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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2018-01478-01

Fecha
23 de febrero de 2026
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2018-01478-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 28 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso. CUARTO: NEGAR las agencias en derecho por la segunda instancia. QUINTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-33-000-2018-01478-01

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

23 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintitrés (23) de febrero dos mil veintiséis (2026)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 05001233300020180147801 (72744)
Demandante: VIRI BIBIANA ATEHORTÚA ZULETA Y OTROS
Demandado: NACION - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO
NACIONAL Y OTROS

Tema: Responsabilidad del Estado por muerte de civil a manos de
actores armados ilegales. Caducidad del medio de control de
reparación directa en eventos de lesa humanidad - aplicación
de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020
proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 28 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que declaró probada la excepción de caducidad del medio de control y
negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

En horas de la tarde del 5 de abril de 1997, Jorge Enrique Atehortúa Sánchez se
encontraba en una cafetería frente del Hospital La Anunciación del municipio de
Guarne y a escasos 400 metros de la estación de Policía de esa localidad, cuando
arribaron varios hombres armados quienes se identificaron como miembros de las
ACCU, identificaron al señor Atehortúa Sánchez y le exigieron salir del lugar, una
vez en la calle, le propinaron varios disparos con arma de fuego, causándole la
muerte.

Los demandantes consideran que la Nación - Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República - Ministerio del Interior - Ministerio de Defensa –
Policía Nacional – Ejército Nacional son patrimonialmente responsables por la

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Demandante: Viri Viviana Atehortúa Zuleta y otros

muerte de Jorge Enrique Atehortúa Sánchez, pues, aunque para la época de los
hechos tenían conocimiento de que los grupos paramilitares operaban en el
municipio de Guarne y sus alrededores y la Policía Nacional fue alertada de lo que
estaba pasando a Jorge Enrique Atehortúa Sánchez, las autoridades no evitaron
el homicidio de su familiar.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 6 de julio de 20181, María Soledad Sánchez Hoyos, Jaime León Atehortúa
Sánchez, Iván Darío Atehortúa Sánchez, Jairo Alberto Atehortúa Sánchez, Ramiro
Adolfo Atehortúa Sánchez, Margarita María Atehortúa Sánchez y Beatriz Elena
Atehortúa Sánchez, quienes actúan en nombre propio y en representación de la
sucesión de Jairo León Atehortúa Ospina; así como Viri Bibiana Atehortúa Zuleta,
John Alexander Atehortúa Sánchez y Danilo Esteban Atehortúa Cardona,
mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación
directa, presentaron demanda en contra de la Nación - Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República - Ministerio del Interior - Ministerio
de Defensa – Policía Nacional – Ejército Nacional para que se les declarara
patrimonialmente responsables por la muerte de Jorge Enrique Atehortúa
Sánchez, ocurrida el 5 de abril de 1997, en el municipio de Guarne, Antioquia.

Como pretensiones de su demanda, los actores solicitan condenar a las
accionadas a pagarles, por perjuicios morales, el equivalente a 400 SMLMV para
María Soledad Sánchez Hoyos y la sucesión de Jairo León Atehortúa Ospina; 300
SMLMV para Jaime León Atehortúa Sánchez, Iván Darío Atehortúa Sánchez, Jairo
Alberto Atehortúa Sánchez, Ramiro Adolfo Atehortúa Sánchez, Margarita María
Atehortúa Sánchez y Beatriz Elena Atehortúa Sánchez y; 200 SMLMV para Viri
Bibiana Atehortúa Zuleta, John Alexander Atehortúa Sánchez y Danilo Esteban

1 Páginas 1 a 89 del archivo “3ED_001Demandapdf(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.pdf”, y
páginas 1 a 45 pdel archivo “11ED_010ReformaAdmiteDdap(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua
2.pdf”, del expediente digital, índice 2, Samai.

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Demandante: Viri Viviana Atehortúa Zuleta y otros

Atehortúa Cardona; por daño a la salud y daños por afectación a bienes
convencional y constitucionalmente protegidos, las mismas cantidades antes
referidas para cada uno de los demandantes; por lucro cesante, la suma de
$1.203’070.370 para María Soledad Sánchez Hoyos; y, por daño emergente, la
suma de $11’725.324 para María Soledad Sánchez Hoyos.

Seguidamente, como medidas de satisfacción, solicitaron exhortar a las
autoridades judiciales para dar impulso a la investigación penal por el homicidio de
Jorge Enrique Atehortúa Sánchez, realizar un acto de reconocimiento y de
disculpas públicas en el municipio de Guarne por la muerte de aquel y que las
demandadas se comprometan a no incurrir en conductas violatorias de los
derechos humanos.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, en horas de la
tarde del 5 de abril de 1997, Jorge Enrique Atehortúa Sánchez se encontraba en
una cafetería frente del Hospital La Anunciación del municipio de Guarne y a
escasos 400 metros de la estación de Policía de esa localidad, cuando arribaron
varios hombres armados quienes se identificaron como miembros de las ACCU,
identificaron al señor Atehortúa Sánchez y le exigieron salir del lugar, una vez en
la calle, le propinaron varios disparos con arma de fuego, causándole la muerte.
Incluso, que uno de los sujetos armados le quitó al occiso una cadena de oro y
luego, sin prisa, los criminales huyeron del lugar.

Manifiesta que, esa tarde, la madre de Jorge Enrique Atehortúa Sánchez, María
Soledad Sánchez Hoyos, desde su casa y en compañía de algunos de sus hijos,
escuchó los disparos, se asomó a la ventana y observó que su hijo Jorge Enrique
estaba tirado en el piso, razón por la que “inmediatamente llamaron a la Policía al
igual que algunos conocidos del sector y pese a que desde la Estación
escucharon los disparos y podían acudir en captura de los agresores
considerando el tiempo en que tardaron los victimarios en marcharse, atendieron
el llamado de manera tardía”.

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Demandante: Viri Viviana Atehortúa Zuleta y otros

Indica que, posteriormente, en una de sus versiones libres, Ricardo López Lora
alias “El Marrano” quien se encontraba postulado a la ley de justicia y paz,
manifestó que “su accionar y el de los demás miembros de la organización
delictual a la que pertenecía estaba encaminado o tenía como propósito eliminar
todo posible foco subversivo y así se lo habían ordenado sus superiores, y que
para ello contó con el apoyo y la ayuda de miembros de la fuerza pública, en
especial dos uniformados de la Estación de policía de Guarne de apellidos Mora y
Galvis.”.

Sostiene que “la ausencia y abandono del Estado en el presente hecho fue total,
pues, a pesar de haber informado a la fuerza pública de la presencia de los
paramilitares y de la situación que se estaba presentando en la Cafetería, la
autoridad no acudió al llamado; actuando los paramilitares con total libertad, sin
afanes, como si conocieran de ante mano que la fuerza pública no iba a hacer
presencia en el lugar, en tanto que, debido a la ausencia de autoridad que
garantice la vida, honra y los bienes de los asociados, los ciudadanos de Guarne
se encontraban en una situación de riesgo constante ante el dominio de los
actores armados ilegales del conflicto en el municipio”.

Los demandantes consideran que la Nación - Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República - Ministerio del Interior - Ministerio de Defensa –
Policía Nacional – Ejército Nacional son patrimonialmente responsables por la
muerte de Jorge Enrique Atehortúa Sánchez, pues, aunque para la época de los
hechos tenían conocimiento de que los grupos paramilitares operaban en el
municipio de Guarne y sus alrededores y la Policía Nacional fue alertada de lo que
estaba pasando a Jorge Enrique Atehortúa Sánchez, las autoridades no evitaron
el homicidio de su familiar.

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2. Contestaciones

El 10 de octubre de 20182 el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la
demanda y el 26 de abril de 20193 admitió su reforma4, la cual fue notificada a las
demandadas y al ministerio público.

2.1. La Nación - Ministerio del Interior5 manifestó que no se encontraba dentro de
sus funciones salvaguardar el orden público y que, de acuerdo con lo señalado en
la demanda, la muerte de Jorge Enrique Atehortúa Sánchez se atribuye a la fuerza
pública en connivencia con las AUC. Propuso las excepciones de “caducidad”,
“falta de legitimación en la causa por pasiva”, “inexistencia de falta o falla en el
servicio a cargo del Ministerio del Interior” y “prohibición de doble reparación
económica”. No se pronunció respecto de la reforma a la demanda.

2.2. La Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional6 contestó la demanda y
su reforma y manifestó que no le era imputable ningún tipo de responsabilidad
administrativa, en tanto la muerte de Jorge Enrique Atehortúa Sánchez fue
causada por terceros. Propuso las excepciones de “caducidad del medio de
control”, “inexistencia de la obligación”, “inexistencia de medios probatorios que
endilguen responsabilidad a la entidad”, “inexistencia de la posición de garante” y
“hecho de un tercero”.

2 Páginas 1 y 2 del archivo “6ED_005AdmiteDdapdf(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.pdf”, del
expediente digital, índice 2, Samai.
3 Páginas 50 a 52 del archivo “11ED_010ReformaAdmiteDdap(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua

2.pdf”, del expediente digital, índice 2, Samai.
4 Se incorpora también el escrito de la demanda inicial, de modo que el libelo está en un solo

documento, que forma parte del acápite “1. Demanda” de esta providencia.
5 Páginas 1 a 20 del archivo “7ED_006ContestacionMinIn(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.pdf”,

del expediente digital, índice 2, Samai.
6 Páginas 1 a 19 del archivo “8ED_007ContestacionMinDe(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.pdf” y

archivo “13ED_012ContestacionRefor(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2 .pdf” del expediente
digital, índice 2, Samai.

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2.3. La Nación - Departamento Administrativo de la Presidencia de la República7
contestó la demanda y su reforma señalando que desconocía los hechos
demandados y que no se encontraba dentro de sus funciones el mantenimiento
del orden público. Por ello, formuló las excepciones de “caducidad”, “falta de
legitimación en la causa por pasiva”, y “hecho de un tercero”.

2.4. La Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional8 sostuvo que, pese a
que para la época de los hechos en el municipio de Guarne existía presencia de
grupos armados ilegales, esa entidad no podía prever el homicidio de Jorge
Enrique Atehortúa Sánchez. Formuló las excepciones de “falta de legitimación en
la causa por pasiva”, “caducidad”, “hecho de un tercero” “falta de elementos para
endilgar responsabilidad” y “la actuación de la fuerza pública es de medios y no de
resultados”. No se pronunció respecto de la reforma a la demanda.

