Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04228-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-04228-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-04228-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
1 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., primero (1.°) de septiembre de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-04228-00
Accionante: INGRIS YOHANA MARTÍNEZ ORTEGA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Tutela contra providencia que declaró la caducidad del derecho de acción
en reparación directa en caso de grave violación a los derechos humanos //
requisitos de procedencia// requisitos para el examen de una acción de tutela contra
una sentencia judicial de reemplazo // examen constitucional del término de
caducidad de la demanda de reparación directa // configuración del defecto de
desconocimiento del precedente// configuración del defecto de desconocimiento de
precedente judicial.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Antecedentes
1. En primera instancia, la Sala resuelve la acción de tutela promovida, en nombre
propio, por Ingris Yohana Martínez Ortega contra la sentencia de 23 de abril de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena. Este fallo es una
decisión de reemplazo, que se expidió en cumplimiento de la orden contenida en
Sentencia T-450 de 2024 de la Corte Constitucional. La providencia impugnada
puso fin al proceso de reparación directa identificado con el radicado 47001-3333-
004-2015-0307-01. Con el fin de facilitar la comprensión de los antecedentes,
inicialmente, se expondrá el desarrollo del proceso contencioso administrativo.
Luego, se reseñará el proceso constitucional que llevó a la sentencia T-450 de 2024
de la Corte Constitucional. Más adelante, se mostrará la sentencia de reemplazo
de 23 de abril de 2025. Finalmente, se relatarán los fundamentos del escrito de
tutela.
Antecedentes del proceso contencioso identificado con radicado 47-
001.3333.004.2015.00307.01.
2. Nellys del Carmen Ortega Campuzano, Denilson Rafael Ortega Campuzano,
Oscar Guillermo Ortega Campuzano, Edgardo Rafael Ortega Campuzano, Jainer
Alfonso Martínez Ortega, Elsy Judith Martínez Ortega, Lina Luz Ortega
Campuzano, Maciel María Martínez Ortega, Yirna del Rosario Martínez Ortega,
Ingris Yohana Martínez Ortega y Edgardo Rafael Martínez Álvarez presentaron
demanda de reparación directa contra la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional por el homicidio en persona protegida en contra de Julio César Martínez
Ortega, hijo y hermano de los demandantes.
3. La demanda se fundamentó en que, el 18 de mayo de 2007, miembros del
Ejército Nacional quitaron la vida a Julio César Martínez Ortega, un joven dedicado
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04228-00
Accionante: Ingris Yohana Martínez Ortega
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Primera instancia acción de tutela
a labores agrícolas, e intentaron hacer pasar su asesinato como una baja legítima
en combate. Los hechos se produjeron en el sector Barcelona, Los limones,
corregimiento de la China, municipio de Chivolo, departamento de Magdalena. En
un primer momento, la jurisdicción penal militar inició la investigación por el
homicidio; sin embargo, por solicitud de la Procuraduría General de la Nación fue
remitida a la jurisdicción ordinaria, especialidad penal. Tras varias etapas, en
primera y segunda instancia, Jueces Penales condenaron a oficiales, suboficiales
y soldados profesionales del Ejército Nacional por el homicidio en persona
protegida contra Julio César Martínez Ortega.
4. En el proceso penal se verificó que los militares hicieron una puesta en escena
para hacer pasar el homicidio de la víctima como una baja legítima en combate. No
obstante, las inconsistencias en el lugar de los hechos, las contradicciones de los
testimonios de los militares involucrados y la identificación de Julio César como un
campesino sin vínculos con grupos armados ilegales, llevó a que las autoridades
judiciales declararan responsables penalmente a los miembros del Ejército
Nacional y sancionados con una pena de prisión1. La condena penal de primera
instancia se produjo el 27 de noviembre de 2018, confirmada en segunda instancia
en providencia de 27 de enero de 2021. En auto de 2 de septiembre de 2022, la
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió no casar las sentencias
condenatorias proferidas contra los militares.
5. En el año 2015, la familia de la víctima presentó demanda de reparación directa
contra la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional por el daño antijurídico
descrito. Agotados los trámites de primera instancia, en providencia de 22 de
agosto de 2019, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Santa Marta
accedió parcialmente a las pretensiones de la parte actora y declaró
extracontractualmente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional por el homicidio de Julio César Martínez Ortega. Además, condenó al
pago de perjuicios morales, en favor de algunos familiares, y garantías de
satisfacción.
6. En sentencia de 26 de abril de 2023, el Tribunal Administrativo del Magdalena
revocó la sentencia de primera instancia y declaró que había operado el fenómeno
de la caducidad. En la providencia, se reiteró el precedente de 29 de enero de 2020
proferido por el pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado respecto a la
caducidad del derecho de acción en casos en que el daño antijuridico es una grave
violación a los derechos humanos. Se precisó que el daño se produjo el 18 de mayo
de 2007, y que desde ese momento los demandantes tenían la posibilidad de acudir
a la administración de justicia para presentar la demanda de reparación directa
(Folio 28 de la sentencia de 26 de abril de 2023). Se lee en la providencia:
“Para la Sala, debido a las especiales condiciones en que se dieron los hechos,
es claro que, aunque los demandantes en el mes de mayo de 2007 tuvieron
conocimiento de la ejecución extrajudicial del señor Julio César Martínez
Ortega a manos de miembros del Ejército Nacional, por lo que desde dicho
momento estos pudieron acudir a las autoridades administrativas y judiciales
correspondientes con el fin de reclamar el resarcimiento de los perjuicios
causados, por lo que el término de caducidad debió empezar a computarse
1
Folio 7 del escrito de tutela. Hecho 55 y 56.
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Accionante: Ingris Yohana Martínez Ortega
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Primera instancia acción de tutela
desde el año 2007, lo que quiere decir que, los actores podían demandar hasta
el año 2009, encontrándose a todas luces configurada la caducidad del medio
de control.”
7. Contra la anterior providencia, la parte actora formuló acción de tutela. Tras
agotar dos instancias, la Corte Constitucional seleccionó esas decisiones para
revisión. En Sentencia T-450 de 2024, la Sala Segunda de Revisión de esa
Corporación amparó los derechos fundamentales de las tutelantes, dejó sin efecto
el fallo cuestionado, y ordenó:
“PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida en segunda instancia por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que a su vez
confirmó la decisión de primera instancia, proferida por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, la cual denegó el amparo
constitucional, al considerar que el Tribunal Administrativo del Magdalena no
vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte actora. En
consecuencia, TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso de las
accionantes y DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 26 de abril de 2023 del
Tribunal Administrativo del Magdalena.
SEGUNDO. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Magdalena que
readecúe el trámite para permitir que las partes presenten alegatos de
conclusión dentro del trámite de segunda instancia, y se pronuncien, entre otras
cosas, frente a la caducidad del medio de control, atendiendo las reglas de
unificación objeto de análisis en esta sentencia. Adicionalmente, deberá valorar
las circunstancias particulares del caso concreto y determinar si al aplicar las
reglas jurisprudenciales unificadas se ponen en riesgo los derechos
fundamentales de las demandantes. Una vez se cumpla lo anterior, dicha
autoridad judicial dictará el fallo respectivo y adoptará las medidas que
correspondan.”
8. La Corte Constitucional encontró que la sentencia de 26 de abril de 2023 incurrió
en un defecto por desconocimiento de precedente, pues no tuvo en cuenta la regla
jurisprudencial fijada en la decisión SU-167 de 2023, conforme a la cual, si la
demanda se presentó antes de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020
proferida por el pleno de la sección tercera, un juez administrativo debía readecuar
el trámite procesal para permitir que los demandantes volvieran a presentar
alegatos finales y permitir que expliquen las razones por las cuales ejercieron el
derecho de acción, pasados dos años del hecho del daño. En el caso concreto, la
alta Corte concluyó que la sentencia de primera instancia se profirió el 22 de agosto
de 2019 por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Santa Marta y la
apelación se presentó antes de la sentencia de 29 de enero de 2020. Por esta
razón, la parte actora nunca tuvo la oportunidad de ajustar sus argumentos para
explicar que, según su criterio, en el caso concreto no operaba la caducidad.
9. En cumplimiento del fallo de tutela, el 23 de abril de 2025, el Tribunal
Administrativo del Magdalena profirió fallo de reemplazo. En esta decisión, declaró
de nuevo la caducidad del derecho de acción de la parte actora. El Tribunal permitió
que la parte demandante readecuara sus argumentos y explicara las razones por
las cuales demandó hasta el año 2015, cuando los hechos del homicidio de la
víctima se produjeron en el 2007. La parte actora sostuvo que, si bien los hechos
del daño se remontan al año 2007, el término de caducidad debe contabilizarse
desde el año 2018, fecha en la que el Juzgado Promiscuo del Circuito del Plato
profirió la sentencia penal condenatoria de primera instancia contra el oficial, los
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Accionante: Ingris Yohana Martínez Ortega
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Primera instancia acción de tutela
suboficiales y los soldados profesionales que cometieron el homicidio de Julio
César Martínez Ortega, pues “fue precisamente en medio de un proceso penal que
se debatió si efectivamente los miembros del Ejército Nacional que participaron en
la aprehensión y luego en la ejecución extrajudicial u homicidio de la víctima eran
responsables o no de dichos hechos. Seguidamente, sostuvo que como quiera que
la solicitud de conciliación extrajudicial ante la procuraduría administrativa se
presentó el 24 de octubre de 2014 no había fenecido el término de caducidad”2.
10. En todo caso, el Tribunal Administrativo del Magdalena descartó el argumento
de la parte actora y declaró la caducidad del derecho de acción.
Del escrito de tutela
11. La tutelante sostiene que la providencia de reemplazo incurrió en nuevos
defectos genéricos y específicos de procedencia de tutela contra providencia.
Respecto de los segundos adujo que el fallo del 23 de abril de 2025 incurrió en
desconocimiento del precedente ordinario y constitucional. Señaló que la
Subsección B de la Sección Tercera, en fallo de 30 de agosto de 2021, argumentó
que el término de caducidad del derecho de acción en casos de graves violaciones
a los derechos humanos, concretamente en casos de ejecuciones extrajudiciales
debe contabilizarse de manera flexible a partir de la teoría del “daño descubierto”.
En igual sentido, estimó que la Sentencia SU-060 de 2021 impuso a los jueces
administrativos el deber de interpretar flexiblemente las reglas procesales, en casos
de graves violaciones a los derechos humanos. En este sentido, cuestionó que
dicha suavización de tales cargas no se produjo en el caso concreto, puesto que el
Tribunal accionado interpretó el término de caducidad de manera rígida y sin
percatarse de que los demandantes enfrentaron dificultades para acceder a la
administración de justicia.
