corte Constitucional en la sentencia C-338 de 2014, consideró que, la
solidaridad que establece el artículo 119 de la ley 1474 de 2011 entre los
responsables de pagar las obligaciones derivadas de un proceso fiscal, no
implica la creación de un parámetro de imputación distinto al previsto en los
artículos 40 y 50 de la Ley 610 de 2000.

Así se consideró:

[…]

De lo anterior se deriva que, cuando el ente de control logra imputar
responsabilidad fiscal a más de un sujeto, en aplicación del canon 119 de la
Ley1474 de 2011, responderán solidariamente. Imputación que solo será
procedente cuando se haya comprobado la existencia de culpa grave o de
dolo por parte de quien tenía a su cargo la administración o vigilancia de los
bienes del Estado.

En ese orden de ideas, para el caso sub judice no era plausible (sic) de
vigilancia fiscal la contratista Cooperativa de Trabajo Asociado
Recuperar, toda vez que no ejerció actos de gestión fiscal, como
expresamente quedó consignado en el Acta N° 11 de 2017, donde se lee: "el
señor ARMANDO MONTOYA BAENA, quien fungió Contratista y
representante legal de Recuperar, no puede ser catalogado como gestor
fiscal", en tanto que, no le asiste razón al ente de control cuando
subsiguientemente afirmó: "tal circunstancia no lo libera de responsabilidad
fiscal por cuanto este operador jurídico en consonancia con la Sentencia C-
840 de 2001 considera que no solo los gestores fiscales son sujetos pasivos
de la acción fiscal, esto es, los particulares también son susceptibles de ser

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responsabilizados fiscalmente por conexidad próxima necesaria con la
gestión fiscal.

[…]

Como consecuencia de lo anterior, la Sala declarará la nulidad parcial de los
actos administrativos enjuiciados, esto es, del fallo de responsabilidad fiscal
contenido en el Acta 11 del 6 de diciembre de 2017, y del Auto N° 001 del 2
de enero de 2018, por el cual se resolvieron los recursos de apelación y el
grado de consulta, pero únicamente en lo que respecta a la decisión de
declarar fiscalmente responsable por la suma de $331.068.714, a la
Cooperativa de Trabajo Asociado Recuperar.

[…]

La Sala no accederá al reconocimiento del aducido perjuicio moral, toda vez
que no encuentra fundamento en el acervo probatorio obrante en el
expediente, esto es, no se demostró su causación.

De otra parte, en lo que atañe a los pagos realizados por la Cooperativa de
Trabajo Asociado Recuperar, con ocasión al fallo de responsabilidad fiscal
proferido en su contra, entre folios 59 a 67, obran los respectivos documentos
de cobro expedidos por el Municipio de Medellín, por concepto de capital e
intereses de mora, así como los correlativos comprobantes de pago, por un
total de $336.107.736.

Siendo ello así, y en consonancia con lo estimado en la audiencia inicial, se
ordenará al Municipio de Medellín, quien recibió dicha suma de dinero,
proceder a su reintegro a la cooperativa demandante, debidamente
actualizada en su valor como lo ordena el artículo 187 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

[…]

No se accederá al reconocimiento de intereses comerciales como se impetró
en la demanda, por cuanto, tal como lo ha puntualizado el Consejo de
Estado, la actualización monetaria (que se ordenará en esta sentencia) sirve
como un instrumento equilibrador del fenómeno de la depreciación que sufre
la moneda nacional por efecto de la pérdida del poder adquisitivo del dinero,
debido a las fluctuaciones del sistema económico del país, no siendo posible
reconocer intereses adicionales sobre el valor actualizado objeto del fallo.

De las costas de primera instancia. El artículo 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone
que la condena en costas debe decidirse en el momento de proferir
sentencia.

Ahora bien, en tratándose de las costas a imponer en primera instancia,
resulta acertado acudir a lo dispuesto en el artículo 365 del Código General
del Proceso que prevé que se impondrá tal condena a la parte vencida en el
proceso.

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En consecuencia, como quiera que, en este particular evento, se accederá a
las súplicas de la demanda, procede la condena en costas a la Contraloría
General de Medellín, que como entidad demandada fue la expidió los actos
administrativos anulados, las mismas serán liquidadas en los términos
dispuestos por los cánones 365 y 366 del Código General del Proceso […]”
(Subrayado original del texto).

Recursos de apelación12

Del Municipio de Medellín

11. El Municipio de Medellín13, presentó recurso de apelación contra la sentencia
proferida, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en
los siguientes términos:

“[…] El argumento del municipio de Medellín en el presente recurso lo
constituye el hecho que la sentencia no podía contener una condena en
contra de la entidad pública que represento pues es claro que esta
participó de la Litis – según quedó claro desde la audiencia inicial como
tercero con interés directo, y si bien los dineros objeto de la sanción
fiscal que impuso la Contraloría General de Medellín al demandante
fueron consignados al municipio la orden de restablecimiento de
derecho debió ir dirigida contra la Contraloría quien a juicio del Tribunal
fue el ente que incurrió en el vicio de ilegalidad en el acto administrativo
demandado, por tanto, es la Contraloría General de Medellín el ente
público sobre el cual debía recaer la orden de restablecimiento del
derecho, recuérdese que el restablecimiento del derecho tiene la vocación
de resarcir el derecho subjetivo lesionado con cargo de quien dio lugar al
acto administrativo que generó el perjuicio; en el caso que se analiza quedó
demostrado dentro del proceso que fue la Contraloría General de Medellín
quien expidió el acto administrativo del cual se desvirtuó parcialmente su
legalidad.

[…]

Es claro –se reitera- que quien ocasiona el daño sea el llamado a
resarcir el mismo, pero lo que se denota en el caso que nos ocupa es
un fallo incongruente, puesto que se declara que la Contraloría General
de Medellín incurrió en vicios de legalidad en la expedición del acto
administrativo demandado, (legalidad que el municipio no debatió y no
podía debatir) pero es el municipio de Medellín quien ahora según el
fallo debe restablecer el derecho.

[…]

12 Folios 446 a 455 del cuaderno núm. 1 del expediente.

13 Por medio de apoderado judicial (Folio 199 del cuaderno núm. 1 del expediente)

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Resulta también incongruente el fallo objeto de este recurso porque el
municipio de Medellín, ente que siempre manifestó no discutir sobre la
legalidad del acto expedido por otra autoridad debe ahora responder
directamente por el restablecimiento a título de daño emergente. Y se
aclara que la Contraloría General de Medellín es el ente legitimado para
hacer reclamo posteriormente al municipio de Medellín en otros
escenarios administrativos y judiciales por las sumas de dinero que
deba asumir como demandado en este proceso.

Todo lo dicho no es de poca importancia jurídica porque la devolución de
esos dineros se deberá hacer con el valor actualizado y esos mayores
valores tendrían que ser asumidos por el Municipio de Medellín, ente que no
expidió el acto declarado parcialmente nulo, lo que eventualmente implicaría
un detrimento patrimonial al municipio de Medellín […]” (Subrayado original
del texto (Destacado fuera de texto).

De la Contraloría General de Medellín

12. La Contraloría General de Medellín14, presentó recurso de apelación contra
la sentencia proferida, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, en los siguientes términos:

12.1. Reafirmó que la parte demandada adelantó el procedimiento de
responsabilidad fiscal y demostró que todos los implicados incurrieron en: i) una
conducta dolosa o culposa; ii) un daño al patrimonio del Estado; y iii) un nexo
causal.

12.2. Insistió en que el daño se originó en un pago ilegal con origen en un
contrato que se encontraba suspendido; por tanto, los funcionarios del
Municipio de Medellín realizaron gestión fiscal relacionada con un gasto,
inversión, manejo y disposición de recursos públicos; a lo cual, la parte
demandante contribuyó de manera efectiva para que el daño se materializara,
tanto que recibió un pago sin causa legal, soporte o contrato, incurriendo de esa
manera en una conducta gravemente culposa.

12.3. Aseguró que de conformidad con los artículos 1.°, 3.° y 6.° de la ley 610
de 2000, y la ratio decidendi de la sentencia C-840 de 2011 de la Corte

14 Por medio de apoderado (Folio 218 del cuaderno núm. 1 del expediente)

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Constitucional, un contratista sí puede ser responsable fiscalmente cuando ha
intervenido en el circuito de la gestión fiscal o con ocasión de ella, siempre que
con su participación haya determinado, propiciado, coadyuvado o colaborado
con los actos de la administración de los recursos públicos causantes del daño
patrimonial imputable a una conducta a título de dolo o culpa grave.

12.4. Indicó que, para atribuir responsabilidad fiscal a un contratista o particular
con ocasión de la gestión fiscal, se necesita que su actuación esté
estrechamente vinculada con el desarrollo de la gestión fiscal desplegada por
el titular de aquella, que fue el caso en que se vio inmersa la parte demandante
quien, con ocasión de la gestión fiscal de los funcionarios del Municipio de
Medellín, contribuyó a que se realizara el daño al patrimonio del Estado.

12.5. Destacó que si se observa el artículo 119 de la Ley 1471 de 12 de julio de
201115, se comprueba que existe responsabilidad solidaria entre el ordenador
del gasto, los contratistas y quienes coadyuven con el detrimento patrimonial,
consecuencia que ya se encontraba reglamentada en el artículo 6.° de la Ley
610 de 2000.

12.6. Preguntó qué ocurriría si en una investigación fiscal se demuestra que un
contratista determinó, coadyuvó o colaboró en el detrimento del patrimonio del
Estado, teniendo en cuenta que el artículo 114 ibidem prevé que el ente de
control puede exigir a los contratistas la presentación de los documentos en que
se registren sus operaciones; en palabras del a quo, no sería responsable por
ausencia de gestión fiscal; sin embargo, en criterio de la parte demandada, si
se le puede declarar responsable fiscal por haber determinado, coadyuvado,
colaborado o contribuido de manera dolosa o gravemente culposa al detrimento
del patrimonio del Estado.

12.7. Cuestionó, con sustento en el Estatuto Anticorrupción, que solamente
responda el funcionario público y se deje por fuera al contratista que contribuyó

15 “[…] Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y

sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública […]”.

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en la materialización del daño independientemente de que contara con un
contrato de administración o manejo de recursos públicos del cual predicar
gestión fiscal.

12.8. Expuso que, en su criterio, el a quo desconoció el sentido de las normas
que la Corte Constitucional interpretó en la sentencia C-840 de 2001 porque
desatendió que en los artículos 1.° y 6.° de la Ley 610 de 2000 se alude a las
expresiones “[…] con ocasión de la gestión fiscal […]” y “[…] que contribuyan
[…]”, lo que lo condujo a considerar equivocadamente que la parte demandante
no era responsable fiscal.

12.9. Solicitó, con fundamento en lo anterior, revocar la sentencia proferida en
la primera instancia y desestimar las pretensiones de la demanda.

Actuación en segunda instancia

Admisión del recurso y traslado para alegar

13. El Despacho sustanciador, mediante providencia de 13 de febrero de 2020
admitió los recursos de apelación; mediante providencia proferida el 30 de
septiembre de 2020, ordenó que, en el término de diez (10) días, las partes
presentaran los alegatos por escrito y vencido dicho término se surtiera el
traslado al Ministerio Público.

Alegatos de conclusión

Del Municipio de Medellín

14. El apoderado del tercero con interés directo reiteró los argumentos que
expuso en el recurso de apelación que interpuso contra la sentencia de primera
instancia16.

16 Folios 18 y 19 del cuaderno núm. 2 del expediente.

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De la Contraloría General de Medellín

15. El apoderado de la parte demandada reiteró los argumentos que expuso en
el recurso de apelación que interpuso contra la sentencia de primera instancia17.

De la parte demandante

16. El apoderado de la parte demandada manifestó, en síntesis, lo siguiente18:

16.1. Solicitó estudiar con detenimiento las pruebas aportadas al proceso y que
demuestran que no existe certeza del daño para declarar responsabilidad fiscal
por culpa grave.

16.2. Indicó que de las pruebas se debe concluir que el procedimiento de
responsabilidad fiscal se adelantó bajo la vigencia de la Ley 610 de 2000 motivo
por el cual la parte demandante no detentó la calidad de gestor fiscal porque no
tenía a su cargo la administración o manejo de recursos públicos.

16.3. Señaló que en el expediente existe prueba que el servicio pactado con el
Municipio de Medellín sí se prestó y que la actuación de la parte demandante fue
diligente.

16.4. Explicó que no existió daño; que la administración salió indemne en la
ejecución y liquidación del contrato porque el servicio sí se prestó con trabajo
físico, excepto durante el tiempo en que aquel estuvo suspendido; no obstante,
la parte demandada acudió a la responsabilidad objetiva para expedir los actos
acusados sin consideración a que de conformidad con las cláusulas
contractuales nunca tuvo la calidad de gestor fiscal.

17 Folios 21 a 27 del cuaderno núm. 2 del expediente.

18 Folios 29 a 31 del cuaderno núm. 2 del expediente.

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Concepto del Ministerio Público

17. El Ministerio Público guardó silencio en este momento procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

18. La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala; ii) los actos
administrativos acusados; iii) el problema jurídico; iv) el marco normativo sobre el
régimen de responsabilidad fiscal; v) el marco normativo sobre el contrato de
prestación de servicios en el régimen de contratación estatal; vi) desarrollos
jurisprudenciales sobre el contrato de prestación de servicios en el régimen de
contratación estatal; vii) el acervo probatorio; y, viii) análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

19. Vistos el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo sobre la
competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia, aplicable en los
términos del artículo 30819 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201120, sobre el
régimen de transición y vigencia; y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de
marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección
Primera del Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto,
en segunda instancia.

20. Agotados los procedimientos inherentes a la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, sin que se observe causal de nulidad que pueda

19 “[…] Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2)

de julio del año 2012.

Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como
a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.

Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la
vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior
[…]”.

20 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

[…]”.

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invalidar lo actuado, la Sala procederá a examinar las argumentaciones
expuestas por el tercero con interés directo y la parte demandante en los recursos
de apelación interpuestos contra la sentencia proferida el 23 de octubre de 2019
por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

Actos administrativos acusados21

21. Los actos administrativos acusados son los siguientes:

21.1. El fallo con responsabilidad fiscal, contenido en el Acta núm. 011 de 6 de
diciembre de 201722, del cual se destaca, lo siguiente:

“[…] I. DE LA VALORACIÓN PROBATORIA EN RELACIÓN CON EL
DAÑO

[…] Es necesario precisar, que el contrato objeto de estudio dentro de este
proceso de responsabilidad fiscal con radicado 021-2013, donde es afectada
la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín es el 4600026771 de
2010, contrato que se inició el día 18 de mayo de 2010 y terminó el 30 de
abril de 2011, y tiene acta de liquidación del 26 de Julio de 2011, celebrado
entre la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO RECUPERAR y la
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, por un
valor de siete mil seiscientos ochenta y dos millones quinientos ochenta y
siete mil doscientos sesenta y cinco pesos ($7.682.587.265). Tuvo como
objeto “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y ASEO PARA
LAS 227 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y CENTROS
EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN CON SUS
RESPECTIVAS SECCIONES”.

Por lo que se procederá a analizar cada uno de los tres ítems que conforman
el daño al patrimonio público, conforme se definió en auto de apertura e
imputación, y dio origen a este proceso, los cuales se discriminan así […]:

3) Sobrecosto por pago de servicios de aseo durante el tiempo no laborado,
esto es, del 1 de Enero de 2011 al 10 del mismo mes y año, cuantificado en
[…] ($531.946.025) […].

En cuanto al ítem 3 donde se imputó como detrimento patrimonial por pago
de servicios de aseo durante el tiempo no laborado en cuantía de
$531.946.025, correspondiente a los días 1 al 10 de Enero de 2011, en este

21 Se procede a transcribir los apartes más relevantes, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar

cada uno de los cargos.
22 Folios 23 a 40 del cuaderno núm. 1 del expediente.

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sentido es importante recabar que el contrato que nos ocupa, es decir el Nro.
4600026771 de 2010 se inició el 18 de mayo de 2010 con un plazo inicial de
7 meses y 14 días, es decir, que se estaría terminando el 31 de Diciembre
de 2010 pero finalmente fue objeto durante el año 2011 de dos adiciones y
ampliaciones que desde luego hicieron parte global del valor del contrato así:

Primera adición en valor y en plazo (folio 268): suscrita el día 25 de Enero de
2011, valor de $ 1.546.482.256 por un plazo de dos meses (60 días) del 26
de Enero al 25 de marzo de 2011. Segunda adición y ampliación: suscrita
por las partes el 25 de marzo de 2011 por valor de $552.416.655, para un
plazo de 21 días, es decir, del 26 de marzo de 2011 al 15 de Abril del mismo
año. (Folio 268).

Ahora el 17 de abril de 2010 se emitió el acta de suspensión suscrita por el
Secretario de Educación (E) para la época doctor LUIS ALFONSO
BARRERA SOSSA y el señor ARMANDO MONTOYA BAENA, en calidad de
Gerente de la Cooperativa Recuperar, acto administrativo que dispuso la
suspensión del servicio de aseo de las 227 Instituciones Educativas del
Municipio de Medellín, desde el 17 de diciembre de 2010 hasta el 11 de
Enero de 2011, (folio 317) para ese lapso, la señora GLORIA ARBOLEDA,
como jefe de aseo de la Cooperativa Recuperar, ya había emitido (noviembre
24 de 2010) circular (folio 315) dirigida a las Instituciones Educativas y
Asociados, donde informa que se pagaría el tiempo no laborado
correspondiente a las vacaciones y dispone el reingreso de todo el personal
en Enero 1 1 de 2011.

Frente a esta situación el señor MARIO ANTONIO MUÑOZ PIMIENTA,
interventor, afirma en audiencia de descargos, que como interventor del
contrato recibió la aludida circular, con copia al Sub-Secretario Administrativo
y Financiero de Educación, señor Luis Alfonso Barrera Sossa, comunicación
que informaba que en aras de no interrumpir los pagos salariales a los
operarios, (asociados), la Cooperativa continuaría pagando estos y demás
obligaciones legales, causadas en este período de suspensión, a la vez la
Cooperativa se comprometía mediante sus operarios a pagar este tiempo de
suspensión laborando una hora más del horario laboral de lunes a viernes y
los sábados se laboraba durante 8 horas, ello se dispuso desde el 22 de
Noviembre de 2010 hasta el 17 de Diciembre del mismo año y luego se
laboraría a partir de enero de 2011 una hora diaria y 8 horas los sábados.
Continúa afirmando en su injurada el señor, MARIO ANTONIO MUÑOZ
PIMIENTA, que envió la circular a los jefes de núcleo, para que estos a su
vez lo reenviaran a los rectores y coordinadores de las de las 227
Instituciones Educativas para las cuales se prestaba el servicio.