El 13 de febrero de 20209, la parte demandante presentó escrito de desistimiento
frente a las pretensiones formuladas contra la Nación - Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República y mediante auto del 13 de enero
de 202110 el Tribunal Administrativo de Antioquia aceptó dicho desistimiento y, en
consecuencia, declaró terminado el proceso frente a dicha entidad.

3. Audiencia inicial

El 12 de septiembre de 202311 el Tribunal Administrativo de Antioquia realizó la
audiencia inicial, en la que declaró saneado el proceso, resolvió excepciones,
decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

7 Páginas 1 a 23 del archivo “9ED_008ContestacionDAPRE(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.pdf”

y archivo “12ED_011ContestacionRefor(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.pdf”, del expediente
digital, índice 2, Samai.
8 Páginas 1 a 23 del archivo “10ED_009ContestacionPONAL(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua

2.pdf”, del expediente digital, índice 2, Samai.
9 Archivo “16ED_015DesistimientoPret(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2 .pdf” del expediente
digital, índice 2, Samai.
10 Archivo “20ED_019AdmiteDesistimien(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.pdf”, del expediente

digital, índice 2, Samai.
11 Archivo “48ED_047ActaAudienciaInic(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.pdf”, del expediente

digital, índice 2, Samai.

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Frente a este último punto, es decir, el objeto del litigio señaló que se
circunscribiría a determinar “si: (i) las demandadas son administrativa y
solidariamente responsables por el daño que habrían padecido los demandantes
por la muerte del señor Jorge Enrique Atehortúa Sánchez, en hechos ocurridos el
5/4/1997 en el municipio de Guarne, ii) en caso afirmativo, el Tribunal deberá
determinar si procede el reconocimiento y pago de una indemnización a favor de
los demandantes por perjuicios inmateriales (daños morales subjetivos, daño a la
salud, daño a bienes o derechos convencionales y constitucionales), materiales
(lucro cesante, daño emergente), como se reclaman”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 27 de febrero de 202412 se corrió traslado a las partes y al ministerio público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La parte actora13, el Ministerio del Interior14, la Policía Nacional15, reiteraron
los argumentos expuestos en la demanda y su contestación, respectivamente.

4.2. El Ejército Nacional y el ministerio público guardaron silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 28 de febrero de 202516 el Tribunal Administrativo de
Antioquia declaró probada la excepción de caducidad del medio de control y negó
las pretensiones de la demanda, al considerar que esta fue presentada
extemporáneamente.

12 Acta de audiencia de pruebas, índice 63, Samai, “Gestión de otros despachos” del expediente

digital.
13 Archivo “67ED_067AlegatosDemandant(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.pdf”, del expediente

digital, índice 2, Samai.
14 Archivo “65ED_065AlegatosMinInteri(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.pdf, del expediente

digital, índice 2, Samai.
15 Archivo “66ED_066AlegatosPoliciaNa(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.pdf”, del expediente

digital, índice 2, Samai.
16 Archivo “68ED_068SentenciaPrimeraI(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.pdf”, del expediente

digital, índice 2, Samai.

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En efecto, sostuvo que “[…] se tiene que los hechos ocurrieron el 5 de abril de
1997 y los demandantes tuvieron conocimiento de los hechos el mismo día,
mientras que, respecto de la posibilidad de atribuirle responsabilidad al Estado por
su presunta omisión, igualmente se encuentra acreditado por las declaraciones
recibidas que, desde entonces, era conocido el contexto de violencia en el que se
encontraba esa población de cuenta de los grupos armados al margen de la ley
que hacían presencia en el territorio, así como echaban de menos la presencia y
el despliegue de actividades por parte de la Fuerza Pública. […] En este orden de
ideas, el término de caducidad comenzó a correr el día 6/4/1997, un día después
del homicidio del señor Jorge Enrique Atehortúa Sánchez, como la demanda fue
presentada el 6/7/2018, resulta claramente inoportuna pues ya se había
configurado el fenómeno de la caducidad”.

6. Recurso de apelación

El 20 de marzo de 202517 la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual fue
concedido el 10 de abril de 202518 y admitido el 12 de mayo de 202519.

6.1. La parte actora20 señaló que, para el momento de presentación de la demanda
una de las posturas del Consejo de Estado en su jurisprudencia, era aquella que
prohijaba la tesis de que sobre los delitos de lesa humanidad no operaba la
caducidad del medio de control y, precisamente, en este caso, concurrían los
elementos de sistematicidad y generalidad, necesarios para que los hechos se
enmarquen en un acto de lesa humanidad.

En cuanto a la aplicación de la sentencia de unificación de la Sección Tercera del
Consejo de Estado del 29 de enero de 2020, sostuvo que la única información que
17 Archivo “70ED_070RecursoDemandante(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.pdf”, del expediente

digital, índice 2, Samai.
18 Archivo “71ED_071AutoConcedeRecurs(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.pdf”, del expediente

digital, índice 2, Samai.
19 Índice 4, Samai.
20 Archivo “70ED_070RecursoDemandante(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.pdf”, del expediente

digital, índice 2, Samai.

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tenían los demandantes al momento de los hechos es que, posiblemente, los
causantes del homicidio fueron miembros de las autodefensas o delincuencia
común, pero “nunca” con la acción u omisión de las entidades demandadas. Aseguró
que, al momento de los hechos, los demandantes no tenían conocimiento, ni siquiera
dudas o sospechas de quién había ejecutado el homicidio, mucho menos tenían
elementos para imputarle responsabilidad a las entidades demandadas. Señaló que
la confesión de alias “El Marrano” del 2 de agosto de 2012 en el marco del proceso
de justicia y paz adelantado contra el bloque Metro de las AUC no estuvo
acompañada de una prueba o confesión sobre el actuar en los hechos por parte de
las entidades demandadas.

Finalmente, aseguró que solo a partir del 12 de febrero de 2020, cuando se notificó
la sentencia en contra del Bloque Metro de las AUC, se determinó que el actuar
sistemático y generalizado de los paramilitares en contra de la población civil fue
conocido y auspiciado por parte de las fuerzas armadas Ejército Nacional y Policía
Nacional.

7. Trámite en segunda instancia

Toda vez que no se solicitaron ni decretaron pruebas en el término de ejecutoria
del auto admisorio del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 5° del artículo 247 del CPACA21, modificado por el artículo 67 de la Ley
2080 de 2021, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión en
segunda instancia.

7.1. El ministerio público22 presentó concepto en el cual solicitó que se confirmara
la sentencia de primera instancia, pues desde el 5 de abril de 1997, los

21 “Artículo 247. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se
tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento (…): 5. Si fuere necesario decretar pruebas,
una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual
concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para
alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10)
días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso.”
22 Índice 12, Samai.

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demandantes tenían conocimiento del homicidio del señor Atehortúa Sánchez y no
se acreditó que existiera alguna circunstancia especial que les impidiera ejercer el
medio de control de reparación directa con anterioridad.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto contra
la sentencia del 28 de febrero de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 150 y 152 numeral 6°
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor23 de la demanda, supera la
exigida de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio del medio
de control de reparación directa, tenga vocación de doble instancia ante esta
Corporación24.

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir
la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 14025 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

23 El artículo 157 del CPACA dispone que: “la cuantía se determinará por el valor de la multa
impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la
demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que
estos últimos sean los únicos que se reclamen (…) Para los efectos aquí contemplados, cuando en
la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la
pretensión mayor (…)”.
24 En el presente caso la pretensión mayor de la demanda es de $1.203’070.370.
25 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la

persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido
por la acción u omisión de los agentes del Estado.
De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del
daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o
permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a

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En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque
se reclama la reparación de un daño atribuido a la acción u omisión de la Nación -
Ministerio del Interior - Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Ejército
Nacional.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el presente asunto se configuró el
fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de reparación directa o si,
por el contrario, al tratarse de un caso en el que se invoca la comisión de un delito
de lesa humanidad, el término de vigencia del mencionado medio de control no es
exigible como requisito para el estudio de la demanda.

4. Solución del problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la vigencia de la acción y la caducidad del medio de control de
reparación directa frente a presuntas conductas de lesa humanidad.

5. Vigencia del medio de control

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general26, estableció unos plazos para poder ejercer

una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la
misma.
En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y
entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada
una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del
daño”.
26 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico

procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita
en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener
pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado
social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida,

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oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan
ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la
solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la
consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia
procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción27, ofrecer
estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que
requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con
ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la
salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su
ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la segunda de sus manifestaciones, tal vez la que menos se
considera en la doctrina y jurisprudencia pero que es de la esencia y naturaleza de
la figura, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su
advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio
cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores
jurídicos que discuten alguna situación, lo que implica que en tal concepción surta
efectos para ambas partes indistintamente de quien realiza la proposición judicial,

la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de
un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada
referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la
posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”
27 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una
restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo
oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la
seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos”.

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en tanto se refiere es a la situación jurídica en concreto; sin embargo, en el
anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter
irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso
iure28 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del
aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o
protección de la justicia29, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo
concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de
accionar. Esta concepción de límite temporal de la figura en comento, sin
embargo, opera en favor del accionado y en contra del accionante que acude
tarde a hacer efectivo su derecho de acción, pues implica reconocer que el
derecho a demandar se perdió, en tanto el accionado lo puede proponer como
medio exceptivo o el juez reconocer o declarar de oficio.

A su turno, artículo 164.2.i del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo – CPACA, vigente para la fecha de presentación de la
demanda, determinó que “La demanda deberá ser presentada: […] so pena de
que opere la caducidad: […] Cuando se pretenda la reparación directa, […] dentro
del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia
de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o
debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.”. Lo
anterior, con excepción del término para formular la pretensión de reparación

28 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las
partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no
hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su
derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es
decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta
inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
29 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho,
por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de
protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por
la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno
indicado”.

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Demandante: Viri Viviana Atehortúa Zuleta y otros

directa derivada del delito de desaparición forzada, que “se contará a partir de la
fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo
definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal
pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que
dieron lugar a la desaparición”.

