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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06788-00

Fecha
25 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-06788-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela en relación con Leli Arturo Giraldo Quintero por lo explicado en la parte motiva. SEGUNDO: AMPARAR el derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de Francisco Alonso Giraldo Pineda, Dora Elena Marín Atehortúa, Yesica Natalia Giraldo Marín, Leidy Yuliana Giraldo Marín, Rosalba Angélica Quintero de Giraldo, Hemel Alonso Giraldo Quintero, Alba Geny Giraldo Quintero, Ubaldo Antonio Giraldo Quintero y Ester Oliva Giraldo Quintero y, en consecuencia DEJAR SIN EFECTO el auto de 29 de abril de 2025 proferido por la Sala de Segunda de decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del radicado 05001-33-33-023-2024-00332-00/01. TERCERO: ORDENAR a la Sala Segunda de decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia que, dentro del término de diez (10) días contados a partir de la ejecutoria de la sentencia de amparo, profiera una providencia de reemplazo en la que resuelva el recurso de apelación contra el auto de 16 de enero de 2025 proferido por el Juzgado Veintitrés Administrativo Oral de Medellín, aplicando el precedente constitucional sobre el examen flexible, pro actione y desde una perspectiva de balanceo de principios, fijado, entre otras, en las Sentencias SU-439 de 2024 y T- 202 de 2025, así como los desarrollos de esta Corporación. CUARTO: INFORMAR a las partes el contenido de esta providencia por el medio más expedito. QUINTO: En caso de no ser impugnado, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-06788-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

25 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06788-00
Accionante: FRANCISCO ALONSO GIRALDO PINEDA Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela auto de rechazo de demanda por declarar probada la
caducidad en caso de una grave violación a los derechos humanos // Se ampara
pues el tribunal administrativo accionado no aplicó el precedente judicial proferido
por las cortes de cierre.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Antecedentes

1. Francisco Alonso Giraldo Pineda, Dora Elena Marín Atehortúa, Yesica Natalia
Giraldo Marín, Leidy Yuliana Giraldo Marín, Rosalba Angélica Quintero de Giraldo,
Hemel Alonso Giraldo Quintero, Alba Geny Giraldo Quintero, Ubaldo Antonio
Giraldo Quintero y Ester Oliva Giraldo Quintero, a través de apoderado judicial,
incoaron acción de tutela contra la providencia de 29 de abril de 2025 proferida por
la sala segundo del Tribunal Administrativo de Antioquia y que puso fin al proceso
de reparación directa Núm. 05001-33-33-023-2024-00332-01. Con el fin de facilitar
la comprensión de los antecedentes se expondrá primero el desarrollo del proceso
ordinario, y posteriormente los fundamentos del escrito de tutela.

Del proceso de 05001-33-33-023-2024-00332-01

2. Los tutelantes promovieron demanda de reparación directa contra la Nación-
Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, debido a que, el 5 de septiembre de 2003,
en la vereda Jordán, el municipio de Cocorná (Antioquia), miembros del Ejército
Nacional causaron la muerte de Jhon Darío Giraldo Quintero y lo hicieron pasar
como una baja legítima en combate, cuando en realidad, era un civil.

3. Indicaron que, el 4 de septiembre de 2003, Jhon Darío Giraldo Quintero se
encontraba descansando en una vivienda ubicada en la vereda el Jordán del
Municipio de Cocorná junto con otras dos personas, cuando miembros adscritos al
Ejército Nacional los sacaron a la fuerza, pues habían sido señalados de ser
miembros de la guerrilla, por una mujer que iba de guía de los integrantes de la
fuerza pública. Lo anterior con base en las diligencias de versión voluntaria
presentada por comparecientes ante la JEP, T.N. Andrés Mauricio Rosero y el
S.L.P. Edgar de Jesús Sánchez Restrepo. Según esas versiones, las personas
civiles estaban desarmadas y fueron engañadas por los miembros del Ejército
Nacional para que aceptaran un supuesto plan de desmovilización.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06788-00
Accionante: Francisco Alonso Giraldo y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Primera instancia acción de tutela

4. Según testimonios de personas ubicadas en la zona rural de Cocorná, Jhon Darío
Giraldo Quintero fue obligado por los miembros del Ejército Nacional a transportar
arena para construir una trinchera. Según el relato del SLP Edgar de Jesús Sánchez
Restrepo, luego de ser retenidos, los campesinos, entre ellos, Jhon Dario Giraldo,
fueron llevados al casco urbano de Cocorná, y ejecutados en estado de indefensión,
por orden del comandante del grupo táctico Bonbarda 1 del Batallón Jorge Eduardo
Sánchez Rodríguez.

5. En ese momento, el homicidio de Jhon Darío Giraldo Quintero fue presentado
como resultado de enfrentamientos entre agentes estatales con supuestos
miembros de grupos subversivos. Años después, la Fiscalía General de la Nación y
el Centro Nacional de Memoria Histórica determinaron que se trató de ataques a la
población civil, con base en la supuesta relación de los campesinos de los
municipios del oriente antioqueño con grupos guerrilleros.

6. La demanda fue repartida al Juzgado Veintitrés Administrativo Oral del Circuito
de Medellín que, en auto de 16 de enero de 2025, resolvió rechazar de plano la
demanda interpuesta, con el argumento que había operado el fenómeno de la
caducidad de la acción. La providencia argumentó que, el 22 de junio de 2022,
cuando algunos de los demandantes otorgaron poder para promover la demanda,
ya tenían certeza sobre la imputación de la responsabilidad, por lo cual, el término
de dos años se cumplía el 11 de agosto de 2024, pero la demanda se presentó el 5
de noviembre de 2024.

7. Contra la providencia se promovió el recurso de reposición y en subsidio
apelación. En auto de 13 de febrero de 2025, se confirmó la decisión atacada y se
concedió el recurso de alzada. El Tribunal Administrativo de Antioquía, Sala
Segunda, en auto de 29 de abril de 2025, confirmó la decisión. Sostuvo que las
fechas en los que los demandantes otorgaron poder para promover la acción (18 de
agosto de 2018, 6 de marzo de 2019 y 22 de junio de 2022) ya existía conocimiento
sobre la imputación del daño al Estado, y en consecuencia se encontraban en la
posibilidad de demandar. Se determinó que “la remisión de las versiones voluntarias
de los militares intervinientes por parte de la JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA
PAZ, en noviembre de 2022, no podía considerarse una barrera material para el
acceso a la jurisdicción, sino simplemente un medio probatorio adicional”.

Fundamento jurídico del escrito de tutela

8. Los tutelantes sostienen que el conocimiento real de la responsabilidad de
agentes estatales en la muerte de Jhon Darío Giraldo Quintero se produjo a partir
del 10 de noviembre de 2022, cuando la JEP remitió al apoderado de los familiares
las versiones voluntarias de los uniformados implicados. En consecuencia, sostiene
que, es ese momento desde el que debe contabilizarse el término de caducidad y
no desde la suscripción de los poderes.

9. A juicio de los tutelantes, los hechos que motivaron el proceso de reparación
directa constituyen delitos de lesa humanidad. Además, indicaron que, el 10 de
noviembre de 2022, el teniente retirado Andrés Mauricio Rosero Bravo rindió versión
voluntaria ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06788-00
Accionante: Francisco Alonso Giraldo y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Primera instancia acción de tutela

Determinación de Hechos y Conducta de la JEP y reconoció su responsabilidad por
65 hechos relacionados con ejecuciones extrajudiciales.

