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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03963-00

Fecha
25 de julio de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-03963-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: TUTELAR el derecho al debido proceso y acceso a la administración de justicia de Gilma Torres Varón y Mildred Yahaira Ángel Torres. SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la sentencia de 29 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Tolima, dentro del radicado 73001-33-33-005- 2017-00389-01. En consecuencia, ORDENAR al despacho sustanciador que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del presente fallo, profiera una sentencia de reemplazo en la que siga el precedente constitucional contenido en las sentencias SU-167 de 2023, SU-241 de 2024, SU-439 de 2025 y T-202 de 2025, y al momento de resolver la segunda instancia, examine la oportunidad de la demanda desde un enfoque flexible y pro víctima que tenga en cuenta las barreras estructurales de acceso y verifique el momento en que, de manera concreta y cierta, las tutelantes contaron con todas la información respecto de la responsabilidad extracontractual de la entidad demanda. TERCERO: INFORMAR a las partes del contenido de la providencia por el medio más expedito. CUARTO: En caso de no ser impugnado REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-03963-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

25 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veinticinco (25) de julio de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-03963-00
Accionante: GILMA TORRES VARÓN Y OTRO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TOLIMA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Tutela contra providencia que declaró la caducidad del derecho de acción
en reparación directa en caso de grave violación a los derechos humanos //
requisitos de procedencia // requisitos para el examen de una acción de tutela
contra una sentencia judicial de reemplazo // examen constitucional del término de
caducidad de la demanda de reparación directa // configuración del defecto de
desconocimiento del precedente por haber condenado en costas a una víctima
dentro de un proceso de reparación directa que reviste interés público //
configuración del defecto de desconocimiento de precedente judicial y defecto
fáctico.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Antecedentes

1. La Sala resuelve en primera instancia la acción de tutela promovida por el
apoderado judicial de Gilma Torres Varón y Mildred Yahaira Ángel Torres,
compañera permanente e hija de Marco Fidel Ángel Sánchez, según el escrito de
tutela, víctima de un homicidio en persona protegida, presentada falsamente como
baja en combate. La petición de amparo constitucional cuestiona una sentencia
judicial de reemplazo proferida en segunda instancia dentro del proceso
contencioso administrativo por el Tribunal Administrativo del Tolima. Por lo anterior,
con el fin de facilitar la exposición de los antecedentes, en primer lugar, se explicará
el desarrollo del proceso contencioso administrativo, y luego los fundamentos del
amparo.

Antecedentes del proceso contencioso administrativo identificado 73001-33-
33-005-2017-00389-00.

2. El 22 de diciembre de 2007, en área rural del municipio de Rovira, Tolima,
miembros del Batallón de Infantería No. 18 de la ciudad de Ibagué del Ejército
Nacional quitaron la vida a Marco Fidel Ángel Sánchez. Los efectivos de la fuerza
pública hicieron pasar este homicidio como un resultado operacional legítimo dentro
de un combate. Según los tutelantes, no se presentó combate, y la víctima es un
civil que fue presentado ilícitamente, como miembro de un grupo armado
subversivo.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03963-00
Accionante: Gilma Torres Varón y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Tolima
Referencia: Primera instancia acción de tutela

3. Por los anteriores hechos, a inicios del año 2008, se abrieron actuaciones
penales en la jurisdicción ordinaria, en la justicia penal militar y disciplinaria, todas
contra los oficiales, suboficiales y soldados que intervinieron en la operación militar
que causó la muerte de Marco Fidel Ángel Sánchez. Ello originó el inicio de
conflictos positivos de jurisdicciones, los cuales fueron resueltos por el Consejo
Superior de la Judicatura en julio de 2010, en favor de la jurisdicción ordinaria,
especialidad penal.

4. En diciembre de 2013, una fiscal especializada de la Unidad Nacional de
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de
la Nación formuló imputación contra un particular, Eduardo Laín Bermúdez
Cardona, por el homicidio agravado de Marco Fidel Ángel Sánchez. El particular
aceptó su responsabilidad. En el año 2014, después del avance del proceso penal
en contra de Bermúdez Cardona, por decisión personal, éste solicitó ser escuchado
por la fiscal instructora del proceso penal, pues deseaba relatar las condiciones de
tiempo modo y lugar en las que ocurrió el homicidio de Marco Fidel Ángel.

5. Explicó que el homicidio se trató de una ejecución extrajudicial, pues por
orden de miembros de inteligencia del Ejército Nacional, Marco Fidel Ángel fue
citado por un amigo, y engañado para que tomaran alcohol, y en condición de
indefensión fue asesinado por miembros del Ejército Nacional, para posteriormente
ser presentado falsamente, como miembro de la guerrilla de las Farc.

6. Consecuencia de la anterior delación, en octubre de 2016, un fiscal
especializado radicó escrito de acusación contra el sargento del Ejército Edwin
Hermides Posada, como autor del delito de homicidio en persona protegida. En
febrero y abril de 2017, se señaló al Capitán Wilson Granada Díaz, y a los militares
Nelson Montaño, Isaac Portela Córdoba, Lisandro Trujillo y Jorge Eliecer Gaitán
Duque como autores del concurso heterogéneo de homicidio en persona protegida,
y falsedad ideológica en documento público.

7. En este escenario, el 10 de agosto de 2017, las tutelantes presentaron
solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación, y el
17 de noviembre del mismo año presentaron la demanda de reparación directa
contra la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional.

8. En primera instancia fue repartida al Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito de Ibagué, autoridad judicial que, en sentencia de 30 de noviembre de
2020, declaró extracontractualmente responsable a la Nación-Ministerio de
Defensa-Ejército Nacional por el homicidio de Marco Fidel Ángel Sánchez y
condenó al pago de perjuicios morales, entre otras medidas de reparación integral.

9. Apelada la decisión, en sentencia de 21 de noviembre de 2024, el Tribunal
Administrativo de Tolima revocó la sentencia de primera instancia, y en su lugar,
declaró de oficio la excepción de caducidad del derecho de acción. Frente a la
anterior decisión, las tutelantes promovieron una primera acción de tutela, la cual
fue fallada por la Sección Quinta del Consejo de Estado. En sentencia del 20 de
febrero de 2025, esta autoridad judicial dejó sin efecto el fallo de 21 de noviembre
de 2024, y ordenó proferir un fallo de reemplazo que tuviera en cuenta que,

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03963-00
Accionante: Gilma Torres Varón y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Tolima
Referencia: Primera instancia acción de tutela

conforme el precedente unificado del Consejo de Estado el término de caducidad
se debe empezar a contar desde el momento en que los demandantes tuvieron
conocimiento de la participación de los agentes estatales, no desde la ocurrencia
del hecho dañoso.

10. En cumplimiento del fallo de amparo, en sentencia del 29 de mayo de 2025,
el Tribunal Administrativo del Tolima profirió la procedencia de reemplazo de
segunda instancia. Nuevamente revocó la sentencia de 20 de noviembre del 2020
proferida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito y declaró probada de
oficio la excepción de caducidad y negó las pretensiones de la demanda y decidió
“condenar en costas de ambas instancias y agencias en derecho a la parte
demandante”.

11. Según el escrito de demanda, la sentencia de reemplazo tomó como punto
de partida el término de la caducidad el 11 de enero de 2013, fecha en la que la
Fiscalía General de la Nación informó a las tutelantes los derechos de las víctimas
dentro del proceso penal. En criterio del tribunal accionado, la sentencia de tutela
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado indicó que el término de
caducidad debía contabilizarse desde que las tutelantes tuvieron acceso al proceso
penal y ello ocurrió desde la comunicación del acta de los derechos de las víctimas
dentro del proceso penal, lo cual se remonta a enero de 2013.

Del escrito de tutela

12. Las tutelantes manifestaron que la sentencia de reemplazo vulnera sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia, a la igualdad, a la familia, y a la reparación integral. Además, señalaron que
la providencia de 29 de mayo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de
Tolima incurrió en un defecto fáctico por una errada interpretación de la prueba
documental, desconocimiento del precedente judicial y defecto sustantivo.

13. Respecto del defecto fáctico explicaron que el fallo cuestionado interpretó
equivocadamente el material probatorio contenido en el expediente, toda vez que,
resulta evidente, con la lectura del acta de información de los derechos de las
víctimas de enero de 2013, que dicha acta es una fotocopia que no informa ninguna
realidad procesal concreta, respecto de la responsabilidad penal de miembros del
Ejército Nacional. Igualmente, recordó que el proceso penal contra agentes del
Estado avanzó únicamente desde el año 2014, y se consolidó una tesis de
responsabilidad hasta el año 2017. En el año 2013 no se conocía la identidad de
las personas que habían participado en el homicidio de la víctima. Indicaron que la
conclusión del tribunal accionado no se sostiene conforme el contenido del acta de
derechos de las víctimas. Afirmaron en el escrito: “no era posible que la
demandante GILMA TORRES VARÓN, anticipe un daño antijuridico con la simple
firma de un formato que ni siquiera le fue leído o explicado, además, que dicho
documento no constituye para nada un requisito de obligatoriedad para acceder a
demandar, menos cuando la investigación estaba empezando y no existía un
conocimiento claro soportado en elementos de convicción sobre la responsabilidad
penal de algún militar, es más, ni siquiera estaban vinculados a la indagación,
cuando lo que sí existían eran dudas, por lo cual, tampoco estaba obligada para

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03963-00
Accionante: Gilma Torres Varón y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Tolima
Referencia: Primera instancia acción de tutela

acceder al expediente penal y menos tenía conocimiento o los medios para
hacerlo”1.