Ahora bien, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio
de 201230, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales
contenidas en el CPACA31; así como las disposiciones del CGP32, en virtud de la
integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos
mencionados33.

Con relación a la caducidad, debe tenerse en cuenta que los términos que
hubiesen empezado a correr en vigencia de una ley anterior deben computarse de
conformidad con ella, en atención a lo consagrado en el artículo 624 del CGP34,
que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, de ahí que al sub lite, en este

30 Páginas 1 a 58 del archivo “30_ED_CUADERNO1_DEMANDAPART(.PDF) NroActua 2.PDF” y

páginas 127 a 165 del archivo “33_ED_CUADERNO1_DEMANDAPART(.PDF) NroActua 2.PDF,
índice 2, Samai. La demanda se presentó el 22 de noviembre de 2016.
31 “Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2)

de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con
posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así
como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y
culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.
32 Lo anterior, teniendo en cuenta que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo

de Estado, mediante auto del veinticinco (25) de junio de dos mil catorce (2014), unificó su
jurisprudencia para indicar que el CGP entró a regir a partir del primero (1º) de enero de dos mil
catorce (2014), “salvo las situaciones que se gobiernen por la norma de transición (…) las cuales
se resolverán con la norma vigente al momento en que inició el respectivo trámite (…)”. Ver:
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de
junio de 2014, expediente 49.299.
33 “Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se

seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los
procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.
34 Artículo 624. Modifíquese el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedará así:

“Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre
las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Sin embargo, los recursos
interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias
iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las
notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los
recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr
los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. La
competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de
formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad”.

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Demandante: Viri Viviana Atehortúa Zuleta y otros

puntual aspecto, le resulte aplicable el numeral 8º artículo 136 del Decreto 01 de
1984 (CCA)35, comoquiera que los supuestos de hecho constitutivos del daño
antijuridico alegado en la demanda ocurrieron el 5 de abril de 1997, según se
acreditará más adelante.

Finalmente, debe resaltarse que la caducidad no se suspende, salvo con la
presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el
conciliador, en los términos del artículo 21 de la Ley 640 de 2001 36, y sólo se
interrumpe con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y
formalidades previstas en la Ley37.

6. Caducidad del medio de control de reparación directa frente a presuntas
conductas de lesa humanidad

Mediante sentencia del 29 de enero de 2020, la Sala Plena de la Sección Tercera
del Consejo de Estado38 unificó su jurisprudencia en lo concerniente al cómputo
del término de caducidad, en tratándose de pretensiones indemnizatorias cuando
se persigue el resarcimiento de los daños provenientes de delitos de lesa
humanidad, entre ellos, crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se

35 “Artículo 136. Caducidad de las acciones. “(…)

“8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir
del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la
ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o
por cualquiera otra causa”.
36 “Artículo 21. Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de

conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de
caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de
conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que
se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza
el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta
suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”.
37 Esto de conformidad con lo establecido en el artículo 94 del Código General del Proceso,

aplicable por remisión normativa del artículo 306 del CPACA: “Artículo 94. Interrupción de la
prescripción, inoperancia de la caducidad y constitución en mora. La presentación de la demanda
interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad siempre que el
auto admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del
término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al
demandante. Pasado este término, los mencionados efectos solo se producirán con la notificación
al demandado. (…)”.
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera,

sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, radicado 61033, C.P. Marta Nubia Velásquez
Rico.

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pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado. Así,
frente al caso concreto, en aquella oportunidad, se decidió declarar probada la
excepción de caducidad de la pretensión de reparación directa promovida el 23 de
mayo 2014, por hechos ocurridos en abril del año 2007, con lo cual aplicó la regla
de unificación establecida de forma inmediata, sin consideración alguna respecto
de la fecha de presentación de la demanda.

En dicha decisión la Sección Tercera precisó que salvo para el caso de
desaparición forzada, que cuenta con regulación legal expresa39, en virtud de la
cual la caducidad se cuenta desde la fecha en que aparece la víctima o, en su
defecto, desde el momento en el que quedó ejecutoriado el fallo definitivo
adoptado en el proceso penal, el conteo del plazo para acceder a la jurisdicción de
lo contencioso administrativo inicia desde el momento en que los afectados
conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y
advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial a éste, excepto
que existan situaciones objetivas que impidan materialmente el ejercicio del
derecho de acción.

Así las cosas, el juez de lo contencioso administrativo deberá contar el plazo de
los dos (2) años para el ejercicio oportuno del medio de control de reparación
directa a partir del momento en que el interesado sabía o tuvo posibilidad de
advertir "que el Estado tuvo alguna injerencia en la controversia y era susceptible
de ser demandado en los términos del artículo 90 de la Constitución Política". La
referida regla, como fue explicada en la mencionada sentencia de unificación,
también se encuentra contenida en la Ley 1437 de 2011.

Por otra parte, el término de caducidad no es exigible cuando se verifique la
afectación ostensible de los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, lo cual ocurre en eventos en que se constate la
ocurrencia de situaciones objetivas como secuestros, enfermedades o cualquier

39 Regulado expresamente por el inciso 2º del literal i) del numeral 2o del artículo 164 de la Ley

1437 de 2011 y antes por el numeral 8º del artículo 136 del Decreto No. 1 de 1984, adicionado por
el artículo 8º de la Ley 589 de 2000.

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otro supuesto que obstaculice materialmente el ejercicio del derecho de acción,
pues este término preclusivo no puede discurrir contra quien no goza del acceso
efectivo a la administración de justicia.

De conformidad con lo expuesto, de manera excepcional, el juez de lo contencioso
administrativo deberá inaplicar el plazo de los dos (2) años para el ejercicio
oportuno del derecho de acción o iniciar su contabilización desde un momento
distinto a la ocurrencia del hecho dañoso, cuando advierta que la no
comparecencia ante la jurisdicción contenciosa administrativa dentro del plazo
previsto, es resultado de que el interesado: (i) no sabía o no tenía la posibilidad de
advertir que el Estado tuvo alguna injerencia en los hechos, o (ii) estaba impedido
materialmente para el ejercicio del derecho de acción.

Ahora, respecto del cómputo del término de caducidad para demandas por actos
de lesa humanidad, en la sentencia SU-312 de 202040 la Sala Plena de esta Corte
fijó la siguiente regla de unificación: el plazo de caducidad de dos años
consagrado en el CPACA para obtener una reparación por un delito de lesa
humanidad atribuible al Estado no se cuenta, necesariamente, a partir del
momento en el que ocurrió el daño, sino a partir de la fecha en que el afectado: (i)
conoció que ese daño era atribuible al Estado, (ii) se encuentre en capacidad
material de imputarle el daño en sede judicial, y (iii) la procedencia de la demanda
que busca reparar ese daño debe analizarse caso a caso, considerando las
particularidades del demandante.

A continuación, en la sentencia T-044 de 202241, la Corte reiteró la regla de
unificación sobre el conteo de la caducidad contenida en la Sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020 del Consejo de Estado y complementó la regla
fijada por la anotada sentencia, al definir que el juez de la causa debe readecuar
su proceso de manera tal que se le permita al demandante exponer las razones
por las que no acudió a la justicia dentro del término legal establecido. Esto, en
40 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-312 del 13 de agosto de 2020, MP: Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
41 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, sentencia T-044 del 14 de febrero de 2022, MP:

Paola Andrea Meneses Mosquera.

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Demandante: Viri Viviana Atehortúa Zuleta y otros

aplicación de la regla consagrada en la Sentencia SU-406 de 2016 según la cual,
pese a que un cambio de jurisprudencia tiene efectos generales y automáticos, el
juez respectivo debe valorar las particularidades de cada caso con el fin de
determinar si la vinculatoriedad automática del precedente unificado pone en
riesgo las garantías procesales de las partes.

Asimismo, en la sentencia T-210 de 202242, la Corte Constitucional reiteró la regla
jurisprudencial establecida en la sentencia SU-312 de 2020 y en la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020 del Consejo de Estado, sobre el conteo de la
caducidad.

Posteriormente, en la sentencia SU-167 de 202343 la Sala Plena de esa
Corporación estableció la siguiente regla sobre el conteo de la caducidad para
demandas indemnizatorias por delitos de lesa humanidad atribuibles al Estado: (i)
el plazo de dos años establecido en la ley no se cuenta desde el momento en el
que se produce el daño, sino desde cuando las víctimas conocieron o debieron
saber de la participación del Estado y advirtieron que podían atribuirle
responsabilidad patrimonial; (ii) la caducidad de una demanda de reparación debe
analizarse, por parte del juez respectivo, a partir de las barreras de acceso al
derecho a la administración de justicia que se adviertan de cada caso en
particular, y (iii) para la aplicación del fallo de unificación del Consejo de Estado
del 29 de enero de 2020, el juez competente debe readecuar el proceso a su
cargo de manera tal que se les brinde a las partes la oportunidad de ajustar sus
planteamientos para argumentar por qué no se acudió de manera oportuna a la
justicia. En esa oportunidad, la Corte estimó que la providencia atacada en la
tutela había incurrido en defecto fáctico, por no valorar en su integridad el acervo
probatorio, al momento de establecer si en el expediente obraban elementos de
juicio que evidenciaran la presencia de situaciones que hubiesen impedido
materialmente el ejercicio oportuno del derecho de acción de los demandantes.
Igualmente, concluyó que la providencia atacada había incurrido en defecto
42 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, sentencia T-210 del 10 de junio de 2022, MP:

Paola Andrea Meneses Mosquera.
43 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-167 del 18 de mayo de 2023, MP: Diana Fajardo

Rivera.

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procedimental absoluto, pues no se readecuó el proceso en curso para permitirle a
las partes que actualizaran sus planteamientos conforme a las reglas sobre el
conteo de la caducidad establecidas en la sentencia de unificación del 29 de enero
de 2020 del Consejo de Estado.

Más tarde, en la sentencia T-024 de 202444 la Corte respaldó la aplicación de las
reglas para el conteo de la caducidad establecidas en la sentencia de unificación
del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020. Indicó que, a partir de lo dicho en
las sentencias T-044 y T-210 de 2022, la mencionada sentencia de unificación del
Consejo de Estado tenía efectos retrospectivos, por lo que su aplicación es
general e inmediata. La Corte reiteró que, debido a la variación en el precedente
aplicable, los demandantes en los procesos de reparación deben contar con una
oportunidad procesal para manifestarse frente al cambio de precedente, para
proteger su derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia,
lo cual implica incluso readecuar el proceso judicial, si se advierte que la sentencia
del 29 de enero de 2020 se profirió cuando la parte demandante ya no contaba
con un momento procesal (como lo es, por ejemplo, el alegato de conclusión) para
referirse a ella.