Ahora el detrimento cuantificado por el grupo auditor en quinientos treinta y
un millones novecientos cuarenta seis mil veinticinco pesos ($531.946.025)
conforme al análisis financiero obrante a folio 14 del cuaderno 1, afirma el
grupo auditor:

“… De acuerdo a lo anterior, se evidenció que del 17 al 31 de diciembre no
se facturó ni se pagó el servicio de aseo, pero el contratista facturó del 1 al
10 de enero de 2011 cuando el contrato aún se encontraba suspendido. Por
tal motivo la auditoría consideró que por este espacio de tiempo (10 días del
mes de enero de 2011), se configura un detrimento al patrimonio público de

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quinientos treinta y un millón novecientos cuarenta seis mil veinticinco pesos
($531.946.025)”.

Frente al monto determinado por el grupo auditor, es necesario aclarar que
desde el punto de vista financiero existe un yerro (sic) referido al cálculo en
cuanto al valor de los 10 días pagados del mes de Enero de 2011, es decir,
del 1 al 10, de donde según la Auditoría fue el lapso que el municipio de
Medellín pagó en una cuantía de quinientos treinta y un millones novecientos
cuarenta y seis mil veinticinco pesos ($531.946.025), en realidad y conforme
al análisis que a continuación se presenta, el valor correspondiente a diez
días es el equivalente a DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES
CIENTO VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS
($259.123.322), tal como se expone en el siguiente cuadro:

[…]

Los datos anteriores son extractados conforme a la factura Nro. 179121 de
fecha 1/7/2011 y acta de terminación y liquidación del Contrato No.
4600026771, dentro de los pagos al Contratista para el caso La Cooperativa
Recuperar, según factura cancelada a folio 323 por valor de $869.808.306,
documento en el cual además se realizó el pago del 1 al 25 de enero de 2011
y conforme a cuenta de cobro obrante a folio 325, tenemos que esos 25 días
tienen un costo de $647.808.306, ello implica que el valor día es de
$25.912.332 que multiplicado por 10 días, equivale a un valor de
$259.123.322, cuantía correspondiente al detrimento endilgado en el ítem
dos y correspondiente al pago del 01 al 10 de Enero de 2011, lapso en que
el Contrato No. 4600026771 estaba suspendido conforme al acta de
suspensión obrante a folio 317.

[…]

En lo atinente a lo expresado por los presuntos responsables fiscales en
cuanto a que el tiempo del 01 al 10 de Enero de 2011, cancelado al
contratista por disposición de la Secretaría de Educación dentro del pago
correspondiente del 1 al 25 de Enero de 2011, si bien es cierto, el contratista
no laboró del 1 al 10 de Enero de 2011, en atención a que el Contrato estaba
suspendido (folio 317), aseguran los implicados, este tiempo fue
compensado extendiendo el horario tal como se dice en la circular obrante a
folio 316, es decir, una hora diaria más al horario habitual de 8 horas a partir
del 11 de enero de 2011 y los sábados 8 horas hasta el 26 de febrero de
2011, este último con medio tiempo o sea 4 horas. Llama la atención frente
a esta comunicación lo siguiente.
La Circular fue expedida el 24 de Noviembre de 2010, cuando aún no existía
acta de suspensión del Contrato Nro. 4600026771.

El Contrato Nro. 4600026771, de naturaleza estatal, carece de acta bilateral
donde se manifieste el tipo de compensación que se realizaría por los días
en que estaría suspendido en el mismo.

En el acta de liquidación obrante a folio 322 tampoco se hace referencia a la
suspensión del contrato y menos aún a la compensación de este tiempo,
conforme a lo dispuesto en la manida circular.

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Dicha circular no está suscrita por el representante legal del Contratista,
carece de firma del suscriptor para el caso el jefe de aseo del Contratista.

Mirando la circular desde el punto de vista interno de la empresa Recuperar
esta crea unas obligaciones internas, que requieren para su validez ante el
Contratante, esto es, Secretaría de Educación del municipio de Medellín, ser
avalada por el Representante Legal Contratista, o sea existir un acta
mediante la cual se compensarían los días en los cuales estaría suspendido
el contrato.

No existen dentro del plenario recibidos de dicha correspondencia de parte
de los Rectores de las diferentes instituciones educativas que acrediten el
recibido de dicha directriz.

La Interventoría tampoco elaboró recibos a satisfacción en los cuales se
acredite los días, las horas y el lapso del tiempo en cada una de las
Instituciones Educativas donde según los presuntos se compensó el tiempo
pagado por la Secretaría Educación del 1 al 10 de Enero de 2011.

El Despacho observa que existe una circular con las anotaciones antes
referidas, pero no existe soporte contractual que permita determinar que
hubo un acuerdo de voluntades entre las partes para realizar dicha
compensación situación que a grandes luces vulnera los principios
contractuales como la transparencia, publicidad y economía, bordeando con
ello ámbitos disciplinarios. De otro lado la prueba testimonial habla de una
compensación laboral donde se paga el tiempo no laborado del 1 al 10 de
Enero de 2011, pero se trata de meras afirmaciones carentes de prueba que
así lo demuestre y es que en la misma prueba testimonial juramentada y
rendida por el entonces Subsecretario Administrativo y Financiero,
funcionario que para la época de los hechos también era uno de los
encargados o por lo menos veedor del cumplimiento del Contrato que nos
ocupa, se trata del señor, LUIS ALFONSO BARRERA SOSSA, este nos
afirma en declaración bajo juramento que rinde en Audiencia Pública,
(obrante en el plenario en medio magnético) que dentro de sus deberes
estaba la tutela de las Instituciones Educativas del municipio, por Io que el
interventor para el caso Mario Antonio Muñoz Pimienta, tenía el deber de
comunicarle cualquier novedad, en atención que él como Subsecretario
Administrativo y Financiero, era quien gestionaba tanto para el personal que
laboraba en aseo como para los vigilantes, todo lo pertinente a labores por
fuera del horario en los establecimientos educativos, además era él quien
disponía el envió de avisos y comunicaciones pertinentes en este sentido;
llama la atención al Despacho que precisamente este funcionario no haya
dejado la mínima anotación frente a la manida compensación laboral y se
conformó con los comentarios de oídas en el sentido de que en algunas
instituciones se estaba compensando sin precisar qué tiempo, tampoco
existe constancia en el plenario, de que haya coordinado nada con relación
a la extensión de horario ni avisó a los vigilantes que prestaban el servicio
en las instituciones educativas y tal como él lo dice en su declaración rendida
en agosto 12 de 2014, todo tenía que ser coordinado con él como
Subsecretario Administrativo y Financiero de la Secretaría de Educación,
incluso afirma en su declaración que era él el jefe del Interventor para el caso
el señor Mario Antonio Muñoz Pimienta, pero además fue él quien suscribió
como Secretario de Educación (E) el acta de suspensión del Contrato. Para

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el despacho es de recibo las afirmaciones de este funcionario y son concisas
sus afirmaciones, como respuestas al Despacho en relación a que sí se
compensó o no, el tiempo del 1 al 10 de Enero de 2011, dice que “…sería
muy ambicioso afirmar que se laboró en un 100%...” estas afirmaciones
aunadas a la carencia de soportes documentales, y observando que los
documentos que se anexan como prueba, consisten en una relación de
operarios (folios, 1 al 200 del cuaderno de pruebas 1), de Brilladora la
Esmeralda, contratista que nada tiene que ver con el Contrato Nro.
4600026771, donde funge como contratista la Cooperativa Recuperar, y la
relación de operarios que se presenta a folios 172 a 2001 del cuaderno de
pruebas 1, titulado "Contrato Colegio Compensación enero 2011" no se
discrimina allí a qué contrato se refiere y menos aún se especifica horas
laboradas como compensación; son todas estas pruebas las que llevan a
concluir al despacho que no hubo compensación del 1 al 10 de Enero de
2011.

Del análisis del material probatorio referido obrante en el plenario se
concluye que no hubo compensación en horas laborales del 11 de Enero al
26 de Febrero de 2011, como lo pregonan los presuntos responsables, por
tanto queda probado lo dicho por la Auditoría, en el sentido de que el lapso
del 1 al 10 de Enero de 2011, el contrato se encontraba suspendido por
consiguiente en ese lapso no se prestó el servicio y se pagó sin tener en
cuenta dicha suspensión, ello produjo un daño patrimonial, que conforme a
la aclaración en cuanto al valor pagado por este tiempo, se hizo en cuantía
de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO
VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS ($259.123.322).

Llama la atención al Despacho que uno de los funcionarios más enterados
en cuanto a la suspensión de este contrato, en atención a que fue quien
suscribió mediante acto administrativo la suspensión del mismo, no haya
dejado constancia alguna frente a las labores que se dice se ejecutaron por
fuera del horario establecido a fin de compensar el tiempo de enero 1 al 10
de 2011 y menos aún desde su cargo como subsecretario administrativo y
financiero, diera aviso alguno al titular de la Secretaría, para que se llevara
en forma efectiva el control en cuanto a evitar pagos de los días que no se
laboraron, es que tratándose de recursos públicos, existe una obligación para
los funcionarios que estuvieron involucrados en el cumplimiento del contrato,
como mínimo realizando las verificaciones de las labores referidas a la
compensación que dicen los presuntos, pero como queda demostrado en la
prueba obrante, ello se omitió; ni siquiera el interventor del contrato Nro.
4600026771 objeto de estudio en este proceso, señor Mario Antonio Muñoz
Pimienta, lo hizo, es claro que con este pago de 10 días que no se laboraron
(del 1 al 10 de Enero de 201 1) no se acató el acta suspensión obrante a folio
317 del cuaderno 2, la cual estableció que los recursos correspondientes al
tiempo de suspensión serían utilizados en el período en el que se diera inicio
nuevamente a la actividades administrativas y académicas.

En síntesis obra en el plenario que del 1 al 10 de enero de 2011 el contrato
Nro. 4600026771 estaba suspendido, sin embargo el contratista facturó
cuenta de cobro y la Secretaría de Educación del municipio de Medellín pagó
mediante factura Nro. 179121 Obrante a folio 323.

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A partir de todo lo expuesto sin duda alguna encuentra la Contraloría Auxiliar
de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción que existen las suficiente razones
para tener por acreditado, el daño ocasionado a la Secretaría de Educación
del municipio de Medellín en cuantía de DOSCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS
PESOS ($259.123.322) originado en el pago efectuado por tiempo no
laborado del 1 al 10 de Enero de 2011, dentro del Contrato Nro. 4600026771
de mayo 14 de 2010 (folios 311 a 314), con lo que queda configurado el daño,
como primer elemento de la responsabilidad fiscal.

CONDICIÓN DE GESTORES FISCALES DE LOS PRESUNTOS
RESPONSABLES

[…]

En este orden de ideas, no le cabe duda a este operador jurídico (sic) de la
condición de gestor fiscal del señor: FELIPE ANDRÉS GIL BARRERA,
identificado con cédula de ciudadanía número 71.774.308, Secretario de
Educación del Municipio de Medellín para la época de los hechos, desarrolló
y ejecutó acciones inherentes a su cargo, ello con ocasión de sus funciones
(folio 86 vuelto), del cual vale la pena destacar la que se enuncia a
continuación.

"Controlar el manejo de los recursos financieros para que éstos se ejecuten
de conformidad con los planes y programas establecidos y con las normas
de la Ley 715 de 2001".

Así las cosas, para el Despacho resulta evidente la condición de gestor fiscal
del señor FELIPE ANDRÉS GIL BARRERA, identificado con cédula de
ciudadanía número 71.774.308, habida cuenta que se desempeñaba en un
cargo directivo y cumplía las funciones que según la Ley y la Jurisprudencia
de la Corte Constitucional, constituyen sin lugar a dudas ejercicio de gestión
fiscal, es decir según el Artículo 3 de la Ley 610 de 2000, el señor GIL
BARRERA, realizó actos propios de la Gestión Fiscal, puesto que conforme
a sus funciones y aunado a la suscripción que al igual que los demás
implicados efectúo, de la liquidación bilateral del Contrato que nos ocupa, de
fecha 26 de Julio de 2011; documento que hizo parte de los soportes del
pago que configuró el detrimento patrimonial en cuantía de […]
($259.123.322) originado en el pago efectuado al Contratista por tiempo no
laborado del 1 al 10 de Enero de 2011 dentro del Contrato Nro. 4600026771,
tal como se analizó en el acápite del daño. De este modo, se infiere de
manera lógica y consistente con la conducta desplegada por el señor FELIPE
ANDRÉS GIL BARRERA, y las decisiones adoptadas por éste en el caso que
nos ocupa, se enmarcan en uno de los verbos rectores que instituye el
Artículo 30 de la plurimencionada Ley 610 de 2000, el cual estriba en que
DISPUSO de los recursos públicos objeto de investigación fiscal, generando
con ello un detrimento patrimonial a las arcas del Municipio de Medellín […].

Por último en cuanto al Contratista para el caso la Cooperativa de
Trabajo Asociado RECUPERAR, con Nit 890.905.211-1 representada
legalmente por el señor ARMANDO MONTOYA BAENA, […] el cual
conforme a lo expuesto está llamado a ser sujeto pasivo de la acción
fiscal en tanto que como tal hace parte de los particulares que por

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conexidad próxima y necesaria a la gestión fiscal, concurren al hecho
dañoso, esto es, al detrimento patrimonial determinado en este
proceso.

En virtud de lo anterior, vale la pena argüir que si bien es cierto en
stricto sensu el señor ARMANDO MONTOYA BAENA, quien fungió
como Contratista y representante legal de Recuperar, no puede ser
catalogado como gestor fiscal, tal circunstancia no lo libera de
responsabilidad fiscal por cuanto este operador jurídico en
consonancia con la Sentencia C 840 de 2001, considera que no solo los
gestores fiscales son sujetos pasivos de la acción fiscal, esto es, los
particulares también son susceptibles de ser responsabilizados
fiscalmente por conexidad próxima y necesaria con la gestión fiscal. Es
así, pues, que dentro de este proceso se ha logrado concluir de manera
categórica que el señor ARMANDO MONTOYA BAENA, dada su calidad de
Contratista y teniendo en cuenta su comportamiento, el cual estribó en
disponer los cobros mensuales del contrato No 4600026771 de 2010 según
documentación obrante, entre los cuales se encuentra la factura No 179121
del 1 de julio de 2010 (sic), que incluyó los días del 1 a 10 de Enero de 2011,
lapso para el cual el contrato 4600026771 se encontraba suspendido y
tiempo que conforme al análisis probatorio ut-supra no se compensó,
igualmente suscribe el acta de terminación y liquidación, donde se incluye el
pago aludido, no obstante que como quedó acreditado no se compensó
laboralmente, son estas pruebas las que contribuyeron a la configuración del
detrimento patrimonial cuantificado en $259.123.322 y configuran sin lugar
a dudas una relación de conexidad próxima y necesaria con la gestión
fiscal, circunstancia que lo erige en presunto responsable de segundo
orden o indirecto.

Del mismo modo, el inciso final del Artículo 1° de la Ley 610 de 2000 guarda
relación con el inciso 2° del Artículo 6 ibídem, de lo cual se deduce como
ya se indicó, que en el desarrollo de la gestión fiscal existen personas
que sin ser gestores fiscales, pueden ser responsabilizados
fiscalmente por ostentar una relación de conexidad próxima y necesaria
con la gestión fiscal, normativa que fue declarada exequible
condicionalmente por la Corte Constitucional en Sentencia C- 840 de
2001. También se infiere de estas preceptivas, dos (2) aspectos a resaltar,
de una parte que el daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los
servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado y,
de otra parte que los autores del daño no son solamente quienes lo
produzcan directamente, sino también quienes contribuyan al
detrimento patrimonial.

De otra parte, hay que tener en cuenta el Artículo 119 de la Ley 1474 de
2011, el cual estableció para efectos de determinar la responsabilidad fiscal
la figura jurídica de la SOLIDARIDAD […]:

Así las cosas, se colige del Artículo 119 de la Ley 1474 de 2011, que los
procesos de responsabilidad fiscal, no solamente están dirigidos a quienes
realizan en estricto sentido gestión fiscal, sino también a quienes contribuyan
o concurran a la materialización del daño, de tal suerte que para este
operador fiscal, con fundamento en los Artículos 10 y 60 de la Ley 610 de
2000 y especialmente en la Sentencia C-840 de 2001, es indudable que el

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señores, MARIO ANTONIO MUÑOZ PIMIENTA Y ARMANDO MONTOYA
BAENA, en sus funciones de Interventor y Contratista respectivamente, en
el caso que nos ocupa, son sujetos pasivos indirectos de la Responsabilidad
fiscal.

[…]

Es claro para el despacho la omisión de los presuntos en cuanto al control
del bien patrimonial tutelado, para el caso concreto, que cada acta y
documento suscrito para el posterior pago del contrato, estuviese acorde con
la realidad contractual, sin embargo analizado y observado minuciosamente
el acervo probatorio obrante, ni en las actas de interventoría, ni en los pagos
efectuados se hace relación al acta de suspensión del contrato y menos aún
a los días pagados y no laborados (del 1 al 10 de enero de 201 1), como
tampoco se encuentra acreditada la pre-mentada compensación que se
pregona en la prueba testimonial, por el contrario la prueba obrante (folios 1
al 200 cuaderno 1 de pruebas, (317, 318, 322, 323, 325 del cuaderno 2 de
pruebas) permite concluir que se pagó del 1 al 10 de Enero de 2011, pero no
se compensó dicho tiempo, conforme al análisis que se ha venido haciendo.

UNA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA (CULPA GRAVE) ATRIBUIBLE
A UNA PERSONA QUE REALIZA GESTIÓN FISCAL (ACTIVA U
OMISIVA)

[…]

ARMANDO MONTOYA BAENA, […] en representación legal de la
Cooperativa RECUPERAR, quien fungió como contratista para la época de
los hechos, considera el Despacho que si bien el Contratista no es gestor
fiscal, contribuyó con su acción a través de su representante legal, a la
configuración del detrimento patrimonial ocasionado; acción que deviene
en el caso que nos ocupa de la factura de cobro que presentó y recibo
de su posterior pago de parte de la administración municipal, donde le
fue cancelado del 1 al 25 de Enero de 2011, dicho pago contiene los
primeros diez días del mes de enero de 2011, lapso en el cual se
encontraba suspendido, por consiguiente y de conformidad al acervo
probatorio obrante se hizo un pago con menoscabo al erario público,
por parte de la administración, por 10 días no laborados, tiempo que
conforme al análisis de la prueba obrante no se compensó.

A partir del anterior marco funcional, tanto de carácter administrativo como
legal, es determinante la competencia de los presuntos vinculados a este
proceso con radicado 021-2013, por consiguiente tenían la obligación de
velar, para que cada de uno de los pagos efectuados al contrato fueran
concurrentes con las actividades y tiempo laborado. Considera este
Despacho que los vinculados como presuntos responsables fiscales,
incurrieron en una grave omisión al aprobar actas que conllevaron a pagos
por actividades laborales que no se ejecutaron (folios 322 a 325), así quedó
acreditado en el acervo probatorio obrante y previamente analizado. Omisión
que por demás revierte en un claro incumplimiento de sus deberes y
obligaciones funcionales y legales, lo cual denota negligencia, descuido e
ineficiencia en la administración de los recursos públicos del Municipio de
Medellín, hecho que se concreta, en la expedición y presentación de la

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facturación del 1 al 25 de Enero de 2011 de parte del contratista y su posterior
pago autorizado por el Contratante y el interventor del Contrato, conforme se
aprecia en el acta final de liquidación del Contrato No. 4600026771 (folio 322)
y pagos correspondientes a esta.