10. La declaración del oficial del Ejército Nacional llevó a que se adoptara el auto
062 de 30 de agosto de 2023, dentro del macro caso 003, sub-caso Antioquia. El
escrito de amparo argumentó que, solamente con la versión del 10 de noviembre
de 2022 y posteriormente con la notificación oficial en febrero de 2025, los familiares
del Jhon Darío Giraldo Quintero pudieron conocer con certeza que su fallecimiento
correspondía a una ejecución extrajudicial. Motivo por el cual, los poderes otorgados
a los apoderados con fechas anteriores no pueden ser tenidos en cuenta para
efectos del cómputo de caducidad de la demanda de reparación directa, “[d]ichos
poderes fueron conferidos únicamente con el propósito de adelantar actuaciones
preliminares en la etapa de investigación, pero no reflejan un conocimiento claro de
la naturaleza real de los hechos”1.

11. Los demandantes sostienen que las decisiones cuestionadas incurrieron en el
defecto sustantivo o fáctico, pues se fundamenta en una interpretación no
sistemática del derecho que vulnera garantías del ius cogens, sin una adecuada
interpretación, y se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad cuando
corresponde. Recordó la Sentencia T-352 de 2016 de la Corte Constitucional, y la
sentencia de 28 de junio de 2019 (Rad. 61147) del Consejo de Estado en las que
se indicó que, en casos de graves violaciones a los derechos humanos, por ejemplo,
delitos de lesa humanidad, no se aplica el término de caducidad. Mencionó el
artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969,
suscrito por el Estado colombiano, en la que se comprometió a respetar las reglas
de ius cogens. Afirmó: “así las cosas, la no prescriptibilidad de la acción judicial para
el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad es una norma del ius cogens de
obligatorio cumplimiento para los Estados, siendo nulo cualquier tratado
internacional encaminado a desconocerla”2.

12. Señaló que la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 del Pleno de la
Sección Tercera del Consejo de Estado admite excepciones, entre las cuales están
que los afectados “advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial
al Estado”. Además, recordó que, la Corte Constitucional en Sentencia SU-167 de
2023 “aclaró que el conocimiento del daño no es el único criterio orientador para
iniciar el cómputo del término de caducidad, sino que debe tenerse en cuenta el
material probatorio obrante en las diferentes investigaciones para la determinación
de la antijuridicidad del daño y de su imputabilidad al Estado.”3

13. Además, alegó que se incurrió en un defecto de desconocimiento del precedente
horizontal del propio Tribunal Administrativo de Antioquia y vertical del Consejo de
Estado. Recordó que en un fallo de tutela proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado se inaplicó el precedente de unificación de
29 de enero de 2020, identificó el fallo con el radicado 2019-04842-01. Solicitó
además aplicar el enfoque pro infans, al recordar que varios de los demandantes
eran menores de edad al momento de los hechos, y no pudieron acudir directamente

1 Folio 14 del escrito de amparo.
2 Folio 20 del escrito de amparo.
3 Folio 22 de escrito de amparo.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06788-00
Accionante: Francisco Alonso Giraldo y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Primera instancia acción de tutela

a la administración de justicia. Por último, solicitó que se aplicará el control de
convencionalidad conforme a cuál, no existe caducidad del derecho a la reparación
en casos de graves violaciones a los derechos humanos.

14. Finalizó el amparo indicando que se satisfacen los requisitos de procedencia
formal de la tutela contra la providencia. Por lo anterior solicitó amparar los derechos
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, los derechos a la
reparación integral, el principio pro infans, y dejar sin efecto la decisión atacada.

Trámite del amparo

15. Admitida la demanda se vinculó al trámite al Tribunal Administrativo de Antioquia
y al Ejército Nacional, al Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito de Medellín,
al Ministerio Público y a los demás intervinientes dentro del proceso de reparación
directa identificado con el número 05001-33-33-023-2024-00332-00/01 y se les dio
un término de 2 días para que se pronunciaran sobre la petición de amparo. Se
requirió al apoderado para que, precisara si Leli Arturo Giraldo Quintero era parte
accionante dentro del proceso. En memorial4 el apoderado allegó poder especial
suscrito por Leli Arturo Giraldo Quintero para integrar la parte actora.

16. El Juzgado Veintitrés Administrativo del Circuito de Medellín5 remitió el
expediente digital del proceso de reparación directa. Asimismo, en memorial6,esa
autoridad judicial solicitó declarar improcedente la petición de amparo, pues en su
criterio se pretende reabrir un debate procesal que fue resuelto en las dos
instancias. Afirmó que reabrir la discusión implica vaciar de contenido los
mecanismos judiciales ordinarios y desvirtuar la función de la acción de tutela.

CONSIDERACIONES
Competencia

17. Esta Subsección es competente para conocer de esta acción de tutela, en
primera instancia, conforme el artículo 37 del decreto ley 2591 de 1991 y el artículo
13 del Acuerdo 080 de 2019, reglamento del Consejo de Estado.

Problema jurídico

18. La Sala debe resolver dos problemas jurídicos. Por un lado, debe establecer si
la acción de tutela es procedente, al cuestionar un auto de rechazo de una demanda
de reparación directa en el que se declaró la caducidad del derecho de acción, en
un caso de una presunta ejecución extrajudicial. Este análisis es relevante, ya que
el Juez Veintitrés Administrativo del Circuito de Medellín argumentó que, en el caso
concreto, la acción de tutela no satisface los requisitos de procedencia formal. En
su criterio, los actores utilizaron el amparo como una tercera instancia para reabrir
discusiones resueltas dentro del trámite ordinario.

19. En caso de responder afirmativamente el anterior interrogante, se debe resolver
como problema jurídico de fondo. Este corresponde con determinar si la providencia

4 Índice Samai 10 y 15.
5 Índice Samai 11.
6 Índice Samai 13.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06788-00
Accionante: Francisco Alonso Giraldo y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Primera instancia acción de tutela

cuestionada incurrió en defecto sustantivo y fáctico por inadecuada interpretación
del requisito de oportunidad de la demanda de reparación directa y por omitir la
verificación de que, en el caso concreto, los tutelantes solo estuvieron en
condiciones de imputar la responsabilidad a la autoridad demandada cuando la
Jurisdicción Especial para la Paz les notificó información en la que un oficial del
Ejército Nacional explicó las condiciones del homicidio de Jhon Darío Giraldo
Quintero.

20. Con el fin de resolver los anteriores problemas jurídicos, se reiterará el
precedente judicial sobre la procedencia de la acción de tutela contra sentencia y
los pronunciamientos del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional referido a
la caducidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos. Luego en el
caso concreto, se resolverán los dos interrogantes formulados.

Procedencia de la acción de tutela contra autos que de plano rechazan
demandas de reparación directa.

21. En reciente sentencia T-376 de 2024, en armonía con lo indicado por esta
Subsección en providencia de 28 de junio de 20247, se ha señalado que la acción
de tutela es procedente contra el auto que rechaza de plano una demanda de
reparación directa que solicita la declaratoria de responsabilidad extracontractual
del Estado por una grave violación a los derechos humanos. Se ha precisado que,
si bien no se trata de una sentencia, por un lado, es una providencia que pone fin al
reclamo de acceso a la administración de justicia, y por el otro, en la jurisprudencia
constitucional se ha reconocido la procedencia del amparo en contra de autos que
no son posible cuestionarlos a través de mecanismos judiciales ordinarios o
extraordinarios.

22. En la Sentencia T-346 de 2024, respecto a una acción de tutela ejercida contra
un auto de plano rechazó una demanda de reparación directa, la Corte explicó que
se “ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra los mismos [autos
interlocutorios], siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: (i) se
evidencie una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales cuya
protección no pueda ser invocada a través de otros medios de defensa judicial”.

23. Por lo anterior, se ha entendido que la acción de tutela es procedente contra el
auto de rechazo de plano de una demanda de reparación directa, siempre que
hayan agotado los recursos ordinarios contra la providencia y la misma se encuentre
ejecutoriada, pues si bien se trata de un auto interlocutorio, tiene los mismos
alcances que la sentencia.

7 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
Radicado 1001-03-15-000-2024-00771-01, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez. En aquella sentencia
de amparo se resolvió una censura constitucional a un auto de rechazo confirmado en segunda
instancia.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06788-00
Accionante: Francisco Alonso Giraldo y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Primera instancia acción de tutela

Causales genéricas y específicas de procedencia de procedencia de tutela
contra providencia.