Finalmente, mediante sentencia SU-429 del 10 de octubre de 202445, la Corte
Constitucional unificó su jurisprudencia para la aplicación del término de caducidad
en delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, en los siguientes
criterios:

i) El plazo de caducidad definido por el legislador en el artículo 164 de la Ley 1437
de 2011 aplica para las demandas dirigidas a obtener el reconocimiento y pago de
una indemnización por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.
Sin embargo, ese plazo de dos años no se cuenta desde el momento en el que se
produce el daño, sino desde cuando las víctimas conocieron o debieron saber de

44 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, sentencia T-024 del 6 de febrero de 2024, MP:

Paola Andrea Meneses Mosquera.
45 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-429 del 10 de octubre de 2024, MP: Jorge

Enrique Ibáñez Najar.

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la participación del Estado y advirtieron que podían atribuirle responsabilidad
patrimonial.

ii) El juez competente debe analizar la caducidad de una demanda de reparación,
a partir de las barreras de acceso al derecho a la administración de justicia que
pudo enfrentar el demandante, en cada caso particular.

iii) Además, para los casos en los que quien demanda es una persona víctima del
desplazamiento forzado, el juez de la causa debe considerar en su análisis las
barreras de acceso a la administración de justicia que pudo enfrentar la parte
demandante, todos los factores de vulnerabilidad que se asocian al flagelo del
desplazamiento forzado y que padecen quienes son víctimas de ese fenómeno.

iv) Para la aplicación del fallo de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sala
Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, el juez competente debe readecuar el proceso a su cargo de
manera tal que se cerciore que las partes tengan o tuvieron la oportunidad de
ajustar sus planteamientos para argumentar por qué no se acudió de manera
oportuna a la justicia. Esta regla toma como base lo establecido por la Sala Plena
de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado en la sentencia del 29 de enero de 2020. Así, esta regla comprende tanto
las demandas de reparación directa como las de grupo.

En la providencia citada, la Corte advirtió que sí aplica el término de caducidad
fijado en la ley, para las demandas dirigidas a obtener una reparación del Estado
por su participación en un crimen de lesa humanidad, de guerra o de genocidio.
Además, como en dicha providencia se seleccionaron para estudio dos acciones
de grupo, la Corte aclaró que, en el caso particular de la acción o medio de control
de grupo, se debe aplicar el término consagrado en el artículo 164 de la Ley 1437
de 2011 (en principio, el literal h del numeral 2º) y, en el caso de las acciones que
se presentaron antes de la entrada en vigencia de dicha ley, lo dispuesto en el
artículo 47 de la Ley 472 de 1998.

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Asimismo, esa Corporación hizo énfasis en la posibilidad de que quienes
pretendan acudir a la jurisdicción para obtener una indemnización de parte del
Estado por su acción u omisión respecto de tales delitos, puedan exponer las
situaciones que enfrentaron y que, a la postre, les impidieron materialmente acudir
a tiempo a la administración de justicia.

La Corte también aprovechó para reiterar, de conformidad con su propia
jurisprudencia y la de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que la
imprescriptibilidad de la acción penal para los delitos de lesa humanidad, no se
extiende a procesos judiciales dirigidos a reclamar una indemnización de parte del
Estado.

7. Caso concreto

En el sub lite la parte demandante pretende que se declare patrimonialmente
responsables a las entidades demandadas por la muerte de Jorge Enrique
Atehortúa Sánchez ocurrida el 5 de abril de 1997, debido a la omisión y
aquiescencia de las accionadas con los grupos de “autodefensas” en el municipio
de Guarne.

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si el medio de control de reparación directa se presentó en
tiempo.

7.1. Hechos probados

Antes de enunciar cuáles son los hechos que se encuentran probados en el
proceso, es necesario precisar que la Sala valorará sin restricción alguna las
pruebas documentales y testimoniales trasladadas de la investigación penal
adelantada por la Fiscalía Seccional de Guarne46 por el homicidio de Jorge

46 Archivos “54ED_053Carpeta63973pdf(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.pdf” y
“57ED_056ProcesoPenal1499p(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.pdf” del expediente digital, índice
2, Samai.

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Enrique Atehortúa Sánchez, allegada al plenario47, dado que fue debidamente
solicitada y decretada en el expediente y una vez allegada quedó a disposición de
las entidades demandadas, de manera que ambas partes procesales conocieron
su contenido y contaron con la oportunidad de ejercer la contradicción de las
mismas.

Asimismo, no se otorga valor probatorio de testimonio a la declaración rendida por
la demandante Margarita María Atehortúa Sánchez48, toda vez que este medio de
prueba no puede provenir de los sujetos procesales49 y tampoco reúne los
requisitos dispuestos por el artículo 19150 del Código General del Proceso para la
declaración de parte, pues su deposición no comporta una confesión que
favorezca a la parte demandada o de la que se desprendan consecuencias
jurídicas adversas a la parte demandante51.

47 Según el artículo 174 del Código General del Proceso, las pruebas practicadas válidamente en

un proceso podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciadas sin más formalidades, “siempre
que en el proceso de origen se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o
con audiencia de ella. En caso contrario, deberá surtirse la contradicción en el proceso al que están
destinadas”.
48 Páginas 40 y 41 del archivo “54ED_053Carpeta63973pdf(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.pdf”,

del expediente digital, índice 2, Samai.
49 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 13 de agosto de 2020, Exp.

46057, “En tales condiciones, no resulta susceptible de valoración dicha declaración, puesto que el
testimonio debe provenir de terceros. En efecto, el artículo 213 del C.P.C. 15, que establece que
“Toda persona tiene el deber de rendir el testimonio que se le pida, excepto en los casos
determinados por la ley”, está ubicado en el Capítulo IV del Título XIII de la Sección Tercera del
estatuto procesal, y ese capítulo se refiere, precisamente, a la “Declaración de Terceros”, por lo
que se descarta que el testimonio pueda provenir del demandante o del demandado, quienes tan
sólo pueden rendir declaración dentro del proceso mediante un interrogatorio de parte, que es un
medio de prueba distinto, […] (arts. 202 a 210, C.P.C.). (…) se trata de una declaración realizada
por los propios demandantes; tener en cuenta el testimonio de una de las partes, equivaldría a “(…)
valorar la apreciación de uno de los demandantes frente a circunstancias que los benefician, como
si hubieran sido percibidas por un tercero imparcial, teniendo en cuenta que tal posibilidad es
contraria a la naturaleza de las declaraciones de terceros -prueba histórica o de reconstrucción de
hechos.”
50 “Artículo 191. Requisitos de la confesión. La confesión requiere: 1. Que el confesante tenga

capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado. 2. Que
verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que
favorezcan a la parte contraria. 3. Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija
otro medio de prueba. 4. Que sea expresa, consciente y libre. 5. Que verse sobre los hechos
personales del confesante o de los que tenga o deba tener conocimiento. 6. Que se encuentre
debidamente probada, si fuere extrajudicial o judicial trasladada. La simple declaración de parte se
valorará por el juez de acuerdo con las reglas generales de apreciación de las pruebas.”
51 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 5 de diciembre de 2022, Exp.

56466: “el artículo 194 del CPC señala que la declaración o interrogatorio de parte es la forma en la
que se provoca la confesión judicial. La declaración de parte solo puede apreciarse en los términos
del artículo 195 de la misma normativa, es decir, en aquello que le produzca consecuencias
jurídicas adversas al confesante o que favorezca a la parte contraria, y con el cumplimiento de los

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Demandante: Viri Viviana Atehortúa Zuleta y otros

Así pues, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados
oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

7.1.1. Se constató que, el 5 de abril de 1997, Jorge Enrique Atehortúa Sánchez
falleció por muerte violenta en el municipio de Guarne, debido a heridas
propinadas con arma de fuego en diferentes partes del cuerpo que le causaron un
choque neurogénico debido a laceración cerebral. De ello dan cuenta la copia del
acta de inspección al cadáver52, la copia auténtica de su registro civil de
defunción53 y la copia del protocolo de necropsia.54

7.1.2. Se probó que, el 22 de abril de 1998, la Fiscalía Seccional de Guarne
suspendió la investigación previa por el homicidio de Jorge Enrique Atehortúa
Sánchez, debido a que habían transcurrido más de 180 días, sin que existiera
mérito para decretar apertura de instrucción o resolución inhibitoria. De ello da
cuenta copia de la resolución de la misma fecha.55

7.1.3. Se demostró que, el 31 de marzo de 2007, María Soledad Sánchez Hoyos
denunció ante la Fiscalía General de la Nación el homicidio de su hijo Jorge
Enrique Atehortúa Sánchez ocurrido el 5 de abril de 1997 en el municipio de
Guarne, como consta en el formato de registro de hechos atribuibles a grupos al
margen de la ley que lleva esa entidad, del cual se destaca lo siguiente:56

demás requisitos que establece esta norma, a saber: i) que el confesante tenga capacidad y poder
dispositivo sobre el derecho que resulte de lo confesado, ii) que recaiga sobre hechos sobre los
cuales la ley no exija otro medio de prueba, iii) que sea expresa, consciente y libre, iv) que verse
sobre hechos personales del confesante y v) que se encuentre probada, cuando fuere extrajudicial
o judicial trasladada.”
52 Páginas 35 a 37 del archivo “54ED_053Carpeta63973pdf(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.pdf”,

del expediente digital, índice 2, Samai.
53 Página 20 del archivo “54ED_053Carpeta63973pdf(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.pdf”, del

expediente digital, índice 2, Samai.
54 Páginas 38 a 39 del archivo “54ED_053Carpeta63973pdf(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.pdf”,

del expediente digital, índice 2, Samai.
55 Páginas 44 del archivo “54ED_053Carpeta63973pdf(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.pdf”, del

expediente digital, índice 2, Samai.
56 Páginas 2 a 4 del archivo “54ED_053Carpeta63973pdf(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.pdf”,

del expediente digital, índice 2, Samai.