No se debe olvidar que además de sus deberes funcionales para el caso del
Secretario de Educación y el Interventor, tenían el deber y la obligación de
cumplir legal y constitucional con la preservación del erario público, con
acatamiento del principio de eficiencia (ley 42 de 1993, ley 610 de 2000 y ley
1474 de 2011) en la administración de los recursos públicos, deber
consignado adicionalmente en el numeral 21 del artículo 34 de la Ley 734 de
2002 cuando consagra […]:

Siguiendo el lineamiento normativo, jurisprudencial y doctrinario en comento
determinadas las funciones y obligaciones del servidor público y de quienes
obraron por conexidad próxima y necesaria con la gestión fiscal, cuyos
comportamientos acarrearon el detrimento al patrimonio público, donde se
vio afectada la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín, se deduce
que los señores FELIPE ANDRÉS GIL BARRERA, MARIO ANTONIO
MUÑOZ PIMIENTA y ARMANDO MONTOYA BAENA; Secretario de
Educación del Municipio de Medellín, Interventor y Contratista
respectivamente y quienes fungieron para la época de los hechos, incurrieron
en culpa grave, habida cuenta que el señor GIL BARRERA, dispuso pagar a
favor del Contratista (Recuperar) la suma de […] $259.123.322; asimismo
incurrieron en culpa grave […].

NEXO CAUSAL O DE IMPUTACIÓN ENTRE LOS DOS ELEMENTOS
ANTERIORES

[…]

Así las cosas para el caso concreto, el daño fiscal deviene imputable única y
exclusivamente a las acciones y omisiones de los presuntos responsables
fiscales investigados dentro del proceso en tanto si su conducta y
comportamiento se hubiera ajustado al cumplimiento de sus obligaciones y
deberes constitucionales, legales y funcionales ningún perjuicio se hubiese
presentado en las arcas del municipio de Medellín, encuentra este Órgano
de Control Fiscal que entre la conducta negligente, omisiva e irregular
desplegada por los investigados existió una relación de causa - efecto.

No resulta de recibo para este Ente de Control Fiscal la argumentación de la
defensa de los presuntos en el sentido de que no hay detrimento patrimonial
por el pago del 01 al 10 de enero de 2011, fecha para lo cual el contrato se
encontraba suspendido según acta suscrita por las partes en diciembre 17
de 2010, en razón según la defensa, a que este tiempo se compensó
conforme lo estipuló la circular obrante a folio 316, y es precisamente en este
aspecto donde faltó control y vigilancia por parte de los vinculados como
presuntos responsables, porque contrario a lo manifestado, es del análisis
efectuado a la prueba obrante (testimonial y documental) previamente
analizada de donde se infiere lo contrario, y conforme a ello se estableció
que tal compensación no se llevó a efecto; por tanto era responsabilidad de
todas las personas que participaron quienes dirigieron y vigilaron el proceso
de contratación pública y concretamente el Contrato No 460002671 de 2010,

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(suscrito con la Cooperativa de Trabajo Asociado Recuperar y Secretaría de
Educación), propender porque el patrimonio del municipio de Medellín no
sufriera merma o mengua injustificada), entre las personas que participaron
y para el caso que nos ocupa, quienes fueron vinculados al proceso con
radicado 021-2013, inicialmente como presuntos responsables fiscales, (las
partes y el interventor) y de quienes frente a este elemento (nexo causal) se
procederá a determinar la relación causa efecto frente a su comportamiento:

[…]

En el caso sub iudice se hace menester analizar la relación causa-efecto en
relación con el comportamiento desplegado por los presuntos responsables
fiscales, lo que comporta auscultar las conductas llevadas a cabo para la
época de los hechos por los señores FELIPE ANDRÉS GIL BARRERA
(Secretario de Educación del Municipio de Medellín), MARIO ANTONIO
MUÑOZ PIMIENTA (interventor), y ARMANDO MONTOYA BAENA, quien
fungió como Contratista. El primero, es decir, FELIPE ANDRÉS GIL
BARRERA, omitió su obligación funcional de controlar los recursos
financieros, y no obstante que era conocedor de la suspensión del contrato
No. 4600026771 del 17 de Diciembre del 2010 al 11 de enero de 2011,
procedió a la liquidación final (folio 322) en la cual autorizó el pago de los
primeros 10 días no laborados del mes de Enero de 2011, lapso que
conforme al análisis de la prueba obrante no fue compensado.

[…]

Ahora bien, con respecto a los señores MARIO ANTONIO MUÑOZ
PIMIENTA, interventor del contrato referido, quien se reitera omitió el
seguimiento administrativo y financiero al contrato al aprobar el acta de
terminación y liquidación del mencionado contrato No. 460002677, donde de
manera unánime con los demás presuntos responsables aquí vinculados
dispuso el pago para el Contratista de diez días no laborados (del 1 al 10 de
enero de 201 1), lapso para el cual se encontraba suspendido el contrato
(folio 317), conforme lo acordaron las partes, situación que originó el
detrimento patrimonial en este proceso determinado. En cuanto al señor
ARMANDO MONTOYA BAENA, dada su calidad de Contratista y teniendo
en cuenta su comportamiento, el cual estribó en disponer los cobros
mensuales del contrato No. 4600026771 de 2010 según documentación
obrante (folios 323, 324 y 325) entre los cuales se encuentra la factura No.
179121 del 1 de julio de 2010 (sic), que incluyó los días del 1 al 10 de Enero
de 2011 haciendo caso omiso a la suscripción que personalmente llevó a
efecto con el entonces Secretario de Educación (E), señor LUIS ALFONSO
BARRERA SOSSA (folio 317), igualmente suscribió el acta de terminación y
liquidación del manido contrato, donde se incluye el pago aludido, no
obstante que como quedó acreditado no se compensó laboralmente; son
estas pruebas las que contribuyeron a la configuración del detrimento
patrimonial aquí determinado y cuantificado en […] ($259.123.322) lo cual
configura sin lugar a dudas una relación de conexidad próxima y necesaria
con la gestión fiscal, de los señores Muñoz Pimienta y Montoya Baena,
circunstancia que indudablemente determina el nexo de causalidad que se
configura a partir de su comportamiento y la causación del detrimento
patrimonial.

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Corolario de haber demostrado los tres elementos que configuran la
responsabilidad fiscal con el grado de certeza que exige el artículo 53 de la
Ley 610 de 2000, este Órgano de Control Fiscal fallará con responsabilidad
fiscal en contra de los señores FELIPE ANDRÉS GIL BARRERA, quien para
el momento de los hechos se desempeñaba como Secretario de Despacho
de la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín […]. MARIO
ANTONIO MUÑOZ PIMIENTA quien para el momento de los hechos era el
interventor del contrato y ARMANDO MONTOYA BAENA, quien al momento
de los hechos fungía como representante legal de la Empresa Contratista
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO RECUPERAR, quien se
identifica con el Nit 890.985.000-6, por la suma de DOSCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL
TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS $259.123.322 que se deberá indexar
en el acápite siguiente como lo ordena el literal e del artículo 101 de la Ley
1474 de 2011.

[…]

De conformidad con lo esbozado en los considerandos, valoradas las
pruebas en su integridad, atendidos los principios rectores de ley, conforme
al artículo 53 de la Ley 610 de 2000, este Despacho,

RESUELVE

PRIMERO: Fallar con responsabilidad fiscal en contra de los señores
FELIPE ANDRÉS GIL BARRERA […], MARIO ANTONIO MUÑOZ
PIMIENTA […], así mismo contra la empresa, Cooperativa de Trabajo
Asociado RECUPERAR, […] representada legalmente por el señor
ARMANDO DE JESÚS MONTOYA BAENA, […] determinado en la suma de
[…] ($331.068.714), valor debidamente indexado de acuerdo a los índices
de precios al consumidor, con fundamento en la parte motiva de esta
providencia.

[…]” (Destacado fuera de texto - Subrayado original del texto).

21.2. El Auto núm. 001 de 2 de enero de 201823, por medio del cual se resuelven
unos recursos de apelación y se resuelve el grado de consulta, del cual se
destaca lo siguiente:

“[…] APODERADO DE FELIPE ANDRÉS GIL BARRERA

Mediante escrito recibido por el Despacho de la Contralora el 21 de diciembre
de 2017 sustenta el recurso de apelación, y presenta las siguientes
inconformidades:

Dilación injustificada en la decisión y su incidencia en el fallo

23 Folios 41 a 57 del cuaderno núm. 1 del expediente.

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Argumenta el apoderado que en el presente caso la audiencia de descargos
culminó el 24 de septiembre de 2014 y el fallo se produjo el 6 de diciembre
de 2017, contrariando el literal “d” del Artículo 101 de la Ley 1474 de 2011.
Indica que el abogado sustanciador de la época manifestó que estaba
demostrada la compensación y que por eso renunció a la práctica de
pruebas.

Inexistencia de responsabilidad fiscal

Señala que la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción
Coactiva, a través de una errada valoración probatoria llegó a la conclusión
de la existencia de un daño patrimonial del Estado. Enfatiza en que fue
errada porque impone una tarifa legal a la demostración de la inexistencia
del daño al exigir documentos formales en que se hubiere pactado “la
compensación del tiempo correspondiente a la suspensión del contrato”.
Agrega que la prueba testimonial tiene plena validez para demostrar la
inexistencia del daño.

No existió culpa grave o dolo en la conducta de Felipe Andrés Gil
Barrera

Sostiene el apelante que en el proceso no se demostró que el doctor Gil
Barrera haya actuado con culpa grave o dolo, pese a que la Contraloría tenía
el deber de probarlo, pues todo se limita a afirmar que omitió sus funciones.
Agrega que en la imputación no se señala a qué título se realizó la conducta.

Manifiesta que el a quo tuvo que haber demostrado que el doctor Gil Barrera
Conoció de antemano la suspensión del contrato y el acuerdo de
compensación, así como que “decidió no elevar a escrito tal acuerdo de
compensación, Tuvo que haber demostrado que sabía que el período de
suspensión del contrato no fue compensado”.

Resalta que el nexo de causalidad no puede predicarse, pues sin la
demostración del conocimiento de las condiciones de ejecución del contrato
por parte del señor Gil Barrera, es imposible conectar su actuación con el
supuesto daño.

Por último solicita que se revoque el fallo impugnado.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

ASPECTOS PRELIMINARES

En vista de que la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y
Jurisdicción Coactiva, decidió fallar con responsabilidad fiscal y concedió el
recurso de apelación para que fuera sustentado ante el superior, y la vez falló
sin responsabilidad fiscal y se desvinculó a Seguros del Estado, se hace
necesario resolver el recurso de alzada, como también surtir el grado de
consulta al tenor del Artículo 18 de la Ley 610 de 2000 y el Artículo 102 de la
Ley 1474 de 2011.

Conforme a las atribuciones establecidas en la Constitución Política,
artículos 267, 268, 271 y 272 de la Carta, en la Ley 610 de 2000, y el Acuerdo

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066 de 2012 expedido por el Concejo de Medellín, la Contralora General de
Medellín es competente para revisar la decisión del a quo y tomar las
decisiones que en derecho correspondan.

[…]

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

APELACIÓN INTERPUESTA POR JUAN ANTONIO GUTIÉRREZ OCHOA
APODERADO DE RECUPERAR

Sobre la compensación de la semana entre el 1 y el 10 de enero de 2011.

Dada la importancia que reviste para este proceso el tema de la supuesta
compensación y su relación con el daño patrimonial causado al municipio de
Medellín, a continuación, nos referiremos a este tema.

El pago y la compensación son dos formas de extinguir las obligaciones
(Código Civil art. 1625). El pago es la prestación de lo que se debe; y debe
hacerse de conformidad con la obligación Según el Artículo 1714 del C.C
cuando dos personas son deudoras una de otra, se opera entre ellas una
compensación que extingue ambas deudas.

Conforme al Artículo 1715 del C.C la compensación se opera por el solo
ministerio de la Ley y aún sin conocimiento de los deudores; y ambas deudas
se extinguen recíprocamente hasta la concurrencia de sus valores, desde el
momento que una y otra reúnen las calidades siguientes:

1. Que sean ambas de dinero o de cosas fungibles o
indeterminadas de igual género y calidad.

2. Que ambas deudas sean líquidas;

3. Que ambas sean actualmente exigibles.

En el caso que nos ocupa, no es procedente acudir a la figura de la
compensación de que trata el Código Civil por las siguientes razones:

• Según el Código Civil es requisito de la esencia de la compensación que
las dos partes sean recíprocamente deudoras, y que la obligación sea de
dinero o cosas fungibles (C.C 1716). Por tanto en el presente proceso no
debe acudir a la figura del C.C. relacionada con la compensación de deudas,
pues no se trata de obligaciones en dinero o de cosas fungibles.

• En el momento de efectuar el pago por parte del municipio de Medellín a
RECUPERAR, ambas partes no eran mutuamente deudoras.

• El momento de efectuar el pago por los servicios prestados, el municipio
debió descontar de la factura o pago el valor de la semana entre el 1 y el 10
de enero de 2011, pero no lo hizo.

• Si en gracia de discusión se aceptara que era viable utilizar la figura de la
compensación, no existe prueba de que la semana entre el 1 y el 10 de enero

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de 2011 haya sido pagada o retribuida con la realización de otras labores,
distintas a las pactadas. La tesis de que el tiempo descansado entre el 1 y el
10 de enero de 2011 fue compensado con una hora más del horario laboral,
tampoco fue autorizado por el municipio de Medellín.

• La semana entre el 1 y el 10 de enero de 2011, no corresponde a tiempos
muertos, en cuyo caso sí era viable hacer brigadas de aseo, pero ese no es
el caso, dada la suspensión del contrato

• Es de observar que ni en la descripción de la necesidad, ni el pliego de
condiciones ni en el contrato, se estipuló cuál era el horario de los
trabajadores, tampoco se autorizaba ningún tipo de "compensación" de
forma unilateral por el contratista. Otra cosa es que se hayan presupuestado
los costos unitarios con base en 800 turnos de 48 horas.

Ahora bien, ante la pregunta de si era viable que RECUPERAR pagara con
tiempo las labores de un contrato suspendido, la respuesta es negativa por
las razones que se exponen a continuación.

Si RECUPERAR, compensó con trabajo físico o pagó con tiempo extra, lo
hizo por su cuenta y riesgo, pues no existe prueba de esa autorización, y
también resultaba contrario a lo estipulado en los estudios previos, según los
cuales, "Los tiempos en que no haya escolarización deben ser
empleados para brigadas de aseo y para labores que no puedan ser
efectuadas mientras la comunidad educativa se encuentre al interior de
las instituciones educativas".

Según lo anterior, en los tiempos muertos era viable, no compensar, sino
ejecutar las labores de brigadas de aseo. Pero como el municipio suspendió
el contrato, no era viable ejecutar ninguna brigada de aseo, y menos
compensar con tiempo. En otras palabras no existió ningún tiempo muerto,
por lo que no era viable ni compensar ni hacer brigadas de aseo, salvo
autorización expresa del municipio.

Los distintos apelantes, sostienen que la compensación sí se realizó, y que
obra suficiente prueba testimonial que lo demuestra. Sostienen que los
documentos donde aparecen 120 horas laboradas evidencian tal situación.

Para el Despacho no existe prueba de la supuesta compensación; los
declarantes ni los documentos indican quién autorizó? qué se hizo?,
cuándo?, quiénes lo hicieron?, dónde se hizo?. En el proceso aparece que
los operarios trabajaron 120 horas por quincena y 240 horas mes, lo cual
corresponde a una jornada de 8 horas diarias de trabajo, pero de ello no
deduce ningún tiempo adicional.

Si el contrato estuvo suspendido, ninguna causación de gasto podría
sobrevenir, y si se autorizó y pagó contrariando dicha suspensión, se pagó
ilegalmente, además con violación de los principios de la gestión fiscal, pues
se hizo un gasto innecesario con despilfarro de recursos, pudiéndose ahorrar
o evitar, lo cual constituye un detrimento patrimonial al Estado, según las
voces del Artículo 6 de la Ley 610 de 2000.

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Según la Ley 80 de 1993 Artículo 39, los contratos que celebren las entidades
estatales constarán por escrito, y en este proceso no obra prueba de que el
municipio haya autorizado ninguna compensación, luego esa fue una
decisión unilateral del Contratista, y por tanto no podía el municipio reconocer
ningún valor.

Inexistencia de daño

Con relación a este punto donde el apelante sostiene que no existió daño
patrimonial al Estado y que el municipio salió indemne con la ejecución y
liquidación del contrato, puesto que el servicio se prestó efectivamente, ello
no resulta cierto tal como se explicó anteriormente.

Sobre este elemento, coincidimos con la Primera Instancia en que sí existió
daño patrimonial, originado en el pago por 10 días (1 al 10 de enero de 2011),
lapso en el cual el contrato estuvo suspendido. Es decir si el contrato se
encontraba suspendido por consiguiente en ese lapso no se prestó el
servicio, y si se pagó sin tener en cuenta dicha suspensión, ello produjo un
daño patrimonial, por doscientos cincuenta y nueve millones ciento veintitrés
mil trescientos veintidós pesos ($259.123.322) (Cuaderno pruebas 1, fl.
125).

Dicho daño patrimonial está representado en el menoscabo, detrimento o
perjuicio originado en el actuar de los procesados. Los agentes de la firma
RECUPERAR directamente contribuyeron a su realización, en forma
gravemente culposa, pues al presentar para su cobro al municipio la factura
correspondiente a los servicios supuestamente prestados entre el 1 y el 10
de enero de 2011, indicando que el servicio corresponde a 800 turnos de 48
horas con un valor de doscientos cincuenta y nueve millones ciento veintitrés
mil trescientos veintidós pesos ($259.123.322) incurrieron en una falsedad o
mínimo lo hicieron sin los soportes que lo acreditaran según lo exigían los
pliegos y el contrato. (Cuaderno pruebas 1, fl. 125).

Debe observarse que en el contrato 4600026771 se estipuló en la cláusula
quinta sobre la forma de pago que este era mensual, previa presentación de
la factura con "todos los soportes que aseguren que el servicio fue recibido
a antera satisfacción por el interventor". No obstante respecto de la semana
entre el 1 y el 10 de enero no aparece prueba de que el servicio fue recibido
a antera satisfacción, no obstante RECUPERAR recibió el pago sin que el
municipio haya recibido alguna contraprestación.

