Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-07068-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-07068-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-07068-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
21 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-07068-00
Accionante: MARGARITA MARÍA ATEHORTÚA SÁNCHEZ
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN C
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Tutela contra providencia de alta corte. Es procedente pues se satisfacen
los requisitos de procedencia formal y material. Se configura el defecto de
desconocimiento de precedente pues se condenó en costas en una demanda de
reparación directa referida a una grave violación a los derechos humanos.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Antecedentes
Hechos relevantes de la causa
1. A través de apoderado judicial, Margarita María Atehortúa Sánchez presentó
acción de tutela contra la sentencia de 23 de febrero de 2026 proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera de la Corporación que puso fin al proceso de
reparación directa identificado con el radicado 05001-23-33-000-2018-01478-01
(72744). Expuso los siguientes antecedentes.
2. El 5 de abril de 1997, en las horas de la tarde, Jorge Enrique Atehortúa Sánchez
se encontraba en una cafetería enfrente del hospital la Anunciación del municipio
de Guarne y a escasos 400 metros de la estación de Policía de esa localidad,
cuando arribaron varios hombres armados quienes se identificaron como miembros
de la organización criminal autodenominada Autodefensas Campesinas de Córdoba
y Urabá (ACCU), identificaron al ciudadano Atehortúa Sánchez, le exigieron salir del
lugar, y una vez en la calle, lo asesinaron.
3. El 6 de julio de 2018, María Soledad Sánchez Hoyos, Jaime León Atehortúa
Sánchez, Iván Darío Atehortúa Sánchez, Jairo Alberto Atehortúa Sánchez, Ramiro
Adolfo Atehortúa Sánchez, Margarita María Atehortúa Sánchez y Beatriz Elena
Atehortúa Sánchez, quienes actúan en nombre propio y en representación de la
sucesión de Jairo León Atehortúa Ospina; así como Viri Bibiana Atehortúa Zuleta,
John Alexander Atehortúa Sánchez y Danilo Esteban Atehortúa Cardona,
promovieron demanda de reparación directa contra la Nación-Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, el
Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, y el Ejército Nacional para que se
declarara su responsabilidad en el homicidio de Jorge Enrique Atehortúa, el cual,
fue resultado de la acción directa de un grupo armado ilegal en connivencia con
agentes estatales, motivo por el cual, se produjo falla en el servicio de la Policía
Nacional.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07068-00
Accionante: Margarita María Atehortúa Sánchez
Accionado: Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección C
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
4. En sentencia de primera instancia, el 28 de febrero de 2025, el Tribunal
Administrativo de Antioquia, declaró probada la excepción de caducidad del medio
de control y negó las pretensiones de la demanda. Apelada, la Subsección C de la
Sección Tercera de la Corporación, en sentencia de 23 de febrero de 2026,
notificada el 12 de marzo de 2026, confirmó la decisión de caducidad y condenó en
costas a la parte demandante, las cuales serán liquidadas de manera concentrada
por el Tribunal de primera instancia. Se negaron las agencias en derecho por la
segunda instancia.
Fundamentos del escrito de amparo
5. Sostienen que la decisión atacada, al condenar en costas a la parte actora,
incurre en desconocimiento de precedente constitucional, pues la sentencia de
unificación SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional determinó que no resulta
procedente aplicar un criterio objetivo de condena en costas a la parte vencida, en
casos de reparación directa, relacionados con el conflicto armado y que constituyen
una grave violación a los derechos humanos, incluso si la sentencia que pone fin a
la instancia es adversa, pues el asunto reviste interés público.
6. Señaló que: “al verificar la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 23 de
febrero de 2026, que se demanda no se observa referencia a la sentencia SU-241-
2024, ni análisis de prueba que acredite la causación de las costas procesales, ni
valoración de la calidad de víctima de los demandantes para la aplicación del
artículo 188 de CPACA, ni justificación de las razones por las que en este caso no
se tuvo en cuenta la salvedad de esta norma ni el precedente constitucional, no se
observa argumento distinto al hecho que la parte actora resultó vencida en el
proceso, lo que no constituye razón para la inaplicación del precedente ni para la
inaplicación de la excepción del artículo 188 de la CPACA y 365 del CGP”1.
7. Recordó el contenido de la Sentencia SU-241 de 2024, en los fundamentos 4.3.1.
y subsiguientes, en lo que, en su criterio se fijó el criterio de que, en casos de
reparación directa no resulta procedente condenar en costas a la parte demandante,
y solicitó, en consecuencia, que se deje sin efecto, el ordinal tercero de la sentencia
de 23 de febrero de 2026, notificada el 12 de marzo de 2026, en la que ordenó la
condena a las víctimas.
Trámite de la acción de tutela
8. En auto de 3 de septiembre de 2026, el despacho sustanciador admitió la tutela
promovida por Margarita María Atehortúa Sánchez contra la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, y vinculó como tercero con interés a
Tribunal Administrativo de Antioquia, a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
– Ejército Nacional – Policía Nacional, Ministerio del Interior, a la Presidencia de la
República y su Departamento Administrativo (DAPRE) y al Ministerio Público.
9. Además, se vinculó a Soledad Sánchez Hoyos, Jaime León Atehortúa Sánchez,
Iván Darío Atehortúa Sánchez, Jairo Alberto Atehortúa Sánchez, Ramiro Adolfo
Atehortúa Sánchez, Beatriz Elena Atehortúa Sánchez, Viri Viviana Atehortúa Zuleta,
Danilo Esteban Atehortúa Cardona, John Alexander Atehortúa Sánchez, Ramón
Alberto Atehortúa Sánchez y a los demás intervinientes dentro del proceso de
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Escrito de amparo, índice samai 2. Folio 4.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07068-00
Accionante: Margarita María Atehortúa Sánchez
Accionado: Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección C
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
reparación directa identificado con el radicado No. 05001-23-33-000-2018-01478-
00/01. Asimismo requirió al abogado de la parte accionante para que precisara si la
integración de la parte demandante estaba integrada únicamente por la señora
Margarita María Atehortúa o por otros sujetos. De ser así debía allegar los
respectivos poderes. Entre otras decisiones.