12. Adicionalmente reprochó que el fallo cuestionado no tuvo en cuenta la
Sentencia SU-254 de 2013, conforme a la cual, en casos de víctimas de
desplazamiento forzado originadas por el conflicto armado, el término de caducidad
debía contabilizarse desde que las víctimas estaban en condiciones de acceder a
la administración de justicia. En general sostuvo que la decisión de reemplazo no
tuvo en cuenta el precedente constitucional y ordinario respecto a la flexibilización
del examen de la oportunidad de la demanda en casos de graves violaciones a los
derechos humanos3.
13. Por otro lado, el tutelante sostuvo que la providencia incurrió en defectos
fáctico y sustantivo. En relación con el primer yerro, reprochó que la autoridad
judicial demandada no tuvo en cuenta que, si bien el daño se produjo en el año
2007, la parte demandante solo tuvo certeza de la responsabilidad de agentes
estatales con el avance del proceso penal. Antes de las decisiones del proceso
2
Folio 33 de la sentencia de reemplazo de 23 de abril de 2025. Anexo al escrito de tutela, y
reseñada dentro del recuento fáctico que realizó la parte tutelante.
3
Se lee en el escrito: “Como consecuencia, de lo anterior es que resulta procedente acceder al
amparo invocado por la configuración del defecto «desconocimiento del precedente jurisprudencial»,
al no encontrar en la providencia cuestionada un análisis del caso en consonancia con los
argumentos expuestos tanto en la demanda como en el recurso de apelación, ya que solamente
aplicó de manera inflexible la sentencia de unificación.” Folio 31.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04228-00
Accionante: Ingris Yohana Martínez Ortega
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Primera instancia acción de tutela
penal, las víctimas no tenían certeza, ni medios de pruebas para probar la
responsabilidad de las entidades demandadas. Adujo:
“Así, pese a que el tribunal hizo mención a la tesis unificada vigente para ese
momento, de cara al análisis probatorio no aplicó adecuadamente el parámetro
allí definido, dado que determinó que el término empezó a correr cuando la
víctima se entera y no cuando efectivamente se tiene la certeza que los
miembros del ejército nacional, participaron en medio de una operación militar
irregular, situación está que se prueba más adelante por medio de la
investigación penal ordinaria y así mismo mediante las sentencias penales
condenatorias, que fueron debidamente aportados en medio del medio de
control de la referencia, se insiste, con la sola narración de los hechos
expuestos en la demanda ordinaria, y sin tener en cuenta que en ese momento
era imposible determinar las condiciones en las cuales se había producido el
fallecimiento de la víctima directa JULIO CESAR MARTINEZ ORTEGA”4
14. Frente al segundo yerro, el defecto sustantivo, el demandante señaló que la
providencia no realizó un examen de los hechos que motivaron el proceso de
reparación directa, a la luz de obligaciones internacionales de derechos humanos
suscritas por el Estado Colombiano. Consideró que el Tribunal debía hacer un
examen más profundo respecto al requisito de caducidad, especialmente, aplicar el
artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 con perspectiva de derechos humanos.
15. Manifestó que la decisión vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al derecho a la
familia y a la reparación integral. Sostuvo que la decisión es revictimizante y
desproporcionada e incurre en “pleno desconocimiento del criterio jurisprudencial
de caducidad y flexibilización probatoria en el marco del análisis de la
responsabilidad administrativa y extracontractual de la Nación por la consumación
de un delito de lesa humanidad de especial relevancia constitucional de acuerdo a
los criterios fijados por la Honorable Corte Constitucional (…)”.
16. Agregó que, si bien el proceso penal avanzó, la parte demandante nunca tuvo
acceso hasta cuando el mismo estuvo adecuadamente adelantado y en etapas
finales. El actor precisó:
“Ahora bien, cuando hago mención de los hallazgos, me refiero al conocimiento
que tengo de la investigación penal y el proceso de judicialización iniciado
contra el personal de militares destacados en los hechos que terminaron con la
vida de un inocente campesino, donde con total confianza y tranquilidad podía
anticipar que los accionantes antes de dictarse decisiones de fondo como las
que hoy se enuncian NUNCA tuvimos acceso al expediente penal ni a la
investigación, por lo cual, JAMÁS tuvimos la oportunidad de anticipar o advertir
con absoluta certeza que el daño antijuridico era imputable al Estado y que por
ende, debía acceder a la administración de justicia para demandar, pues es
claro, que solo lo hizo cuando los abogados contratados se interesaron en una
representación judicial, y de allí en adelante se nos asesoró e hicieron un
trabajo profesional tendientes a obtener verdad, justicia y reparación, incluso
motivándonos a creer que se podía alcanzar justicia y fue de esa manera, que
abandonamos el miedo y nos empoderamos de los derechos que teníamos que
hacer valer, y fue así que empezamos a enterarnos de un proceso penal
ordinario cuando ya estaba avanzado y de la cual se pudo establecer algunos
indicios graves de responsabilidad, siendo viable ahora sí, convocar a las
4
Folio 35 del escrito de amparo.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04228-00
Accionante: Ingris Yohana Martínez Ortega
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Primera instancia acción de tutela
demandadas a una audiencia de conciliación extrajudicial, para posteriormente,
impetrar una demanda de reparación directa, con total seguridad jurídica para
lograr el éxito de las pretensiones, evitando que las mismas se hagan ilusorias”.
17. Sostuvo que el Tribunal realizó interpretaciones alejadas de la realidad de las
víctimas del conflicto armado, especialmente de las víctimas campesinas y que
sufrieron el desplazamiento forzado. Señaló que el Tribunal no tuvo en cuenta que
las accionantes tuvieron que soportar desde el momento mismo del fallecimiento
de su ser querido, por ejemplo, barreras de acceso a la administración de justicia,
como las siguientes:
“(…) no pudieron enfrentar ni controvertir las razones de defensa de los
militares implicados en los hechos, quienes se encontraban protegidos por
quienes tenían el deber de juzgarlos, sumado el miedo insuperable a recibir
retaliaciones, la falta de recursos económicos, la nula asesoría de un abogado
de confianza o público, y como si fuera poco, los graves problemas a nivel
familiar relegados a defenderse como puedan, por lo cual, le era imposible
acceder a la administración de justicia, indudablemente sabían que su ser
querido no era un delincuente y que murió a manos del Ejército Nacional, pero
con la zozobra e incertidumbre de conocer a ciencia cierta y bajo certeza judicial
que el daño causado era imputable al Estado para poder demandar, sino que
con el transcurso de los años, y las decisiones de fondo tomadas por la Fiscalía,
lo pudieron hacer”5.
18. Por lo anterior, el tutelante solicitó que se amparen sus derechos, se deje sin
efecto el fallo cuestionado, y se ordene que se profiera un segundo fallo de
reemplazo en que, el Tribunal accionado estudie de fondo la responsabilidad de las
entidades accionadas desde una perspectiva de derechos humanos, aplicando las
reglas de flexibilización probatoria y examen del requisito de oportunidad de la
demanda.
Trámite de la tutela
19. La Secretaría de esta Corporación repartió la tutela al despacho sustanciador,
el cual admitió la demanda y ordenó notificar a la entidad accionada. Además,
dispuso vincular al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Santa Marta, y al
Tribunal Administrativo de Magdalena, y a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército
Nacional. Igualmente, ordenó vincular a Nellys Del Carmen Ortega Campuzano,
Denilson Rafael Ortega Campuzano, Oscar Guillermo Ortega Campuzano,
Edgardo Rafael Ortega Campuzano, Jainer Alfonso Martínez Ortega, Elsy Judith
Martínez Ortega, Lina Luz Ortega Campuzano, Maciel María Martínez Ortega, Yirna
Del Rosario Martínez Ortega y Edgardo Rafael Martínez Álvarez, miembros de la
parte demandante dentro del proceso de reparación directa.
20. En índice Samai 13 se observa contestación de tutela suscrita por Maribel
Mendoza Jiménez, Magistrada del Tribunal Administrativo del Magdalena, ponente
de la decisión cuestionada. Indicó que la demanda de reparación caducó. Incluso,
ese fenómeno extintivo operó, si se toman otras fechas para contabilizar la
caducidad, tales como la imposición de la medida de aseguramiento contra los
militares responsables (la cual se produjo, el 9 de diciembre de 2011) o la petición
5
Escrito de tutela, folio 43.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04228-00
Accionante: Ingris Yohana Martínez Ortega
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Primera instancia acción de tutela
de conciliación prejudicial promovida el 24 de noviembre de 2014, y se contrastan
con la demanda de reparación, que se presentó el 16 de diciembre de 2014.
Consideró que no ha incurrido en vulneración de los derechos fundamentales
invocados por la tutelante, pues, la demanda de reparación directa se promovió “al
haber transcurrido en demasía el lapso concedido por la ley a los interesados para
acudir a la Jurisdicción con el objeto de exigir el resarcimiento de los perjuicios que
alegan les fueron causados”.
21. En índice de Samai 11, la abogada que se identificó como apoderada del
Ministerio de Defensa “Fuerzas militares” intervino con el fin de indicar que la acción
de tutela no satisfacía los requisitos de procedencia formal. Concluyó que la
demanda no es una tercera instancia para controvertir una decisión que fue
adversa. Estimó que el escrito de amparo no satisface la carga argumentativa para
atacar la decisión cuestionada.
22. En índice de Samai 15, la Fiscalía General de la Nación intervino con el fin de
solicitar que, en relación con esa entidad, la acción es improcedente por carecer de
legitimación en la causa por pasiva. Además, la acción resulta improcedente, ya
que el demandante puede acudir al recurso extraordinario de revisión para
cuestionar la providencia censurada. Finalmente, indicó que la parte accionante no
sustentó las causales específicas de procedencia. En todo caso, concluyó que no
evidenció la configuración de un defecto fáctico o el sustantivo invocado.
CONSIDERACIONES
Competencia
23. Esta Subsección es competente para conocer de esta acción de tutela en sede
de primera instancia conforme el artículo 37 del decreto 2591 de 1991.
Problema jurídico
24. En primer lugar, la Subsección deberá establecer si la acción de tutela satisface
los requisitos de procedencia formal. En particular, deberá verificar si en el caso
concreto, resulta posible atacar a través de la acción constitucional de tutela una
sentencia de reemplazo que se profirió como consecuencia de un primer fallo de
amparo. En caso de contestar afirmativamente el interrogante, se debe examinar si
la decisión cuestionada incurrió en los defectos desconocimiento del precedente,
sustantivo y fáctico, alegados en el escrito de tutela. En este análisis, cobra especial
relevancia que la decisión cuestionada, de 26 de abril de 2025, declaró la caducidad
del derecho de acción de la parte actora, en cumplimiento de la orden proferida en
la sentencia T-450 de 2024, así como en aplicación de las sentencias de unificación
de 29 de enero de 2020, proferida por el Pleno de la Sección Tercera, y SU 312 de
2020 de la Corte Constitucional.