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Radicado: 05001233300020180147801 (72744)
Demandante: Viri Viviana Atehortúa Zuleta y otros

“[…] Ese día siendo aproximadamente las 5 de la tarde estábamos en mi casa y mi
hijo Jorge Enrique había salido un momentico a comprar una gaseosa, cuando
escuchamos unos tiros, yo me imaginé que un vecino se había emborrachado y se
puso a hacer unos tiros al aire, y mi otro hijo Alberto del susto intentó correr como a
esconderse, luego yo me asomé por la ventana y vi que los vecinos habían cerrado
las ventanas y el señor de la farmacia bajó la reja, cuando escuché gritos que
decían que habían matado a Kike, miré bien por la ventana y lo vi tirado en la calle,
cerca de mi casa, a dos casas de la mía a mi hijo, lo estaba esperando a que saliera
porque eso fue en cuestión de minutos que ocurrieron los hechos, él nunca me
comentó que estuviera amenazado, ni le conocí enemigos, a mi hijo lo querían
mucho las personas que lo conocieron y lo trataron; él era una persona muy
caritativa y quería mucho a los niños, ellos lo buscaban porque él siempre les daba
dulces y regalos cuando podía, en esa época empezó la violencia en el municipio,
porque asesinaron a muchas personas”.

7.1.4. Consta que, el 6 de octubre de 2008, María Soledad Sánchez Hoyos solicitó
a la Fiscalía Seccional de Guarne se le expidiera certificación sobre el homicidio
de su hijo Jorge Enrique Atehortúa Sánchez “con el fin de realizar trámites ante la
Acción Social y el Comité Nacional de Reparación y Reconciliación dentro del
marco de la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz”. De ello da cuenta el escrito de la
misma fecha suscrito por la demandante.57

7.1.5. Se acreditó que, el 7 de octubre de 2008, María Soledad Sánchez Hoyos
otorgó poder a un abogado “para que asuma mi representación y la de mi familia
dentro de las diligencias que fueren necesarias en el marco del procedimiento
señalado por la Ley de Justicia y Paz” dentro del proceso contra los postulados del
Bloque Metro de las “autodefensas”. De ello da cuenta el memorial de la misma
fecha.58

7.1.6. Se demostró que, el 16 de octubre de 2008, el fiscal seccional de Guarne
certificó que la investigación por el homicidio de Jorge Enrique Atehortúa Sánchez
ocurrida el 5 de abril de 1997, se encontraba suspendida. De ello da cuenta copia
de dicha certificación.59

57 Página 45 del archivo “54ED_053Carpeta63973pdf(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.pdf”, del

expediente digital, índice 2, Samai.
58 Páginas 23 y 24 del archivo “54ED_053Carpeta63973pdf(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.pdf”,

del expediente digital, índice 2, Samai.
59 Página 50 del archivo “54ED_053Carpeta63973pdf(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.pdf”, del

expediente digital, índice 2, Samai.

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Radicado: 05001233300020180147801 (72744)
Demandante: Viri Viviana Atehortúa Zuleta y otros

7.1.7. Se comprobó que, mediante Resolución No. 1413 del 9 de noviembre de
2012, la Fiscalía 45 Delegada ante el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín
reconoció a María Soledad Sánchez Hoyos la calidad de victima dentro del
proceso seguido contra Ricardo López Lora alias “Marrano” -postulado a la Ley
975 de 2005 de justicia y paz-, por el homicidio de Jorge Enrique Atehortúa
Sánchez, el cual fue confesado por el postulado en diligencia de versión libre del 2
de agosto de 2012. De ello dan cuenta copia de dicha Resolución y del oficio de
notificación de la misma fecha60, de hecho de la mencionada resolución se
destaca lo siguiente:

“[…] En cumplimiento del art. 5 de la Ley 975 de 2005, la Resolución 0-4773 del 3
de diciembre de 2007 expedida por el señor Fiscal General de la Nación y los
antecedentes jurisprudenciales, entre ellos la Sentencia C-370 de 2006 proferida por
la honorable Corte Constitucional, además el postulado Ricardo López Lora alias
“Marrano” confesó este hecho en diligencia de versión libre llevada a cabo el pasado
02 de agosto de 2012 […]”.

7.1.8. Consta que, el 3 de diciembre de 2014, María Soledad Sánchez Hoyos,
Jaime León Atehortúa Sánchez, Iván Darío Atehortúa Sánchez, Jairo Alberto
Atehortúa Sánchez, Ramiro Adolfo Atehortúa Sánchez, Margarita María Atehortúa
Sánchez y Beatriz Elena Atehortúa Sánchez declararon ante la Unidad de
Víctimas el homicidio de Jorge Enrique Atehortúa Sánchez y fueron incluidos en el
registro de víctimas por ese hecho victimizante. De ello da cuenta la certificación
del 12 de mayo de 2018, suscrita por la coordinadora de Defensa Judicial de la
Unidad de Víctimas.61

7.1.9. Se probó que, al 12 de mayo de 2018, Viri Bibiana Atehortua Zuleta y Danilo
Esteban Atehortúa Cardona no se encontraban incluidos en el registro de víctimas.
De ello da cuenta la certificación del 12 de mayo de 2018, suscrita por la
coordinadora de Defensa Judicial de la Unidad de Víctimas.62

60 Páginas 7 a 10 del archivo “54ED_053Carpeta63973pdf(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.pdf”,

del expediente digital, índice 2, Samai.
61 Páginas 31 a 36 del archivo “6ED_005AdmiteDdapdf(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.pdf”, del

expediente digital, índice 2, Samai.
62 Páginas 31 a 36 del archivo “6ED_005AdmiteDdapdf(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.pdf”, del

expediente digital, índice 2, Samai.

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Radicado: 05001233300020180147801 (72744)
Demandante: Viri Viviana Atehortúa Zuleta y otros

7.1.10 Se acreditó que, desde el 5 de octubre de 2018, John Alexander Atehortúa
Sánchez se encuentra incluido en el registro de víctimas por el hecho victimizante
consistente en el homicidio de Álvaro de Jesús Atehortúa Sánchez. De ello da
cuenta la certificación del 12 de mayo de 2018, suscrita por la coordinadora de
Defensa Judicial de la Unidad de Víctimas.63

7.2. Análisis de caducidad del medio de control de reparación directa

En el caso de autos se tiene acreditado que Jorge Enrique Atehortúa Sánchez
falleció el 5 de abril de 1997 en el municipio Guarne (hecho probado 7.1.1.).

Ahora bien, de conformidad con los fundamentos conceptuales expuestos frente al
fenómeno de la caducidad del medio de control de reparación directa, se tiene que
el aspecto determinante para establecer el término inicial del cómputo es la
ocurrencia del hecho causante del daño, tal como lo dispone el artículo 136 del
CCA64.

Así, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección, como regla
general, cuando los hechos involucran la presunta comisión de delitos de lesa
humanidad, como el homicidio en el marco del conflicto armado interno, el término
debe computarse a partir del momento en que el interesado conoció o debió
conocer la participación del Estado en los hechos que generaron el daño
antijurídico. No obstante, de manera excepcional, es posible extender el inicio del
término de caducidad de la acción o del medio de control cuando se demuestre
que los demandantes estaban materialmente impedidos para ejercer su derecho
de acción, por circunstancias que, de no ser valoradas por el juez, afectarían
gravemente el derecho al debido proceso y el acceso a la administración de
justicia. En tales casos, el término deberá contarse a partir del momento en que
cesen dichos impedimentos.

63 Páginas 31 a 36 del archivo “6ED_005AdmiteDdapdf(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.pdf”, del

expediente digital, índice 2, Samai.
64 Normativa que, como ya se dijo, es la aplicable a este caso por la fecha de ocurrencia del daño

(16 de septiembre de 1997).

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Radicado: 05001233300020180147801 (72744)
Demandante: Viri Viviana Atehortúa Zuleta y otros

En el sub examine, los actores demandan la responsabilidad administrativa de
las entidades accionadas por el homicidio de Jorge Enrique Atehortúa Sánchez, el
cual se les atribuye con fundamento en que, aunque para la época de los hechos
tenían conocimiento de que los grupos paramilitares operaban en el municipio de
Guarne y sus alrededores y la Policía Nacional fue alertada de lo que le estaba
pasando a Jorge Enrique Atehortúa Sánchez, las autoridades no acudieron al
llamado para evitar el homicidio de su familiar.

No obstante, lo anterior, para la Sala no queda duda que los demandantes desde
el mismo día de la ocurrencia del hecho dañoso, esto es, el 5 de abril de 1997, se
enteraron de la muerte de Jorge Enrique Atehortúa Sánchez, pues incluso, su
madre María Soledad Sánchez Hoyos fue la primera en verlo herido, sin que se
hubiera manifestado o probado por los actores conocieron del hecho en una fecha
distinta.

Igualmente, desde la fecha del hecho, los demandantes conocieron de la posible
omisión y/o participación de agentes del Estado en el homicidio de Jorge Enrique
Atehortúa Sánchez, pues así lo corroboran las afirmaciones que se hacen en el
líbelo, las cuales pueden interpretarse como una confesión.

En efecto, la confesión se encuentra enlistada como un medio probatorio en el
artículo 165 del C.G.P.65. En relación con la confesión por medio de apoderado
judicial, el artículo 193 ejusdem prevé que esta “valdrá cuando para hacerla haya
recibido autorización de su poderdante, la cual se entiende otorgada para la
demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la audiencia
inicial y la audiencia del proceso verbal sumario. Cualquier estipulación en
contrario se tendrá por no escrita”.

Así las cosas, en virtud de las disposiciones que regulan la confesión judicial, las
manifestaciones hechas por los apoderados de las partes en la demanda, en las
65 “Artículo 165. Medios de prueba. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el

juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los
indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del
convencimiento del juez”.

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Radicado: 05001233300020180147801 (72744)
Demandante: Viri Viviana Atehortúa Zuleta y otros

excepciones y en las respectivas contestaciones ostentan valor probatorio,
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 191 del C.G.P.66.

Pues bien, el apoderado de la parte actora afirma en la demanda que María
Soledad Sánchez Hoyos, desde su casa y en compañía de algunos de sus hijos,
escuchó los disparos, se asomó a la ventana y se dio cuenta de que su hijo Jorge
Enrique estaba tirado en el piso y que “inmediatamente llamaron a la Policía al
igual que algunos conocidos del sector y pese a que desde la Estación
escucharon los disparos y podían acudir en captura de los agresores
considerando el tiempo en que tardaron los victimarios en marcharse,
atendieron el llamado de manera tardía”67 (Se destaca).