Intervenciones
10. El consejero ponente de la decisión cuestionada2 intervino con el fin de
solicitar que se declare improcedente el amparo por no satisfacer el requisito de
relevancia constitucional. De manera subsidiaria solicitó que se niegue el amparo
pues no incurrió en el defecto que fue alegado. Indicó que no se incurrió en un
defecto fáctico o sustantivo, pues se valoró adecuadamente el material probatorio
contenido en el expediente, y se aplicaron correctamente las normas que regulan la
condena en costas. Indicó que si bien no aplicó la sentencia de unificación
reprochada como desconocida, en su criterio, esa sentencia no unificó regla alguna
respecto a la condena en costas. Indicó que, es de la opinión que, la sentencia
abordó el asunto de las costas en ese tipo de casos, únicamente como un debate
secundario. Señaló:
“En cuanto al defecto por desconocimiento del precedente constitucional
contenido en la sentencia SU-241 del 20 de junio de 2024, si bien, en la
sentencia del 23 de febrero de 2026, la Sala de Subsección C de la Sección
Tercera de esta Corporación no dio aplicación a la jurisprudencia constitucional
referida, ni expuso argumento alguno para apartarse de ella, lo cierto es que,
aunque la decisión sobre costas en asuntos de reparación directa en los cuales
se ventilan graves violaciones a los derechos humanos forma parte integrante
de la sentencia SU-241 del 20 de junio de 2024, este no constituye un aspecto
central del núcleo de la regla de unificación, sino de un tema accesorio, si bien
de importancia constitucional, toda vez que el núcleo temático y la razón
principal de la unificación fijada en la sentencia SU 241 de 2024 se circunscribió
a los siguientes temas: i) el cálculo y la interpretación flexible del término de
caducidad del medio de control de reparación directa frente a violaciones
continuadas de derechos humanos, específicamente en contextos de
desplazamiento forzado y exilio; y, ii) el estándar para la valoración probatoria
(defecto fáctico) respecto de la estabilización socioeconómica y el daño
psicológico persistente de las víctimas en el exterior”
Además, en cuanto a la decisión sobre costas, lo señalado por la Corte en la
referida sentencia no constituye un imperativo de no condenar en costas en los
casos de posibles violaciones a derechos humanos, sino una exhortación a
revisar la aplicación del artículo 188 del CPACA, con el fin de considerar la
procedencia de la no condena en costas o, en todo caso, fijarlas bajo un criterio
de razonabilidad y proporcionalidad”.
11. Por lo anterior, sostiene que, la acción de tutela es improcedente por reabrir un
debate resuelto en sede de instancia.
12. La magistrada ponente3 de la decisión que puso fin a la primera instancia,
integrante del Tribunal Administrativo de Antioquia, intervino con el fin de indicar
que, en su criterio la sala de decisión del a quo “ha actuado conforme a las normas
y jurisprudencia aplicables al caso, ha expuesto en forma argumentada su decisión
y acata la decisión que adopte el Honorable Consejo de Estado”. Allegó el enlace
digital del expediente de reparación directa.
2
Índice samai 11.
3
Índice samai 13
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07068-00
Accionante: Margarita María Atehortúa Sánchez
Accionado: Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección C
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
13. El apoderado del Ministerio de Defensa-Ejército Nacional4 intervino con el
fin de solicitar que se niegue el amparo o se declare improcedente, pues no se
produjo el defecto alegado por la parte tutelante. Afirmó que la acción de tutela no
puede utilizarse como tercera instancia para reabrir debates procesales ya
resueltos.
14. El Ministerio Público delegado dentro del proceso ordinario5 intervino y
manifestó que si bien se presentó concepto del Ministerio Público en el proceso no
se realizó solicitud alguna respecto de la condena en costas a la parte actora, lo
cual es el objeto principal de la acción de tutela, por lo que se solicita la
desvinculación del trámite que nos ocupa. El apoderado de la Policía Nacional6
intervino con el fin de solicitar que se declare la improcedencia de la acción de tutela
en relación con la entidad, por carecer de legitimación en la causa por pasiva,
dado que, la pretensión del tutelante no corresponde a las consecuencias de una
acción u omisión realizada por la Policía Nacional en desarrollo de nuestra
misionalidad y funciones, sin que sea jurídicamente posible subrogar la esfera de
competencias de otros organismos y funcionarios del Estado, como en el sub judice
del Consejo de Estado. Además, indicó que, se utiliza la acción de tutela para buscar
una instancia adicional.
15. El apoderado de la parte actora7 intervino para precisar que, la acción de tutela
fue promovida por Margarita María Atehortúa Sánchez, en razón a que solo a ella
pudo notificarse la sentencia en la que tuvo lugar la condena en costas objeto de la
acción constitucional, pues la señora Soledad Sánchez falleció y los demás
demandantes no actualizaron sus datos de contacto. Agregó que a través de la
accionante se obtuvo el contacto de otros miembros de la familia hasta el día 9 de
septiembre de 2026, quienes a su vez indagaron con los demás demandantes sobre
el interés en hacerse parte de la acción de tutela, obteniendo su respuesta positiva,
no obstante, por sus ocupaciones y/o limitaciones de acceso a internet y/o por
incapacidad en el manejo de herramientas digitales, no pudieron allegar el poder en
oportunidad.
16. La apoderada del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República8 solicitó que se declare improcedente por carecer de legitimación en la
causa por pasiva, pues la decisión cuestionada fue proferida por una autoridad
judicial, y la presidencia de la república no es parte de esa rama del poder público.
Solicitó que se declare improcedente el amparo o se nieguen las pretensiones pues
no se incurrió en vulneración a los derechos fundamentales.
CONSIDERACIONES
Competencia
17. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo
4
Índice samai 14
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Índice samai 15.
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Índice samai 16.
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Índice samai 17
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Índice samai 18
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07068-00
Accionante: Margarita María Atehortúa Sánchez
Accionado: Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección C
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
37 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.
Cuestión previa
18. El Ministerio Público y la Policía Nacional solicitaron su desvinculación del
proceso de amparo, pues estiman que carecen de legitimación en la causa por
pasiva. Esta sala negará la petición de desvinculación pues, las dos entidades
fueron parte del proceso ordinario9 y en consecuencia el resultado de esta
providencia puede afectar los derechos de las entidades vinculadas.
Problema jurídico
19. En el asunto de la referencia, en primer lugar, la sala debe establecer si la acción
de tutela es formalmente procedente, puesto que se trata de una acción
constitucional ejercida contra una providencia proferida en segunda instancia, por
la subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En caso de concluir
que la acción de tutela es procedente, como segundo problema jurídico, se deberá
resolver si la providencia cuestionada, al condenar en costas a la parte tutelante,
desconoció el precedente fijado en la Sentencia SU-241 de 2024, al no valorar las
particularidades del asunto, el interés público comprometido, la condición de las
víctimas y los criterios de razonabilidad y proporcionalidad relevantes para
determinar la procedencia de dicha condena.