14. El escrito de amparo concluyó en contravía del razonamiento de la
providencia cuestionada que nunca estuvo en discusión que el homicidio de Marco
Fidel Ángel Sánchez fue resultado de la acción de miembros del Ejército, eso se
conocía desde la fecha de los hechos, “pero no es cierto que la señora GILMA
TORRES VARÓN para la fecha del 11 de enero de 2.013, podía anticipar o conocer
que la muerte de su ser querido fue ilegítima”2.

15. Respecto al defecto de desconocimiento del precedente señaló que
jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, posterior a la
providencia de unificación de 29 de enero de 2020, en armonía con la jurisprudencia
constitucional ha señalado el deber de los jueces administrativos de flexibilizar el
examen del término de caducidad, especialmente, teniendo en cuenta que hay
circunstancias que sirven de obstáculos de acceso a la administración de justicia.
Asimismo, recordó que la jurisprudencia ha exigido la flexibilización del examen del
término de caducidad. Afirmó:

“En el caso que concierne analizar, el Honorable Concejo de Estado, debe
considerar que la señora GILMA TORRES VARÓN, una mujer madre cabeza
de familia de una menor de edad, sola, desamparada por la familia de su
compañero permanente, llena de miedo, sin ninguna posibilidad económica, sin
propiedades, lejos de su tierra natal, estigmatizada por la comunidad que la
rodeaba, señalada injustamente de ser la compañera sentimental de un
delincuente, sometida a un estado de precariedad laboral, en condiciones
indignas de supervivencia, trabajo forzado para alimentar a su pequeña hija, y
sin la asesoría jurídica de un abogado de confianza o público, se encontraba
imposibilitada evidentemente para demandar, existiendo razones materiales
que NO le permitieron comparecer a la administración de justicia para exigir la
reparación de los daños causados por el Estado”3

16. También se reprochó que la sentencia cuestionada no tuvo en cuenta la
dificultad de la investigación penal de las ejecuciones extrajudiciales, y del
fenómeno de impunidad que rodeó dicha práctica. En el caso concreto sólo se pudo
conocer pues, una de las personas responsables del homicidio de la víctima rompió
el pacto de silencio y delató a los demás responsables.

17. En relación con el defecto sustantivo, las tutelantes señalan que la decisión
judicial cuestionada desconoció estándares constitucionales e interamericanos
respecto a las condiciones necesarias para demandar al Estado por la comisión de
un delito de lesa humanidad. Señalaron que esos estándares nacionales e
internacionales exigían que el tribunal se percatase que, “de haber demandado en
ese entonces, con seguridad sus pretensiones hubieran sido despachadas
desfavorablemente por la falta de pruebas que muestren un daño antijuridico
imputable al Estado, pues solo con el paso de los años, fue que los militares

1
Folio 23 del escrito de tutela. Índice Samai 2.
2
Folio 23 del escrito de tutela.
3
Folio 49 del escrito de tutela. Índice Samai 2.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03963-00
Accionante: Gilma Torres Varón y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Tolima
Referencia: Primera instancia acción de tutela

implicados fueron vinculados al proceso penal ordinario y sancionados penalmente,
toda vez que la Jurisdicción Penal Militar los absolvió por estos hechos”4.

Trámite de la tutela

18. La tutela fue repartida por el despacho sustanciador, y se ordenó notificar a
la entidad accionada, y vincular al Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito
de Ibagué y a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional.

19. El magistrado ponente de la providencia cuestionada intervino con el fin de
solicitar que se niegue el amparo, pues en su criterio la decisión judicial no incurrió
en ninguna vulneración a los derechos fundamentales de las tutelantes. Explicó que
la providencia cuestionada se produjo después de un fallo de tutela de la Sección
Quinta de esta Corporación que, como juez constitucional, ordenó proferir una
decisión que tuviera en cuenta las dificultades que tuvo la tutelante para conocer
todos los elementos de la responsabilidad de las entidades demandadas. Reiteró
que, conforme el material probatorio, desde enero de 2013, cuando la fiscalía
general de la Nación leyó a la tutelante el acta de derechos de las víctimas, las
demandantes tuvieron acceso a la información que les hubiera permitido demandar
al Ejército Nacional. Reiteró las razones jurídicas de la providencia atacada y estima
que ellas eran correctas y por tanto no se incurrió en violación a algún derecho
constitucional.

20. Sostuvo que la tutela no satisface los requisitos de procedencia formal contra
la providencia judicial, y que el escrito de tutela no invoca ninguna causal específica
de procedencia.

CONSIDERACIONES
Competencia

21. Esta Subsección es competente para conocer de esta acción de tutela en
sede de primera instancia conforme el artículo 37 del decreto 2591 de 1991.

Problema jurídico

22. En primer lugar, la Subsección deberá establecer si la acción de tutela
satisface los requisitos de procedencia formal. Deberá verificar si en el caso
concreto, resulta posible atacar a través de la acción constitucional de tutela una
sentencia de reemplazo que se profirió como consecuencia de un primer fallo de
amparo.

23. En caso de contestar afirmativamente el interrogante, se debe examinar si
la decisión cuestionada incurrió en los defectos alegados en el escrito de tutela.
Cobra especial relevancia que la decisión cuestionada, de 29 de mayo de 2025,
declaró la caducidad del derecho de acción y condenó en costas de las dos
instancias a los demandantes. Si bien por este hecho no se propuso acusación
constitucional, la Sala deberá determinar si se incurrió en una vulneración del

4
Folio 57 del escrito de tutela. Índice Samai 2.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03963-00
Accionante: Gilma Torres Varón y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Tolima
Referencia: Primera instancia acción de tutela

precedente fijado en la SU-241 de 2024, providencia de la Corte Constitucional, en
la que se fijó como regla jurisprudencial, la imposibilidad de condenar en costas a
víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Adicional a lo anterior,
deberá examinar si la decisión cuestionada incurrió en los defectos alegados de
desconocimiento del precedente de esta Corporación y en armonía con la Corte
Constitucional respecto de la adecuada contabilización del término de caducidad,
además de un supuesto defecto fáctico por la incorrecta valoración del material
probatorio respecto del momento en que la demandante tuvo información suficiente
y material probatorio para presentar la demanda de reparación directa. Finalmente
deberá examinarse si se presentó un defecto sustantivo por la vulneración de
estándares constitucionales e interamericanos respecto al acceso a la
administración de justicia de víctimas de graves violaciones a los derechos
humanos.

24. Por lo anterior, para resolver los problemas jurídicos planteados, se reiterará
el precedente judicial sobre procedencia de tutela contra providencia judicial de
reemplazo; el precedente de esta corporación y constitucional respecto a la
aplicación del precedente fijado por el pleno de la sección tercera del Consejo de
Estado en la sentencia de 29 de enero de 2020, y finalmente se resolverá el caso
concreto.

Procedencia de la acción de tutela para cuestionar decisiones judiciales de
reemplazo.

25. En el asunto de la referencia, se cuestiona una providencia judicial ordinaria
de reemplazo, la cual se profirió después de que la parte tutelante promovió una
primera acción de tutela contra una primera sentencia que resolvió la segunda
instancia del proceso contencioso administrativo de reparación directa. La
jurisprudencia constitucional5, en armonía con la de esta Corporación6, ha reiterado
la posibilidad de que se pueda ejercer la acción de tutela contra una sentencia de
reemplazo de otra providencia, la cual se expide en cumplimiento de una orden de
amparo de derechos fundamentales, en los siguientes términos.

26. Se ha explicado que el juez de la segunda acción de tutela, es decir, el juez
que examina el medio de amparo contra la sentencia de reemplazo debe verificar
que no se incurra en una vulneración de la cosa juzgada, es decir, que en realidad
se trate de una segunda acción de tutela contra la misma providencia judicial.

27. En efecto, en la Sentencia T-014 de 2025, una Sala de Revisión de la Corte
Constitucional resolvió una acción de tutela contra una sentencia de reemplazo
proferida por un Tribunal Administrativo. En esa oportunidad, se recordó que, en la
sentencia T-117 de 2022, la Corte Constitucional ya había dejado sin efecto una
sentencia ordinaria proferida dentro del mismo proceso de reparación directa. En
su criterio, la providencia de reemplazo incurrió en nuevas causales de procedencia
especifica de tutela contra providencia, motivo por el cual, puesto que se trata de

5
Corte Constitucional, Sentencia T-014 de 2025
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso administrativo, Sección Primera, Sentencia de 18 de
febrero de 2021. C.P. José Gregorio Hernández Galindo (Conjuez)

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03963-00
Accionante: Gilma Torres Varón y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Tolima
Referencia: Primera instancia acción de tutela

una nueva decisión, que no ha sido objeto de examen constitucional por parte del
juez de tutela puede ser cuestionada en una nueva acción de amparo y no se
incurre en la violación de la cosa juzgada por tratarse de una segunda acción de
tutela contra la misma sentencia judicial, sino que se trata de una acción de tutela
contra una nueva providencia (la sentencia de reemplazo).