24. Conforme el precedente fijado en la C-590 de 20058, reiterado de manera
consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una importante
carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales genéricas de
procedencia, y al menos una específica.

25. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar9; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela10, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que
resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del
Consejo de Estado ni una sentencia interpretativas (SENIT) proferida por la Sección
de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-
11; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se

promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y
comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en
cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite
procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el
interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance,
salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable12 o los medios
de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la
cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el
caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o
económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga
un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no
hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

26. La jurisprudencia constitucional ha insistido en que, el examen que realiza el
juez constitucional a una providencia judicial no examina la corrección jurídica o el
criterio de una autoridad o funcionario judicial, sino que se centra en determinar si
la decisión adolece de una característica que afecte su validez. En consecuencia,
se trata de verificar si el fallo contiene yerros incompatibles con las garantías
constitucionales13.

8 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
9 Se sigue la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU-215 de

2022.
10 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el

principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
11 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
12 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
13 Cfr. SU-215 de 2022 M.P. Natalia Ángel Cabo. “La Corte ha sido enfática en señalar, que la tutela

contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial”.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06788-00
Accionante: Francisco Alonso Giraldo y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Primera instancia acción de tutela

27. La jurisprudencia constitucional ha insistido en que, el examen que realiza el
juez constitucional a una providencia judicial no examina la corrección jurídica o el
criterio de una autoridad o funcionario judicial, sino que se centra en determinar si
la decisión adolece de una característica que afecte su validez. En consecuencia,
se trata de verificar si el fallo contiene yerros incompatibles con las garantías
constitucionales14.

28. En cuanto a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la Sentencia C-590 de 2005 precisó que la tutela se
concederá si se presenta al menos uno de los siguientes defectos. A continuación,
se enuncian los defectos específicos explicados por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, profundizando en el defecto invocado por la parte actora.

i. Defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es
expedida por un funcionario judicial que carecía de competencia;

ii. Defecto procedimental absoluto, que se produce cuando la autoridad
judicial actuó por fuera del procedimiento establecido para determinado
asunto;

iii. Defecto fáctico, que se presenta cuando la providencia acusada tiene
problemas de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica de
pruebas, la valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la realización
indebida y contraevidente de pruebas existentes en el proceso;

iv. Defecto sustantivo, que ocurre cuando la decisión judicial se toma con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que no estaban
llamadas a gobernar el caso o a partir de interpretaciones jurídicas contrarias
a la garantía de los derechos fundamentales.

v. Error inducido, que se genera cuando la autoridad judicial vulnera los
derechos fundamentales del afectado producto de un error al que ha sido
inducido por factores externos al proceso, y que tienen la capacidad de influir
en la toma de una decisión contraria a derecho o a la realidad fáctica probada
en el caso;

vi. Decisión sin motivación, que supone que el juez no cumplió con su
deber de expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión;
vii. Desconocimiento del precedente, que se genera cuando frente a un
caso con los mismos hechos una autoridad se aparta de los procedimientos
establecidos por los tribunales de cierre (precedente vertical) o por los
dictados por ellos mismos (precedente horizontal), sin cumplir con la carga
de justificar de forma suficiente y razonada por qué se cambia de precedente.

14 Cfr. SU-215 de 2022 M.P. Natalia Ángel Cabo. “La Corte ha sido enfática en señalar, que la tutela

contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial”.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06788-00
Accionante: Francisco Alonso Giraldo y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Primera instancia acción de tutela

viii. Violación directa de la Constitución, que se genera cuando una
providencia judicial desconoce por completo un postulado de la Constitución,
le atribuye un alcance insuficiente o lo contradice.

29. Conforme las consideraciones anteriores, en el acápite de caso concreto, se
examinará si la acción de tutela de la referencia satisface las causales genéricas de
procedencia y al menos una específica. Inmediatamente a continuación se
examinará el precedente constitucional sobre el cumplimiento del requisito de
caducidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos constitutivas de
delitos de lesa humanidad o de guerra.

Jurisprudencia sobre la caducidad del medio de control de reparación directa
en casos de graves violaciones a los derechos humanos

30. En decisión del 29 de enero de 2020, el Pleno de la Sección Tercera del Consejo
de Estado unificó el precedente jurisprudencial relativo al término de caducidad de
la acción cuando se ejerce el medio de control de reparación directa. Se concluyó
que, incluso en casos de delitos que constituyen conductas de lesa humanidad o
crímenes de guerra, resulta aplicable el término de caducidad de dos años previsto
en el artículo 164, numeral 2, literal i)15 de la Ley 1437 de 2011. Posteriormente, en
la sentencia SU-312 de 2020, la Sala Plena de la Corte Constitucional acogió el
criterio jurisprudencial del Consejo de Estado e indicó que, el medio de reparación
caduca en dos años, aun si se trata de los punibles antes anotados.

31. Ambas providencias de unificación establecieron que el término de caducidad
comienza a contarse a partir de: (i) la ocurrencia del daño; (ii) el momento en que
las personas afectadas lo conocieron o razonablemente debieron conocerlo; (iii) sin
embargo, no correrá el término cuando se acredite que las personas estuvieron
objetivamente impedidas para acceder a la administración de justicia; y (iv) en los
casos de desaparición forzada, la caducidad se cuenta desde el momento en que
la persona reaparece o se identifican plenamente sus restos, sin que ello impida
presentar la demanda si aún se desconoce el paradero de la víctima.

32. Posteriormente, la Corte Constitucional ha proferido múltiples sentencias de
Sala de Revisión16 y de Sala Plena17 que han precisado la manera de contabilizar
el término de caducidad en casos relacionados con crímenes de guerra o de lesa
humanidad18.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 29 de

enero de 2020, Exp. 61.033 C.P. Martha Nubia Velásquez Rico.
16 Cfr. T-024 de 2024 M.P. Paola Meneses Mosquera y T-450 de 2024 M.P. Juan Carlos Cortés

González. Recientemente T-001 de 2025, T-004 de 2025 y T-202 de 2025.
17 Cfr. SU-167 de 2023 M.P. Diana Fajardo Rivera. SU-241 de 2024 y SU-439 de 2024.
18
En la Sentencia SU-439 de 2024, se mencionó este desarrollo jurisprudencial de la siguiente
manera: “Para dar respuestas a estos interrogantes, la Sala reiteró la jurisprudencia actualmente
vigente en materia de valoración de la caducidad del medio de control de reparación directa, en
casos de presuntas graves violaciones de derechos humanos. En particular, recordó que el principal
precedente judicial vinculante en este tipo de asuntos es, por un lado, la Sentencia de unificación del
29 de enero de 2020, adoptada por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado y,
por otro lado, la Sentencia SU-312 de 2020 de la Corte Constitucional, en la que se fijaron las
subreglas jurisprudenciales aplicables en la materia; así como el desarrollo que ha tenido esta línea
jurisprudencial en decisiones posteriores, como lo son las sentencias T-044 de 2022 y SU-167 de
2023”.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06788-00
Accionante: Francisco Alonso Giraldo y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Primera instancia acción de tutela

33. Aunque se ha reiterado que el derecho de acción caduca, también se ha
señalado que el requisito debe ser evaluado desde una perspectiva de flexibilidad y
ponderación de principios, con el fin de garantizar el acceso efectivo a la
administración de justicia. Se ha indicado que el juez administrativo debe ser
cuidadoso si va a declarar la caducidad del derecho de acción en este tipo de casos,
pues el examen de la oportunidad de la demanda debe verificar si la parte actora
enfrentó barreras de acceso a la administración de justicia; son sujetos de especial
protección constitucional; o estaba en condiciones de conocer los elementos
integrantes de la responsabilidad del Estado y contaba con elementos probatorios
para hacer valer sus pretensiones ante los jueces administrativos.