20. Con el fin de resolver los problemas jurídicos propuestos, en primer lugar, se
reiterará el precedente constitucional sobre la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales. Posteriormente, se reseñará el precedente de esta
corporación y el de la Corte Constitucional respecto de la condena en costas en
casos de graves violaciones a los derechos humanos, y finalmente se resolverá el
caso concreto.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
21. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 200510, reiterado
de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren siete causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.
22. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar11: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
9
Páginas 1 a 23 del archivo “10ED_009ContestacionPONAL(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua
2.pdf”, del expediente digital, índice 2, Samai.y Índice 12, Samai del proceso ordinario.
10
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
11
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07068-00
Accionante: Margarita María Atehortúa Sánchez
Accionado: Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección C
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
sentencia de tutela12, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional13 o el Consejo de Estado14,
ni una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP15; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara, detallada y comprensible
los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que,
si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable16 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada.
23. En cuanto a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la Sentencia C-590 de 2005 precisó que la tutela se
concederá si se presenta al menos uno de los siguientes defectos. A continuación,
se enuncian los defectos específicos explicados por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, profundizando en el defecto invocado por la parte actora.
i.Defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es expedida por un
funcionario judicial que carecía de competencia;
ii.Defecto procedimental absoluto, que se produce cuando la autoridad judicial
actuó por fuera del procedimiento establecido para determinado asunto;
iii.Defecto fáctico, que se presenta cuando la providencia acusada tiene problemas
de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica de pruebas, la
valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la realización indebida y
contraevidente de pruebas existentes en el proceso;
iv.Defecto sustantivo, que ocurre cuando la decisión judicial se toma con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que no estaban
llamadas a gobernar el caso o a partir de interpretaciones jurídicas contrarias a la
garantía de los derechos fundamentales.
v.Error inducido, que se genera cuando la autoridad judicial vulnera los derechos
fundamentales del afectado producto de un error al que ha sido inducido por
12
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
13
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
14
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
15
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
16
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07068-00
Accionante: Margarita María Atehortúa Sánchez
Accionado: Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección C
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
factores externos al proceso, y que tienen la capacidad de influir en la toma de una
decisión contraria a derecho o a la realidad fáctica probada en el caso;
vi.Decisión sin motivación, que supone que el juez no cumplió con su deber de
expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión;
vii.Desconocimiento del precedente, que se genera cuando frente a un caso con los
mismos hechos una autoridad se aparta de los procedimientos establecidos por los
tribunales de cierre (precedente vertical) o por los dictados por ellos mismos
(precedente horizontal), sin cumplir con la carga de justificar de forma suficiente y
razonada por qué se cambia de precedente.
viii.Violación directa de la Constitución, que se genera cuando una providencia
judicial desconoce por completo un postulado de la Constitución, le atribuye un
alcance insuficiente o lo contradice.
24. Respecto al defecto por desconocimiento del precedente, en sentencia SU-304
de 2024, la Corte indicó que dicho defecto se configura cuando “se vulnera la razón
de la decisión” de una providencia judicial que cumple con los requisitos para ser
precedente. Sin embargo, aclaró que el desconocimiento de las decisiones en las
que se reconoce o atribuye un significado a disposiciones en ejercicio de control
abstracto de constitucionalidad o legalidad es un defecto sustantivo. Además, la
Corte reiteró que: (i) los requisitos generales y específicos para la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales establecidos en la
Sentencia C-590 de 2005 se mantenían, (ii) sin embargo, era preciso reiterar que
cuando se tratara de providencias de altas cortes la carga era más exigente, pues
se trata de órganos de cierre de las respectivas jurisdicciones.
25. La decisión precisó que existe la posibilidad que tiene una autoridad judicial para
apartarse de un precedente aplicable. Esta posibilidad se circunscribe a casos
particulares en los que existan razones de especial fuerza constitucional que lo
justifiquen. En ese sentido, la autoridad deberá dar cumplimiento a la carga de
transparencia y de suficiencia argumentativa, las cuales implican que el juez: (i)
indique explícitamente que se apartará del precedente fijado hasta el momento y lo
identifique concretamente y (ii) señale los motivos que, en su criterio, le permiten
decidir de manera distinta y por qué la decisión no sacrifica los principios de
confianza legítima, seguridad jurídica e igualdad.
26. En conclusión, el defecto por desconocimiento del precedente: (i) se configura
cuando se vulnera la razón de la decisión de una providencia judicial que cumple
con los requisitos para ser precedente; (ii) implica una mayor carga argumentativa
cuando se trata de providencias dictadas por altas cortes, (iii) puede ser de dos
tipos, desconocimiento de precedente vertical (fijado por un superior jerárquico), o
desconocimiento del precedente horizontal (fijado por una autoridad de la misma
jerarquía).
27. Conforme las consideraciones anteriores, en el acápite de caso concreto, se
examinará si la acción de tutela de la referencia satisface las causales genéricas de
procedencia y al menos una específica. Inmediatamente a continuación se
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Accionante: Margarita María Atehortúa Sánchez
Accionado: Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección C
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
examinará el precedente constitucional sobre la condena en costas en casos de
graves violaciones a los derechos humanos.
Jurisprudencia sobre la condena en costas dentro de procesos de reparación
directa en casos de graves violaciones a los derechos humanos
28. En la Sentencia SU-241 de 2024, la Sala Plena de la Corte resolvió una acción
de tutela contra providencia en la que se había declarado la caducidad del derecho
de acción, sin tener en cuenta que la demandante había tenido que salir al exilio
durante más de 10 años. En esa providencia se explicó que el exilio es una barrera
de acceso a la administración de justicia que justifica que las víctimas promuevan
la demanda de reparación directa, una vez regresen al país.
29. De igual manera, en la sentencia de unificación se fijó como criterio en materia
de derechos fundamentales que, en los casos en los que se ventilan posibles
violaciones a los derechos humanos, especialmente ocurridas en el contexto del
conflicto armado, por ser procesos que revisten interés público, los jueces
administrativos se abstendrán de condenar al pago de costas judiciales. En la
sentencia de unificación se indicó:
“6. Acerca del defecto sustantivo, consideró que aunque la autoridad judicial
tiene amplia libertad para interpretar las normas jurídicas, en el caso concreto
la imposición de las costas procesales a cargo de la parte demandante
resultaba irrazonable y desproporcionada cuando (i) en el ordenamiento
jurídico existen otras interpretaciones posibles que desarrollan mejor los
contenidos de las garantías superiores a favor de las víctimas de graves
violaciones a los derechos humanos como es su caso; (ii) tienen la calidad de
apelantes únicos en segunda instancia; (iii) el numeral 8º del artículo 365 del
CGP les permite introducir un criterio valorativo para su fijación; (iv) el
artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, establece el deber de pronunciarse sobre las costas procesales
y fija como excepción que salvo en los eventos en que se ventile un interés
público no habrá lugar a la imposición de costas, como acontece en el caso
concreto, ya que en virtud de lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2017, es
de interés público el resarcimiento a las víctimas del conflicto armado. Por ello,
el Juzgado 4º además del criterio objetivo que rige su imposición, también debió
guiar su análisis teniendo en cuenta las particularidades del asunto estudiado,
esto es, aplicar un criterio objetivo- valorativo para determinar si imponía o no
una condena en el caso concreto.”