28. La Corte explicó que sería equivocado pensar que, si la sentencia de
reemplazo incurre en nuevos yerros de validez, los tutelantes deban acudir al juez
del desacato, esto por al menos dos motivos; (i) la providencia de reemplazo no ha
sido examinada por un juez constitucional; y (ii) las sentencias de tutela que
amparan el derecho al debido proceso dejan sin efecto sentencias ordinarias, pero
no indican el específico sentido que debe adoptar, pues ello es parte de la
autonomía judicial de la autoridad que debe proferir el fallo de reemplazo. Por esta
razón, la sentencia no puede examinarse en sede de desacato, sino a través de un
nuevo proceso constitucional de amparo.

29. En la Sentencia T-014 de 2025, en reiteración a la explicación de la
providencia T-117 de 2022, se indicó sobre la procedencia de la acción de tutela
contra sentencias judiciales de reemplazo que la misma resulta procedente siempre
que no se configure la cosa juzgada constitucional. Precisó la sentencia de 2025:

“De la comparación anterior resulta evidente que la acción de tutela que fue
revisada en la Sentencia T-117 de 2022 difiere en sus pretensiones frente a la
acción de tutela que ocupa en esta ocasión a la Sala Quinta de Revisión.

Por último, esta Sala considera que tampoco hay identidad de causa entre los
dos casos mencionados. Aunque ambas tutelas buscan que se revoque la
decisión que profirió el Tribunal Administrativo de Bolívar, en segunda
instancia, respecto de un mismo proceso de reparación directa, el motivo
de disenso de los accionantes en uno y otro caso es diferente.

Sobre este punto, la Sala Quinta de Revisión comparte las consideraciones que
sobre este tema hizo la Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en su fallo de tutela de
primera instancia del 27 de octubre de 2023. En primer lugar, porque una y
otra tutela se promovieron en contra de providencias judiciales
diferentes.” (negrillas y subrayado fuera del texto)

30. En esa medida, respecto de la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial de reemplazo el juez de la segunda acción de tutela debe
verificar que no se presente cosa juzgada, es decir, que se trate de una segunda
acción de tutela contra una misma providencia judicial. Será procedente la acción
de tutela cuando se presente un ataque constitucional contra una nueva providencia
judicial que no ha sido examinada previamente por un juez del amparo.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03963-00
Accionante: Gilma Torres Varón y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Tolima
Referencia: Primera instancia acción de tutela

Causales genéricas y específicas de procedencia de tutela contra
providencia.

31. Conforme el precedente fijado en la C-590 de 20057, reiterado de manera
consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una importante
carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales genéricas de
procedencia, y al menos una específica.

32. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar8; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela9, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que
resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del
Consejo de Estado, ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la
Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la
Paz -JEP-18; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela
se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada
y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales
en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite
procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el
interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance,
salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 10 o los
medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi)
que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige
que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o
económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga
un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no
hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

33. La jurisprudencia constitucional ha insistido en que el examen que realiza el
juez constitucional a una providencia judicial no examina la corrección jurídica o el
criterio de una autoridad o funcionario judicial, sino que se centra en determinar si
la decisión adolece de una característica que afecte su validez. En consecuencia,
se trata de verificar si el fallo contiene yerros incompatibles con las garantías
constitucionales11.

7
Corte Constitucional C-590 de 2005.
8
Se sigue la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU-215 de
2022.
9
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
10
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
11
Cfr. Sentencia SU-215 de 2022. “La Corte ha sido enfática en señalar, que la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03963-00
Accionante: Gilma Torres Varón y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Tolima
Referencia: Primera instancia acción de tutela

34. En cuanto a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la Sentencia C-590 de 2005 precisó que la tutela se
concederá si se presenta al menos uno de los siguientes defectos. A continuación,
se enuncian los defectos específicos explicados por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, profundizando en el defecto invocado por la parte actora.

i.Defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es expedida
por un funcionario judicial que carecía de competencia;

ii.Defecto procedimental absoluto, que se produce cuando la autoridad judicial
actuó por fuera del procedimiento establecido para determinado asunto;

iii.Defecto fáctico, que se presenta cuando la providencia acusada tiene
problemas de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica de
pruebas, la valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la realización
indebida y contraevidente de pruebas existentes en el proceso;

iv.Defecto sustantivo, que ocurre cuando la decisión judicial se toma con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que no estaban
llamadas a gobernar el caso o a partir de interpretaciones jurídicas contrarias
a la garantía de los derechos fundamentales.

v.Error inducido, que se genera cuando la autoridad judicial vulnera los
derechos fundamentales del afectado producto de un error al que ha sido
inducido por factores externos al proceso, y que tienen la capacidad de influir
en la toma de una decisión contraria a derecho o a la realidad fáctica probada
en el caso;

vi.Decisión sin motivación, que supone que el juez no cumplió con su deber
de expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión;

vii.Desconocimiento del precedente, que se genera cuando frente a un caso
con los mismos hechos una autoridad se aparta de los procedimientos
establecidos por los tribunales de cierre (precedente vertical) o por los
dictados por ellos mismos (precedente horizontal), sin cumplir con la carga de
justificar de forma suficiente y razonada por qué se cambia de precedente.

viii.Violación directa de la Constitución, que se genera cuando una providencia
judicial desconoce por completo un postulado de la Constitución, le atribuye
un alcance insuficiente o lo contradice.

35. Conforme las consideraciones anteriores, en el acápite de caso concreto, se
examinará si la acción de tutela de la referencia satisface las causales genéricas
de procedencia y al menos una específica. Inmediatamente a continuación se
examinará el precedente constitucional sobre el cumplimiento del requisito de
caducidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos constitutivas de
delitos de lesa humanidad o de guerra.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03963-00
Accionante: Gilma Torres Varón y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Tolima
Referencia: Primera instancia acción de tutela

Jurisprudencia sobre la caducidad del medio de control de reparación directa
en casos de graves violaciones a los derechos humanos

36. En decisión del 29 de enero de 2020, el Pleno de la Sección Tercera del
Consejo de Estado unificó el precedente jurisprudencial relativo al término de
caducidad de la acción cuando se ejerce el medio de control de reparación directa.
En dicha providencia se concluyó que, incluso en casos de delitos que constituyen
conductas de lesa humanidad o crímenes de guerra, resulta aplicable el término de
caducidad de dos años previsto en el artículo 164, numeral 2, literal i)12 de la Ley
1437 de 2011. Posteriormente, en la sentencia SU-312 de 2020, la Sala Plena de
la Corte Constitucional acogió el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado e
indicó que, en efecto, el medio de reparación caduca en dos años, aun si se trata
de los punibles antes anotados.

37. Ambas providencias de unificación establecieron que el término de
caducidad comienza a contarse a partir de: (i) la ocurrencia del daño; (ii) el momento
en que las personas afectadas lo conocieron o razonablemente debieron conocerlo;
(iii) sin embargo, no correrá el término cuando se acredite que las personas
estuvieron objetivamente impedidas para acceder a la administración de justicia; y
(iv) en los casos de desaparición forzada, la caducidad se cuenta desde el momento
en que la persona reaparece o se identifican plenamente sus restos, sin que ello
impida presentar la demanda si aún se desconoce el paradero de la víctima.

38. Tras estas dos decisiones, la Corte Constitucional ha proferido múltiples
sentencias de Sala de Revisión13 y de Sala Plena14 en las que ha precisado la
manera en que debe contabilizarse el término de caducidad en casos relacionados
con crímenes de guerra o de lesa humanidad. Aunque ha reiterado que el derecho
de acción caduca también ha señalado que este requisito debe ser evaluado desde
una perspectiva de flexibilidad y ponderación de principios, con el fin de garantizar
el acceso efectivo a la administración de justicia. En efecto, la Corte ha enfatizado
que la verificación del cumplimiento del término de caducidad constituye una carga
relevante del juez administrativo que no puede ser evaluada de forma mecánica o
superficial, especialmente cuando se examinan hechos que configuran graves
violaciones a los derechos humanos, como los crímenes de guerra o de lesa
humanidad15. En armonía con lo anterior, por ejemplo, esta subsección16 ha

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 29 de
enero de 2020, Exp. 61.033 C.P. Martha Nubia Rico Velásquez.
13
Cfr. Sentencias T-024 de 2024 y T-450 de 2024. Recientemente T-001 de 2025, T-004 de 2025 y
T-202 de 2025.
14
Cfr. Sentencias SU-167 de 2023, SU-241 de 2024 y SU-439 de 2024.
15
En la Sentencia T-269 de 2024, la Corte indicó: “Para la Corte Constitucional, el análisis sobre el
cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa debe ser un equilibrio entre la
seguridad jurídica que brinda la existencia de un término de caducidad para presentar las demandas
de reparación directa, de un lado, y el acceso a la administración de justicia por parte de las víctimas
que alegan haber sufrido daños antijurídicos imputables al Estado, de otro lado”.
16
“En esa medida, se ha indicado el deber de los jueces no solo de hacer un balanceo de principios
constitucionales, sino además de superar la idea que el examen se realiza a través de la simple
confrontación de dos fechas en un calendario. Se ha requerido del juez administrativo una
disposición hermenéutica para maximizar el acceso ante las autoridades judiciales y partir de
posiciones garantistas que, ante graves violaciones a los derechos humanos, logren la realización
de la justicia material” sentencia de 7 de febrero, proferida dentro del expediente de tutela 11001-
03-15-000-2024-06282-00

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03963-00
Accionante: Gilma Torres Varón y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Tolima
Referencia: Primera instancia acción de tutela

indicado que el examen respecto del cumplimiento del requisito de caducidad no es
la simple confrontación de dos fechas en un calendario, sino que, exige que el juez
administrativo verifique si los demandantes enfrentaron barreras de acceso a la
administración de justicia. Estas barreras de acceso han sido ejemplificadas por la
jurisprudencia unificada del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional.