25. Por lo anterior, para resolver los problemas jurídicos planteados, se reiterará el
precedente judicial sobre la procedencia de tutela contra providencia judicial de
reemplazo, así como la aplicación de la sentencia de 29 de enero de 2020.
Finalmente se resolverá el caso concreto. En este contexto, la Subsección aclara
que, recientemente, resolvió una acción de tutela con hechos y fundamentos
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04228-00
Accionante: Ingris Yohana Martínez Ortega
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Primera instancia acción de tutela
similares6, por lo que en esta ocasión se reiteran las consideraciones de aquella
providencia.
Procedencia de la acción de tutela para cuestionar decisiones judiciales de
reemplazo.
26. En el asunto de la referencia, se cuestiona una providencia judicial ordinaria de
remplazo, la cual se profirió después de que la actora promoviera una primera
acción de tutela contra la sentencia que resolvió originalmente la segunda instancia
del proceso contencioso administrativo de reparación directa. La jurisprudencia
constitucional7, en armonía con la de esta corporación8, ha reiterado la posibilidad
de que se pueda ejercer la acción de tutela contra una sentencia de reemplazo en
los siguientes términos. Esto se debe a que la decisión que sustituye a la
originalmente demandada no se ha estudiado por una autoridad judicial, ya que no
se ha cuestionado.
27. La Corte Constitucional ha explicado que se debe verificar que con la nueva
demanda no se configure cosa juzgada en relación con la primera decisión. En
efecto, se debe tratar de una segunda acción de tutela que cuestiona otra
providencia por razones diferentes a la original. Esta precisión se ha realizado
debido a que previamente ya se había promovido una acción de tutela. Además, el
cuestionamiento posterior no puede encuadrarse en la materialización de la
providencia primigenia, de modo que el incidente de desacato o el cumplimiento
carezca de idoneidad para impugnar la sentencia de reemplazo9.
28. En efecto, en la Sentencia T-014 de 2025, una Sala de Revisión de la Corte
Constitucional resolvió una acción de tutela contra una sentencia de reemplazo
proferida por un Tribunal Administrativo. En la sentencia de tutela de 2025 se
recordó que en la sentencia T-117 de 2022, la Corte Constitucional ya había dejado
sin efecto una sentencia ordinaria proferida dentro del mismo proceso de reparación
directa. La sentencia de reemplazo incurrió en nuevas causales de procedencia
específica de tutela contra providencia, motivo por el cual, puesto que se trata de
una nueva decisión, que no ha sido objeto de examen constitucional por parte del
juez de tutela puede ser cuestionada en una nueva acción de amparo y no se
incurre en la violación de la cosa juzgada por tratarse de una segunda acción de
tutela contra la misma sentencia judicial, sino que se trata de una acción de tutela
contra una nueva providencia (la sentencia de reemplazo).
29. La Corte explicó que sería equivocado pensar que, si la sentencia de reemplazo
incurre en nuevos yerros de validez, los tutelantes deban acudir al juez del
desacato, esto por al menos dos motivos; (i) la sentencia de reemplazo no ha sido
examinada por un juez constitucional y (ii) las sentencias de tutela que amparan el
derecho al debido proceso dejan sin efecto sentencias ordinarias, pero no indican
6
Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia
de 25 de julio de 2025, Exp. 11001-03-15-000-2025-03963-00. C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
7
Sentencia T-014 de 2025
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso administrativo, Sección Primera, Sentencia de 18 de
febrero de 2021. C.P. José Gregorio Hernández Galindo (Conjuez)
9
Corte Constitucional Sentencia T-117 de 2022.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04228-00
Accionante: Ingris Yohana Martínez Ortega
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Primera instancia acción de tutela
el específico sentido que debe adoptar el fallo de reemplazo, pues ello es parte de
la autonomía judicial de la autoridad que debe proferir el fallo de reemplazo, razón
por la cual, la sentencia no puede examinarse en sede de desacato, sino a través
de un nuevo proceso constitucional de amparo.
30. En la Sentencia T-014 de 2025, reiterando la explicación de la providencia T-
117 de 2022, se indicó sobre la procedencia de la acción de tutela contra sentencias
judiciales de reemplazo que la misma resulta procedente siempre que no se
configure la cosa juzgada constitucional. Precisó la sentencia de 2025:
“De la comparación anterior resulta evidente que la acción de tutela que fue
revisada en la Sentencia T-117 de 2022 difiere en sus pretensiones frente a la
acción de tutela que ocupa en esta ocasión a la Sala Quinta de Revisión.
Por último, esta Sala considera que tampoco hay identidad de causa entre los
dos casos mencionados. Aunque ambas tutelas buscan que se revoque la
decisión que profirió el Tribunal Administrativo de Bolívar, en segunda
instancia, respecto de un mismo proceso de reparación directa, el motivo
de disenso de los accionantes en uno y otro caso es diferente.
Sobre este punto, la Sala Quinta de Revisión comparte las consideraciones que
sobre este tema hizo la Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en su fallo de tutela de
primera instancia del 27 de octubre de 2023. En primer lugar, porque una y
otra tutela se promovieron en contra de providencias judiciales
diferentes.” (negrillas y subrayado fuera del texto)
31. En esa medida, respecto de la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial de reemplazo el juez de la segunda acción de tutela debe
verificar que no se presente cosa juzgada y carezca de idoneidad el incidente de
desacato o cumplimiento de la decisión de tutela original. Será procedente la acción
de tutela cuando se presente un ataque constitucional contra una nueva providencia
judicial que no ha sido examinada previamente por un juez del amparo y no se
disputa el cumplimiento de la providencia original.
Causales genéricas y específicas de procedencia de procedencia de tutela
contra providencia.
32. Conforme el precedente fijado en la C-590 de 200510, reiterado de manera
consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una importante
carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales genéricas de
procedencia, y al menos una específica.
33. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar11; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
10
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)
11
Se sigue la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la SU-215 de
2022.
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Accionante: Ingris Yohana Martínez Ortega
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Referencia: Primera instancia acción de tutela
sentencia de tutela12, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que
resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del
Consejo de Estado ni una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección
de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-
12; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se
promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y
comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en
cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite
procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el
interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance,
salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 13 o los
medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi)
que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige
que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o
económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga
un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no
hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
34. La jurisprudencia constitucional ha insistido en que, el examen que realiza el
juez constitucional a una providencia judicial no examina la corrección jurídica o el
criterio de una autoridad o funcionario judicial, sino que se centra en determinar si
la decisión adolece de una característica que afecte su validez. En consecuencia,
se trata de verificar si el fallo contiene yerros incompatibles con las garantías
constitucionales14.
35. La jurisprudencia constitucional ha insistido en que, el examen que realiza el
juez constitucional a una providencia judicial no examina la corrección jurídica o el
criterio de una autoridad o funcionario judicial, sino que se centra en determinar si
la decisión adolece de una característica que afecte su validez. En consecuencia,
se trata de verificar si el fallo contiene yerros incompatibles con las garantías
constitucionales15.
36. En cuanto a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la Sentencia C-590 de 2005 precisó que la tutela se
concederá si se presenta al menos uno de los siguientes defectos. A continuación,
se enuncian los defectos específicos explicados por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, profundizando en el defecto invocado por la parte actora.
12
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
13
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
14
Cfr. SU-215 de 2022 M.P. Natalia Ángel Cabo. “La Corte ha sido enfática en señalar, que la tutela
contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos de
interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.
15
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia SU-215 de 2022 M.P. Natalia Ángel Cabo. “La Corte ha sido
enfática en señalar, que la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un
juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que excluye su formulación para la discusión
de asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.
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i.Defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es expedida
por un funcionario judicial que carecía de competencia;
ii.Defecto procedimental absoluto, que se produce cuando la autoridad judicial
actuó por fuera del procedimiento establecido para determinado asunto;
iii.Defecto fáctico, que se presenta cuando la providencia acusada tiene
problemas de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica de
pruebas, la valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la realización
indebida y contraevidente de pruebas existentes en el proceso;
iv.Defecto sustantivo, que ocurre cuando la decisión judicial se toma con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que no estaban
llamadas a gobernar el caso o a partir de interpretaciones jurídicas contrarias
a la garantía de los derechos fundamentales.
v.Error inducido, que se genera cuando la autoridad judicial vulnera los
derechos fundamentales del afectado producto de un error al que ha sido
inducido por factores externos al proceso, y que tienen la capacidad de influir
en la toma de una decisión contraria a derecho o a la realidad fáctica probada
en el caso;
vi.Decisión sin motivación, que supone que el juez no cumplió con su deber
de expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión;
vii.Desconocimiento del precedente, que se genera cuando frente a un caso
con los mismos hechos una autoridad se aparta de los procedimientos
establecidos por los tribunales de cierre (precedente vertical) o por los
dictados por ellos mismos (precedente horizontal), sin cumplir con la carga de
justificar de forma suficiente y razonada por qué se cambia de precedente16.
viii.Violación directa de la Constitución, que se genera cuando una providencia
judicial desconoce por completo un postulado de la Constitución, le atribuye
un alcance insuficiente o lo contradice.
37. Conforme las consideraciones anteriores, en el acápite de caso concreto, se
examinará si la acción de tutela de la referencia satisface las causales genéricas
de procedencia y al menos una específica. Inmediatamente a continuación se
examinará el precedente constitucional sobre el cumplimiento del requisito de
caducidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos constitutivas de
delitos de lesa humanidad o de guerra.
Jurisprudencia sobre la caducidad del medio de control de reparación directa
en casos de graves violaciones a los derechos humanos
38. En decisión del 29 de enero de 2020, el Pleno de la Sección Tercera del
Consejo de Estado unificó el precedente jurisprudencial relativo al término de
16
Corte Constitucional, SU-304 de 2024, M.P. Vladimir Fernández Andrade.
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caducidad de la acción cuando se ejerce el medio de control de reparación directa.
En dicha providencia se concluyó que, incluso en casos de delitos que constituyen
conductas de lesa humanidad o crímenes de guerra, resulta aplicable el término de
caducidad de dos años previsto en el artículo 164, numeral 2, literal i)17 de la Ley
1437 de 2011. Posteriormente, en la Sentencia SU-312 de 2020, la Sala Plena de
la Corte Constitucional acogió el criterio jurisprudencial del Consejo de Estado e
indicó que, en efecto, el medio de reparación caduca en dos años, aun si se trata
de los punibles antes anotados.
39. Ambas providencias de unificación establecieron que el término de caducidad
comienza a contarse a partir de: (i) la ocurrencia del daño; (ii) el momento en que
las personas afectadas lo conocieron o razonablemente debieron conocerlo; (iii) sin
embargo, no correrá el término cuando se acredite que las personas estuvieron
objetivamente impedidas para acceder a la administración de justicia; y (iv) en los
casos de desaparición forzada, la caducidad se cuenta desde el momento en que
la persona reaparece o se identifican plenamente sus restos, sin que ello impida
presentar la demanda si aún se desconoce el paradero de la víctima.