30. Más adelante reiteró:
“Específicamente, en el caso objeto de análisis el defecto sustantivo se
configuró porque el Juzgado 4º al realizar el proceso interpretativo de las
normas aplicables para imponer la condena en costas no tomó en consideración
la calidad de sujetos de protección constitucional reforzada de la actora y de su
familia. Circunstancia que daba lugar a aplicar la excepción contemplada en el
artículo 188 del CPACA. Esto porque en este caso se ventila una cuestión de
interés público en la medida en que, en virtud de lo dispuesto en el Acto
Legislativo 01 de 2017, es de interés público el resarcimiento a las víctimas del
conflicto armado y porque, de las pruebas obrantes en el plenario, se observa
que la demanda no se presentó con manifiesta carencia de fundamento legal.”
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07068-00
Accionante: Margarita María Atehortúa Sánchez
Accionado: Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección C
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
31. La Sala Plena de la Corte Constitucional indicó que, el acto legislativo 01 de
2017 determinó que la reparación de las víctimas del conflicto armado es un asunto
de interés público, razón por la cual no procede la condena en costas.
32. La jurisprudencia constitucional reiterada ha indicado que, en casos de
demandas de reparación directa relacionadas con hechos del conflicto armado, la
condena en costas no es objetiva, sino que debe examinar si se trata de un asunto
de interés público y si la demanda es manifiestamente improcedente.
33. En armonía con lo anterior, esta subsección ha proferido decisiones en las que:
(i) en sede de juez de tutela ha dejado sentencias ordinarias por condenar en costas,
y (ii) dentro de procesos de reparación directa, explícitamente se ha abstenido a
condenar en costas a la parte actora, cuando se trata de una grave violación a los
derechos humanos.
34. En efecto, en sentencia de tutela de 25 de julio de 202517, esta subsección
resolvió una petición de amparo en la que, al igual que en este caso, se discutía la
constitucionalidad de la condena en costas proferida dentro de un proceso judicial
de reparación directa en la que se discutía una grave violación a los derechos
humanos. En esa providencia se dejó sin efecto la sentencia proferida por un
Tribunal Administrativo que había condenado en costas a la parte demandante, en
aquel caso, víctima de una grave violación a los derechos humanos. En la decisión
se consideró:
80. Del contenido de la decisión, surge una primera evidencia. La misma fue
proferida en abierto desconocimiento de la regla jurisprudencial fijada en la
Sentencia SU-241 de 2024, conforme a la cual, en aplicación del artículo 188
de la Ley 1437 de 2011, no resulta posible que los jueces administrativos
condenen en costas a las víctimas de graves violaciones a los derechos
humanos puesto que en este tipo de procesos se ventila un asunto de interés
público. En la providencia cuestionada se condenó en costas de dos instancias,
a las víctimas de una grave violación a los derechos humanos. (…)
En esa medida, en el caso concreto, (…), en aquello que tiene que ver con la
condena en costas a la parte demandante, se dejará sin efecto el fallo
cuestionado por desconocer el precedente fijado en la Sentencia SU-241 de
2024 respecto de la improcedencia de la condena en costas a víctimas de
graves violaciones a los derechos humanos.
35. En aquella oportunidad se amparó el derecho al debido proceso de las víctimas
del conflicto armado, tutelantes y se dejó sin efecto la condena en costas. De igual
forma, dentro de procesos de reparación directa en casos en los que se discute si
autoridades públicas son responsables de graves violaciones a los derechos
humanos, esta subsección ha reiterado el criterio conforme al cual, las mismas no
proceden18. En sentencia de 11 de agosto de 202519, dentro de un proceso de
reparación directa, la subsección indicó:
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, C.P.
Fernando Pardo Flórez. Rad. 11001-03-15-000-2025-03963-00
18
Sentencia de esta subsección de 21 de marzo de 2025 Radicado interno 62577. En el mismo
sentido, sentencia de 28 de febrero de 2025. C.P. Fernando Pardo Flórez radicado interno 71.192.
Sentencia de 21 de marzo de 2025, radicado interno 70.834 C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
19
Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Rad. el
radicado 47-001-2333-000-2018-0018-01 (70411), C.P. Fernando Pardo Flórez
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07068-00
Accionante: Margarita María Atehortúa Sánchez
Accionado: Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección C
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
“96. De conformidad con la remisión del primer inciso del artículo 188 del
CPACA, y según lo establecido en los numerales 1 y 3 del artículo 365 del CGP,
la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una
conducta de la parte a la cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual
dicha condena se determina con fundamento en un criterio objetivo, en este
caso frente a la parte que resultó vencida; sin embargo, la sentencia SU-241 de
2024 fijó como criterio unificado en materia de derechos fundamentales que, en
los casos en los que se ventilan posibles violaciones a los derechos humanos,
especialmente ocurridas en el contexto del conflicto armado, por ser procesos
que revisten interés público, los jueces administrativos se abstendrán de
condenar al pago de costas judiciales.
97. La Sala Plena de la Corte Constitucional indicó que, el acto legislativo 01 de
2017 determinó que la reparación de las víctimas del conflicto armado es un
asunto de interés público, razón por la cual no procede la condena en costas.
98. En criterio de esta Subsección no resulta procedente la condena en costas
a la parte demandante, pues busca la protección y garantía de derechos
humanos, supuestamente vulnerados por hechos ocurridos “en el contexto del
conflicto armado”. El solo hecho de que las pretensiones de declaración de
responsabilidad patrimonial del Estado no prosperen, no hace que proceda la
condena en costas, y la misma sería procedente, en estos específicos procesos,
cuando la demanda sea manifiestamente infundada.
99. Por lo anterior, a pesar de que se despachará negativamente el recurso de
apelación de la parte actora, no se condenará en costas, atendiendo al criterio
explicado.”