34. La Corte ha enfatizado que el estudio de la oportunidad de la demanda
constituye una carga relevante del juez administrativo que no puede ser evaluada
de forma mecánica o superficial, especialmente cuando se examinan hechos que
configuran graves violaciones a los derechos humanos, como los crímenes de
guerra o de lesa humanidad19. En armonía con lo anterior, por ejemplo, esta
Subsección20 ha indicado que el examen respecto del cumplimiento del requisito de
caducidad no es la simple confrontación de dos fechas en un calendario, sino que,
exige que el juez administrativo verifique si los demandantes enfrentaron barreras
de acceso a la administración de justicia. Estos obstáculos han sido ejemplificados
por la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado como de la Corte
Constitucional.

35. En la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, por ejemplo, el pleno de
la Sección indicó que el término de caducidad no empieza a correr cuando, las
víctimas de graves violaciones a los derechos humanos enfrentan obstáculos
objetivos como enfermedades o secuestros. Por otra parte, en sentencias SU-167
de 2023, SU-241 de 2024, SU-429 de 2024, SU-439 de 2024, T-001 de 2025 y T-
202 de 2025, la Corte Constitucional ha indicado que las víctimas de graves
violaciones a los derechos humanos enfrentan barreras de acceso como pueden
ser: (i) sufrir el exilio; (ii) la vulnerabilidad socioeconómica derivada del
desplazamiento forzado; (iii) el miedo y la zozobra derivadas de recibir amenazas
contra su vida, o (iv) carecer del material probatorio necesario para hacer valer sus
pretensiones, especialmente cuando el daño antijurídico es un crimen de lesa
humanidad o de guerra sobre el que, prima facie, existe un discurso oficial de
impunidad. A continuación, se precisan las anteriores reglas jurisprudenciales.

36. En la sentencia SU-167 de 2023, la Corte Constitucional resolvió una acción de
tutela contra una providencia judicial que resolvió una demanda de reparación

19
En la Sentencia T-269 de 2024, la Corte indicó: “Para la Corte Constitucional, el análisis sobre el
cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa debe ser un equilibrio entre la
seguridad jurídica que brinda la existencia de un término de caducidad para presentar las demandas
de reparación directa, de un lado, y el acceso a la administración de justicia por parte de las víctimas
que alegan haber sufrido daños antijurídicos imputables al Estado”.
20
“En esa medida, se ha indicado el deber de los jueces no solo de hacer un balanceo de principios
constitucionales, sino además de superar la idea que el examen se realiza a través de la simple
confrontación de dos fechas en un calendario. Se ha requerido del juez administrativo una
disposición hermenéutica para maximizar el acceso ante las autoridades judiciales y partir de
posiciones garantistas que, ante graves violaciones a los derechos humanos, logren la realización
de la justicia material” sentencia de 7 de febrero, proferida dentro del expediente de tutela 11001-03-
15-000-2024-06282-00

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06788-00
Accionante: Francisco Alonso Giraldo y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Primera instancia acción de tutela

directa. En aquella providencia señaló criterios hermenéuticos sobre el examen de
la oportunidad de la demanda. Precisó que el juez administrativo debe ser
consciente que las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos
enfrentan “barreras de acceso” que le impiden ejercer el derecho de acción. Por ello
indicó que, el estudio del requisito de la oportunidad de la demanda debe hacerse
caso a caso:

“En suma, (…) se advierte que específicamente, en relación con la reparación
de los daños antijurídicos ocasionados por delitos de lesa humanidad, (i) el
plazo razonable de dos años para acudir a la jurisdicción no se cuenta
necesariamente desde el momento en que se produce el daño que origina el
perjuicio, sino desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la
participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de
imputarle responsabilidad patrimonial; (ii) la caducidad de la demanda de
reparación directa o la existencia de barreras en el acceso a la justicia debe
ser analizada por el juez contencioso administrativo competente, atendiendo a
las particularidades de cada asunto en concreto; (…) (negrilla y subrayado fuera
del texto)

37. En la Sentencia SU-241 de 2024, la Sala Plena de la Corte resolvió una acción
de tutela contra providencia en la que se había declarado la caducidad del derecho
de acción, sin tener en cuenta que la demandante había sufrido el exilio durante
más de 10 años. En esa providencia, se explicó que el exilio constituye una barrera
de acceso a la administración de justicia que justifica que las víctimas promuevan
la demanda de reparación directa, una vez regresen al país. En la sentencia de
unificación se reiteró el deber de los jueces administrativos de valorar los casos de
manera concreta y atendiendo a las particularidades de cada caso. Adujo la Corte:

“(...) la sola ocurrencia del hecho dañoso no es suficiente para iniciar el cómputo
del término de caducidad, lo cual no implica desconocer dicha institución jurídico
procesal, sino que es necesario que el juez realice una valoración de las
circunstancias particulares de cada caso para determinar desde cuándo se
debe aplicar dicho término y en el que deben analizarse aspectos relacionados
con: (i) la calidad de los accionantes como sujetos de especial protección
constitucional al haber sufrido graves violaciones a los derechos humanos; (ii)
el momento en el que las víctimas tuvieron la posibilidad real de advertir que la
pretensión de reparación directa resultaba procedente de acuerdo con el
artículo 90 de la Constitución; y (iii) la posibilidad material de las víctimas de
acudir a la justicia debido a la situación de extrema vulnerabilidad en la que se
encuentran”.

38. La Sentencia SU-439 de 202421 volvió a resolver una acción de tutela en la que
se cuestiona una decisión judicial que había declarado la caducidad en un caso de
un homicidio en persona protegida presentado falsamente como una baja legítima
en combate. La Corte Constitucional indicó que las víctimas de graves violaciones
a los derechos humanos enfrentan barreras estructurales de acceso a la
administración de justicia como la falta de medios de conocimiento para desvirtuar
un discurso oficial que negó la ocurrencia de los denominados falsos positivos. Por
lo anterior, reiterando precedente del Consejo de Estado, la Corte reafirmó la
necesidad de que los jueces administrativos examinen el cumplimiento del requisito
de oportunidad de la demanda desde un enfoque flexible y desde el momento

21
M.P. Diana Fajardo Rivera.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06788-00
Accionante: Francisco Alonso Giraldo y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Primera instancia acción de tutela

objetivo y concreto que la víctima tuvo el conocimiento y medios de prueba
suficientes para presentar la demanda de reparación directa.

39. En aquel caso, una providencia judicial declaró la caducidad del derecho de
acción, pues un familiar de una víctima de una ejecución extrajudicial había
manifestado, libre e informalmente ante una autoridad judicial que creía que el
homicidio de su familiar había sido “un falso positivo”. La Corte indicó que no es
serio exigir a las víctimas que acudan a la administración de justicia, fundada solo
en sospechas o rumores, sino que deben contar con medios de prueba para mostrar
la veracidad de sus aseveraciones, y especialmente para controvertir un discurso
oficial que durante varios años negó la existencia del fenómeno de los falsos
positivos. Se argumentó:

“Para la Sala, exigir a las víctimas que actúen basadas en simples
sospechas o especulaciones, sin contar con elementos probatorios
relevantes, resulta irrazonable y vulnera sus derechos fundamentales al
debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, así como las
garantías de verdad, reparación integral y no repetición.”