Igualmente, en la demanda se sostiene que “la ausencia y abandono del Estado
en el presente hecho fue total, pues, a pesar de haber informado a la fuerza
pública de la presencia de los paramilitares y de la situación que se estaba
presentando en la Cafetería, la autoridad no acudió al llamado; actuando los
paramilitares con total libertad, sin afanes, como si conocieran de ante mano
que la fuerza pública no iba a hacer presencia en el lugar, en tanto que, debido
a la ausencia de autoridad que garantice la vida, honra y los bienes de los
asociados, los ciudadanos de Guarne se encontraban en una situación de riesgo
constante ante el dominio de los actores armados ilegales del conflicto en el
municipio”68 (Se destaca).

66 “Artículo 191. Requisitos de la confesión. La confesión requiere:

“1. Que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que
resulte de lo confesado.
“2. Que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que
favorezcan a la parte contraria.
“3. Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba.
“4. Que sea expresa, consciente y libre.
“5. Que verse sobre hechos personales del confesante o de los que tenga o deba tener
conocimiento.
“6. Que se encuentre debidamente probada, si fuere extrajudicial o judicial trasladada (…)”.
67 Hecho 2 de la demanda, página 6 del archivo “11ED_010ReformaAdmiteDdap(.pdf) NroActua

2(.pdf) NroActua 2.pdf”, del expediente digital, índice 2, Samai.
68 Hecho 3 de la demanda, página 7 del archivo “11ED_010ReformaAdmiteDdap(.pdf) NroActua

2(.pdf) NroActua 2.pdf”, del expediente digital, índice 2, Samai.

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Radicado: 05001233300020180147801 (72744)
Demandante: Viri Viviana Atehortúa Zuleta y otros

Y, en congruencia con lo anterior, en el libelo se señala que, en una de sus
versiones libres, Ricardo López Lora alias “El Marrano” quien se encontraba
postulado a la ley de justicia y paz, manifestó que “su accionar y el de los demás
miembros de la organización delictual a la que pertenecía estaba encaminado o
tenía como propósito eliminar todo posible foco subversivo y así se lo habían
ordenado sus superiores, y que para ello contó con el apoyo y la ayuda de
miembros de la fuerza pública, en especial dos uniformados de la Estación
de policía de Guarne de apellidos Mora y Galvis”69 (Se destaca).

Al respecto, en la demanda se afirmó que “mediante varias actuaciones de la
Unidad de Justicia Transicional de la Fiscalía de Medellín (antes Justicia y Paz) se
ha establecido la relación de varios postulados del Bloque Metro de las
Autodefensas que actuaban en el municipio de Guarne – Antioquia y su relación
con hechos cometidos en contra de civiles inocentes que no tenían nada que ver
con el conflicto, documentos que se allegan como prueba. Así, dentro de las
sentencias proferidas en contra de algunos de estos postulados que desarrollaron
su actuar delictivo en el municipio de Guarne, se ha establecido a través de
confesión, la relación de las autoridades con la organización delictual para la
que trabajaban, como ejemplo, se encuentra sentencia con confesiones
como la del postulado del bloque Casa Castaño Ricardo López Lora alias
‘Marrano’”70 (Se destaca).

Asimismo, se manifiesta en la demanda que los actores aún no entienden la razón
para que Jorge Enrique Atehortúa Sánchez fuera asesinado por los paramilitares,
“ni cómo el Estado permitió barbaries como la de Jorge y la de otro número
importante de víctimas inocentes e indefensas en un municipio a escasos 20
kilómetros de la capital del Departamento y como, pese a ello, para esa época,
no se podía acudir a ninguna autoridad por el desinterés y la apatía frente a
lo que estaba pasando, lo que ocasionó la desconfianza de población civil en

69 Hecho 4 de la demanda, página 7 del archivo “11ED_010ReformaAdmiteDdap(.pdf) NroActua

2(.pdf) NroActua 2.pdf”, del expediente digital, índice 2, Samai.
70 Hecho 12.2 de la demanda, página 9 del archivo “11ED_010ReformaAdmiteDdap(.pdf) NroActua

2(.pdf) NroActua 2.pdf”, del expediente digital, índice 2, Samai.

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Demandante: Viri Viviana Atehortúa Zuleta y otros

general en la institucionalidad, y es por ello que los demandantes, reclaman
se les indemnicen los perjuicios causados”71 (Se destaca).

Igualmente, a través de su apoderado, los demandantes afirmaron en la demanda
que “desde la incursión del grupo armado en el municipio de Guarne, su accionar
fue notorio, por la frecuencia de los homicidios, del secuestro y desplazamiento
generado por la misma organización, actuar que era conocido por las
autoridades civiles y militares con injerencia en el municipio. El actuar de los
paramilitares se produjo en el marco del conflicto armado interno que ha vivido el
país, quienes ante la falta de control por parte de las autoridades legalmente
constituidas actuaron por años en varios municipios del oriente Antioqueño,
atribuyéndose el derecho de decidir quiénes vivían y quiénes morían, incluso
limitando todos los derechos, libertades y garantías constitucionales y humanas, a
pesar de saberse dónde se encontraban, donde permanecían, donde
instalaban los ‘retenes’, como operaban, sin ninguna oposición de autoridad,
sin acción para darles captura, para que respondieran por sus múltiples delitos
en contra de la población civil o neutralizarlos y así garantizar la vida y los demás
derechos y libertades de toda la comunidad que estaban siendo vulnerados,
siendo el Estado frente al actuar paramilitar, un mero espectador”72 (Se
destaca).

Finalmente, en la demanda se afirma que: “por lo tanto, a la Policía Nacional y al
Ejército Nacional le asiste responsabilidad con la falta del mantenimiento del orden
público, al no adoptar las medidas de seguridad necesarias, eficientes y eficaces
para garantizar la vida y seguridad de los habitantes del municipio de Guarne-
Antioquia-, quienes estaban siendo víctimas de los grupos al margen de la ley y
especialmente de las ACCU-AUC- […] advirtiéndose por tal, que omitieron las
autoridades responsables de la efectividad de los derechos, seguridad y el
orden público, cumplir su condición de garante y como consecuencia de su
ineficacia, incapacidad e indiferencia se permitió la consolidación del grupo
71 Hecho 6 de la demanda, página 7 del archivo “11ED_010ReformaAdmiteDdap(.pdf) NroActua

2(.pdf) NroActua 2.pdf”, del expediente digital, índice 2, Samai.
72 Hecho 7 de la demanda, páginas 7 y 8 del archivo “11ED_010ReformaAdmiteDdap(.pdf)

NroActua 2(.pdf) NroActua 2.pdf”, del expediente digital, índice 2, Samai.

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Demandante: Viri Viviana Atehortúa Zuleta y otros

ilegal y su inclemente ataque, en el que resultaron afectados los derechos de
Jorge Enrique y los de sus familiares”73

Tales afirmaciones corresponden a una confesión y así deben valorarse en los
términos de los artículos 191 y 193 del C.G.P., pues fueron hechas por el
apoderado judicial en la demanda y vinculan a sus poderdantes, de ahí que se
encuentre acreditado el presupuesto de capacidad para confesar. Además, lo
confesado permite determinar el momento a partir del cual se debe analizar el
presupuesto de oportunidad en el ejercicio del derecho de acción. Por último, se
trata de manifestaciones expresas, conscientes y libres que versan sobre hechos
de los cuales el confesante tenía conocimiento, en este caso, la omisión de
protección, connivencia y/o posible participación de agentes del Estado en el
homicidio de Jorge Enrique Atehortúa Sánchez, ocurrido el 5 de abril de 1997.

A ello se suma que, para la época de los hechos, estaban dadas las condiciones
para el conocimiento de los demandantes de la connivencia y/o posible
participación de agentes del Estado en el homicidio de su familiar, por el contexto
de violencia paramilitar que se vivía en el municipio de Guarne, como lo
declararon los testigos vecinos del lugar, más cuando los mismos actores así lo
manifestaron en la demanda.

Es así como, dentro de la investigación penal por el homicidio de Jorge Enrique
Atehortúa Sánchez, su padre, Jairo León Atehortúa Ospina74 declaró sobre la
muerte de su hijo que: “únicamente sé que lo mataron y nada más, sobre los
hechos no sé nada porque todos son rumores de que lo mataron dos tipos que por
ahí de unos 25 o 30 años y que cogieron y se fueron por la parte de encima, o sea
que se fueron por el hospital y pasaron por el frente de Empresas Públicas y allá
hicieron uno o dos tiros, allá hay una huella de los tiros sobre todo de uno, porque
yo he visto uno, ahí había unas muchachas y parece que ellas les dijeron alguna
cosa y parece que por eso dispararon, pasaron al parecer por la cancha de futbol
73 Hecho 12.3 de la demanda, páginas 9 y 10 del archivo “11ED_010ReformaAdmiteDdap(.pdf)
NroActua 2(.pdf) NroActua 2.pdf”, del expediente digital, índice 2, Samai.
74 Páginas 42 y 43 del archivo “54ED_053Carpeta63973pdf(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.pdf”,

del expediente digital, índice 2, Samai.

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Demandante: Viri Viviana Atehortúa Zuleta y otros

y que pasaron por la plaza y que llegaron hasta el Comando, según dice la gente,
porque hubo muchachos que los estuvieron siguiendo en bicicleta a ver en dónde
se metían, pero todos los datos apuntan es al Comando y la gente no declara
porque le da miedo como me da a mí”.

Igualmente, la testigo Luz Marina Carmona75 residente del municipio de Guarne,
declaró en este proceso de reparación directa sobre la situación de orden público
en esa localidad para la época de los hechos. Señaló que “eso era una cosa de
locos en los años 80 y 90 en adelante, las atrocidades que ellos hacían, se
tomaron todos estos pueblos las veredas, por mi vereda se mantenían, por allá
incluso una finca la catalogaron, la pusieron la finca del terror, porque era donde
ellos llevaban la gente, la torturaban, los detenían allá días enteros, algunos los
soltaban, otros los mataban allá mismo, o los llevaban en horas de la noche y los
dejaban tirados en otras partes lejana”. Sobre el comportamiento de la fuerza
pública para la época de los hechos, la testigo señaló que “nunca hicieron
presencia por allá, nos abandonaron por allá totalmente, nunca hacían presencia
por allá para nada”.