36. En esa ocasión se resolvía en segunda instancia, la apelación de la parte actora,
respecto de un caso de un homicidio en persona protegida seguido del
desplazamiento forzado del núcleo familiar de la víctima directa. A pesar de que se
concluyó que el daño antijurídico existió, el mismo no le era imputable a la autoridad
pública demandada, razón por la cual, se negaron las pretensiones. A pesar de esto,
la corporación se abstuvo de condenar en costas a la parte actora.
37. En sentencia de 13 de febrero de 2026, la Subsección A de la Sección Tercera,
en sede de juez constitucional, dentro del radicado 2025-04714-01, se resolvió una
acción de tutela dirigida contra una sentencia proferida por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado en la que, en un proceso de reparación
directa relacionada con una grave violación a los derechos humanos ocurrida en el
contexto del conflicto armado, se negaron las pretensiones y se condenó en costas
a la parte actora. En esa providencia de amparo de esta Subsección se indicó que:
“ (…) en la sentencia SU-241 de 2024, la Sala Plena de la Corte fijó una regla
jurisprudencial conforme a la cual, no resulta procedente la condena en costas
a la parte demandante, en eventos en los que se discuten eventuales
violaciones a los derechos humanos, tales como crímenes de guerra o de lesa
humanidad. Ello es independiente del resultado del proceso, motivo por el cual,
la regla aplica, incluso si se niegan las pretensiones o no se solicitó el amparo
de pobreza dentro del desarrollo del proceso judicial”.
38. En la providencia se amparó el derecho al debido proceso de la parte actora, se
declaró que la subsección B de la Sección Tercera de la corporación que había
condenado en costas. Esto pues, examinado el contenido de la Sentencia de
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07068-00
Accionante: Margarita María Atehortúa Sánchez
Accionado: Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección C
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
Unificación si se fijó una interpretación autorizada de los numerales 1° y 3° del
Artículo 365 del Código General del Proceso respecto de la condena en costas en
ese tipo de caso. La providencia de tutela de esta subsección indicó:
“41. En criterio de esta Subsección, el juez de la reparación debió tener en
cuenta la calidad de la parte demandante dentro del proceso de reparación
directa por casos de graves violaciones a los derechos humanos, y examinar si
se trata de un sujeto de especial protección constitucional. En el caso de la
Sentencia SU-241 de 2024, para la Corte Constitucional, resultó relevante que
la actora era una mujer que se había visto obligada huir de su domicilio,
situación equiparable a la que vivió la tutelante, Libia Margarita Montoya, quien
afirma ser víctima del conflicto armado y haber sufrido el desplazamiento. La
sentencia judicial atacada no se pronunció sobre la ocurrencia del daño
antijurídico alegado, por lo que no es posible afirmar judicialmente si se
presentó. Sin embargo, lo que sí resulta importante es que se produjo la
condena en costas y si la subsección atacada debía considerar esa situación
contenida en la demanda”
39. En esa ocasión, la Subsección encontró una violación al debido proceso del
tutelante, dado que se concluyó que la sentencia atacada estaba en la obligación
de conocer y en principio aplicar, la SU-241 de 2024. No podía solo ignorarla, esto
pues, a juicio de la Corte Constitucional sí se fijó un estándar interpretativo relevante
en relación con la condena en costas en casos de graves violaciones a los derechos
humanos que debía como mínimo ser conocido y tenido en cuenta.
40. Como se observa, a juicio de esta Subsección, tanto en sede constitucional
como dentro de procesos de reparación directa, existe un criterio jurisprudencial
consolidado conforme al cual, cuando se discuten posibles graves violaciones a los
derechos humanos, la decisión sobre las costas exige una valoración específica
y no meramente objetiva. En particular, corresponde al juez examinar el carácter
de interés público de la controversia, las condiciones de las personas demandantes,
la eventual aplicación de la excepción prevista en el artículo 188 del CPACA y los
criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Ello no elimina la autonomía judicial
para adoptar la decisión que corresponda, pero exige que el precedente sea
considerado y que una eventual separación de este sea debidamente justificada.
Caso Concreto
41. Examinado lo anterior, corresponde resolver el primer problema jurídico.
42. En el asunto de la referencia, la Subsección encuentra que se satisfacen los
requisitos de procedencia general de la acción de tutela.
43. Respecto al requisito de relevancia constitucional, esta subsección20 ha
señalado que, los casos en los que se discute la condena en costas dentro de
procesos de reparación directa por graves violaciones a los derechos humanos, el
asunto reviste especial relevancia pues la acción de tutela versa sobre la
20
Sentencia de tutela dentro del radicado 11001-03-15-000-2025-03963-00. En el mismo sentido
sentencia de 13 de febrero de 2026, dentro del radicado de tutela 11001-03-15-000-2025-04714-
01.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07068-00
Accionante: Margarita María Atehortúa Sánchez
Accionado: Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección C
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
interpretación constitucional de normas de rango legal, y que, interpretadas
irreflexivamente pueden llevar a decisiones arbitrarias.
44. La condena en costas en casos de graves violaciones a los derechos humanos
reviste relevancia constitucional, toda vez que, implica la discusión respecto de la
interpretación y aplicación de una norma procesal, en un tipo de proceso en el que
se discute la eventual responsabilidad de autoridades estatales respecto de
crímenes de guerra o lesa humanidad. Se ha indicado que la aplicación irreflexiva
de la condena en costas puede implicar una afectación al derecho al acceso a la
administración de justicia, motivo por el cual, si se trata del ejercicio concreto de un
derecho de rango superior.
45. Respecto al requisito de inmediatez, el mismo se encuentra satisfecho puesto
que, la providencia cuestionada se profirió el 23 de febrero de 2026, la decisión fue
notificada el 12 de marzo de 2026, mientras que la acción de tutela se presentó el
2 de septiembre de 2026, es decir, dentro de un plazo que se estima razonable para
ejercer la acción constitucional. De igual manera, se satisface el requisito de
subsidiariedad, puesto que no existe ningún mecanismo judicial ordinario o
extraordinario pendiente de agotar y que permita cuestionar, desde una perspectiva
constitucional, la validez de la condena en costas a una víctima de graves
violaciones a los derechos humanos.
46. En relación con la legitimación en la causa en la causa por activa y por pasiva,
se satisfacen, toda vez que, quien ejerce la acción de tutela es una de las personas
que se ve perjudicada por la condena en costas, y que fue parte dentro del proceso,
es decir, el amparo lo propuso a quien afecta negativamente la decisión. En el
mismo sentido, la acción de tutela se ejerció contra la Subsección C de la Sección
Tercera de la Corporación, autoridad judicial que profirió la decisión cuestionada.