40. Tras estas dos decisiones, la Corte Constitucional ha proferido varias
sentencias de Sala de Revisión18 y de Sala Plena19 en las que ha precisado la
manera en que debe contabilizarse el término de caducidad en casos relacionados
con crímenes de guerra o de lesa humanidad. Aunque ha reiterado que el derecho
de acción caduca, también ha señalado que este requisito debe ser evaluado desde
una perspectiva flexible que considere la ponderación de principios, con el fin de
garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia. Se ha indicado que el
juez administrativo tiene que ser especialmente cuidadoso al momento de declarar
la caducidad del derecho de acción, en casos de graves violaciones a los derechos
humanos, pues el examen de la oportunidad de la demanda debe examinar si la
parte actora enfrentó barreras de acceso a la administración de justicia; son sujetos
de especial protección constitucional; o estaba en condiciones de conocer los
elementos integrantes de la responsabilidad del Estado, y contaba con elementos
probatorios para hacer valer sus pretensiones ante los jueces administrativos.
41. En efecto, la Corte ha enfatizado que la verificación del cumplimiento del
término de caducidad constituye una carga relevante del juez administrativo que no
puede ser evaluada de forma mecánica o superficial, especialmente cuando se
examinan hechos que configuran graves violaciones de derechos humanos, como
los crímenes de guerra o de lesa humanidad20. En consonancia con lo anterior, esta
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 29 de
enero de 2020, Exp. 61.033 C.P. Martha Nubia Rico Velásquez.
18
Cfr. T-024 de 2024 M.P. Paola Meneses Mosquera y T-450 de 2024 M.P. Juan Carlos Cortés
González. Recientemente T-001 de 2025, T-004 de 2025 y T-202 de 2025.
19
Cfr. SU-167 de 2023 M.P. Diana Fajardo Rivera. SU-241 de 2024 y SU-439 de 2024.
20
En la Sentencia T-269 de 2024, la Corte indicó: “Para la Corte Constitucional, el análisis sobre el
cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa debe ser un equilibrio entre la
seguridad jurídica que brinda la existencia de un término de caducidad para presentar las demandas
de reparación directa, de un lado, y el acceso a la administración de justicia por parte de las víctimas
que alegan haber sufrido daños antijurídicos imputables al Estado”.
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Referencia: Primera instancia acción de tutela
Subsección21 ha precisado que el análisis del requisito de caducidad no se reduce
a la simple confrontación de dos fechas en un calendario, sino que exige que el juez
administrativo valore si los demandantes enfrentaron barreras de acceso a la
administración de justicia. La jurisprudencia unificada del Consejo de Estado y de
la Corte Constitucional ha ejemplificado estas barreras.
42. En la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, el pleno de la Sección
precisó que el término de caducidad no empieza a correr cuando las víctimas de
graves violaciones a los derechos humanos enfrentan barreras objetivas, como
enfermedades o secuestros. Por otra parte, en sentencias SU-167 de 2023, SU-
241 de 2024, SU-429 de 2024, SU-439 de 2024, T-001 de 2025 y T-202 de 2025,
la Corte Constitucional señaló que las víctimas de graves violaciones de derechos
humanos afrontan obstáculos de acceso, tales como: (i) el exilio; (ii) la
vulnerabilidad socioeconómica derivada del desplazamiento forzado; (iii) el miedo
y la zozobra derivadas por amenazas contra su vida, o (iv) la ausencia de material
probatorio necesario para sustentar sus pretensiones, en particular cuando el daño
antijurídico a un crimen de lesa humanidad o de guerra respecto del cual, en
principio, existe un discurso oficial de impunidad. A continuación, se precisan estas
reglas jurisprudenciales.
43. En la Sentencia SU-167 de 2023, la Corte Constitucional resolvió una acción de
tutela contra una providencia judicial que resolvió una demanda de reparación
directa. En aquella oportunidad, señaló criterios hermenéuticos sobre el examen de
la oportunidad para demandar. En efecto, el juez administrativo debe ser consciente
que las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos enfrentan “barreras
de acceso” que le impiden ejercer el derecho de acción. Por ello, indicó que el
estudio del requisito de la oportunidad de la demanda debe hacerse caso a caso:
“En suma, (…) se advierte que específicamente, en relación con la reparación
de los daños antijurídicos ocasionados por delitos de lesa humanidad, (i) el
plazo razonable de dos años para acudir a la jurisdicción no se cuenta
necesariamente desde el momento en que se produce el daño que origina el
perjuicio, sino desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la
participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de
imputarle responsabilidad patrimonial; (ii) la caducidad de la demanda de
reparación directa o la existencia de barreras en el acceso a la justicia debe
ser analizada por el juez contencioso administrativo competente, atendiendo a
las particularidades de cada asunto en concreto; (…)” (negrilla y subrayado
fuera del texto)
44. En la Sentencia SU-241 de 2024, la Sala Plena de la Corte estudió una acción
de tutela contra una providencia que había declarado la caducidad del derecho de
acción, sin considerar que la demandante había tenido que salir al exilio durante
más de 10 años. En esa providencia se explicó que el exilio constituye una barrera
21
“En esa medida, se ha indicado el deber de los jueces no solo de hacer un balanceo de principios
constitucionales, sino además de superar la idea que el examen se realiza a través de la simple
confrontación de dos fechas en un calendario. Se ha requerido del juez administrativo una
disposición hermenéutica para maximizar el acceso ante las autoridades judiciales y partir de
posiciones garantistas que, ante graves violaciones a los derechos humanos, logren la realización
de la justicia material” sentencia de 7 de febrero, proferida dentro del expediente de tutela 11001-
03-15-000-2024-06282-00
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Accionante: Ingris Yohana Martínez Ortega
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de acceso a la administración de justicia que justifica la presentación de la demanda
de reparación directa una vez regresen al país.
45. En esa sentencia de unificación se reiteró el deber de los jueces administrativos
de valorar los casos de manera concreta y con consideración a las particularidades
de cada caso. La Corte adujo:
“(...) la sola ocurrencia del hecho dañoso no es suficiente para iniciar el
cómputo del término de caducidad, lo cual no implica desconocer dicha
institución jurídico procesal, sino que es necesario que el juez realice una
valoración de las circunstancias particulares de cada caso para determinar
desde cuándo se debe aplicar dicho término y en el que deben analizarse
aspectos relacionados con: (i) la calidad de los accionantes como sujetos de
especial protección constitucional al haber sufrido graves violaciones a los
derechos humanos; (ii) el momento en el que las víctimas tuvieron la posibilidad
real de advertir que la pretensión de reparación directa resultaba procedente
de acuerdo con el artículo 90 de la Constitución; y (iii) la posibilidad material de
las víctimas de acudir a la justicia debido a la situación de extrema
vulnerabilidad en la que se encuentran”.
46. En la Sentencia SU-439 de 202422, esa Alta Corporación volvió a resolver una
acción de tutela en la que se cuestionaba una decisión judicial que había declarado
la caducidad en un caso de una grave violación a los derechos humanos.
Concretamente un homicidio en persona protegida presentado falsamente como
una baja legítima en combate. En aquella oportunidad, la Corte Constitucional
indicó que las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos enfrentan
barreras estructurales de acceso a la administración de justicia, como la falta de
medios de conocimiento para desvirtuar un discurso oficial que negó la ocurrencia
de los denominados falsos positivos. Por lo anterior, en reiteración del precedente
del Consejo de Estado, la Corte reafirmó la necesidad de que los jueces
administrativos examinen el cumplimiento del requisito de oportunidad de la
demanda desde un enfoque flexible, y verifique el momento objetivo y concreto que
la víctima tuvo el conocimiento y medios de prueba suficientes para presentar la
demanda de reparación directa.
47. En ese caso, una providencia de la jurisdicción contencioso - administrativa
declaró la caducidad del derecho de acción con fundamento en que un familiar de
la víctima de una ejecución extrajudicial manifestó, de manera libre e informal ante
una autoridad judicial, que creía que el homicidio de su familiar correspondía a “un
falso positivo”. En esa oportunidad, la Corte indicó que no resultaba serio exigir a
las víctimas acudir a la administración de justicia, basadas en simples sospechas o
rumores, sino que deben contar con medios de prueba que respalden la veracidad
de sus aseveraciones, en especial para controvertir un discurso oficial que, durante
varios años, negó la existencia del fenómeno de los falsos positivos. Al respecto,
se argumentó:
“Para la Sala, exigir a las víctimas que actúen basadas en simples
sospechas o especulaciones, sin contar con elementos probatorios
relevantes, resulta irrazonable y vulnera sus derechos fundamentales al
22
M.P. Diana Fajardo Rivera.
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debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, así como
las garantías de verdad, reparación integral y no repetición.”
(…) la Corte reafirmó la necesidad de aplicar un enfoque flexible y pro-
víctima en la interpretación de las reglas procesales, especialmente en
casos que involucren presuntas ejecuciones extrajudiciales y otras
formas de violaciones graves a los derechos humanos. En ese sentido,
indicó que estos contextos exigen que las autoridades judiciales valoren las
pruebas de manera más comprensiva y contextual, reconociendo las barreras
estructurales que enfrentan las víctimas para acceder a la verdad y a la justicia,
tales como las dificultades para obtener información veraz y desvirtuar, al
menos prima facie, las versiones oficiales de los hechos”. (negrillas y
subrayado fuera del texto)
48. En la Sentencia T-450 de 202423, la Sala Segunda de Revisión de esa alta Corte
reiteró esa regla en el marco de una acción de tutela interpuesta contra una
providencia del Tribunal Administrativo del Magdalena, que había declarado la
caducidad de una demanda de reparación directa presentada antes del fallo de
unificación de enero de 2020, relacionada con la ejecución extrajudicial de una
persona en 2007. Las demandantes alegaron la configuración de varios defectos,
entre ellos, el desconocimiento del precedente y la errónea aplicación del concepto
de caducidad tratándose de un delito de lesa humanidad.
49. En la providencia, la Corte señaló con fundamento en el principio iura novit curia
que el juez constitucional podía examinar otras causales de procedencia de la
tutela, en tanto los demandantes eran sujetos de especial protección constitucional.
Concluyó que el Tribunal incurrió en un defecto por desconocimiento del
precedente, al aplicar la sentencia de unificación de esta Corporación sin examinar
las circunstancias concretas del caso y en un defecto procedimental absoluto al
omitir la etapa de alegatos en segunda instancia, Para la Corte, esta omisión impidió
a las accionantes pronunciarse sobre las nuevas reglas de caducidad establecidas
por el Consejo de Estado.