(…) la Corte reafirmó la necesidad de aplicar un enfoque flexible y pro-
víctima en la interpretación de las reglas procesales, especialmente en
casos que involucren presuntas ejecuciones extrajudiciales y otras
formas de violaciones graves a los derechos humanos. En ese sentido,
indicó que estos contextos exigen que las autoridades judiciales valoren las
pruebas de manera más comprensiva y contextual, reconociendo las barreras
estructurales que enfrentan las víctimas para acceder a la verdad y a la justicia,
tales como las dificultades para obtener información veraz y desvirtuar, al
menos prima facie, las versiones oficiales de los hechos”. (negrillas y subrayado
fuera del texto)

40. Finalmente, resulta especialmente relevante la Sentencia T-202 de 2025, una
Sala de Revisión de la Corte Constitucional reiteró las reglas antes indicadas.
Examinó dos acciones de tutela dirigidas contra dos sentencias proferidas por
Tribunales Administrativos, también en casos de homicidios en persona protegida
falsamente presentadas como bajas legítimas en combate. En las providencias
impugnadas de ese entonces, los tribunales administrativos habían declarado la
caducidad del derecho de acción, pues los jueces administrativos se limitaron a
confrontar dos fechas en el calendario, una la fecha del daño y la otra la formulación
de la demanda, sin percatarse que, existía material probatorio que mostraba que los
accionantes habían enfrentado barreras de acceso. En la providencia, la Corte
reiteró tres “estándares constitucionales” respecto de las obligaciones del juez
administrativo respecto del examen de la oportunidad de la demanda de reparación:
(i) la aplicación del precedente del Consejo de Estado debe asegurar el respeto al
debido proceso ante el cambio jurisprudencial; (ii) el juez contencioso administrativo
debe adoptar un enfoque flexible en materia probatoria para determinar la fecha en
que los demandantes no solo conocieron o debieron conocer del hecho dañoso,
sino que pueden inferir de manera fundada la responsabilidad del Estado; y (iii) la
excepción de inconstitucionalidad de la caducidad del medio de control de
reparación directa debe contemplar tanto supuestos objetivos asociados
directamente a la situación del demandante, como supuestos especiales que rodean
el caso concreto y les impide a los demandantes acceder a la jurisdicción de manera
oportuna.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06788-00
Accionante: Francisco Alonso Giraldo y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Primera instancia acción de tutela

41. Respecto del segundo criterio (el juez contencioso administrativo debe adoptar
un enfoque flexible en materia probatoria para determinar la fecha en que los
demandantes no solo conocieron o debieron conocer del hecho dañoso, sino que
pueden inferir de manera fundada la responsabilidad del Estado), la Corte reiteró la
regla fijada en la Sentencia SU-439 de 2024 y precisó que, en efecto, con una mera
sospecha o un conocimiento íntimo de un familiar, no resulta exigible que las
víctimas de un caso de ejecución extrajudicial presenten la demanda de reparación
directa. La Sentencia T-202 de 2025 profundizó que una providencia que examina
unilateralmente el requisito de oportunidad de la demanda, y declara la caducidad,
sin examinar las barreras de acceso a la administración de justicia que enfrentaron
las víctimas incurre en un defecto fáctico. Precisó la Corte:

“(…) esta corporación distinguió las nociones de simple convicción, inferencia y
certeza. Precisó que no basta con la convicción íntima, sospecha o mera
afirmación de los demandantes de que un familiar fue víctima de una ejecución
extrajudicial para que desde ese momento se marque el inicio del cómputo de
la caducidad. Un asunto es “tener la convicción según la cual su familiar fue
víctima de una ejecución extrajudicial y, por tanto, alegarlo de esta manera para
que sea investigado por la justicia penal”, y otra es contar con elementos de
juicio que permitan acreditar dicha inferencia ante un juez22. La Corte aclaró
que esto no significa el agotamiento del proceso penal, dado que no es un
requisito para la activación de la jurisdicción de lo contencioso administrativa y
tampoco se exige la certeza absoluta sobre los hechos. (negrilla y subrayado
fuera del texto)

42. De igual forma, consciente de la dificultad y del reto de examinar el requisito de
oportunidad de la demanda en casos de graves violaciones a los derechos humanos
desde la perspectiva del balanceo de principios pro damato y pro actione,
especialmente en casos en los que se solicita la declaratoria de responsabilidad por
graves violaciones a los derechos humanos, se ha indicado que, el examen de las
barreras de acceso que enfrentaron las víctimas exige ofrecer oportunidades
procesales relevantes para que la parte actora presente razones explicativas sobre
el momento en que acudió a las autoridades judiciales.

43. En esa medida, se ha indicado que, solo en este tipo de procesos en los que se
discuten graves violaciones a los derechos humanos, el juez de primera instancia
debería preferir agotar todas las etapas procesales para abordar el estudio de aquel
requisito, evitando resolverlo por el trámite de rechazo de plano o sentencia
anticipada cuando aún están pendientes de agotar medios de prueba decretados,
para mejor resolverlo en sentencia de fondo una vez se haya realizado un estudio
integral a las condiciones y obstáculos que atravesó la parte actora.

44. En la sentencia de tutela de 24 de junio de 2024, por ejemplo, esta Subsección
dejó sin efecto un auto de rechazo de plano que declaró la caducidad de una
demanda de reparación directa por una serie de agresiones físicas, psicológicas y

22
En la Sentencia T-378 de 2024 la Corte indicó que: “las autoridades accionadas desconocieron
que, para acreditar los elementos de la responsabilidad del Estado, no es suficiente que los
demandantes afirmen fehacientemente que la víctima murió a manos de militares (ya que tenía la
convicción de que así ocurrió), sino que además tenga los elementos de juicio suficientes que le
permitan acreditar su dicho en un proceso ante el juez”.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06788-00
Accionante: Francisco Alonso Giraldo y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Primera instancia acción de tutela

sexuales causada por un soldado del Ejército Nacional a una niña. En la providencia
se indicó:

“(…) la legislación procesal permite que, en casos en los que la caducidad no
se verifica de manera protuberante, la misma sea resuelta en sentencia de
instancia. En este específico caso, por las dificultades que reviste el caso, pues
exige analizar las secuelas psicológicas que eventualmente atravesó el núcleo
familiar y la dificultad probatoria que al parecer enfrentaron para recaudar las
pruebas dirigidas a responsabilizar a un agente estatal que, con su arma de
dotación, en una instalación militar agredió sexualmente, torturó y coaccionó a
una menor de edad, la Subsección concluye que la decisión sobre la eventual
caducidad debe proferirse una vez, esta sea objeto de un amplio debate
probatorio, en ejercicio de las reglas jurisprudenciales fijadas en la SU-081 de
2024 y SU-167 de 2024, acá reiteradas, y en las que, las autoridades judiciales
asuman con estándares de debida diligencia y sin incurrir en argumentos
fundados en prejuicios culturales, el examen de la delicada situación que
atravesó N.R.G y su núcleo familiar”23

45. Este criterio ha sido aplicado dentro de procesos de reparación directa por
graves violaciones a los derechos humanos. En sentencia de primero de septiembre
de 202524, esta Subsección revocó una sentencia anticipada que había sido
proferida por un Tribunal Administrativo dentro de un proceso de reparación directa
que iniciaron víctimas de una grave violación a los derechos humanos. Precisó esa
providencia:

“Se procede en este caso, tal como ocurrió en un asunto semejante, en el que
se resolvió lo relativo a la excepción de caducidad mediante sentencia
anticipada, sin haberse celebrado la audiencia inicial prevista en el artículo 180
del CPACA, por considerar el tribunal de instancia que el indicado fenómeno
procesal se había configurado y, por ende, no era necesario agotar todas las
etapas de la primera instancia; sin embargo, la Sala consideró que tales etapas
debían surtirse en su integridad para adoptar una decisión fundamentada en las
pruebas pedidas por las partes”

46. A partir de este precedente, la jurisprudencia de esta subsección25, en armonía
con el precedente de la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que el
término de caducidad, aplicado irreflexiva y automáticamente, como una simple
confrontación de dos fechas en un calendario en casos de graves violaciones a los
derechos humanos, puede constituir una barrera injustificada al acceso a la
administración de justicia. En consecuencia, ha exigido a los jueces realizar un
ejercicio de ponderación entre principios constitucionales y evitar una aplicación
meramente cronológica del término que desconozca las condiciones materiales de
los demandantes. El juez debe verificar, entre otras cosas, la posibilidad concreta
de acceder a los medios de prueba para mostrar los elementos de la
responsabilidad extracontractual del Estado y debe buscar que la parte demandante

23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
Sentencia de tutela de 24 de junio de 2024, Radicado, 11001-03-15-000-2024-00771-01. C.P.
Fernando Alexei Pardo Flórez.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
Sentencia de primero de septiembre de 2025, C.P. María Adriana Marín. Radicado 68253.
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
Sentencia de tutela de 19 de mayo de 2025, radicado 11001-03-15-000-2024-06763-01. C.P. María
Adriana Marín. Fundamento Jurídico No. 68. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de tutela de 1 de septiembre de 2025,
radicado 11001-03-15-000-2025-04228-00. C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06788-00
Accionante: Francisco Alonso Giraldo y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Primera instancia acción de tutela

cuente con una etapa procesal suficiente para ofrecer las razones relacionadas con
barreras de acceso a la administración de justicia.