47. Respecto al requisito de carga argumentativa y explicativa del accionante, en el
escrito de amparo, la parte actora identificó los hechos, concretamente la
providencia de 23 de febrero de 2026, y la condena en costas a la parte actora. Se
precisó los hechos que supuestamente implican una vulneración al derecho
fundamental. Finalmente se trata de una acción de tutela contra una providencia
proferida en segunda instancia dentro de un proceso de reparación directa. En
consecuencia, no se trata de una acción de tutela contra una providencia de tutela,
o una sentencia que hace el control abstracto a una norma, ni una sentencia
interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la
Jep.
48. Se cumplen las causales generales de procedencia de tutela contra providencia,
razón por la cual, la Sala resolverá el segundo problema jurídico. Como se indicó,
se reiterará el precedente constitucional de esta Subsección, en armonía con el de
la Corte Constitucional, respecto de la condena en costas en casos de graves
violaciones a los derechos humanos.
49. Esta subsección concluye que se produjo un defecto por desconocimiento del
precedente constitucional fijado en la SU-241 de 2024, esto pues la providencia
atacada no tuvo en cuenta dicha sentencia dentro de la parte motiva. Quiere decir
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Accionante: Margarita María Atehortúa Sánchez
Accionado: Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección C
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
esto que no se planteó como una de las fuentes formales del derecho relevantes
para resolver el punto de la condena en costas, la sentencia de unificación proferida
por la Sala Plena de la Corte Constitucional. En la sentencia atacada no hay
mención alguna a dicha sentencia. En la contestación de la acción de tutela el
consejero ponente de la decisión atacada argumentó que, en su criterio, esa
providencia no unifica una regla jurisprudencial. Si ese es el criterio jurídico, el
mismo es respetable y protegido por el principio constitucional de la autonomía
judicial, pero dichas razones debían estar contenidas en la providencia cuestionada.
50. Al examinar la decisión censurada, en punto a la condena en costas, la
providencia señaló:
“8. Condena en costas
El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.
Al punto, el artículo 365 del Código General del Proceso, vigente para el
momento en el que se interpuso la demanda, establece las siguientes reglas
para proceder a la condena en costas, a saber:
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código. […]. 2. La condena se hará en sentencia
o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella. 3. En la providencia
del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se
condenará al recurrente en las costas de la segunda. 4. Cuando la sentencia
de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias. […]. 8. Solo habrá lugar
a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida
de su comprobación”
De conformidad con las normas anteriormente transcritas, en la parte resolutiva
se condenará en costas a la parte demandante, toda vez que es la parte vencida
en el proceso.
La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los
términos del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en
consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en
cuenta para dicha liquidación las expensas que aparezcan efectivamente
probadas en el proceso.”21
51. Por lo anterior ordenó:
“SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán
liquidadas de manera concentrada por el Tribunal a quo, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo
dispuesto en los artículos 365.8 y 366 del Código General del Proceso.”
52. Se observa de la parte considerativa de la providencia censurada que no se tuvo
en cuenta la sentencia SU-241 de 2024, la cual, como se indicó en esta providencia,
sí es una fuente formal del derecho relevante al momento de resolver la condena
21
Folio 41 de la sentencia atacada.
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Accionante: Margarita María Atehortúa Sánchez
Accionado: Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección C
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
en costas en procesos de reparación directa motivados por graves violaciones a los
derechos humanos, pues la condena en costas en demanda de reparación directa
por hechos relacionadas con el conflicto armado, no procede automática u
objetivamente, sino que, conforme el Acto Legislativo 01 de 2017, se trata de un
asunto de interés público, motivo por el cual, debe acudirse al inciso segundo del
artículo 188 de la ley 1437 de 2011. Los jueces de la reparación tienen el derecho
a separarse del precedente, pero para ello, el primer paso es conocerlo, mencionar
la existencia, y ofrecer razones por las cuales estiman que no es precedente judicial
o contiene una regla jurisprudencial equivocada. Debe, en esa medida, satisfacerse
la carga de transparencia y la carga argumentativa de la separación del precedente
de manera explícita e inequívoca, esto como garantía del derecho a la igualdad y la
coherencia del sistema jurídico.
53. Como se indicó más arriba en la sentencia de unificación de 2024, como parte
de la ratio decidendi del fallo, relacionado con los defectos en los que incurrió un
juez administrativo, se indicó que era irrazonable y desproporcionado condenar en
costas a una persona víctima del conflicto armado. A juicio de esta subsección, en
sede de amparo y sede de reparación directa, esa consideración es parte de la ratio
decidendi, en atención que fue un defecto específico que fue reprochado a la
sentencia atacada y llevó a que la decisión atacada en esa ocasión fuese dejada
sin efecto. Precisó la sentencia:
“5.13.3. No obstante, observa la Sala plena que, aunque la autoridad judicial
aplicó un criterio objetivo- valorativo para la imposición de la condena en costas
ya que dispuso sobre las costas procesales y explicó por qué fueron causadas
y efectivamente probadas, a juicio de esta Corporación dadas las
particularidades del caso bajo estudio dicha condena resulta irrazonable y
desproporcionada. Lo anterior, porque el ordenamiento jurídico consagra
excepciones para la aplicación de dicha figura procesal a las que hubiese
podido acudir la autoridad judicial, en aras de asegurar el respeto y la realización
de los principios, derechos y deberes constitucionales a favor de las víctimas
de graves violaciones a los derechos humanos, como es el caso de los
demandantes, quienes tienen la calidad de apelantes únicos en segunda
instancia.”
(…)
5.13.5. Específicamente, en el caso objeto de análisis el defecto sustantivo se
configuró porque el Juzgado 4º al realizar el proceso interpretativo de las
normas aplicables para imponer la condena en costas no tomó en consideración
la calidad de sujetos de protección constitucional reforzada de la actora y de su
familia. Circunstancia que daba lugar a aplicar la excepción contemplada en el
artículo 188 del CPACA. Esto porque en este caso se ventila una cuestión de
interés público en la medida en que, en virtud de lo dispuesto en el Acto
Legislativo 01 de 2017, es de interés público el resarcimiento a las víctimas del
conflicto armado y porque, de las pruebas obrantes en el plenario, se observa
que la demanda no se presentó con manifiesta carencia de fundamento legal.”