Tal como expresamos anteriormente, para el Despacho resulta evidente que
si el contrato estuvo suspendido, ninguna prestación se le debía a
RECUPERAR, no podía haber causación de ningún gasto. No obstante
RECUPERAR recibió unos recursos en virtud del pago sin ninguna causa;
recibió un pago sin ningún soporte legal o contractual, lo cual constituye un
detrimento patrimonial al Estado, según las voces del Artículo 6 de la Ley
610 de 2000.

Para el Despacho aparece probado en grado de certeza la existencia del
daño patrimonial al Estado, conforme a los artículos 5, 23 y 53 de la Ley 610
de 2000.

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Ausencia de dolo y culpa grave

Según el Consejo de Estado, la conducta es culposa cuando el resultado
dañino es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente
debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en
poder evitarlo […].

En el caso concreto el señor ARMANDO MONTOYA BAENA, en
representación legal de la COOPERATIVA RECUPERAR, quien fungió como
contratista para la época de los hechos, y contribuyó de manera directa a la
realización del daño, tuvo una conducta gravemente culposa, pues el
resultado dañino fue producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y
que debió haberlo previsto por ser previsible; pues siendo consciente de que
no prestó ningún servicio en la primera semana de enero de 2011, procedió
a realizar su cobro, sin ningún soporte legal o contractual, obteniendo su
representada un lucro no merecido. Esa conducta no puede calificarse de
otra manera que grosera y gravemente culposa.

Igualmente respecto del nexo causal, debe observarse que RECUPERAR
impartió la Circular del 24 de noviembre de 2010, donde informaba que entre
el 17 de diciembre de 2010 y el 11 de enero de 2011, se suspendían las
actividades, sin embargo pasó la cuenta de cobro o factura por ochocientos
sesenta y nueve millones novecientos trece mil setenta y seis ($869.913.076)
por concepto de servicios prestados entre el 1 y el 25 de enero 2011.
Igualmente suscribió el acta de terminación y liquidación, donde se incluyó
el pago aludido, no obstante que como quedó expuesto no compensó ni
podía hacerlo, sin acuerdo previo con el municipio de Medellín. Son estas
pruebas las que contribuyeron a la configuración del detrimento patrimonial
cuantificado en doscientos cincuenta y nueve millones ciento veintitrés mil
trescientos veintidós pesos ($259.123.322) y configuran sin lugar a dudas
una relación de conexidad próxima y necesaria entre el daño y la conducta
de los representantes de RECUPERAR, circunstancia que la erige
responsable fiscalmente.

Por tanto para el Despacho aparecen igualmente probados en grado de
certeza la conducta gravemente culposa de los agentes de RECUPERAR y
el aumento injustificado del patrimonio de aquella, y el nexo causal entre esta
y el daño, conforme a los artículos 5, 23 y 53 de la Ley 610 de 2000.

Carga de la prueba y violación del debido proceso

Expresa el apelante que la carga de la prueba está en manos de la
Contraloría, pero se pretende el A quo que "el contratista demuestre que el
servicio sí se prestó, lo cual es violatorio del debido proceso", pues es el Ente
de control quien tenía la carga de probar que existió daño, y que fue con
culpa grave o dolo. Enfatiza en que no se puede trasladar la carga de la
prueba al contratista para que demuestre que prestó el servicio (Pág. 3
apelación).

El Despacho considera que no le asiste razón al apelante por las siguientes
razones:

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•Conforme a la Ley 610 de 2000 y 1474 de 2011, le corresponde a la
Contraloría probar los elementos de la responsabilidad fiscal. Igualmente de
acuerdo con el Artículo 50 de la Ley 610 de 2000 y 99 de la Ley 1474 de 201
1, esa tarea procesal tiene reflejo en primer lugar en el auto de imputación
donde se formulan cargos y se esboza la congruencia de aquellos a derecho
y la prueba recopilada (Deber que aumenta en el proceso verbal), le
corresponde al procesado presentar los argumentos de defensa para
desvirtuar las imputaciones formuladas (que tienen basamento en prueba o
la ausencia de la misma), y si no lo logra, entonces procede el fallo con
responsabilidad fiscal.

Por tanto, resulta impertinente, equivocado y exótico, afirmar que es la
Contraloría quien debe probar la prestación del servicio como si fuera ella un
sujeto o parte del contrato.

•De otra parte en virtud del Artículo 268 de la Constitución, las Contralorías
pueden exigir cuentas o informes de la gestión fiscal, incluso a particulares.
Si ello es así, lo mínimo que puede exigir un ente de control es que se soporte
un pago, tal como lo contempla la Ley 42 de 1993 en el Artículo 11 sobre el
control de legalidad para comprobar que las operaciones financieras,
económicas, administrativas o de cualquiera otra índole, se ejecutaron
conforme a las normas que las rigen. Igualmente la misma ley en el Artículo
14 establece que "La revisión de cuentas es el estudio especializado de los
documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las
operaciones realizadas por los responsables del erario durante un período
determinado, con miras a establecer la economía, la eficacia, la eficiencia y
la equidad de sus actuaciones. " SNFT.

Así las cosas son los responsables del erario quienes deben dar cuenta de
lo que hicieron con los recursos públicos y sus resultados.

•Según obra en el expediente, el 25 de enero de 2011, se suscribió una
ampliación de plazo por dos (2) meses entre Felipe Andrés Gil Barrera y
Armando Montoya Baena, pese a que ya se había cumplido el objeto y plazo
del contrato (Cuaderno pruebas 2, fl. 318, 319). Lo anterior significa que lo
pagado entre el 1 de enero y el 10 de enero de 2011, no tenía soporte
contractual ni legal, pues fue pagado antes de la ampliación del contrato
4600026771.

Recuérdese que el pago es la prestación de lo que se debe, y si no se prestó
el servicio, entonces nada le debía el municipio de Medellín a RECUPERAR,
y si este pagó, entonces hubo un detrimento a los intereses patrimoniales de
Medellín y un enriquecimiento correlativo de la COOPERATIVA.

• Según la Ley 80 de 1993 Artículo 27, "En los contratos estatales se
mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos
al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o
equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado,
las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para
su restablecimiento."

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En el caso que nos ocupa se rompió el equilibrio, y las partes no adoptaron
las medidas necesarias para su restablecimiento, como podía ser el
descuento por los pagos realizados sin prestación alguna.

• Es falso que el daño no se haya probado, tal como se demostró
anteriormente. Para el Despacho la prueba testimonial, no alcanzó a
desvirtuar la responsabilidad del investigado, y existiendo prueba documental
que comprometía su responsabilidad, en el caso concreto, no era viable que
los testimonios la desvirtuaran a partir de una supuesta compensación que
no fue acreditada, a este juicio probatorio deberá aunarse además que en
materia de contratación estatal sólo lo escrito y validado por ambas partes
procesales ostenta el carácter de contractual y obligatorio para ellas y
terceros, así si las partes deseaban mutar la forma de cumplir las
obligaciones por ellos adquiridas debían haber acudido a un otrosí
modificatorio o un documento análogo.

Sobre los documentos aportados por RECUPERAR con los que
supuestamente se demuestra que el servicio facturado del 1 al 10 de enero
de 2011 "efectivamente fueron trabajadas y pagadas las compensaciones",
nada agrega a lo expresado anteriormente. Si Recuperar prestó algún
servicio en dicha semana, lo hizo por su cuenta y riesgo, pues no aparece
autorización por parte del municipio, lo que a su vez sería contradictorio,
pues no se entendería cómo se suspende un contrato y a la vez se autoriza
una compensación en tiempo […].

En mérito de lo expuesto, la Contralora General de Medellín,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: No acceder a la revocatoria de los artículos primero
y segundo, contenidos en al Acta 11 del 6 de diciembre de 2017, por las
razones expuestas en la parte motiva.

ARTÍCULO SEGUNDO: Confirmar en todas sus partes la decisión contenida
en el Acta 11 del 6 de diciembre de 2017, mediante la cual se declaró
fiscalmente responsable por la suma de trescientos treinta y un millones
sesenta y ocho mil setecientos catorce pesos ($331.068.714) valor
debidamente indexado, a las siguientes personas: FELIPE ANDRÉS GIL
BARRERA -Ex Secretario de Educación, MARIO ANTONIO MUÑOZ
PIMIENTA -Interventor, y a la Cooperativa de Trabajo Asociado-
RECUPERAR […]” (Subrayado y destacado original del texto).

Problema jurídico

22. La Sala de la Sección Primera del Consejo de Estado, con fundamento en la
demanda, la contestación a la demanda, los recursos de apelación y las pruebas
legal y válidamente aportadas al expediente, determinará:

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22.1. Si en el presente asunto se materializó, en el representante legal de la
Cooperativa de Trabajo Asociado Recuperar, el ejercicio de gestión fiscal que
pudiera llevar a la parte demandada a atribuirle responsabilidad fiscal con ocasión
del contrato núm. 4600026771 que suscribió con la Secretaría de Educación del
Municipio de Medellín;

22.2. Si como lo manifiesta el apoderado del Municipio de Medellín, la orden del
a quo, en el sentido de ordenarle a la entidad territorial, “[…] reintegrar a la
Cooperativa de Trabajo Asociado Recuperar, las sumas canceladas por ésta con
ocasión del fallo de responsabilidad fiscal radicado N° 021 de 2013, emitido en
su contra, debidamente actualizadas en su valor […]”, no era posible porque la
orden de indexación debió dirigirse contra la Contraloría General de Medellín por
ser la autoridad que expidió los actos acusados y quien causó el perjuicio; en
caso de que ello sea así;

22.3. Si: i) el fallo con responsabilidad fiscal contenido en el Acta núm. 011 de 6
de diciembre de 2017; y ii) el Auto núm. 001 de 2 de enero de 2018, por medio
del cual se resuelven unos recursos de apelación y se resuelve el grado de
consulta, emitidos por la Contraloría General del Departamento de Medellín; se
deben mantener en el ordenamiento jurídico por haberse expedido con sujeción
a la Constitución y la ley; como consecuencia de lo anterior,

22.3. Si es procedente confirmar, revocar o modificar la sentencia proferida, en
primera instancia, el 23 de octubre de 2019 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia.

Marco normativo sobre el proceso de responsabilidad fiscal

23. El artículo 267 de la Constitución Política, vigente para le época de los
hechos, establecía que el control fiscal es una función pública que ejerce la
Contraloría General de la República, responsable de vigilar “[…] la gestión fiscal
de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o

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bienes de la Nación, en todos los niveles administrativos y respecto de todo tipo
de recursos públicos […]” (Destacado fuera de texto).

24. El artículo 268 de la Constitución Política; en especial el numeral 5.º, prevé
que al Contralor General de la República le corresponde: “[…] Establecer la
responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones
pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción
coactiva sobre los alcances deducidos de la misma […]” (Destacado fuera de
texto).

25. Visto el artículo 272 ibidem, sobre la vigilancia de la gestión fiscal de los
departamentos, distritos y municipios en que existan contralorías, establece:

“[…] Artículo 272. La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos,
distritos y municipios donde haya contralorías, corresponde a estas en
forma concurrente con la Contraloría General de la República.

La vigilancia de los municipios incumbe a las contralorías
departamentales, salvo lo que la ley determine respecto de contralorías
municipales.

La ley regulará las competencias concurrentes entre contralorías y la
prevalencia de la Contraloría General de la República.

Corresponde a las asambleas y a los concejos distritales y municipales
organizar las respectivas contralorías como entidades técnicas dotadas de
autonomía administrativa y presupuestal, y garantizar su sostenibilidad fiscal.

La Auditoría General de la República realizará la certificación anual de las
contralorías territoriales a partir de indicadores de gestión, la cual será el
insumo para que la Contraloría General de la República intervenga
administrativamente las contralorías territoriales y asuma competencias
cuando se evidencie falta de objetividad y eficiencia.

Los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán, en
el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor
General de la República en el artículo 268 en lo que sea pertinente, según
los principios de coordinación, concurrencia, y subsidiariedad. El control
ejercido por la Contraloría General de la República será preferente en los
términos que defina la ley […]” (Destacado fuera de texto).

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26. Vistos, por un lado el artículo 2.° de la Ley 4224 de 26 de enero de 199325,
son sujetos de control fiscal, entre otros, “[…] los particulares que manejen
fondos o bienes del Estado, las personas jurídicas y cualquier otro tipo de
organización o sociedad que maneje recursos del Estado en lo relacionado
con éstos […]”; y, por el otro, el artículo 4.° ibidem, “[…] El control fiscal es una
función pública, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los
particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Estado en todos
sus órdenes y niveles […]” (Destacado fuera de texto).

27. Conforme al artículo 8.° ibidem, “[…] La vigilancia de la gestión fiscal de
los particulares se adelanta sobre el manejo de los recursos del Estado para
verificar que éstos cumplan con los objetivos previstos por la
administración […]” (Destacado fuera de texto).

28. Vistos, por un lado, el artículo 9.° de la Ley 42, en el ejercicio del control fiscal
se puede acudir a los siguientes sistemas de control: i) financiero; ii) de legalidad;
iii) de gestión; iv) de resultados; v) de revisión de cuentas; y, vi) de evaluación de
control interno; y, por el otro, el artículo 14 ibidem, “[…] La revisión de cuentas
es el estudio especializado de los documentos que soportan legal, técnica,
financiera y contablemente las operaciones realizadas por los responsables
del erario durante un período determinado, con miras a establecer la
economía, la eficacia, la eficiencia y la equidad de sus actuaciones […]”
(Destacado fuera de texto).

29. Conforme al literal b) del artículo 26 ibidem, las contralorías municipales
pueden ejercer control posterior, y de manera excepcional, sobre las cuentas de
la entidad territorial a la que pertenezcan, a “[…] solicitud de la ciudadanía, a
través de los mecanismos de participación que establezca la Ley […]”.

24 Norma vigente para la época de los hechos.

25 “[…] Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen […]”.

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30. Vistos los artículos 32 y 65 ibidem, determinan que: i) los “[…] órganos del
control fiscal podrán conocer y evaluar, en cualquier tiempo, los programas,
labores y papeles de trabajo de las empresas contratadas en su jurisdicción
y solicitar la presentación periódica de informes generales o específicos. Las
recomendaciones que formulen los órganos de control fiscal respectivo al
contratista, serán de obligatorio cumplimiento y observancia […]”; y ii) “[…] Las
contralorías departamentales, distritales y municipales realizan la vigilancia
de la gestión fiscal en su jurisdicción de acuerdo a los principios, sistemas y
procedimientos establecidos en la presente ley […]” (Destacado fuera de texto).

31. El artículo 1.° de la Ley 610, a su vez establece: “[…] El proceso de
responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas
adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la
responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el
ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u
omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado […]”
(Destacado fuera de texto).

32. El artículo 3.° de la ley citada supra, destaca que por gestión fiscal se entiende
“[…] el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que
realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que
manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la
adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración,
custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y
disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión
de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción
a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad,
imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos
ambientales […]” (Destacado fuera de texto).

33. Visto el artículo 4.º de la Ley 610, el objeto de la responsabilidad fiscal es “[…]
el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como

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consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión
fiscal mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el
perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal.[…]”; responsabilidad que “[…]
es autónoma e independiente y se entiende sin perjuicio de cualquier otra clase
de responsabilidad […]” (Destacado fuera de texto).

34. De conformidad con el artículo 5.° ibidem, son elementos de la
responsabilidad fiscal: i) una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona
(natural o jurídica) que realiza gestión fiscal; ii) un daño patrimonial al Estado; y
iii) un nexo causal entre los dos elementos anteriores.

35. Visto el artículo 6.° de la Ley 610, por daño patrimonial al Estado se entiende
“[…] la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo,
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los
bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado,
producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz,
ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique
al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado,
particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o
proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho
daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o
por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o
culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio
público […]”26 (Destacado fuera de texto).

36. El artículo 9.° ibidem, sobre caducidad y prescripción señala: “[…] La acción
fiscal caducará si transcurridos cinco (5) años desde la ocurrencia del hecho
generador del daño al patrimonio público, no se ha proferido auto de apertura del
proceso de responsabilidad fiscal. Este término empezará a contarse para los
hechos o actos instantáneos desde el día de su realización, y para los complejos,

26 Mediante sentencia C-340 de 2007, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la expresión “o a

los intereses patrimoniales del Estado” contenida en el artículo 6° de la Ley 610 de 2000, así como la
inexequibilidad de las expresiones “uso indebido” e “inequitativa” contenidas en la misma disposición.

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de tracto sucesivo, de carácter permanente o continuado desde la del último
hecho o acto. La responsabilidad fiscal prescribirá en cinco (5) años, contados a
partir del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, si dentro de
dicho término no se ha dictado providencia en firme que la declare. El vencimiento
de los términos establecidos en el presente artículo no impedirá que cuando se
trate de hechos punibles, se pueda obtener la reparación de la totalidad del
detrimento y demás perjuicios que haya sufrido la administración, a través de la
acción civil en el proceso penal, que podrá ser ejercida por la contraloría
correspondiente o por la respectiva entidad pública […]” (Destacado fuera de
texto).

37. Vistos los artículos 23, 24, 25, 28, 30 y 32 de la Ley 610; sobre pruebas para
responsabilizar; petición de pruebas; libertad de pruebas; pruebas trasladadas;
pruebas inexistentes; y oportunidad para controvertir las pruebas; se advierte
que: i) el fallo de responsabilidad únicamente procede cuando obra prueba que
dé certeza del daño patrimonial y la responsabilidad del investigado; ii) el
investigado o quien rinda exposición libre pueden pedir la práctica de pruebas; iii)
el daño al patrimonio y la responsabilidad del investigado puede demostrarse por
cualquier medio de prueba legalmente reconocido; iv) al proceso de
responsabilidad fiscal se puede trasladar cualquier prueba obrante válidamente
en un proceso judicial, administrativo, disciplinario o de responsabilidad fiscal; v)
los hallazgos encontrados en las auditorías fiscales tienen validez probatoria
siempre que se hayan recaudado cumpliendo los requisitos de ley; vi) toda
prueba recaudada sin el lleno de los requisitos de ley o que afecte los derechos
fundamentales del investigado se debe tener como inexistente; y vii) el
investigado puede controvertir las pruebas a partir de la exposición espontánea
en la indagación preliminar o desde la notificación del auto que da apertura al
proceso de responsabilidad fiscal.

38. El artículo 39 ibidem prevé que la indagación preliminar tiene por objeto “[…]
verificar la competencia del órgano fiscalizador, la ocurrencia de la conducta
y su afectación al patrimonio estatal, determinar la entidad afectada e identificar

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a los servidores públicos y a los particulares que hayan causado el
detrimento o intervenido o contribuido a él […]” (Destacado fuera de texto).

39. Visto el artículo 40 ibidem, cuando de la indagación preliminar, “[…] se
encuentre establecida la existencia de un daño patrimonial al Estado e indicios
serios sobre los posibles autores del mismo, el funcionario competente
ordenará la apertura del proceso de responsabilidad fiscal. El auto de
apertura inicia formalmente el proceso de responsabilidad fiscal. En el evento en
que se haya identificado a los presuntos responsables fiscales, a fin de que
ejerzan el derecho de defensa y contradicción, deberá notificárseles el auto
de trámite que ordene la apertura del proceso […]” (Destacado fuera de texto).