47. En un reciente fallo de amparo26, esta Subsección indicó que junto con el
precedente unificado del Consejo de Estado de 29 de enero de 2020 y la SU-312
de 2020, tanto esta Corporación como la Corte Constitucional han proferido nuevas
decisiones en las que han aclarado las condiciones de examen del requisito de la
oportunidad de la demanda en casos de graves violaciones a los derechos
humanos, especialmente en casos de ejecuciones extrajudiciales de civiles que
luego fueron presentados como bajas legítimas en combate, y se ha precisado que
las decisiones posteriores, como las que se acabaron de mencionar, también deben
ser conocidas y aplicadas por los jueces administrativos dentro de los procesos
judiciales de reparación directa.

Caso concreto.

48. Con el fin de resolver el primer problema jurídico, se examina, si se cumplen los
requisitos de procedencia formal de la acción de tutela contra el auto de 29 de abril
de 2025, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia que confirmó el auto
de 16 de enero de 2025 proferido por el Juzgado Veintitrés Administrativo Oral del
Circuito de Medellín en cuando a rechazar la demanda promovida por Rosalba
Angelica Quintero de Giraldo y otros contra la Nación-Ministerio de Defensa
Nacional-Ejército Nacional.

Legitimación en la causa por activa y pasiva

49. Se satisface el requisito de legitimación en la causa por activa y por pasiva, pues
el escrito de amparo fue formulado por el apoderado judicial de Dora Elena Marín
Atehortúa, Yesica Natalia Giraldo Marín, Leidy Yuliana Giraldo Marín, Francisco
Alonso Giraldo Pineda, Rosalba Angelica Quintero de Giraldo, Hemel Alonso
Giraldo Quintero, Alba Geny Giraldo Quintero, Ubaldo Antonio Giraldo Quintero y
Ester Oliva Giraldo Quintero parte demandante dentro del proceso de reparación
directa que llevó a la decisión cuestionada27. Los poderdantes dieron poder especial
a profesional en derecho con el fin de cuestionar la providencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Segunda de Decisión.

50. Sin embargo, respecto de Leli Arturo Giraldo Quintero, a pesar del requerimiento
del despacho al momento de admitir la demanda de amparo, el apoderado de la
parte actora no subsanó el error advertido, toda vez que, remitió un poder especial
en que, se da facultad a profesional al derecho para actuar en un proceso ante la
jurisdicción penal militar. En consecuencia, en relación con Leli Arturo Giraldo
Quintero se declarará la improcedencia por carecer de legitimación por activa.

26
Consejo de Estado, Sala Contencioso administrativa, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia
de 25 de julio de 2025, C.P. Fernando Pardo Flórez. Exp. 11001-03-15-000-2025-03963-00.
27 Indice Samai 9. Carpeta de la demanda de reparación directa. Certificado 1ABF5E96EFCCAA4D

5738A7AEF7BD9C71 77C500445FA36E08 CE2D39983AE87C59

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06788-00
Accionante: Francisco Alonso Giraldo y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Primera instancia acción de tutela

Relevancia constitucional

51. En punto al requisito de relevancia, en el escrito de tutela se indica que, la
providencia judicial de 16 de enero de 2025 por el Juzgado Veintitrés Administrativo
Oral de Medellín, confirmada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de
Antioquia en auto de 29 de abril de 2025, incurrieron en un desconocimiento del
precedente constitucional unificado en materia de acceso a la administración de
justicia de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales responsabilidad de agentes
estatales.

52. A juicio de esta subsección, en armonía con lo indicado por la Corte
Constitucional en sentencias como la SU-287 de 2024 y SU-439 de 2024, las
acciones de tutela ejercidas contra providencias judiciales en las que se discute
eventual la responsabilidad estatal por ejecuciones extrajudiciales contra personas
protegidas por el derecho internacional humanitario revista relevancia
constitucional, pues implican el reclamo de justicia de víctimas de graves violaciones
a los derechos humanos, en procesos judiciales en los que se busca la garantía de
los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
De igual forma, en el caso sub lite, implican el estudio de los estándares
constitucionales y jurisprudenciales respecto de la interpretación de los requisitos
de la oportunidad para ejercer la demanda de reparación directa, situación que exige
un abordaje desde una perspectiva constitucional.

53. La parte tutelante sostiene que, las providencias cuestionadas rechazaron la
demanda de reparación directa, pues utilizaron como fecha para contabilizar el
término de caducidad, La data en la que se otorgó poder para demandar, y no
verificaron que, por el contrario, contaron con el medio de prueba para sostener su
demanda solo hasta que la JEP realizó actividades investigativas en las que,
identificó a los oficiales responsables del homicidio de su familiar. En esa medida,
se argumenta que el presente caso reviste relevancia constitucional en la
perspectiva de la jurisprudencia de la materia, pues como lo ha indicado las
sentencias SU-439 de 2024 y la T-202 de 2025, estudiar el término de caducidad
desde un análisis constitucional exige tener en cuenta el momento en que las
víctimas tuvieron, prima facie, información y medios de conocimiento para hacer
valer ante la jurisdicción contencioso administrativa.

54. Por lo anterior, se concluye que la acción de tutela satisface la relevancia
constitucional.

Subsidiariedad

55. La Sala encuentra acreditado el requisito de subsidiariedad, pues contra la
decisión atacada no procede recurso alguno que tenga la posibilidad de permitir
cuestionar ampliamente a través de argumentos de índole constitucional.

Inmediatez

56. La jurisprudencia constitucional destaca que la acción de tutela debe
interponerse en un término prudencial contado a partir de la acción u omisión que

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06788-00
Accionante: Francisco Alonso Giraldo y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Primera instancia acción de tutela

amenaza o genera una afectación a los derechos fundamentales. En el caso
analizado, la decisión judicial cuestionada fue proferida el 29 de abril de 2025, y
notificado en estado del 30 del mismo mes y año28, mientas que la acción de tutela
fue formulada el 29 de octubre del mismo año29, es decir, dentro del plazo razonable,
lo que implica el cumplimiento del requisito de inmediatez.

Identificación de los hechos que dieron origen a la violación

57. La parte actora señala de manera precisa la providencia que cuestiona y los
razonamientos que estima vulneran sus derechos constitucionales. Indicó que, el
auto de 29 de abril de 2025 del Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la
decisión de primera instancia de declarar la caducidad, debido a que la demanda
de reparación directa se ejerció el 5 de noviembre de 2024, cuando los poderes
para demandar se otorgaron, el último de ellos, el 22 de junio de 2022, razón por la
cual, el término de caducidad feneció, el 11 de agosto de 2024, ello en razón a que
la solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación se presentó
entre el 4 de diciembre de 2023 y el 22 de enero de 2024.