39. En la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, por ejemplo, el pleno
de la Sección indicó que el término de caducidad no empieza a correr cuando, las
víctimas de graves violaciones a los derechos humanos enfrentan obstáculos
objetivos como enfermedades o secuestros. Por otra parte, la Corte Constitucional,
en sentencias como la SU-167 de 2023, SU-241 de 2024, SU-429 de 2024, SU-439
de 2024 y T-001 de 2025 han indicado que las víctimas de graves violaciones a los
derechos humanos enfrentan barreras de acceso como pueden ser: (i) sufrir el
exilio; (ii) la vunerabilidad socioeconómica derivada del desplazamiento forzado; (iii)
el miedo y la zozobra derivadas de recibir amenazas contra su vida, o (iv) carecer
del material probatorio necesario para hacer valer sus pretensiones, especialmente
cuando el daño antijurídico es un crimen de lesa humanidad o de guerra sobre el
que existe un discurso oficial de impunidad. A continuación, se precisan las
anteriores reglas jurisprudenciales.

40. En la Sentencia SU-167 de 2023, la Corte Constitucional resolvió una acción
de tutela contra una providencia judicial que estudió una demanda de reparación
directa. En aquella providencia indicó los criterios hermenéuticos sobre el examen
de la oportunidad de la demanda. Señaló que el juez administrativo debe ser
consciente de que las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos
enfrentan “barreras de acceso” que le impiden ejercer el derecho de acción. Por
ello, indicó que el estudio del requisito de la demanda debe hacerse caso a caso:

“En suma, (…) se advierte que específicamente, en relación con la reparación
de los daños antijurídicos ocasionados por delitos de lesa humanidad, (i) el
plazo razonable de dos años para acudir a la jurisdicción no se cuenta
necesariamente desde el momento en que se produce el daño que origina el
perjuicio, sino desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la
participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de
imputarle responsabilidad patrimonial; (ii) la caducidad de la demanda de
reparación directa o la existencia de barreras en el acceso a la justicia debe
ser analizada por el juez contencioso administrativo competente, atendiendo a
las particularidades de cada asunto en concreto; (…) (negrilla y subrayado
fuera del texto)

41. En línea con esta postura, la Sentencia T-287 de 2024 indicó:

“La Corte Constitucional, por su parte, ha reiterado en términos generales la
posición de la Sección Tercera del Consejo de Estado; no obstante, ha
precisado que el cómputo de la caducidad de la acción de reparación directa
debe hacerse desde una perspectiva constitucional, de manera que no se
utilice para obstaculizar el acceso a la administración de justicia.17 En ese
sentido, la jurisprudencia constitucional ha aceptado la flexibilización del

17
Sentencia SU-167 de 2023.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03963-00
Accionante: Gilma Torres Varón y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Tolima
Referencia: Primera instancia acción de tutela

cómputo del término de caducidad en aras de asegurar la primacía de los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.” (negrillas y subrayado fuera del texto)

42. En la Sentencia SU-241 de 2024, la Sala Plena de la Corte resolvió una
acción de tutela contra providencia en la que se había declarado la caducidad del
derecho de acción, sin tener en cuenta que la demandante había tenido que salir al
exilio durante más de 10 años. En esa providencia se explicó que el exilio es una
barrera de acceso a la administración de justicia que justifica que las víctimas
promuevan la demanda de reparación directa, una vez regresen al país.

43. En la sentencia de unificación se reiteró el deber de los jueces
administrativos de valorar los casos de manera concreta y atendiendo a las
particularidades de cada caso. Adujo la Corte: “(...) la sola ocurrencia del hecho
dañoso no es suficiente para iniciar el cómputo del término de caducidad, lo cual no
implica desconocer dicha institución jurídico procesal, sino que es necesario que el
juez realice una valoración de las circunstancias particulares de cada caso para
determinar desde cuándo se debe aplicar dicho término y en el que deben analizarse
aspectos relacionados con: (i) la calidad de los accionantes como sujetos de especial
protección constitucional al haber sufrido graves violaciones a los derechos
humanos; (ii) el momento en el que las víctimas tuvieron la posibilidad real de advertir
que la pretensión de reparación directa resultaba procedente de acuerdo con el
artículo 90 de la Constitución; y (iii) la posibilidad material de las víctimas de acudir
a la justicia debido a la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran”.

44. De igual manera, en la sentencia de unificación se fijó como criterio en
materia de derechos fundamentales que, en los casos en los que se ventilan posibles
violaciones a los derechos humanos, especialmente ocurridas en el contexto del
conflicto armado, por ser procesos que revisten interés público, los jueces
administrativos se abstendrán de condenar al pago de costas judiciales. En la
sentencia de unificación se indicó:

“Específicamente, en el caso objeto de análisis el defecto sustantivo se
configuró porque el Juzgado 4º al realizar el proceso interpretativo de las
normas aplicables para imponer la condena en costas no tomó en
consideración la calidad de sujetos de protección constitucional reforzada de la
actora y de su familia. Circunstancia que daba lugar a aplicar la excepción
contemplada en el artículo 188 del CPACA. Esto porque en este caso se ventila
una cuestión de interés público en la medida en que, en virtud de lo dispuesto
en el Acto Legislativo 01 de 2017, es de interés público el resarcimiento a las
víctimas del conflicto armado y porque, de las pruebas obrantes en el plenario,
se observa que la demanda no se presentó con manifiesta carencia de
fundamento legal.”

45. La Sala Plena de la Corte Constitucional indicó que el acto legislativo 01 de
2017 determinó que la reparación de las víctimas del conflicto armado es un asunto
de interés público, razón por la cual no procede la condena en costas.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03963-00
Accionante: Gilma Torres Varón y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Tolima
Referencia: Primera instancia acción de tutela

46. En la Sentencia SU-439 de 202418, se resolvió de nuevo una acción de tutela
en la que se cuestionaba una decisión judicial que había declarado la caducidad en
un caso de una grave violación a los derechos humanos. Concretamente un
homicidio en persona protegida presentado falsamente como una baja legítima en
combate. En aquella oportunidad, la Corte Constitucional indicó que las víctimas de
graves violaciones a los derechos humanos enfrentan barreras estructurales de
acceso a la administración de justicia como la falta de medios de conocimiento para
desvirtuar un discurso oficial que negó la ocurrencia de los denominados falsos
positivos. Por lo anterior, reiterando el precedente de esta corporación, la Corte
reafirmó la necesidad de que los jueces administrativos examinen el cumplimiento
del requisito de oportunidad de la demanda desde un enfoque flexible, y desde el
momento objetivo y concreto en que la víctima tuvo el conocimiento y los medios
de prueba suficientes para presentar la demanda de reparación directa.

47. En aquel caso, una providencia judicial declaró la caducidad del derecho de
acción, pues un familiar de una víctima de una ejecución extrajudicial había
manifestado, libre e informalmente ante una autoridad judicial que creía que el
homicidio de su familiar había sido “un falso positivo”. En esa oportunidad, la Corte
indicó que no es serio exigir a las víctimas que acudan a la administración de
justicia, fundadas sólo en sospechas o rumores, sino que deben contar con medios
de prueba para mostrar la veracidad de sus aseveraciones, y especialmente para
controvertir un discurso oficial que durante varios años negó la existencia del
fenómeno de los falsos positivos19. Se argumentó:

“Para la Sala, exigir a las víctimas que actúen basadas en simples
sospechas o especulaciones, sin contar con elementos probatorios
relevantes, resulta irrazonable y vulnera sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, así como
las garantías de verdad, reparación integral y no repetición.”

(…) la Corte reafirmó la necesidad de aplicar un enfoque flexible y pro
víctima en la interpretación de las reglas procesales, especialmente en
casos que involucren presuntas ejecuciones extrajudiciales y otras
formas de violaciones graves a los derechos humanos. En ese sentido,
indicó que estos contextos exigen que las autoridades judiciales valoren las
pruebas de manera más comprensiva y contextual, reconociendo las barreras
estructurales que enfrentan las víctimas para acceder a la verdad y a la justicia,
tales como las dificultades para obtener información veraz y desvirtuar, al
menos prima facie, las versiones oficiales de los hechos”. (negrillas y
subrayado fuera del texto)

48. Esta regla fue reafirmada en la Sentencia T-450 de 202420 mediante la cual
se resolvió una acción de tutela contra una providencia del Tribunal Administrativo
del Magdalena que declaró la caducidad respecto de una demanda de reparación
directa presentada antes del fallo de unificación de enero de 2020, por la ejecución
extrajudicial de una persona ocurrida en 2007. Las demandantes alegaron la

18
M.P. Diana Fajardo Rivera.
19
Sentencia SU-439 de 2024.
20
M.P. Juan Carlos Cortes González.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03963-00
Accionante: Gilma Torres Varón y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Tolima
Referencia: Primera instancia acción de tutela

configuración de varios defectos, entre ellos, el desconocimiento del precedente y
la errónea aplicación del concepto de caducidad tratándose de un delito de lesa
humanidad.