50. En consecuencia, la Corte dejó sin efectos la sentencia cuestionada y ordenó
al Tribunal readecuar el trámite, al permitir la oportunidad para formular alegatos de
conclusión y el análisis particular de la caducidad conforme con el precedente
vigente. También dispuso que se evaluara si la aplicación del nuevo criterio
jurisprudencial ponía en riesgo los derechos fundamentales de las demandantes.
51. De igual manera, en la Sentencia T-001 de 2025, la Corte reiteró que el análisis
del término de caducidad debe realizarse desde una óptica constitucional y flexible,
especialmente cuando las víctimas pertenecen a poblaciones vulnerables o han
enfrentado barreras de acceso a la justicia. Advirtió que se incurre en defecto fáctico
si el juez omite investigar, de manera oficiosa, las razones por las cuales las
víctimas presentaron la demanda de forma tardía:
“120. En consecuencia, el Tribunal Administrativo del Magdalena debió
decretar las pruebas de oficio necesarias para dilucidar las circunstancias
de inseguridad y temor de los demandantes, así estas hubieren sido
brevemente mencionadas. Además de tratarse de un caso relacionado con
graves violaciones a los derechos humanos, la Sala considera necesario tener
en cuenta que en el caso en particular, los accionantes son sujetos de especial
protección puesto que (i) se trata de víctimas del conflicto armado interno que
23
M.P. Juan Carlos Cortes González.
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han sufrido durante décadas las consecuencias directas del enfrentamiento
militar". (negrillas fuera del texto)
52. Finalmente, en la Sentencia T-202 de 2025, la Sala Segunda de Revisión de la
Corte Constitucional reiteró las reglas antes indicadas. En esa oportunidad,
examinó dos acciones de tutela dirigidas contra dos decisiones proferidas por
Tribunales Administrativos, también en casos de homicidios en persona protegida
falsamente presentadas como bajas legítimas en combate. En las sentencias de
los tribunales administrativos se había declarado la caducidad del derecho de
acción, pues los jueces administrativos se limitaron a confrontar dos fechas en el
calendario: el día del daño y el momento de la formulación de la demanda, sin
percatarse que existía material probatorio que mostraba que los accionantes habían
enfrentado barreras de acceso. En la providencia, la Corte reiteró tres “estándares
constitucionales” respecto de las obligaciones del juez administrativo sobre el
examen de la oportunidad de la demanda de reparación: (i) la aplicación del
precedente del Consejo de Estado debe asegurar el respeto al debido proceso ante
el cambio jurisprudencial; (ii) el juez contencioso administrativo debe adoptar un
enfoque flexible en materia probatoria para determinar la fecha en que los
demandantes conocieron o debieron conocer del hecho dañoso, de modo que
pueden inferir de manera fundada la responsabilidad del Estado; y (iii) la posibilidad
de aplicar excepción de inconstitucionalidad de la caducidad del medio de control
de reparación directa, lo que debe contemplar los supuestos objetivos asociados
directamente a la situación del demandante, las particularidades que rodean el caso
concreto y cómo esto les impide a los usuarios de la administración de justicia
acceder a la jurisdicción de manera oportuna.
53. Respecto del segundo criterio (el juez contencioso administrativo debe adoptar
un enfoque flexible en materia probatoria para determinar la fecha en que los
demandantes conocieron o debieron conocer del hecho dañoso, de modo que
pueden inferir de manera fundada la responsabilidad del Estado), la Corte reiteró la
regla fijada en la SU-439 de 2024 y precisó que, en efecto, con una mera sospecha
o un conocimiento íntimo de un familiar no resulta exigible que las víctimas de un
caso de ejecución extrajudicial presenten la demanda de reparación directa. La
Sentencia T-202 de 2025 enfatizó que una providencia que examina
unilateralmente el requisito de oportunidad de la demanda y declara la caducidad,
sin examinar las barreras de acceso a la administración de justicia que enfrentaron
las víctimas, incurre en un defecto fáctico. La Corte precisó:
“(…) se configura un defecto fáctico cuando, en casos de ejecuciones
extrajudiciales, los jueces no adoptan un enfoque garantista en la valoración
probatoria. En particular, esto ocurre cuando no se valoran adecuadamente las
pruebas que determinan el momento en que los demandantes pudieron inferir,
además del hecho y la participación del Estado, su responsabilidad en el
presunto daño antijurídico.
(…) Sobre el último elemento, esta corporación distinguió las nociones de
simple convicción, inferencia y certeza. Precisó que no basta con la convicción
íntima, sospecha o mera afirmación de los demandantes de que un familiar fue
víctima de una ejecución extrajudicial para que desde ese momento se marque
el inicio del cómputo de la caducidad. Un asunto es “tener la convicción según
la cual su familiar fue víctima de una ejecución extrajudicial y, por tanto, alegarlo
de esta manera para que sea investigado por la justicia penal”, y otra es contar
con elementos de juicio que permitan acreditar dicha inferencia ante un
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juez24. La Corte aclaró que esto no significa el agotamiento del proceso penal,
dado que no es un requisito para la activación de la jurisdicción de lo
contencioso administrativa y tampoco se exige la certeza absoluta sobre los
hechos. (negrilla y subrayado fuera del texto)
54. A partir de este precedente, en armonía con el precedente de la Corte
Constitucional, la jurisprudencia de esta subsección25 ha sido enfática en señalar
que el término de caducidad, aplicado irreflexivamente y automáticamente, como
una simple confrontación de dos fechas en un calendario, en casos de graves
violaciones a los derechos humanos, puede constituir una barrera injustificada al
acceso a la administración de justicia. En ese sentido, este juez constitucional ha
exigido a los jueces realizar un ejercicio de ponderación entre principios
constitucionales en tensión y evitar una aplicación meramente cronológica del
término de fenecimiento de la acción que desconozca las condiciones materiales
de los demandantes. Así, el juez debe (i) interrogar directamente a la parte
demandante sobre las dificultades enfrentadas; (ii) emplear sus facultades oficiosas
para verificar la existencia de obstáculos reales26, y (iii) entre ellas, considerar la
posibilidad concreta de acceso a los medios de prueba para mostrar los elementos
de la responsabilidad extracontractual del Estado. Se reitera que se vulneran los
derechos fundamentales de las víctimas cuando se les exige acudir ante el juez
contencioso solo con sospechas o convicciones personales de la responsabilidad
o participación de los agentes del Estado en un crimen de guerra, lesa humanidad
o genocidio, sin el material probatorio necesario para mostrar los hechos que
fundamentan sus pretensiones.
55. En un reciente fallo de amparo27, esta Subsección indicó que, junto con el
precedente unificado del Consejo de Estado de 29 de enero de 2020 y la Sentencia
SU-312 de 2020, tanto esta Corporación como la Corte Constitucional han proferido
decisiones en las que se han precisado las condiciones para examinar el requisito
de la oportunidad de la demanda en casos de graves violaciones a los derechos
24
En la Sentencia T-378 de 2024 la Corte indicó que: “las autoridades accionadas desconocieron
que, para acreditar los elementos de la responsabilidad del Estado, no es suficiente que los
demandantes afirmen fehacientemente que la víctima murió a manos de militares (ya que tenía la
convicción de que así ocurrió), sino que además tenga los elementos de juicio suficientes que le
permitan acreditar su dicho en un proceso ante el juez”.
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
Sentencia de tutela de 19 de mayo de 2025, radicado 11001-03-15-000-2024-06763-01. C.P. María
Adriana Marín. Fundamento Jurídico No. 68.
26
Cfr. Sentencia SU- 439 de 2024: “…la Corte reafirmó, en general, la necesidad de aplicar un
enfoque flexible y pro víctima en la interpretación de las reglas procesales, especialmente en casos
que involucren presuntas ejecuciones extrajudiciales y otras formas de violaciones graves a los
derechos humanos. En ese sentido, indicó que estos contextos exigen que las autoridades judiciales
valoren las pruebas de manera más comprensiva y contextual, reconociendo las barreras
estructurales que enfrentan las víctimas para acceder a la verdad y a la justicia, tales como las
dificultades para obtener información veraz y desvirtuar, al menos prima facie, las versiones oficiales
de los hechos.” En el mismo sentido: “(…) para la Corte Constitucional el defecto fáctico que
concurre en el caso objeto de análisis se configura, también, ante la ausencia de una valoración
contextual de los hechos, al momento de determinar si la demanda de reparación directa fue
promovida oportunamente. La omisión en valorar adecuadamente estas circunstancias constituye,
de nuevo, una violación del derecho al acceso a la administración de justicia y perpetúa la situación
de indefensión en la que se encontrarían las presuntas víctimas de hechos vinculados a una posible
grave violación de derechos humanos."
27
Consejo de Estado, Sala Contencioso administrativa, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia
de 25 de julio de 2025, C.P. Fernando Pardo Flórez. Exp. 11001-03-15-000-2025-03963-00.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04228-00
Accionante: Ingris Yohana Martínez Ortega
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Primera instancia acción de tutela
humanos, en particular en ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como
bajas legítimas en combate. Asimismo, se reiteró que las decisiones posteriores,
como las mencionadas, también deben ser conocidas y aplicadas por los jueces
administrativos en los procesos judiciales de reparación directa.
56. En la providencia de 25 de julio de 202528, se examinó una acción de tutela que
atacaba una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo que había declarado
la caducidad, con fundamento en la entrega del acta de derechos de las víctimas
por parte de la Fiscalía General la Nación. A juicio de la autoridad judicial
impugnada, la parte actora contaba con toda la información y medios de prueba
para conocer los elementos de la responsabilidad del Estado con el documento
mencionado. En la providencia se indicó que el juez administrativo debe examinar
en qué momento se produjo el acceso real y efectivo de las víctimas al proceso
penal y a partir de qué etapa contaban con certeza, información y medios de prueba
para llevarlos ante la jurisdicción contencioso administrativo. Se descartó la
posibilidad que la simple entrega de una fotocopia de un formato en el que indican
los derechos de las víctimas constituya información suficiente para superar barreras
de acceso que impiden a las víctimas acudir ante los jueces administrativos.
57. En suma, la jurisprudencia y contencioso-administrativa ha reiterado que la
caducidad no puede evaluarse de manera automática ni restrictiva cuando se trata
de graves violaciones de derechos humanos, dado que las víctimas enfrentan
múltiples barreras de acceso a la jurisdicción. De ahí que, exigir a estas personas
el ejercicio inmediato de la acción con base en simples sospechas desconoce el
principio de igualdad y el derecho de acceso a la justicia (arts. 13, 29 y 229 C.P.),
así como los estándares internacionales en materia de crímenes de lesa
humanidad, guerra o genocidio. En consecuencia, los jueces administrativos deben
examinar cada caso en concreto, valorar sus particularidades y aplicar un enfoque
garantista que permita la efectiva judicialización de estos hechos.