40. El artículo 48 de la Ley 610 de 2000, sobre el auto de imputación de
responsabilidad fiscal, prevé:

“[…] Artículo 48. Auto de imputación de responsabilidad fiscal. El
funcionario competente proferirá auto de imputación de responsabilidad
fiscal cuando esté demostrado objetivamente el daño o detrimento al
patrimonio económico del Estado y existan testimonios que ofrezcan serios
motivos de credibilidad, indicios graves, documentos, peritación o cualquier
medio probatorio que comprometa la responsabilidad fiscal de los
implicados. El auto de imputación deberá contener:

1. La identificación plena de los presuntos responsables, de la entidad
afectada y de la compañía aseguradora, del número de póliza y del valor
asegurado.

2. La indicación y valoración de las pruebas practicadas.

3. La acreditación de los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal
y la determinación de la cuantía del daño al patrimonio del Estado […]”

41. El artículo 49 ibidem, sobre notificación del auto de imputación de
responsabilidad fiscal, señala que el “[…] auto de imputación de responsabilidad
fiscal se notificará a los presuntos responsables o a sus apoderados si los
tuvieren y a la compañía de seguros si la hubiere, en la forma y términos
establecidos en el Código Contencioso Administrativo. Si la providencia no se
hubiere podido notificar personalmente a los implicados que no estén

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representados por apoderado, surtida la notificación por edicto se les designará
apoderado de oficio, con quien se continuará el trámite del proceso […]”.

42. Visto el artículo 50 ibidem, sobre traslado, los presuntos responsables fiscales
cuentan con 10 días, contados a partir del día siguiente a la notificación personal
del auto de imputación de responsabilidad fiscal o de la desfijación del edicto “[…]
para presentar los argumentos de defensa frente a las imputaciones efectuadas
en el auto y solicitar y aportar las pruebas que se pretendan hacer valer […]”.

43. Atendiendo lo dispuesto en el artículo 53 ibidem, sobre el fallo con
responsabilidad fiscal, corresponde al funcionario competente proferir fallo con
responsabilidad fiscal “[…] cuando en el proceso obre prueba que conduzca
a la certeza de la existencia del daño al patrimonio público y de su
cuantificación, de la individualización y actuación cuando menos con
culpa del gestor fiscal y de la relación de causalidad entre el
comportamiento del agente y el daño ocasionado al erario, y como
consecuencia se establezca la obligación de pagar una suma líquida de dinero a
cargo del responsable […]”; además, la norma indica que “[…] Los fallos con
responsabilidad deberán determinar en forma precisa la cuantía del daño
causado, actualizándolo a valor presente al momento de la decisión, según
los índices de precios al consumidor certificados por el DANE […]”
(Destacado fuera de texto).

44. Visto el artículo 68 ibidem, sobre derogatoria; mediante la Ley 610 se dispuso:
“[…] Deróganse los artículos 72 a 89 y el parágrafo del artículo 95 de la Ley
42 de 1993 […]” (Destacado fuera de texto).

Marco normativo sobre el contrato de prestación de servicios en el régimen
de contratación estatal

45. Visto los numerales 6. y 7.º del artículo 4.º de la Ley 80 de 1993, sobre los
derechos y deberes de las entidades estatales, estas, para lograr la
materialización de los fines de la contratación estatal, entre otras funciones

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deben: i) adelantar las acciones que conduzcan a obtener de los contratistas la
indemnización por los daños que sufran en desarrollo “[…] o con ocasión del
contrato celebrado […]”; y ii) repetir contra el contratista o terceros
responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como
consecuencia de la actividad contractual.

46. El artículo 32 ibidem, sobre los contratos estatales, dispone que son “[…]
contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que
celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el
derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la
autonomía de la voluntad […]”; la norma a título enunciativo numera una serie de
contratos estatales incluyendo, entre otros: el contrato de prestación de servicios.

47. Visto el numeral 3.º del artículo citado supra, sobre el contrato de prestación
de servicios, establece:

“[…] Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la
administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo
podrán celebrarse con personas naturales o jurídicas cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados.

Estos contratos no generan en ningún caso relación laboral ni prestaciones
sociales. Los contratos a que se refiere este ordinal, se celebrarán por
el término estrictamente indispensable.

Parágrafo 1. A los contratos de consultoría, de prestación de servicios o
de asesoría de cualquier clase, deberá anexarse certificación expedida por
el jefe de la entidad, acerca de la inexistencia de personal de planta para
desarrollar las actividades que se pretendan contratar […]” (Destacado fuera
de texto).

48. El artículo 39 de la Ley 80, sobre la forma del contrato estatal, determina que
los “[…] contratos que celebren las entidades estatales constarán por
escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública, con excepción de
aquellos que impliquen mutación del dominio o imposición de gravámenes y
servidumbres sobre bienes inmuebles y, en general, aquellos que conforme a las

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normas legales vigentes deban cumplir con dicha formalidad […]” (Destacado
fuera de texto).

49. De conformidad con el artículo 40 ibidem, sobre el contenido del contrato
estatal: i) las estipulaciones en los contratos deben ser las que de acuerdo con
las normas civiles, comerciales y las previstas en le Ley 80, correspondan a su
esencia y naturaleza; ii) las entidades pueden celebrar contratos y acuerdos que
permitan la autonomía de la voluntad; y iii) en los contratos estatales puede
incluirse la modalidad, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones
que las partes consideren necesarias y convenientes siempre que no sean
contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades
de la ley y a los de la buena administración.

50. Visto el artículo 52 ibidem, sobre la responsabilidad de los contratistas, indica
que los “[…] contratistas responderán civil y penalmente por sus acciones y
omisiones en la actuación contractual en los términos de la ley […]”
(Destacado fuera de texto).

51. El artículo 56 de la Ley 80, sobre responsabilidad penal de los particulares
que intervienen en la contratación estatal, establece que, para efectos penales,
“[…] el contratista, el interventor, el consultor y el asesor se consideran
particulares que cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la
celebración, ejecución y liquidación de los contratos que celebren con las
entidades estatales y, por lo tanto, estarán sujetos a la responsabilidad que
en esa materia señala la ley para los servidores públicos […]” (Destacado
fuera de texto).

52. El artículo 44 de la Ley 1474 de 12 de julio de 201127, sobre sujetos
disciplinables, establece:

27 “[…] Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y

sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública […]”.

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“[…] Artículo 44. Sujetos disciplinables. El artículo 53 de la Ley 734 de
2002, quedará así:

El presente régimen se aplica a los particulares que cumplan labores
de interventoría o supervisión en los contratos estatales; también a
quienes ejerzan funciones públicas, de manera permanente o transitoria,
en lo que tienen que ver con estas, y a quienes administren recursos
públicos u oficiales.

Se entiende que ejerce función pública aquel particular que, por
disposición legal, acto administrativo, convenio o contrato, realice
funciones administrativas o actividades propias de los órganos del
Estado, que permiten el cumplimiento de los cometidos estatales, así
como el que ejerce la facultad sancionadora del Estado; lo que se acreditará,
entre otras manifestaciones, cada vez que ordene o señale conductas,
expida actos unilaterales o ejerza poderes coercitivos.

Administran recursos públicos aquellos particulares que recaudan,
custodian, liquidan o disponen el uso de rentas parafiscales, de rentas
que hacen parte del presupuesto de las entidades públicas o que estas
últimas han destinado para su utilización con fines específicos […]”
(Destacado fuera de texto).

Desarrollos jurisprudenciales sobre el contrato de prestación de servicios
en el régimen de contratación estatal

53. La Corte Constitucional, en la sentencia C-094 de 11 de febrero de 200328,
sobre la naturaleza del contrato de prestación de servicios suscrito con una
entidad del Estado29, expresó:

“[…] Es una modalidad de contrato estatal que se suscribe con
personas naturales o jurídicas con el objeto de realizar actividades
desarrolladas con la administración o funcionamiento de una entidad
pública pero tratándose de personas naturales, sólo puede suscribirse en el
evento que tales actividades no puedan ser cumplidas por los servidores
públicos que laboran en esa entidad o en caso que para su cumplimiento se
requieran conocimientos especializados con los que no cuentan tales
servidores. Se trata de un acto reglado, cuya suscripción debe
responder a la necesidad de la administración y a la imposibilidad de
satisfacer esa necesidad con el personal que labora en la entidad
pública respectiva pues si esto es posible o si en tal personal concurre la
formación especializada que se requiere para atender tal necesidad, no hay
lugar a su suscripción […]” (Destacado fuera de texto).

28 Corte Constitucional. Sentencia C-094 de 2003. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

29 Sobre la materia también puede verse la sentencia C-614 de 2 de septiembre de 2009, proferida por la

Corte Constitucional con ponencia del Magistrado Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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54. La Corte Constitucional, en la providencia citada supra, destacó que el “[…]
contrato de prestación de servicios es un contrato estatal que tiene como
objeto una obligación de hacer, que se caracteriza por la autonomía e
independencia del contratista, que tiene una vigencia temporal y que no
genera prestaciones sociales por tratarse de un contrato estatal y no de una
relación laboral […]” (Destacado fuera de texto).

55. La Corte Constitucional, en la sentencia C-563 de 7 de octubre de 199830,
refiriéndose a la responsabilidad de los contratistas del Estado, expresó:

“[…] Las razones precedentes obligan a un cuidadoso examen de la
situación atinente a la responsabilidad de los contratistas.

Los contratistas, como sujetos particulares, no pierden su calidad de
tales porque su vinculación jurídica a la entidad estatal no les confiere
una investidura pública, pues si bien por el contrato reciben el encargo
de realizar una actividad o prestación de interés o utilidad pública, con
autonomía y cierta libertad operativa frente al organismo contratante,
ello no conlleva de suyo el ejercicio de una función pública.

Lo anterior es evidente, si se observa que el propósito de la entidad
estatal no es el de transferir funciones públicas a los contratistas, las cuales
conserva, sino la de conseguir la ejecución práctica del objeto
contractual, en aras de realizar materialmente los cometidos públicos a
ella asignados. Por lo tanto, por ejemplo, en el contrato de obra pública
el contratista no es receptor de una función pública, su labor que es
estrictamente material y no jurídica, se reduce a construir o reparar la
obra pública que requiere el ente estatal para alcanzar los fines que le
son propios. Lo mismo puede predicarse, por regla general, cuando se
trata de la realización de otros objetos contractuales (suministro de
bienes y servicios, compraventa de bienes muebles, etc.).

En las circunstancias descritas, el contratista se constituye en un
colaborador o instrumento de la entidad estatal para la realización de
actividades o prestaciones que interesan a los fines públicos, pero no
en un delegatario o depositario de sus funciones […]” (Destacado fuera de
texto).

56. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante el
concepto núm. C.E. 2003A de 24 de mayo de 201131, al absolver una consulta

30 Corte Constitucional. Sentencia C-563 de 7 de octubre de 1998. M.P. Antonio Barrera Carbonell y Carlos

Gaviria Díaz.
31 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Expediente núm. 11001030600020100005200. C.P.

Enrique José Arboleda Perdomo.

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que le presentó el Departamento Administrativo de la Función Pública,
relacionada con los contratos de prestación de servicios en las contralorías
departamentales, realizó un estudio de la normativa que reglamenta la
contratación estatal y del concepto de “[…] prestación de servicios […]”, para
concluir lo siguiente:

“[…] 1. Los conceptos de “prestación de servicios” y “prestación de
servicios personales”.

Cuando el artículo 32, numeral 3º, de la ley 80 de 1993 define el contrato de
prestación de servicios, establece como condición para su celebración con
personas naturales, que el personal de planta sea insuficiente o que se
requieran conocimientos especializados.

La expresión “persona natural”, remite, necesaria y lógicamente, a la división
de las personas que consagra el Código Civil, conforme al cual, las personas
son “naturales” y “jurídicas”, agregando que “son personas todos los
individuos de la especie humana…”.

La definición legal coincide con la acepción gramatical de “persona”. Así
mismo, en términos gramaticales, el vocablo “personal” es lo “perteneciente
o relativo a la persona”, de manera que hace referencia igualmente a la
persona natural.

Con base en las acepciones legales y gramaticales indicadas la
expresión “prestación de servicios” es un concepto genérico,
predicable de las personas naturales y de las personas jurídicas, y la
locución “servicios personales”, denotaría un concepto específico referido
exclusivamente a los prestados por las personas naturales.

No obstante, dichos servicios personales pueden contratarse través de
una persona jurídica, como consecuencia de las necesidades de las
entidades estatales o de las condiciones que ofrece el mercado de
bienes y servicios.

Por ejemplo, los servicios profesionales son prestados por personas
naturales que actúan de manera independiente, pero también son ofrecidos
por las personas jurídicas que se obligan a prestarlos a través de las
personas naturales vinculadas a ellas. Entonces, para la entidad estatal
puede ser suficiente contratar a la persona natural para resolver o atender
una situación específica en razón del conocimiento y la experiencia que
busca en el contratista, o bien puede serle necesario o conveniente
contratar con la persona jurídica que le ofrezca los conocimientos y
experiencia de su personal. En uno y otro caso, los servicios que la entidad
contrata y recibe son personales, sin perjuicio de la condición de persona
natural o jurídica del contratista.

Tratándose de “actividades operativas, logísticas o asistenciales”, lo
común es encontrar personas jurídicas constituidas para realizarlas,

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también a través de su personal, bien porque respondan a regulaciones
de la ley, a particularidades del mercado, del bien o del servicio, o porque
se trata de tareas en las cuales no es predominante o no es significativo
el trabajo intelectual. Aquí se está contratando una organización y no el
servicio prestado propiamente por la persona natural.

En consecuencia, a la luz del Estatuto Contractual de la Administración
Pública, el contrato de prestación de servicios personales puede ser
celebrado por las entidades estatales con personas naturales y con
personas jurídicas […]” (Destacado fuera de texto).

Acervo probatorio

57. La Sala procederá a apreciar y valorar, en conjunto, las pruebas aportadas
por las partes, de conformidad con las reglas de la sana crítica en los términos
del artículo 187 32 del Código de Procedimiento Civil; en concordancia con el
artículo 17633 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de
la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema jurídico
planteado en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en los
siguientes términos:

Pruebas documentales

57.1. Copia de la Resolución núm. 489434 de 22 de abril de 201035, por medio de
la cual la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín, inició un proceso
de selección abreviada de subasta inversa con la finalidad de contratar los
servicios generales de aseo para las instituciones educativas oficiales y los
centros educativos oficiales del municipio.

32 “[…] ARTÍCULO 187. Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de

acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial
para la existencia o validez de ciertos actos […]”.
33“[…] ARTÍCULO 176. APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas deberán ser apreciadas en
conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley
sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.

El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba […]”.
34 “[…] Por la que se da apertura a un proceso de selección abreviada por subasta inversa […]”.

35 Cfr. Folios 59 y 60 del cuaderno de pruebas núm. 2 del CD-ROM núm. 1 del expediente.

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57.2. Copia de documento anexo36 a la Resolución núm. 4894 de 2010, donde el
Municipio de Medellín, Secretaría de Educación, establece la necesidad de que
se preste el servicio de aseo para “[…] vaciar y lavar diariamente los basureros
de los puestos de trabajo, limpiar y desempolvar la cancelería (sic) y los
puestos de trabajo de los servidores, limpiar y desmanchar y/o lavar las
paredes en mampostería y revoque, puertas, ventanas, realizar aseo a las
unidades sanitarias y cocineta, realizar el barrido, desmanchada, trapeado
y encerado de los pisos, efectuar labores de limpieza y desempolvado de
ventanas, rejillas, aire acondicionado, lámparas, limpieza de plantas
ornamentales, limpieza de pasamanos en los sitios de trabajo asignado
[…]”; es decir, conforme lo expuso la Corte Constitucional en la sentencia C-563
de 1998 en el aparte transcrito supra, es palpable que en el asunto bajo estudio
la labor a desempeñar por quien resultara contratado por el Municipio de Medellín
sería material y no jurídica; esto es, la labor a desarrollar sería meramente
operativa.

El Municipio de Medellín, Secretaría de Educación, en el documento dispuso que
el pago del valor total del contrato por los servicios prestados de aseo se haría
“[…] mediante pagos parciales mensuales, de acuerdo a la presentación de
la factura de cobro o documento equivalente con todos los soportes que
aseguren que el servicio fue recibido a entera satisfacción por el interventor
[…]” (Destacado fuera de texto).

57.3. Copia del pliego de condiciones37, donde se reitera que el pago del valor
total del contrato se haría “[…] mediante pagos parciales mensuales, de
acuerdo a la presentación de la factura de cobro o documento equivalente con
todos los soportes que aseguren que el servicio fue recibido a entera
satisfacción por el interventor […]” (Destacado fuera de texto).

36 Cfr. Folios 61 a 70 del cuaderno de pruebas núm. 2 del CD-ROM núm. 1 del expediente.

37 Cfr. Folios 71 a 78 del cuaderno de pruebas núm. 2 del CD-ROM núm. 1 del expediente.

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57.4. Copia de la Resolución núm. 5570 de 13 de mayo de 201038, por medio de
la cual el Secretario de Educación del Municipio de Medellín adjudicó el contrato
a la Cooperativa de Trabajo Asociado Recuperar.

57.5. Copia del Contrato núm. 4600026771 de 201039, suscrito entre el Municipio
de Medellín, Secretaría de Educación y la parte demandante.

En la cláusula primera, como objeto del contrato, se estableció que: “[…] EL
CONTRATISTA se obliga para con el MUNICIPIO a prestar SERVICIOS
GENERALES Y ASEO PARA LAS 227 INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OFICIALES Y CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE
MEDELLÍN CON SUS RESPECTIVAS SECCIONES […]”; así las cosas, la
descripción del objeto del contrato no deja dudas que lo suscrito entre el
Municipio de Medellín, Secretaría de Educación y la parte demandante, es un
contrato de prestación de servicios en el que se desarrollarían funciones
netamente operativas que se pagarían mes vencido una vez verificado por el
interventor del contrato su prestación (Destacado original del texto).

En la cláusula segunda, sobre duración, se determinó que el contrato tendría una
duración de 7 meses y 14 días calendario, contados a partir de la firma del acta
de inicio por el interventor y el contratista; además, en la cláusula tercera se fijó
como valor del contrato la suma de $5.583’688.354.