49. En la providencia, la Corte señaló con fundamento en el principio iura novit
curia, que el juez constitucional podía examinar otras causales de procedencia de
la tutela, en tanto los demandantes eran sujetos de especial protección
constitucional. Concluyó que el Tribunal incurrió en un defecto por desconocimiento
del precedente, al aplicar la sentencia de unificación de esta Corporación sin
examinar las circunstancias concretas del caso y en un defecto procedimental
absoluto al omitir la etapa de alegatos en segunda instancia, lo que impidió a las
accionantes pronunciarse sobre las nuevas reglas de caducidad.

50. En consecuencia, la Corte dejó sin efectos la sentencia cuestionada y ordenó
al Tribunal readecuar el trámite, permitiendo la presentación de alegatos de
conclusión y el análisis particular de la caducidad conforme con el precedente
vigente. También dispuso que se evaluara si la aplicación del nuevo criterio
jurisprudencial ponía en riesgo los derechos fundamentales de las demandantes.

51. De igual manera, en la Sentencia T-001 de 2025, la Corte reiteró que el
análisis del término de caducidad debe realizarse desde una óptica constitucional
y flexible, especialmente cuando las víctimas pertenecen a poblaciones vulnerables
o han enfrentado barreras de acceso a la justicia. Advirtió que se incurre en defecto
fáctico si el juez omite investigar, de manera oficiosa, las razones por las cuales las
víctimas presentaron la demanda de forma tardía:

“120. En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Magdalena debió
decretar las pruebas de oficio necesarias para dilucidar las circunstancias
de inseguridad y temor de los demandantes, así estas hubieren sido
brevemente mencionadas. Además de tratarse de un caso relacionado con
graves violaciones a los derechos humanos, la Sala considera necesario tener
en cuenta que en el caso en particular, los accionantes son sujetos de especial
protección puesto que (i) se trata de víctimas del conflicto armado interno que
han sufrido durante décadas las consecuencias directas del enfrentamiento
militar". (negrillas fuera del texto)

52. Finalmente, en la Sentencia T-202 de 2025, una Sala de Revisión de la Corte
Constitucional reiteró las reglas antes indicadas. Examinó dos acciones de tutela
dirigidas contra dos sentencias proferidas por Tribunales Administrativos, también
en casos de homicidios en persona protegida falsamente presentadas como bajas
legítimas en combate. En las sentencias de los tribunales administrativos se había
declarado la caducidad del derecho de acción, pues los jueces administrativos se
limitaron a confrontar dos fechas en el calendario, una la fecha del daño y la otra la
formulación de la demanda, sin percatarse que, existía material probatorio que
mostraba que los accionantes habían enfrentado barreras de acceso. En la
providencia, la Corte reiteró tres “estándares constitucionales” respecto de las
obligaciones del juez administrativo respecto del examen de la oportunidad de la
demanda de reparación: (i) la aplicación del precedente del Consejo de Estado
debe asegurar el respeto al debido proceso ante el cambio jurisprudencial; (ii) el

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03963-00
Accionante: Gilma Torres Varón y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Tolima
Referencia: Primera instancia acción de tutela

juez contencioso administrativo debe adoptar un enfoque flexible en materia
probatoria para determinar la fecha en que los demandantes no solo conocieron o
debieron conocer del hecho dañoso, sino que pueden inferir de manera fundada la
responsabilidad del Estado y (iii) la excepción de inconstitucionalidad de la
caducidad del medio de control de reparación directa debe contemplar tanto
supuestos objetivos asociados directamente a la situación del demandante, como
supuestos especiales que rodean el caso concreto y les impide a los demandantes
acceder a la jurisdicción de manera oportuna.

53. Respecto del segundo criterio (el juez contencioso administrativo debe
adoptar un enfoque flexible en materia probatoria para determinar la fecha en que
los demandantes no solo conocieron o debieron conocer del hecho dañoso, sino
que pueden inferir de manera fundada la responsabilidad del Estado), la Corte
reiteró la regla fijada en la Sentencia SU-439 de 2024 y precisó que, en efecto, con
una mera sospecha o un conocimiento íntimo de un familiar, no resulta exigible que
las víctimas de un caso de ejecución extrajudicial presenten la demanda de
reparación directa. La Sentencia T-202 de 2025 profundizó que una providencia
que examina unilateralmente el requisito de oportunidad de la demanda, y declara
la caducidad sin examinar las barreras de acceso a la administración de justicia que
enfrentaron las víctimas incurre en un defecto fáctico. Precisó la Corte:

“(…) se configura un defecto fáctico cuando, en casos de ejecuciones
extrajudiciales, los jueces no adoptan un enfoque garantista en la valoración
probatoria. En particular, esto ocurre cuando no se valoran adecuadamente las
pruebas que determinan el momento en que los demandantes pudieron inferir,
además del hecho y la participación del Estado, su responsabilidad en el
presunto daño antijuridico.

(…) Sobre el último elemento, esta corporación distinguió las nociones de
simple convicción, inferencia y certeza. Precisó que no basta con la convicción
íntima, sospecha o mera afirmación de los demandantes de que un familiar fue
víctima de una ejecución extrajudicial para que desde ese momento se marque
el inicio del cómputo de la caducidad. Un asunto es “tener la convicción según
la cual su familiar fue víctima de una ejecución extrajudicial y, por tanto, alegarlo
de esta manera para que sea investigado por la justicia penal”, y otra es contar
con elementos de juicio que permitan acreditar dicha inferencia ante un
juez21. La Corte aclaró que esto no significa el agotamiento del proceso penal,
dado que no es un requisito para la activación de la jurisdicción de lo
contencioso administrativa y tampoco se exige la certeza absoluta sobre los
hechos. (negrilla y subrayado fuera del texto)

54. A partir de este precedente, la jurisprudencia de esta subsección 22, en
armonía con el precedente de la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar

21
En la Sentencia T-378 de 2024 la Corte indicó que: “las autoridades accionadas desconocieron
que, para acreditar los elementos de la responsabilidad del Estado, no es suficiente que los
demandantes afirmen fehacientemente que la víctima murió a manos de militares (ya que tenía la
convicción de que así ocurrió), sino que además tenga los elementos de juicio suficientes que le
permitan acreditar su dicho en un proceso ante el juez”.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
Sentencia de tutela de 19 de mayo de 2025, radicado 11001-03-15-000-2024-06763-01. C.P. María
Adriana Marín. Fundamento Jurídico No. 68.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03963-00
Accionante: Gilma Torres Varón y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Tolima
Referencia: Primera instancia acción de tutela

que el término de caducidad, aplicado irreflexivamente en casos de graves
violaciones a los derechos humanos, puede constituir una barrera injustificada al
acceso a la justicia. En ese sentido, ha exigido a los jueces realizar un ejercicio de
ponderación entre principios constitucionales y evitar una aplicación meramente
cronológica del término que desconozca las condiciones materiales de los
demandantes. Así, el juez debe (i) interrogar directamente a la parte demandante
sobre las dificultades enfrentadas; (ii) emplear sus facultades oficiosas para
verificar la existencia de obstáculos reales23, y (iii) entre ellas la posibilidad concreta
de acceder a los medios de prueba para mostrar los elementos de la
responsabilidad extracontractual del Estado. Se reitera, no es serio exigir a las
víctimas que acudan ante el juez contencioso con solo sospechas o convicciones
personales, pero sin el material probatorio para mostrar los hechos que
fundamentan sus pretensiones.

Caso concreto.

55. Con el fin de resolver el primer problema jurídico, se examina, si se presenta
cosa juzgada constitucional entre la primera acción de tutela que formularon las
tutelantes contra la primera sentencia judicial ordinaria (sentencia de 21 de
noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Tolima) que resolvió
la segunda instancia dentro del proceso de reparación directa 73001-33-33-005-
2017-00389-01 y que llevó a que en sentencia de tutela de 20 de febrero de 2025,
proferida por la Sección Quinta de esta Corporación dejara sin efecto esa primera
sentencia, y la acción de tutela de la referencia.

56. En sentencia de 20 de febrero de 2025, la Sección Quinta de la Corporación,
en sede de juez de tutela, resolvió la acción de tutela promovida por Gilma Torres
Varón y Mildred Yahaira Ángel Torres contra la sentencia proferida el 21 de
noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Tolima dentro del proceso de
reparación directa 73001-33-33-005-2017-00389-00/01.

57. En esa ocasión se examinó la sentencia judicial de 21 de noviembre de 2024
en la que había declarado la caducidad del derecho de acción, pues desde las
primeras declaraciones de los familiares de las víctimas, en diciembre del año 2007,
ellos conocían que el homicidio de Marco Fidel Ángel Sánchez era un mal llamado
falso positivo responsabilidad de agentes estatales. En la providencia de tutela de
la Sección Quinta se examinó si la fecha de 27 de diciembre de 2007, era el

23
Cfr. SU- 439 de 2024: “…la Corte reafirmó, en general, la necesidad de aplicar un enfoque flexible
y pro víctima en la interpretación de las reglas procesales, especialmente en casos que involucren
presuntas ejecuciones extrajudiciales y otras formas de violaciones graves a los derechos humanos.
En ese sentido, indicó que estos contextos exigen que las autoridades judiciales valoren las pruebas
de manera más comprensiva y contextual, reconociendo las barreras estructurales que enfrentan
las víctimas para acceder a la verdad y a la justicia, tales como las dificultades para obtener
información veraz y desvirtuar, al menos prima facie, las versiones oficiales de los hechos.” En el
mismo sentido: “(…) para la Corte Constitucional el defecto fáctico que concurre en el caso objeto
de análisis se configura, también, ante la ausencia de una valoración contextual de los hechos, al
momento de determinar si la demanda de reparación directa fue promovida oportunamente. La
omisión en valorar adecuadamente estas circunstancias constituye, de nuevo, una violación del
derecho al acceso a la administración de justicia y perpetúa la situación de indefensión en la que se
encontrarían las presuntas víctimas de hechos vinculados a una posible grave violación de derechos
humanos."