Caso concreto.
58. Con el fin de resolver el primer problema jurídico, se examina, si la demanda es
procedente. Eso implica revisar la posible configuración de la cosa juzgada
constitucional en relación con la acción de tutela previa, que formularon las
tutelantes contra la sentencia del 26 de abril de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena. La decisión citada resolvió la segunda instancia
dentro del proceso de reparación directa 47-001-3333-004-2015-00307-01 y llevó
a que, en Sentencia T-450 de 2025, la Sala Segunda de Revisión de Tutelas de las
Corte Constitucional dejara sin efecto esa providencia y se emitiera la decisión de
reemplazo, la cual es cuestionada en la acción de tutela de la referencia.
59. En sentencia de 24 de octubre de 2024, la Sala Segunda de Revisión de Tutelas
de la Corte Constitucional resolvió la acción de tutela promovida por Ingirs Yohana
28
Ibid.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04228-00
Accionante: Ingris Yohana Martínez Ortega
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Primera instancia acción de tutela
Martínez Ortega y Elsy Judith Martínez Ortega29 contra la sentencia proferida el 26
de abril de 2023 por el Tribunal Administrativo del Magdalena dentro del proceso
de reparación directa 47-001-3333-004-2015-00307-01.
60. En esa ocasión, se examinó la sentencia del 26 de abril de 2023 que declaró la
caducidad del derecho de acción, la cual había fijado como fecha para contabilizar
el término de caducidad el 18 de mayo de 2007, correspondiente al homicidio de
Julio César Martínez Ortega a manos de agentes estatales. Según la Corte, este
cálculo no consideró que la demanda del proceso contencioso se promovió en
diciembre de 2014 y que todas las etapas procesales, tales como la sentencia de
primera instancia, la apelación y los alegatos de conclusión, se surtieron antes de
que se profiera la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020. Por esta razón,
el actor reprochó el fallo de 26 de abril de 2023, ya que no aplicó el precedente
fijado en la Sentencia SU-167 de 2023, conforme a la cual el juez administrativo
debe permitir a la parte demandante readecuar sus argumentos a la nueva
providencia de unificación. En la Sentencia T-450 de 2024, la Corte Constitucional
concluyó que el Tribunal Administrativo había incurrido en los defectos de
desconocimiento del precedente y en el procedimental absoluto, pues la
providencia de 26 de abril de 2023 no tuvo en cuenta la decisión SU-312 de 2020
y la SU-167 de 2023. En este sentido, la autoridad judicial demandada impidió a la
parte actora presentar alegatos finales para exponer las razones por las cuales, en
su caso, no resultaba aplicable el precedente del 29 de enero de 2020, y se abstuvo
de examinar si se configuraba un defecto fáctico.
61. En esta nueva acción de tutela, se atacó la sentencia de reemplazo proferida el
23 de abril de 2025 del Tribunal Administrativo del Magdalena, basado en
argumentos diferentes. En la nueva providencia impugnada se tuvo en cuenta el
precedente fijado en la Sentencia SU-167 de 2023 y la parte resolutiva de la T-450
de 2024. Incluso, se estableció una fecha diferente de caducidad del medio de
control. Además, el escrito de tutela solicitó que se examinara si se presentó un
defecto fáctico en la valoración de las pruebas contenidas en el expediente para
determinar la fecha de cómputo de la caducidad. También, la sentencia del 23 de
abril se produjo luego de que el Tribunal Administrativo permitiera a la parte
presentar nuevos argumentos respecto a que, en el caso concreto, la tutelante
estima que no operó el fenómeno de la caducidad. Estos argumentos fueron nuevos
en esta sentencia. Todo lo anterior, lleva a concluir a esta Subsección que la
presente acción de tutela cuestionó una decisión diferente a la que se examinó en
el proceso constitucional que llevó a la expedición de la Sentencia T-450 de 2024.
62. Por este motivo, resulta procedente continuar con el examen de procedencia
formal de la acción de tutela.
Legitimación en la causa por activa y pasiva
63. La Sala considera que se satisface el requisito de legitimación en la causa por
activa y por pasiva. De un lado, la señora Ingirs Yohana Martinez Ortega, hermana
de Julio César Martínez Ortega, víctima de la ejecución extrajudicial presentada
ilegítimamente como baja en combate, formuló el escrito de amparo. Además, la
29
Las sentencias de primera instancia de la primera acción de tutela se encuentran anexas dentro
de este nuevo escrito de amparo. Folio 227 y subsiguientes. Indice Samai 02.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04228-00
Accionante: Ingris Yohana Martínez Ortega
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Primera instancia acción de tutela
demandante actuó como parte dentro del proceso de reparación directa número
47001333300420150030701, trámite que culminó con la expedición de la sentencia
de 23 de abril de 2025 por parte del Tribunal Administrativo del Magdalena. De otro
lado, se advierte que la providencia impugnada provino de la dicha autoridad
judicial, quien participó en el trámite y revocó la decisión de primera instancia que
había concedido parcialmente las pretensiones de la tutelante.
Relevancia constitucional
64. En punto al requisito de relevancia, en el escrito de tutela la tutelante, la señora
Martínez Ortega indicó que la decisión atacada vulnera sus derechos
constitucionales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
igualdad, pues el fallo cuestionado no tuvo en cuenta que existen providencias
judiciales de órganos de cierre (Consejo de Estado y Corte Constitucional)
conforme a las cuales, el estudio de la oportunidad de la demanda de reparación
directa en casos de graves violaciones a los derechos humanos, debe hacerse
desde una perspectiva flexible y balanceando principios constitucionales. Se trata
de una dimensión fundamental de los derechos al debido proceso y el acceso a la
administración de justicia, puesto que discute la posibilidad de sus pretensiones
sean estudiadas por la judicatura y, basados en el derecho a prueba, se valoren los
elementos de convicción que permitan evaluar una fecha de inicio para computar
la caducidad de la acción.
65. La actora sostiene que la decisión judicial vulnera sus derechos constitucionales
a la reparación integral. De igual manera, alega que la reiterada determinación del
tribunal de declarar la caducidad en un caso de grave violación de derechos
humanos constituye un acto de revictimización, toda vez que refleja que la
administración de justicia desatiende las peticiones de las víctimas. A juicio de esta
Sala, el reclamo de la tutelante tiene una índole constitucional y no busca reabrir
debates procesales ya concluidos. Como lo ha indicado la jurisprudencia
constitucional y la de esta Corporación, el análisis sobre la oportunidad de la
demanda de reparación directa en casos de ejecuciones extrajudiciales reviste
relevancia constitucional.
Subsidiariedad
66. La Sala encuentra acreditado el requisito de subsidiariedad, pues contra la
decisión atacada no procede recurso alguno que tenga la posibilidad de permitir
cuestionar ampliamente la decisión atacada a través de argumentos de índole
constitucional. Si bien, formalmente, contra la sentencia de segunda instancia
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena resulta posible promover el
recurso extraordinario de revisión, los argumentos constitucionales invocados en el
escrito de amparo no se adecúan a ninguna de las taxativas causales previstas en
el artículo 257 de la Ley 1437 de 2011.
67. En esa medida, como ha indicado la Corte Constitucional30, las causales del
recurso extraordinario de revisión son taxativas y previstas para concretas
hipótesis, en el caso concreto, son inidóneas, pues no permiten tramitar el reclamo
30
Corte Constitucional, Sentencias
SU-659 de 2015, reiterado en SU-241 de 2024.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04228-00
Accionante: Ingris Yohana Martínez Ortega
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Primera instancia acción de tutela
constitucional que se propone en el escrito de amparo. En consecuencia, solo
procede la acción constitucional de tutela.
Inmediatez
68. La jurisprudencia constitucional destaca que la acción de tutela debe
interponerse en un término prudente y razonable contado a partir de la acción u
omisión que amenaza o genera una afectación a los derechos fundamentales. En
el caso analizado, el 23 de abril de 2025, el Tribunal Administrativo del Magdalena
emitió la decisión judicial cuestionada, mientras que la señora Martínez Ortega
interpuso la acción de tutela el 8 de junio de 202531, es decir, dentro del plazo
razonable de menos de dos meses. Por lo tanto, se supera el requisito de
inmediatez.
Identificación de los hechos que dieron origen a la violación
69. La parte actora señala de manera precisa la providencia cuestionada, los
razonamientos que justifican su reproche y la manera en que vulnera sus derechos
constitucionales. Indicó que la decisión del Tribunal de volver a declarar la
caducidad sin atender a las situaciones especiales que enfrentó la parte actora
dentro del proceso contencioso-administrativo, se produjo por una inadecuada
valoración probatoria de las evidencias contenidas en el expediente. En particular,
la señora Martínez Ortega señaló que únicamente estuvo en condiciones de
demandar al Ejército Nacional hasta cuando se profirió la sentencia condenatoria
de primera instancia, ya que antes de ese momento la defensa de los militares
presentaba alegatos para defender la presunción de inocencia de los agentes
estatales.
La acción no se dirige contra una sentencia de tutela, una proferida por la
Corte Constitucional o una de nulidad por inconstitucionalidad proferida por
el Consejo de Estado, ni una decisión de interpretación proferida por la
Jurisdicción Especial para la paz32
70. El requisito en mención resulta acreditado, dado que la acción de tutela se dirige
contra una sentencia de segunda instancia de una demanda de reparación directa
proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, en cumplimiento de un fallo
de tutela, motivo por el cual se satisface el requisito.
71. Por lo anterior, respecto al segundo problema jurídico, se concluye que la
acción de tutela es procedente formalmente. En efecto, la Subsección prosigue con
el estudio de fondo de la acción de tutela. Con el fin de facilitar la comprensión del
debate constitucional y la eventual configuración de los defectos alegados en el
escrito de tutela, se explican las razones que sostienen la decisión atacada.
Decisión atacada: sentencia del 23 de abril de 2025 dentro del proceso de
reparación directa identificado con el número: 47-001-3333-004-2015-00307-
01
31
Índice Samai No. 01.
32
Corte Constitucional, Sentencia SU-048 de 2022 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger)
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04228-00
Accionante: Ingris Yohana Martínez Ortega
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Primera instancia acción de tutela
72. En la acción de tutela se ataca la providencia de reemplazo proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena el pasado 23 de abril de 2025 dentro del
proceso de reparación directa identificado con el número: 47-001-3333-004-2015-
00307-01. Como se indicó en el acápite de antecedentes, la sentencia cuestionada
se profirió en cumplimiento de una primera acción de tutela, en la que la Sección
Quinta de esta Corporación dejó sin efecto un primer fallo. En la sentencia que se
cuestiona se resolvió:
“PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 22 de agosto de 2019, por medio
de la cual el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Santa
Marta accedió parcialmente a las súplicas de la demanda y, en su lugar,
DECLARAR probada la caducidad del medio de control.