A su turno, el testigo Jorge Mario Aguilar Pareja76 también residente del municipio
de Guarne y propietario de una droguería en el lugar, declaró que la situación de
orden público en ese municipio para cuando sucedieron los hechos “era muy
difícil, la situación era más bien complicada, acá pues se escuchaba que mataban
a mucha gente en el campo, a nosotros las mismas autodefensas nos
amenazaban, nos decían que teníamos que pagar vacunas […] Aquí las
denuncias como que no servían, acá todo se quedaba en el aire”.

También, la testigo Luz Marina Vera Zapata77 declaró que hacía parte de la
Asociación de Víctimas del municipio de Guarne pues un hermano suyo también

75 Acta de audiencia de pruebas, índice 63, Samai, “Gestión de otros despachos” del expediente

digital.

76 Acta de audiencia de pruebas, índice 63, Samai, “Gestión de otros despachos” del expediente

digital.
77 Decretado como prueba trasladada: archivo “50ED_049RespuestaRequerim(.pdf) NroActua

2(.pdf) NroActua 2.pdf”, del expediente digital, índice 2, Samai.

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Radicado: 05001233300020180147801 (72744)
Demandante: Viri Viviana Atehortúa Zuleta y otros

fue asesinado por actores armados ilegales en esa localidad. La testigo se refirió a
los hechos en los que perdió la vida su hermano. Señaló que en la década de los
90´s en la vereda La Enea de ese municipio había una finca conocida como la
“casa del terror” a donde los “paramilitares” llevaban a sus víctimas para
torturarlas y desaparecerlas. Indicó que estuvo en una audiencia de versión libre
de Ricardo López Lora alias “Marrano”, de la que no precisó la fecha, en la que
este confesó que en su calidad de miembro del grupo paramilitar “Bloque Metro”
cometió los homicidios de varias personas en ese municipio con la ayuda de
miembros de la Policía Nacional del municipio de Guarne y de otros municipios
aledaños y de un “mayor” del batallón Juan del Corral del Ejército Nacional.
Señaló que en la Asociación a la que pertenece varios jóvenes que prestaron
servicio obligatorio en el Ejército Nacional quisieron seguir vinculados, pero el
referido “mayor” les ofrecía que trabajaran con los “paramilitares”.

Por su parte, Adalberto Henao78 vecino del municipio de Guarne señaló que para
la época de los hechos los grupos armados ilegales actuaban en ese municipio y
se refirió a varios casos de víctimas distintas a Jorge Enrique Atehortúa Sánchez.
Manifestó que en los años 90´s los “paramilitares” mataban “mucha” gente sin
ninguna razón. Señaló que la gente no denunciaba porque el que lo hacía a los
dos o tres días aparecía asesinado. Afirmó que en 1998 se rumoraba que los
“paramilitares” tenían una larga lista de gente que iban a matar de las veredas
Yolombal, La Enea, Ovejas y otras. El testigo aseguró que en ese año asesinaron
a su madre, que “el que fue al comando de la policía a poner la denuncia fue mi
cuñado para que fueran hacer el levantamiento y la respuesta fue tráiganos el
cuerpo porque nosotros no nos metemos por allá eso está muy caliente y por allá
no nos podemos subir, ustedes busquen un chivero que les lleven una bolsa y
traen el cuerpo y lo entregan en el anfiteatro”. Declaró que sus familiares no
querían que llamara a las autoridades porque creían que entonces “los matarían a
todos”, también le decían que “la policía no quiere venir por acá”. Señaló que en el
año 2000 siguió la violencia en el municipio de Guarne pues “mataban mucha
gente”. Aseguró que en la vereda La Enea del municipio de Guarne existía una

78 Decretado como prueba trasladada: archivo “50ED_049RespuestaRequerim(.pdf) NroActua
2(.pdf) NroActua 2.pdf”, del expediente digital, índice 2, Samai.

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Radicado: 05001233300020180147801 (72744)
Demandante: Viri Viviana Atehortúa Zuleta y otros

casa conocida por los lugareños como la “casa del terror” donde los “paramilitares”
torturaban, asesinaban y enterraban personas.

Finalmente, la testigo Adriana Restrepo Restrepo79 manifestó desempeñarse
como fiscal delegada ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de
Medellín entre el 2000 y 2013. Describió sus funciones como fiscal y coordinadora
de la Unidad que documentaba e investigaba los delitos cometidos por el bloque
“Héroes de Granada” de las AUC campesinas de Córdoba y Urabá entre 1996 y
2005 que se sometió a la ley de justicia y paz, pero declaró que no podía revelar
casos puntuales, pues esa información hacía parte de procesos individuales y la
fiscalía tenía la facultad de reserva como titular de la acción penal.

Ahora bien, a juicio de la Sala y en los términos del artículo 21180 del Código
General del Proceso, se observa que los testimonios de Luz Marina Carmona,
Jorge Mario Aguilar Pareja, Luz Marina Vera Zapata, Adalberto Henao y Adriana
Restrepo Restrepo no resultan sospechosos, pues, salvo esta última, se limitaron
a señalar lo que conocieron respecto de la violencia de los grupos armados
ilegales en el municipio de Guarne para la época de los hechos, sin evidenciar
contradicciones o apreciaciones subjetivas en sus relatos. De modo que los
testigos no presentan sospechas de parcialidad ni hay indicios de una relación
especial que pueda interpretarse como un posible conflicto de intereses, por lo que
pueden ser apreciados.

Igualmente, en cuanto a la declaración de Jairo León Atehortúa Ospina, quien
manifestó ante la Fiscalía Seccional de Guarne que era el padre de Jorge Enrique
Atehortúa Sánchez, no se considera sospechoso, pues ni siquiera atestiguó los
hechos y solo se limitó a manifestar lo que escuchó de otras personas.

79 Decretado como prueba trasladada: archivo “50ED_049RespuestaRequerim(.pdf) NroActua
2(.pdf) NroActua 2.pdf”, del expediente digital, índice 2, Samai.
80 “Artículo 217. Imparcialidad del testigo. cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las

personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en
razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus
apoderados, antecedentes personales u otras causas. La tacha deberá formularse con expresión
de las razones en que se funda. El juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo
con las circunstancias de cada caso.”

35

Radicado: 05001233300020180147801 (72744)
Demandante: Viri Viviana Atehortúa Zuleta y otros

De acuerdo con todo lo anterior, se concluye que los demandantes conocieron de
la muerte de Jorge Enrique Atehortúa Sánchez el mismo día en que esta ocurrió,
pues así se desprende de la demanda en la que se manifiesta que su madre María
Soledad Sánchez Hoyos fue la primera en ver a su hijo herido y “tirado en el
suelo”. Lo anterior, aunado al hecho que los accionantes no manifestaron en la
demanda ni demostraron con posterioridad a esta que se enteraron de la muerte
de su familiar en una fecha distinta.

Igualmente, en cuanto a la connivencia y/o posible participación de agentes del
Estado en el homicidio de Jorge Enrique Atehortúa Sánchez, se tiene que de
acuerdo con lo afirmado en la demanda, los accionantes tenían conocimiento de
que los sujetos que habrían cometido directamente el homicidio, desde antes de
ese hecho, incluso, ya actuaban en el municipio de Guarne sin oposición ni control
de la fuerza pública pues, pese a que las autoridades tenían conocimiento de la
presencia de los actores armados ilegales en esa localidad, estos actuaban “sin
ninguna oposición de autoridad, sin acción para darles captura […] siendo el
Estado frente al actuar paramilitar un mero espectador”.

Además, la demanda fue enfática en que “a pesar de haber informado a la fuerza
pública de la presencia de los paramilitares y de la situación que se estaba
presentando en la Cafetería, la autoridad no acudió al llamado”. En otras palabras,
los demandantes sabían que la supuesta omisión o aquiescencia de las
autoridades frente a la actuación de los actores armados ilegales que se venía
presentando en el municipio de Guarne desde antes del 5 de abril de 1997, es la
que habría hecho posible el homicidio de Jorge Enrique Atehortúa Sánchez.

A ello se suma que el 7 de octubre de 2008, María Soledad Sánchez Hoyos otorgó
poder a un abogado “para que asuma mi representación y la de mi familia dentro
de las diligencias que fueren necesarias en el marco del procedimiento señalado
por la Ley de Justicia y Paz” dentro del proceso contra los postulados del Bloque
Metro de las “autodefensas” (hecho probado 7.1.5), de ahí que en la demanda la
parte actora afirmara que en estos procesos se pudo establecer “la relación de las

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Demandante: Viri Viviana Atehortúa Zuleta y otros

autoridades con la organización delictual para la que trabajaban” los
“paramilitares” como Ricardo López Lora alias “Marrano”.

De hecho, dada su representación en el proceso de justicia y paz, se observa que,
al menos desde el 9 de noviembre de 2012 cuando se notificó la Resolución No.
1413 del 9 de noviembre de 2012, por la cual la Fiscalía 45 Delegado ante el
Tribunal de Justicia y Paz de Medellín reconoció a María Soledad Sánchez Hoyos
la calidad de victima dentro del proceso seguido contra Ricardo López Lora alias
“Marrano” -postulado a la Ley 975 de 2005 de justicia y paz-, es que la parte
actora tuvo la posibilidad de enterarse de la posible complicidad entre agentes del
Estado y los “paramilitares”, pues el referido postulado confesó el homicidio de
Jorge Enrique Atehortúa Sánchez, en diligencia de versión libre del 2 de agosto de
2012, tal como se expresó en la citada Resolución y en el oficio de su notificación
(hecho probado 7.1.7.).

De ahí que en la demanda los actores afirmaran que, en una de sus versiones
libres, Ricardo López Lora alias “El Marrano” manifestó que en “su accionar”
“contó con el apoyo y la ayuda de miembros de la fuerza pública, en especial dos
uniformados de la Estación de policía de Guarne de apellidos Mora y Galvis”.