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03963-00
Accionante: Gilma Torres Varón y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Tolima
Referencia: Primera instancia acción de tutela

momento desde el que debía contabilizarse el término de caducidad de la acción.
El problema jurídico de aquella ocasión se limitó a examinar si la fecha aplicada en
la primera sentencia de segunda instancia era constitucional.

58. En la nueva acción de tutela, se cuestiona la sentencia de 29 de mayo de
2025, que tuvo como punto de partida otra fecha para la contabilización de la
caducidad, puntualmente el mes de enero de 2013, fecha en la que la Fiscalía
General de la Nación entregó el acta de derechos de las víctimas a las tutelantes.
Es decir, la razón de la decisión de esta nueva decisión es diferente a la primera
sentencia de 21 de noviembre de 2024.

59. Sumado a lo anterior, resulta relevante que, en esta ocasión, la providencia
de reemplazo condenó en costas procesales a la parte demandante y ello no fue
objeto de estudio por parte de la sentencia de tutela de 20 de febrero de 2025. Por
tal motivo, si bien se trata de una acción de tutela promovida por las mismas
tutelantes, la causa y los motivos de la tutela son diferentes, no se trata de la misma
decisión judicial, y las razones del ataque constitucional son diferentes.

60. Por tal razón se concluye que no se presenta el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional y resulta procedente examinar en sede de amparo la sentencia de
reemplazo proferida el 29 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Tolima.

61. A continuación, se examina si la acción de tutela de la referencia satisface
los requisitos generales de procedencia.

Legitimación en la causa por activa y pasiva

62. El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, que se refiere a la legitimación e
interés dispone que la acción de tutela “podrá ser ejercida, en todo momento y lugar,
por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales”. A su vez, el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 establece que la
acción de amparo debe dirigirse “contra la autoridad pública o el representante del
órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental” 24.

63. Examinado el escrito de demanda, se verifica que los poderes otorgados por
Gilma Torres Varón y Mildred Yahaira Ángel Torres satisfacen los requisitos
previstos en el artículo 5 de la Ley 2213 de 2021, y en esa medida, habilitan al
profesional en derecho para formular el medio constitucional contra la sentencia
ordinaria.

64. Se verifica que los actores cuentan con legitimación en la causa por activa,
pues fueron las mismas personas que en ejercicio del medio de control de

24
Decreto 2591 de 1991. Artículo 13. “Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La
acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o
instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá
dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior. || Quien tuviere un interés
legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la
persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud”.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03963-00
Accionante: Gilma Torres Varón y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Tolima
Referencia: Primera instancia acción de tutela

reparación directa demandaron a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional
por el homicidio de Marco Fidel Ángel Sánchez. El proceso contencioso
administrativo fue radicado con el número 73001-33-33-005-2017-00389- 00/01 y
en sede de segunda instancia, el 29 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo
de Tolima profirió una decisión en la que declaró la caducidad del derecho de acción
y condenó a las víctimas al pago de costas judiciales por las dos instancias. Se
concluye que satisface el requisito de legitimación por activa, pues ejercen la acción
de tutela quienes se vieron afectados por la decisión judicial ordinaria.

65. Respecto del requisito de legitimación en la causa por pasiva, también se
satisface, pues la acción de tutela se dirige contra la autoridad judicial que profirió
el fallo cuestionado, esto es, el Tribunal Administrativo de Tolima.

Relevancia constitucional

66. En punto al requisito de relevancia, en el escrito de tutela los actores indican
que la decisión atacada afecta sus derechos constitucionales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y a la igualdad, pues el fallo cuestionado no
tuvo en cuenta que, los hechos que se juzgan constituyen delitos de lesa
humanidad y que las víctimas indirectas de la conducta del homicidio en persona
protegida enfrentaron barreras de acceso, como es el lento avance de las
investigaciones penales en contra de los responsables del homicidio de Marco Fidel
Ángel Sánchez. Los tutelantes estiman que no se les podía exigir demandar con el
acta que informa los derechos de las víctimas, pues esta es una fotocopia genérica,
que de manera didáctica informa el contenido del artículo 11 de la ley 906 de 2004,
pero que no aporta información concreta del avance de las investigaciones penales
respecto de la ilegitimidad del homicidio de Marco Fidel ángel Sánchez.

67. En el escrito de tutela se sostiene que la decisión judicial vulneró los
derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, entre otros,
pues la decisión judicial cuestionada consideró que las víctimas contaban con la
información suficiente para demandar a partir de una fotocopia que entregó la
policía judicial de la Fiscalía General de la Nación.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03963-00
Accionante: Gilma Torres Varón y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Tolima
Referencia: Primera instancia acción de tutela

25

68. En criterio de esta Sala, el escrito de amparo presenta un debate de índole
constitucional, pues se debe examinar si una fotocopia implica conocimiento
suficiente para presentar una demanda de reparación directa por un homicidio
sobre persona protegida presentada falsamente como una baja legítima en
combate. En el escrito de amparo se señala que, desde un primer momento se tuvo
conocimiento que la muerte de Marco Fidel Ángel Sánchez fue resultado de
acciones estatales, pero lo que no se conocía era si había sido una baja legítima
en combate, como se indicó en un primer momento por parte de algunas
autoridades militares, o si se trató de un homicidio en persona protegida, lo cual,
solo se conoció después de la delación de una de las personas que participó en el
delito.

69. Por lo anterior, a juicio de esta Subsección, el asunto sí reviste relevancia
constitucional.

Subsidiariedad

70. Los artículos 86 de la Carta Política y 6 del Decreto 2591 de 1991 señalan
que la acción de tutela solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, o cuando se utilice como un mecanismo transitorio para evitar
la ocurrencia de un perjuicio irremediable. La Sala encuentra acreditado el requisito
de subsidiariedad, pues contra la decisión atacada no procede recurso alguno que
tenga la posibilidad de permitir cuestionar ampliamente la decisión atacada a través

25
Folio 35 del escrito de tutela, Índice Samai No. 2.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03963-00
Accionante: Gilma Torres Varón y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Tolima
Referencia: Primera instancia acción de tutela

de argumentos de índole constitucional. Si bien, formalmente, contra la sentencia
de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Tolima resulta
posible promover el recurso extraordinario de revisión, los argumentos
constitucionales invocados en el escrito de amparo no se adecúan a ninguna de las
taxativas causales previstas en el artículo 257 de la Ley 1437 de 2011.

71. En esa medida, como ha indicado la Corte Constitucional26, las causales del
recurso extraordinario de revisión son taxativas y previstas para concretas
hipótesis, en el caso concreto, carecen de idoneidad, pues no permiten tramitar el
reclamo constitucional que se propone en el escrito de amparo. En consecuencia,
solo procede la acción constitucional de tutela.

Inmediatez

72. La jurisprudencia constitucional destaca que la acción de tutela debe
interponerse en un término prudencial contado a partir de la acción u omisión que
amenaza o genera una afectación a los derechos fundamentales. En el caso
analizado, la decisión judicial cuestionada fue proferida el 29 de mayo de 2025,
mientras que la acción de tutela fue formulada el 24 de junio de 2025 27, es decir,
dentro del plazo razonable de seis meses, en cumplimiento del requisito de
inmediatez.

Identificación de los hechos que dieron origen a la violación

73. La parte actora señala elementos relevantes que tienen el alcance de afectar
el sentido de la decisión. Sostiene que, la providencia cuestionada incurrió en un
desconocimiento del precedente constitucional y ordinario sobre el término de
caducidad de la reparación directa, y no tuvo en cuenta que, los hechos que motivan
la demanda revisten la connotación de crimen de lesa humanidad, al ser una
ejecución extrajudicial de una persona ajena a las hostilidades a manos de
autoridades estatales. Se indicó claramente que no puede tomarse como término
de caducidad la fecha en que se entregó el acta de los derechos de las víctimas,
pues se trata de una fotocopia genérica, que no aporta información concreta sobre
los elementos de contexto que rodearon el homicidio de Marco Fidel Ángel
Sánchez, especialmente el carácter ilegitimo de su asesinato. Esto pues nunca
estuvo en duda que la muerte fue resultado del actuar del Estado, pero no existía
certeza o información confiable respecto de si se trataba de un caso de los
denominados “falsos positivos”. Estos yerros fueron alegados adecuadamente en
el escrito de tutela y tiene un efecto decisivo en el sentido del fallo, pues como se
explicó en el acápite considerativo, la Corte Constitucional, en armonía con el
precedente del Consejo de Estado ha reclamado de los jueces administrativos una
disposición flexible y pro víctima, en el examen del término de caducidad en casos
de graves violaciones a los derechos humanos.

