Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00695-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-00695-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-00695-00
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
26 de febrero de 2026
Demandante: Javier González Mosquera
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
Rad: 11001-03-15-000-2026-00695-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Veintiséis (26) de febrero dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00695-00
Demandante: JAVIER GONZÁLEZ MOSQUERA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA
Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara la improcedencia
de la acción por no cumplir el requisito de la inmediatez.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la sala a resolver la solicitud formulada por la parte actora, en ejercicio
de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 constitucional y desarrollada
en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de la
Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Mediante escrito radicado el 2 de febrero de 2026, el señor Javier González
Mosquera, en nombre propio, promovió acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Tolima, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia e
igualdad.
Esto, con ocasión de la sentencia la sentencia de segunda instancia del 26 de
junio de 20251, dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 73001-33-33-007-2020-00107-01, que promovió el
actor contra la Contraloría Municipal de Ibagué.
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Que revocó la decisión de primera instancia proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo
del Circuito Judicial de Ibagué que había accedido parcialmente a las pretensiones de la
demanda para, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda ordinaria.
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Demandante: Javier González Mosquera
Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
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1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte accionante solicitó:
PRIMERO: TUTELAR mis derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA e IGUALDAD.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia
proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA el 26 de junio de
2025, dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Rad.
73001-33-33-007-2020-00107-01.
TERCERO: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA que
profiera una nueva sentencia en la que se acaten los precedentes
jurisprudenciales del Consejo de Estado sobre la calidad de gestor fiscal en
contratistas, reconociendo que la ausencia de poder decisorio y de disposición
de fondos impide la configuración de la responsabilidad fiscal, y en
consecuencia, CONFIRME la sentencia de primera instancia que accedió a las
pretensiones de la demanda.
1.3. Hechos
La parte accionante sostuvo que suscribió el contrato de prestación de servicios
número 036 de 2014 con el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación
de Ibagué (IMDRI) para prestar apoyo profesional como contador en funciones
de tesorería, con labores de asesoría, revisión y elaboración operativa, sin
facultades decisorias ni ordenación del gasto.
Expuso que la Contraloría Municipal de Ibagué adelantó en su contra el proceso
de responsabilidad fiscal número DRF-060 y, mediante auto número 010 de
2019 (confirmado posteriormente), lo declaró responsable fiscal solidario por un
presunto detrimento patrimonial, al considerar que ejerció gestión fiscal como
contratista.
Señaló que presentó una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, y que el Juzgado Séptimo Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Ibagué, en sentencia del 13 de junio de 2023, accedió a
las pretensiones de la demanda al anular los actos acusados pues en su
calidad de contratista, no tenía poder decisorio ni calidad de gestor fiscal, ya
que sus funciones eran de revisión y no de disposición de recursos.
Mencionó que, la contraloría apeló la decisión, y que el Tribunal Administrativo
del Tolima, mediante sentencia del 26 de junio de 2025, revocó el fallo de
primera instancia y denegó lo pretendido, al considerar que existía una
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conexidad próxima y necesaria con la gestión fiscal y que las funciones de
revisar y elaborar cheques implicaban custodia y en tal sentido se trataba de un
fiscal.
1.4. Sustento de la petición
El actor sostuvo que cumple con los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela, particularmente el de la relevancia constitucional, al considerar
que se vulneró el debido proceso al imponérsele una responsabilidad a él como
particular contratista sin que se configuraran los elementos estructurales para
ello.
1.4.1. Defecto material o sustantivo:
Sostuvo que se configuró tal vicio puesto que el tribunal demandado interpretó
de manera errónea el concepto de gestión fiscal del artículo 3º de la Ley 610 de
2000, pues él fungió como contratista sin ningún poder decisorio.
Indicó que al equiparar la función de «informar falencias» con el verbo rector de
«custodiar» fondos públicos, el tribunal realizó una interpretación extensiva y
analógica inconstitucional en materia sancionatoria y con ello desconoció que la
custodia implica la tenencia material y jurídica del bien, lo cual nunca ostentó,
pues no tuvo poder de disposición sobre los recursos.
1.4.2. Desconocimiento del precedente
Refirió que el tribunal desconoció la línea jurisprudencial vigente del Consejo de
Estado, Sección Primera, que establece que para imputar responsabilidad fiscal
a un contratista por «conexidad próxima y necesaria», se debe probar que este
tenía capacidad decisoria y que su conducta fue determinante.
Citó las sentencias del 9 de marzo de 2023 dictada en el expediente 25000-23-
41-000-2019-00243-01 y la del 25 de agosto de 2022 proferida en el proceso
05001-23-33-000-2018-01146-01, según las cuales la responsabilidad fiscal por
conexidad no es objetiva ni automática, pues requiere analizar en concreto la
naturaleza real de la actividad desarrollada.