Por tanto, no le asiste razón a la parte apelante cuando manifiesta que, -en cuanto
a la aplicación del criterio señalado en la sentencia de unificación de la Sección
Tercera del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020- la información que tenían
los demandantes al momento de los hechos es que, posiblemente, los causantes
del homicidio fueron delincuentes comunes o grupos paramilitares, pero que no
tenían elementos para imputarle responsabilidad a las entidades demandadas,
pues para la época en que acaeció la muerte de Jorge Enrique Atehortúa
Sánchez, resulta claro que para los actores sí era “evidente” la complicidad de la
fuerza pública con los paramilitares, toda vez que, tal como se afirma en la
demanda “a pesar de haber informado a la fuerza pública de la presencia de los
paramilitares y de la situación que se estaba presentando en la Cafetería, la
autoridad no acudió al llamado; actuando los paramilitares como si conocieran de
ante mano que la fuerza pública no iba a hacer presencia en el lugar”; además, en

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Demandante: Viri Viviana Atehortúa Zuleta y otros

los procesos de justicia y paz quedó establecida “la relación de las autoridades
con la organización delictual para la que trabajaban, por ejemplo Ricardo López
Lora alias ‘Marrano’ quien confesó que “contó con el apoyo y la ayuda de
miembros de la fuerza pública” y “el Estado permitió barbaries como la de Jorge y
la de otro número importante de víctimas inocentes e indefensas”.

De modo que no existe duda alguna de que, para los demandantes, el Estado es
responsable tanto por su permisividad con el actuar de los “paramilitares” en el
municipio de Guarne para la época de los hechos, como por su omisión en el
deber de protección y su negligencia en acudir al llamado cuando Jorge Enrique
Atehortúa Sánchez fue asesinado en una cafetería de ese Municipio, el 5 de abril
de 1997.

Tampoco le asiste razón a los apelantes, cuando esgrimen como argumento de
disenso que solo a partir del 12 de febrero de 2020, cuando se notificó la
sentencia en contra del Bloque Metro de las AUC -la cual no obra en este proceso-
se determinó que el actuar sistemático y generalizado de los paramilitares en
contra de la población civil fue conocido y auspiciado por parte de las fuerzas
armadas Ejército Nacional y Policía Nacional, pues, se itera, ya desde la época de
los hechos los demandantes conocían de esta complicidad, como lo afirmaron en
el libelo.

Adicional a lo anterior, en el proceso no hay prueba que demuestre la
imposibilidad de los demandantes para acudir a la Jurisdicción Contencioso
Administrativa y lo propio ocurre con la prueba testimonial, pues si bien los
testigos mencionaron que para la época de los hechos a las personas les daba
temor denunciar los actos violentos ante la Policía Nacional, ya por la complicidad
o la indiferencia de esta entidad frente a la situación de orden público en el
municipio de Guarne, lo cierto es que los declarantes no dieron cuenta de una
imposibilidad material particular de los accionantes, que les hubiera impedido
demandar en ejercicio del medio de control de reparación directa dentro del
término previsto en la ley.

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Demandante: Viri Viviana Atehortúa Zuleta y otros

Lo anterior, teniendo en cuenta que: i) el 31 de marzo de 2007, la demandante
María Soledad Sánchez Hoyos denunció ante la Fiscalía General de la Nación el
homicidio de su hijo Jorge Enrique Atehortúa Sánchez (hecho probado 7.1.3); ii) el
6 de octubre de 2008, acudió a la Fiscalía Seccional de Guarne para que le
expidiera certificación sobre el homicidio de su hijo Jorge Enrique Atehortúa
Sánchez a fin de realizar trámites ante Acción Social y el Comité Nacional de
Reparación y Reconciliación dentro del marco de la Ley 975 de 2005 de Justicia y
Paz (hecho probado 7.1.4.); iii) el 7 de octubre de 2008 otorgó poder para ser
representada como víctima en la investigación adelantada por la Unidad de
Justicia y Paz por el homicidio de su hijo Jorge Enrique Atehortúa Sánchez (hecho
probado 7.1.5.); iv) el 9 de noviembre de 2012 dicha demandante fue notificada de
que fue aceptada como víctima dentro del proceso seguido contra Ricardo López
Lora alias “Marrano” -postulado a la Ley 975 de 2005 de justicia y paz-, quien
confesó el homicidio de Jorge Enrique Atehortúa Sánchez y; v) el 3 de diciembre
de 2014, los demandantes declararon ante la Unidad de Víctimas dicho homicidio
y fueron incluidos en el Registro de Víctimas (hecho probado 7.1.8.), salvo por
John Alexander Atehortua Sánchez, Viri Bibiana Atehortua Zuleta y Danilo
Esteban Atehortua Cardona.

Es decir, ni la prueba documental ni la testimonial practicada en este proceso dan
cuenta de alguna situación (secuestro, enfermedad u otro) que permita dar
aplicación a los criterios objetivos expuestos por la Sala Plena de esta Sección en
la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020.

De modo que, desde el 2007, la parte actora acudió a diferentes autoridades para
realizar solicitudes relacionadas con el homicidio de Jorge Enrique Atehortúa
Sánchez, sin que se demostrara en este proceso alguna circunstancia que les
impidiera acudir también, dentro del término legal, a la jurisdicción contenciosa.

Bajo ese entendido, no resultan aplicables las razones objetivas expuestas por la
Sala Plena de esta Sección en la sentencia de unificación del 29 de enero de
2020, Rad. 61033, tales como secuestros o enfermedades, tampoco se demostró
que los actores denunciaron amenazas o cualquier otro supuesto que

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Demandante: Viri Viviana Atehortúa Zuleta y otros

obstaculizara materialmente el ejercicio del derecho de acción, para que el término
de caducidad se compute a partir de un momento distinto al de la ocurrencia del
hecho objeto de la litis81, esto es, la muerte de Jorge Enrique Atehortúa Sánchez,
ocurrida el 5 de abril de 1997.

Igualmente, se destaca que la parte actora, a través de la impugnación, tuvo la
oportunidad de pronunciarse respecto de cualquier situación objetiva que le
hubiera impedido demandar dentro del término legal y, en efecto, frente a la
aplicación de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 proferida por la
Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, manifestó que la única
información que tenían los demandantes al momento de los hechos es que,
posiblemente, los causantes del homicidio fueron delincuentes comunes o grupos
paramilitares y que solo para el 12 de febrero de 2020, cuando se notificó la
sentencia en contra del Bloque Metro de las AUC, es que se reveló la connivencia
de la fuerza pública con el actuar de los paramilitares.

No obstante, lo anterior no tiene asidero, pues como antes se advirtió, los
demandantes conocían de la posible aquiescencia del Estado frente a las
actuaciones de los grupos armados que causaron la muerte de Jorge Enrique
Atehortúa Sánchez, incluso desde antes de su deceso y, luego de este, acudieron
a diferentes autoridades, sin impedimento alguno, para denunciar el homicidio,
solicitar certificaciones en el proceso penal adelantado por la Unidad de Justicia y
Paz de la Fiscalía General de la Nación por el homicidio del precitado y declarar
ante la Unidad de Víctimas.

Así las cosas, se estima que el medio de control de reparación directa se presentó
por fuera de los 2 años legalmente establecidos, toda vez que, el término de
caducidad para demandar por la muerte de Jorge Enrique Atehortúa Sánchez
venció el 6 de abril de 1999. Incluso, de tomarse en cuenta la notificación del 9 de
noviembre de 2012, sobre la confesión de Ricardo López Lora alias “Marrano”
respecto del homicidio de Jorge Enrique Atehortúa Sánchez y del apoyo que

81 Así lo reiteró esta Sala de Subsección en la sentencia del 11 de diciembre de 2024, exp. 68282.

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recibió de la fuerza pública para ello, o el 3 de diciembre de 2014, cuando los
demandantes declararon ante la Unidad de Víctimas el referido hecho, el plazo
para demandar venció el 10 de noviembre de 2014 o el 4 de diciembre de 2016,
respectivamente.

Y aunque el 14 de junio de 201782 el extremo activo presentó solicitud de
conciliación extrajudicial, lo cierto es que para ese momento no había término de
caducidad susceptible de ser suspendido porque, como se explicó anteriormente,
ya había operado el fenómeno preclusivo de la caducidad del medio de control de
reparación directa frente al hecho lesivo sufrido por los demandantes, esto es, la
muerte de Jorge Enrique Atehortúa Sánchez.

Por último, es importante destacar que la decisión que aquí se adopta no es ajena
a la posición de la Sala, toda vez que mediante sentencia del 9 de diciembre de
202583, al conocer de una controversia con similares características a la que aquí
se debate, declaró la caducidad del medio de control con fundamento en que los
demandantes conocieron de la posible participación de agentes del Estado desde
la ocurrencia del hecho objeto de la litis y que no se probaron circunstancias
objetivas que les hubiera impedido a los accionantes demandar dentro del término
legal.

Por todo lo antes expuesto, se confirmará la decisión adoptada el 28 de febrero de
2025 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró probada la
caducidad del medio de control, según lo expuesto en precedencia.

8. Condena en costas

El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en

82 Archivo “4ED_002ConciliacionExtra(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.pdf”, del expediente
digital, índice 2, Samai.
83 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,

sentencia del 9 de diciembre de 2025, exp. 72059.

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costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.

Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el momento
en el que se interpuso la demanda, establece las siguientes reglas para proceder
a la condena en costas, a saber:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica,
anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos
en este código. […]. 2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la
actuación que dio lugar a aquella. 3. En la providencia del superior que confirme en
todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de
la segunda. 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del
inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
[…]. 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación”

De conformidad con las normas anteriormente transcritas, en la parte resolutiva se
condenará en costas a la parte demandante, toda vez que es la parte vencida en
el proceso.

La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los
términos del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en
consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en
cuenta para dicha liquidación las expensas que aparezcan efectivamente
probadas en el proceso.

Ahora, en relación con las agencias en derecho84 en segunda instancia, es
menester poner de presente que se entienden causadas en razón de la
naturaleza, calidad, la cuantía del proceso y la actuación desplegada por la parte
vencedora85.

84 Cfr. Art. 365 y ss. CGP.
85 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034.

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En este sentido, se advierte que en segunda instancia la parte vencedora no
desplegó actuación alguna, en consecuencia, no habrá lugar al pago de agencias
en derecho a cargo del extremo activo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 28 de febrero de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán
liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo
dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso.

CUARTO: NEGAR las agencias en derecho por la segunda instancia.

QUINTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado

VF/EX8

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