SEGUNDO: No condenar en costas.
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, devuélvase al Juzgado
de origen.”
73. En la providencia se reiteró el contenido de la sentencia de 29 de enero de
2020, proferida por el pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado, sobre la
caducidad del derecho de acción en casos de pretensiones de reparación directa
por daños antijurídicos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos
y la Sentencia SU- 312 de 2020. Adicionalmente, en cumplimiento de la T-450 de
2024, se tuvo en cuenta dicha decisión, junto con las sentencias T-210 de 2022, y
la SU-167 de 2023.
74. Como resultado de la ejecución de la orden de la Corte Constitucional, el
Tribunal cuestionado otorgó un término judicial a la parte demandante para que
explicara las razones por las cuales, en el caso concreto, no había operado el
fenómeno jurídico de la caducidad. La sentencia censurada reseñó que la parte
actora argumentó que el término de caducidad debía contabilizarse desde el
momento en que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Plato, Magdalena, profirió
la sentencia condenatoria de primera instancia contra los militares responsables del
homicidio del joven Julio César, el 27 de noviembre de 2018, “en tanto que fue
precisamente en medio de un proceso penal que se debatió si efectivamente los
miembros del Ejército Nacional que participaron en la aprehensión y luego en la
ejecución extrajudicial u homicidio de la víctima eran responsables o no de dichos
hechos”.
75. Respecto del inició del término de caducidad, la providencia estimó que los
hechos del daño ocurrieron el 18 de mayo de 2007, fecha desde la cual, la parte
actora tuvo conocimiento de que el homicidio de su familiar había sido resultado del
accionar de las armas de agentes estatales, por lo que el término de caducidad
fenecía el 19 de mayo de 2009. Indicó la providencia:
“Bajo estos presupuestas, para la Sala, debido a las especiales condiciones en
que se dieron los hechos, es claro que, los demandantes en el mes de mayo
de 2007 tuvieron conocimiento de la ejecución extrajudicial del señor Julio
Cesar Martínez Ortega a manos de miembros del Ejército Nacional, por lo que
desde dicho momento estos pudieron acudir a las autoridades administrativas
y judiciales correspondientes con el fin de reclamar el resarcimiento de los
perjuicios causados, lo que indica que el término de caducidad debió empezar
a computarse desde el año 2007, lo que quiere decir que los actores podían
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04228-00
Accionante: Ingris Yohana Martínez Ortega
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Primera instancia acción de tutela
demandar hasta el año 2009, encontrándose a todas luces configurada la
caducidad del medio de control.
Al respecto, es necesario para la Sala precisar que en el presente asunto no
obra ningún elemento de prueba con la entidad suficiente que permita acreditar
las circunstancias que impidieron a los demandantes su acceso a la
administración de justicia con posterioridad al año 2007, fecha en la que
tuvieron conocimiento de la ejecución extrajudicial”.
76. Se indicó que, si en gracia de discusión, se sostuviera que la parte actora tuvo
conocimiento de la ejecución extrajudicial de su familiar en una fecha posterior, esto
sería cuando se profirió la “imposición de medida se aseguramiento” contra los
militares responsables del homicidio de Julio César Martínez Ortega. En dicha
providencia de restricción precautelar del derecho a la libertad de los agentes
estatales, resultaba posible identificar el causante del daño. En todo caso, dicha
providencia data de 9 de diciembre de 2011, y la solicitud de conciliación
extrajudicial se presentó el 24 de octubre de 2014, mientras que la demanda se
promovió el 16 de diciembre de 2014, motivo por el cual también estaría caduca la
acción.
77. La Sala comenzará el estudió del defecto de desconocimiento del precedente 33.
Este yerro se configura cuando el juez natural se aparta de manera injustificada de
una providencia judicial que cumple las condiciones para calificarse como
precedente34. Una sentencia previa de un órgano de cierre constituye un
precedente vinculante y aplicable al caso concreto cuando: (i) la razón de su
decisión contiene una regla aplicable a la situación por resolver; (ii) el problema
jurídico que allí se resolvió sea semejante al que ahora corresponde decidir; y (iii)
los hechos de ambos casos sean equiparables.
78. A juicio de esta Subsección, en sede de juez constitucional, la providencia
atacada incurre en el defecto alegado de desconocimiento del precedente judicial.
79. Como se indicó en el acápite considerativo, el derecho de acción con
pretensiones de reparación directa caduca hasta en actos constitutivos de lesa
humanidad o de guerra. La Sentencia SU-312 de 2020 reiteró esta regla. Sin
embargo, posterior a esas providencias, la Sala Plena de la Corte Constitucional y
del Consejo de Estado han señalado que el estudio del requisito de la oportunidad
de la demanda, en este tipo de casos, debe realizarse desde una perspectiva
constitucional y con atención a una ponderación de los principios de seguridad
jurídica y el acceso a la administración de justicia.
80. Las sentencias SU-241 y SU-439, ambas de 2024, precisaron que el juez
administrativo tiene el deber de examinar si las víctimas de una grave violación a
los derechos humanos enfrentaron barreras de acceso a la administración de
justicia, como la carencia de material probatorio para demostrar ante los jueces
33
Por ejemplo, sentencias, SU-478 de 2024, SU-304 de 2024, SU-312 de 2020, SU-209 de 2021,
SU-388 de 2021, SU-074 de 2022, SU-207 de 2022, SU-114 de 2023, SU-155 de 2023, SU-471 de
2023, SU-018 de 2024, SU-029 de 2024, SU-169 de 2024, SU-221 de 2024 y SU-287 de 2024, entre
otras.
34
Estas tres condiciones son las siguientes: (i) la razón de su decisión contiene una regla aplicable
a la situación por resolver; (ii) el problema jurídico que se resolvió es semejante al que ahora
corresponde decidir; y (iii) los hechos de ambos casos son equiparables.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04228-00
Accionante: Ingris Yohana Martínez Ortega
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Primera instancia acción de tutela
administrativos los elementos de responsabilidad extracontractual del Estado.
Adicionalmente, la providencia SU-439 de 2024, reiterada recientemente por la T-
202 de 2025, indicó que no basta el conocimiento o certeza íntima de que un
homicidio resulta en realidad una ejecución extrajudicial cometida a manos de
agentes estatales. Para el precedente, se requiere que las víctimas tengan material
probatorio para, prima facie, controvertir los discursos de agentes estatales que
negaron los hechos. En la Sentencia SU-439 de 2024, se reconoció que:
“La Sala Plena de la Corte Constitucional estudió dos acciones de tutela
promovidas en contra de decisiones judiciales que declararon la caducidad de
las demandas de reparación directa formuladas por la comisión de presuntas
ejecuciones extrajudiciales atribuidas a agentes del Estado.
(…)
En el segundo caso, el Tribunal Administrativo del Tolima declaró la caducidad
del medio de control formulado con ocasión de la presunta ejecución
extrajudicial del señor Jorge Armando Guevara Pérez, al considerar que el
término debía contarse a partir de una entrevista rendida ante la Fiscalía
General de la Nación, en la que la demandante afirmó haber escuchado que el
deceso de la víctima pudo haber sido un "falso positivo".
(…)
La Corte subrayó, además, que en estos casos la valoración de las pruebas
debe obedecer a criterios contextuales y garantistas, de modo que la aplicación
de las reglas procesales no puede darse rígidamente, con el propósito de
obstaculizar injustificadamente el acceso efectivo a la administración de
justicia, en desmedro de las garantías constitucionales de las víctimas de
graves violaciones de derechos humanos.
Sobre el segundo problema jurídico, consideró que la afirmación según la cual
el caso pudo tratarse de “un falso positivo”, hecha por la demandante en una
entrevista rendida ante la Fiscalía General de la Nación, era insuficiente para
iniciar el cómputo del término de caducidad del medio de control. Para la Sala,
exigir a las víctimas que actúen basadas en simples sospechas o
especulaciones, sin contar con elementos probatorios relevantes, resulta
irrazonable y vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, así como las garantías de
verdad, reparación integral y no repetición”. (negrillas y subrayado fuera del
texto)
81. La Corte Constitucional ha descartado la tesis contenida en la sentencia
atacada, esto es, concluir que el término de caducidad se empiece a contabilizar
desde la fecha de los hechos, sin que el juez administrativo haya reparado en
verificar si en ese momento, la parte actora contaba con el material probatorio para,
prima facie, hacer valer sus pretensiones de reparación integral. Se insiste: es
irrazonable exigirles a los familiares de personas ejecutadas extrajudicialmente que
actúen únicamente basadas en simples sospechas, conocimiento personal, y sin
contar con elementos probatorios relevantes.
82. Resulta importante indicar que, la sentencia del Tribunal Administrativo del
Magdalena no atendió al precedente judicial posterior a la Sentencia SU-167 de
2023, cuando durante los últimos dos años se han proferido nuevas decisiones en
las que se ha continuado construyendo subreglas jurisprudenciales respecto al
examen del término de caducidad en este tipo de asuntos. En el mismo sentido,
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04228-00
Accionante: Ingris Yohana Martínez Ortega
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Primera instancia acción de tutela
resulta relevante la Sentencia SU-241 de 2024, sentencia en la que la Corte indicó
que no basta el conocimiento del daño y la eventual posibilidad de imputarlo a las
autoridades públicas, sino que además debe verificarse si el demandante es un
sujeto de especial protección constitucional y si en el momento del hecho dañoso
“las víctimas tuvieron la posibilidad real de advertir que la pretensión de reparación
directa resultaba procedente de acuerdo con el artículo 90 de la Constitución”.
83. Respecto a esta regla jurisprudencial es necesario indicar que esta
Subsección35, en sede de amparo, ha precisado que en casos de ejecuciones
extrajudiciales los familiares de la víctima pueden tener la plena certeza de que su
familiar asesinado es un civil y que fue falsamente presentado como una baja
legítima en combate, pero que ello exige contar con elementos de prueba, los
cuales, por regla se producen en contextos de procesos penales en los que,
militares y civiles son investigados con el fin de establecer si una muerte a manos
de agentes estatales fue una ejecución extrajudicial. Se ha indicado que, en los
dolorosos casos de ejecuciones extrajudiciales de civiles a manos de agentes
estatales, desde el momento de los hechos se tiene claridad de la muerte de una
persona por cuenta de disparos de miembros de la fuerza pública, pero lo que no
se conoce es si ello se produjo como resultado de un combate o en realidad es una
puesta en escena para encubrir crimen de lesa humanidad. La jurisprudencia ha
mostrado que esto solo se puede verificar con el avance de un proceso penal.