54. A juicio de esta Subsección, la Sentencia SU-241 de 2024, contiene una ratio
decidendi que debía ser tenida en cuenta por la autoridad judicial accionada, puesto
que, por la identidad de fáctica y la discusión jurídica resuelta por la sala plena,
órgano de cierre en materia constitucional, es una fuente formal del derecho que
debía ser citada y considerada al momento de definir la condena en costas.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07068-00
Accionante: Margarita María Atehortúa Sánchez
Accionado: Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección C
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
55. La autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta dicha providencia, y resolvió
este aspecto de la decisión, sin tener en cuenta la providencia de unificación. En la
contestación de la acción de tutela, el consejero ponente ofreció razones por las
cuales estima que no resulta aplicable al caso concreto dicha providencia de
unificación. Más allá de sí esta Sala comparte las razones expuestas en la
contestación de la tutela, referidas a que las consideraciones de la SU-241 de 2024
son un dicho al pasar, u obiter dictum, que no constituyen precedente, lo cierto es
que eso debía estar contenido en la sentencia atacada. No obstante, esas razones
no están mencionadas. En la sentencia de 23 de febrero de 2026 se presenta el
defecto de desconocimiento del precedente constitucional, pues una decisión que
resulta aplicable y una regla jurisprudencial contenida en ella, no fue tenida en
cuenta por la corporación censurada.
56. La configuración del defecto advertido respecto de la sentencia de 23 de febrero
de 2026, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
dentro del proceso de reparación directa identificado con el radicado 05001-23-33-
000-2018-01478-01 (72744), no implica que corresponda al juez constitucional
definir directamente si en ese asunto procede o no la condena en costas. La
vulneración del debido proceso se origina en que, al resolver ese aspecto, la
autoridad judicial accionada acudió al criterio derivado de la condición de parte
vencida sin considerar expresamente la Sentencia SU-241 de 2024 ni exponer, en
su caso, las razones que permitieran apartarse de la regla jurisprudencial allí
desarrollada respecto de las demandas de reparación directa relacionadas con
posibles graves violaciones a los derechos humanos. En consecuencia, el remedio
debe dirigirse específicamente a remover ese segmento de la decisión y permitir
que sea el juez natural quien efectúe nuevamente la valoración correspondiente, a
partir de los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP y del precedente constitucional
relevante.
57. Esta solución preserva la autonomía e independencia de la autoridad judicial
accionada y evita que el juez de tutela sustituya su valoración sobre una materia
propia del proceso ordinario. La jurisprudencia constitucional ha admitido remedios
de esta naturaleza cuando el defecto identificado afecta únicamente una cuestión
determinada de la providencia. Así, en la Sentencia T-373 de 2025, la Corte
dispuso que el tribunal accionado profiriera una nueva sentencia limitada a ciertos
aspectos concretos de la controversia, entre ellos expresamente la tasación de
perjuicios y la condena en costas, preservando los extremos no comprometidos por
la vulneración constitucional. De manera concordante, en la Sentencia SU-241 de
2024 la Corte restituyó al juez ordinario la competencia para adoptar una nueva
decisión conforme a las consideraciones constitucionales fijadas en el fallo de tutela.
Por tanto, en el presente asunto corresponde a esta Subsección permitir que la
Subsección C que vuelva a pronunciarse exclusivamente sobre ese aspecto y
adopte, dentro de su autonomía judicial, la decisión que estime jurídicamente
procedente.
58. En este punto, la Subsección verifica que, la acción de tutela fue promovida
únicamente por Margarita María Atehortúa Sánchez quien fue parte dentro del
proceso ordinario que llevó a la sentencia atacada. El apoderado judicial de la parte
actora indica que, los demás demandantes en el proceso ordinario, es decir,
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07068-00
Accionante: Margarita María Atehortúa Sánchez
Accionado: Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección C
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
Soledad Sánchez, Jaime León Atehortúa Sánchez, Iván Darío Atehortúa Sánchez,
Jairo Alberto Atehortúa Sánchez, Ramiro Adolfo Atehortúa Sánchez, Viri Bibiana
Atehortúa Zuleta, John Alexander Atehortúa Sánchez, Danilo Esteban Atehortúa
Cardona y Beatriz Elena Atehortúa Sánchez, no suscribieron la acción de tutela
pues, la primera, ya falleció, y los restantes, si bien conocen el contenido de la
sentencia enfrentan obstáculos para suscribir la demanda, pero están, igualmente,
interesados en las resultas del proceso, pues estiman injusta la condena en costas.
Afirmó el apoderado en el memorial dirigido al despacho:
“(…) a través de la accionante se obtuvo el contacto de otros miembros de la
familia hasta el día 9 de septiembre de 2026, quienes a su vez indagaron con
los demás demandantes sobre el interés en hacerse parte de la acción de tutela,
obteniendo su respuesta positiva, no obstante, por sus ocupaciones y/o
limitaciones de acceso a internet y/o por incapacidad en el manejo de
herramientas digitales, no pudieron allegar el poder en oportunidad.”
59. En este tipo de circunstancias, la Corte Constitucional22 ha acudido al efecto
inter comunis. Ha indicado que, si el juez constitucional verifica que las personas
que no son tutelantes, están en la misma situación fáctica y jurídica de aquella que
sí lo fue, motivo por el cual, sufren la misma vulneración al derecho fundamental,
tiene competencia, en virtud del derecho a la igualdad y a la economía procesal, el
juez constitucional extiende los efectos de la sentencia para que alcance a las
demás personas en idénticas circunstancias.
60. En la Sentencia T-014 de 2025, una Sala de revisión resolvió una acción de
tutela contra una providencia judicial proferida por un tribunal de distrito. Verificó
que, la acción de tutela sólo fue presentada por unos individuos de la parte actora,
mientras que otras personas demandantes dentro del proceso ordinario no pudieron
suscribir la demanda de amparo. La sentencia de la Corte amparó el derecho al
debido proceso de la parte actora al concluir que se produjo un defecto fáctico.