58. En su escrito, la parte tutelante cuestiona que la decisión impugnada constituye
una inadecuada interpretación del poder especial que suscribieron las víctimas
indirectas de la ejecución extrajudicial de Jhon Darío Giraldo Quintero y la razón por
la cual, estos poderes no pueden ser utilizados como momento para iniciar la
contabilización del término de caducidad. En criterio de los tutelantes, el término de
caducidad debe tomarse desde el momento en que, las autoridades judiciales de la
JEP, informaron formalmente a los familiares de la víctima sobre el responsable del
homicidio. Por ello, se considera que, se identifica adecuadamente los hechos que,
supuestamente, causaron el quebrantamiento de los derechos fundamentales
invocados.

La acción no se dirige contra una sentencia de tutela, una proferida por la
Corte Constitucional o una de nulidad por inconstitucionalidad proferida por
el Consejo de Estado o una sentencia interpretativa proferida por la sección
de apelación de la JEP30

59. El requisito en mención se acredita, en atención a que la acción de tutela se
dirige contra una sentencia de segunda instancia de una demanda de reparación
proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia motivo por el cual se satisface
el requisito.

60. Por lo anterior, respecto al segundo problema jurídico, se concluye que la acción
de tutela es procedente formalmente, y se prosigue con la solución del siguiente
problema jurídico, es decir, verificar si se configura alguna de las causales
invocadas por la parte tutelante. Con el fin de facilitar la comprensión del debate
constitucional y la eventual configuración de los defectos alegados en el escrito de
tutela, se explican las razones que sostienen la decisión atacada.

28 Índice Samai No. 8 dentro de radicado 05001333302320240033201.
29 Índice Samai No. 01.
30
SU-048 de 2022 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger)

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06788-00
Accionante: Francisco Alonso Giraldo y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Primera instancia acción de tutela

Análisis material de la acción de tutela

La providencia atacada31

61. En la providencia de 29 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia
confirmó el auto de 16 de enero de 2025, proferido por el Juzgado Veintitrés
Administrativo Oral del Circuito de Medellín que a su vez había rechazado la
demanda interpuesta por Rosalba Angelica Quintero de Giraldo y otros contra la
Nación-Ministerio de Defensa Nacional -Ejército Nacional. En la providencia
atacada se reiteró las reglas jurisprudenciales fijadas en la Sentencia de Unificación
de 29 de enero de 2020 proferida por el pleno de la Sección Tercera y se concluye
que desde la suscripción del último poder especial por los familiares de Jhon Darío
Quintero Giraldo ya existía el conocimiento sobre la responsabilidad de las
autoridades estatales demandadas. Por este motivo, si se toma como fecha el 22
de junio de 2022, cuando se suscribió el poder especial, y la solicitud de conciliación
se presentó el 4 de diciembre de 2023, momento en que había transcurrido un año,
cinco meses y 11 días desde el 22 de junio de 2022, fecha que se utiliza como inicio
del término de caducidad. Puesto que el 22 de enero de 2024 se declaró fallida la
petición de conciliación prejudicial ante el Ministerio Público, en criterio de la
autoridad judicial, la demanda sólo podía promoverse hasta el 11 de agosto de
2024, pero se presentó el 5 de noviembre de 2024, razón por la cual, estaba
caducada.

62. Puesto que se trata de una providencia de rechazo de plano de la demanda, el
argumento central se concreta en la interpretación de los poderes especiales para
demandar.

63. A juicio de esta Subsección, la providencia de rechazo proferida el 29 de abril
de 2025 incurre en el defecto específico de desconocimiento del precedente
constitucional en materia de contabilización del término de caducidad en casos de
ejecuciones extrajudiciales. Lo anterior por varias razones.

64. En primer lugar, el auto cuestionado únicamente hizo referencia a la sentencia
de unificación de 29 de enero de 2020 proferida por el pleno de la sección tercera
de la Corporación. En efecto, el auto consideró:

“La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia de
la Magistrada Martha Nubia Velásquez Rico, mediante Sentencia de Unificación
del 29 de enero de dos mil veinte (2020) Radicación número: 85001-33-33-002-
2014-00144-01 (61.033) fijó las siguientes subreglas en relación con la
caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los
delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el
que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado,
bajo las siguientes premisas:

“i) en tales eventos resulta aplicable el término para demandar establecido por el
legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene
regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron o
debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la

31
Dentro del escrito de demanda, la sentencia atacada se encuentra entre los folios 133 a 196.
Índice Samai 2.

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06788-00
Accionante: Francisco Alonso Giraldo y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Primera instancia acción de tutela

posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el término pertinente no
se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente
el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr el
plazo de ley”

Esta subregla permite dilucidar el momento a partir del cual se comienza a
contar la caducidad del medio de control en Reparación Directa, comenzando
su conteo, desde la fecha en que la víctima de esta clase de delitos conozca
que en el hecho hubo participación del Estado y la posibilidad de imputarle
responsabilidad, siempre y cuando esté habilitada desde el punto de vista
fáctico y jurídico para acudir a la Jurisdicción.

Esta postura fue acogida por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-312 de
2020, en la que unificó su jurisprudencia sobre la materia, precisando que las
subreglas fijadas por el Tribunal de Cierre de lo Contencioso se mostraban
respetuosas de los postulados constitucionales sobre acceso a la
administración de justicia, seguridad jurídica y reparación patrimonial por los
daños causados por el Estado, así como con lo dispuesto en los artículos 8 y
25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 2.3 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos alusivos al acceso a un recurso
judicial efectivo.”

65. Posteriormente concluyó:

“A la fecha, las subreglas fijadas por la Sentencia de Unificación del Consejo de
Estado en sentencia del 29 de enero de 2020 no han sido variadas y son
vinculantes para el conteo del término de caducidad en materia contencioso
Administrativo, debiendo el Juez en cada caso concreto, analizar las tres
premisas fácticas para comenzar su conteo, que se contraen en el conocimiento
del hecho por la víctima, de su imputación al Estado y la posibilidad de acudir a
la Jurisdicción para obtener una tutela judicial efectiva.”

66. El anterior razonamiento es equivocado pues no se compadece de las
sentencias de unificación proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional en
materia de contabilización del término de caducidad en casos de graves violaciones
a los derechos humanos, en particular, ejecuciones extrajudiciales de personas
civiles presentadas como bajas legítimas en combate. El Auto atacado sostiene que
el precedente judicial se limita a la sentencia de 29 de enero de 2020 y la sentencia
de unificación SU-312 de 2020 y que no se han proferido nuevas decisiones
unificadas que hayan precisado con detalle las condiciones para la aplicación de la
caducidad en materia de graves violaciones a los derechos humanos.

67. Como se indicó en el acápite considerativo de la providencia, en sentencias SU-
287 de 2024, SU-439 de 2024, la Corte Constitucional fijó estándares
hermenéuticos relevantes que no podía ser desconocidos por la autoridad judicial
accionada. Puntualmente, en la Sentencia 439 de 2024, se indicó que no basta el
conocimiento que tenga una persona de que un familiar fue víctima de una ejecución
extrajudicial para que desde ese momento le sea exigible demandar
contenciosamente a la entidad responsable. Se aclaró que, si bien la
responsabilidad extracontractual es genérica, no basta el simple conocimiento o
conjetura sobre la atribución del daño, sino que se requiere que se cuente, prima
facie, con elementos mínimos de prueba para poder cuestionar un discurso oficial
que negó la ocurrencia de aquellos trágicos hechos.

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Accionante: Francisco Alonso Giraldo y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Primera instancia acción de tutela

68. En la Sentencia de Unificación 287 de 2024, la Sala Plena de la Corte explicó el
proceso social e institucional en el que se produjo el fenómeno de los denominados
“falsos positivos” y señaló que las autoridades judiciales que resuelven las
demandas de reparación directa por este tipo de hechos deben abordar los
procesos desde estándares ampliamente flexibles y en los que, se otorguen todas
las etapas y garantías procesales a las víctimas para defender la prosperidad de
sus pretensiones.