1.4.3. Defecto fáctico
Manifestó que el tribunal demandado omitió valorar que, conforme al contrato,
sus funciones se limitaban a sugerir, revisar e informar, sin delegación de la
ordenación del gasto ni del manejo de cuentas bancarias.
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Adujo que, de manera errónea, equiparó «revisar traslados» con «realizarlos» o
«manejarlos», con lo que se ignoró la prueba documental (el contrato) que
acreditaba su rol como asesor externo sin poder decisorio.
1.5. Trámite
Mediante auto del 5 de febrero de 2026, se admitió la solicitud de tutela y, en
consecuencia, se ordenó la notificación de los magistrados que integran el
Tribunal Administrativo del Tolima.
A su vez, se dispuso la vinculación del contralor Municipal de Ibagué (Tolima) y
del juez Séptimo Administrativo del mencionado circuito judicial, en calidad de
tercero con interés en el resultado del proceso. Asimismo, se requirió el
expediente ordinario objeto de demanda.
1.6. Contestaciones e intervenciones
1.6.1. Tribunal Administrativo del Tolima
El magistrado ponente de la decisión acusada se opuso a las pretensiones de la
demanda y solicitó que se deniegue el amparo deprecado, al considerar que no
solo hizo una valoración normativa y jurisprudencial aplicable al caso bajo
estudio, sino que valoró rigurosamente cada una de las pruebas aportadas al
proceso.
Indicó que, por ello el actor no puede alegar una errónea o arbitraria valoración
normativa en cuanto al concepto de gestión fiscal, y tampoco que se haya
desconocido el precedente judicial, que afectaran los derechos fundamentales
del accionante, como lo son el debido proceso, igualdad, y acceso a la
administración de justicia.
Resaltó que, la providencia proferida en segunda instancia no fue producto de
una interpretación errónea de la norma, en especial del concepto de gestión
fiscal, ni del desconocimiento del precedente judicial, sino que responden al
análisis riguroso no solo del caudal probatorio allegado al proceso, sino de las
normas y jurisprudencia aplicables.
1.6.2. Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué
La titular del despacho relató las actuaciones surtidas en el proceso ordinario
objeto de demanda, tales como las decisiones emitidas y aportó el enlace virtual
del expediente en mención.
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1.6.3. Contraloría Municipal de Ibagué (Tolima)
Esta entidad solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela o en
su defecto, se deniegue lo pretendido por el accionante.
Expuso que no se incurrió en el defecto sustantivo porque el reproche del
accionante se limitó a afirmar que su vínculo contractual o su denominación
funcional excluían, por sí mismos, la posibilidad de ser considerado gestor
fiscal.
Afirmó que la determinación relativa a si el contenido material de sus funciones
encajaba en la noción de gestión fiscal es un asunto de interpretación propio del
proceso ordinario, mas no una arbitrariedad que habilitara la acción de tutela,
más aún cuando la providencia se encuentra motivada y sustentó la relación
entre hechos y normas aplicables.
Mencionó que no se configuró el defecto sustantivo por proponer una
interpretación distinta del alcance de la gestión fiscal, pues se requiere una
irregularidad manifiesta y determinante, y lo que se cuestiona ya fue objeto de
debate en el proceso ordinario y resuelto por el juez natural.
Refirió que no se estructuró el desconocimiento de precedente, ya que el actor
no identificó una regla jurisprudencial concreta, vigente y obligatoria que hubiera
sido inaplicada, limitándose a una afirmación genérica.
Finalmente, sostuvo que tampoco se estructuró defecto fáctico, pues no señaló
qué prueba decisiva fue omitida o tergiversada ni demostró que ello hubiera
sido determinante, sin superar así el estándar de especificidad exigido para
desvirtuar la presunción de acierto de las decisiones judiciales.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta sala es competente para conocer de la primera instancia de la acción de
tutela adelantada contra la decisión judicial demandada, según lo previsto en
los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 20152, así como en el Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019.
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Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
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2.2. Problema jurídico
Corresponde a la sala verificar si se vulneraron los derechos fundamentales de
la parte actora con ocasión de la sentencia de segunda instancia del 26 de junio
de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 73001-33-
33-007-2020-00107-01, el cual promovió el actor contra la Contraloría Municipal
de Ibagué, por incurrir en los defectos sustantivo, desconocimiento del
precedente y fáctico.