Determinó dejar sin efecto la sentencia proferida por el tribunal y ordenó que se
profiera sentencia de reemplazo, y aclaró que, los efectos del amparo cobijaban a
las personas que no suscribieron la tutela, pero sí fueron parte en el proceso y
estaban en las mismas condiciones de quienes sí eran tutelantes. Se lee en la
providencia:
“Por último, la Sala Quinta de Revisión precisa y hace explícito que los efectos
de la sentencia de reemplazo que deberá proferir el Tribunal Administrativo de
Bolívar, por orden de esta providencia, se extienden a todas las personas y
sujetos que conforman el contradictorio en el proceso contencioso de
reparación directa, con radicado número 13-001-33-33-008-2015-00418-
01 (acumulado). Esto, en atención a que los defectos en los que incurrió la
Sentencia atacada del 23 de noviembre de 2022 del Tribunal Administrativo de
Bolívar conciernen y tienen repercusión jurídica sobre la totalidad de las
22
Corte Constitucional, Sentencia T-014 de 2025. En el mismo sentido, Por medio de la Sentencia
SU-1023 de 2001, la Sala Plena de esta Corporación aplicó, por primera vez, la fórmula jurídica
aludida “con fundamento en los principios de igualdad y garantía de la supremacía constitucional, en
aquellos eventos en los que la decisión de tutela debe hacerse extensiva a todos los sujetos que,
junto con las partes del proceso específico, integran una misma comunidad que, en razón de la
identidad fáctica, conforman un grupo social que se verá directamente impacto por la determinación
de la Corte. Esto, tal como lo ha indicado la jurisprudencia de esta Corporación, sin consideración
acerca de que las personas a las que se dirige la amplificación de los efectos de la providencia de la
Corte hayan acudido a la acción de tutela y la misma les haya resultado contraria a sus intereses en
sede de instancia.”. En el mismo sentido T-760 de 2015.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07068-00
Accionante: Margarita María Atehortúa Sánchez
Accionado: Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección C
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
personas que tienen la calidad de demandantes en la controversia contencioso
administrativa. En ese sentido, esta decisión tiene efectos inter comunis”
61. En el mismo sentido, en otras providencias, verbigracia la SU-168 de 2023, la
Corte acudió a los efectos inter pares, para extender los efectos de una sentencia
de amparo contra providencia judicial, y señaló que, en casos de graves violaciones
a los derechos humanos, correspondía proferir un fallo que incluyera la protección
de los derechos de personas que fueron demandantes dentro de un proceso de
reparación directa, pero no pudieron suscribir el escrito de amparo. En la
providencia se protegió el derecho fundamental al debido proceso y se dejó sin
efecto un fallo de reparación directa. Se ordenó proferir un fallo de reemplazo que
también beneficiara a las personas que no fueron parte del escrito de amparo. En
la SU-168 de 2023 se indicó:
“La Sala Plena advierte que la demanda de reparación directa fue presentada
por los familiares del señor Benjamín Artemio Arboleda Chaverra, así como los
del menor de edad Robinson Martínez Moya, quien habría sido víctima de
reclutamiento y desaparición forzada. La providencia judicial cuestionada
declaró la caducidad del medio de control de reparación directa en relación con
los dos grupos de hechos dañosos que fueron alegados, esto es, la presunta
desaparición forzada del señor Arboleda Chaverra, así como el reclutamiento y
desaparición forzada del menor Martínez Moya. No obstante, la presente acción
de tutela sólo fue interpuesta por los familiares del señor Arboleda Chaverra.(…)
(…) la Sala considera que es procedente extender los efectos de la presente
decisión a los familiares del menor Martínez Moya. Esto, porque de acuerdo con
la jurisprudencia constitucional reiterada y uniforme, la Corte es competente
para extender los efectos de las sentencias de revisión a terceros por medio de
diversos “mecanismos amplificadores”, dentro de los que se encuentran los
efectos inter pares. Los efectos inter pares, son el mecanismo a través del cual
la Corte extiende los efectos de su decisión a terceros “que se encuentran en
una situación semejante respecto de los accionantes”. Esto, con la finalidad de
evitar “decisiones encontradas, o equivocadas” y salvaguardar el derecho a la
igualdad.”
62. En esa oportunidad, la Corte Constitucional extendió los efectos de la decisión
en un dimensión inter-pares a personas que, aunque no promovieron la acción de
tutela, se encontraban en una situación jurídica equivalente a la del accionante y
resultaban afectadas por la misma providencia judicial. Esta circunstancia resulta
relevante en el presente asunto, pues la acción de amparo fue promovida por una
de las personas que integró la parte demandante dentro del proceso ordinario,
mientras que Jaime León Atehortúa Sánchez, Iván Darío Atehortúa Sánchez, Jairo
Alberto Atehortúa Sánchez, Ramiro Adolfo Atehortúa Sánchez, Viri Bibiana
Atehortúa Zuleta, John Alexander Atehortúa Sánchez, Danilo Esteban Atehortúa
Cardona y Beatriz Elena Atehortúa Sánchez también fueron demandantes en el
proceso de reparación directa y se encuentran afectados por la misma providencia
cuestionada. En consecuencia, al definir el alcance de las órdenes que se impartan,
la Sala tendrá en cuenta que la decisión judicial objeto de tutela produjo efectos
respecto de todos ellos, por lo que concederá un efecto inter pares a la decisión, al
tratarse de la adecuación de una norma a la Constitución en razón de la igualdad.
En cuanto a María Soledad Sánchez Hoyos, el apoderado de la parte actora informó
que falleció durante el trámite del proceso de reparación directa, por lo que su
situación deberá valorarse conforme a lo ocurrido con su sucesión procesal.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07068-00
Accionante: Margarita María Atehortúa Sánchez
Accionado: Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección C
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NEGAR la petición de desvinculación promovida por la Procuraduría
General de la Nación y la Policía Nacional.
SEGUNDO: AMPARAR el derecho al debido proceso de Margarita María Atehortúa
Sánchez,
TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS PARCIALMENTE la sentencia de 23 de febrero
de 2026, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
dentro del proceso de reparación directa identificado con el radicado 05001-23-33-
000-2018-01478-01 (72744), únicamente en cuanto resolvió sobre la condena en
costas.
En consecuencia, ORDENAR a dicha autoridad judicial que, dentro de los quince
(15) días siguientes a la notificación de esta providencia, adopte un nuevo
pronunciamiento exclusivamente respecto de la procedencia de la condena en
costas dentro del proceso identificado con el radicado 05001-23-33-000-2018-
01478-01 (72744). Para tal efecto deberá considerar la Sentencia SU-241 de 2024,
las circunstancias particulares del asunto y los artículos 188 del CPACA y 365 del
CGP, sin perjuicio de su autonomía e independencia judicial para adoptar la
determinación que estime jurídicamente procedente, con la motivación
correspondiente.
CUARTO: EXTENDER con efectos inter pares el contenido de este fallo a Jaime
León Atehortúa Sánchez, Iván Darío Atehortúa Sánchez, Jairo Alberto Atehortúa
Sánchez, Ramiro Adolfo Atehortúa Sánchez, Viri Bibiana Atehortúa Zuleta, John
Alexander Atehortúa Sánchez, Danilo Esteban Atehortúa Cardona y Beatriz Elena
Atehortúa Sánchez en relación con las normas que involucran la aplicación de las
costas impuestas.
QUINTO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el medio
más expedito.
SEXTO: En caso de no ser impugnada REMITIR a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-07068-00
Accionante: Margarita María Atehortúa Sánchez
Accionado: Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección C
Referencia: Primera instancia de acción de tutela
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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