26
Corte Constitucional, Sentencia SU-659 de 2015 (M.P. Alberto Rojas Ríos), reiterado en SU-241
de 2024 (MP. Cristina Pardo Schlesinger)
27
Índice Samai No. 01.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03963-00
Accionante: Gilma Torres Varón y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Tolima
Referencia: Primera instancia acción de tutela

La acción no se dirige contra una sentencia de tutela, una proferida por la
Corte Constitucional o una de nulidad por inconstitucionalidad proferida por
el Consejo de Estado28

74. El requisito en mención se acredita, en atención a que la acción de tutela se
dirige contra una sentencia de segunda instancia de una demanda de reparación
proferida por el Tribunal Administrativo de Tolima, motivo por el cual se satisface el
requisito.

75. Por lo anterior, respecto al primer problema jurídico, se concluye que la
acción de tutela es procedente formalmente, y se prosigue con la solución del
segundo problema jurídico, es decir, verificar si se configura alguna de las causales
invocadas por la parte tutelante. Con el fin de facilitar la comprensión del debate
constitucional y la eventual configuración de los defectos alegados en el escrito de
tutela, se explican las razones que sostienen la decisión atacada.

Decisión atacada

76. En la acción de tutela, se ataca la providencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Tolima el pasado 29 de mayo de 2025 dentro del proceso de
reparación directa identificado con el número: 73001-33-33-005-2017-00389-01.
Como se indicó en el acápite de antecedentes, la sentencia cuestionada se profirió
como resultado de una primera acción de tutela, en la que esta misma corporación,
pero en su sección quinta dejó sin efecto una primera sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Tolima. En esta ocasión, entonces la acción de tutela
censura la sentencia de reemplazo. En la sentencia que se cuestiona se resolvió:

“PRIMERO.- ACATAR lo ordenado en la sentencia de tutela del 20 de febrero
de 2024 , proferida por el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso
Administrativo – Sección Quinta, M.P Luis Alberto Álvarez Parra, que ordenó
proferir dentro de este asunto una sentencia de reemplazo a la proferida el 21
de noviembre de 2024.

SEGUNDO.- REVOCAR la sentencia del 30 de noviembre de 2020, proferida
por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, y se
declara probada de oficio la excepción de caducidad.
TERCERO.- Negar las pretensiones

CUARTO.- Condenar en costas de ambas instancias y agencias en
derecho a la parte demandante, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 188 del CPACA y 365 del CGP, dispuesto en los artículos 188 del
CPACA y 365 del C.G.P. (sic)

QUINTO.- Una vez en firme, devuélvase el expediente al Juzgado de origen,
previas las constancias secretariales correspondientes” (negrillas y subrayado
fuera del texto)

28
Corte Constitucional, Sentencia SU-048 de 2022 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger)

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03963-00
Accionante: Gilma Torres Varón y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Tolima
Referencia: Primera instancia acción de tutela

77. En la providencia se reiteró el contenido de la sentencia de 29 de enero de
2020, proferida por el pleno de la Sección Tercera de la corporación, respecto a la
caducidad del derecho de acción en casos de pretensiones de reparación directa
por daños antijurídicos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos.
Se resalta que no se tuvo en cuenta ninguna providencia proferida por la Corte
Constitucional respecto a esta temática. En el caso concreto, el Tribunal concluyó
que:

“En este asunto, se considera que desde enero de 2013, los demandantes
tenían conocimiento del daño y de su imputabilidad a la entidad demandada,
pues, fue la fecha en la que la Fiscalía General de la Nación a través de Policía
Judicial, les dio a conocer los derechos que tenían como víctimas dentro de la
investigación penal adelantada por el homicidio de Marco Fidel Ángel,
entendiéndose que desde ese momento tenían la posibilidad de recibir y
acceder a la información de esa investigación y de los hechos por los que se
consideraban víctimas, es decir, que el término de caducidad vencía en enero
de 2015, sin que para ese momento se haya elevado ni la solicitud de
conciliación prejudicial ni mucho menos la demanda.”

78. En la providencia se indicó que con el acta de derechos de las víctimas
entregada por la policía judicial de la Fiscalía General de la Nación surgió el derecho
de las demandantes de acceder a la información del proceso penal, lo cual
habilitaba a ejercer el derecho de acción. Se lee en la providencia:

“Conforme a lo anterior, se puede inferir que las demandantes tuvieron
conocimiento de la existencia de la investigación penal por la muerte de Marco
Fidel Ángel Sánchez, el día 11 de enero de 2013, fecha en la que se suscribió
el acta de derechos de las víctimas por parte de Gilma Torres Varón
(…)

Pues bien, dentro de las pruebas aportadas al proceso, especialmente la
allegada en virtud de la prueba decretada de oficio, se advierte que: i) a las
demandantes se les hizo saber sus derechos como víctimas dentro de la
investigación penal iniciada por la muerte de Marco Fidel Ángel por parte de
Policía Judicial desde el 11 de enero de 2013, según lo informado por la Fiscalía
239 Local de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos
Humanos, para lo cual aportó el informe de investigador de campo FPJ11 del
5 de febrero de 2013, que contiene como anexo el acta de derechos a las
víctimas firmada por Gilma Torres Varón, y ii) se reconocieron como víctimas
dentro del proceso penal el 2 de marzo de 2017, en audiencia de formulación
de acusación por el Juzgado Primero Penal Especializado de Ibagué”.

79. Por lo anterior, como ya se indicó, se revocó la sentencia de primera
instancia, proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Ibagué, y se declaró
de oficio, la caducidad de la acción.

80. Del contenido de la decisión, surge una primera evidencia. La misma fue
proferida en abierto desconocimiento de la regla jurisprudencial fijada en la
Sentencia SU-241 de 2024, conforme a la cual, en aplicación del artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011, no resulta posible que los jueces administrativos condenen en
costas a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos puesto que en

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03963-00
Accionante: Gilma Torres Varón y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Tolima
Referencia: Primera instancia acción de tutela

este tipo de procesos se ventila un asunto de interés público. En la providencia
cuestionada se condenó en costas de dos instancias, a las víctimas de una grave
violación a los derechos humanos.

81. Por lo anterior, a pesar de que no fue objeto de el escrito de amparo,
siguiendo el precedente constitucional respecto de la competencia del juez de tutela
en relación con las decisiones judiciales que vulneran el precedente judicial29, se
ha indicado que el juez constitucional puede adecuar el problema jurídico con el fin
de garantizar el examen de la providencia atacada, especialmente cuando se trata
de un fallo que afecta derechos fundamentales de sujetos de especial protección
constitucional. En esa medida, en el caso concreto, a pesar de que no fue alegado
por la parte, en aquello que tiene que ver con la condena en costas a la parte
demandante, se dejará sin efecto el fallo cuestionado por desconocer el precedente
fijado en la Sentencia SU-241 de 2024 respecto de la improcedencia de la condena
en costas a víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

82. Respecto de los defectos por desconocimiento del precedente y fáctico, los
mismos también están llamados a prosperar. En primer lugar, respecto del defecto
por desconocimiento del precedente judicial y constitucional alegado por las
actoras, resulta relevante verificar que la sentencia atacada únicamente tuvo en
cuenta la sentencia de 29 de enero de 2020 proferida por el Pleno de la Sección
Tercera del Consejo de Estado. Aspecto que resulta correcto, pero no suficiente,
pues como se explicó en el acápite considerativo de esta providencia, sentencias
del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional han precisado las reglas
jurisprudenciales. Este precedente no podía ser ignorado, pues se trata de
decisiones judiciales que definen la manera en la que debe interpretarse la
exigencia de oportunidad de la demanda en casos en los que se denuncia que el
daño antijurídico se relaciona con un homicidio cometido por agentes estatales en
sobre una persona protegida por el derecho internacional humanitario, esto es, un
civil.

83. Como se indicó en el acápite considerativo, la Corte Constitucional ha
señalado que las víctimas de ejecuciones extrajudiciales enfrentan barreras
estructurales de acceso a la administración de justicia, motivo por el cual, no resulta
razonable ni proporcional exigirles que acudan a la administración de justicia con
base en simples conjeturas o sospechas, y sin contar con medios de prueba
relevantes para, prima facie, desvirtuar un discurso oficial que negó la ocurrencia
de esos graves hechos y, en muchos casos, criminalizó a las víctimas.

84. Las Sentencias SU-167 de 2023, pero especialmente la providencia SU-439
de 2024, previas a la sentencia de 29 de mayo de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima, precisan que, el juez administrativo está en la obligación
de interrogarse sobre las barreras de acceso que pudieron enfrentar las víctimas
de los denominados falsos positivos. Se lee en la decisión de 2024:

29
Corte Constitucional, Sentencias T-450 de 2024 y SU-167 de 2024. En esas providencias se ha
señalado que el juez de tutela contra providencia, en casos en que los tutelantes son sujetos de
especial protección constitucional, y denuncian hechos constitutivos de graves violaciones a los
derechos humanos, tiene la facultad de adecuar los defectos específicos, ello bajo la premisa que
el juez conoce el derecho.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03963-00
Accionante: Gilma Torres Varón y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Tolima
Referencia: Primera instancia acción de tutela