Así las cosas, se revisarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la Sección
sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el
estudio sobre los requisitos de procedencia adjetiva y, finalmente, de
encontrarse superados se estudiará (iii) el fondo del asunto.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20123, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:
…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración
de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal
criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.4
Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es
necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como
expresamente lo indica la decisión de unificación.
3
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González. Negrilla fuera de texto.
4
Ibidem.
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Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima
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Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…». En efecto, sabido es que la tutela constituye
un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede
ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –
procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.5
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión
sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que
la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.4. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva
2.4.1. Inmediatez
En relación con dicho presupuesto general de procedencia, es oportuno indicar
que la acción de tutela fue estatuida por el constituyente con el objeto de
5
Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de
2004 y C-590 de 2005.
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proveer una protección inmediata de los derechos fundamentales conculcados,
lo que supone que el amparo sea rápido, urgente, actual y eficaz. 6
De ahí que el presupuesto objeto de estudio exija que la tutela se presente tan
pronto se produce el hecho, acto u omisión al que se le atribuye la vulneración
de los derechos fundamentales o por lo menos dentro de un término prudencial
y consecuencial a su ocurrencia.
En criterio de la Sección, el plazo prudencial es de 6 meses contados desde la
ocurrencia del hecho generador –el cual se calcula desde el día hábil siguiente
a la ejecutoria de la última providencia judicial cuestionada– que da lugar a la
solicitud de protección y la presentación de esta y cuando este es excesivo se
declara su improcedencia.
A pesar de lo anterior, en cada caso concreto se estudia si median razones
suficientes que justifiquen el retardo, para que se flexibilice su consideración y
se pueda entrar al fondo del debate jurídico planteado, tales circunstancias
fueron fijadas por la Corte Constitucional en sentencia T-256 de 2015, cuya
tesis es acogida por esta Sala como criterio auxiliar, en los siguientes términos:
i) [E]xista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo,
el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad,
incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un
nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los
derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es
permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy
antiguo respecto de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del
actor derivada del irrespeto por sus derechos, continúa y es actual.7
La parte actora consideró vulneradas sus garantías constitucionales con
ocasión de la sentencia de segunda instancia del 26 de junio de 20258, dictada
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado 73001-33-33-007-2020-00107-01, que promovió el actor contra la
Contraloría Municipal de Ibagué.
Según constancia de ejecutoria de dicha sentencia, esta se notificó a las partes
el 7 de julio de 2025 y los «días 10, 11 y 14 de julio de 2025 transcurrió el
6
El artículo 86 de la Carta prevé que «toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante
los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos...».
7
Ver sentencias T-016 de 2006, T-1044 de 2007, T-166 de 2010 y T-576 de 2010.
8
Que revocó la decisión de primera instancia proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo
del Circuito Judicial de Ibagué que había accedido parcialmente a las pretensiones de la
demanda para, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda ordinaria.
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término de ejecutoria, lapso que feneció sin reproches», mientras que la acción
de tutela se promovió mediante escrito del 2 de febrero de 2026.
Por lo que, desde que cobró ejecutoria la providencia hasta la fecha de
radicación de este mecanismo constitucional ha transcurrido más de los 6
meses que se consideran oportuno para ello.
Esto quiere decir que no se cumplió el presupuesto de procedibilidad analizado,
pues aquel no es un término que se considere razonable para acudir al juez
constitucional, dado que el paso prolongado del tiempo permite deducir que se
ha disipado la gravedad de la lesión y la urgencia de la protección deprecada,
desvirtuándose así la inminencia de la afectación.
Es necesario recordar que controvertir una providencia judicial supone
cuestionar principios como los de cosa juzgada y seguridad jurídica, por lo que
el juicio sobre el requisito de la inmediatez en este tipo de asuntos resulta ser
estricto, máxime cuando solo se requiere que la decisión cuestionada se
encuentre ejecutoriada para que la persona acuda ante el juez constitucional
para solicitar el amparo de sus derechos, por lo que se impone al interesado
que lo haga en un plazo pertinente, salvo justificación razonable, carga que le
corresponde alegar a la parte accionante, la cual se echa de menos en el
presente caso.
Finalmente, advierte que la parte accionante no manifestó argumento alguno
para justificar el retardo para promover la acción de tutela en un término
razonable o para aplicar las excepciones que permiten flexibilizarlo, ni se
encuentran elementos de un perjuicio irremediable; por lo que no hay lugar a
entender, eventualmente, por superado el referido requisito.
En consecuencia, se declarará improcedente la solicitud de tutela toda vez que
carece del presupuesto de la inmediatez.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Javier González Mosquera por no cumplir el requisito de la inmediatez.
SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
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TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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