84. En la Sentencia SU-439 de 2024, la Corte Constitucional precisó que la
investigación penal en los casos conocidos como “falsos positivos”, en sus primeras
etapas, presentaban barreras estructurales para las víctimas. Esto se debe a que,
como lo indicó la tutelante en su escrito, las víctimas carecen de medios probatorios
para desvirtuar las tesis defensivas de los militares investigados. Por dicha razón,
en este específico tipo de violaciones a los derechos humanos, resultaba
indispensable el avance de los procesos penales.
85. En concordancia con lo anterior, según la Sentencia SU-241 de 2024, debe
indicarse que el término de caducidad solo empieza a contabilizarse desde que las
víctimas tuvieron conocimiento de la posibilidad real de que su pretensión de
reparación era procedente. En el caso de la actora, ello no ocurrió en mayo del año
2007, pues los militares vinculados con la ejecución extrajudicial presentaron el
homicidio de Julio César Martínez como una baja legítima en combate con todo lo
que implica afirmar dicho hecho. Por lo anterior, estas reglas jurisprudenciales
contenidas en las providencias SU-241 de 2024 y SU-439 de 2024 fueron
desatendidas por la providencia atacada.
86. Como se mostró más arriba, el Tribunal Administrativo del Magdalena tomó el
18 de mayo de 2007, fecha en la que se produjo el homicidio del joven Julio César
Martínez Ortega, como el momento adecuado para contabilizar el término de
caducidad. A criterio de esta Subsección, esa conclusión desconoce el precedente
constitucional y su regla de considerar las barreras de acceso a los demandantes
en graves violaciones de derechos humanos que se basan en esconder la ilicitud
de una conducta y disfrazar la realidad. Además, en ese instante las demandantes
35
Consejo de Estado, Sala Contencioso administrativa, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia
de 25 de julio de 2025, C.P. Fernando Pardo Flórez. Exp. 11001-03-15-000-2025-03963-00
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04228-00
Accionante: Ingris Yohana Martínez Ortega
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Primera instancia acción de tutela
no contaban con material probatorio para desvirtuar el discurso de que se trató de
un positivo en combate de los militares implicados. Lo anterior es un motivo
suficiente para acceder a la petición de amparo constitucional, dejar sin efecto la
providencia cuestionada y ordenar que se profiera una nueva providencia de
reemplazo.
87. En gracia de discusión, aún si se tomara como referencia la resolución mediante
la cual la Fiscalía General de la Nación impuso medida de aseguramiento a los
militares, tampoco se habría cumplido con el precedente constitucional. Ello porque
el Tribunal no verificó si dicha providencia fue notificada adecuadamente a las
víctimas -en particular, si tuvieron materialmente acceso al expediente penal- ni
explicó las razones por las cuales, en caso de considerarse ese acto como punto
inicial, no resulta posible tomar como inicio de cómputo de la caducidad la
resolución de acusación o la sentencia condenatoria de primera instancia, tal como
lo reclama la parte actora. Esto es relevante, dado que la resolución de medida de
aseguramiento constituye la primera providencia posterior a la vinculación de los
militares al proceso penal y, conforme la legislación procesal penal, exige un
estándar probatorio menor para restringir la libertad, el cual, además, no se
relaciona con la responsabilidad penal de los indiciados.
88. Por el contrario, con la sentencia penal condenatoria de primera instancia los
sujetos procesales cuentan con elementos certeros sobre el homicidio de Julio
César Martínez Ortega. Cabe anotar que en este estadio se practicaron en juicio
oral las pruebas y se controvirtieron. Antes de esta fase, se trata de medios de
convicción que no habían desvirtuado la presunción de inocencia de los agentes
del Estado para demostrar su participación. Para la Sala, la precisión en el valor de
la prueba en el proceso penal es relevante, pues, aunque desde el inicio del trámite
se sabía que miembros de la fuerza pública causaron la muerte del señor Martínez
Ortega, no era posible prever que este hecho formaba parte de un plan criminal
orientado a presentar ilegítimamente a un civil ajeno al conflicto armado como una
baja en combate. Además, antes del fallo condenatorio, la actuación de los
indiciados aparecía justificada, lo que eliminaba el carácter antijurídico del daño.
Este último elemento solo se conoce con certeza cuando una providencia penal
declara desvirtuada la presunción de inocencia de los procesados, a partir de una
alta carga probatoria. Por consiguiente, resulta forzoso cuestionar si la resolución
de medida de aseguramiento satisfacía ese nivel de conocimiento y verificar si fue
notificada a las víctimas.
89. Desde una perspectiva del precedente vigente sobre la temática, no resulta
posible tomar como punto de partida para el examen de la oportunidad de la
demanda el 18 de mayo de 2007. Asimismo, es preciso fijar algunas directrices para
el cumplimiento del presente fallo, dado que las actoras se han visto obligadas a
presentar dos acciones de tutela para garantizar sus derechos al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia. En este contexto, cuando se profiera la
sentencia de reemplazo, el Tribunal debe aplicar de manera integral el precedente
en la materia, así como establecer en qué momento la parte actora contó con el
conocimiento real y dispuso de los medios de prueba para sustentar sus
pretensiones de reparación directa. No basta una afirmación genérica sobre la falta
de prueba que tuvo la parte actora para demostrar una barrera de acceso a la
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04228-00
Accionante: Ingris Yohana Martínez Ortega
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Primera instancia acción de tutela
judicatura: conforme al precedente en vigor respecto de ejecuciones extrajudiciales,
el Tribunal demandado tiene la obligación constitucional de constatar en qué
momento la parte actora contó con el material probatorio necesario para demostrar
ante los jueces administrativos sus pretensiones de reparación integral. Ello exige
el estudio profundo del expediente contencioso en relación con el momento en que
la parte tuvo conocimiento de piezas procesales del proceso penal y una adecuada
verificación de la notificación y comunicación de las decisiones a las víctimas.
90. Finalmente, se considera necesario advertir al Tribunal Administrativo del
Magdalena que también debe verificar la condición de víctimas de desplazamiento
forzado de las demandantes y establecer si esta circunstancia constituyó una
barrera para acudir a la jurisdicción. En la Sentencia T-450 de 2024, la Corte
Constitucional señaló que la parte actora había sufrido desplazamiento forzado. Se
precisó en dicho fallo lo siguiente:
“3. Consideración previa
43. En el presente caso, se debe tener en cuenta que las demandantes tienen
la condición de víctimas del desplazamiento forzado y que la jurisprudencia de
esta corporación ha establecido que las personas que forman parte de la
población desplazada son sujetos de especial protección constitucional”.
91. Esta situación no fue mencionada como argumento central en el escrito de
tutela de la actora y, por ello, no fundó un reproche constitucional directo contra la
sentencia ordinaria. De ahí que, este juez constitucional carece de competencia
para examinar ese aspecto y sustituir al juez administrativo. Sin embargo, debe
advertirse al Tribunal Administrativo accionado que, en la Sentencia T-450 de 2024,
se identificó ese hecho, el cual no puede ser omitido al momento de emitir la
decisión de reemplazo. Conjuntamente, en este análisis, debe incluirse la Sentencia
SU-429 de 2024, en cuyo fundamento jurídico 253 la Sala Plena de la Corte
Constitucional precisó otra regla jurisprudencial vinculante para este tipo de casos:
“253. La Sala Plena parte del siguiente supuesto: recientemente la Sentencia
SU-167 de 2023 unificó la regla de aplicación de la caducidad para las
demandas de reparación por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y
genocidio atribuibles al Estado, con fundamento en el literal i) del artículo 164.2
de la Ley 1437 de 2011, así:
(i) El plazo de caducidad definido por el legislador en el artículo 164 de la Ley
1437 de 2011 aplica para las demandas dirigidas a obtener el reconocimiento
y pago de una indemnización por delitos de lesa humanidad, crímenes de
guerra y genocidio. Sin embargo, ese plazo de dos años no se cuenta desde el
momento en el que se produce el daño, sino desde cuando las víctimas
conocieron o debieron saber de la participación del Estado y advirtieron que
podían atribuirle responsabilidad patrimonial.
(ii) El juez competente debe analizar la caducidad de una demanda de
reparación, a partir de las barreras de acceso al derecho a la administración de
justicia que pudo enfrentar el demandante, en cada caso particular.
Esta sentencia agrega un componente a este segundo criterio, aplicable
para los casos en los que quien demanda es una persona víctima del
desplazamiento forzado. Así, el juez de la causa debe considerar, en su
análisis de las barreras de acceso a la administración de justicia que pudo
enfrentar la parte demandante, todos los factores de vulnerabilidad que
se asocian al flagelo del desplazamiento forzado y que padecen quienes
son víctimas de ese fenómeno. (negrilla fuera del texto)
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04228-00
Accionante: Ingris Yohana Martínez Ortega
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Primera instancia acción de tutela
(iii) Para la aplicación del fallo de unificación de la Sala Plena de la Sección
Tercera del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020, el juez competente
debe readecuar el proceso a su cargo de manera tal que se cerciore que las
partes tengan o tuvieron la oportunidad de ajustar sus planteamientos para
argumentar por qué no se acudió de manera oportuna a la justicia”.
92. Conforme dicha regla jurisprudencial, si se verifica que los demandantes en un
proceso de reparación directa enfrentaron el desplazamiento forzado, el término de
caducidad solo podría empezar a contabilizarse desde que cesa dicha situación o
se logra la estabilización socioeconómica. Por ello, en caso de que se verifique esa
situación en el caso de la tutelante, debería estudiarse la posibilidad de aplicar el
precedente de la Sentencia SU-429 de 2024.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: TUTELAR el derecho al debido proceso y acceso a la administración
de justicia de Ingris Yohana Martínez Ortega.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la sentencia del 23 de abril de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo del Magdalena dentro del radicado 47-001-3333-004-
2015-00307-02. En consecuencia, ORDENAR a esa Corporación que, dentro de
los treinta (30) días siguientes a la notificación del presente fallo, emita una
sentencia de reemplazo en la que observe el precedente constitucional contenido
en las sentencias SU-241 de 2024, SU-429 de 2024, SU-439 de 2024, T-001 de
2025 y T-202 de 2025. Para tal efecto, al resolver la segunda instancia del proceso
de reparación directa mencionado, la autoridad judicial accionada deberá examinar
la oportunidad de la demanda desde un enfoque flexible y pro-víctima, con atención
a las barreras estructurales de acceso, y determinar el momento en que, de manera
concreta y cierta, la parte actora contó con la información necesaria y la posibilidad
real de aportar medios de prueba sobre los elementos de la responsabilidad
extracontractual del Estado.
TERCERO: INFORMAR a las partes del contenido de la providencia por el medio
más expedito.
CUARTO: En caso de no ser impugnado. REMITIR a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con salvamento de voto
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-04228-00
Accionante: Ingris Yohana Martínez Ortega
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Primera instancia acción de tutela
Nota: este documento fue suscrito en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular
el código QR que aparece a la derecha.
VF
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