En la cláusula cuarta se especificó que el contratista tendría las siguientes
obligaciones: i) presentar los informes que la administración municipal considere
necesarios para un mejor control del contrato; ii) presentar la programación
semanal de visitas a efectuar por el coordinador; iii) entregar los miércoles la
programación de visitas a efectuar los fines de semana; iv) contratar un
coordinador independiente a los supervisores que sirva de puente entre el
contratante y el contratista; organice y evalúe el trabajo de los empleados;

38 Cfr. Folios 200 y 201 del cuaderno de pruebas núm. 2 del CD-ROM núm. 1 del expediente.

39 Cfr. Folios 202 a 209 del cuaderno de pruebas núm. 2 del CD-ROM núm. 1 del expediente.

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administre los equipos y maquinaria para garantizar la ejecución del contrato;
implemente un programa de calidad; reciba, difunda y practique los criterios
técnicos que imparta el contratante; coordine con el contratante la vigilancia y
evaluación de los trabajos; inspeccione los trabajos y su calidad; garantice la
aplicación de las normas sobre seguridad industrial y salud ocupacional; ordene
la corrección de los trabajos realizados; oriente, facilite y coordine los empleados
para el desempeño de sus funciones; controle el uso de los implementos de aseo;
vigile y supervise la prestación del servicio en las áreas de aseo; responda para
que la prestación del servicio se cumpla dentro de las condiciones establecidas
por el contratante; responda por la protección de los bienes de propiedad del
contratante; atienda y resuelva los problemas disciplinarios del personal del
contratista; y responda por el estado y protección de la totalidad de los elementos
de propiedad del municipio40.

En la cláusula quinta del contrato, en concordancia con el acto por medio del cual
se dio inicio al proceso de selección y el pliego de condiciones citados supra,
respecto a la forma de pago se determinó:

“[…] CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: La cancelación del valor
total del contrato se hará mediante pagos parciales mensuales, de
acuerdo a la presentación de la factura o documento equivalente con
todos los soportes que aseguren que el servicio fue recibido a entera
satisfacción por el interventor […]” (Destacado fuera de texto).

En la cláusula décima las partes acordaron que la interventoría del contrato
estaría a cargo del funcionario que el Secretario de Educación del Municipio de
Medellín delegara para tal efecto; funcionario que se encargaría de: i) supervisar
la ejecución de las obligaciones del contratista; iii) velar por el cumplimiento del
objeto contratado; y iii) ejercer la vigilancia técnica, administrativa y financiera
del contrato de conformidad con el Decreto Municipal núm. 62641 de 18 de marzo
de 200542.

40 CD ROM núm. 1 de los antecedentes administrativos anexos al expediente.

41 “[…] Por medio de la cual se adopta el Manual de interventoría del Municipio de Medellín […]”

42 CD ROM núm. 6 de los antecedentes administrativos anexos al expediente.

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En el parágrafo 3.º de la cláusula décima el Municipio de Medellín, Secretaría de
Educación y la Cooperativa de Trabajo Asociado Recuperar, acordaron que “[…]
el interventor del contrato tendrá la facultad de realizar ajustes o
modificaciones a los aspectos técnicos del objeto del mismo, que no
impliquen una alteración sustancial al mismo y que no afecte el equilibrio
contractual […]” (Destacado original del texto).

En la cláusula cuarta, sobre aspectos técnicos del contrato43, se pueden destacar
los siguientes asuntos a cargo del interventor: i) reunirse con el coordinador del
contratista para discutir novedades referentes al desarrollo del contrato; y ii)
labores de aseo y su periodicidad.

57.6. Copia del acta de inicio suscrita entre el interventor del contrato núm.
4600026771 de 2010 y la parte demandante, en la que se indica que la ejecución
del contrato inicia el 18 de mayo de 2010 y finaliza el 31 de diciembre de 2010 44.

57.7. Copia de la circular de cese de actividades de 24 de noviembre de 201045,
suscrita por la Jefe de Aseo Institucional, con copia al Subsecretario
Administrativo y al Líder de Proyectos y Servicios Administrativos de la Secretaría
de Educación del Municipio de Medellín, por medio de la cual la parte
demandante informa a los directivos de las instituciones educativas del Municipio
de Medellín, lo siguiente:

“[…] Después de haber enviado la información referente a las fechas de
salida y regreso del personal de aseo que presta sus servicios en los
diferentes colegios y secciones, esta se replanteó teniendo en cuenta la
necesidad en la que quedan las instituciones debido a que todavía continua
personal docente, secretarias, matrículas, y algunos refuerzos de
estudiantes; por tal motivo se entrega las nuevas fechas de salida y regreso
del personal de asociados de la Cooperativa.

43 Cfr. Folios 202 a 204 del cuaderno de pruebas núm. 2 del CD-ROM núm. 1 del expediente.

44 Cfr. Folio 210 del cuaderno de pruebas núm. 2 del CD-ROM núm. 1 del expediente.

45 Cfr. Folio 211 del cuaderno de pruebas núm. 2 del CD-ROM núm. 1 del expediente.

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A partir del lunes 22 de noviembre deben adicionar (1 hora) al horario que
actualmente tiene establecido de lunes a viernes y los días sábados 27 de
noviembre; 04 y 11 de diciembre de 2010 deben prestar sus servicios en una
jornada de (8 horas); el viernes 17 de diciembre de 2010 se suspenden las
actividades; el ingreso de todo el personal será el martes 11 de Enero de
2011. Retomando el pago del tiempo con 1 hora diaria y los sábados 8 horas,
hasta el sábado 26 de febrero de 2011, este último con medio tiempo o sea
4 horas […]” (Destacado original del texto).

57.8. Copia del correo electrónico por medio del cual la parte demandante, el 24
de noviembre de 2010, remite a cada una de las instituciones educativas del
Municipio de Medellín, mediante documento adjunto, copia de la circular citada
supra46.

En el folio 121 del cuaderno de pruebas 1 se observa que el documento sí se
puso en conocimiento del señor Mario Antonio Muñoz Pimienta, interventor del
contrato, al mail: Mariomuñoz@medellin.gov.co; así como del señor Luis Alfonso
Barrera Sossa, Subsecretario de Educación del Municipio de Medellín, al mail:
luisbarrera@medellín.gov.co.

57.9. Copia del acta de suspensión del contrato núm. 4600026771 de 201047, de
fecha 17 de diciembre de 2010, suscrita entre el Secretario de Educación (e) del
Municipio de Medellín y el representante legal de la parte demandante, por medio
del cual, de mutuo acuerdo, suspenden la continuidad del contrato desde el 17
de diciembre de 2010 atendiendo a que como “[…] no habrá personal docente,
administrativo y alumnado no se requiere del servicio de aseo para atender esta
necesidad en los establecimientos […]”; en consecuencia, “[…] la continuidad
del contrato […] se reiniciará el 11 de enero de 2011 […]” (Destacado fuera de
texto).

57.10. Copia del acta de finalización parcial del contrato núm. 4600026771 de
2010, suscrita el 30 de diciembre de 2010 por el interventor designado por el
Municipio de Medellín, Secretaría de Educación y la representante de la

46 Cfr. Folios 120 a 122 del cuaderno de pruebas núm. 1 del CD-ROM núm. 1 del expediente.

47 Cfr. Folio 212 del cuaderno de pruebas núm. 2 del CD-ROM núm. 1 del expediente.

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Cooperativa de Trabajo Asociado Recuperar. En la cláusula quinta de este
documento se dejó la siguiente constancia: “[…] El objeto del contrato se cumplió
efectivamente según las especificaciones, el servicio se recibió a entera
satisfacción por parte del Municipio de Medellín, Secretaría de Educación
[…]” (Destacado fuera de texto).

57.11. Copia de la ampliación de plazo al contrato núm. 4600026771 de 201048,
suscrito el 25 de enero de 2011 entre el Secretario de Educación de Medellín y
el representante legal de la parte demandante, por medio del cual se dispuso
ampliar el plazo del contrato por 2 meses, por un valor de $1.546’482.256.

57.12. Copia de la ampliación de plazo al contrato núm. 4600026771 de 2010,
suscrito el 25 de marzo de 2011 entre el Secretario de Educación de Medellín y
el representante legal de la parte demandante, por medio del cual se dispuso
ampliar el plazo del contrato por 22 días calendario, por un valor de $552’416.655,
incluido el 1.6% de impuestos.

57.13. Copia del acta de terminación y liquidación del contrato núm. 4600026771
de 201049 de 26 de julio de 2011, suscrito por el Secretario de Educación de
Medellín; el representante legal de la parte demandante y el interventor del
contrato; en el que se manifestó, lo siguiente:

“[…] El día 14 de mayo de 2010 se suscribió entre el MUNICIPIO DE
MEDELLÍN y RECUPERAR, el contrato 4600026771 de 2010 cuyo objeto es
la “Contratación de servicios generales y aseo en las Instituciones
Educativas oficiales y centros educativos oficiales del municipio de Medellín
con sus respectivas secciones, por un valor de […] QUINIENTOS
CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($552.416.655) por
concepto de servicios prestados del 01 de enero al 25 de enero […].

En consecuencia, el Municipio de Medellín – Secretaría de Educación y
RECUPERAR, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto en
relación con la ejecución del contrato 4600026771 de 2010.

48 Cfr. Folio 215 del cuaderno de pruebas núm. 2 del CD-ROM núm. 1 del expediente.

49 Cfr. Folios 219 y 220 del cuaderno de pruebas núm. 2 del CD-ROM núm. 1 del expediente.

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DOCUMENTOS. Para todos los efectos legales se entienden incorporados a
la presente Acta: a) Contrato 46000026771 de 2010; b) Acta de iniciación; y
c) Recibos a satisfacción […]” (Destacado fuera de texto).

57.14. Copia del auto de apertura de imputación núm. 986 de 25 de octubre de
2013, por medio del cual se imputó responsabilidad fiscal, a título de culpa grave,
al representante legal de la parte demandante, entre otras razones, por lo
siguiente: “[…] Actuó igualmente con CULPA GRAVE, cuando en el contrato
4600026771 de 2010, pese a que las Instituciones Educativas de acuerdo al
calendario académico del año escolar 2010 establecido por la Resolución 08790
de 2009, estuvieron de vacaciones del 6 de diciembre de 2010 al 7 de enero de
2011 y el contrato de aseo de acuerdo al acta de 17 de diciembre de 2010 se
suspendió por el lapso comprendido entre el 17 de diciembre de 2010 al 10 de
enero de 2011; de acuerdo a lo anterior se evidenció que del 17 al 31 de
diciembre no se facturó ni pagó el servicio de aseo, pero el contratista facturó del
1 al 10 de enero de 2011 dicho servicio, cuando el contrato aún se encontraba
suspendido, por tal motivo la auditoría consideró que por este espacio de tiempo
(10 días del mes de enero), se configura un detrimento al patrimonio público,
cuantificado en $531.946.025 […]”50 (Destacado original del texto).

57.15. Copia del documento por medio del cual la parte demandante presentó
descargos dentro del proceso de responsabilidad fiscal y propuso como
excepción de mérito la ausencia de responsabilidad fiscal argumentando que la
parte demandante, en especial su representante legal, no ejerció “[…] durante la
ejecución del contrato o de las 3 adiciones e incluso durante la liquidación del
mismo contrato ninguna actividad que implicara GESTIÓN FISCAL […]”51
(Destacado fuera de texto).

57.16. Copia de certificaciones expedidas por rectores de instituciones
educativas oficiales del Municipio de Medellín, por medio de las cuales indican,
entre otras circunstancias que “[…] durante los años 2009 y 2010 el personal

50 Cfr. Folios 103 a 125 del cuaderno núm. 2 del CD-ROM núm. 1 del expediente.

51 CD ROM núm. 1 de los antecedentes administrativos anexos al expediente.

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del SERVICIO DE ASEO compensó con horas adicionales durante la
semana y los sábados su tiempo de trabajo de las vacaciones […]” 52
(Destacado fuera de texto).

57.17. Copias de documentos por medio de los cuales, quienes prestaron sus
servicios en las instituciones educativas de Medellín manifiestan, aunque no de
manera uniforme, que durante el año 2010 compensaron tiempo de vacaciones
de lunes a viernes durante una hora diaria y 4 horas los sábados53.

57.18. Audio de la declaración rendida por la señora Mariana Bolívar Vásquez,
supervisora de los trabajadores asociados a la parte demandante, en la que
sostiene que entre el 1.° y el 10 de enero de 2011, quienes prestaban servicios
de aseo a las instituciones educativas oficiales del Municipio de Medellín, se
encontraban en período de descanso; sin embargo, aclaró que, para compensar
el tiempo de receso, los empleados trabajaron de lunes a sábado horas
adicionales entre noviembre de 2010 y febrero de 201154.

57.19. Audios de las declaraciones rendidas por empleados de la parte
demandante; de las compañías aseguradoras; y de funcionarios de la Secretaría
de Educación del Municipio de Medellín55.

57.20. Audio de la audiencia de alegatos de conclusión celebrada en las
instalaciones de la Contraloría General del Municipio de Medellín56.

57.21. Audio de la audiencia en la cual se emitió fallo de responsabilidad fiscal,
entre otros, contra la parte demandante57.

52 Cfr. Folios 1 a 33 del cuaderno de pruebas núm. 1 del CD-ROM núm. 1 del expediente.

53 Cfr. Folios 34 a 118 del cuaderno de pruebas núm. 1 del CD-ROM núm. 1 del expediente.

54 CD ROM núm. 2 de los antecedentes administrativos anexos al expediente.

55 CD ROM núm. 2 de los antecedentes administrativos anexos al expediente.

56 CD ROM núm. 3 de los antecedentes administrativos anexos al expediente.

57 CD ROM núm. 4 de los antecedentes administrativos anexos al expediente.

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57.22. Copia del Decreto núm. 626 de 18 de marzo de 2005, “[…] Por medio del
cual se adopta el Manual de Interventoría del Municipio de Medellín […]”58.

Solución del caso concreto

58. Visto el marco normativo en la parte considerativa de esta sentencia y los
problemas jurídicos planteados en esta providencia, la Sala procede a realizar el
análisis del acervo probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo
jurídico, concluir el caso concreto refiriéndose, en primer lugar, a la congruencia
externa de la sentencia proferida en primera instancia; y, en segundo lugar, a los
argumentos planteados en el recurso de apelación.

La gestión y responsabilidad fiscal

59. Esta Sala, empieza por indicar que, de la normativa transcrita supra, se llega
a las siguientes conclusiones:

i) La Contraloría General de la República y las contralorías departamentales y
municipales son las autoridades competentes para ejercer el control y vigilancia
sobre la gestión fiscal que la administración, los particulares, y las entidades,
realicen respecto de los fondos o bienes del Estado; en ejercicio de esa
competencia, una vez establezca la existencia de responsabilidad fiscal, le
compete imponer las sanciones pecuniarias a que haya lugar; recaudar el monto
y ejercer la jurisdicción coactiva.

ii) La Contraloría General de la República y las contralorías departamentales y
municipales ejercen control fiscal sobre los particulares (personas naturales o
jurídicas), siempre que manejen fondos o bienes del Estado, con la finalidad de
verificar que con aquellos se cumplan los objetivos que haya previsto la
administración.

58 CD ROM núm. 6 de los antecedentes administrativos anexos al expediente.

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iii) Determinada la existencia de operaciones fraudulentas o irregularidades, se
debe iniciar el juicio fiscal donde se debe determinar la responsabilidad de los
servidores públicos y de los particulares que, en ejercicio de la gestión fiscal o
con ocasión de esta, por acción o por omisión causaron de forma dolosa o
culposa daño al patrimonio del Estado.

iv) La ley definió la gestión fiscal como el conjunto de actividades económicas,
jurídicas y tecnológicas que realizan los servidores públicos y las personas de
derecho privado (naturales o jurídicas), que manejan o administran recursos o
fondos públicos, entre otras circunstancias, tendientes a la recaudación, manejo
e inversión de sus rentas para cumplir con los fines esenciales del Estado.

v) El objeto de la responsabilidad fiscal es obtener el resarcimiento del daño que
se haya causado al patrimonio público; su característica principal es su carácter
autónomo e independiente; es decir, la acción fiscal y la atribución de
responsabilidad es principal; por tanto, aunque existan otros medios judiciales o
administrativos para obtener la reparación del daño causado al patrimonio del
Estado, aquella se puede ejercer de manera directa.

vi) Legalmente, el daño al patrimonio público está previsto como el menoscabo,
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro a los bienes
o recursos públicos, producto de una gestión fiscal antieconómica, ineficaz,
ineficiente, inequitativa e inoportuna, causado por acción o por omisión de los
servidores públicos o por los particulares que de manera dolosa o culposa
produzcan directamente o contribuyan al detrimento del patrimonio público.

vii) La acción fiscal caduca a los 5 años del hecho generador del daño sin que se
haya emitido auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal; término que
se cuenta desde el día de la realización si se trata de actos o hechos
instantáneos; y desde el último hecho o acto, si aquel es complejo, de tracto
sucesivo, permanente o continuado; el que se haya configurado la caducidad de
la acción fiscal no impide que la reparación del daño causado al patrimonio del

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Estado se pueda obtener mediante acción civil o dentro de un proceso penal
ejercido por la contraloría o por la autoridad pública perjudicada.

viii) El fallo de responsabilidad procede cuando obre prueba que dé certeza del
daño patrimonial y la responsabilidad del investigado; ii) el investigado o quien
rinda exposición libre pueden pedir la práctica de pruebas; iii) el daño al
patrimonio y la responsabilidad del investigado puede demostrarse por cualquier
medio de prueba legalmente reconocido; iv) al proceso de responsabilidad fiscal
se puede trasladar cualquier prueba obrante válidamente en un proceso judicial,
administrativo, disciplinario o de responsabilidad fiscal; v) los hallazgos
encontrados en las auditorías fiscales tienen validez probatoria siempre que se
hayan recaudado cumpliendo los requisitos de ley; vi) toda prueba recaudada sin
el lleno de los requisitos de ley o que afecte los derechos fundamentales del
investigado se debe tener como inexistente; y vii) el investigado puede
controvertir las pruebas a partir de la exposición espontánea en la indagación
preliminar o desde la notificación del auto que da apertura al proceso de
responsabilidad fiscal.

ix) La ley 610 derogó parcialmente la Ley 42, entre ellos, el artículo 83; sin
embargo, el artículo 61 de la Ley 610 conservó, en lo esencial, el texto de la
norma derogada, al indicar: “[…] Cuando en un proceso de responsabilidad
fiscal un contratista sea declarado responsable, las contralorías solicitarán
a la autoridad administrativa correspondiente que declare la caducidad del
contrato, siempre que no haya expirado el plazo para su ejecución y no se
encuentre liquidado […]” (Destacado fuera de texto).

Análisis jurisprudencial sobre la gestión fiscal y su configuración en
relación con los particulares

60. La Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia de 19 de mayo de
2016, proferida dentro del expediente con número único de radicado

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680012333000201301024-0159, explicó que la responsabilidad fiscal
necesariamente debe recaer sobre el manejo o administración de bienes,
recursos o fondos públicos, y respecto de los servidores públicos y particulares
que tengan a su cargo bienes o recursos del Estado sobre los cuales tengan la
capacidad o poder de decisión; de ahí que, en criterio de esta Sala, para atribuir
responsabilidad fiscal, resulte necesario estudiar las funciones a desempeñar por
el funcionario público o el particular. Sobre el citado asunto, se dijo:

“[…] La responsabilidad fiscal se deduce por la afectación del patrimonio
público, tanto en forma dolosa como culposa, en desarrollo de actividades
propias de la gestión fiscal o vinculadas con ella, cumplida por los
servidores públicos y particulares, que manejen o administren bienes y
recursos del Estado.