“La Sala Plena de la Corte Constitucional estudió dos acciones de tutela
promovidas en contra de decisiones judiciales que declararon la caducidad de
las demandas de reparación directa formuladas por la comisión de presuntas
ejecuciones extrajudiciales atribuidas a agentes del Estado.
(…)
En el segundo caso, el Tribunal Administrativo del Tolima declaró la caducidad
del medio de control formulado con ocasión de la presunta ejecución
extrajudicial del señor Jorge Armando Guevara Pérez, al considerar que el
término debía contarse a partir de una entrevista rendida ante la Fiscalía
General de la Nación, en la que la demandante afirmó haber escuchado que el
deceso de la víctima pudo haber sido un "falso positivo".
(…)
La Corte subrayó, además, que en estos casos la valoración de las pruebas
debe obedecer a criterios contextuales y garantistas, de modo que la aplicación
de las reglas procesales no puede darse rígidamente, con el propósito de
obstaculizar injustificadamente el acceso efectivo a la administración de
justicia, en desmedro de las garantías constitucionales de las víctimas de
graves violaciones de derechos humanos.
Sobre el segundo problema jurídico, consideró que la afirmación según la cual
el caso pudo tratarse de “un falso positivo”, hecha por la demandante en una
entrevista rendida ante la Fiscalía General de la Nación, era insuficiente para
iniciar el cómputo del término de caducidad del medio de control. Para la Sala,
exigir a las víctimas que actúen basadas en simples sospechas o
especulaciones, sin contar con elementos probatorios relevantes, resulta
irrazonable y vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, así como las garantías de
verdad, reparación integral y no repetición”. (negrillas y subrayado fuera del
texto)

85. En el caso de la referencia, a juicio de esta sala, el razonamiento del Tribunal
Administrativo, conforme al cual, la entrega del acta de derechos de las víctimas es
el momento desde el que debía contabilizarse el término de caducidad resulta
carente de razonabilidad, pues se trata de una fotocopia genérica que no informa
el contenido concreto del avance de las investigaciones penales y la identificación
de los responsables, pero especialmente, que el homicidio de Marco Fidel Ángel
Sánchez no fue una baja legítima en combate y que fue responsabilidad de agentes
estatales. No se trata de que las tutelantes tuvieran que conocer el nombre de las
personas que cometieron el ilícito, esto pues la responsabilidad estatal es anónima,
pero si resultaba fundamental conocer elementos de tiempo, modo y lugar, respecto
a que la muerte de Marco Fidel ángel Sánchez fue resultado de una operación ilegal
dirigida a engañar a la víctima, ponerla en estado de indefensión y permitir ser
asesinada por agentes estatales. Para lo anterior, resultaba necesario el avance de
las investigaciones penales, las cuales, solo se produjeron después de la delación
del particular (denominado civil reclutador) que en abril de 2014 decidió delatar a
los agentes oficiales que participaron en el homicidio de Marco Fidel Ángel
Sánchez.

86. Resulta relevante que, el acta de derechos de las víctimas que utilizó el
Tribunal accionado como inicio del término de caducidad, en efecto, es una
fotocopia genérica que no contiene información concreta sobre el carácter ilegítimo

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03963-00
Accionante: Gilma Torres Varón y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Tolima
Referencia: Primera instancia acción de tutela

del homicidio de la víctima. Como ya se expuso dentro de esta providencia al
momento de examinar la relevancia constitucional, la fotocopia del acta de
derechos de las víctimas es un documento genérico que informa el contenido del
artículo 11 de la Ley 906 de 2004, pero no ofrece información que permita de
manera seria y adecuada iniciar el medio de control de reparación directa.

87. El razonamiento del Tribunal Administrativo de Tolima le dio un alcance que
no tiene a la mencionada acta de derechos de las víctimas. En criterio de la
autoridad judicial accionada con esta sola fotocopia, las tutelantes ya debían contar
con la convicción suficiente para concluir que el homicidio de su familiar
(compañero permanente y padre) fue resultado de un engaño dirigido a presentar
civiles como bajas legítimas en combate. Sin embargo, examinado el contenido de
la fotocopia, ello no se compadece con la conclusión del Tribunal accionado. La
fotocopia que sirvió de inició del término de caducidad solo ilustra de manera
didáctica el contenido general de los derechos reconocidos a las víctimas dentro
del proceso penal.

88. El defecto fáctico estriba en que el Tribunal dio un alcance que no tiene a
una fotocopia. El avance del proceso penal por el homicidio de Marco Fidel Ángel
Sánchez, según la evidencia aportada en el escrito de tutela, solo se produjo desde
que el particular delató a los agentes estatales que intervinieron en la puesta en
escena que llevó a que la muerte de la víctima fuera presentada como una baja en
combate. Esto se produjo en abril de 2014, cuando Edwuard Laín Bermúdez
presentó declaración jurada ante la Fiscalía General de la Nación, medio de prueba,
del cual, posteriormente, en el año 2017 se produjeron las diligencias de
formulación de acusación contra agentes estatales, pues se logró establecer que el
homicidio de la víctima fue ilegítimo.

89. El defecto por desconocimiento del precedente se produjo por dos motivos.
Primero por haber ignorado la regla hermenéutica fijada en la Sentencia SU-241 de
2024, que establece la imposibilidad de condenar en costas a la parte demandante,
pero especialmente, porque la providencia cuestionada, no solo ignoró todo el
precedente judicial posterior a la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020,
sino, especialmente, porque en la providencias como los fallos SU-167 de 2023 y
SU-439 de 2024 se fijaron reglas que todo juez administrativo debe conocer
respecto del momento para presentar la demanda de reparación directa respecto a
casos de ejecuciones extrajudiciales cuyas víctima fueron civiles presentados como
bajas en combate. Esas reglas jurisprudenciales exigen aplicar un enfoque flexible
respecto de este requisito, pero especialmente, observar con adecuada atención la
información concreta con la que contaban las víctimas al momento de presentar la
demanda de reparación directa. Se itera no es serio ni constitucional exigir a las
víctimas que acudan ante la jurisdicción contencioso administrativa únicamente con
sospechas o rumores, y sin los medios de prueba suficientes para desvirtuar
discursos oficiales que negaron tan graves hechos.

90. A esta Sala no le corresponde indicar, en el caso concreto, desde cuándo
debe contabilizarse el término de caducidad, pues esto es competencia del Tribunal
Administrativo del Tolima en sede de segunda instancia dentro del proceso de
reparación directa. Pero sí debe llamar la atención respecto de que al momento de

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03963-00
Accionante: Gilma Torres Varón y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Tolima
Referencia: Primera instancia acción de tutela

proferir la sentencia de reemplazo debe; (i) aplicar el precedente constitucional
contenido en las sentencias SU-167 de 2023, SU-241 de 2024 y SU-439 de 2024 y
providencias posteriores, respecto de las barreras estructurales que enfrentan las
víctimas del fenómeno criminal conocido como “falsos positivos”; y (ii) al momento
de resolver la oportunidad de la demanda, si estima que la acción en efecto caducó,
como mínimo, el tribunal accionado deberá ofrecer mejores razones de las que
están contenidas en el fallo contencioso administrativo de primera instancia,
proferido el 30 de noviembre de 2020, por el Juzgado Quinto Administrativo de
Ibagué30, autoridad judicial que estimó que, la demanda se ejerció en tiempo, pues
solo se tuvo conocimiento plausible sobre sobre todos los elementos de la
responsabilidad del Estado, hasta que Edwuard Laín Bermúdez delató a los
agentes oficiales responsables, y esta información fue corroborada por la fiscalía
general de la Nación y la misma llevó a que se adoptaran formulaciones de
acusación contra los agentes responsables.

91. En consecuencia se tutelará el derecho al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, de las tutelantes, y consecuencia de ello, se dejará sin
efecto la sentencia de 29 de mayo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo
del Tolima dentro del radicado 73001-33-33-005-2017-00389-01, que declaró la
caducidad del derecho de acción dentro del proceso de reparación directa ejercido
por Gilma Torres Varón y otros contra la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional, por la muerte de Marco Fidel Ángel Sánchez ocurrida en diciembre de
2007. Se ordenará a la autoridad judicial que, en el término de 10 días desde la
notificación de esta providencia, profiera fallo de reemplazo en el que siga el
precedente constitucional contenido en las sentencias SU-167 de 2023, SU-241 de
2024, SU-439 de 2025 y T-202 de 2025, y al momento de resolver la segunda
instancia, examine la oportunidad de la demanda desde un enfoque flexible y pro
víctima que tenga en cuenta las barreras estructurales de acceso y verifique el
momento en que, de manera concreta y cierta, las tutelantes contaron con todas la
información respecto de la responsabilidad extracontractual de la entidad
demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

30
Folio 78 y subsiguientes, anexos al escrito de tutela. Índice Samai 2.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-03963-00
Accionante: Gilma Torres Varón y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Tolima
Referencia: Primera instancia acción de tutela

RESUELVE

PRIMERO: TUTELAR el derecho al debido proceso y acceso a la administración
de justicia de Gilma Torres Varón y Mildred Yahaira Ángel Torres.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la sentencia de 29 de mayo de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo de Tolima, dentro del radicado 73001-33-33-005-
2017-00389-01. En consecuencia, ORDENAR al despacho sustanciador que,
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del presente fallo, profiera
una sentencia de reemplazo en la que siga el precedente constitucional contenido
en las sentencias SU-167 de 2023, SU-241 de 2024, SU-439 de 2025 y T-202 de
2025, y al momento de resolver la segunda instancia, examine la oportunidad de la
demanda desde un enfoque flexible y pro víctima que tenga en cuenta las barreras
estructurales de acceso y verifique el momento en que, de manera concreta y cierta,
las tutelantes contaron con todas la información respecto de la responsabilidad
extracontractual de la entidad demanda.

TERCERO: INFORMAR a las partes del contenido de la providencia por el medio
más expedito.

CUARTO: En caso de no ser impugnado REMITIR a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
AUSENTE CON PERMISO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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