69. Más allá de purismos ajenos al trámite de tutela en casos de graves violaciones
a los derechos humanos, lo que resulta evidente es que las sentencias de
unificación SU-287 de 2024 o SU-439 de 2024, incluso reiteradas en la T-202 de
2025, explícitamente fijaron criterios hermenéuticos pertinentes para la solución del
recurso de apelación contra el auto que en sede de primera instancia rechazó la
demanda incoada por los tutelantes, referidos a que, en casos de ejecuciones
extrajudiciales de civiles presentados como bajas legítimas en combate, no basta el
conocimiento que tengan los familiares de la víctima en relación con la
responsabilidad de entidades públicas. Se debe examinar si en el caso concreto,
contaban, prima facie, con el material probatorio para controvertir un relato oficial
que en su momento negó dichos hechos, y solo con el pasar de los años,
gradualmente han aparecido medios de conocimiento que permiten conocer los
responsables de tan dolorosos acontecimientos. Se reitera la síntesis de la
Sentencia SU-439 de 2024:

“En particular, estableció que en la providencia controvertida se dejó de lado
que el término de caducidad debía contabilizarse a partir de dos presupuestos:
(i) desde el momento en que los demandantes hubieran tenido conocimiento de
que el menoscabo fue causado por el Estado y (ii) desde el momento en que la
parte demandante se encuentre en capacidad material de imputarle el daño
al Estado ante el aparato judicial.

La Corte subrayó, además, que en estos casos la valoración de las pruebas
debe obedecer a criterios contextuales y garantistas, de modo que la aplicación
de las reglas procesales no puede darse rígidamente, con el propósito de
obstaculizar injustificadamente el acceso efectivo a la administración de justicia,
en desmedro de las garantías constitucionales de las víctimas de graves
violaciones de derechos humanos.

Sobre el segundo problema jurídico, consideró que la afirmación según la cual
el caso pudo tratarse de “un falso positivo”, hecha por la demandante en una
entrevista rendida ante la Fiscalía General de la Nación, era insuficiente para
iniciar el cómputo del término de caducidad del medio de control. Para la Sala,
exigir a las víctimas que actúen basadas en simples sospechas o
especulaciones, sin contar con elementos probatorios relevantes, resulta
irrazonable y vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, así como las garantías de verdad,
reparación integral y no repetición.”

70. Conforme el precedente constitucional vigente para el momento en que se
profirió la providencia cuestionada, si resulta relevante que la parte demandante
cuente con elementos de prueba relevantes para estar en condiciones materiales
de imputar el daño antijurídico a la autoridad pública.

71. En este contexto, la autoridad judicial accionada debía examinar integralmente
el proceso y no limitarse a una lectura aislada de las fechas de otorgamiento de

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poderes. Conforme lo ha sostenido la Corte Constitucional en las sentencias SU-
167 de 2023, SU-439 de 2024 y T-202 de 2025, en casos de graves violaciones a
los derechos humanos —particularmente ejecuciones extrajudiciales presentadas
como bajas legítimas en combate— el cómputo del término de caducidad exige
valorar el momento en que las víctimas cuentan, prima facie, con elementos
probatorios suficientes para imputar razonablemente la responsabilidad al Estado.
En el asunto sub examine, las diligencias adelantadas ante la Jurisdicción Especial
para la Paz y las versiones voluntarias rendidas en ese escenario transicional
evidencian que la posible participación del Estado en el homicidio de Jhon Darío
Giraldo Quintero solo pudo conocerse después de la fecha que el juzgado y el
tribunal demandados tomaron como punto de partida para contabilizar la caducidad.
Por ello, el análisis del requisito de oportunidad imponía incorporar dicho contexto
probatorio y reconocer que, antes de la remisión de esa información por parte de la
JEP, los familiares no contaban con medios objetivos suficientes para atribuir el
daño antijurídico a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional.

72. En segundo lugar, también se presenta un desconocimiento del precedente
vertical fijado por esta corporación en relación con que, en este específico y
restringido tipo de casos, en los que se discute el término de caducidad en casos
de una grave violación a los derechos humanos, la parte demandante debe contar
con amplias garantías procesales para ofrecer las razones que justifican la supuesta
tardanza en acudir a la administración de justicia. El auto de rechazo de plano de
una demanda de reparación directa no es el espacio procesal amplio y garantista
que menciona la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional, en
el que la autoridad judicial debe indagar por las barreras de acceso que enfrentaron
las víctimas de una grave violación a los derechos humanos.

73. Tal como se indicó en el acápite considerativo de esta providencia, el examen
formal de la demanda de reparación directa no ofrece las condiciones procesales
para que las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos expliquen y
prueben las barreras de acceso que enfrentaron para acudir a la administración de
justicia. Motivo por el cual, en otros casos, en providencias de amparo con efectos
inter partes, se ha indicado el criterio hermenéutico conforme al cual, se insiste, en
este tipo de proceso, el Juez o Tribunal Administrativo debe aplicar criterios
flexibles, pro actione y pro damato y permitir que se surta todo el trámite procesal
dirigido a estudiar con el adecuado rigor, el requisito de la oportunidad de la
demanda, pues no se trata de la simple confrontación de dos fechas en un
calendario, sino que debe abordar, caso a caso (Sentencia SU-167 de 2023), la
verificación de barreras materiales de acceso a la administración, tales como, la
carencia de medios de prueba para sostener pretensiones de reparación.

74. En atención a que la autoridad accionada no tuvo en cuenta el precedente
vertical obligatorio y aplicable para resolver el asunto sometido a su consideración,
y que no ofreció razones que justificaran su separación de las reglas
jurisprudenciales fijadas, incurrió en un defecto que desconoció el principio de stare
decisis. En consecuencia, se dejará sin efecto el auto de 29 de abril de 2025
proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia y se ordenará que, en el término
de diez (10) días, emita una decisión de reemplazo en la que resuelva el recurso de
apelación contra el auto de 16 de enero de 2025, proferido por el Juzgado Veintitrés

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06788-00
Accionante: Francisco Alonso Giraldo y otros
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Administrativo de Medellín, aplicando el precedente constitucional sobre el examen
flexible, pro actione y desde una perspectiva de balanceo de principios, fijado, entre
otras, en las sentencias SU-439 de 2024 y T-202 de 2025, así como los desarrollos
de esta Corporación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela en relación con Leli
Arturo Giraldo Quintero por lo explicado en la parte motiva.

SEGUNDO: AMPARAR el derecho al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de Francisco Alonso Giraldo Pineda, Dora Elena Marín
Atehortúa, Yesica Natalia Giraldo Marín, Leidy Yuliana Giraldo Marín, Rosalba
Angélica Quintero de Giraldo, Hemel Alonso Giraldo Quintero, Alba Geny Giraldo
Quintero, Ubaldo Antonio Giraldo Quintero y Ester Oliva Giraldo Quintero y, en
consecuencia DEJAR SIN EFECTO el auto de 29 de abril de 2025 proferido por la
Sala de Segunda de decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del
radicado 05001-33-33-023-2024-00332-00/01.

TERCERO: ORDENAR a la Sala Segunda de decisión del Tribunal Administrativo
de Antioquia que, dentro del término de diez (10) días contados a partir de la
ejecutoria de la sentencia de amparo, profiera una providencia de reemplazo en la
que resuelva el recurso de apelación contra el auto de 16 de enero de 2025 proferido
por el Juzgado Veintitrés Administrativo Oral de Medellín, aplicando el precedente
constitucional sobre el examen flexible, pro actione y desde una perspectiva de
balanceo de principios, fijado, entre otras, en las Sentencias SU-439 de 2024 y T-
202 de 2025, así como los desarrollos de esta Corporación.

CUARTO: INFORMAR a las partes el contenido de esta providencia por el medio
más expedito.

QUINTO: En caso de no ser impugnado, REMITIR a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con salvamento de Voto

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-06788-00
Accionante: Francisco Alonso Giraldo y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Primera instancia acción de tutela

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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