Vale la pena puntualizar, que la responsabilidad fiscal debe
necesariamente recaer sobre el manejo o administración de bienes y
recursos o fondos públicos, y respecto de los servidores públicos y
particulares que tengan a su cargo bienes o recursos del Estado, sobre
los cuales tengan capacidad o poder decisorio.

Al revisar detenidamente las funciones asignadas a la Jefe de la Oficina
Asesora en mención, se observa que no encajan dentro del concepto de
gestión fiscal, por no estar referidas a la ordenación, control, dirección,
administración y manejo de los bienes o recursos de la entidad, o por
no implicar poder decisorio sobre dichos bienes o fondos.

Además, debe señalarse que la misma denominación del referido cargo “Jefe
de Oficina Asesora de Jurídica”, es la que indica que éste tiene relación con
funciones de asesoría, de conceptuar, absolver consultas y brindar soporte
legal, pero no involucra poder decisorio sobre bienes o recursos del
Estado, elemento necesario para pregonar responsabilidad fiscal […]”
(Destacado fuera de texto).

61. La Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia de 12 de
noviembre de 2015, proferida dentro del expediente con número único de
radicado 050012331000200401667-0160, en relación con la manera en que se
debe determinar el ejercicio de gestión fiscal por un contratista, fue diáfana
cuando expresó, lo siguiente:

59 Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera del Consejo de Estado. Sentencia de 19 de mayo

de 2016. Expediente núm. 680012333000201301024-01. M.P. María Elizabeth García González.
60 Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera del Consejo de Estado. Sentencia de
12 de
noviembre de 2015. Expediente núm. 050012331000200401667-01. M.P. María Claudia Rojas Lasso.

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“[…] La gestión fiscal, como elemento determinante de la
responsabilidad fiscal, se cumple siempre y cuando el particular,
maneje o administre fondos o bienes del Estado que le hayan sido
asignados o confiados, […] para ello lo que procede es recurrir al texto
contractual para determinar con base en el objeto y la forma de pago de
la actividad o servicio pactados, si el particular asumió o no la
administración y el manejo de recursos públicos que lo eleven a la
condición de gestor fiscal […]” (Destacado fuera de texto).

En la misma providencia esta Sección fue diáfana en manifestar, lo siguiente:

“[…] Según las anteriores cláusulas contractuales, el objeto de este contrato
era la implementación de un sistema de información por valor de
USD$285.900 que el IDEA le pagaba a la contratista de forma mensual,
previa presentación de las respectivas facturas y cuentas de cobro. No
se estipuló el pago de anticipo.

De acuerdo con la anterior prueba documental, se tiene acreditado que el
objeto de los contratos suscritos entre el IDEA y la sociedad BAAN
COLOMBIA Ltda., en ningún momento lo constituyó la transferencia de
recursos o de fondos o de bienes de propiedad de la contratante a la
contratista para que ésta los administrara, de tal manera que se le pudiera
reconocer el ejercicio de la gestión fiscal.

Por el contrario, lo que se observa es que los contratos suscritos se
agotaban con la simple ejecución material de unas labores específicas
y el suministro de equipos a cargo de la contratista, con tal de dar
cumplimiento a los objetos contractuales, pero por manera alguna en
el caso sub judice la contratista asumió actividades propias para el
logro de los cometidos estatales del Instituto para el Desarrollo de
Antioquia IDEA, situación hipotética que sí hubiera comportado gestión
fiscal en cabeza de BAAN COLOMBIA Ltda.

De tal suerte que lo que se tiene probado, es que en virtud de la relación
contractual suscrita entre las partes en conflicto, la contratante se
obligaba a pagar a la contratista las facturas de cobro presentadas por
BAAN COLOMBIA Ltda., motivo por el que los dineros pagados por el
IDEA lo fueron a título de pago por la retribución de una obligación
cumplida por la actora, pero no lo fueron porque la contratista hubiera
recibido estos dineros a título de administradora de fondos o bienes
públicos […]” (Destacado fuera de texto).

62. Los pronunciamientos expuestos supra están en concordancia con la
sentencia C-840 del 9 de agosto de 2001, proferida por la Corte Constitucional
que, al hablar sobre la intervención directa o contribución indirecta en la gestión
fiscal ejercida por los servidores públicos o por los particulares, manifestó lo
siguiente:

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“[…] Cuando el daño fiscal sea consecuencia de la conducta de una
persona que tenga la titularidad jurídica para manejar los fondos o
bienes del Estado materia del detrimento, procederá la apertura del
correspondiente proceso de responsabilidad fiscal, sea que su
intervención haya sido directa o a guisa de contribución. En los demás
casos, esto es, cuando el autor o partícipe del daño al patrimonio
público no tiene poder jurídico para manejar los fondos o bienes del
Estado afectados, el proceso atinente al resarcimiento del perjuicio
causado será otro diferente, no el de responsabilidad fiscal. La
responsabilidad fiscal únicamente se puede pregonar respecto de los
servidores públicos y particulares que estén jurídicamente habilitados
para ejercer gestión fiscal, es decir, que tengan poder decisorio sobre
fondos o bienes del Estado puestos a su disposición. Advirtiendo
que esa especial responsabilidad está referida exclusivamente a los
fondos o bienes públicos que hallándose bajo el radio de acción del
titular de la gestión fiscal, sufran detrimento en la forma y condiciones
prescritos por la ley. La gestión fiscal está ligada siempre a unos bienes o
fondos estatales inequívocamente estipulados bajo la titularidad
administrativa o dispositiva de un servidor público o de un particular,
concretamente identificados […]” (Destacado fuera de texto).

63. Ahora bien, es cierto que la Corte Constitucional, en esta providencia, se
pronunció sobre la constitucionalidad de la expresión “[…] o con ocasión de ésta
[…]”, contenida en el artículo 1.° de la Ley 610 de 2000, en el sentido de señalar
que por conexidad próxima y necesaria para con el desarrollo de la gestión fiscal
quienes suscriben contratos con el Estado pueden, eventualmente, ser objeto de
responsabilidad fiscal; sin embargo, la Corte Constitucional aclaró que la
atribución excepcional de responsabilidad fiscal por aplicación de la expresión
citada supra está supeditada a ciertos parámetros, lo que, en criterio de esta Sala,
descarta la posibilidad de que aquella se pueda aplicar de manera objetiva. En
concreto, la Corte Constitucional, señaló:

“[…] 5. Artículo 1 de la ley 610 de 2000.

El demandante sostiene que el artículo 1 de la ley 610 de 2000 vulnera los
artículos 90 y 267 de la Constitución, al establecer que el proceso de
responsabilidad fiscal se adelanta cuando se cause un daño al patrimonio
del Estado por acción u omisión en el ejercicio de la gestión fiscal, o con
ocasión de ésta.

No obstante, de la lectura del cargo se desprende que la acusación del actor
va dirigida solamente contra la expresión “o con ocasión de ésta”, pues
considera que con ella se permite a la contraloría adelantar procesos de
responsabilidad fiscal contra quienes no realizan de manera directa gestión
fiscal, lo cual infringe abiertamente el artículo 267 Superior, a cuyos términos

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el control se ejerce sobre la administración y los particulares o entidades que
manejen fondos o bienes de la Nación.

El artículo 1 de la ley 610 de 2000 define el proceso de responsabilidad fiscal
en la siguiente forma:

El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones
administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y
establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares,
cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por
acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del
Estado.

En primer lugar debe dilucidarse el contenido y alcance de la expresión “con
ocasión de ésta”, a efectos de determinar si con ella se podría dar pie a un
eventual rebasamiento de la competencia asignada a las contralorías en
torno al proceso de responsabilidad fiscal.

Entonces, ¿qué significa que algo ocurra con ocasión de otra cosa? El
diccionario de la Real Academia Española define la palabra ocasión en los
siguientes términos: "oportunidad o comodidad de tiempo o lugar, que se
ofrece para ejecutar o conseguir una cosa. 2. Causa o motivo porque se hace
o acaece una cosa."

A la luz de esta definición la locución impugnada bien puede significar que la
gestión fiscal es susceptible de operar como circunstancia u oportunidad
para ejecutar o conseguir algo a costa de los recursos públicos, causando
un daño al patrimonio estatal, evento en el cual la persona que se aproveche
de tal situación, dolosa o culposamente, debe responder fiscalmente
resarciendo los perjuicios que haya podido causar al erario público.

El sentido unitario de la expresión o con ocasión de ésta sólo se justifica
en la medida en que los actos que la materialicen comporten una
relación de conexidad próxima y necesaria para con el desarrollo de la
gestión fiscal. Por lo tanto, en cada caso se impone examinar si la
respectiva conducta guarda alguna relación para con la noción específica
de gestión fiscal, bajo la comprensión de que ésta tiene una entidad
material y jurídica propia que se desenvuelve mediante planes de acción,
programas, actos de recaudo, administración, inversión, disposición y
gasto, entre otros, con miras a cumplir las funciones constitucionales y legales
que en sus respetivos ámbitos convocan la atención de los servidores públicos
y los particulares responsables del manejo de fondos o bienes del Estado.

De acuerdo con esto, la locución demandada ostenta un rango derivado y
dependiente respecto de la gestión fiscal propiamente dicha, siendo a la
vez manifiesto su carácter restringido en tanto se trata de un elemento
adscrito dentro del marco de la tipicidad administrativa. De allí que, según se
vio en párrafos anteriores, el ente fiscal deberá precisar rigurosamente el
grado de competencia o capacidad que asiste al servidor público o al
particular en torno a una específica expresión de la gestión fiscal,
descartándose de plano cualquier relación tácita, implícita o analógica
que por su misma fuerza rompa con el principio de la tipicidad de la
infracción. De suerte tal que sólo dentro de estos taxativos parámetros

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puede aceptarse válidamente la permanencia, interpretación y aplicación
del segmento acusado.

Una interpretación distinta a la aquí planteada conduciría al
desdibujamiento de la esencia propia de las competencias,
capacidades, prohibiciones y responsabilidades que informan la
gestión fiscal y sus cometidos institucionales.

Consecuentemente, si el objeto del control fiscal comprende la vigilancia del
manejo y administración de los bienes y recursos públicos, fuerza reconocer
que a las contralorías les corresponde investigar, imputar cargos y deducir
responsabilidades en cabeza de quienes en el manejo de tales haberes,
o con ocasión de su gestión, causen daño al patrimonio del Estado por
acción u omisión, tanto en forma dolosa como culposa. Y es que no
tendría sentido un control fiscal desprovisto de los medios y mecanismos
conducentes al establecimiento de responsabilidades fiscales con la
subsiguiente recuperación de los montos resarcitorios. La defensa y
protección del erario público así lo exige en aras de la moralidad y de la
efectiva realización de las tareas públicas. Universo fiscal dentro del cual
transitan como potenciales destinatarios, entre otros, los directivos y
personas de las entidades que profieran decisiones determinantes de gestión
fiscal, así como quienes desempeñen funciones de ordenación, control,
dirección y coordinación, contratistas y particulares que causen perjuicios a
los ingresos y bienes del Estado, siempre y cuando se sitúen dentro de la
órbita de la gestión fiscal en razón de sus poderes y deberes fiscales.

En concordancia con estos lineamientos estipula el artículo 7 de la ley 610:

“(...) únicamente procederá derivación de responsabilidad fiscal cuando el
hecho tenga relación directa con el ejercicio de actos propios de la gestión
fiscal por parte de los presuntos responsables”.

Y a manera de presupuesto el artículo 5 de esta ley contempla como uno de
los elementos estructurantes de la responsabilidad fiscal, “la conducta dolosa
o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal”.
(Destacado original del texto).

En este orden de ideas la Corte declarará la exequibilidad de la expresión
"con ocasión de ésta", contenida en el artículo 1 de la ley 610 de 2000, bajo
el entendido de que los actos que la materialicen comporten una
relación de conexidad próxima y necesaria para con el desarrollo de la
gestión fiscal […]”.

64. Conforme con lo anterior, no toda acción u omisión de los contratistas que
pueda derivar en un detrimento al patrimonio del Estado podrá ser pasible de la
acción fiscal; aceptar lo contrario implicaría que la imputación de responsabilidad
fiscal, respecto de los contratistas, opera de manera objetiva por el hecho de que
aquellos siempre estarán en una relación próxima o cercana a la ejecución de
recursos del Estado y, por ende, a la gestión fiscal.

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65. La Sala, por tener relación directa con el asunto que se estudia y resultar
ilustrativo, considera pertinente referirse al concepto núm. 80112-2008EE6493
de 14 de febrero de 2008 de la Contraloría General de la República.

66. En el concepto citado supra, el máximo ente de control, en relación con la
atribución de responsabilidad fiscal a los contratistas por conexidad próxima y
necesaria con la gestión fiscal entendió que aquella no opera de manera objetiva;
por el contrario, estableció que tratándose de contratistas los funcionarios del
ente de control deben ir más allá para concluir, entre otras, de la esencia de la
actividad que despliega el contratista, la configuración de los requisitos
necesarios para imputar responsabilidad. Sobre el particular, la entidad pública,
expresó:

“[…] 2.3. CONTRATACIÓN ESTATAL. Desarrollo Constitucional.

La Ley 80 de 1993 reformada recientemente por la Ley 1150 de 2007
desarrolló la Constitución Política de 1991 en el tema de la Contratación
Estatal. La función social que prestan los contratistas tiene como
contraprestación unas obligaciones distintas a las del régimen general de
contratación entre los particulares. La celebración de contratos en principio
no es una función del Estado, por ello los fines de la misma no corresponden
de manera homogénea a los fines de la contratación privada […].

La Constitución impone una obligación social que repercute en todos los
temas en que participen los particulares dentro de la función pública, ajeno a
esto no es la contratación. La contratación implica obligaciones en el logro
de los fines estatales […].

Pero donde con más claridad se advierte la relación entre el control fiscal con
su correspondiente responsabilidad y la contratación estatal es en el artículo
65 del estatuto contractual […].

El control fiscal sobre los contratos estatales es entonces una aplicación
directa de las funciones de los organismos de control otorgadas de manera
directa por la Constitución y la ley […].

En todo caso en que el contratista desarrolle con recursos públicos
alguno de los verbos insertos en el artículo 3º de la Ley 610 de 2000 o
alguna otra conducta que implique el manejo o administración de estos
recursos, estaremos ante la inminencia de la gestión fiscal.

Fundamental resulta para el auditor y posteriormente para el
investigador del órgano de vigilancia y control fiscal que es quien hace
el ejercicio silogístico entre la norma y el caso concreto, verificar y
probar la naturaleza de los recursos que han sido afectados. Pues si no

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sabemos cuál es el patrimonio afectado por el daño, no podemos precisar si
se tiene competencia funcional o carecemos de ella.

En materia de contratación estatal es ilustrativo, en los casos en que ya
está determinada la naturaleza pública del patrimonio, examinar en las
obligaciones del contratista, en las cláusulas contractuales, a que título
actúa el particular en cada uno de los casos. Pues no por ser los
recursos estatales necesariamente el contratista es gestor fiscal, sino,
que debe extraerse esta información de la naturaleza del contrato, la
esencia de la actividad que se despliega y el acuerdo de voluntades que
tiene un amplio espacio a partir de la Ley 80 de 1993.

En principio en materia de contratación, la gestión fiscal corresponde a la
administración pública y se desarrolla por servidores públicos; pero ello no
significa, que esta regla general no tenga importantes y amplias excepciones,
que desde luego, pueden ser pactadas por las partes […]” (Destacado
fuera de texto).

67. Conforme con lo expuesto, los contratistas del Estado sí pueden ser objeto
de atribución de responsabilidad fiscal por conexidad próxima y necesaria con la
gestión fiscal, así lo ha aceptado esta Sala61; sin embargo, como se señaló, una
conclusión en ese sentido por la Contraloría General de la República o las
contralorías del nivel territorial debe obedecer al estudio de las diferentes
situaciones que se hayan presentado durante la ejecución de un contrato; para
el caso específico, el de prestación de servicios.

Ausencia de responsabilidad fiscal de la contratista Cooperativa de Trabajo
Asociado Recuperar con ocasión de la ejecución del contrato núm.
4600026771 de 2010

68. La Sala, atendiendo la ley y la jurisprudencia de esta Sección del Consejo de
Estado62 donde, en relación con el ejercicio de gestión fiscal ha precisado que: i)
la Contraloría General de la República y las contralorías territoriales son las
competentes para ejercer el control y vigilancia sobre la gestión fiscal de los
particulares - personas naturales o jurídicas -, siempre que manejen fondos o
bienes del Estado y con la finalidad de verificar que con aquellos se cumplan los

61Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 21 de enero de 2021. Exp.
25000234100020120053401. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
62Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 6 de agosto de 2020. Exp.
76001233100120080125501. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

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objetivos que haya previsto la administración; ii) detectada la existencia de
operaciones fraudulentas o irregularidades, se debe iniciar el juicio fiscal para
determinar la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares que,
en ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de esta, por acción o por omisión,
causaron de forma dolosa o culposa daño al patrimonio del Estado; iii) la gestión
fiscal es posible respecto de servidores públicos y personas de derecho privado
(naturales o jurídicas) que manejen o administran recursos o fondos públicos para
cumplir con los fines esenciales del Estado; iv) la responsabilidad fiscal, por
obligación, recae sobre el manejo o administración de bienes, recursos o fondos
públicos y respecto de los servidores públicos y particulares que tengan a su
cargo bienes o recursos del Estado sobre los cuales necesariamente tengan la
capacidad o poder de decisión; y v) para atribuir responsabilidad fiscal a un
contratista del Estado, es indispensable verificar las cláusulas contractuales y su
actividad; considera que en el asunto bajo estudio el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada contra la sentencia dictada, en primera
instancia, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, no está llamada a
prosperar.

69. La Sala considera que, por su naturaleza o esencia, el contrato núm.
4600026771 de 2010, suscrito entre la parte demandante y el Municipio de
Medellín, Secretaría de Educación, es de aquellos que la Ley 80 de 1993 y la
jurisprudencia del Consejo de Estado reconocen como de prestación de
servicios; lo anterior, porque es incuestionable que la parte demandante se obligó
a prestar unos servicios de aseo y mantenimiento a las 227 instituciones
educativas oficiales de la entidad territorial y esta, a su vez, se comprometió a
pagar, mes vencido, por ese servicio una vez aquel se hubiera recibido a
satisfacción por el interventor del contrato que designó el Municipio de Medellín,
Secretaría de Educación.

70. Ahora bien, la Sala observa que la parte demandada, mediante lo actos
administrativos acusados, le atribuyó responsabilidad fiscal a la parte
demandante por la suma indexada de $331.068.774, con ocasión de la ejecución
del contrato citado supra.

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71. En específico, esta Sala advierte que, para la parte demandada el
representante legal de la Cooperativa de Trabajo Asociado Recuperar era
responsable fiscal por conexidad próxima y necesaria con la gestión fiscal porque
con su actuación contribuyó al detrimento al patrimonio del Estado.

72. En los actos administrativos acusados la parte demandada adujo que a la
parte demandante le era atribuible responsabilidad fiscal porque mediante la
factura de cobro núm. 179121 de 2011, le solicitó a la Secretaría de Educación
de Medellín que le pagara la suma de $869’913.076 por concepto del servicio de
aseo que le prestó entre el 1.° y el 25 de enero de 2011; cobro que, en
consecuencia incluyó, los días comprendidos entre el 1.° y el 10 de enero de
2011 sin tener en cuenta que para esos días: i) el contrato núm. 4600026771 de
2010 estaba suspendido; ii) no existía autorización escrita para que se
compensara el tiempo que no se trabajaría entre el 1.° y el 10 de enero de 2011;
y iii) no se acreditó que el tiempo que fue objeto de cobro se compensó.

73. En los actos administrativos acusados la parte demandada acepta que los
vinculados al procedimiento de responsabilidad fiscal reconocieron que el tiempo
sí se compensó al indicar: “[…] aseguran los implicados, este tiempo fue
compensado entendiendo el horario tal como se dice en la circular, […] es
decir, una hora diaria más al horario habitual de 8 horas […]”; es decir, el
interventor del contrato aceptó que conocía de la existencia de la circular de 24
de noviembre de 2010, así como la compensación de tiempo correspondiente a
los días comprendidos entre 1.° y el 10 de enero de 2011, período en que estaría
suspendido el contrato núm. 4600026771 de 2010 (Destacado fuera de texto).

74. Para esta Sala, el hecho de que el interventor del contrato aceptara que
conocía la circular citada supra y la compensación de tiempos allí dispuesta,
guarda correspondencia con la prueba documental relacionada en el numeral
57.8 de esta providencia, la cual acredita que la parte demandante, mediante
correo electrónico enviado el 24 de noviembre de 2010 al mail
mariomuñoz@medellin.gov.co, asignado al señor Mario Antonio Muñoz Pimienta,

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interventor del contrato, le puso en conocimiento el contenido, se insiste, de la
circular.

75. La Sala observa en los actos administrativos acusados que la parte
demandada no acogió la aceptación que de la existencia de la circular y la
compensación de tiempos realizaron los implicados en el procedimiento de
responsabilidad fiscal; lo anterior, bajo las siguientes consideraciones:

i) la circular se expidió cuando aún no existía suspensión del contrato; ii) en el
contrato no se señaló qué compensación se haría por los días en que estuviera
suspendido; iii) en el acta de liquidación del contrato no se hizo referencia a la
suspensión del contrato ni a la compensación del tiempo; iv) la circular no se
suscribió por el representante legal y el jefe se aseo de la parte demandante; v)
la circular, para su validez ante el contratante, debía estar suscrita por el
representante legal; es decir, existir un acta en la que se estableciera la
compensación del tiempo por los días en que estuvo el contrato suspendido; vi)
no existe prueba que los rectores de las instituciones educativas recibieron la
circular; y vii) el interventor no elaboró los recibos a satisfacción que acrediten
días y tiempo compensado en cada una de las instituciones educativas.

76. La Sala, en estos puntos centra su atención porque respecto a que la circular
se expidió cuando aún no existía la suspensión del contrato no observa de qué
manera podía resultar conducente para atribuir responsabilidad fiscal a la parte
demandante; para la Sala, el hecho de que antes de suspender el contrato se
hubiera dado la directriz de compensar un tiempo que no se trabajaría con
ocasión de las vacaciones en las instituciones educativas, no acredita la
presencia de una irregularidad con la capacidad de materializar una relación
próxima y necesaria con la gestión fiscal, más aún cuando ni en la ley o el contrato
núm. 4600026771 de 2010, se prohíbe actuar en ese sentido.

77. En cuanto a que en el contrato no se señaló qué compensación se haría por
los días en que estuviera suspendido, la Sala considera que tampoco es un
argumento del cual se pudiera deducir una actuación contraria a la contratación

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estatal; por el contrario, en el parágrafo 3.º de la cláusula décima del contrato, el
Municipio de Medellín, Secretaría de Educación, autorizó al interventor para “[…]
realizar ajustes y modificaciones a los aspectos técnicos del objeto del mismo
[…]” dentro de los cuales, como se dejó sentado en el numeral 57.5 de esta
providencia, se encontraban los de: i) reunirse con el coordinador del contratista
para discutir novedades referentes al desarrollo del contrato; y ii) labores
de aseo y su periodicidad; distinto es que el interventor, faltando a sus
obligaciones legales, obviara informar directamente al Municipio de Medellín,
Secretaría de Educación, que se compensaría un tiempo durante el cual los
colegios oficiales del municipio estarían en vacaciones; responsabilidad que bajo
ningún aspecto puede ser atribuible a la parte demandante, más aún cuando en
el expediente está demostrado que esta, el 24 de noviembre de 2010, sí remitió
al Subsecretario de Educación del Municipio de Medellín, mediante correo
electrónico, copia de la circular.

78. La Sala, respecto a que en el acta de liquidación del contrato no se hizo
referencia a la suspensión del contrato ni a la compensación del tiempo, debe
decir que de acuerdo con el manual de interventoría del Municipio de Medellín,
esa obligación no existe, de manera que, aducir como una falta la inexistencia de
una referencia escrita a los aspectos citados supra, para colegir que sí se incurrió
en responsabilidad fiscal, se traduce en exigir el cumplimiento de un requisito no
previsto en el ordenamiento jurídico.

79. En referencia a que la circular no se suscribió por el representante legal y el
jefe se aseo de la parte demandante y que, para su validez ante la parte
demandante tenía que estar suscrita por el representante legal y existir un acta
en la que se estableciera la compensación del tiempo por los días en que estuvo
suspendido el contrato, la Sala considera que la parte demandante no explicó de
dónde concluyó que la circular, por medio de la cual se comunicó la
compensación de tiempos, para su validez, debía estar suscrita por el
representante legal de la parte demandante; tampoco indicó cuál fue la razón de
orden jurídico o contractual para determinar que se requería de la suscripción de
un acta por medio de la cual se estableciera la compensación del tiempo por el

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tiempo en que estuvo suspendido el contrato; es decir, el estudio para deducir la
existencia de responsabilidad fiscal no descansa en argumentos sólidos que
permitieran colegir, por acción u omisión, detrimento al patrimonio del Estado por
conexidad próxima y necesaria con la gestión fiscal.

80. Esta Sala, acerca de que en el expediente administrativo no existía prueba
que los rectores de las instituciones educativas habían recibido la circular, debe
resaltar que la afirmación es contraria a la realidad porque está probado, en el
numeral 57.8. de esta providencia, que la Cooperativa de Trabajo Asociado
Recuperar, mediante correo electrónico del 24 de noviembre de 2010, remitió a
cada una de las instituciones educativas del Municipio de Medellín, copia de la
circular informándoles sobre la compensación de tiempos; tanto que dentro de
las pruebas que aportó la parte demandada existen varias certificaciones
expedidas por rectores en las que sostienen que los trabajadores asignados a
sus instituciones educativas sí compensaron el tiempo; documentos que no se
han tachado de falsos.

81. La Sala acepta que las certificaciones no se expidieron por las 227
instituciones educativas en que se prestaron los servicios de aseo y
mantenimiento; sin embargo, el hecho de que no se contara con la totalidad de
las certificaciones no podía ser un argumento válido para concluir que el servicio
no se prestó y que, por ello, la parte demandante cobró un servicio que nunca
existió incurriendo con ello en una relación próxima y necesaria con la gestión
fiscal causante del detrimento al patrimonio del Estado.

82. En criterio de esta Sala, no se puede desconocer que dentro de la actuación
administrativa63 se practicaron varias declaraciones y se recaudaron documentos
suscritos por trabajadores de la parte demandante quienes manifestaron que sí
compensaron el tiempo durante el cual el contrato núm. 4600026771 de 2010 se
encontraría suspendido; no obstante, la parte demandada desestimó las pruebas

63 Aunque dentro de los actos administrativos la parte demandada manifiesta que los documentos
pertenecen a la sociedad Brilladora la Esmeralda, esta Sala observa que a la actuación administrativa sí se
aportaron documentos y declaraciones relacionados con la Cooperativa de Trabajo Asociado Recuperar y a
estos es que se alude en esta providencia.

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porque en su parecer se trataba de meras afirmaciones carentes de prueba,
como si en esta materia la ley hubiera establecido como tarifa legal la
demostración mediante documento escrito.

83. Ahora bien, la Sala acepta lo expuesto en el fallo de responsabilidad fiscal
respecto a que el Subsecretario de Educación de Medellín, señor Luis Alfonso
Barrera Sossa, manifestó que él era el encargado de gestionar para el personal
que trabajaba en aseo todo lo relacionado a sus labores por fuera del horario y
el envío de avisos y comunicaciones en ese sentido; sin embargo, tampoco
puede desconocer que este funcionario de la entidad territorial admitió que era
obligación del interventor avisarle cualquier novedad; es decir, si el interventor no
informó que la parte demandante estaba autorizada para compensar tiempo, tal
actuar no es imputable a aquella; además no se comprende de qué manera el
funcionario citado supra pretendía evadir su responsabilidad, cuando dentro del
expediente está acreditado que mediante correo electrónico de 24 de noviembre
de 2010 se le dio a conocer el contenido de la circular por medio de la cual se
informaba la manera en que el tiempo durante el cual la instituciones educativas
se encontrarían en vacaciones se compensaría.

84. Véase como, la parte demandada señaló que el Subsecretario de Educación
de Medellín no dejó “[…] la mínima anotación frente a la manida compensación
laboral y se conformó con los comentarios de oídas en el sentido de que en
algunas instituciones se estaba compensando […]”; lo anterior denota que el
funcionario sí tenía conocimiento de la existencia de una compensación de
tiempos, diferente es que por acción o por omisión la haya consentido, incluso al
momento de firmar el acta de liquidación del contrato donde no objetó o dejó
anotación sobre el hecho de la suspensión que fue objeto de investigación y, por
el contrario, incluyó dentro del objeto de la liquidación el “[…] concepto de
servicios prestados del 01 de enero al 25 de enero […]” de 2011 (Destacado
fuera de texto).

85. En criterio de esta Sala, la conducta descrita no puede ser trasladada a la
parte demandante para señalar que, como el Subsecretario de Educación de

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Medellín no dejó documento escrito en el que precisara: i) qué tiempo se
compensó; ii) la coordinación de la extensión de horarios; y iii) aviso a los
vigilantes de las instituciones educativas, ello se constituía en prueba para
concluir “[…] que no hubo compensación del 1 al 10 de Enero de 2011 […], motivo
por el cual la parte demandante realizó el cobro y recibió el pago de un servicio
que no prestó derivando en una relación próxima y necesaria con la gestión fiscal
causante del detrimento al patrimonio del Estado.

86. La Sala, en cuanto a que el interventor no elaboró los recibos a satisfacción
que acrediten días y tiempo compensado en cada una de las instituciones
educativas no es prueba de que el tiempo no se haya compensado; por el
contrario, las actuaciones del Subsecretario de Educación de Medellín; del
interventor designado por el Municipio; y las pruebas testimoniales y
documentales aportadas al proceso demuestran que existía autorización y el
tiempo sí se compensó; además, en el acta final de liquidación se dejó sentado
que dentro de los documentos presentados se encontraban los recibos a
satisfacción expedido por el interventor; entonces, si la administración municipal
no aportó al procedimiento administrativo los recibos a satisfacción, se insiste, no
es una conducta imputable a la parte demandada porque contractualmente el
pago procedía cuando esta aportara la factura de cobro acompañada de todos
los soportes de recibo a satisfacción del servicio prestado por parte del
interventor; de ahí que si eventualmente el funcionario no cumplió con su deber
contractual, fue su actuación la que en principio condujo a que se pagara la
factura de cobro que incluía el cobro de compensación de tiempo por los días
comprendidos entre el 1.° y el 10 de enero de 2011.

87. La Sala, de los actos administrativos acusados advierte que la parte
demandada aceptó que si bien “[…] el señor ARMANDO MONTOYA BAENA,
quien fungió como Contratista y representante legal de Recuperar, no puede ser
catalogado como gestor fiscal […]”; dicha circunstancia no lo liberaba de
responsabilidad fiscal en los términos de la sentencia C-840 de 2001 de la Corte
Constitucional porque “[…] los particulares también son susceptibles de ser
responsabilizados fiscalmente por conexidad próxima y necesaria con la

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gestión fiscal […]”; de lo que concluyó que “[…] el señor ARMANDO MONTOYA
BAENA, dada su calidad de Contratista y teniendo en cuenta su
comportamiento, el cual estribó en disponer los cobros mensuales del
contrato No 4600026771 de 2010 según documentación obrante, entre los
cuales se encuentra la factura No 179121 del 1 de julio de 2010, que incluyó
los días del 1 a 10 de Enero de 2011, lapso para el cual el contrato
4600026771 se encontraba suspendido y tiempo que conforme al análisis
probatorio ut-supra no se compensó […] lo erige en presunto responsable
de segundo orden o indirecto […]” (Destacado fuera de texto).

88. La Sala, sin embargo, atendiendo los argumentos expuestos supra considera
que en este especifico asunto no se reunían los presupuestos necesarios para
afirmar que la actuación desplegada por la parte demandante la constituía en
responsable fiscal por conexidad próxima y cercana con la gestión fiscal, en el
entendido que está acreditado que: i) el Subsecretario de Educación de Medellín
conocía el contenido de la circular de 24 de noviembre de 2010; y ii) documental
y testimonialmente se demostró que el tiempo sí se compensó.

89. En criterio de esta Sala, la atribución de responsabilidad fiscal contra la parte
demandante por conexidad próxima y cercana con la gestión fiscal, procedería
si: i) dentro del expediente no obrara prueba de la compensación de los tiempos;
ii) que los funcionarios del Municipio de Medellín nunca tuvieron conocimiento de
la existencia de esa compensación; y iii) que, en efecto, el pago se obtuvo
fraudulentamente mediante la presentación de una cuenta de cobro sin el lleno
de los requisitos contractuales; no obstante, ninguna de las situaciones
numeradas está demostrada, motivo por el cual, en principio, no se advierte que
a la parte demandante se le pudiera atribuir responsabilidad fiscal.

90. Ahora bien, la Sala reconoce que entre el 1 y el 10 de enero de 2011 el
contrato núm. 4600026771 de 2010 se encontraba suspendido y que la factura
que se presentó para el cobro envolvía esos días sin consideración a que el
tiempo compensado al parecer se dio entre noviembre y diciembre de 2010 y
enero y febrero de 2011; sin embargo, esta situación en relación con la parte

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demandante podría ser causa de investigación; sin embargo, no de una de
carácter fiscal porque está demostrado, de acuerdo con la naturaleza del contrato
de prestación de servicios y las cláusulas contractuales en él inmersas, que el
servicio se prestó y se recibió; en consecuencia, cualquier actuación que se
pudiera adelantar contra la Cooperativa de Trabajo Asociado Recuperar y su
representante legal sería de otra clase pero, se insiste, no de carácter fiscal.

91. La Sala considera que el argumento de la parte demandada, según el cual,
de conformidad con el artículo 119 de la Ley 1474 de 2011, existe responsabilidad
solidaria entre el ordenador del gasto, los contratistas y quienes coadyuven con
el detrimento patrimonial, motivo por el cual a la parte demandante sí se le podía
atribuir responsabilidad fiscal, no está llamado a prosperar porque, en el caso
concreto, ante la probada ausencia de prueba que la actuación de la parte
demandante sí está en conexidad próxima y necesaria con la gestión fiscal,
tampoco es posible hablar, en el caso concreto, de responsabilidad solidaria; la
conclusión anotada encuentra asidero en la sentencia C-338 de 4 de junio de
201464, conforme a la cual “[…] La aplicación de los efectos de
la solidaridad sólo tiene lugar ante la existencia de un presupuesto jurídico:
que se sea responsable en materia fiscal. Una vez esto ha sido determinado,
lo único que la naturaleza solidaria de la obligación permite es el cobro del total
de los perjuicios causados a cualquiera de los deudores que, con base en su
actuar doloso o gravemente culposo, hayan sido encontrados responsables
[…]” (Destacado fuera de texto).

92. Para la Sala, en cuanto a los argumentos de la apelación que interpuso el
Municipio de Medellín, en el sentido de que la condena por indexación debió
dirigirse en contra de la Contraloría General de Medellín por ser la entidad que
expidió los actos administrativos acusados; considera que, en efecto, el a quo
debió disponer que esa indexación la reconociera el ente de control en el
entendido que fue la actuación que adelantó la causante de los perjuicios a la

64 Corte Constitucional. Sentencia de 4 de junio de 2014. M.P. Alberto Rojas Ríos.

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parte demandante; en consecuencia, en este aspecto se modificará la sentencia
proferida en primera instancia.

Conclusiones de la Sala

93. Esta Sala, atendiendo lo anterior, considera que la sentencia de 23 de octubre
de 2019, proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de
Antioquia se debe confirmar en lo que respecta a los ordinales primero, tercero y
cuarto; y modificar en lo relacionado con el restablecimiento del derecho previsto
en el ordinal segundo; lo anterior porque: i) se encuentra demostrado que la parte
demandante, con su actuar y en este específico asunto, no incurrió en gestión
fiscal por conexidad próxima y necesaria; y ii) los actos administrativos anulados,
expedidos por la parte demandada, ocasionaron el perjuicio que pide resarcir la
parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia, en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR los ordinales primero, tercero y cuarto de la sentencia
proferida, en primera instancia, el 23 de octubre de 2019, por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal segundo de la sentencia proferida, en
primera instancia, el 23 de octubre de 2019, por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, el cual quedará como se señala a continuación:

“[…] SEGUNDO: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho,
SE ORDENA al Municipio de Medellín que reintegre a la Cooperativa de
Trabajo Asociado Recuperar, el dinero que le entregó con el fin de dar
cumplimiento al fallo de responsabilidad fiscal contenido en la Resolución

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Núm. único de radicación: 050012333000201801146 01
Demandante: Cooperativa de Trabajo Asociado Recuperar

núm. 011 de 6 de diciembre de 2017; confirmado mediante auto de 2 de
enero de 2018, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

A título de restablecimiento del derecho, se CONDENA a la Contraloría
General de Medellín, a pagar a la Cooperativa de Trabajo Asociado
Recuperar, la indexación de la suma que el Municipio de Medellín entregue
a la parte demandante, con ocasión del cumplimiento de lo dispuesto en esta
providencia […]”.

TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de Antioquia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
Con salvamento de voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNADO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Con salvamento de voto

JAIME HUMBERTO TOBAR ORDÓÑEZ
Conjuez

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial, SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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